Transitar el Territorio - Reflexiones desde el proceso de formación en Desarrollo Territorial

Serie Desarrollo Territorial

Transitar el Territorio Reflexiones desde el proceso de formaciรณn en Desarrollo Territorial Gabriela Andretich Coordinadora

Deusto Publicaciones Universidad de Deusto

(Retiraciรณn de Tapa)

(Pรกg. de descanso - Frente)

(Pรกg. de descanso - Dorso)

Transitar el territorio Reflexiones desde el proceso de formaciรณn en desarrollo territorial

Transitar el territorio Reflexiones desde el proceso de formaciรณn en desarrollo territorial

Gabriela Andretich Coordinadora

2019 Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad Fundaciรณn Deusto

Serie Desarrollo Territorial Coordinadora del libro Gabriela Andretich, Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora en temas de política y planeamiento educativo. Docente de grado y posgrado en universidades nacionales (UNL, UNER Y UTN).

Autores: Alumnos de la Maestría en Desarrollo Territorial en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (Argentina): María María Julia Julia Davicino, Davicino, Licenciada Licenciada en en Ciencia CienciaPolítica.

Política.Subsecretaria Subsecretariade deGestión GestiónyyParticipación, Participación,Municipalidad Municipalidadde Rafaela; Mariana Allassia, Licenciada Trabajo Social.

Subsecretaria de Economía SocialSocial y Empleo, Municipalidad de Rafaela; Mariana Allassia, Licenciada Trabajo Social.

Subsecretaria de Economía y Empleo, Municide Rafaela Argentina); Diego Peiretti, en Organización Industrial.Industrial.

Director de la Secretaría palidad de (Santa RafaelaFe, (Santa Fe, Argentina); DiegoLicenciado Peiretti, Licenciado en Organización Director de de Desarrollode Económico, RRII, Municipalidad de Rafaela. Investigador de Instituto Praxis (FRRa. la Secretaría Desarrollo Innovación Económico,y Innovación y RRII, Municipalidad de Rafaela. Investigador de Instituto UTN); NataliaUTN); Aníboli, Licenciada Comercialización.

Trabaja en Instituto de Nacional Tecnología Praxis (FRRa. Natalia Aníboli,enLicenciada en Comercialización.

Trabaja Nacional en Instituto deIndustrial Tecno(INTI), Centro Rafaela.

Docente en Universidad de Rafaela (SantadeFe,Rafaela Argentina); Ordano, Bioinlogía Industrial (INTI), Centro Rafaela.

DocenteNacional en Universidad Nacional (SantaCésar Fe, Argentina); geniero.

TrabajaBioingeniero. en Calidad y Sistemas deCalidad gestiónyen el Instituto NacionalendeelTecnología Industrial Centro César Ordano, Trabaja en Sistemas de gestión Instituto Nacional de(INTI), TecnoloRafaela; Romina Carla Rébola, Licenciada en Ciencia Política.

Vicedirectora de Maestría en Vicedirectora Desarrollo Territorial gía Industrial (INTI), Centro Rafaela; Romina Carla Rébola, Licenciada en Ciencia Política. de eMaestría Investigadora de Instituto Praxise(FRRa UTN). Docente en Universidad Nacional de Rafaela; Samuel Delbon, en Desarrollo Territorial Investigadora de Instituto Praxis (FRRa UTN). Docente en Universidad Contador Público Nacional. enContador la JefaturaPúblico de Gabinete de laTrabaja Municipalidad de Rafaela.

Investigador Nacional de Rafaela; SamuelTrabaja Delbon, Nacional. en la Jefatura de Gabinete de la del Instituto Praxis de (FRRa UTN, Investigador Rafaela, Santa Argentina); Gutiérrez, Contadora Pública Nacional.

Municipalidad Rafaela. delFe, Instituto PraxisMaría (FRRaCecilia UTN, Rafaela, Santa Fe, Argentina); María Docente A/C de laContadora Secretaría de Articulación con la Comunidad, Universidad de Rafaela.

Cecilia Gutiérrez, Pública Nacional.

Docente A/C de la Secretaría Nacional de Articulación con laInvestigadoComura de Instituto PraxisNacional (FRRa UTN); MarceloInvestigadora Machado, Bioquímico.

Director de Desarrollo Rural del Ministerio de nidad, Universidad de Rafaela. de Instituto Praxis (FRRa UTN); Marcelo Machado, la Producción, Gobierno de la Provincia Fe, Argentina; Miguel Vega, Ingeniero Bioquímico.

Director de Desarrollo Ruralde delSanta Ministerio de la Producción, Gobierno de la Agrónomo.

Provincia deDocente Santa de Facultad Miguel Regional Rafaela (UTN);Agrónomo.

Alejandra Mahieu, en Organización Industrial. en Fe, la Argentina; Vega, Ingeniero DocenteLicenciada de la Facultad Regional Rafaela (UTN);Trabaja Alejandra la Municipalidad de en Rafaela y en la Secretaría Ciencia Tecnología de la de Facultad Rafaela (UTN).

Mahieu, Licenciada Organización Industrial.de Trabaja eny la Municipalidad RafaelaRegional y en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Rafaela (UTN).

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Índice

Introducción 11 Capítulo 1. Una mirada sobre las capacidades estatales para la gobernanza.

María Julia Davicino

15

Capítulo 2. Trayectorias juveniles contemporáneas: el final de lo socialmente estructurado.

Mariana Allassia

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Capítulo 3. La creación de empresas como estrategia de Desarrollo Territorial: Análisis del Programa Rafaela Emprende.

Diego Peiretti

45

Capítulo 4. Análisis de las empresas con posterioridad a la actuación de programas de apoyo. El caso de los emprendimientos que participaron del Programa Rafaela Emprende.

Natalia Aniboli

57

Capítulo 5. Dimensión Territorial de la Infraestructura de la Calidad.

César Ordano

71

Capítulo 6. El desafío de lo político: Desarrollo territorial una construcción relacional. Diálogo y Capacidades en Rafaela (Santa Fe, Argentina).

Romina Carla Rébola

85

Capítulo 7. El rol de las incubadoras de empresas en el Desarrollo Económico Territorial. El caso de la incubadora de empresas de la Municipalidad de Sunchales, Argentina.

Samuel Delbon

101

Capítulo 8. Tendencias en innovación en Rafaela.

María Cecilia Gutiérrez

115

Capítulo 9. Las agencias para el desarrollo de la Provincia de Santa Fe: instituciones locales y su impacto en el desarrollo regional.

Período 2001-2012.

Marcelo Machado

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Capítulo 10. La Asociación Regional Para el Desarrollo y los gobiernos locales del Departamento Castellanos en la Provincia de Santa Fe. Miguel Vega

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Capítulo 11. La influencia italiana en el desarrollo económico industrial de Rafaela.

Alejandra Mahieu 151

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Introducción Gabriela Andretich - Coordinadora del libro

Transitar el territorio, interactuar con el territorio, intervenir en el territorio, investigar el territorio. De eso se trata este libro, de los distintos recorridos que admite un espacio habitado y sentido por sus actores.

Estas páginas recogen los resultados de un proceso de formación de posgrado en la Maestría en Desarrollo Territorial en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (Argentina), cuyo objeto de estudio central es el desarrollo territorial, con un eje en la Región donde se sitúa Rafaela, así como otros territorios, ya que participan maestrandos de distintas provincias y también de países limítrofes; quienes ponen en palabras diferentes historias de vida y de trabajo de los actores que habitan y viven en otros lugares.

Con ese marco, desde la coordinación de la Maestría se pretende reconocer la energía puesta de manifiesto en la elaboración de un trabajo final de posgrado que exige investigar, como parte de un proceso de aprendizaje. La investigación constituye una proposición que se sostiene en razonamientos, implica una toma de posición permanente que finaliza con un producto final, un documento escrito de acuerdo con reglas y estándares académicos claramente establecidos; pero lo más significativo es que se trata de aportar conocimiento sobre un tema de particular interés para cada tesista. Allí está la originalidad y con ello el aporte que hacen.

Con la intención de que los trabajos finales no quedasen solo en la academia, descansando en anaqueles sin vida, se invitó a los egresados a contar sus tesis, sus descubrimientos, sus resignificaciones y también sus cuestionamientos al finalizar una etapa de estudio. También se pensó en las futuras cohortes de la Maestría y en otros interesados en el tema para quienes este escrito puede constituir un aporte. Surgieron así, once artículos con características de reseñas de investigación sobre temas tan variados como sujetos escribientes.

La diversidad de temáticas responde a la amplitud de la perspectiva abordada en los módulos y seminarios de Maestría, a las dimensiones que adquiere el desarrollo territorial y los niveles que aborda. Sin entrar en detalles conceptuales, la visión general del posgrado 11

reconoce en las miradas actuales acerca del Desarrollo Territorial, un eje en la construcción de capacidades y en la centralidad de los actores (públicos, privados e intermedios) interesados en las diferentes iniciativas locales y en el diseño, formulación y ejecución de las distintas líneas de actuación; además sostiene que entre estos actores debe darse una necesaria articulación de esfuerzos para capitalizar los recursos endógenos y organizar mejor los recursos exógenos; todo esto en vistas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Este amplio marco referencial da pie a trabajos de tesis planteados desde distintas lógicas investigativas, algunas ensayísticas, otras siguiendo el camino deductivo, las centradas en la comprensión de casos o experiencias y también algunas preocupadas por acercar el objeto investigado con el sujeto que investiga en actividades y análisis compartidos.

Aparece primero un trabajo sobre las capacidades estatales para la gobernanza. Este texto da cuenta de vivencias de la investigadora sobre el desarrollo de políticas municipales, en particular el objeto de este artículo fue el de conocer y explicitar el proceso del Presupuesto Ciudadano como política pública, en el marco del enfoque de la gobernanza, y analizar qué generó el mismo en la estructura interna del Estado local de la ciudad de Rafaela durante el periodo 2009-2015. La categoría “capacidades de gobierno” atravesó todo el análisis.

