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PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA

RELATORÍAS Y PONENCIAS

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FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS


FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA RELATORÍAS Y PONENCIAS Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 7 y 8

Organización de Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia • Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Responsables de convocar, organizar y servir de relatores de los debates del Foro y de sistematizar sus conclusiones 24, 25 y 26 de septiembre de 2013, Bogotá D.C.

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índice Mesa Temática 1 Relatoría Grupo de Trabajo 7 Ponencias Grupo de Trabajo 7'..

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Relatoría Grupo de Trabajo 8 Ponencias Grupo de Trabajo 8.

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Mesa Temática 1 Durante el Foro Nacional se conformaron tres Mesas Temáticasy dentro de cada una de ellas se integraron grupos de trabajo con un número determinado de participantes y para abordar una temática específica del punto cuarto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz firma y duradera. Dentro de la Mesa Temática 1 se conformaron 10 grupos de trabajo, que sesionaron de manera simultánea para la recolección y sistematización de propuestas sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito". A continuación se presentan las relatorías y sus respectivas ponencias de los Grupos 7 y 8 de esta Mesa.


Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 7

RelatorĂ­a


- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 7 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25 de septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 30 Número de participantes mujeres: 8 Sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y organizaciones del sector empresarial, Organizaciones y movimientos campesinos, Organizaciones indígenas, Organizaciones afro-descendientes, Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz, Organizaciones especializadas en temas relacionados con drogas ilícitas, Organizaciones de mujeres, Organizaciones ambientalistas, Organizaciones de víctimas, Movimientos políticos y sociales, Partidos políticos, Sector académico, Central y organizaciones sindicales, Organizaciones juveniles. Número de ponencias escritas presentadas: 14 Número de intervenciones orales: 19 Se adjunta como anexos a la relatoría: Listado de asistentes Ponencias presentadas

PROPUESTAS Propuesta 1. Proyectar el nombramiento de una comisión de agrónomos, análisis de tierra, 30 o 40 reses, con créditos con tres años de gracia en un plazo de 5 años1. Créditos mínimosy procedimientos bancarios accesibles2 Propuesta 2. Crear mecanismos de participación para las distintas comunidades medianteasambleas, reuniones, jornadas de difusión y capacitación a nivel de veredas, municipios y departamentos. A través de estos espacios adelantar censos de los terrenos existentes, especificando las hectáreas cultivadas en hojas de coca, cultivos de pan coger, pastos. Del mismo modo, especificar familias, propietarios y número de personas que las integran3. Propuesta 3. Proyectar el nombramiento de una comisión de agrónomos expertos para que realicen los estudios necesarios tendientes al análisis de las tierras y de allí establecer los cultivos lícitos mas adecuados para ser cultivados junto al desarrollo de otras actividades económicas4. Propuesta 4. El Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional interesada en la conservación del medio ambiente deben contribuir a la gestión de recursos financieros que permitan la generación de subsidios necesarios al campesinado para la satisfacción de sus necesidades básicas5. Propuesta 5. El Estado en común acuerdo con las comunidades de las regiones y organismos internacionales construirán los planes de desarrollo vial y programas de fortalecimiento de la salud, la educación, vivienda, electricidad y alcantarillados6.

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Propuesta 6. Crear mecanismos de mercadeo que involucren entidades privadas y públicas que asuman el compromiso de garantizar la comercialización de los productos agrícolas y demás producción económica que sustituyan el cultivo de hoja de coca, estableciendo un plazo no inferior a cinco años7. Propuesta 7. El Estado colombiano y las organizaciones internacionales en común acuerdo con las comunidades realizaran proyectos dirigidos a fomentar el cooperativismo y tiendas comunitarias8.

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Propuesta 8. Realizar cada seis meses un balance de las actividades desarrolladas por las comunidades9. Propuesta 9. Las comunidades junto con el Estado y organizaciones internacionales adoptaran políticas claras tendientes a garantizar la permanencia de los proyectos. Adicionalmente, se deben desarrollar talleres orientados a la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos alternativos sin detrimento de los intereses de los habitantes10. Propuesta 10.Todos los mecanismos de planificación deben garantizar la participación de los líderes regionales, los cuales a su vez deberán contar con respaldo de las comunidades. Las comunidades deben participar desde la formulación en la construcción de planes de vida o de desarrolloy políticas públicas" que deben incorporar proyectos y programas mediante los cuales se logre la sustitución de cultivos en el mediano y largo plazo12. Propuesta 11.Transformación del modelo económico13. Propuesta 12. Sustituir gradualmente y de manera voluntaria los cultivos de uso ilícito una vez los programas contemplados en el plan de vida o desarrollo haya generado las condiciones que permitan dicho cambio14. La erradicación de campos de coca de manera manual trae graves riesgos para los campesinos en zonas en las que existe riesgo inminente de accidentes por minas, un evidencia de ellos son lo 326 civiles mutilados o muertos mientras erradicaban coca en los últimos seis años15. Propuesta 13. Contar con una mesa de concertación permanente en la cual participe el Gobierno Nacional (ministerios y entidades del orden nacional), gobiernos de países comprometidos con la financiación de los planes de desarrollo, alcaldes municipales, gobernadores, procuraduría, defensoría y representantes de las organizaciones de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes16. Propuesta 14. El desarrollo alternativo debe proponerse desde el territorio, con participación vinculante de las comunidades que viven de los cultivos de uso ilícito, los gobiernos locales, las organizaciones de base17. Propuesta 15. Avanzar en creación y consolidación de espacios de concertación de las diferentes propuestas, en torno a la economía campesina, como oferta rentable y sostenible para el desarrollo rural, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaría18.

^^% Propuesta 16. Economía campesina ligada a los canales de participación y asociatividad, que actué como vehículo para el empoderamiento ciudadano, familiar y comunal, vinculado a la gerencia de una identidad y un sentido pertenencia con el territorio19. Propuesta 17. Planes integrales de desarrollo territorial consensuados, con una participación multiactor, de carácter vinculante, para la recuperación ambiental de las áreas afectadas por las fumigaciones y el cultivo intensivo de ilícitos, y el uso sostenible y sustentable del suelo20. Propuesta 18. Acompañamiento técnico, financiero social, ambiental, cultural y político, para mitigar los riesgos de las externalidades a los procesos de planeación y ejecución de los esquemas


de desarrollo alternativo.Tal acompañamiento, tiene por imperativo la gradualidad y la consistencia a largo plazo. En tal sentido, es necesario que se garantice mediante política de Estado21. Propuesta 19. Garantizar los esquemas de equipamiento y dotación de infraestructura, que permita vincular al campesino e integrarse a los núcleos de procesamiento y distribución, para dar salida efectiva a los productos22. Propuesta 20. Generar un modelo incluyente y diferencial, respecto a las economías de pequeña escala, campesinas, indígenas y afros, que provea la defensa frente a las economías de gran escala, a la vez que permita una articulación de éstas en los grandes mercados, en condiciones de equidad23. Este modelo incluyente debe impulsar las propuestas de producción alternativa emprendidas por mujeres y grupos étnicos24. Propuesta 21. Debe acabarse la fumigación aérea, vinculada a problemáticas de morbilidad y degradación de suelos25. Propuesta 22. Reconocer el problema de la economía de las drogas ilícitas, las prácticas mañosas, y su presencia e impactos a nivel social y político, en las escalas locales, regionales y nacionales, haciéndose explícito dentro de las reflexiones institucionales como parte de un proyecto de civilidad y modernidad de país26. Propuesta 23. Fortalecimiento de la democracia participativa que deslinde la cultura mañosa de las prácticas políticas. Afirmación de las identidades culturales y territoriales, en la perspectiva de una ciudadanía participativa que trascienda las racionalidades carismáticas y tradicionalistas, la corrupción y el clientelismo27. Propuesta 24. Colombia, desde su soberanía, debe seguir promoviendo una reflexión global, sobre el sentido de las políticas prohibicionistas, y sus consecuencias en economías de los países productores28. Propuesta 25. Discutir la política antinarcóticos y en el marco de la misma eliminar la erradicación manual forzosa y las fumigaciones que rompen con las disposiciones propias de las comunidades y de su autonomía29. Por el contrario el gobierno nacional y la comunidad internacional deben apoyar un Plan Regional de solución alternativa que busque garantizar la generación de ingresos sustentables y soberanía alimentaría, fortaleciendo las economías y territorialidad campesina, afro colombiana y población urbana30. Propuesta 26. Programa del buen vivir para encarar la problemática del uso de cultivos ilícitos31. Exigir el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pilde, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas propias de las culturas indígenas. El respeto de la coca como patrimonio cultural indígena32. Propuesta 27. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como actividad lícita y para el libre comercio33. Propuesta 28. Garantizar la soberanía y autonomía alimentaría, en armonía con la vida34. Propuesta 29. Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena en lo que refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico35. Propuesta 30. El consumo problemático de drogas será resuelto en las propias comunidades conforme a su propia justicia36. Propuesta 31. Consolidar una política alternativa a los cultivos de uso ilícito solo si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de


los resguardos que incluyen la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas de acuerdo a los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 199637. Propuesta 32. Garantía de espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural; y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad38.

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Propuesta 33. Impedir la presencia de agro combustibles y empresas extractivas39. No a los monocultivos,TLC y presencia de multinacionales40. Propuesta 34. Aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633 en lo que se refiere a la reparación imperativa para el restablecimiento del equilibrio y armonía de los pueblos vulnerados históricamente41. Propuesta 35. Las políticas de solución al problema de las drogas y el cultivo de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de derechos humanos y diferencial42. Debe construirse bajo los siguientes principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social y respeto al medio ambiente43. Para ello se hace necesario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización44. El modelo debe estar basado en la legalidad45 y separar de manera clara el tratamiento a los cultivos y a la problemática de las drogas (consumo, demanda, comercialización). Para este último aspecto es central la participación de la comunidad internacional46. Propuesta 36. Considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que esta sea voluntaria, acordada con las comunidades y de tipo gradual47. Propuesta 37. Las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales, el derecho a la consulta previa e informada sobre cualquier programa o proyecto que se vaya a desarrollar en sus territorios48. Propuesta 38. Cumplir con los autos 02,05 y 06 los cuales ayudaran a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por la política antidrogas49. Propuesta 39. Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sido victimas de las políticas antidrogas, especialmente quienes han sido afectados gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud50. Propuesta 40. Fortalecer la descentralización y las democracias locales51, a través de una efectiva inversión en las regiones, departamentos y municipios, a través de la dotación de puestos de salud, subsidios para la comunidad estudiantil a través de becas y créditos para la educación superior y construcción de un de infraestructuras52. Propuesta41. Conformación de una adecuada logística para el desarrollo de proyectos productivos, cultivos de arroz, recuperación de humedales, cacao, caucho, maderables y café53. Propuesta 42. Creación de un banco de maquinaría agrícola54. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual y que permitan soportar una política de subsidios permanentes55 Propuesta 43. Generar a nivel regional, departamental y municipal proyectos de recreación y cultura56. Propuesta 44. Suspensión inmediata a la erradicación y fumigación de los cultivos de coca por cinco años para en este periodo implementar proyectos económicos diferentes57. Propuesta 45. Creación de un subsidio mensual para los núcleos familiares por un valor de 1.500.000 pesos por un tiempo no inferior a 18 meses58.


Propuesta 46. Implementar un programa de empleo de emergencia, que disminuya los índices de desocupación en las áreas urbanas de los municipios59. Propuesta47. Otorgamiento de títulosa los pequeños minerosartesanalesy áreas de reserva especial60. Propuesta 48. Titulación de predios a los campesinos61. Propuesta 49. Apoyo a las comunidades raizales, afrodescendientes y étnicas con aprobación de proyectos del ministerio del interior62. Propuesta 50. Implementación de la zona de reserva campesina como iniciativa agraria de paz, territorialidad, interculturalidad y desarrollo social63. Propuesta 51. El gobierno nacional y departamental se comprometen en forma objetiva a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular reconociendo el papel del campesinado para tal efecto64. Propuesta 52. Construcción del CONPES rural por parte del gobierno nacional para la formulación y seguimiento a la implementación de políticas públicas para la agricultura, pesca, acuicultura y el medio rural con participación de las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinos65. Propuesta 53. Creación de un subsistema nacional de generación y transferencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, investigación, educación. Capacitación, formación y diversificación para avanzar en procedimientos técnicos en procura del desarrollo auto sostenible que tenga en cuenta los patrones de uso y conocimientos ancestrales66. Propuesta 54. Creación desde el gobierno nacional de los siguientes subsistemas: 1) subsistema nacional de crédito subsidiado rural dirigido a pequeños y medianos productores beneficiados por un subsidio de hasta el 70% del valor total del proyecto. 2) creación de un subsistema de asistencia y seguridad social para las comunidades rurales. 3) creación de un subsistema de información para la agricultura y el medio rural67. Propuesta 55. Atender de manera prioritaria a los indígenas Nukak Maku68. Propuesta 56. Promover el bienestar de la población rural, que implica adecuados servicios básicos, acceso a salud, educación, infraestructura vial, entre otros aspectos69. Propuesta 57. Crear condiciones para que la población rural participe equitativamente de los beneficios de la sociedad70. Propuesta 58. Realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada, e incluso una revolución agraria, previniendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos71. Propuesta 60. Defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes72. Propuesta 6 1 . Proteger el medio ambiente y los recursos naturales con participación del campesinado73. Propuesta 62. Armonizar las relaciones entre campo- ciudad y entre las regiones74. Así como, incorporar una reforma urbana para los destechados75 Propuesta 63. Elaborar planes de acción en concertación con las comunidades organizadas, incluyendo las asociaciones de pequeños cultivadores de coca y los sectores marginados. Para ello el Estado debe: crear un fondo para tal fin, atacar las ofensivas diplomáticas y atraer dineros para el fondo, presentar una propuesta desde el Estado a la comunidad internacional, donde le sean reconocidos 100 dólares anuales por cada hectárea de bosque natural conservado76.

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Propuesta 64. Inversión estatal equitativa para fronteras agrícolas y reservas forestales, para estas últimas se deben implementar la agro-forestación, reforestación, sostenimiento de las parcelas de auto consumo, turismo ecológico para los campesinos, indígenas y afrocolombianos ubicados allí. En el caso de los parques naturales se deben elaborar planes de conservación y desarrollo eco turístico con el propósito de fomentar la cultura de convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente77.

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Propuesta 65. El Estado debe construir y garantizar una malla vial primaria y secundaria, una red de puertos y realizar mantenimiento a caños y ríos destinados al transporte. Del mismo modo, construir aeropuertos para aviones de carga para la evacuación de productos perecederos78. Propuesta 66. Mejorar la cobertura y la educación convencional en el sector rural. Implementación de programas de educación superior para las áreas rurales79. Propuesta 67. Desactivar las bandas para militares80 Propuesta 69. Reconocimiento de los campesinos productores como sujetos sociales validos para la interlocución con el Estado81. Propuesta 70. Creación un fondo nacional para la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida; financiado mediante el control e impuestos a los capitales golondrinas82. Propuesta 71. Concertación, formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Integral Amazónico PLADIA 2035 con la participación de campesinos, indígenas, afro descendientes, jóvenes, mujeres, educadores, sindicalistas, víctimas83. Propuesta 72. Combatir la corrupción y la existencia de trabas administrativas para el acceso a programas y beneficios estatales para familias campesinas, indígenas y afro descendientes84 Propuesta 73. Uso sostenible de la biodiversidad que implica dos acciones, por un lado crear un Fondo Económico destinado a la investigación e implementación de proyectos productivos sostenibles que conlleven a la reducción o cambio de cultivos. El énfasis debe ser sobre los alimentos y los cultivos ancestrales85. Propuesta 74. Implementar una política especial para el cuidado de las cuencas hidrográficas dado el estado de deforestación en el que se encuentran86. Propuesta75. La política de sustitución de cultivos de uso ilícito debe estar basada en fundamentos científicos y no en aspectos políticos o económicos. Del mismo modo, debe respetar las costumbres y usos ancestrales87. Propuesta 76. Desarrollar estrategias de concientización con las comunidades sobre la importancia de la legalidad88. Propuesta 77. Establecer normas jurídicas transicionales que le permitan al campesino cultivador de coca integrarse a la vida social y productiva del país. Para ello se deben revisar todas las acciones represivas contra pequeños productores agropecuarios cultivadores de hoja de coca89. Propuesta 78. Permitir la legalización de capitales del narcotráfico bajo el compromiso de la colaboración con la justicia y la renuncia total al negocio, reinvertir los recursos en el proceso de reconversión y reparación de las zonas afectadas por los cultivos90. Propuesta 79. Convertir la asociatividad y el cooperativismo en la herramienta de desarrollo de las comunidades rurales91. Propuesta 80. Formación de un nuevo ciudadano rural con conocimiento y actitudes que le permitan corregir sus errores y hacerse cargo de la solución de sus propios problemas92.


Propuesta 81. Convocatoria a una nueva asamblea nacional constituyente para recuperar la autonomía territorial. Invitación a votar en blanco para cambiar el orden jurídico y revocar el congreso93 Propuesta 82. Se propone un cambio en la política a nti narcóticos, se debe hablar de sustitución o diversificación de la actividad del campesino de manera consultada y concertada. Se debe permitir el cultivo de la coca para uso medicinal, alimenticio y para cosméticos. Coca si, cocaína no94. Propuesta 83 Abordar los cultivos de uso ilícito como un problema de orden social. Reconocer a las comunidades y organizaciones sociales como sujetos políticos y no como objeto de represión y vinculación con grupos armados95. Propuesta 84. Indemnización a las victimas96. Y reconocimiento de las FARC como victimarios, con el propósito de que pidan perdón a todas las víctimas97 Propuesta 85. Definir una comisión desde el Ministerio de Agricultura para construir una política agropecuaria con la participación de los campesinos en su propio territorio98. Propuesta 86. El cultivo de la hoja de coca debe ser legalizado y regulado como lo son otros productos como el tabaco99. Propuesta 87. Humanizar el problema, los colombianos que allí trabaja deben ser atendidos por el Estado100. Propuesta 88. Convertir el tema de la droga en un tema de salud pública101. Propuesta 89. Desmonte gradual de la inversión que hace el Estado al tema de seguridad y defensa para inversión en programas de desarrollo rural incluyendo infraestructura, educación y servicios básicos; y creación de un programa de emergencia económica para aplicar en las zonas actuales de producción102. Propuesta 90. Formulación de una política cultural para el uso de la droga y sus derivados, que responda a la diversidad y el uso de la coca en territorios indígenas103. Propuesta 91. Incorporar la perspectiva de género en la solución de los cultivos de uso ilícito, para ello se debe propiciar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. E incorporar en las normativas nacionales la perspectiva de género104.

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Asojuntas- Cordosac.

2

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo, MÍA Guaviare, Fundación DHOC

3

Asojuntas- Cordosac, MÍA Guaviare

4

Asojuntas- Cordosac, ASOCAMP

5

Asojuntas- Cordosac, MÍA Guaviare

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Asojuntas- Cordosac, MÍA Guaviare, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

7

Asojuntas- Cordosac

8

Asojuntas- Cordosac, Asociación de trabajadores campesinos del departamento de Nariño.

9

Asojuntas- Cordosac

10

Asojuntas- Cordosac, MÍA Guaviare.

11

FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

12

Asojunta- Cordosac; Asociación de trabajadores campesinos del departamento de Nariño.

13

Asojuntas- Cordosac, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia, Marcha patriótica.

14

Asociación de trabajadores campesinos del departamento de Nariño, Marcha Patriótica

15

Campaña Colombiana Contra Minas

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16

Asociación de trabajadores campesinos del departamento de Nariño, Fundación DHOC,

17

Asociación de trabajadores campesinos del departamento de Nariño, Marcha Patriótica.

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Redprodepaz, Marcha Patriótica.

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Redprodepaz

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Redprodepaz

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Redprodepaz

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Redprodepaz

23

Redprodepaz, Marcha Patriótica, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

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Red de iniciativas y comunidades Paz desde la base.

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Redprodepaz, Red de iniciativas y comunidades de Paz desde la base, marcha Patriótica.

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Redprodepaz

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Redprodepaz

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Redprodepaz

29

Marcha Patriótica, FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA Vía Campesina, CLOC

30

ONIC

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ONIC

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ONIC, Marcha Patriótica, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

33

ONIC, Marcha Patriótica, FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

34

ONIC, MÍA Guaviare, Fundación DHOC.

35

ONIC

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ONIC

37

ONIC, Marcha Patriótica

38

ONIC, Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la base, Mesa de participación municipal de victimas San Pablo, CNA.

39

ONIC

40

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo, Consejo Territorial de Planeación Nariño y organizaciones ambientales.

41

ONIC

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Movimiento Social de las Américas

43

FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

44

ONIC, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia, ATCAL Putumayo

45

FUNRED Agro

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Pontificia Universidad Javeriana.

47

Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la base.

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Red de iniciativas y comunidades de Paz desde la base

49

Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la base

50

Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la base

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CNA

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

53

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

54

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

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Marcha Patriótica.

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo.

58

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo.

59

Mesa de participación municipal de victimas San Pablo.

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo


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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo

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Mesa de participación municipal de victimas San Pablo, MÍA Guaviare, Marcha Patriótica.

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MÍA Guaviare, Marcha Patriótica.

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MÍA Guaviare

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MÍA Guaviare, Fundación DHOC

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MÍA Guaviare

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MÍA Guaviare

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Fundación DHOC, ASOCOLMENAS

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Fundación DHOC

71

Fundación DHOC, Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia, FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

72

Fundación DHOC, Marcha Patriótica.

73

Fundación DHOC

74

Fundación DHOC

75

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia, Marcha Patriótica.

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Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

77

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

78

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

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Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

80

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Colombia

81

FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

82

FENSUAGRO- CUT, Mesa Nacional de Unidad Agraria, MÍA, Vía Campesina, CLOC

83

Mesa regional de organizaciones sociales Indígenas campesinas.

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COMERVI Chocó; ASOCAMP.

85

Consejo Territorial de Planeación Nariño- Organizaciones ambientales

86

Consejo Territorial de Planeación Nariño- Organizaciones ambientales

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FUNRED Agro

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FUNRED Agro

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FUNRED Agro

90

FUNRED Agro

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FUNRED Agro

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FUNRED Agro

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ATCAL Putumayo

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CNA

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CNA

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CNA.

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Mokana, Atlántico.

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Partido de la Unidad Nacional.

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ANDESCOL

100 ASI 101 ASI 102 ASI 103 ASI 104 Iniciativa de mujeres por la Paz

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Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica l Grupo de Trabajo 7

Ponencias


PLAN PARA LA SUSTITUCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. Propuesta de los campesinos del departamento del Caquetá al estado colombiano, la comunidad internacional, los gremios, ONG's y demás organizaciones interesadas en la sustitución de cultivos ilícitos y la conservación y protección del medio ambiente:

Los campesinos del departamento del Caquetá, consientes del grave problema que significa éste fenómeno para el país, el mundo, el medio ambiente y sus recursos naturales, entendemos que el fenómeno de los cultivos de hoja de coca mal llamados "cultivos ilícitos" hace parte de una realidad que todos debemos afrontar con la disposición, seriedad y compromiso que ésta requiere, partiendo del hecho de que quienes lo cultivamos como única forma de subsistencia, somos el eslabón más débil de la larga cadena que en torno a este fenómeno se ha creado. Desde hace ya más de tres décadas el departamento ha sido testigo de la ampliación de estos cultivos motivados por la resistencia del campesino, cómo persona, a fallecer asfixiado de miles de necesidades que desde siempre han aquejado la región y ante las cuales no se han elaborado políticas públicas tendientes a la solución del problema y por el contrario los métodos adoptados hasta el momento solo han servido para incrementar el desequilibrio de la sociedad, el medio ambiente y en general de la región. Dentro del departamento existen necesidades básicas insatisfechas que brotan por doquier Afectando con mayor gravedad a la comunidad infantil, las mujeres y personas mayores, los grupos étnicos propios de la región y sumados a estos aquellos que a lo largo de nuestra historia han venido haciendo presencia en el departamento en busca de mejores alternativas de vida sin que hasta el momento lo hayan podido lograr. Carecemos de viviendas para la estadía de la familia; de los puestos de salud y recursos necesario que faciliten la solución de las enfermedades endémicas y demás que a diario se presentan; Así mismo, también carecemos de centros educativos plenamente dotados con la intención de que cumplan su función educadora y de maestros para los mismos. La comunidad caqueteña jamás hemos visto surcar los cielos por caravanas de ayudas que nos permitan mitigar el hambre que afecta a gran parte de la población, para erradicar el desempleo generalizado y mucho menos para fomentar el desarrollo y mejoramiento de las vías, la red eléctrica, el acueducto y alcantarillado; En su lugar hemos sido víctimas permanentes de las aspersiones aéreas que opacan el verde símbolo de la Amazonia y en su lugar propagan pestes que afectan no solo la flora sino también la fauna, los animales domésticos y de cría, al igual que la salud humana. En consecuencia, los campesinos del departamento del Caquetá consideramos que la erradicación debe ser el resultado de un amplio proceso de participación y entendimiento con la presencia activa de las comunidades, el estado, la comunidad internacional, los gremios y demás sectores interesados en la construcción de mecanismos adecuados para la superación de los verdaderos problemas que fomentan la siembra de la hoja de coca;

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Brindando en su lugar alternativas que hagan viable la actividad agrícola cimentada en otros productos de acuerdo a las características de la tierra. En tal sentido proponemos dar la discusión en torno a los siguientes puntos como ruta para la superación de este fenómeno sin menoscabo del derecho a la vida, la salud, el empleo, la educación , la vivienda, la recreación, a la integridad física y moral, a la autonomía de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas presentes en la región... 1. Crear mecanismos de participación para las distintas comunidades, por medio de los cuales mediante asambleas, reuniones, jornadas de difusión y capacitación a nivel de veredas, municipios y del departamento, motivando a los campesinos de la región sobre la importancia de que se logren acuerdos en la materia sin menoscabo de sus intereses y por medio de estos adelantar el censo de los terrenos existentes, especificando las hectáreas cultivadas en hoja de coca, cultivos de pan coger, pastos, propietarios, cantidad de familias y número de personas que las integran. Y a partir de estas informaciones obtener una idea clara de la realidad en que nos desenvolvemos y de esta manera formular propuestas efectivas. 2. Proyectar el nombramiento de una comisión o equipo de agrónomos expertos para que realicen los estudios necesarios tendientes al análisis de las tierra y con base a este formular proyectos de sustitución de cultivos, estableciendo que clase de cultivos lícitos son los más adecuados junto a otras actividades económicas alternativas, como la ganadería, la piscicultura, porcicultura, avicultura, etc. teniendo en cuenta que unos serán a corto y otros a largo plazo sin detrimento de la capacidad adquisitiva del campesinado. 3. Paso seguido será el de la exploración por medio del estado colombiano y sus diferentes instituciones públicas, la comunidad internacional, las ONG interesadas en la conservación del medio ambiente etc. en torno a la consecución de los recursos indispensables que permitan la financiación de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, partiendo del hecho de que el gobierno colombiano cuenta con más de 700 millones de dólares que anualmente son entregados por los EEUU para la financiación de la lucha antidrogas en el país. Dotando de los subsidios necesarios al campesinado para la satisfacción de sus necesidades básicas hasta cuando se den los resultados de las nuevas labores agrícolas. 4. El estado en común acuerdo con las comunidades de la región y los organismos internacionales planificaran el desarrollo de planes viales, fortalecimiento de la salud, educación, vivienda, electricidad y alcantarillados etc. por medio de políticas claras dirigidas a la creación de las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento en cada una de sus veredas y municipios. De igual forma adelantar el proceso necesario para la ampliación de las zonas sustraídas ya que más del 60% de la población campesina durante años ha habitado estas zonas en las cuales han construido sus proyectos de vida.


5. Crear mecanismos de mercadeo por medio entidades oficiales o semi-oficiales, organismos internacionales etc. que asuman el compromiso de garantizar la comercialización de los productos agrícolas y demás que surjan como parte del acuerdo y otros que a bien adopten las comunidades en eras de sustituir la producción de hoja de coca, estableciendo un plazo no inferior a 5 años y acompañados de escuela de formación y capacitación de las comunidades por medio de sus diferentes formas organizativas en torno a los nuevos procesos productivos de acuerdo a las sugerencias hechas por el equipo de expertos. El estado colombiano y las organizaciones internacionales en común acuerdo con las comunidades realizaran como parte del acuerdo proyectos económicos dirigidos a fomentar el cooperativismo y tiendas comunitarias que le permiten la compra y venta de productos a los campesinos de las distintas veredas evitando el monopolio y la especulación de precios. Realizar cada 6 meses un balance de las actividades desarrolladas con participación de las comunidades, el estado colombiano, los organismos internacionales etc. estableciendo los avances y dificultades de los acuerdos, constatando su efectivo cumplimiento y dando especial atención a la necesidad de incrementar estos proyectos en nuevas áreas del departamento y el país que sufren las mismas características, para lo cual se deberán invitar a personalidades nacionales e internacionales en capacidad de nutrir estos procesos alternativos que supriman el empleo de la violencia y la represión y sus efectos contraproducentes en las comunidades y su calidad de vida, al igual que en los recursos naturales tan valiosos con los cuales actualmente contamos. Las comunidades campesinas por medio de las juntas de acción comunal, comités especiales, asociaciones de campesinos y demás estructuras de organización que en este sentido sean creadas, mantendrán informadas de los avances logrados en la materia por parte de sus voceros, los representantes del estado y en la medida de que sea posible de los organismos internacionales y ONG interesados para generar credibilidad y respaldo en torno a los mismo por parte de todos los habitantes del departamento. Logrados estos puntos las comunidades en común acuerdo adoptaran en compañía de los entes nacionales e internacionales políticas claras dirigidas por un lado a garantizar la permanencia de los proyectos con el compromiso y la participación del estado colombiano, las organizaciones internacionales etc. y a la vez, para desarrollar talleres Veredales, municipales y departamentales orientados a crear conciencia en los campesinos de la región entorno a la necesidad de sustituir los cultivos ilícitos por proyectos alternativos sin detrimento de los intereses de sus habitantes y el medio ambiente; adoptando correctivos contra quienes se reúsen a hacerlo entendiendo que si existen las garantías necesarias que permitan el desarrollo de otras actividades económicas con precios remunerativos,


acompañamiento del estado, asistencia técnica, políticas claras y eficientes de mercadeo e inversión social; AI igual que la formalización del trabajo de acuerdo a las conquistas logrados por los trabajadores en esta materia, ya no será válido persistir en la siembra de los cultivos ilícitos evitando sus efectos negativos sobre el medio ambiente, la región, el país y el mundo. 9. Para garantizar la efectividad de tales acuerdos los mecanismos de planificación, ejecución, verificación y demás deberán estar integrados por los líderes de la región con pleno respaldo de las comunidades quienes deberán trabajar de forma mancomunada con los entes nacionales e internacionales que en estos participen.

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® PROPUESTA PRESENTADA AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODECENDIENTES DE CAUCA, NARIÑO Y PUTUMAYO A LACOMUNIDAD INTERNACIONAL Y AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA, MARIHUNA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. Pasto Nariño Sept. 24 de 2013

Antecedentes de la política antidroga. Desde su aparición en la década del setenta, el gobierno nacional y la comunidad internacional han definido como estrategia para combatir los denominados cultivos de uso ilícito, una combinación de mano dura (fumigaciones) y una serie de programas de carácter asistencialista que no apuntan a resolver las causas estructurales que dieron origen a estos cultivos. Como resultado, un permanente y total fracaso de esta política, el mecanismo de las fumigaciones no ha arrojado los resultados esperados porque a una fumigación de los cultivos, le sigue una nueva y mayor siembra por parte de los campesinos, con lo cual, la fumigación lo único que logra es destruir el medio ambiente, los cultivos de pan coger y la salud de las personas. El segundo mecanismo de esta estrategia, son los programas de sustitución. DRI, iniciado en los años 70, PROYECTOS ALTERNATIVOS DE LAS NACIONES UNIDAS años 80 y 90, PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PNR) década de los noventa, programa PLANTE con sus pactos sociales y los programas de erradicación temprana (PILDAET), PROGRAMA DE FAMILIAS GUARDA BOSQUES, LABORATORIOS DE PAZ, CENTRO DE CONVIVENCIA Y PAZ DE VALLE EN PAZ, PROGRA RESA y plan de consolidación del pacifico y programas como el si se puede y los últimos dos mecanismos, erradicación forzada manual y pago de recompensas por informar sobre cargamentos y cultivos dentro de la estrategia del PLAN COLOMBIA. Todos estos programas han estado permeados por una enorme corrupción dentro de estamentos como la POLICÍA, el EJERCITO incluidas las tropas NORTE AMERICANAS que hacen presencia en nuestro país , el DAS, el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, la FUERZA AEREA, la ARMADA NACIONAL, AUTORIDADES CIVILES, POLÍTICOS, y ONGS que ejecutan algunos de los programas de sustitución. Son tres décadas de repetidos fracasos y despilfarro de miles de millones de pesos aportados mediante impuestos por los colombianos y por los habitantes de los países de EUROPA y NORTE AMERICA con los cuales solo se ha logrado incrementar el precio de la COCAÍNA y la HEROÍNA haciendo mas lucrativo el negocio, no solo de quienes exportan estupefacientes desde Colombia sino para la monsanto, que le vende el glifosato al Gobierno colombiano, pero también le vende herbicidas a los productores de hoja de coca para que controlen las malezas en los cultivos, y para las multinacionales que producen agroquímicos utilizados en grandes cantidades en los cultivos de COCA, MARIHUANA y AMAPOLA. Otro sector que se ha beneficiado del tráfico internacional de estupefacientes es el sector financiero, al que sin embargo no se le ha reprimido con la fuerza y la insistencia con que lo han hecho con los campesinos de Colombia, Perú y Bolivia.