Un segundo artículo corre la mira hacia los aspectos más sociales del desarrollo territorial, particularmente la atención por parte del gobierno local (de Rafaela) a la educación o más precisamente a la necesidad de atención de los jóvenes que quedan fuera del circuito educativo formal, aquellos cuyas trayectorias educativas, y también de vida, se vuelven discontinuas y muchas veces truncas. La autora encara una investigación cuyos objetivos se centran en generar conocimiento acerca de las representaciones sociales sobre la escolaridad y el trabajo de los jóvenes rafaelinos de 15 a 18 años con trayectos escolares discontinuos, y para relacionar las expectativas de inclusión social y laboral que los mismos mantienen con sus trayectorias educativas reales y las demandas laborales del mercado de trabajo.

Continuando con el análisis de políticas públicas locales, le sigue un trabajo que reflexiona sobre la creación de empresas como estrategia de desarrollo territorial a partir del análisis del Programa Rafaela Emprende. El autor, involucrado particularmente en el proceso que estudia, da cuenta del programa en sí y de las evaluaciones que se hicieron del mismo.

Le suma un plus al encarar un proceso de investigación acción a través del cual aporta los resultados de instancias participativas, donde los protagonistas del programa (formuladores y emprendedores) se evalúan, recuperan aprendizajes y plantean opciones de mejora para sus emprendimientos.

El siguiente artículo, bien puede tomarse como continuidad del último presentado, en cuanto comparten el interés por la evaluación de las líneas de acción del Estado local para emprendedores. Se trata del análisis de las empresas con posterioridad a la actuación del Programa Rafaela Emprende. Los resultados de esta investigación demuestran el aporte sustancial que la propuesta de formación y acompañamiento genera en los emprendedores que han participado del mismo en los cuatro tipos de capital (humano, social, financiero e institucional). También esta investigación se vio enriquecida con talleres participativos que involucraron a los protagonistas en procesos de autoevaluación.

El quinto artículo sale del municipio para pararse desde otro organismo público, como lo es el Instituto Nacional de Tecnología Industria) (INTI). Desde ese lugar, se investigó la dimensión territorial de la Infraestructura de la calidad. La preocupación está puesta en el nivel de aprovechamiento de la prestación y utilización de servicios de desarrollo empresarial (SDE) que se le ofrecen a los empresarios para ayudarles a operar de manera eficiente y hacer crecer sus negocios, con el objetivo más amplio de contribuir al desarrollo 12

económico y social. El trabajo describe el poco uso que se hace de los servicios de infraestructura de la calidad justificando este hecho en las fallas del mercado, concepto eje del desarrollo explicativo de la investigación.

El artículo denominado “El desafío de lo político: Desarrollo territorial una construcción relacional. Diálogo y Capacidades en Rafaela (Santa Fe, Argentina)” aborda uno de los nudos de las perspectivas actuales sobre el tema en cuestión: la articulación entre los actores sociales vista a la luz de la experiencia territorial en Rafaela. Se centra en las capacidades de los actores para el desarrollo territorial y las posibilidades de diálogo entre ellos. Para esta investigación fue central considerar que el desarrollo territorial tiende a construirse en un marco de relaciones horizontales entre los actores, en particular aquellos estratégicos; evidentemente el eje está puesto en las personas y en sus capacidades, en las potencialidades endógenas, concibiéndolo como un sistema abierto donde se tienen en cuenta también los procesos externos y las oportunidades que este brinda. El proceso de investigación reconstruye el proceso de desarrollo de la ciudad de Rafaela, cómo se encara desde el quehacer político cotidiano y el rol de los actores: liderazgos, conflictos instituyentes, construcción de consensos, influencia de los actores, grado de formalidad e informalidad de las relaciones políticas, económicas y sociales.

Centrado en la dimensión económica del desarrollo territorial, el séptimo artículo analiza el rol de las incubadoras de empresas; lo hace a partir del caso de la incubadora de empresas de la Municipalidad de Sunchales, una importante ciudad de la Región Central de la Provincia de Santa Fe, en Argentina. Además de brindar una completa presentación sobre el enfoque de las incubadoras y su evolución a través del tiempo, así como sobre las etapas de incubación, el texto aporta aspectos claves de la creación y el sostenimiento de un proceso de incubación. Con respecto al caso en particular, el trabajo describe un proceso de construcción y maduración del territorio vinculado a las capacidades locales de organizarse, de generar diálogos, de emprender, de relacionarse, y de acordar estrategias para beneficiar el territorio.

Otra dimensión central del desarrollo territorial es abordada en el siguiente texto, se trata de los procesos territoriales de innovación con los que se puede llegar a comprender la complejidad del proceso de innovación y de introducción de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en las organizaciones. El artículo aborda algunas conclusiones sobre tendencias actuales en innovación en el territorio de Rafaela, considerando dos ejes: la importancia del ecosistema de innovación y del apoyo de las políticas públicas para la gestión de los procesos de innovación, en especial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la necesidad de fomentar una cultura innovadora. También se enuncian algunos elementos que actualizan el conocimiento sobre el objeto de estudio y se plantean nuevos interrogantes sobre el mismo.

Las agencias para el desarrollo de la Provincia de Santa Fe: instituciones locales y su impacto en el desarrollo regional en el período 2001-2012 es el artículo que sigue. Esta investigación analiza agencias para el desarrollo -instituciones de índole público-privadoconsiderado el nivel de participación de las mismas en los procesos de desarrollo territorial en cada una de sus regiones de influencia, cómo estas logran o no, cumplir los objetivos planteados en sus estatutos. El texto cierra con una importante valoración sobre las limitantes del proceso indagatorio y nuevas reflexiones que enriquecen el análisis original.

En consonancia con el anterior, el décimo artículo también hace foco en el papel de las agencias de desarrollo. Aquí el planteo se centra en el estudio de procesos de desarrollo territorial en localidades con espacios rurales periféricos, aludiendo al Departamento Castellanos en la Provincia de Santa Fe. En este contexto se plantean los obstáculos al desarrollo, experimentados a lo largo de la última década y media (periodo 1999 – 2015).

El trabajo desarrolla un análisis en base a la idea de que la trayectoria seguida por el territorio en la búsqueda de acciones para los objetivos de desarrollo se ha visto afectada por 13

dinámicas internas, donde los gobiernos locales, y la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos (ARDC) -llamados a ser protagonistas relevantes-, no han obtenido los resultados esperados desde el territorio.

Finalmente, se realiza un abordaje de los aspectos intangibles del desarrollo territorial.

Con el título “La influencia italiana en el desarrollo económico industrial de Rafaela” el artículo relata una investigación que busca las raíces del espíritu laborioso y emprendedor de la ciudad y su entorno, en el rastreo del capital cultural y social de los pioneros de la industria zonal, oriundos del norte de Italia. Recuperando las voces de los inmigrantes o de sus sucesores, este trabajo da cuenta de cómo el modo de conducirse y actuar en el presente, está determinado por las marcas que dejó el pasado.

Con distintos intereses, con experiencias previas diferentes, con más o menos conocimientos sobre los procesos de investigación, todos los trabajos aquí presentados quedan ahora al aguardo de lectores ávidos de darle vida a los relatos, de discutir con las ideas presentadas, para coincidir o disentir con ellas.

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Capítulo 1

Una mirada sobre las capacidades estatales para la gobernanza.

María Julia Davicino

Introducción

Este artículo se enmarca en el trabajo de tesis de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) titulado: “La participación en las políticas públicas locales: una mirada hacia dentro del Estado. Análisis del caso del Presupuesto Ciudadano de la ciudad de Rafaela”. El mismo tiene como propósito conocer el proceso que el Presupuesto Ciudadano como política pública del enfoque de la gobernanza generó en la estructura interna del estado local de la ciudad de Rafaela, durante el periodo 2009-2015.

Se trata de una investigación de carácter cualitativa de corte longitudinal en la que, para su abordaje, se despejaron diferentes campos teóricos: desarrollo territorial, gobernanza, políticas públicas y capacidades estatales, los cuales atraviesan el objetivo de estudio.

Desarrollo territorial como enfoque que cobra fuerza a partir de los años 90, y que se presenta como oportunidad frente a las grandes transformaciones que el proceso de globalización y de incorporación de políticas neoliberales genera en los territorios. En este contexto, cobra importancia lo local y una mirada del desarrollo como producto de un proceso de construcción social a partir de las capacidades relacionales de los actores, quienes diseñan sus propias estrategias desde el territorio.

Gobernanza, entendida como una nueva forma de regulación del conflicto social, que tiene sus raíces en la crisis de la democracia representativa y de los modos tradicionales de gobernar. Se trata de un sistema de gobierno que implica la participación de actores diversos en el marco de redes plurales, donde el Estado pierde centralidad.

En este marco, un aporte del trabajo ha sido el entrecruzamiento de estos campos de estudio, los cuales reconocen la importancia de la articulación de actores para la construcción de un proyecto de desarrollo territorial que implica a su vez, una nueva forma de gobernar.

Este abordaje permitió enfocar al Estado, desde su doble carácter de instancia política que articula un sistema de dominación social, y al mismo tiempo, como aparato institucional.

Teniendo en cuenta que el interés estuvo puesto en analizar el “Estado en acción”, se

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recurrió al análisis de políticas públicas (Díaz, 1998) y al estudio de las capacidades estatales, como enfoque que permitió centrarse en el actor estatal.

En este marco, se analizó el accionar de un actor central como es el Estado local (municipalidad), a partir de la categoría capacidades estatales, en su despliegue en torno a una política pública en particular: el Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa (en adelante PCdGP) de la ciudad de Rafaela. Este programa, que tiene sus orígenes en Porto Alegre y luego fue tomado por diferentes municipios en Argentina, implica la participación de los vecinos en la decisión acerca de una parte de los fondos públicos. En Rafaela adquirió particularidades propias, entre ellas, la escala adoptada, la asignación de recursos y una dinámica de revisión de procesos y metodologías que resultó de interés en el trabajo realizado.

A partir de la metodología de estudio de caso, se analizaron los componentes de capacidad estatal del Estado local, entendida como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente (Bertranou, 2015b).

Siguiendo a Bertranou (2013a, 2013b, 2015), se abordaron los componentes de capacidad estatal, identificados como una dimensión constitutiva de la capacidad que puede ser aprehendida a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. Esto implicó analizar las dotaciones de capacidad estatal en torno a sus componentes: vínculos del actor municipal con otros actores, legitimidad del actor estatal como componente de los arreglos institucionales y la estructura burocrática.

Respecto al primero, se analizaron variables que describen el origen y trayectoria de los funcionarios públicos, sus principales orientaciones de política pública, y los antecedentes y trayectorias de la organización en relación a actores no estatales.

En función de ello, se pusieron en valor los antecedentes de la ciudad de Rafaela, haciendo hincapié en el nuevo rol que asumió el Estado local desde 1991, modernizando su estructura, tomando nuevas temáticas de la agenda pública y planteando la necesidad de la articulación con las organizaciones de la sociedad civil.

Un equipo de dirigentes y una idea política sobre la conducción y el rol del Estado como promotor y líder de una estrategia de desarrollo territorial y una importante trama de organizaciones de la sociedad civil con quienes “co-gobernar”, se utilizaron como indicadores para dar cuenta de este componente de capacidad estatal.

Asimismo, se identificaron normas y acuerdos informales de coordinación y toma de decisiones, a partir de la descripción de una diversidad de instrumentos de participación ciudadana y de experiencias de trabajo conjunto, relativas a diferentes áreas temáticas y con diverso grado de formalidad. Entre ellas, mencionamos las comisiones asesoras municipales, los directorios de institutos autárquicos de gobierno, como: el Instituto Municipal de la Vivienda, el Instituto de Estudios y Capacitación para el Desarrollo Local, el Consejo Consultivo Social, haciendo hincapié en el Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa.

En la descripción de esta política pública, se puso el acento en su origen y desarrollo, atendiendo específicamente a la relación con el Concejo Municipal y actores de la sociedad civil, en especial, con las vecinales, con el objetivo de identificar aspectos que permitan dar cuenta de la importante legitimidad del Estado.

En relación al componente vinculado al “aparato” del Estado (Oszlak, 1997), el trabajo se focaliza en los aspectos legales e informales que rigen la organización; la cantidad, distribución, competencias, formación, valores y motivación de las personas vinculadas a la política pública en particular así como la existencia de liderazgos y sus cualidades, la cultura organizacional y los procesos de toma de decisiones y la estructura de coordinación.A partir de estos indicadores se pudo observar dotaciones de capacidad estatal que se reflejaron en un equipo de trabajo en relación a la política pública que abarcó diversas áreas municipales; la incorporación de jóvenes profesionales a la gestión, lo cual aportó frescura y dinamismo, 16

el surgimiento de los “facilitadores”, figuras centrales para hilvanar el avance operativo de proyectos, así como la fuerte presencia de liderazgos personales e institucionales que empujaron la inercia organizacional.

Se trabajó sobre tres supuestos de anticipación de sentido que guiaron el estudio de caso y que fuimos retomando en las conclusiones finales: - La incorporación de la participación hacia el interior de la estructura del Estado genera el surgimiento de nuevas capacidades estatales.

- El desarrollo del PCdGP promueve el surgimiento de capacidades estatales de articulación y coordinación entre las áreas de la estructura municipal del Estado local.

- El rol de los liderazgos personales de funcionarios políticos es central para atravesar los conflictos.

1.1. Resultados de la investigación En cuanto a los resultados que arrojó el estudio, se observa un proceso de construcción de capacidades estatales vinculadas a la gobernanza que precedieron al desarrollo de la política pública en cuestión y que se entiende, posibilitaron su despliegue. Entre ellas, un Estado local en el cual se dio un proceso de modernización basado en la capacitación de sus agentes y la incorporación de nuevas temáticas en la agenda pública, vinculadas a la formación de espacios de articulación con actores de la sociedad civil, y en relación a ello, la importancia de una trama asociativa local, de existencia previa; así como la continuidad de un equipo de dirigentes y una idea política sobre la conducción y el rol del Estado. Desde nuestro criterio, la puesta en marcha de la política pública del PCdGP, por las características propias de su diseño, generó el fortalecimiento de capacidades estatales preexistentes, promovió el desarrollo de capacidades presentes en algunos sectores en otros ámbitos de la estructura del Estado y generó el surgimiento de nuevas capacidades.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, hacemos referencia a la construcción de sinergias, haciendo uso de la “capacidad relacional” del Estado, entendida como aquella que implica “inducir comportamientos entre los actores no estatales, logrando el cumplimiento obligatorio de reglas de juego” (Bertranou, 2012) en especial, vinculada al sector de las vecinales. Esta capacidad además le permitió fortalecer su autonomía respecto a otros sectores, entre ellos, comerciantes, la gremial empresaria y el poder legislativo.

Sin embargo, este fortalecimiento de la legitimidad del actor estatal, estuvo condicionado respecto de su eficacia, a partir del uso de la estructura burocrática, de llevar adelante los fines perseguidos. Haciendo referencia al caso particular, el Estado consolidaba su rol en la medida en que podía llevar adelante las obras y/o servicios elegidos por los vecinos. En relación a ello, la participación, como mecanismo clave de la gobernanza, resultó central, ya que generaba una presión externa a la organización para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

También resulta importante mencionar, siguiendo a Bertranou (2015b), que la dotación de capacidades puede estar presente en distintos grados en las diversas unidades del Estado.

Esta característica se observó en el estudio mencionado, identificando que el despliegue del PCdGP, hizo emerger capacidades de gobernanza en áreas en las que anteriormente no estaban presentes, o bien, eran muy incipientes. Tal es el caso de las áreas de Arquitectura y Hacienda, según mencionaron funcionarios y agentes en las entrevistas realizadas.

Respecto al surgimiento de nuevas capacidades, la presión de la participación fue fundamental para el surgimiento de los roles de coordinación interna y trabajo transversal.

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El despliegue de la política pública ponía al descubierto una lógica de trabajo interno segmentado por áreas, donde cada una realizaba sus tareas de manera aislada.

Tal como se plantea en las conclusiones del trabajo, la participación generó un estrés en la organización, habituada a un funcionamiento de la estructura en base a áreas segmentadas y relaciones verticales, que propiciaron el surgimiento de nuevas capacidades, asociadas a la coordinación y la gestión transversal. Como sustento de los mecanismos de coordinación, se identificó un fuerte liderazgo de funcionarios políticos, que con el transcurrir del proyecto y los cambios en la estructura de gobierno, fue dando lugar a un liderazgo de un área en particular, la Jefatura de Gabinete, quien a partir de su intervención propició el surgimiento de una lógica de trabajo transversal.

1.2. Profundizando algunos aspectos A continuación, el texto se enfoca en el análisis de las capacidades estatales, dando cuenta de sus principales características y vinculaciones con otros conceptos. Luego, en función de la investigación de maestría y de los aportes propios del estudio de caso, se plantea la relación entre las capacidades estatales y el enfoque de la gobernanza, explorando las características de un concepto en construcción: “las capacidades estatales para la gobernanza”, tomando como base el andamiaje teórico de Bertranou. Finalmente, se expondrá una serie de interrogantes que podrían abonar en un futuro, siguientes líneas de investigación.

1.2.1. El enfoque de las capacidades estatales Una de las decisiones centrales de la investigación de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional de Rafaela (FRR) es privilegiar el análisis del accionar del Estado, entendiéndolo como un actor central en los procesos de desarrollo territorial. Siguiendo este enfoque y profundizando en el paradigma de la gobernanza, nos focalizamos en observar al “Estado en acción”, en sus vinculaciones con otros actores de la sociedad civil, pero principalmente, haciendo hincapié en el despliegue de su accionar en relación a una política pública de participación ciudadana.

En este marco, y a través de la revisión bibliográfica, se considera al análisis de las capacidades estatales como el más oportuno para la tarea encarada. En este enfoque, que cobra mayor fuerza en nuestro país a partir del resurgir del Estado post crisis 2001, confluyen diferentes autores y miradas, que a su vez retoman corrientes bibliográficas especializadas1.

Luego del análisis de estas corrientes, se decidió optar por el planteo de Julián Bertranou (2013a, 2013b, 2015b) quien realiza un pormenorizado análisis de diferentes posturas para arribar a su propio entramado conceptual.A continuación, se señalan algunos puntos centrales del esquema analítico que guiaron nuestra investigación, para profundizar luego en su vinculación con el paradigma de la gobernanza.

1 Un detallado análisis de las diferentes corrientes puede hallarse en Bernazza, C y Longo, L. Debates sobre capacidades estatales en la Argentina: Un estado del Arte. Revista Estado y Políticas Públicas N° 3. Año 2014. ISSN 2310-550X pp. 107-130 y Bernazza, C. y otros (2015). Evaluando en “clave pública”: guía de indicadores e instrumentos para la medición de capacidades estatales. Documento de trabajo Nro. 1

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Tal como se señaló recientemente, desde la concepción instrumental del autor, la capacidad estatal es la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente (Bertranou, 2013a, 2013b, 2015b).

En cuanto a la unidad de análisis, ésta puede ser de distinto tipo: el Estado-nación en su conjunto, una agencia del Estado ó un conglomerado de agencias.

Se trata además de una cualidad que puede estar presente en distintos grados, es decir, no se la plantea en forma binaria “hay o no hay” sino que está relacionada a la existencia (o no) de condiciones para el logro de resultados (fines). En tal sentido, la existencia de una función y la asignación de dotaciones legales y organizacionales ya son manifestaciones de cierta capacidad que a la vez puede incrementarse en razón de la disponibilidad de esas dotaciones (Bertranou, 2012).

Por otra parte, la capacidad no es estática, sino variable. Es decir, puede aumentar o disminuir y además estar presente en diversos grados en las distintas unidades del Estado.