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Las cifras sobre disminución de las áreas plantadas en Colombia son inexactas por no decir falsas, son amañadas con la intención de producir confianza en los gobiernos de los países que financian esta política, pero la realidad es que la disminución de los cultivos es leve y transitoria. La actualidad social y económica rural colombiana. la falta de una política efectiva de reforma agraria que dote a los campesinos de los elementos necesarios para el desarrollo rural (tierra, crédito, tecnología y mercados) y la aplicación de políticas anticampesinas han destruido la producción nacional, incentivo reconcentración violenta de la propiedad sobre la tierra , mas de tres millones de desplazados, una pobreza del 68% de los pobladores y una perdida casi total de la soberanía alimentaría y nacional son el panorama que se presenta como marco para la política oficial de erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito, el cual se agravara con la firma de los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, Holanda, china y la unión europea, que afectara profundamente la producción nacional y en especial la de los productores rurales. Con base en propuestas de laboratorios de "paz" alianzas estratégicas, agricultura por contrato, servicios de agro y ecoturismo que solo benefician a las multinacionales, a la agroindustria, grandes cadenas de supermercados y hoteleras. Queda claro que sin discutir y mucho menos proponer soluciones a los problemas estructurales del campo colombiano el gobierno pretende acabar con el problema de la producción de cultivos de uso ilícito en el país. Cuales son las verdaderas intenciones de esta política. Ante la insistencia ciega de los Gobiernos Colombiano y Norte Americano por erradicar los cultivos de uso ilícito mediante fumigaciones y proyectos asistencialistas cabe preguntarse ¿realmente desean acabar con el negocio ilícito de las drogas? o es la política antidroga solo la excusa para alcanzar otros objetivos, ¿Cuáles son esos objetivos? Estas preguntas, debemos hacérnoslas los Colombianos, también el pueblo Norte Americano y de los países de Europa a quienes sus gobiernos engañan para justificar la destinación de los recursos de su presupuesto para apoyar la llamada guerra contra las drogas.

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El problema de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola si tiene solución Solo que esta solución no puede estar ligada a la actual política agropecuaria nacional, debe romper los esquemas anteriores del garrote y la zanahoria y definir una nueva política agropecuaria para el campo Colombiano pues la actual ha demostrado ser inconveniente para el desarrollo y la soberanía nacional. Las comunidades campesinas, afrodecendientes e indígenas que ante la falta de atención del Estado nos hemos visto obligados a sobrevivir de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola en repetidas ocasiones manifestamos nuestra voluntad de entablar con el Gobierno colombiano y la comunidad internacional un dialogo mediante el cual construyamos de manera concertada una propuesta para una real sustitución de los cultivos de uso ilícito en nuestro país. En esta ocasión y con motivo del incremento de las acciones de erradicación forzada en todo el territorio nacional con las cuales solo se profundizara la pobreza, la destrucción de los recursos naturales y el enfrentamiento entre los colombianos hacemos publica una propuesta con la cual pretendemos tender un puente que nos permita dialogar con el Gobierno colombiano y la comunidad internacional sobre lo que debe ser una política que apunte realmente a solucionar el problema de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola en Colombia, mediante la discusión del pliego nacional de peticiones agropecuarias y populares propuesta por la MESA NACIONAL


AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUEDO - MÍA, durante la jornada del paro nacional agrario y popular iniciado el día 19 de agosto en Colombia,

Objetivo genera] de la propuesta. Lograr la sustitución real de los cultivos de uso ilícito y alcanzar para las comunidades rurales un estado de bienestar en lo Económico Social, Político, Ambiental y Cultural que les permita una inserción real en la economía y contribuir con el desarrollo nacional. Objetivos específicos. > Formular, y ejecutar planes de vida o desarrollo de largo plazo construidos por la comunidad de manera autónoma y participativa los cuales deben ser financiados por el gobierno nacional y la comunidad internacional. > Lograr de manera gradual la sustitución de los cultivos de uso ilícito una vez los programas y proyectos en ejecución y contemplados en el plan de vida o desarrollo hayan generado las condiciones económicas y sociales que permitan dicha sustitución. > Constituir mecanismos de participación decisoria de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos mediante los cuales se logre en el mediano y largo plazo la sustitución de los cultivos de uso ilícito. > Crear entre las comunidades productoras a través de sus organizaciones, y la comunidad internacional a través de sus organizaciones y gobiernos una mesa de concertación en la cual se discutan, acuerden y evalúen los programas y proyectos que ellos financien. > Contar con una mesa de concertación permanente en la cual participen Gobierno Nacional mediante los Ministerios y entidades del orden Nacional que se definan y que sean necesarias para la implementación de los planes de desarrollo, delegados de las organizaciones y Gobiernos de los países comprometidos con la financiación de los planes de desarrollo, Alcaldes Municipales, Gobernadores de los Departamentos, delegados del Congreso de la República, la Procuraduría y la Defensoria del Pueblo y representantes de las Organizaciones de las Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodecendientes. Principios rectores de los planes de desarrollo. • la participación de la comunidad en la formulación ejecución y evaluación. • La autonomía de las comunidades para formular los planes programas y proyectos. • La transparencia en el manejo de los recursos económicos. • el respeto por los valores culturales de las comunidades rurales. • El respeto por el medio ambiente. • El reconocimiento y el respeto de los derechos civiles, políticos económicos, sociales, ambientales y culturales de las comunidades rurales. • Respeto por la soberanía nacional y alimentaría. • La no discriminación racial, política o religiosa. • El reconocimiento de las formas organizativas autónomas de las comunidades rurales. • La unidad.

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Formulación de los planes de vida o desarrollo. ¿Cómo y quienes lo formulan? Contenido de los planes de vida o desarrollo. Social. Económico. Ambiental. Político. Cultural. Ejecución de los programas y proyectos. ¿Quien los ejecuta? Sustitución gradual de los cultivos. ¿En que momento se inicia la sustitución de los cultivos? Mecanismos de verificación. Que mecanismos de verificación se deben constituir para verificar el cumplimiento de los compromisos del gobierno, de la comunidad internacional y de todos aquellos que tengan que ver con la ejecución de los planes de desarrollo. Mecanismos para verificar la sustitución. Quienes deben hacer parte de estos mecanismos. Difusión de la propuesta y de los resultados Que medios debemos utilizar para difundir la propuesta, los compromisos y los resultados de su implementación o de su incumplimiento.

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Red Nacional de Programas Redtonales de Desarrollo y Paz

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 Redprodepaz La Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz -Redprodepaz-, desde su experiencia en territorios y con comunidades, que han vivido en medio del conflicto armado, los flagelos de los cultivos ligados a la producción y tráfico de narcóticos que se expandieron y crecieron gracias a los cuantiosos recursos de esta dinámica de ilegalidad, plantea un conjunto de reflexiones y propuestas en la construcción del proceso que se adelanta entre el gobierno Colombiano y las FARC EP con el cual estamos comprometidos.

Contexto: Colombia, ha estado involucrada por cuatro décadas en una dinámica de cultivo, producción, procesamiento y comercio de ilícitos, así como "blanqueo" de capitales ligados a la economía del narcotráfico. Estas prácticas mafiosas se han instalado en el orden cultural, político, social y económico, porque cada día es más fuerte el nexo entre la cultura política y la cultura mafiosa en Colombia. La expansión del narcotráfico en territorios rurales tiene explicación en el abandono histórico del campo Colombiano y en las lógicas de corrupción y el clientelismo. Para superar tal situación, se requiere una profunda reforma de las dinámicas territoriales, y la inclusión del mundo campesino marginado en un orden de garantías y derechos. Como bien lo afirma Luis Jorge Garay, no hay un Estado mafioso, como tampoco tenemos una sociedad mafiosa; lo que hay son grupos de poder, algunos dominantes a nivel regional, articulados a nivel nacional, que actúan con prácticas y criterios para beneficio propio, no solo en lo económico y en lo político, sino también en lo social que buscan el control de los territorios. Lo que lleva a que se estén configurando estados localesregionales con prácticas mafiosas. Lo anterior se da por varios factores: la ausencia histórica de una institucionalidad fuerte que articule lo local-regional con lo nacional, una administración de la justicia mediada por las influencias político-sociales, una cultura autoritaria que no permite el desarrollo de * ^ * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** Carrera 6 No. 35 - 49 Boaotá. Colombia. P6X (571)2 88 89 82

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r^dpradepaz Red Nacional de Programas Regionales de Desarroto y Fta

de gran escala, a la vez que permita una articulación de éstas en los grandes mercados, en condiciones de equidad. 9. Debe acabarse la fumigación aérea, vinculada a problemáticas de morbilidad, y degradación de suelos. Deben implementarse mecanismos que impidan la ampliación de la frontera agrícola por cuenta del círculo vicioso de los cultivos ilícitos: tumbar monte-sembrar-fumigar-tumbar monte. 10. Reconocer el problema de la economía de las drogas ilícitas, las prácticas mafiosas, y su presencia e impactos a nivel social y político, en las escalas locales, regionales y nacionales, haciéndose explícito dentro de las reflexiones institucionales como parte de un proyecto de civilidad y modernidad de país. 11. Fortalecimiento de la democracia participativa que deslinde la cultura mafiosa de las prácticas políticas. Afirmación de las identidades culturales y territoriales, en la perspectiva de una ciudadanía participativa que trascienda las racionalidades carismáticas y tradicionalistas, la corrupción y el clientelismo. Propender por la consolidación de un sujeto político empoderado, bien informado, y con capacidad de decisión ética y estratégica que permita superar la lógica de la acumulación y el consumo. 12. Colombia, desde su soberanía, debe seguir promoviendo una reflexión global, sobre el sentido de las políticas prohibicionistas, y sus consecuencias en economías de los países productores. Septiembre 24 de 2013.

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I^edproílepaz Red Nocional de Programas Regionales de Desarrollo y Pul

una democracia participativa, una cultura política con prácticas fundadas en sentimientos tradicionales-carismáticos, una disposición economica-política excluyente y discriminatoria, la existencia de alianzas políticas entre élites regionales con élites nacionales corruptas, y sectores empresariales que han jugado a dos bandos: por un lado la legalidad y la responsabilidad social, y por el otro, a sacar ventaja de las lógicas mafiosas. LAS PROPUESTAS DE LA REDPRODEPAZ EN EL PUNTO DE CULTIVOS ILÍCITOS Y ALTERNATIVAS SON LAS SIGUIENTES: 1. El desarrollo alternativo debe proponerse desde el territorio, con participación vinculante de las comunidades que viven de los cultivos ilícitos, los gobiernos locales, las organizaciones de base. 2. Avanzar en creación y consolidación de espacios de concertación de las diferentes propuestas, en torno a la economía campesina, como oferta rentable y sostenible para el desarrollo rural, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria. 3. Un propuesta de economía campesina ligada a los canales de participación y asociatividad, que actúe como vehículo para el empoderamiento ciudadano, familiar y comunal, vinculado a la generación de una identidad y un sentido de pertenencia con el territorio. 4.

Planes integrales de desarrollo territorial consensuados, con una participación multiactor, de carácter vinculante, para la recuperación ambiental de las áreas afectadas por las fumigaciones y el cultivo intensivo de ilícitos, y el uso sostenible y sustentable del suelo.

5. Acompañamiento técnico, financiero, social, ambiental, cultural y político, para mitigar los riesgos de las externalidades a los procesos de planeación y ejecución de los esquemas de desarrollo alternativo. Tal acompañamiento, tiene por imperativo la gratuidad y la consistencia a largo plazo. En tal sentido, es necesario que se garantice mediante política de Estado. 6. Garantizar los esquemas de equipamiento y dotación de infraestructura, que permita vincularse e integrarse a los núcleos de procesamiento y distribución, para dar salida efectiva a los productos. 7. Es indispensable una política de acceso a la tierra y sustitución del ingreso (no del cultivo) devenido de los ilícitos. Garantizar una actividad lícita rentable en el plazo inmediato. 8. Generar un modelo incluyente y diferencial, respecto a las economías de pequeña escala, campesinas, indígenas y afros, que provea la defensa frente a las economías * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Carrera 6 No. 35 - 49 Boaotd Colombia. PBX (571)2 88 89 82

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Por una Co\omb\a en paz


La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios niimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por e! narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza centra] en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;


toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por ei Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11*700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel?

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La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados. Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros


territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura dei tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ¡legal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o ¡a instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidady la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.


En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambí Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo.Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: rfjftf» . 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía J(\f^ t¡T alimentaria

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Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante ¡a reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en genera!, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.


Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, a! igual que lo hace con el agua y el aire. . Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultura! y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el püdé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de ¡os pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

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La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente}. A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodesceudientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodesceudientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eforniulación a fondo de la política antidrogas

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Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y


de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión , confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1, Presentación La Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ") 1 , se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción

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' La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y asta conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación ie Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simití (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación ie trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10. asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 1 1 . asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitarios del Río Patía, sus orazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas [CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de saz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVIDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del río Sanquianga (Nariño); 19. Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre, 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la DPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la /ida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Drganizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL). El Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: 3RIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnias y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, JOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de a Paz en Colombia (SUIPPCOL).


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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base de una paz estable y duradera: "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos". Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo final para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos representados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyente, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios de diálogo y negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y en las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones y territorios de nuestras comunidades. > La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto; Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vista desde el territorio. Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de más de 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y en general los productores de hoja de coca, con el fin de construir una política realista de manejo de¡ problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar en relación con la política de cooperación. La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la ¡nstitucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como un cambio radical en la estrategia de re-militarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los' proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas ¡mplementadas para enfrentar el problema.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 2. Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ La biodiversidad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que eí comportamiento de los cultivos declarados ilícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país y mucho menos se ha tenido en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales. Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, !a relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como ooblación civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta oroblemátíca ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. _a autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ¡lícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se oierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se oermea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. t a política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación de! Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como f uente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación.

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Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario genera! de la OEA al entregar el informe2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor clarídad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y ::

Ver: OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza : nstituciona! tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.


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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo". En el documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas", complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de: "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas presten real atención a éste escenario. Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han elaborado el diagnóstico sino que han construido propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en una audiencia pública' realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de IB población estamos recuperando economías propias como alternativa a ¡os ilícitos. Partiendo del' problema de la tenencia y propiedad de la tierra. "* Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente. Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: s 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2. Diversificación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias. 3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral. Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo. Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental. Económico: rechazo contundente al TLC". En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aquU sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la> coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante: situaciones difíciles. En el departamento del cauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que" 3

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación delf Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado,, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

3. Impactos específicos para las comunidades y territorios Colombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial4. La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabiiidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia. De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de ia diversidad colombiana seguirán padeciendo as consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencial de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ¡legales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos. La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, mtegrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra oara sobrevivir, ya sea ante las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo elnombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas. Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos

Consultar: "Colombia Report,Convention on Bioloaical Diversitv"en http://www.cbd.int/countries/Tcountry^co 5

Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó e! equivalente a 230.000 hectáreas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de glifosato. 5


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Red de iniciativas y Comunidades Paz desde la Base ambientales6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía. Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias. La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada: obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocandc enfermedades internas y a la piel. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que la intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las. fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones la población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológica, problemas de piel y conjuntivas. ¡ En este sentido, en 2007, el Relator Especial en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó] "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entré Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencié creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteros militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente para ios niños. "7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones por ejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas paré programas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan e despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual.9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace 6

En sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 3 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1.20C familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos y se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales. 7

"Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissionerfor Human Rights. http://www2.ohchr.orq/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.pdf

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Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro del pacífico {Valle y Cauca). 9

En 2011, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras í qué 103.302 hectáreas fueron fumigadas desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey 2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de seguridad cuando ios erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en peligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia contra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de !as cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada. Los programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para el cultivo de coca no han recibido recursos adecuados ni han sido ¡mplementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mil millones USD en fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo10. Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución.11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes de! campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Al respecto, la Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por 'os grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). \ esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan P atriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos. En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ¡lícito de olantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

4. Propuestas para una solución integral al problema ^

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De acuerdo con el análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de oaz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las

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"Alternative development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamerican Association for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ :1

Denuncias de campesinos del Cauca.


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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social: 4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ¡lícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de la? poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política,de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual piar consolidación. 4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder asi desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. 4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezcé los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en los que se incluya efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. Er este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de lé hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar lé autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes: y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalador de alternativas viables en el mediano y largo plazo. 4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social ), cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en e respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para lé aplicación de una pronta eficaz justicia. 4.5 Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidac ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de general alternativas a las economías extractivas.