1.2.2. Análisis de dotaciones de capacidad Una de las metodologías para analizar la capacidad estatal es la utilizada por Oszlak y Tobelem (en Oszlak y Orellana, 2000), quienes realizan sus estudios a través de los análisis de “brechas de capacidad” (1992a, 1992b), a partir de la implementación del Sistema de Análisis de Capacidad Institucional (SADCI). Este sistema se utiliza para identificar el grado de capacidad institucional actual para llevar adelante acciones, evaluando obstáculos y debilidades a remover, y su dimensión temporal es el futuro; a diferencia de este planteo, Bertranou (2013a, 2013b, 2015b) propone un esquema basado en componentes de capacidad estatal que estudia a través de dotaciones, es decir, indicadores que dan cuenta del mismo. El autor plantea el análisis de la capacidad estatal en su aplicación en el ámbito de las políticas públicas, ya que allí considera que puede observarse de manera directa la dinámica de intervención estatal, actuando en contextos históricos y espaciales cambiantes.

1.2.3. Capacidades organizacionales y políticas Un destacado investigador que versa sobre el tema de las capacidades estatales es Fabián Repetto (1998, 2003, 2012), quien a su vez retoma el planteo de autores extranjeros Hilderbrand y Grindle (1997), entre otros. Tomamos dentro de sus aportes, la clasificación de las capacidades estatales como capacidades administrativas y capacidades políticas.

Para Repetto (1998, 2003, 2012), las capacidades administrativas están limitadas al aparato organizacional, y se vinculan al apartamiento y aislamiento de sus cuadros técnico burocráticos de los grupos de interés, su entorno y la ciudadanía. En este concepto, el autor incluye los elementos informales de la administración pública. Por otra parte, define a las capacidades políticas, como “la capacidad para problematizar las demandas de los grupos mayoritarios de la población, tomando decisiones que representen y expresen los intereses e ideologías de los mismos, más allá de la dotación de recursos que puedan movilizar en la esfera pública” (Repetto, 2003, p. 12).

Siguiendo el planteo teórico de Bertranou (2013a, 2013b, 2015b), consideramos que esta clasificación remite simplemente a un criterio analítico, el cual diferenciamos de los componentes que explican y dan cuenta del nivel de capacidad, en tal sentido, sostenemos que el ejercicio de capacidades políticas y organizacionales no responde a la lógica de capacidades “hacia afuera o hacia adentro” del Estado, ya que si partimos 19

de la mirada sobre el Estado como un actor complejo y diferenciado, las relaciones entre sus diferentes áreas, también exigen del ejercicio de la capacidad política.

Esta idea se ve reforzada a través de consideraciones teóricas abordadas en el trabajo de tesis, y entre las cuales consideramos oportuno mencionar: - La idea de la burocracia como arena de conflicto: tomando de autores como Oszlak (2006), Laswell en Aguilar Villanueva (1992) se describió el patrón errático y sinuoso de formación de las diversas áreas temáticas que componen el Estado, señalando, en particular, el “arena de conflicto y negociación” que rige estas vinculaciones.

- La relación entre “lo técnico y lo político”: aquí planteamos la importancia de los liderazgos para sortear las luchas de poder entre diferentes percepciones en torno a las cuales se estructuran las políticas públicas, poniendo énfasis en los liderazgos políticos como elementos para dirimir conflictos.

1.2.3. Capacidades estatales vinculadas a la gobernanza “La participación -si se me permite la expresión- es un acto de valientes. Pues supone reconocer los propios límites, la incapacidad de abordar en solitario asuntos que desbordan nuestras posibilidades” (Brugé, 2009, p. 56).

Tal como desarrollamos en profundidad en la investigación, el término gobernanza alude a una nueva forma de regulación del conflicto social que “tiene sus raíces en la crisis de la democracia representativa y de los modos tradicionales de gobierno.”

(Davicino, 2017, p. 27). En el desarrollo teórico del trabajo, siguiendo a Aguilar (2010) y Subirats (2001), entre otros, se introducen algunas reflexiones acerca de la crisis de la democracia representativa, asociada a factores coyunturales, como procesos de crisis sociales y fiscales, así como estructurales, tales como: el surgimiento de formas de gobierno más horizontales y asociadas que acentúan la incapacidad del sistema democrático para resolver problemas complejos.

En este contexto, el incremento de la participación aparece como una de las “soluciones” que introduce Subirats (2001) para el fortalecimiento de la democracia, señalando la débil representación que generan los partidos políticos y los sistemas tradicionales de representación. Dentro de sus propuestas aparece la promoción de ámbitos de participación entre actores y grupos para la formulación de las políticas públicas, a través de generación de espacios de encuentro con las instituciones, la puesta en marcha de mecanismos de democracia directa, entre ellos, los presupuestos participativos.

En tal sentido, esta nueva forma de gobierno que se denomina gobernanza implica el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como elemento intrínseco al proceso político; y supone además, un sistema de gobierno basado en la participación de actores diversos en el marco de redes plurales, donde el Estado es un actor en el sistema de actores, con peso propio, pero carente del monopolio de la autoridad. A su vez, esto supone una nueva posición de los poderes públicos en los procesos de gobierno, la adopción de nuevas funciones y la utilización de nuevos instrumentos.

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1.3. Ahora bien, si tenemos en cuenta el paradigma de la gobernanza, ¿cuáles son las capacidades estatales necesarias para gobernar con otros?

Para indagar acerca de este interrogante, abordamos el planteo de Bertranou (2015b), autor que interioriza en su entramado teórico esta mirada acerca de este nuevo proceso de gobierno y el rol que debería asumir el Estado en cuanto al desarrollo de sus capacidades. Para el investigador, la capacidad estatal es una medida de las dotaciones existentes al interior de sus componentes. En tal sentido, se observa que en su planteo acerca de cuáles entiende constituyen los componentes de la capacidad estatal, nos permiten inferir que plantea su análisis del Estado dentro del paradigma de la gobernanza. A continuación, utilizaremos como guía los componentes de capacidad estatal, analizando en cada uno de ellos su vinculación con la gobernanza.

1.3.1. Los componentes del vínculo del actor estatal con otros actores y la legitimidad del actor estatal Para Bertranou (2013ª, 2013b, 2015b), coincidiendo con una gran cantidad de estudios que enfatizan en los aspectos institucionales, uno de los principales componentes que da cuenta de la capacidad estatal está referido a “los arreglos institucionales y la estructura burocrática”, los cuales remiten a la organización interna del Estado.

Pero agrega además dos componentes que ponen de manifiesto su visión de la importancia de la articulación del Estado como actor social, junto a otros actores, los cuales entendemos reflejan el paradigma de la gobernanza. Ellos son: “el vínculo del actor estatal con otros actores y la legitimidad del actor estatal”, los cuales introduce para dar cuenta del grado de autonomía o heteronomía del Estado y la densidad y sinergia de los vínculos del Estado con otros actores. En palabras del autor: Esta clasificación internaliza de manera directa el tipo de relación que los sujetos estatales establecen con actores no estatales, prestando atención a las influencias ejercidas por estos últimos como un elemento que afecta la autonomía de los primeros, y de manera consecuente, su capacidad (aunque no es el único tipo de influencia observable) (Bertranou, 2015b, p. 44).

En este planteo cobra centralidad la noción de “autonomía enraizada” que el autor toma de Peter Evans (1996), quien plantea la necesidad de contar con un Estado conectado con la sociedad y de una burocracia que no permanezca aislada, sino que, para poder llevar adelante sus objetivos, articula con la sociedad. En relación a ello, Bertranou (2015b) siguiendo a Skopcol (1990) y Migdal (1989, 2011) profundiza la relación entre la autonomía y la capacidad, en la cual coincidimos en señalar que como condición para actuar de manera autónoma, es necesario contar con ciertas dotaciones de capacidad estatal, de manera de no quedar a merced de las presiones externas2.

2 Para dar cuenta de esta relación y tal como lo señalamos en el trabajo de tesis, el autor toma en consideración el caso de la política de transporte, señalando relaciones de captura del Estado por parte de representantes de intereses que tienden a limitar la visión estratégica y de servicio. En tal sentido, señala una captura “dura” del Estado para describir la relación entre las empresas que recibieron concesiones de transporte, quienes no recibieron sanciones ante los incumplimientos de las normativas y las investigaciones por vinculaciones en relación a la política partidaria para la cual se recaudaban fondos. Y por otro lado, una captura “blanda”, que explica a partir de la designación de dirigentes sindicales al frente de subsecretarías vinculadas al transporte (en Bertranou, 2015b).

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Sin embargo, es importante distinguir las relaciones de cooperación de las de captura, ya que las relaciones entre el Estado y los representantes de determinados intereses no necesariamente implican una pérdida de autonomía. Aquí entran en juego las relaciones de articulación entre el Estado y la sociedad civil que plantea el esquema de gobernanza, lo que en términos de desarrollo territorial se entiende como “articulación público-privada”. En relación a ello, Bertranou (2015b) profundiza respecto a los vínculos de cooperación públicoprivada, teniendo en cuenta su potencialidad: En efecto, hay un espacio importante de colaboración público-privada en el campo de las políticas públicas, y esta coordinación no solo puede implicar beneficios en el sentido de la amplitud y calidad de los bienes y servicios públicos a disposición de la comunidad, sino que previo a esto, puede representar una dotación de capacidad para el Estado en la consecución de sus distintas finalidades. ( Bertanou, 2015b, p. 47).

En cuanto a la legitimidad del actor estatal, resulta subjetiva su valoración, pero para el autor resulta importante su consideración ya que mayores márgenes de legitimidad o aceptación se traducen en mayores márgenes de actuación.

Aquí introduce un concepto que se considera relevante plantear, y que utilizamos en el trabajo de tesis: el de “capacidad relacional”.

El concepto de capacidad relacional tiene la potencialidad de describir no la regulación imperativa (que puede ser mejor captada a partir de la noción de capacidades técnico- administrativas), sino la capacidad de estimular voluntariamente acciones productivas por parte de actores estatales, estableciendo nuevos arreglos institucionales de colaboración público-privada. (Bertranou, 2012, p. 20).