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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar ¡os cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo. 4.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso de! desarrollo alternativo, este debe incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno. 4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementacion de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes. 4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir". 4.10 Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

Atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013 ^

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS COLOMBIANOS ANDESCOL P e r s o n e r í a Jurídica Ho. Síí-íeííSejZít-iS NIT «11.030677-6

CULTIVOS ILÍCITOS Ponencia de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS COLOMBIANOS, ANDESCOL, ante el FORO NACIONAL sobre el problema del cultivo de la hoja de coca en Colombia

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Consideramos necesario que, para abordar con la mayor objetividad posible el fenómeno socio económico generado en Colombia por el uso de la hoja de la coca como materia prima para la elaboración de cocaína, producto cuyo uso y comercialización tan graves consecuencias ha provocado en nuestro medio en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y medio ambientales, se debe analizar en primer lugar cual era la situación previa del campesinado en las regiones en donde posteriormente se desarrollaría con mayor intensidad el cultivo de la coca, como actividad alternativa, como una solución inmediata al acelerado empobrecimiento económico de las familias, de colonizadores y campesinos, la que les permitiría obtener el sustento básico para la supervivencia. En todas las regiones donde se adopto esta actividad, anteriormente eran regiones con sus propias características de desarrollo, dedicadas a explotaciones y usos legítimos de los recursos naturales y de la tierra, utilizadas para la producción agrícola y la ganadería, por una población compuesta en su gran mayoría por pequeños y medianos campesinos y colonos, propietarios o poseedores de limitadas extensiones de tierra que no obstante lograban una supervivencia con estabilidad, pese a no ser sujetos de un apoyo suficiente por parte del Estado, por ser característica histórica de éste carecer de una política publica coherente con las necesidades reales de los productores del sector agrario, campesinos y colonos colombianos incluidas las comunidades indígenas y afro descendientes en sus respectivos territorios. El apoyo del Estado siempre ha estado al servicio de terratenientes y latifundistas nacionales y extranjeros, propio de un modelo de desarrollo ideado para mantener las ventajas y privilegios de la clase gobernante local y los intereses de las multinacionales del capital trasnacional. Como ejemplo del proceso de pauperización del agro, tomemos el de un de nuestro

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interés testimonial, por sus características especiales; la región que hoy comprende los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía. Hasta el año 1970, aproximadamente el pilar económico de la región lo constituyo la explotación del caucho Hevea brasiliensis, materia prima esencial para el desarrollo de la creciente industrial llantera y otros productos derivados del caucho. Esta actividad mantuvo la actividad económica desde mediado del siglo XIX, con un notable periodo de crecimiento durante el lapso comprendido por la duración de la II Guerra Mundial, cuando la demanda de caucho se incremento notablemente, especialmente por parte de los E.E.U.U, potencia beligerante a tal punto que ese país estableció en la amazonia colombiana una empresa de compra de caucho y servicio a los productores con el nombre de RUBBER, DEVELOPMENT CORPORATION (RUDECO), que se retiro de la región en 1945. Terminado el auge determinado por las necesidades bélicas, el gobierno colombiano mantuvo la estabilidad de los precios y el de la producción, con medias de protección para la producción nacional ya fuertemente competida por la del sur este asiático en donde las potencias habían desarrollado grandes plantaciones. Estas medidas comprendían la obligatoriedad de la industria de comprar el caucho nacional como requisito para otorgarles licencias de importación de caucho asiático. Esto auro hasta que un ilustre presidente de filiación liberal derogo las medias proteccionistas en 1960, liberando las importaciones de caucho a, cabo con la producción nacional y lanzó a la pobreza a miles de familias de colonos, campesinos e indígenas que en la región vivían alrededor de la explotación del caucho.

2. LA COCA

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La hoja de coca tuvo ancestralmente un carácter ritual para las comunidades indígenas de nuestra América y su uso habitual en forma de mambe, era utilizado para dominar la fatiga y el hambre en las jomadas laborales, su presencia en pequeños cultivos en las parcelas comunitarias era común y corriente al lado de los sembrados de pan coger. El uso ritual se manifestó como un elemento esencial en las celebraciones tribales en las cuales el mambe de coca y la ingesta de yagé transportaban a los ancianos y autoridades de la tribu hacia su pasado histórico y cultural, el cual bajo sus efectos, era transmitido oralmente a las nuevas generaciones. En los primeros años 70 del siglo pasado, la critica situación per abandona del Estado, la pobreza y la ausencia de una actividad productiva, alternativa a la de explotación del caucho, creo las condiciones propicias para que cualquier propuesta de solución a esa cada vez mas aguda situación de pobreza que era ya insostenible para campesinos, colonos e indígenas, fuera aceptada sin mayores


consideraciones de su legalidad o ilegalidad; situación similar se presento en otras regiones del país en donde la actividad productiva agraria estaba sufriendo la embestida de la pobreza. En estas circunstancias, es cuando comienzan a aparecer los servidores de los capos del negocio de la cocaína en las regiones donde eran mas favorables las condiciones para establecer cultivos ya en escala comercial: es cuando salpican la selva amazónica de Vaupés, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo y sur del Meta, las al comienzo pequeñas parcelas de entre una y siete hectáreas de coca, sembrada ya como una alternativa económica de ingresos para la supervivencia de los habitantes de estos territorios. En una primera fase, los coqueras indujeron a los colonos, campesinos e indígenas para que sembraran la coca cuya hoja ellos compraban para procesarla, luego enseriaron la técnica para obtener la base de coca. Este conocimiento se generalizó de tal manera que cada finca llego a tener su propio laboratorio para la producción de base que los traficantes adquirían a buen precio, había llegado la bonanza coquera y con ella la solución al problema de pobreza y de abandono estatal para aquellas miles de familias en esas regiones. En un segundo momento, los traficantes establecieron sus propios cultivos, ya en muy grandes extensiones de selva talada, con el consiguiente daño al medio ambiente completado por el uso masivo de productos químicos usados en el proceso de producción de coca y cocaína, la que ya se procesaba (ocalmente y cuyos residuos contaminaban el ambiente y el agua.

3. CONSECUENCIAS DEL NARCOTRÁFICO A. Estas regiones pobladas, por gente de naturaleza pacifica ajenas a la practica de crímenes y otros delito, se inundaron de maleantes, traídos los unos por el incentivo del enriquecimiento rápido y otros, llevados por los narcos para su seguridad y protección. Apareció entonces la practica del asesinato, la violación de mujeres y la generalización del uso del bazuco en buena parte de la población para cuyos efectos se cometieron los mas degradantes crímenes contra la población. B. La disponibilidad de grandes recursos económicos, le permitió a los traficantes sobornar, durante todo este proceso de instalación y producción de cocaína, a las autoridades encargadas de su control, tanto civiles como de policía que se limitaban a tímidas incursiones justificadoras de su función, sin lesionar los intereses de los capos, quienes además disponían de grupos fuertemente armados de sicarios a su servicio. C. El narcotráfico con su gran poder económico y armado, permeo todas las instancias de gobierno del Estado y puso a este a su

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servicio, de tal manera que llego a tas mas altas posesiones de este, tal como es evidente según los últimos descubrimientos de algunas autoridades honestas y comprometidas con la verdad que aun quedan en nuestro país, y el convencimiento de eso que esta en la conciencia de los colombianos. D. La coincidencia de interés de narcotraficantes y castas de políticos, grandes ganaderos, terratenientes, latifundista y capital trasnacional, quienes aislados entre todos constituyen el llamado paramilitarismo, encargado de guardar los intereses de los ricos, supuestamente amenazados por la insurgencia, pero cuya función principal es eliminar a opositores políticos del régimen y del sistema, mediante la practica del asesinato, las desapariciones, el desplazamiento y la amenaza; todo esto bajo la mirada cómplice del gobierno. E. La alteración cultural sufrida por la población colombiana, con la consiguiente perdida de valores tradicionales con afectación de la vida social y familiar con grave deterioro de las costumbres y hábitos dentro del concepto de dignidad de la vida del ser humano.

4. CONCLUSIONES s El cultivo de la hoja de coca, se convierte en la tabla de salvación para miles de familias de campesinos, colonos, afros, e indígenas que encuentran en ello una fuente de ingresos económicos para la supervivencia. s En el fondo del problema esta la incapacidad del Estado para solucionar los problemas fundamentales para obtener una vida digna para todos los colombianos, es pues responsable de las condiciones de pobreza. s El cultivador de origen campesino, colono, indígena u otro, no es narcotraficante: el solo sobrevive de esta actividad, sin ir mas halla en la cadena de comercialización. s El cultivador campesino es agredido por la fuerza publica en un supuesto programa de control del narcotráfico, la policía y el ejercito se ensaña con los cultivadores causando muertos y heridos, pero deja incólumes a los grandes capos incrustados en estos cargos del Estado. V No hay por parte del gobierno una política pública coherente para la sustitución de los cultivos de hoja de coca que permita rescatar la productividad agraria en actividades tradicionales como la producción de alimentos, ganadería, etc.


San Pablo, Septiembre 12 de 2013 PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD A LA MESA DE TRABAJO A REALIZAR EL D I A S l D E SEPTIEMBRE CON L/t PRESENCIA DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL MCiíhfx

1. SUSPENSIÓN INMEDIATA A LA ERRADICACIÓN Y FUMIGACIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA. EN EL SUR DE BOLÍVAR..POR CUANTO TIEMPO SE HARÁ ESA SUSPENSIÓN DE ERRADICACIÓN Y O FUMIGACIÓN, LA COMUNIDAD PROPONE 5 AÑOS, PARA QUE EN CINCO AÑOS CON LOS PROYFCTOS QUE SE IMPLEMENTEN YA NO TENGAMOS LA NECESIDAD DE DEPENDER DE ESTE CULTIVO, VOCERÍA EN LA MESA REGIONAL Y NACIONAL DE CONCERTACION. 2. SUBSIDIO MENSUAL NÚCLEO FAMILIAR EN DINERO POR UN VALOR DE $1,500.000 PESOS EN EFECTIVO, POR UN TIEMPO NO INFERIOR A 18 MESES.A LOS QUE LES ERRADICARON LOS CULTIVOS AHORA Y A LOS QUE ANTERIORMENTE LES HAN ERRADICADO. PUESTO QUE HAY COMUNIDADES QUE LES ERRADICARON Y NO HAN RECIBIDO NINGÚN APOYO ECONÓMICO. 3. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA, QUE DISMINUYA LOS ÍNDICES DE DESOCUPACIÓN EN EL ÁREA URBANA i—' %. _ i_ I f i W d l V t i

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INVERSIÓN SOCIAL, CONSTF.JCCION DE UN PUENTE REGIONAL ENTRE BOLÍVAR Y SANTANDER, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL MUELLE DEL MUNICIPIO. MEJORAMIENTOS DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUEVAS , SALUD ( CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y DOl ACIÓN DE PUESTOS DE SALUD Y COFINANCIACION PARA EMPLEAR PROFESIONALES DE LA SALUD, QUE SE HABILITEN SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL, QUE LA RED DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD SE CONTRATE CON CIUDADES CERCANAS A ESTOS MUNICIPIOS,SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS ADICTAS, DOTACIÓN DE ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO, SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,) EDUCACION,(CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS, NOMBRAMIENTO DIRECTO DE DOCENTES POR PARTE DEL MINISTERIO O LA SECRETARIA DE EDUCCIÓN DEPARTAMENTAL Y NO POR ONGS, COMO ALTERNATIVA PROPONEMOS LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y QUE SEA MANEJADA REGIONALMENTE( SAN PABLO, CANTAGALLO, SANTA ROSA Y SiMITI JMPLEMENTACiON DE MEDIOS O SUBSIDIOS DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, BECAS Y

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5. 6.

7. 8.

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DESARROLLO AGROPECUARIO ESTABLECER PROGRAMAS CON LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON IM.PLEMENTACION DE TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN REGIONAL( ARROZ, GANADERÍA, RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y REFORESTACION),FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EXISTENTES ( CACAO, CAUCHO, FRUTALES , MADERABLES Y CAFÉ) ADQUISICIÓN O COFINANCIACION DE BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA.CGNSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO O PLAZA DE MERCADO, PROYECTOS DE RECREACIÓN Y CULTURA, ELECTRIFICACIÓN RURAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HIDROELÉCTRICA CON RECURSOS NACIONALES Y ALTERNATIVAS COMO LAS PLANTAS SOLARES O PELTON.GAS NATURAL DOMICILIARIO, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANA Y RURAL PARA COMUNIDADES VULNERABLES. NO A LOS MONOCULTIVOS, NO AL TLC, NO A LA MULTINACIONALES OTORGAMIENTO DE TÍTULOS A LOS PEQUEÑOS MINEROS ARTESANALES Y ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL, PARA LA MINERÍA DE HECHO ,,0 ANCESTRAL TITULACIÓN DE PREDIOS A LOS CAMPESINOS Y ADQUISICIÓN DE TiERRAS. APOYO A LAS COMUNIDADES RAIZALES, AFRODESCENDIENTES Y ÉTNICAS, CON RECURSOS, AAPROBACION DE PROYECTOS Y REGISTROS ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

9. CRÉDITOS BANCARIOS CON TASAS DE INTERESES Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS PRODUCTORES. 10. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,PROYECTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE HUMEDALES.RECUPERACION DE ESPECIES ÍCTICAS Y EL FOMENTO DEL CULTIVO DE ESPECIES COMERCIALES, CIÉNAGAS Y PLAYONES, HACIENDO ÉNFASIS EN ECOTURISMO, NO PARA PROYECTOS PALMEROS 11 n p R P r u n s HUMANOS^ DERECHO A LA VIDA, AL TRABAJO A LA MOVILIZACIÓN ATRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA P£ES_OJMERIA_DEL_ PUEBLO, CONCEJO MUNICIPAL DE PAZ Y ONGS QUE HAGAN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO, CON RECURSOS ECONOMICOS.ASESORIA Y PERSONAL IDÓNEO . 12.IMPLEMENTACION DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA COMO INICIATIVA AGRARIA DE PAZ , TERRITORIALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO SOCIAL


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ANEXOS ACTA DE ACUERDO PARA LA ELABORACIÓN DE UN1 PLAN ENEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLÍVAR DOCUMENTO DE EL CORREGIMIENTO DE CANALETAL DOCUMENTO PROPUESTAS. COMUNIDADES CAMPESINA A f ASBA Y ASAMIS SUR DOCUMENTO REFERENCiA . SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

ASISTENTES COMUNIDAD DE SAN PABLO

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MESA DEPARTAMENTAL AGRARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO GUAVIARE MÍA GUAVIARE Con fundamento en las previsiones de los artículos 64, 65, 66 y 67 de nuestra Constitución Política que señalan: Artículo 64. Es deber del Estado y las instituciones "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos". Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de ¡as actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolary nueve de educación básica.

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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y


Administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. A efectos de superar el conflicto por la vía de la concertación, como lo señala el Art. 55 de nuestra Carta Magna; "Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo"., la organización social CUT Guaviare y el sindicato de pequeños agricultores del Guaviare con el poder de representación de los trabajadores agrarios de los distintos sectores y regiones del departamento del Guaviare que le otorgan los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 373 del Estatuto Laboral, presenta al gobierno nacional y departamental las peticiones, que se sintetizan en los siguientes puntos: II. GENERALIDADES. En los años 50, la violencia exterminó a más de 300 mil colombianos, originó desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. En los años 70, tomó lugar un desplazamiento de las ciudades y del interior del país hacía las zonas de colonización, esto último originado por los cordones de miseria en áreas sub-normales y marginales de nuestras grandes ciudades, carencia de oportunidades laborales, abandono por parte del Estado por lo cual los sectores populares solo encontramos la alternativa que nos brindó el convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Los principales beneficiarios de este negocio han sido los grandes narcotraficantes y los grandes industriales y empresas transnacionales, que producen todo lo necesario para el proceso y sostenibilidad de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Como compatriotas y campesinos arraigados a la tierra, como actores fundamentales en la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado Colombiano, la sustitución de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante el apoyo a la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las familias campesinas del Guaviare y sur del Meta. Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en los procesos de erradicación manual y voluntaria, es necesario precisar que nuestro departamento posee una extensión, de 55.550 Km2 de los cuales solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva forestal de la amazonia, creada mediante la ley 2 a de 1959; esta situación ha conllevado a que hoy se encuentren intervenidas más de 600.000 hectáreas de reserva forestal con alrededor de 9.000 familias y unidades de producción agrícola, las cuales ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, al pésimo estado de las vías y la carencia de apoyo institucional se han visto obligados al establecimiento de cultivos de hoja de coca en estas apartadas regiones del departamento del Guaviare.

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Proponemos al Gobierno Nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su Acuerdo para la Prosperidad (APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012) realizado en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de levantamiento de la Reserva Forestal y los procesos de titulación de predios dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS. De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos indígenas y Parques Nacionales, exigimos que se defina una política de apoyo económico y social para estas familias con el claro compromiso de erradicar y no volver a sembrar una mata más de hoja de coca, contando con el acompañamiento institucional para la implementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región. En términos generales se requiere la voluntad decidida del gobierno central, para permitir la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a los campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de los derechos de los servicios del estado. Nuestra voluntad de contribuir una erradicación de los cultivos de hoja de coca surge de la de la zozobra que viven los pequeños cultivadores y es inspirada también por la visión de un país productivo y en paz, del cual el Guaviare y el sur del Meta no pueden ser excluidos. Creemos en la posibilidad de construir el país que soñamos. Además que en nuestro Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta territorio de derechos, se genera una visión unificada de cambio y reorientación de la actividad económica, mediante programas de seguridad alimentaria y la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad de los respectivos departamentos.

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En el tema de seguridad alimentaria, se requiere maquinaria comunitaria, por núcleos veredales, para la transformación de productos agropecuarios, como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche). Es necesario también apoyo con alevinos y pie de cría de cerdos. Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de caucho, cacao, maderables, servicios turísticos y el fortalecimiento del sistema ganadero sostenible, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio, como la vocación del pequeño productor agropecuario y a la unidad mínima requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Complementario al tema productivo se requiere fortalecer los procesos agroindustriales con plantas regionales de sacrificio animal, plantas de transformación de caucho y cacao, entre otros.


Es imprescindible también que, frente a la marginalidad creada por la presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemente una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan mediante convocatorias nacionales. En el área ambiental es fundamental generar opciones para la vinculación a programas internacionales y nacionales de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques. En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del Estado, mientras se inicia la implementación de estos proyectos, se requiere la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución de los cultivos, mal llamados ilícitos. Exigimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se invierta en un desarrollo alternativo, hasta lograr la meta de auto suficiencia y sosteníbilidad económica. Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos, exigimos, de carácter urgente, implementar un programa de geo-referencíacíón de los cultivos a establecer, como también de otras iniciativas productivas que existan con anterioridad a la firma del acuerdo. Exigimos que, a través del Centro Provincial de Gestión Agro empresarial y la UMATA de San José del Guaviare, se realice este procedimiento, para que la Secretaria de Agricultura reporte permanentemente a la Policía Antinarcóticos y a las dependencias responsables del programa de aspersión. Como garantía del proceso, requerimos la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas y veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno nacional. Esta propuesta busca que conjuntamente, el Estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, mediante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación, salud y la oferta de una infraestructura vial y un servicio de expansión eléctrica adecuados.

Señor Presidente, los campesinos, los trabajadores del agro, la dirigencia política y cívica, las comunidades indígenas y afro-descendientes del Guaviare, respaldamos de forma categórica y decidida el proceso de paz emprendido en

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buena hora por su gobierno. Por esto, hacemos llegar la propuesta de lo que debe ser el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral para el departamento del Guaviare y sur del Meta Concebimos el desarrollo rural integral como el desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territorios y los enmarcamos en los siguientes 20 puntos.

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II. PETICIONES. Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán la participación de las comunidades en el diseño, gestión y evaluación de la política agraria para el departamento del Guaviare y sur del Meta. Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán el mejoramiento de la calidad de vida, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural. Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán y crearán las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad. Tanto el gobierno nacional y departamental realizarán el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada, no permitiendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes con el fin de aplicar sobre estos una distribución equitativa particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el Estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas protegidas. Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria, para generar independencia del mercado internacional, incrementar la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, y facilitar la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla. Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a garantizar el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como al fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida. Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a establecer y desarrollar para el Guaviare y sur del Meta proyectos productivos


agropecuarios, agro industriales y forestales de manera sustentable y sostenible y a generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agrícola y pecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a los avances tecnológicos. 8) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña agroindustria. 9) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes. 10)Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen en forma objetiva a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto. 11)EI Gobierno Nacional se compromete a desarrollar el CONPES Rural para la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la agricultura, pesca, acuicultura y el medio rural, con participación de representantes del gobierno, los ministerios y de las organizaciones nacionales de indígenas, afro descendientes y campesinas, como también las organizaciones de economía solidaria, ecologistas y ambientalistas. 12)EI Gobierno Nacional se compromete con la planeación, programación y coordinación para que se garantice una efectiva participación, asignación y cumplida aplicación de los recursos físicos y humanos, para que se estimule la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas desde los niveles municipales, departamentales y nacionales. 13) El Gobierno Nacional se compromete con la creación y el funcionamiento de comités de Desarrollo Rural y Reforma Agraria en los niveles municipales, departamentales y nacionales, con la participación de delegados de las instituciones, del CONPES Rural y de las organizaciones indígenas, afro descendientes, campesinas, ambientalistas, del sector cooperativo y de la economía solidaria. 14)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema de Dotación y Adecuación de Tierras e Infraestructura con la función de financiar, adquirir y dotar de tierras a la población rural que no la posean y para quienes la posean, pero las cuales no sean aptas o insuficientes para uso agrícola o ganadero, así como a realizar las obras de adecuación e infraestructura requeridas. 15) El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema nacional de generación y transferencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, investigación, educación, capacitación, formación y diversificación, con la función de desarrollar sistemáticamente investigación tecnológica, asistencia en producción, administración, procesamiento y mercadeo, para un mejoramiento en el uso de los avances técnicos con base en desarrollo auto sostenible, teniendo en cuenta los patrones de uso y los conocimientos ancestrales de las comunidades. 16)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema nacional de Mercadeo y Fomento Agroindustrial para garantizar protección a la soberanía de la producción nacional de alimentos y evitar la competencia desleal o unilateral de productos agropecuarios, forestales o pesqueros

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extranjeros y mejorar los procesos, para evitar pérdidas y disminución en la producción. 17) El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema Nacional de crédito subsidiado rural dirigido a pequeños y medianos productores que serán beneficiados con créditos subsidiados hasta por un 70% del valor total del proyecto de desarrollo rural, en el marco de la economía solidaria. Se resaltará con mayor énfasis y con prioridad la participación de las organizaciones campesinas, indígenas y de afro descendientes en las instancias directivas de la comisión nacional de crédito rural, como organismo rector del sistema nacional de crédito subsidiado rural. 18) El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema de asistencia y seguridad social que se encargará de prestar a las comunidades rurales en forma gratuita, coordinada, sistemática y permanente, asistencia en salud, riesgos profesionales, pensión, educación, vivienda, empleo y recreación. 19) El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema Nacional de información para la agricultura y el medio rural que permita compilar la información necesaria para el desarrollo efectivo y sistemático de la política agraria a desarrollar, con base en registros, encuestas, indicadores y muéstreos, entre otros; así mismo, que permita adelantar procesos de comunicación entre las diferentes instituciones nacionales, departamentales y locales frente al tema agrario. 20)Sobre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) definidas como las áreas reformadas por los programas de redistribución de tierras de INCORA e INCODER y las áreas geográficas delimitadas y constituidas o ampliadas por INCODER, es de resaltar que su finalidad es fomentar la pequeña propiedad, la producción y las culturas campesinas, evitar o corregir los fenómenos de la inequitativa distribución de la propiedad rústica, redistribuir los beneficios de la inversión del Estado en infraestructura, crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía campesina y propiciar las condiciones para el adecuado uso del suelo y la defensa y preservación del ambiente y los ecosistemas. El desarrollo de las ZRC será coherente con la efectividad de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales del campesinado. 21)Con respecto a las comunidades indígenas del Guaviare, se requiere un tratamiento diferencial acorde a cada etnia, para que se les garantice los derechos mínimos fundamentales como salud, vivienda, educación, alimentación, agua potable y se defina y se respete sus territorios su cosmovisión y cultura. 22)No concebimos bajo ningún motivo ni circunstancias, ver como nuestros hermanos Nukak Maku, son exterminados por la decidía y abandono de los gobernantes e instituciones, tanto departamentales como municipales, haciendo caso omiso a los autos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y hoy los vemos desprotegidos a su suerte en el coliseo azul de San José del Guaviare, haciéndose más preocupante la situación cada día que pasa por la ignominia de nuestra clase dirigentes. Requerimos atención humanitaria urgente para nuestros hermanos Nukak y Jiw. 23) En el tema de la salud, instamos a los sindicatos departamentales de salud para socializar las dificultades que se presentan en este sector. La mayor


preocupación siendo el modelo de prestación de salud que se presenta, ya que introduce una reforma laboral que perjudica directamente a la población, porque no es un modelo que se haya socializado con las diferentes comunidades del departamento. 24) De igual forma se invitará al sindicato de educadores para tratar las dificultades en el sector educativo en relación con las necesidades de la población campesina. ASÍ MISMO SUGERIMOS UNA SALIDA POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO. Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión en la mesa, para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país, es el tema del conflicto social cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdos entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, actores afectados directa e indirectamente en el conflicto social y cocalero. Para enfrentar el conflicto cocalero, que tiene causas sociales y al cual el Estado, en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra, en los casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de insumo en la mesa de discusión entre el gobierno, la guerrilla y nosotros, las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión de políticas extranjeras. 2. Que al generarse el acuerdo entre las tres partes, se dé el cambio a la represión y la guerra, a través de un acuerdo político, social y económico, para que las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, se inviertan en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución del mencionado modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, el Estado colombiano gestione ante los afectados, recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica de la problemática.

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5. Que para evitar la presión colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el Estado propicie en el interior del país, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que acorde a las reformas sociales en el interior del país, y para evitar la presión colonizadora, el Estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía y la autonomía alimentaria. 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, aprecios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agroecológico y agro-forestal y demás profesiones que sean acordes con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones.

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11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia paz, el Estado garantice una apertura real democrática, para que los colombianos sin distinción podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la guerrilla y el gobierno, y para que estos arrojen un acuerdo que garantice el punto final a


este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercera silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto del acuerdo a que se llegue con el gobierno nacional o departamental, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena se les indulte. COMO ESTE PROCESO DEBE TENER UN ESTUDIO PRELIMINAR SUGERIMOS CÓMO DEBE SER PARA NOSOTROS LA CONSULTA PREVIA. La consulta previa debe ser un espacio de identificación de necesidades, dialogo, debate y construcción colectiva que vele por dar respuestas apropiadas y oportunas. La forma como debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta para que se incluya la mayor cantidad de población, campesinos, indígenas y, afro-descendientes, tanto los que viven en sus regiones de origen como aquellos que se encuentran en condición de desplazamiento; la implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas desde los aspectos de importancia para la población (conservación y prevención de los recursos, vial, agrario, etc.); posteriormente, que se realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las diferentes instancias responsables de los temas tratados (el Ministerio de Ambiente, Agricultura, Vías, etc.) además de "veedores" y transmisiones en vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de velar por la regularidad y transparencia del proceso.

Siendo entonces conocedores que frente a este conflicto hay causas sociales y escribiendo otro capítulo de orden regional, caso concreto el conflicto social y cocalero del Departamento del Guaviare, este sector del país al igual que casi todos los rincones de nuestra martirizada patria, se convirtieron en zonas de refugio de todos los desposeídos y consecuentemente en el principal reciclador de la miseria que se padece en las grandes ciudades y esa ha sido nuestra suerte desde hace 35 años en esta región. En 1996 se produjo el éxodo campesino y cocalero que involucró a varios departamentos, entre ellos nuestro Guaviare Allí nos movilizamos 60.000 personas, en su mayoría campesinos, estuvimos dos meses en esta protesta, presentamos un pliego unificado de propuestas para solucionar el problema de raíz. De las peticiones que incluimos en dicho petitorio, nunca recibimos una respuesta acertada a nuestras peticiones, por eso después de analizar concienzudamente esta situación presentamos el siguiente petitorio: Que por cada hectárea auto-erradicada por nosotros, nos reconocieran $8.500.000 de pesos, esto para reemplazar dichos cultivos por productos tradicional en concordancia

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con la vocación agrícola de la región y sus pobladores. Siguiendo con el petitorio incluimos ayuda para fomento ganadero tecnificado y semi-intensivo. Otro punto relacionado con el fomento cauchero, solicitamos la ayuda para estos cultivadores al igual que a los cacaoteros y quienes se encargaran del cultivo de los maderables, árboles frutales y la capacitación, gestión, orientación y aporte económica para la industria del turismo. En materia de malla vial solicitamos reparación y apertura de vías para todo el Departamento con el propósito de des-embotellar a toda la región y poder sacar los productos al mercado. En materia de salud y educación solicitamos la infraestructura necesaria y de calidad para atender las necesidades de la región, donde el campesino reciba una educación y una atención en salud a la altura de los habitantes del sector urbano y sin discriminación. Exigimos que en vez de que al conflicto cocalero, se le dé un tratamiento judicial, se le dé un tratamiento social. El petitorio, en su totalidad, contenía más de 40 puntos, entre ellos que los temas para solucionar este conflicto, deberían ser debatidos con igualdad de oportunidades, entre las comunidades objeto y el gobierno y no impuestas por los países ricos consumidores y que se acabara de una vez por todas las fumigaciones aéreas como forma de erradicación.

Cordialmente

L PINZÓN (CALAMAR)

TO COY ^

(TORCHA GANADERA)

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FRANKLIN MANUEL CUERO (LA PAZ)

HERNÁN MARROQUIN

(EL CAPRICHO)

ÍRLANDOCASTILLA

(RIO INIRIDA)


DIOSAELJ3U4fffiERO

RAMIRES

FERMÍN OVIEDO

JUAN RAMIRO ATEHORTUA

(EL RETORNO)

(GUACAMAYAS)

(GUAYABERO Y SUR DEL META)

(ASCATRAGUA)

PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ (SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO)

ALBEIRO PACHÓN AGROPECUARIO)

(ASESOR SECRETARIA DESARROLLO

EL GOBERNADOR Y LOS ALCALDES DEL LOS MUNICIPIOS DEL GUAVIARE.

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9) PONENCIA SOBRE LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013 FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Años 50s violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. Años 70s, re desplazamiento de las ciudades y del interior del País hacia las zonas de colonización, esto último ocasionado por los cordones de miseria que se viven en el interior del País y en las grandes ciudades. Con falta de opciones en estas regiones por parte del Estado, abandono y olvido en su mayoría solo encontramos la alternativa que nos brindaron los ingeniosos Gringos y Europeos, cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, han sido los grandes narcotraficantes, los industriales Nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Con base en eso rechazamos las políticas de guerra que vienen implementando el gobierno nacional para la terminación del conflicto social y cocalero y que se remplace por políticas de inversión social buscando una salida política y negociada con el CAMPESINADO, como compatriotas, campesinos arraigados a la tierra como elemento fundamental para la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado y ante su gobierno, la sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las familias campesinas del Guaviare y sur del Meta; por las razones anteriormente descritas, respetuosamente nos permitimos someter a su consideración las siguientes propuestas:

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Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en los procesos de sustitución, es necesario precisar que el gobierno debe cubrir los costos de erradicación manual voluntaria mediante contratos otorgados a los poseedores de la tierra mediante acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que los representan fijando garantías jurídicas y políticas que impidan el entorpecimiento de los procesos, nuestro departamento posee una gran particularidad, de 55.550 Km2 de su territorio solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva forestal de la amazonia, creada mediante la ley 2a de 1959; esta situación ha con llevado a que hoy se encuentre ocupado más de 600.000 hectáreas en reserva forestal con alrededor de 9.000 familias que ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, el mal estado de las vías y debilidad institucional han con llevado a fomentar los cultivos de hoja de coca en


estas apartadas regiones del departamento como solución a un medio de subsistencia de las comunidades.

Proponemos al gobierno nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012 en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de sustracción de la reserva Forestal y constituirla en Zona de Reserva Campesina, los procesos de titulación de predios, dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS.

De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos y Parques Nacionales, solicitamos que se defina una política de creación de territorio multiculturales y la legalización de los asentamientos campesinos dentro de parques naturales mediante planes de vida sostenibies que obedezcan a ecoturismo para estas familias, contando con el acompañamiento institucional de las entidades QUE COMPETAN CON LO RELACIONADO AL DESARRROLLO agropecuario. Para la implementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región. En términos generales se requiere de la voluntad decidida del gobierno central, para que permita la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a los campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de los derechos de los servicios del estado. La voluntad de contribuir la sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca, por parte de la comunidad, surge de la decisión de los campesinos de diversas regiones del Guaviare, a raíz de la zozobra que viven fos pequeños cultivadores y ante la visión de un país productivo y en paz, en el cual el Guaviare y el sur del Meta no pueden ser ajenos a esta clara intención y a la posibilidad de construir el país que soñamos; además que en nuestra impronta de Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta se genera una visión unificada de cambio y reorientación de la actividad económica, que implica en primera instancia el apoyo mediante programas de seguridad alimentaria y segundo lugar la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad del departamento. En el tema de seguridad alimentaria se requiere de maquinaria comunitaria por núcleos veredales para la transformación de productos agropecuarios como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche); procesadora de lácteos con centro de acopios, precios de sustentación comercialización y mercadeo es necesario además el apoyo con piscicultura, pie de cría de cerdos con ganadería

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semiestaulada y Asistencia técnica en todo lo relacionado con el agro. Sistema ganadero sostenible doble propósito, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio y a la vocación del pequeño productor agropecuario.

Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de yuca, plátano maíz, cacao, maderables, turismo de acuerdo a la unidad Requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto, Complementarlo al tema productivo, se requiere fortalecer los procesos agroindustriales como planta regional de sacrificio animal, planta de transformación de caucho y cacao. Es imprescindible también en este mismo sentido, que frente a la marginalidad por la presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemeníe una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan mediante convocatorias nacionales, convirtiendo al Guaviare por su características particulares en un piloto ejemplo de la Orinoco amazonia. Es fundamental de igual manera en el área ambiental generar opciones para la vinculación a programas del orden internacional y nacional de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques atravesó de las organizaciones que representen los campesinos de cada una de las veredas. En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del estado, mientras se inicia la implementación de estos proyectos, se propone la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos; en este sentido sugerimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se inviertan en desarrollo alternativo. Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos.