Se entiende que este uso de la capacidad relacional solo puede ser ejercido por un Estado que construye y fortalece vínculos con los actores sociales, Estados que se sostienen a partir de lazos fuertes de legitimidad, que se expresan en experiencias de trabajo compartidas, en apoyos políticos e institucionales. Por el contrario, el despliegue de la capacidad relacional resulta sumamente complejo de desarrollar para aquellos Estados que permanecen aislados de la sociedad civil3.

Sumado a ello, el cuarto componente (que por cuestiones de pertinencia con la política pública a estudiar no se considera en nuestro trabajo) remite al “capital de acción interorganizacional”, el cual pone de manifiesto la importancia de la articulación con otros niveles del Estado y agencias para la consecución de sus fines.

1.3.2. El componente de los arreglos institucionales y la estructura burocrática Tal como se mencionó recientemente, dos aspectos centrales de las capacidades estatales vinculadas al paradigma de la gobernanza, remiten a la necesidad de construir vínculos entre Estado y sociedad civil. Ahora bien, y retomando el trabajo de tesis, se plantea a continuación, ¿qué capacidades es preciso construir hacia el interior del Estado en este “gobernar con otros”?Tal como sostiene Brugué (2009) la participación sirve para identificar la complejidad de las demandas ciudadanas, pero una vez que éstas son incorporadas, resultan muy difícil de procesar. En tal sentido menciona que un aspecto poco estudiado 3 En el trabajo de tesis se menciona el ejercicio de esta capacidad relacional del Estado local en relación al sector de vecinales, quienes se apropiaron de la herramienta del Presupuesto Ciudadano defendiendo incluso las reglas de juego impuestas frente a otros actores sociales. Señalamos además cómo el uso de esta capacidad relacional fortaleció la legitimidad del Estado local. (Ver Davicino, M, 2017, 87).

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sobre la participación ciudadana es el abordaje entre participación y gestión. La participación para ser efectiva requiere cambios al interior de la organización.

Siguiendo el esquema de Bertranou, se toma el componente de los arreglos institucionales y la estructura burocrática para analizar las implicancias de la participación hacia dentro del Estado. Según los indicadores que utiliza el autor, describir las manifestaciones de este componente implica analizar las autorizaciones legales, las personas, la cultura organizacional, el modelo productivo, los medios financieros, la estructura y los procesos organizacionales, las estructuras de coordinación, los sistemas de información y gestión, la infraestructura y el equipamiento.

Teniendo en cuenta principalmente los indicadores en los que se trabajó en el proyecto de investigación, en primer lugar, cabe mencionar a las autorizaciones legales, las que se refieren al núcleo de competencias que tiene la organización para abordar la función. En este sentido, los mecanismos de participación ciudadana no cuentan desde el aspecto legal con un gran desarrollo que pueda considerarse un respaldo para su puesta en marcha. En Argentina, procesos como la iniciativa popular y la consulta popular fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994 y han sido escasamente utilizados. La puesta en práctica de dichos mecanismos de democracia directa (MDD) ha sido casi nula4. Estas cuestiones nos permiten inducir que en lo referente al despliegue de herramientas que involucran desde el Estado el desarrollo de “capacidades estatales de gobernanza” éstas quedan a merced de la decisión de los gobiernos, siendo por ende, una clara definición de índole política.

Siguiendo con la dimensión de las personas de la organización, tal como sostiene Bertranou (2013a, 2013b, 2015b), una amplia variedad de autores, tanto institucionalistas como desarrollistas, consideran que se trata de un aspecto central. Siguiendo la experiencia del caso de estudio, consideramos que la sensibilización y formación de funcionarios de carrera y de índole política en el diseño y ejecución de mecanismos de participación ciudadana resulta un desafío central, indispensable de incorporar en las prácticas y modos habituales de la cultura de la organización, señalada como otra dimensión de este componente. En un escenario donde el poder se encuentra difuso, se desestructura la vieja concepción del Estado respecto a su centralidad en la decisión de políticas públicas. En este contexto, ¿quiénes deciden?, ¿qué ámbitos/temas propios de las políticas públicas se pueden “abrir “a la participación ciudadana?, ¿en qué momento de la política pública incorporar la opinión de la ciudadanía?, ¿cómo es la relación entre los distintos “saberes”?

Y vinculado a ello, las dimensiones referidas a las estructuras y procesos organizacionales como a las estructuras de coordinación, remiten a otra cuestión central a tener en cuenta en relación a la construcción de capacidades estatales para la gobernanza, ya que la incorporación de la participación genera nuevas dinámicas hacia el interior de la organización estatal. Siguiendo a Brugué (2009), la administración burocrática, impregnada de un estilo y espíritu weberianos, se organiza en torno a la racionalidad, es decir, preguntaa los expertos y de allí genera procedimientos administrativos. Y por otro lado, para alcanzar la equidad, apela a la imparcialidad reflejada en su accionar, a través de expedientes. De esta manera,

4 La iniciativa popular solo cuenta con dos casos efectivos de activación (derogación de jubilaciones de privilegio y creación del programa de nutrición infantil), es decir, casos en los cuales se ha dado tratamiento legislativo al proyecto; mientras que la consulta popular se puso en práctica solo una vez: opinión acerca de la aprobación de un tratado internacional para poner fin al conflicto con Chile y un análisis detallado acerca de los “mecanismos de democracia directa” (MDD) puede hallarse en Arques, F. “Mecanismos de democracia directa en Argentina: legislación y puesta en práctica”. Trabajo preparado para su presentación en el 9° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.

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“…la burocracia institucionaliza la especialización y la segmentación, o lo que es lo mismo, se convierte en la genuina organización de la desconfianza. Cada uno a lo suyo, cada uno ocupándose de su espacio y cada uno sospechando de quien pudiera acercársele” (Brugé, 2009, p. 59).

Tal como se observó en el trabajo en terreno de investigación, estas lógicas de funcionamiento propias del Estado, presentan dificultades para abordar la complejidad que la mirada de la participación incorpora al sistema, lo que propicia el surgimiento de nuevas capacidades vinculadas a las relaciones entre las diversas áreas y estructuras de gobierno.

Se trata de nuevas dinámicas de coordinación interna y trabajo transversal, las cuales consideramos como los mayores desafíos a alcanzar por el Estado en la construcción de capacidades para la gobernanza.

El concepto de coordinación remite a un mecanismo para integrar los aportes especializados que las respuestas sectoriales a una realidad multidimensional no son capaces de abordar, contemplando todos sus aspectos y causas interrelacionadas (CIPPEC, 2012).

Alude a la capacidad desde la mirada de Oszlak de generar sinergias, buscar acuerdos, sumar recursos, ensayar estrategias colaborativas, estar todos dispuestos a “salir en la foto colectiva” (Oszlak, 2014, p. 2; en Davicino, 2017, p. 41).

Respecto al concepto de transversalidad, tal como sostiene Serra (2005) se plantea como un instrumento intraorganizativo orientado a gestionar en el seno de la organización, un tema que no se contempla explícitamente en la estructura orgánica básica y que exige, para su adecuado tratamiento, la implicación de todas las unidades verticales o de varias de ellas.

Señala Serra (2005) que lo específico de la transversalidad reside en que sus áreas de trabajo no incluyen la gestión operativa ni la producción; en cambio, comprenden el análisis y la relación con el entorno, el diseño de los objetivos y la planificación estratégica y operativa, el seguimiento y la evaluación del resultado operativo y social, y la evaluación estratégica. Tanto la coordinación como la puesta en marcha de miradas transversales requieren el ejercicio de liderazgos y de figuras facilitadoras que puedan conducir, integrar e hilvanar los aportes provenientes de distintas áreas de gobierno.

1.3.3. El aporte de la figura del facilitador Uno de los campos teóricos desde los cuales se trabajó en el proceso de investigación de la Maestría, fue el enfoque del Desarrollo Territorial (DT), el cual tomamos de Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008) quienes lo consideran un “proceso de construcción de capacidades cuya finalidad es mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar de una comunidad” (Costamagna, P y Larrea, M, 2017, p. 15). Consideramos que este enfoque del DT mantiene una estrecha relación con nuestro análisis de las capacidades estatales para la gobernanza, ya que en ambos se plantea la necesidad de construir estrategias, habilidades y vinculaciones con los actores del territorio, poniendo el acento en nuestro trabajo en el rol del Estado.

En relación a la investigación, la categoría de “personas facilitadoras” implica un aporte central de este enfoque particular del DT. La persona facilitadora es quien, en un momento específico del proceso de DT, asume el rol de generar las condiciones para que los actores puedan reflexionar, decidir y actuar. Se trata de actores que pueden ser políticos, formadores/investigadores o gestores, que son portadores de perfiles diversos y que colaboran en el abordaje de situaciones complejas y que ayudan a superar los conflictos, constitutivos de todo proceso social.

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1.3.4. El modelo de la Administración Pública Deliberativa (APD) No logró convencer a la burocracia de que los científicos necesitaban instalar el equipamiento en algún lado y mecanografiar los informes. Entonces pidió que le autorizaran la compra de soportes gravitacionales y transcriptores de fonemas. Sonaba a equipamiento de punta, y por ende, la burocracia accedió. Así fue como un tipo llamado Rolando García consiguió, a principios de la década del 60, equipar el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Ciudad Universitaria porteña de mesas (que soportan cosas en estado de gravedad) y de máquinas de escribir (que transcriben a papel los fonemas de los idiomas humanos) (Schapachnikm en El Gato y la Caja. Anuario, 2017, p. 22).

En esta búsqueda de mayor flexibilidad o integralidad en la gestión pública, Brugé introduce un nuevo discurso que consideramos oportuno plantear: la Administración Pública Deliberativa (APD). Como señala Brugé (2009) este es un modelo que pretende una transformación esencial de la administración tradicional a la que considera segmentadora y tecnocrática. La propuesta de este autor implica una lógica “de entre todos lo haremos” muy distinta a aquella donde cada uno hace lo suyo. Este nuevo modelo, complejo de implementar en tanto que busca interferir en las inercias propias de la administración, implica el diálogo como mecanismo para lograr la creatividad y la inteligencia, como construcción activa, desde el cual se equilibren las capacidades de hablar y de escuchar. “La APT, al incorporar el diálogo, incorpora la política, se politiza. Esto sí es un atentado al alma maquinal de la burocracia, a sus esencias tecnocráticas y a su capacidad de hacer las cosas sin pensar” (Brugé, 2009, p. 65).