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Como garantía del proceso, se propone la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas, veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno nacional. Esta propuesta busca que conjuntamente entre el estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, mediante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación y salud, ¡a oferta de una adecuada infraestructura vial y el servicio de expansión eléctrica


En este punto dada la afectación del producido y la riqueza Nacional, rechazamos la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos TLC y con cualquier otro país, exigimos respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la soberanía y dignidad de la nación.

las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedieníes del Guaviare, respaldamos de forma categórica y decidida el proceso de paz emprendido en buena hora por su gobierno, por estos motivos le hacemos llegar lo que debe ser para nosotros el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral, concebimos el desarrollo rural integral como el desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territorios y contenidas en los siguientes 13 puntos:

1. Exigimos promover la participación permanente y de las comunidades en el diseño, gestión y Evaluación de la política agraria integral. 2. Exigimos Promover el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural. 3. Exigimos crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad. 4. Exigimos realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada previniendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes, con el fin de aplicar sobre estos una equitativa distribución particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas ecológicas protegidas. 5. Exigimos proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria y generar independencia del mercado internacional, incrementando la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla. 6. Exigimos promover el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

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7. Exigimos recuperar para el país plena y sustentablemente la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. 8. Exigimos generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agropecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a los avances tecnológicos. 9. Exigimos establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña Agroindustria. 10. Exigimos defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedíentes. 11. Exigimos Aportar a la construcción de una paz duradera, con justicia social y al bienestar de la sociedad. 12. Exigimos proteger el medio ambiente y los recursos naturales desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto. 13. Exigimos armonizar las relaciones entre el campo y la ciudad y entre las regiones.

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ASI MISMO SUGERIMOS COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO. Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión a la mesa - para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directos e indirectamente en el conflicto social y cocalero. Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a ¡os años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de re desplazamiento de las ciudades y del interior dei país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades. Frente a esta situación de abandono" y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industriales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los Involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de


insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera. 2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución gradual del mencionado modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto y las asociaciones campesinas del sector. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto. 5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo asi defenderemos la soberanía alimentaria. 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se des embotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás

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profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud pública preventiva pero no privatizada. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas los campesinos colombianos. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicíalizadas o condenadas, sus investigaciones sean prelucidas o en caso de condena se les indulte. 15. Las comunidades del departamento del Guaviare y sur del meta nos comprometemos al cuidado de los ecosistemas y medio ambiente, no tumba, no quema, no desforestación protegiendo el planeta para las nuevas generaciones por ello es necesario del apoyo decisivo del estado, de igual forma nos comprometemos con la sustitución gradual de cultivos ilícitos siempre y cuando se le dé una salida política y social no represiva ni militar al problema de cultivos producción, comercialización y consumo de los estupefacientes involucrando las potencias consumidoras afectadas por este flagelo, mejorando la calidad de vida del campesino de estas tierras, el cumplimiento de estas propuestas sería una buena manera de empezar a construir la paz, dándole una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

Cordíalmente

CAMPESINOS INDIGENASY AFRODECENDIENTES DEL GUAVIARE, Y SUR DEL META

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® SOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO BE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC EN REPRESENTACIÓN DE LOS CAMPESINOS, COLONOS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS, INVOLUCRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS SEPTIEMBRE 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE ANTECEDENTES HISTÓRICOS Los narcóticos y alucinógenos, incluyendo el derivado de la planta de Coca, han sido utilizados como tóxico mental y psicológico por una considerable parte de la humanidad, distractivo de los grandes problemas de pobreza y miseria que padecemos millones de seres humanos y en el caso de quienes ostentan el poder económico y político, usan estos tóxicos en medio de su propia descomposición social. En cuanto a] problema número uno en Colombia: las plantaciones de coca, cabe anotar que esta planta era y continúa siendo parte del ritual indígena y afro descendiente y que frieron los ingeniosos laboratoristas, Europeos y de los Estados Unidos, quienes descubrieron la fórmula para narcotizar al mundo y de paso explotar el gran negocio del tráfico de drogas, precursores químicos, dólares, Euros, armas, etc. Hay que empezar por destacar con profundidad el diagnostico real, histórico y actual del modelo económico capitalista y neoliberal, principalmente Agrario existente en nuestro país, que fue Ja causa fundamental que generó el otro modelo complementario, basado en los cultivos de COCA MARIHUANA Y AMAPOLA.

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El viacrucis de los Campesinos e Indígenas, comienza en la segunda mitad del siglo 20, cuando desde las altas esferas del estado, decidieron desencadenar la denominada violencia de los años 50s y al cabo de los primeros 12 años, los resultados, no se hicieron esperar. En aquel entonces, de cada 10 colombianos, 7 vivían en el Campo y 3 en poblados y Ciudades, los campesinos que en su mayoría éramos propietarios de la tierra que nos serbia de medio de subsistencia, fuimos víctimas de la brutal guerra de exterminio, adelantada por las bandas de pájaros, hoy conocidos como paramilitares en contubernio con la policía estatal, conocida como Chulavita, ambos al servicio del gran latifundio y terratenientes que fueron los protagonistas del genocidio en contra de más 300.000 colombianos. Estos sectores que han hecho parte de la historia nefasta del país, fueron los verdaderos beneficiados con esta violencia, ya que lograron, mediante el despojo, quedarse con la inmensa mayoría de las mejores y centrales tierras de esta martirizada nación y los desarraigados campesinos, condenados a vagar sin rumbo por nuestro país y otros cientos de miles por el resto del Planeta. En este episodio de la histona de Colombia, es donde empezamos a encontrar las verdaderas causas, que cientos de miles de colombianos, nos hayamos visto precisados a construir un modelo económico anexo al ya existente, basado en los cultivos de coca


marihuana y amapola, obviamente empleando para ello las regiones de colonización, a donde hemos tenido que desplazarnos de los campos y ciudades del interior del país, por motivo del desempleo, la guerra de exterminio y demás causas que generan el despojo y el verdadero estado de crisis humanitaria. Como es de conocimiento del estado gobernante y de la opinión pública Nacional e Internacional, las victimas de estas circunstancias vivimos hace 4 décadas señalados y condenados por tres presuntos pecados capitales: El primero, porque supuestamente invadimos la Amazonia colombiana y demás reservas forestales de la geografía patria; el segundo, porque supuestamente estamos envenenando a la humanidad con el tipo de materia prima que producimos; y tercero, porque nos sindican de ser auxiliadores de la guerrilla. Los acusadores del primer pecado son los grupos ecologistas y ambientalistas, Nacionales e internacionales que defienden a ultranza el ecosistema sin el mayor análisis socio económico de las verdaderas causas que han motivado las migraciones internas y el desplazamiento masivo desde el interior de nuestra geografía a estas tierras inhóspitas y en consecuencia nos decretan la desocupación total de estos territorios. El segundo pecado nos lo achacan los países consumidores de los narcóticos y alucinógenos, encabezados por los EEUU. Que además son los verdaderos dueños de la economía mundial e indirectamente, de la mayor parte de las utilidades del narcotráfico; estos por su parte considerándonos el patio trasero de su casa, nos han impuesto la política de guerra contra las drogas con un marcado énfasis en la reducción de la oferta, aprovechando las débiles posiciones de nuestros gobernantes de turno. Y el tercer pecado: nos lo achacan por igual la injerencia militar gringa y la política de guerra que nos impone el Estado colombianos, al acusarnos de auxiliadores de la guerrilla. MODELO ECONÓMICO EN LAS REGIONES INVOLUCRADAS CON LOS CULTIVOS CALIFICADOS POR LAS LEYES, COMO ILÍCITOS. El estado, a través de sus gobernantes, en compañía de los países que más se benefician con el narcotráfico y otros: producción y venta de insumos químicos, producción y venta de armas, tráfico de dólares etc., han pretendido en toda su historia, encasillarnos en el discurso simplista, que el problema principal, frente a este fenómeno, está determinado por el cultivo y existencia de estas 3 plantas, pretendiendo que nos olvidemos que esto se convirtió desde hace cerca de 40 años en una parte significativa del modelo económico que rige a nuestro País y que indirectamente fortalece las finanzas de las multinacionales De otra parte, la hábil propaganda de los antes mencionados, nos ha logrado confundir y pretenden que nos olvidemos que alrededor de cada una de estas plantas circula un componente social y económico, que en su mayoría subsiste en condiciones de pobreza absoluta en esas regiones: pequeños comerciantes, artesanos, transportadores fluviales y terrestres, trabajadores al servicio del estado, que desempeñan labores de educación, salud etc., pues si en estas regiones no existieran pequeños y medianos cultivadores de coca,

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marihuana o amapola, igualmente, no existirían estos pequeños o medianos vendedores y prestadores de servicios. El hecho más protuberante, en todo este análisis, lo constituyen, los Municipios ubicados en estas zonas, ya que sí el mayor porcentaje, lo determinan los resultados económicos arrojados por estas plantaciones, quiere decir que los impuestos de ley, tanto municipales, Departamentales y Nacionales, que el Estado le cobra a los contribuyentes, también se derivan de esta economía. Esto es lo que calificamos, primero, como el modelo económico anexo, que por fuerza mayor, ha sido construido en estas regiones y los gobiernos de turno, lo han avalado con su presencia institucional y segundo, constituye la doble moral del establecimiento gobernante: pues por un lado cómbate con métodos de guerra este modelo de subsistencia y por otro lado fortalece las arcas del erario público con los recaudos provenientes de este. No podíamos terminar este capítulo introductoria, sin mencionar a los verdaderos beneficiados de este modelo económico anexo, que se mueven por EUROPA Y NORTE AMERICA, incluyendo desde luego, a los grupos industriales, financieros y colateralmente los grupos políticos corruptos de nuestro País, o se nos olvida que la inmensa mayoría de los productos procesados, que consumimos, son elaborados en los países ricos y en las principales ciudades de nuestra nación y que además las élites se han beneficiado a través de la llamada narco-política. En cuanto a la industria bancaria Nacional, se les olvida y para lo cual citaremos un ejemplo: en 2005, escuchábamos en los noticieros, que habían ingresado a sus arcas, 3114 millones de dólares, que no eran propiamente del producto bruto interno, ni estaban justificados en las exportaciones, ni hacían parte de los giros enviados por los colombianos que viven en el extranjero y el presidente Uribe en ese entonces, no sintió vergüenza, al incluir esta cifra en Dólares al llamado "crecimiento económico de la nación. Hechos como este son cotidianos, el ingreso de capitales monetarios, no sustentados en productos o transacciones legales, por eso la existencia de lavaderos de grandes capitales monetarios.

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No podíamos dejar a un lado, en la composición de este modelo Económico y Social anexo, un sector Estatal, que también vive indirectamente de la existencia de estas plantas vegetales, tan codiciadas y tan perseguidas, que se desempeñan como cuerpo represivo al servicio de los intereses más oscuros del plan Colombia impuesto por los EE UU; como lo es el consejo nacional de estupefacientes, la policía antinarcóticos, parte de las fuerzas militares, parte de la administración de justicia etc. Ellos también cuentan en este susodicho modelo". La pregunta, obligada que nos haríamos, es, ¿qué va hacer el estado para garantizarle empleo a este cuerpo represivo, en una eventual solución política, social, económica y ambiental a este conflicto social endémico que padece el país. Nuestro país que sigue siendo primario en todas la ramas de la producción, en este caso no podía ser la excepción: un sector de los campesinos y grupos étnicos, cultivamos coca, Marihuana y Amapola, le hacemos el tratamiento primario y se la entregamos por un precio, en su mayoría por debajo del costo de producción a las grandes multinacionales del narcotráfico, que en su mayoría son extranjeros, para que estos se queden con el 90% de las utilidades del negocio en sus respectivos países consumidores.


A pesar que en el supuesto reparto de utilidades, a los campesinos, no nos quedan, sino las deudas, la estigrnatización, la mala fama y el peso injusto de la justicia, soportamos todos estos riesgos porque preferimos morir víctimas de la represión o por la inclemencia del trópico y las enfermedades, antes que ver morir a nuestros hijos de hambre en los andenes de las principales ciudades del país. A partir de 2002 con la asunción al poder del Presidente Uribe que se caracterizó por la extrema sumisión a las imposiciones gringas, reforzó el plan de guerra con 2 objetivos, uno acabar de una vez por todas con la insurgencia revolucionaria y dos, acabar con este modelo económico anexo, basado en los plantíos de Coca, marihuana y amapola. Recordemos que según el Doctor, Fernando Londoño, quien fuera Ministro del Interior y de Justicia en el primer Gobierno de Uribe, señaló públicamente, que para cumplir estos dos propósitos solo necesitaban 18 meses, porque según él era un problema de decisión política. En ese momento este gobierno, desencadenó la guerra más brutal de los últimos tiempos, que ocasionó un ingrediente adicional; que con el supuesto propósito de acabar con la guerrilla y las mencionadas plantaciones, lo que se ha desarrollado en los últimos 10 años, es el desplazamiento de más de 2.000.000 de Campesinos, Indígenas y Afros, como quien dice, para que el pez muera hay que quitarle el agua y para pretender acabar por la fuerza estos 2 factores hay que acabar con los habitantes del campo. Sí antes del 2002, a cada arremetida de los gobiernos de tumo y los paramilitares, en las regiones involucradas en este modelo económico anexo, nos profundizábamos más en las selvas de nuestra geografía patria, a partir de ese año se modificó la historia, ha sido tan brutal los métodos represivos que miles de familias se tuvieron que desplazar forzadamente a sus antiguas regiones de origen y si bien no pudieron regresar a estos territorios para continuar subsistiendo de esta economía, sí replicaron ese modelo en sus regiones y más que la pretensión de erradicar totalmente las plantaciones cocaleras, lo que se produjo fue el desplazamiento de estos cultivos a 23 departamentos, lo que demuestra que la famosa política antidrogas, acompañada de la mentalidad guerrerista de los gobiernos que se alternan el poder en nuestro país, se convierte como siempre, en otro de sus acostumbrados fracasos. La política, centrada en la aplicación de la guerra química impuesta por las compañías antinarcóticos operan desde 1980 y las fumigaciones aéreas, años más tarde, puede calcularse que las plantaciones y producción desde esa época hasta la presente, se han multiplicado por diez y hasta ahora los únicos efectos conocidos, somos, los campesinos, indígenas, afro descendientes y el resto de población marginada que subsiste directa o indirectamente de esta economía. Analizando el párrafo anterior, cualquiera podría concluir que lograron disminuir las plantaciones de coca en el País, pero no olvidemos que estos cosecheros temporales, más el resto de población desplazada, en los más de 30 años de trabajar en esa actividad, aprendieron a cultivarla, procesarla en su parte básica y a comercializarla, que es lo que buena parte están haciendo en pequeña escala en sus propias regiones de origen.

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Otro acontecimiento que demuestra que ni los gringos ni los gobernantes de nuestro país, pueden cantar victoria, ya que los más cercanos simpatizantes del gobierno, que indiscutiblemente son los paramilitares, que con sus propios métodos han contribuido al desplazamiento del campesinado, estos lo han repoblado con sus amigos y su gente y con mayor libertad han continuado con esta economía. Frente a este panorama de represión y estigmatización en los últimos tiempos se han experimentado hechos nuevos. Históricamente los sectores involucrados directa o indirectamente en este modelo económico anexo, conocedores de la brutal represión del Estado, a través de su fuerza pública y de la administración de justicia, difícilmente se ha declarado confeso integrante de esta economía, pero la realidad es tozuda y los campesinos que por desgracia subsisten de Jas pequeñas plantaciones de coca, han dejado el tabú y el miedo a un lado y en forma unificada, los pobladores de estas regiones, se han enfrentado con valor a la tiranía militar, para defender sus plantíos de coca, aduciendo abiertamente que este es el sustento de su familia. Por eso ya es hora de que los campesinos cultivadores de coca y aun los sectores marginados, que vivimos indirectamente de esta economía, enfrentemos organizadamente al estadOj no como lo hicimos antes, mimetizándonos en sindicatos agrarios, asociaciones campesinas o juntas comunales, sino de manera directa, como lo que somos en el país; 60 mil familias cultivadoras de coca en pequeña escala, además del círculo social campesino, que nos movemos alrededor. Visto este panorama que identifica una verdadera caracterización de este modelo social y económico anexo, al ordenamiento social, económico y político de nuestro país, nos invita a hacer un verdadero enfoque político, que nos permita enfrentar de manera ventajosa y sin tabú al Estado. En el contexto gubernamental de la guerra antidroga, impuesta por los EEUU, en un eventual diálogo, siempre nos verán como delincuentes y por esa razón, debemos reflexionar en los siguientes puntos: Quiero motivar este primer punto con lo siguiente: La insurgencia y el resto de colombianos que luchamos por una Paz verdadera, siempre reclamamos durante 50 años, que se reconociera que en nuestro País existe un conflicto armado y por fin el estado tuvo que reconocerlo.

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1- Poner como consigna centra, que frente a este panorama expuesto, se reconozca que lo que existe en nuestro país, es un (CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO, DESDE HACE CASI 40 AÑOS) incluyendo las economías derivadas de la marihuana y amapola. Solo así se nos daría Ja condición y el status para negociar de tú a tú, de lo contrario nos verán como un problema delincuencial, y no como lo que es: un problema social. 2- Que al ser reconocida la existencia del conflicto social y cocalero, se nos permita organizamos legalmente en asociación Nacional de cultivadores de coca en pequeña escala en condiciones de subsistencia para usos industriales. Teniendo en cuenta que hasta el momento a la planta de coca se le han descubierto más de 50 derivados para beneficio del ser humano, se contemple la posibilidad de industrializarla, siguiendo


el ejemplo de Bolivia y Perú. En un eventual proceso serio de negociaciones, se debe proponer que uno de los puntos que se aborde, sea la suspensión de la política antidroga impuesta por los EEUU. Y que en cambio de ello se pacte, si se quiere con veeduría internacional, con las comunidades objeto, el control social en desarrollo de una nueva visión económica y social de este modelo agro-industrial con fines benéfico.

PROPUESTA PARA LA COMPLEMENTACION DE ESTE PLAN DE SOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A ESTE CONFLICTO Son incontables los miles de millones de pesos que, a lo largo de las tres décadas más represivas, se han gastado con el propósito de combatir los cultivos referidos y a quienes directa o indirectamente estamos involucrados: según informes por nosotros conocidos fumigar una hectárea costaba hasta el año 2000, US 5.000 dólares y los nuevos rumores de costos hora vuelo de esos siniestros aparatos: Helicópteros y Aviones de fumigación, promedian los US 8.000 Dólares la hora. ¿Cuánto cuesta la infraestructura material y humana dedicada a la política antidroga? ¿Cuántos miles de millones de dólares suman los costos en material bélico y venenos enviados por los gobiernos de los países consumidores, encabezados por los EE.UU. En el marco de la aplicación del plan Colombia y demás convenios impuestos por los Gringos? Estamos convencidos que esos recursos dedicados hoy a la represión, inchryendo las ayudas internacionales, colocados en un fondo integral, alcanzarían para financiar el eventual acuerdo para solucionar el mencionado conflicto y nosotros los habitantes de estas regiones, atreves de nuestras organizaciones legalmente constituidas, entre ellas la asociación de productores de coca con fines de subsistencia, nos convertiríamos en coadministradores del susodicho acuerdo, agregándole a este el plan de recuperación del ecosistema deforestado, con el propósito de mejorar el ambiente. ¡PROPUESTA DE DOCE PUNTOS PARA LA SOLUCIÓN A ESTE CONFLICTO! 1. Que la política antidrogas, hasta el momento del acuerdo, aplicada a las gentes del campo, acompañada de la solución al conflicto cocalero, sea producto de la discusión y concertación entre la comunidad involucrada, directa e indirectamente y estado gobernante, y que no obedezca a imposiciones extranjeras.

REFORMA DE ESTRUCTURAS SOCIALES EN EL INFERIOR DEL PAÍS 2

Que para evitar la presión colonizadora de numerosas familias que, víctimas de la violencia o el desempleo, migran hacia estas regiones; dentro del gran paquete de concertación, se haga de una vez por todas una verdadera revolución Agraria con justicia social, que frene para siempre la concentración de centenares de miles de hectáreas en pocas manos, desgraciadamente convertidas en propiedades ociosas o dedicadas a la ganadería extensiva, incluyendo las 10 millones de hectáreas

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producto del despojo en los últimos 20 años. REFORMA URBANA para resolver en forma definitiva los problemas de vivienda en las grandes ciudades, que haya una verdadera reforma urbana en favor de los destechados. Que haya una real política de empleo con salarios dignos y que en términos generales haya una transformación social y económica en beneficio del pueblo trabajador, distinta a la actual, que como es conocido, sigue las nefastas fórmulas del neoliberalismo, a lo que se suma la fórmula del TLC. 4. Sólo con este tipo de transformación social y económica, en el interior del país evitamos la cotidiana presión colonizadora que estimula el aumento de los sembradíos de materia prima para las drogas mencionadas. Es imposible desarrollar un plan de recuperación socio-económica, política y ecológica en lo que hoy constituyen las reservas verdes naturales de la geografía patria, si continúan estas zonas convertidas en recicladero de la crisis social y económica que viven los desposeídos en el interior deípaís. RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CAMBIO

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5. Que en lo relacionado con los recursos que deban canalizarse, a partir del referido acuerdo para transformar este Modelo económico anexo, el Estado elabore los planes de acción en concertación con las comunidades organizadas, incluyendo las asociaciones de pequeños cultivadores de coca y los sectores marginados involucrados indirectamente en el referido conflicto. a) Que el estado cree un fondo para tal fin y le inyecte los recursos posibles y necesarios, incluyendo lo que hoy constituyen los costos operativos de la aspersión aérea, más las rnultirnillonarias sumas de dinero que cuesta el sostenimiento de la infraestructura militar y de Justicia, dedicada a Teprimir este modelo económico anexo. P) Que las ofensivas diplomáticas, que a lo largo de más de dos décadas ha realizado el Estado para conseguir recursos para la fracasada guerra antidrogas, hoy las canalice para fortalecer el referido fondo. %) Que tanto la comunidad objeto como el Estado le presenten una propuesta ecológica a la comunidad internacional, consistente en 100 dólares, anuales por hectárea de bosque natural conservado en el país incluyendo el amazónico, destinados a la administración, cultivo y recuperación del bosque natural y el conjunto de la biodiversidad, con el esíogan: "Producción de oxígeno puro, agua dulce Y germoplasma"

DOS POLOS DE DESARROLLO PARA LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA


5, Como es conocido por la opinión pública y el estado gobernante, marginales del país se dividen en 3: 1 2 3

las regiones

frontera agrícola reserva forestal Parque natural

7. La propuesta en cuanto a las dos primeras, que para conocimiento del país están colonizadas casi por igual, es que la inversión estatal sea equitativa sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la Reserva forestal, dicho polo debe ir dirigido a la agro-forestación, reforestación, sostenimiento de las parcelas de auto consumo y entre otros programas, el turismo ecológico para los campesinos, Indígenas y Afro-Colombianos, radicados en dichas reservas. Para la frontera agrícola donde ha sido sustraída la reserva forestal, el polo de desarrollo debe dirigirse a fomentar la agricultura sostenible, la agro-industria, la ganadería en pequeña y mediana escala agro-tecnificada acompañado de talleres industriales como complemento de las necesidades básicas del desarrollo de las regiones. Para los parques naturales, la elaboración de im plan de conservación y desarrollo eco turístico, con el propósito de fomentar la cultura de convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente. NO SUSTRACCIÓN DE LA RESERVA, SI AFECTACIÓN DEL GRAN LATIFUNDIO 8. Una de las opciones vistas con un criterio inmediatista, que en muchas luchas se ha planteado, es la ampliación de la frontera agrícola, esto es, levantar más reserva forestal con el propósito de obtener una escritura pública; pero si así continuamos, sustraeríamos toda la reserva del país y la historia, se repetiría para los sin tierra, por ende los grandes latifundistas y terratenientes, sería los únicos beneficiados. La propuesta de la referencia es como sigue, la redistribución de los millones de hectáreas que poseen los grandes acaparadores de la tierra en el interior del país, reforesíación y agro-forestación en la reserva forestal en los términos planteados en el punto anterior.

APERTURA Y GARANTÍA DE MERCADEO 9. Que, complementario al desarrollo productivo, principalmente aquel que genera excedente, se garantice la distribución y el mercadeo a precios de sustentación para los productos promisorios amazónicos y para los frutos de la agro-industria y agricultura tradicional. INFRAESTRUCTURA DE MEDIOS DE TRANSPORTE. 10. En materia de infraestructura de vías, el estado debe construir y garantizar una malla vial tanto primaria como secundaria; así mismo, teniendo como base la riqueza fluvial,

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debe ampliar la red de puertos y realizar el mantenimiento de caños y ríos destinados al transporte. En materia de transporte aéreo, la ampliación y construcción de aeropuertos funcionales para aviones principalmente de carga para la evacuación de productos perecederos. Complementario a lo anterior, se debe aprovechar la planicie colombiana para desarrollar una verdadera infraestructura ferroviaria, ya que esta abarata costos y afecta en menor grado el sistema ambiental. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EDUCATIVA 11. EN INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EDUCATIVA, además de mejorar la educación convencional que en el sector rural - apenas se cubre deficientemente el 5 o de primaria y en algunas cabeceras municipales llega hasta el grado 11°.- los acuerdos para superar el referido conflicto exige la implementación presencial en la región objeto de universidades dedicadas a la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en carreras relacionadas con el agro y el ecosistema, fundamentalmente individuos con asiento en la región y con sentido de pertenencia ya que los citadinos difícilmente se adaptan al sector rural y a la selva, el plan general de educación en el marco de este gran acuerdo debe ir complementado con la étno educación. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EN SALUD 12. En materia de salud, un buen acuerdo que se coloque a la altura de las necesidades, exige que se construya una verdadera red hospitalaria en las regiones objeto, dotada de persona! especializado y material científico acorde con las patologías del trópico; que a su vez el estado promocione y garantice que nuestros jóvenes nacidos o al menos criados en la región y que tienen sentido de pertenencia, se capaciten y profesionalicen en carreras dedicadas a la medicina, contando con universidades presenciales en las regiones objeto, con el propósito de beneficiar con su sabiduría en salubridad, a sus propias comunidades de origen. APERTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA 13. Para transitar camino a una Paz con verdad y justicia, el estado debe desactivar las bandas paramilitares, hoy denominados por este, como bandas criminales, dedicadas a las masacres y asesinatos selectivos; no podemos olvidar que estas acciones las hacen extrañamente dizque para apoyar al mismo estado y las fuerzas armadas calificando de guerrilleros al conjunto de la población civil que por coincidencia se mueve en la misma geografía donde tiene asiento la guerrilla. ^

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Para complementar el necesario paso de la guerra sucia a la limpia paz, el estado, debe abrir canales de democracia real para las minorías políticas y étnicas sin que se aplique la tenaza de la corrupción que mediante la danza de los millones en buena parte mal habidos, colocan Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados, Congresistas y hasta presidente de la república, etc. Y Para completar el engranaje de la maquinaria gubernamental de servidores públicos, los recomiendan para que los nombren no sin antes condicionarlos económica y políticamente, convirtiendo cualquier asomo de democracia en un foco de corrupción y politiquería.


Con estos trece puntos que los podemos denominar premisas, ya que son de carácter general, estamos convencidos, que si hay voluntad del estado, más el apoyo de la comunidad internacional, en el sano propósito de buscar una solución pacífica al conflicto referido, podríamos sentar las bases para el cambio de este modelo económico y asi volver a nuestra antigua cultura andina de la producción y el desarrollo agropecuario, en el marco de las sanas costumbres.

ATENTAMENTE:

COMUNIDADES CAMPESINAS AFRODECENDIENTES HE INDÍGENAS DE COLOMBIA

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REDACCIÓN DE LA PROPUESTA Redacte su propuesta en el siguiente espacio. Tenga en cuenta que ésta no debe exceder los 3.200 caracteres (incluyendo los espacios), equivalentes a 500 palabras.

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. L

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, asi como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al pais y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados extemos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo". El neoltberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

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M a r c h o Patriótica,

Las exorbitantes ganancias provenientes det mercado de drogas -calculadas por la Oficina de tas Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de ia ganancia. En este caso, por la vía de mejores precios en mercados ilegales, así como la de la liberalización de capitales, con la que se ha permitido ia entrada y salida de ios mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y el microtráfico del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"^. El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en ia producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, apertura económica, pobreza y falta de garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto haya significado mejoras en sus condiciones de vida, Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea en su conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactívas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómeno y de los propios consumidores en centros urbanos, La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, asi como su utilidad en campos como los medicinales, el alimentario, las fibras, entre otros.

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Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la ¡dea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3. 1

Suárez-Salazar, Luís. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA

SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 2 Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Poro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. 5 "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdadablerta.com/comDonent/content/article/lS4-captura-de-rentaspubllcas/4719-poco-campesinos-procesan-coca-hov-en-coiombla-unodc/


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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no son sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, están integrados en los sectores dominantes, han sido factor determinante en fa configuración del régimen político vigente. La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizadas como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos por las aspersiones y la criminalización al campesino cultivador, e incluso, la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Así, esta compleja problemática requiere de un abordaje integral que ponga en el centro la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del mercado de las sustancias sicoactivas, y sus efectos sociales, económicos, ambientales y políticos. II.

FRENTE AL CULTIVO, SOLUCÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL AL CONFLICTO COCALERO.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de tumo, a través de la movilización social han planteado propuestas concretas como posibles soluciones al Conflicto Social derivado del cultivo de coca marihuana y amapola, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década estas acciones y propuestas, han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera. Con la denominación oficial de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, como "Cultivos ilícitos" se confinan y desconocen los usos tradicionales medicinales y culturales, igualmente se desconocen los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. En dichas zonas se desarrolla una territorialidad promovida por campesinos, indígenas y afrodescendientes que han implementado propuestas de sustitución a sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y la vocación de uso que responden a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias comunidades. A esto, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha respondido con una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo. *UNODC,2013

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Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se han impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertacion, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y politico que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad donde la participación y las decisiones se tomen desde las comunidades.

Características de una propuesta de solución social establecida de modo gradual, concertado, estructural y ambiental Dentro de un nuevo modelo de desarrollo rural alternativo las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas debe conllevar la decisión de sustituir o no los cultivos, los procedimientos, las valoraciones históricas, los tiempos y el accionar. Esto en el marco de un enfoque de derechos que proteja a las familias productoras. En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la solución gradual debe plasmarse en el marco de Planes de Desarrollo Sostenibles o Planes de Vida Comunitarios, que correspondan a una concertacion con los productores desde una visión histórica y ancestral, con una determinación de los montos de los subsidios, los tipos de cultivo, la formulación de sistemas productivos de los mismos, la infraestructura y el tipo de cualificación para elevar el capital social, son necesarios para avanzar en la sustitución. De otra parte la propuesta también indica que se puede sustituir el uso que se le da al producto, en ese sentido se debe concertar también que tipo de procesos, transformación, otros usos como la alimentación, medicina y cosméticos y desde luego el sistema productivo. Con el apoyo técnico, tecnológico e investigativo que permita avanzar en una propuesta, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

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1. Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud % ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Énfasis en lo voluntario. 2. Cese total de la erradicación manual. 3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. 4. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 5. Programas de promoción de sistemas productivos con énfasis en cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de


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comercialización justa para las comunidades agrarias. 6. Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Igualmente, Que el inventario de tierra producto de la extinción y expropiación a narcotraficantes sean en prioridad para crear Zonas de Reserva Campesina, territorios colectivos y resguardos indígenas. 7. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. 8. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades. 9. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su Uso, tradiciones y costumbres. 10. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma 11. Priorización de protección de las Zonas de reserva forestal, parques nacionales y áreas protegidas. Bajo lineamientos de impulso de agroforestacion y la reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.

III.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judiciaiización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

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Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción. Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

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Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado. 2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalizacion o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.


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Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, así como de la dinámica de violencia que ha padecido el pais. Las complejas redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilítarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financíador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. As! ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ¡legales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilítarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del compiejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus fmanciadores en negocios legales e ilegales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotrafícantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y tos privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto,

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resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, asi como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo. Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente deJ narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias via especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por si perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por e! ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico.

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Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión dei mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente ai lavado de activos ha hecho que incluso ef Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado,


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4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de (as bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de fa comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a ia cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital Importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva.

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Registro para el envío de la propuesta Información del individuo u organización: Organización: CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS Subtema seleccionado: programas de sustitución de cultivos uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. Departamento: Bogotá Ciudad: Bogotá D.C. Sector: organización de la sociedad civil, ONG. Propuesta: La erradicación de cultivos ilícitos y minas

Dentro del marco del Foro sobre la solución al problema de las drogas ¡lícitas convocado por el PNUD y la Universidad Nacional - Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) quiere poner a consideración algunos aspectos importantes relacionados con la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario DIH que vienen sucediendo en Colombia. Estos aspectos hacen parte del constante llamado de la CCCM al Gobierno Nacional a no violar el artículo 5.2 de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

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El artículo 5 literal 2 indica: ...Cada Estado parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. El Estado colombiano viola la Convención al contratar campesinos para que erradiquen campos de coca de manera manual en zonas en las que existe riesgo inminente de accidentes por minas tal como lo comprueban los 326 colombianos civiles mutilados o muertos mientras erradicaban coca en los últimos seis años. La Campaña Internacional contra las Minas (ICBL) por sus siglas en inglés, al igual que la Campaña Colombiana Contra Minas CCCM, han recomendado al gobierno colombiano, sin éxito hasta ahora: no utilizar civiles para la erradicación manual forzosa de cultivos de uso ilícito.