En la búsqueda de este modelo, el autor señala condiciones que mencionamos como guía: - el buen gobierno y la transparencia: ya que para dialogar es necesario generar confianza, será necesario garantizar el acceso a la información, ofrecer transparencia, explicitar acuerdos éticos de comportamiento, rendir cuentas; - dotar a la administración de contenidos conversacionales: únicamente dotando de contenido a las conversaciones se genera entusiasmo para participar en ellas, gestionar activamente las relaciones a través de la construcción de confianza a partir del trabajo en sus 3 momentos: la creación, la implementación y la consolidación. Esto implica activar los costes y beneficios de la relación, comprender los objetivos y las formas de actuar de los otros para, finalmente, lograr la identificación entre las partes.

Un liderazgo fuerte y motivador, como motor de cambio: el líder relacional, a diferencia del tradicional, promueve la construcción de soluciones a través de la colaboración de todos los que tengan algo para decir al respecto.

1.4. Reflexiones finales En esta breve reseña se abordan los lineamientos centrales de nuestro trabajo de investigación, para luego retomar del marco teórico los enfoques de las capacidades estatales y la gobernanza.

Si bien consideramos que Bertranou (2013a, 2013b, 2015b) plantea su desarrollo conceptual pensando al Estado en “el gobierno con otros”, internalizando dentro de la descripción de sus componentes la necesidad de generar vinculaciones con los demás actores, nos pareció oportuno indagar acerca de cuáles eran las capacidades estatales con las que deben contar los Estados para llevar adelante mecanismos de participación ciudadana.

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Esto nos permitió observar los enormes desafíos ante los cuales se enfrentan los Estados, construidos y habituados desde la lógica segmentada y verticalista weberiana, para abordar la complejidad que implica la participación ciudadana.

En este escenario, surgen algunos interrogantes difíciles de abordar: ¿Cómo procesar la complejidad que implica para los Estados su nuevo rol en la gobernanza? ¿Qué capacidades son necesarias para poder “co-gobernar”?

En función del trabajo de investigación y a través del repaso de bibliografía especializada en estas temáticas, podemos señalar algunas consideraciones importantes: en primer lugar, la comprensión e incorporación de quienes gobiernan que la democracia representativa no resulta suficiente para garantizar la legitimidad, y que se necesitan de otros actores para abordar la complejidad de las demandas actuales.

En segundo lugar, la necesidad de trabajar en la construcción de capacidades estatales para la gobernanza. Para ello resulta importante el desarrollo de mecanismos y herramientas legales para organizar esta participación (sumado a la designación de recursos económicos que los sostengan, los cuales, si bien no fueron abordados en este trabajo, resultan imprescindibles) y la disposición y formación de las personas en el interior del Estado para “abrirse” a la participación, lo que necesariamente implica nuevas lógicas de trabajo basadas en el abordaje de miradas transversales sostenidas por fuertes liderazgos, ensambladas a través de personas facilitadoras. Lo que para Brugué (2009) significa la incorporación de una “Administración Pública Deliberativa”. En definitiva, la apuesta al diálogo como aspecto central.

En tercer lugar, un aspecto no abordado y el cual consideramos importante mencionar, es el fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales. Ya que, si aspiramos a la generación de instancias de participación, será indispensable el acompañamiento y la capacitación de actores con quienes dialogar. Y en este sentido, el Estado también tiene la responsabilidad de la formación de la sociedad a quien gobierna.

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Capítulo 2

Trayectorias juveniles contemporáneas: el final de lo socialmente estructurado.

Mariana Allassia

Introducción Nuestra sociedad ha tornado problemática la filiación simbólica de sus hijos. Se los recibe como perlas provenientes de mundos profundos y creativos, pero faltan los hilos que los inscriban en totalidades mayores, donde sus voces singulares/corales podrían escucharse. La cuestión social de la filiación no es un problema estrictamente educativo. La Escuela puede configurar nuevas filiaciones sobre la superficie ya escritas de otras, basales y originales.

(Gagliano, 2007, p. 254) Que una sociedad pueda decidir no tener huérfanos, ni excluidos ni desafiliados, es la frase disparadora; la que plantea una duda que permite el recorte de un problema, un recorrido metodológico diseñado a partir de escuchar la voz de los jóvenes.

En el presente trabajo se problematiza la realidad sociocultural de jóvenes entre 15 y 18 años que discontinuaron sus trayectorias escolares, caracterizándose por no concurrir a la escuela secundaria en el tiempo “socialmente” esperado y de acuerdo con las normativas legales vigentes; y a la vez, con muchas probabilidades de mantener vínculos precarios o informales con el mundo del trabajo.

La elección del abordaje metodológico y epistemológico es realizada acorde a la intención de conocer cómo estos jóvenes rafaelinos representan a la escolaridad y al trabajo, analizando en primera instancia, las causas de sus disrupciones en las trayectorias escolares.

Los objetivos de la investigación se centran en generar conocimiento acerca de las representaciones sociales sobre la escolaridad y el trabajo de los jóvenes entre 15 y 18 años con trayectos escolares discontinuos, y relacionar las expectativas de inclusión social y laboral que los mismos mantienen con sus trayectorias educativas reales y las demandas laborales del mercado de trabajo.

Para avanzar en las metas propuestas se generó un encuadre teórico donde se explicaron las juventudes, las culturas múltiples y fragmentadas, las condiciones socioeconómicas y políticas del momento histórico de la generación nacida en los 90, las construcciones 29

culturales mediante las cuales los jóvenes habitan el espacio social de su experiencia. Luego, estas categorías teóricas se pusieron en diálogo con el trabajo de campo. En las entrevistas emergieron algunos contrastes, tensiones y respuestas que, lejos de ser definitivas, habilitan la posibilidad de comprender y pensar nuevos interrogantes.

2.1. Aportes para el Desarrollo Territorial La relevancia de esta investigación radicó, en primera instancia, en que la ciudad de Rafaela no contaba con estudios específicos acerca del problema que da origen a este trabajo. La indagación permitió arribar a una caracterización de las condiciones y representaciones sociales de los jóvenes que no sostienen la escolaridad secundaria en la ciudad de Rafaela, efectivizar un análisis cualitativo de las causas por las cuales han abandonado su escolaridad y, por último, poder analizar sus expectativas en relación con sus trayectorias escolares y formativas; la vinculación de la demanda potencial educativa de estos sectores con la oferta del mundo laboral reviste una importancia trascendente en términos de pensar el desarrollo social como dimensión de una estrategia de desarrollo territorial para la ciudad.

Las reflexiones que surgen a modo de conclusión pueden aportar al diseño de una política integral por parte del Estado municipal que se oriente a mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes de más de 15 años que han discontinuado o abandonado sus trayectorias escolares y de esta forma ampliar sus posibilidades de inclusión laboral y social.

2.2. Supuestos de partida Los cambios culturales, sociales, económicos han redefinido la concepción de adolescencia y juventud dado que ambas son construcciones sociales; construcciones que, además, han estado vinculadas a la experiencia escolar. La escuela media reproduce los mecanismos y estilos propios de la educación infantil. Los jóvenes son portadores de nuevas culturas diversas, fragmentadas, flexibles, inestables; una nueva cultura social que muchas veces colisiona con las viejas estructuras escolares. Los jóvenes, además son reconocidos como sujetos de derechos, deberes y responsabilidades.

Autores como Nadorowski (1994) sostienen que las transformaciones que se vienen produciendo en las relaciones entre generaciones han abierto el debate acerca del fin de la infancia. Por su parte Zelmanovich (2003) describe acerca de: Chicos con apariencias, gestos y actitudes adultas, chicos que desafían cualquier autoridad, que acceden a la misma información por medio de imágenes y lecturas que los adultos, que trabajan junto a sus padres, que ponen en cuestión su propia condición de niños. (p. 3).

Esta autora habla de procesos de alteración de las fronteras entre niños y adultos y no de “borramiento”, dado que hablar de niño significa pensar en una subjetividad en vías de constitución y que la misma se estructura en base al discurso de los adultos, puesto que se requiere de alguien que transmita al niño la lengua y la cultura, y a la vez, le ofrezca espacios de protección que le posibiliten aprehenderla.

En los sectores más conservadores se sostiene que los niños y jóvenes “tienen que estar en la escuela” y por lo tanto, de esa manera se evitaría “que estén en la calle”, focalizando en aquellos niños y adolescentes que no encuentran contención familiar y no tienen adultos responsables que se hagan cargo de sus necesidades, con lo cual se hallan desprotegidos y en la calle.

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Desde este posicionamiento, la protección de los jóvenes es ejercida desde el control social, puesto que el permanecer en la calle es interpretado como “un peligro potencial”, asimilando el tiempo libre de los jóvenes con la posibilidad concreta de bordear el delito a través de situaciones de violencia, agresiones a la propiedad, consumo de sustancias tóxicas y adicciones. Uno puede permitirse pensar que existen similitudes entre las actuales condiciones sociales y aquellas que contextualizaron el surgimiento de la ley Agote, cuando a mediados del siglo XIX, con las migraciones europeas hacia América, se produjo un brusco aumento de niños abandonados que invadían los espacios públicos y que eran vistos como un peligro cierto.

Estos supuestos ideológicos sustentan el paradigma de lo que se ha denominado “doctrina de la situación irregular”, en el tratamiento de los problemas de la niñez y adolescencia; siendo la “ecuación pobreza- abandono – peligrosidad” (Giorgi, 2001) la que orienta el accionar del Estado, entendiendo la protección como control social.

Durante el siglo XX, el control social para el disciplinamiento aparecía como una intervención directa del Estado cuando se configuraba la denominada «situación irregular», instituyendo una división al interior de la niñez. Esta situación de “irregularidad” refiere a situaciones en las que la familia y la escuela no lograban cumplir con las funciones socialmente asignadas, especialmente con las relativas al control, siendo imprescindible entonces la intervención estatal.

Dentro de este paradigma, las causas del abandono se confunden con las de la delincuencia y aparecen tratadas en un mismo nivel. “Del abandono se cae en la vagancia, terminando inevitablemente en el delito”. Se trata, entonces, de proteger a “los menores de aquellos padres y ámbitos que no pueden hacerse cargo o contenerlos en su crianza” (Bisig, 2008, p.8). Se parte de un concepto de peligrosidad individual para arribar al término grupos en situación de riesgo.

En contraposición a este enfoque y considerando la actual existencia de marcos jurídicos nacionales y provinciales que han incorporado el paradigma de la Protección Integral, es importante aclarar que hoy es obligación del Estado, desde todos sus niveles de gobierno y de la sociedad, desde el entramado institucional, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes ya no son objeto de control social sino sujetos de derechos. Las políticas sociales se orientan a establecer estrategias de protección y restitución de derechos. La premisa básica debiera ser “cuidar a los niños en lugar de cuidarnos de ellos”, porque el estar protegido significa que las personas dispondrían por derecho propio de las condiciones sociales y materiales mínimas para su desarrollo, desde su nacimiento.

Retomando a Bisig se puede decir que las políticas han estado marcadas por la tensión entre tendencias integradoras y tendencias represivas o punitivas caracterizadas por el énfasis en la función de «control o preservación de la armonía social». Ambas vertientes coexisten a lo largo del siglo XX configurando una suerte de «doble discurso» que impregna las instituciones diseñadoras de las políticas de niñez y adolescencia.

Quedan así instituidas dos imágenes diferenciales de la niñez que coexisten en nuestro universo cultural: la del niño, sujeto en desarrollo, con potencial de futuro, con derecho a la protección y al disfrute de su infancia, que debe ser preservado de los problemas propios del mundo adulto, al que se apuesta como futuro ciudadano; y la del menor representante y portavoz de una problemática social, potencial transgresor, amenazante del cual la sociedad debe protegerse; sobreviene así la penalización del desamparo y su legitimación social (Giorgi, 2001, p. 39).

El derecho a la educación, considerado como central en la lucha contra la pobreza y la exclusión, no debe confundirse con el acceso al sistema educativo formal, sino que resulta clave el seguimiento de la trayectoria escolar dado que el niño o joven que abandona su escolaridad es un ciudadano en el que se acentúa la restricción a sus oportunidades de vida.

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Desde otra perspectiva, se entiende que las instituciones educativas no han transformado sus dispositivos de autoridad, lo cual profundiza la crisis de las mismas dado que, en general, se encuentran con muchas dificultades para comprender quienes son estos jóvenes y cuáles son sus demandas en este nuevo mundo. Tenti Fanfani (2010) plantea que: Los agentes pedagógicos no tienen garantizada la escucha, el respeto y el reconocimiento de los jóvenes. Pero la autoridad pedagógica… sigue siendo una condición estructural necesaria de la eficacia de toda acción pedagógica. El problema es que hoy el maestro tiene que construir su propia legitimidad entre los jóvenes y adolescentes (p. 20).

El punto de partida del desarrollo de la investigación plantea que la escuela secundaria no logra sostener la trayectoria escolar de muchos de los jóvenes que se inscriben para realizar sus estudios secundarios, en el marco del cumplimiento con la obligatoriedad de la ley nacional. En relación con esta cuestión, en este trabajo se sostiene como supuesto que existe una relación entre el nivel educativo alcanzado por una persona y el riesgo de exclusión social, dado que no contar con credenciales educativas que habiliten al ciudadano a ingresar al mundo laboral y social, lo posicionan en una situación de mayor vulnerabilidad social. No se trata de una relación simplista y absoluta, terminar la escuela secundaria no es condición suficiente para entrar al mundo laboral. En estos procesos actúan y se entrecruzan otros factores además del posible abandono educativo, lo que María Teresa Sirvent (2007) denomina “contexto de múltiples pobrezas”, refiriéndose a las limitaciones de acceso a salud, la vivienda, a la distribución de bienes y servicios, entre otras cuestiones.

Según el nivel educativo alcanzado, aquellos jóvenes que no sostienen la escolaridad secundaria, lograrían un tipo de inserción laboral y nivel de ingresos con un perfil muy precario, donde se reproducen las estructuras de la pobreza y la vulnerabilidad social.

2.3. Las trayectorias escolares en números En la Argentina, de acuerdo con los datos oficiales del año 2010, el 38,5 % de la población de 15 o más años de edad, tiene como máximo nivel educativo alcanzado, la escuela secundaria incompleta. Se trata de ciudadanos argentinos, jóvenes y adultos que presentan altas probabilidades de marginación social, política y económica, dado que solo alcanzaron un nivel de escolaridad primaria incompleta, primaria completa, o algunos peldaños de la educación media5.

En cuanto a lo local, la información a la que se accedió es aquella del Relevamiento Socioeconómico Anual que realiza el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local de la Municipalidad de Rafaela (ICeDel).

En el último relevamiento realizado por este Instituto, en el año 2016 un 35,3 % de la población que actualmente se encuentra fuera del sistema formal de educación tiene como máximo nivel educativo alcanzado, el nivel primario o la Educación General Básica (EGB) y el 41 % asistió a la escuela secundaria pero solo el 57,6 % lo terminó. No se discriminan edades ni situaciones económicas y sociales. Asimismo, en el informe del relevamiento, se encuentran datos provenientes de la desocupación en la ciudad, que ronda el 9,4 % de

5 Se considera como referencia la edad de 15 años, dado que estadísticamente la mayor cantidad de jóvenes que abandonan la escuela secundaria lo realizan al momento de matricularse en el 3er año de la Escuela Secundaria. Según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2013 en la provincia de Santa Fe, se registró un 18,1 % de repetidores en primer año y 15,1 % de repetidores en segundo año. El mayor índice de abandono en la provincia fue en la inscripción para 3er año, alcanzando un 15,2 % de la matrícula de alumnos secundarios. Fuente: http://portales. educacion.gov.ar/diniece/indicadores-educativos.

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la población económicamente activa. De esta cifra, se deduce que el 63,5 % son menores de 30 años y que, aproximadamente, la mitad de estos ellos no han culminado la escuela secundaria. El ICeDel también realiza desde hace unos años una encuesta a los jóvenes que culminan la escuela secundaria: en el año 2015 se encuestaron 968 jóvenes. Estos datos corroboran, en un primer momento, que a pesar de que la Ley Nacional de Educación6 (de ahora en adelante LEN) establece la obligatoriedad de la escolaridad secundaria, aún hay un importante número de jóvenes que no acceden a ejercer efectivamente este derecho.

2.4. Las trayectorias escolares reales: causalidades múltiples La primera pregunta que surge para poder entender esta problemática es ¿qué pasa hoy con estos sectores de la población que no pueden sostener trayectorias escolares en la escuela secundaria, siendo que la misma es de carácter obligatoria según la Ley de Educación Nacional N° 26.206?

La Ley de Educación Nacional establece en sus artículos 2, 3 y 4, el derecho a la educación y al conocimiento como bien público, reconociéndolo como un derecho personal y social garantizado por el Estado; por ello, la educación una prioridad nacional y una política de Estado para construir una sociedad justa, profundizando el ejercicio de la ciudadanía democrática y el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Se delega al Estado nacional y a las provincias, la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho.

En el artículo 29, la ley 26.206 determina que la educación secundaria es obligatoria y “constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria”.

Dado el carácter de derecho a acceder a una educación gratuita e igualitaria, a aprender y a cumplimentar con el nivel educativo secundario como algo obligatorio, diversos estudios analizan los obstáculos que atraviesa esta modalidad educativa sobre los que es importante dar cuenta para avanzar hacia la pregunta planteada.

En el Documento Preliminar para la Discusión sobre la Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación (2008) se analizaron algunas de las problemáticas acerca de la escuela secundaria entre las cuales se encuentran la repetición, el abandono y la sobreedad de los jóvenes que asisten a la escuela secundaria.

Existe una profunda preocupación social por la inclusión educativa de todos y todas, especialmente de aquellos chicos, adolescentes y jóvenes que manifiestan dificultades persistentes para cumplimentar la trayectoria escolar obligatoria que prevé la ley Nacional de Educación sancionada en el año 2006.

Terigi (2010) expresa que existe una gran cantidad de alumnos y alumnas en el sistema que tienen trayectorias escolares en las que resultan incumplidos sus derechos educativos y que es pretensión de los adultos, muchos de ellos educadores, que las mismas se transformen en trayectorias educativas lineales y completas. Esta situación se debe a que muchos jóvenes recorren trayectorias educativas continuas pero no completan su escolaridad y otros tantos realizan trayectorias educativas que se encuentran signadas por la discontinuidad.

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Se refiere a la Ley Nacional de Educación N° 26206.

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Las trayectorias escolares tienen dos rasgos característicos: deben ser continuas y completas. Es importante distinguir que, dentro de este concepto se puede hablar de trayectoria teórica y trayectoria real. Para distinguirlas, Terigi (2010) señala que la trayectoria teórica se refiere a lo institucionalmente establecido; lo cual implica ingresar a tiempo, permanecer, avanzar un grado por año y aprender: las trayectorias teóricas organizan el saber pedagógico.

Muchos jóvenes recorren trayectorias escolares acordes al modelo de las trayectorias teóricas pero muchos no lo hacen y tienen recorridos propios. No se debe reducir la trayectoria educativa real a la trayectoria escolar porque los jóvenes realizan otros aprendizajes además de aquellos que les proponen en la escuela. Esta autora afirma que la trayectoria real muestra enormes cantidades de puntos críticos donde se producen: las entradas, las salidas, las repeticiones de curso, los cambios, las mudanzas y los ausentismos temporales. En la medida en que esto sucede, el mayor riesgo que plantean estas trayectorias no encauzadas a la manera de lo que espera la teoría de la trayectoria escolar, es que los sujetos se vuelvan invisibles. El problema de la invisibilización en las transiciones escolares se ve potenciada por el impacto de la asignación universal por hijo y de la obligación del sistema educativo de garantizarles una vacante y sus aprendizajes, con la vuelta a la escuela de tantos chicos y chicas.