La CCCM siempre ha mostrado ejemplos relevantes para exponer la magnitud que presenta el uso de campesinos como erradicadores manuales. En dicho informe hace referencia a un grupo de treinta erradicadores manuales de cultivos ilícitos contratados por Acción Social en Octubre de 2010. Estos "se disponían a desenterrar una hectárea sembrada con matas de coca en la vereda Las Mercedes del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, cuando doce de ellos fueron afectados por minas antipersonales cargadas con pentolita, metralla y materia fecal1. Uno de ellos murió, el joven Julián Acosta, padre de dos hijos de nueve y once años de edad, y varios sufrieron traumas de tórax y abdominales, heridas en la cara, brazos y extremidades, y serias infecciones. El señor Robert Paternina, víctima de este accidente, permaneció hasta el 25 de Octubre de 2010 en cuidados intensivos"2 También se ha informado por medio de datos y estadísticas la preocupante situación de los accidentes a causa de minas en el proceso de erradicación de los cultivos. En el informe se indica la preocupación al "observar que la erradicación manual de cultivos ilícitos ha dejado cientos de víctimas civiles, militares y agentes policiales a lo largo y ancho del país. Desde 2005, año en que empezó la erradicación masiva, hasta marzo de 2009, al menos 160 miembros de estos grupos han sufrido accidentes con minas antipersonal, según cifras oficiales"3. Según el PAICMA, "de las 496 víctimas civiles de minas registradas entre 2008 y 2009,128 eran erradicadores manuales de coca, procedentes de 12 municipios. En 6 de ellos, los municipios de Puerto Asís y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, los Municipios de Taraza y Anorí en el departamento de Antioquia, el municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba y el municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander, registraron entre el 75% y el 100% de las víctimas adultas civiles"4. Esta es, sin duda, "la actividad laboral más común entre las víctimas de minas"5 para el período 2008-2009. Finalmente en la investigación a modo de reforzar lo ya mencionado, se informa que en "el año 2010 el número de erradicadores manuales ascendió a 3000, distribuidos en 132 Grupos Móviles. A septiembre 30 de 2011 por parte del PAICMA se registraron 415 víctimas de las cuales 145 son civiles, (35%) entre ellas, se encontraban adelantando acciones como erradicadores al momento del accidente 20 personas lo que evidencia la persistencia y gravedad de esta situación6.

1

El PAICMA tiene registrado este accidente y las doce víctimas del mismo, en el consolidado hallable en: [http://tinyurl.com/3tkvm4y]. 2 Jiménez A, Sáchica, pág. 6 3

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIóN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL. "Memoria de la reunión de 'Asistencia a

participantes en el programa de erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos que han sufrido accidentes con minas antipersonal'", cit. * CAMPAñA INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIóN DE LAS MINAS. Monitor de minas terrestres y municiones en racimo. Colombia

20JO,cit,pp.l6,17y27. s CAMPAñA INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIóN DE LAS MINAS. Monitor de minas terrestres. Colombia 2009, Bogotá, Campaña

Internacional para la Prohibición de las Minas, Campaña Colombiana Contra Minas, 2000, pp. 46,47 y 77. « Más información en la página web del PAICMA: [http://tinyurl.com/3j66jnq].

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Como un tercer intento para poner en el escenario nacional e internacional la necesidad de someter a consideración el uso de campesinos para la erradicación de cultivos ilícitos, se hace una misión de cabildeo liderado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) donde participaron representantes de organizaciones no-gubernamentales, funcionarios públicos y donde se realizaron entrevistas a entidades como el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonales (PAICMA), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la unidad de la Policía Nacional que se encarga de la erradicación manual, la Organización de Estados Americanos para Acción Integral Contra Minas (OEA AICMA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Equipo de las Naciones Unidas para Acción Contra Minas para Colombia y a la Sección de Asuntos de Narcóticos en la Embajada de EE UU. Además un consultor de la ICBL viajó a dos departamentos en Colombia, Caldas y Magdalena, para encontrarse con erradicadores de coca quienes han sufrido accidentes de minas mientras trabajaban en el proceso de la erradicación manual. "Conforme a los hallazgos de esta misión, la ICBL concluye que el componente de erradicación manual del programa de cultivos ilícitos pone en peligro a los civiles frente a las minas, y que hasta la fecha el gobierno no ha podido proteger a sus ciudadanos de manera eficaz frente a dicho riesgo. Además la ICBL no ha podido identificar ninguna manera de proteger ciudadanos eficazmente bajo las condiciones existentes del programa de erradicación manual. Por este motivo, el concepto de la ICBL es que no se deberían reclutar civiles para participar en el programa colombiano de erradicación manual. La ICBL le hace un llamado al gobierno colombiano para que ponga fin a la participación de civiles en el programa"7

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Conclusiones de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas. Misión de Cabildeo a Colombia. Del 9 al 15 de octubre de 2011


PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE U S DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba. 1.

UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional,

el banco

mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La implementacfón del modelo neoliberal y su profundizaclón a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana. Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la violencia narcoparamilltar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios precisamente los de uso ilícito.

de pequeña escala competitivos son

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2.

LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU, en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.

La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola.

La creciente marginalldad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido et campo Colombiano.

La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marglnalidad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola.

La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

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Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas antlcampeslnas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.


3. LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, "SOLUCIÓN AL PROBLEMA" JUSTIFICACIÓN PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada ia guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas ai saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, (a iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina ira, entre otros. Han fortalecido ia militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y particularmente en Colombia. Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversidad principalmente en la selva amazónica. 4.

PROPUESTA PARA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS; HACIA UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL, DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBUCA, QUE POSIBILITE LA SOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes. 4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito. Creación del instituto de coordinación de programas para ta prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. 4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

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4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria

de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y

medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país.. 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6.Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímlca, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado

afecta la estabilidad de las comunidades, la

biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7, Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito. 4.8.Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de complementacion así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primarla, secundaria y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la Iniciativa empresarial y micro-empresarial.

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4.10.

Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el

apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaha de delegados representantes de las comunidades beneficiarlas del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.


4.11.

Control e Impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo

nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. 4.12.

Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afro-

descendientes. Cese de la estigmatizadón, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante. 4.13.

Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el

gobierno colombiano, este

último comprara ia producción de hoja de coca y marihuana, u

otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos satanás mínimos tegaies mensuales. 4.14.

Se pondrá fin a la actual política antidrogas Impuesta por los EEUU y se formulará una política

de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2.013.

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4? MESA REGIONAL DE ORGANIZACONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DEL PUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA EN MARCO DEL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIONA LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Villagarzón, Putumayo, Septiembre 25 de 2013 La Mesa Regional de Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, Afrodescendientes, sindicales, juveniles del departamento del Putumayo, Botacaucana y Jardines de Sucumbió-Nariño, a través del presente comunicado a la opinión pública a nivel , local, regional, nacional e internacional, hacen conocer en el proceso social y de reivindicación de los derechos, que se viene exigiendo desde

el año 1996, en medio de múltiples dificultades y de la crisis social económica

y

humanitaria, generada por la aplicación de la Política Antidrogas, sin la ejecución de programas y proyectos alternativos, que resuelvan las causas, obligaron a los pobladores rurales, a implementar la siembra de cultivos de coca en el departamento: 1. Hoy, después de 17 años las comunidades rurales insistimos, en que la salida a esta problemática;

la sustitución real y efectiva de los cultivos de coca y la solución

a la crisis

económica y social que padece la población rural del departamento; es la concertación, Formulación y ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO -PLAD1A-2035, con la participación activa y democrática

de campesinos, indígenas, afros, jóvenes, educadores,

mujeres, victimas, sindicalistas, como sujetos de derechos en la construcción de este plan. 2. Logramos que el Comité Interinstitucional de Vigilancia de la Gestión Pública, convocara a una reunión de carácter obligatorio, a

la Gobernación del Putumayo, Alcaldes Municipales,

Asamblea Departamental y Gobierno Nacional, con el objeto de socializar la propuesta para la FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO 2035 y conocer la voluntad de cofinanciación por las Entidades Territoriales, concertando los siguientes compromisos: 3. El Sr. Gobernador del Putumayo y los alcaldes municipales, manifiestan su total apoyo y respaldo económico a la propuesta de

formulación del PLADIA 2035, el cual tiene un costo de mil

setecientos millones de pesos, en este sentido el Sr. Gobernador se comprometió asignar la ^

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suma de $ 300.000.000 de la vigencia 2013, de la misma manera las Alcaldías que asistieron, se comprometieron con una cofinanciación de $ 300.000.000millones de pesos. 4. También se asumió el compromiso por parte de los presentes, de convocar a una reunión al sector privado, industria petrolera, COORPOAMAZONIA y otros sectores que intervienen en el desarrollo socioeconómico del departamento, en aras de aunar esfuerzos y recursos para llevar a feliz término la formulación del PLADIA 2035.En vista de la compleja problemática social y humanitaria suscitada por la implementación de la política de erradicación forzada contra las drogas en todo

el departamento del Putumayo, algunos alcaldes y líderes comunitarios

manifestaron la necesidad urgente de citar a una mesa de trabajo con la participación del


MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DEL PUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO

Gobierno Nacional, Departamental y demás instituciones competentes, para lograr acuerdos frente a la fumigación y erradicación manual forzada, una vez se inicie la formulación del Plan. 5. Que después de reunión sostenida el pasado jueves 19 de septiembre del presente año, entre nuestros voceros de la MESA NACIONAL AGRARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS (MÍA NACIONAL) y delegados de alto nivel del gobierno nacional se hace oficial la instalación de la Mesa Nacional de Diálogos y Negociaciones donde se firma un acta de acuerdos y compromisos que recoge la metodología, tiempos para el diálogo y la negociación del Pliego Nacional de Exigencias. 6. Que el pasado lunes 23 de septiembre a partir de las 10:00 horas de la mañana se instaló Mesa Regional de Diálogos y Negociaciones en el municipio de Villagarzón lastimosamente no contamos la presencia de delegados del alto gobierno nacional, salvo la presencia de delegados del gobierno departamental y algunos alcaldes municipales, diputados, concejales y entes de control de la región. 7. Por su parte, la mesa de putumayo con el apoyo del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales

cumplió el compromiso de que los cerca de 10.000 campesinos

concentrados en los diferentes puntos de Putumayo, retornaran a sus lugares de origen. 8. Que estamos satisfechos por el deber cumplido con nuestras comunidades y con el enorme compromiso de seguir construyendo juntos y juntas una Colombia nueva, libre y soberana. Así mismo, esperamos que este gesto de voluntad política del gobierno sea real y permita avanzar en las soluciones a las distintas problemáticas y cumpla con su papel de brindar bienestar a la población colombiana en general para no tener que seguir acudiendo a las actividades de protesta social y paros nacionales. 9. Que en caso de no tener avances considerables nos veremos obligados nuevamente a salir a manifestarnos, al igual que solicitamos a las autoridades competentes que el atentado sufrido en el marco del Paro Nacional Agrario, contra la vida del compañero CARLOS CHAPUEL, integrante del Mesa Regional, oriundo del municipio de Colon, no quede impune. 10. Invitamos a todas las comunidades no organizadas a construir espacios de encuentro y organización. A formarnos, informarnos e inconformarnos, a estar atentos a todo lo que acontezca en este proceso de diálogos y negociaciones que empieza y a seguir unificando fuerzas para avanzar hacia un mejor futuro para nuestros pueblos. 11. Para continuar con este proceso social de exigencia de garantía de derechos para el buen vivir de todos y todas, La Mesa Regional invita a la unidad y concertación con todos los sectores sociales del departamento, para trabajar mancomunadamente en la formulación y ejecución del Plan Desarrollo Integral Amazónico 2035, como una propuesta de paz para esta región, la cual fue socializada en el FORO SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, que se

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MESA REGIONAL DE ORGAN1ZACONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DELPUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO desarrolla en Bogotá entre los días 24,25 y 26 de septiembre en el marco de las mesas de dialogo entre guerrilla y gobierno que se desarrollan en la Habana - Cuba. 12. Rechazamos de manera contundente, como el gobierno una vez nuestros campesinos regresan a su domicilio en las veredas después del paro, reinician de manera indiscriminada la fumigación prácticamente en la mayoría de los municipios (7) del bajo putumayo. afectando especialmente el medio ambiente, la salud humana y cultivos de pancoger que el mismo gobierno y cooperación internacional han financiando. 13.Que es contradictoria la política antidrogas, como es posible que el pasado 12 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció como un éxito diplomático la conciliación a la que llegó con el gobierno de Ecuador frente a la demanda que el vecino país había interpuesto contra Colombia por el uso de glifosato en las fumigaciones de cultivos ¡lícitos y que afectaron territorio de frontera. En dicha demanda, Ecuador pretendía una millonada indemnización del gobierno colombiano por los daños causados y derivados del uso de herbicidas mediante fumigación aérea, y argumentó que hubo muertes y enfermedades de los habitantes en las regiones fronterizas, además de daños al medio ambiente. Dicha indemnización a Ecuador se concilio por 15 millones de dólares (más de 30 mil millones de pesos) por los daños causados en las fumigaciones aéreas, cifra similar que debería invertirse como cofinanciación en la fase de ejecución del PLADIA 2035. 14. Pareciera que el glifosato tuviera efectos nocivos para los ecuatorianos y su territorio pero no para los colombianos, POR LO TANTO ES URGENTE QUE SE SUSPENDAN LAS FUMIGACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, de lo contrario ACUDIREMOS CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA y desde ya solicitamos su solidaridad en especial a quienes tengan conocimientos jurídicos.

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Finalmente, respecto a la solidaridad del Paro Nacional Agrario, extendemos nuestros más sinceros saludos de gratitud por todo el apoyo recibido por los transportadores, comerciantes, ganaderos, pequeños empresarios, a las iglesias, personas voluntariosas y comunidad en general de los lugares donde hicimos presencia, ofrecemos nuestras sentidas disculpas por las molestias causadas, pero sabrán entender que la difícil situación que vivimos en nuestros campos nos obliga a recurrir a estas acciones en defensa de nuestras vidas y nuestros territorios.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO PUfTUItfAYO PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE

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ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMO DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN COLOMBIA 1 la política de sustitución de cultivos ilícitos debe estar basada en fundamentos científicos y no en aspectos políticos o económicos

poblocíén. de bajos recursos, deL sector rural deL país.

Nuestros

asociados:

COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE OTANCHE "CIPAOTANCHE" NIT 900068268-4 COOPERATIVA MULT1ACTIVA DE FAMILIAS GUARDABOSQUES REVERDECER BETANIA "COOPREVERDECER" NIT 900115318-6 ASOCIACIÓN CAMPESINA DE CACAOCULTORES DE SAN PABLO DE BORBUR "ASOCACABO" NIT 900003123-6 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE MUZO "MUZCACAO" NIT 820004606-6 ASOCIACIÓN CAMPESINA CACAOTERA DE MARIPI "ASOCAM" NIT 900083016-8 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA NIT 900076425-8

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ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CACAO DECOPER "EL MANANTIAL" NIT 900083017-5 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA" NIT 900076425-8 ASOCIACIÓN CAMPESINA DE CACAOTEROS DE TUNUNGUA NIT 900075309-7 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA "ASOBUENCACAO"

2. La política de sustitución y control de cultivos de coca debe respetar las costumbres y usos ancestrales de la coca en algunas regiones del país. 3. La erradicación de cultivos ilícitos no debe ser la causa de más pobreza y desplazamiento del país 4. Desarrollar estrategia de concientización en la población sobre la importancia y beneficios de la legalidad. 5 Adelantar procesos de concertación con las comunidades en los cuales. Establezcan el modelo propio de desarrollo basado en la legalidad. 6. Garantizar el acompañamiento continuo, en lo social, técnico, empresarial y financiero a las comunidades que se involucren en el proceso. 7. Establecer normas jurídicas transicionales que le permitan al campesino cultivador de coca reintegrarse a la vida social y productiva del país. 8. Revisar todas las acciones represivas contra pequeños productores agropecuarios cultivadores de hoja de coca, como fumigaciones, extinción del dominio judicialización y criminización. 9. Concertar procesos de erradicación voluntaria. 10 Proporcionar a los campesinos incentivos que le garanticen la QI i h Q Í Q t p n r i a p la otoña Hé» tranei^iÁn subsistencia transición. de etapa enn 11 Permitir la legalización de los capitales del narcotráfico bajo el compromiso de colaboración con la justicia y la renuncia total al negocio, reinvertir los recursos que se recauden en el proceso de reconversión y reparación de las zonas afectadas por la coca. 12 Convertir la asociatividad y el cooperativismo en la herramienta de desarrollo de las comunidades rurales. Juan Antonio Urbano Barrera Tel. 3203056117 Presidente Consejo Directivo FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA "FUNREDAGRO" NIT 900425462-9 CALLE 5 No. 3-60 Pauna (Boyacá) Email: funredaqro@qmaii.com Tel: 314 402 22 17


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