La ley 26.206 establece que la “Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios superiores”. Según Terigi (2010), esto significa que uno de los principales desafíos educativos es desarrollar estas trayectorias en condiciones tales que preparen a los jóvenes para vivir en sociedades que son mucho más complejas que aquélla en la cual surgió la escuela argentina, y que parecen mucho más plurales. También en aquel momento lo eran, pero la pluralidad no era un valor reconocido: en el origen del sistema educativo argentino, por el contrario, la función era de homogeneización.

Hoy la escuela media7 tiene un significado distinto al que tenía en sus orígenes. Antes se trataba del escalón previo a los estudios universitarios y quienes tenían acceso a ella eran los jóvenes provenientes de los sectores sociales medios y altos. Hoy es obligatorio hasta la edad de 17 o 18 años. Todos los adolescentes deben estar en la escuela, por mandato de la ley y también por mandato social. Ya no es una cuestión de libre elección. A pesar de esto, y siendo este uno de los supuestos presentes en la investigación, las instituciones y los actores escolares no se modifican automáticamente solo por la simple sanción de la ley. Y es allí donde se torna visible el conflicto en la escena escolar, con escuelas creadas en el siglo XIX que, en principio, no habrían realizado una transformación profunda de sus prácticas y con un universo de adolescentes y jóvenes nacidos en un nuevo siglo; portadores, tal vez, de una cultura social diferente, en un mundo revolucionado con las nuevas tecnologías y conocimientos.

Cuando el joven abandona la escolaridad queda segregado socialmente, sin acceder al diálogo cultural; sus derechos son cercenados, quedando sumido pasivamente en el lugar que socialmente se le asigna. Esto potencia contextos de violencia, marginación y hasta a veces, criminalidad en la búsqueda de una identidad propia. Se entiende la educación pública como derecho universal, personal y social que debe ser garantizado por el Estado porque así lo establece la Ley Nacional de Educación en su artículo 2°. y la Constitución Nacional. Si se piensa que la educación tiene un papel preponderante en la

7 A los fines de este trabajo, cuando hablamos de escuela media nos referimos a la escuela secundaria, utilizándose estos términos en forma indistinta.

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formación para el mundo del trabajo y la construcción de subjetividad, sus posibilidades de ingreso al mundo laboral son reducidas. Estas dos funciones de la educación, no se dieron históricamente en forma simultánea sino que se manifestaron con diferentes intensidades de acuerdo con cada época, y se toman para la presente investigación como complementarias, al considerar a la educación como el lugar privilegiado para el logro del desarrollo personal pero con incidencia en la formación del futuro trabajador desde una perspectiva integral.

2.5. Trayectorias juveniles contemporáneas Las tendencias hacia la mayor diversidad de las formas de vivir la juventud son contemporáneas a los denominados procesos de individuación. En este sentido, los estudios argumentan que los jóvenes han tendido a convertirse en administradores de su propia biografía. Más aún, frente a la des-institucionalización de la vida social, las nuevas generaciones van armando recorridos a partir de una secuencia de eventos individuales, que muchas veces no logran articular un “proyecto” de largo plazo. (Miranda, 2008, p. 186).

Las dificultades en el empleo y la mayor desigualdad en la condición social de los jóvenes son fenómenos que se desarrollaron en el contexto de las transformaciones sociales y económicas de principios del siglo veintiuno.

En la segunda mitad del siglo veinte se consideraba que la sociedad había alcanzado el pleno empleo los jóvenes eran “jóvenes” durante un período temporal más acotado y tendían a transitar la juventud en trayectorias menos desiguales y más estructuradas. Primero se estudiaba, luego se conseguía un trabajo y posteriormente se formaba una “familia” (Miranda, 2008).

La juventud se consideraba un período transitorio de preparación para la asunción de roles sociales adultos. Un espacio temporal de moratoria social que experimentaban algunos grupos sociales, otros pasaban de la condición de niños a la de adultos sin mediar la experiencia de la juventud. Según esta autora, la idea de moratoria estaba asociada al permanecer dentro del ámbito escolar, cursando la educación secundaria. Desde esta premisa “se era joven en la medida en que se era estudiante”. Desde el enfoque del mercado laboral, la desocupación no era un fenómeno masivo, siendo el trabajar la alternativa a estudiar: “en esta casa, el que no estudia, se va a trabajar” (Miranda, 2008).

A principios de siglo XXI, la situación social experimentó una fuerte transformación, y con ella, la percepción sobre la juventud se modificó sustantivamente. Hoy ya no es socialmente aceptable que los jóvenes menores de 18 años no se encuentren estudiando, considerando que la escuela secundaria es el mejor lugar para ellos. Como se mencionara anteriormente, esto ha tenido su correlato en las políticas educativas del país con la sanción de la Ley de Educación Nacional nº 26206, a fines del año 2006.

En un contexto económico en que las diferencias sociales se agrandan, la amenaza de la exclusión social se encuentra en la realidad cercana y posible de amplios sectores poblacionales. En este escenario los más afectados históricamente han sido y son los jóvenes.

Según Miranda (2008), en este siglo, las transiciones hacia la edad adulta han adquirido una creciente complejidad por su heterogeneidad, su extensión y sobre todo por su menor estructuración. Son procesos no lineales con superposición de episodios donde los jóvenes pueden trabajar y seguir en casa de sus padres, rotar por distintos empleos, cambiar la orientación de sus estudios; lo que marca el final de las trayectorias estructuradas, ícono de lo socialmente esperable y aceptable para algunos sectores de la población: estudiar, trabajar, casarse y formar una familia.

En este texto se analiza la realidad sociocultural de jóvenes entre 15 y 18 años que han discontinuado sus trayectorias escolares, cuyas características comunes se vinculan a no estar 35

concurriendo a la escuela secundaria y a la vez, con muchas probabilidades de mantener vínculos precarios o informales con el mundo del trabajo.

Las escasas credenciales educativas, inserciones laborales precarias cuando se obtienen, salarios más bajos, tareas de baja calificación, y pocas probabilidades de crecimiento son las características de la mayoría de los empleos que obtienen los jóvenes y funcionan más como necesidades dolorosas que como medios de realización personal.

Existe una expresión que se ha generalizado y es de uso común para identificar y tematizar este antiguo problema social, constituyéndose en un “atractivo ideológico”8: se los reconoce como Jóvenes Ni-Ni. Esta denominación tiene fuertes connotaciones ideológicas, que tanto encubren como limitan, puesto que, la forma en que se nombran los problemas, configura y da sentido a su interpretación, así como también impone límites a sus posibles transformaciones.

La misma ha resultado muy eficaz para señalar las dificultades que atraviesa una parte de la juventud para sostenerse en circuitos sociales valiosos. Aun así, si se profundiza en ella, tiene derivaciones simbólicas respecto de temores e incertidumbres colectivas. Dentro de sus significados está implícita la peligrosidad que representan estos jóvenes para el resto de la sociedad.

El problema de los jóvenes con trayectorias escolares discontinuas debe ser abordado desde una perspectiva más completa y consistente. Por un lado, una de sus dimensiones es la escolarización, por otro lado la inserción laboral y su relación con el mundo del trabajo, y la otra, refiere a las preocupaciones o temores que despiertan los jóvenes en situación de cierta vulnerabilidad social.

En la denominación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, ni-ni, subyace la suposición de que la pertenencia a ese universo es una decisión de carácter personal, una trayectoria individual que es resultado de la voluntad y de la decisión de estos actores que hoy son el sujeto de este trabajo.

Las decisiones vinculadas al abandono de la escuela o la no incorporación al mercado de trabajo son de carácter personal, las elecciones subjetivas se toman en el marco de las condiciones de posibilidad, tanto socioeconómicas como culturales en las que cada joven se encuentra inserto.

El contexto y el entorno familiar son dos variables fundamentales que condicionan: limitando o potenciando oportunidades y alternativas. Muchas veces los jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentran en un proceso de doble exclusión, dados estos condicionamientos. Otras veces las posibilidades son caminos vinculados a la oferta no formal de capacitación, y el trabajar en condiciones de informalidad y precariedad; como aquellas ofertas que la sociedad tiene para brindarles y que tampoco son contempladas a la hora de etiquetarlos. Abandonaron la escuela secundaria pero buscan capacitarse para el empleo; no tienen trabajo formal porque sus credenciales formativas y educativas solo le permiten acceder a puestos precarios e informales en un mercado de trabajo inestable y de difícil acceso.

Por otro lado, también condicionan la posibilidad de elección, con lo cual esta doble privación les impone una dificultad para desarrollar un proyecto de vida, debilitando su autoestima en una fase formativa.

8 Las expresiones “ni-ni” (no estudian ni trabajan) y otras como “deserción escolar” o “crisis de la educación” son lo que se conoce como referentes ideológicos. Se trata de conceptos que no permiten describir o explicar cabalmente una realidad, porque no están elaborados desde el trabajo científico o la reflexión sistemática y, por lo tanto, no remiten a un marco conceptual capaz de ordenar la complejidad de la realidad (Bottinelli y Feijoo, 2014).

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Desde una mirada integral y compleja se requiere explorar cómo funcionan las instituciones educativas y las del mercado de trabajo. Para ello, profundizamos acerca de los marcos escolares y laborales puesto que se considera que son: el Estado en todos sus niveles, las instituciones y el mercado, quienes tienen responsabilidades a la hora de desplegar herramientas para sostenerlos en trayectorias escolares por un lado, y en facilitar el ingreso al mundo laboral desde una perspectiva que no los discrimine. Esto es lo que configura un marco hostil en donde se encuentran estos jóvenes, el cual influye notablemente en su constitución como sujetos y no sus propias conductas que podríamos entender como resultados posibles de este entorno.

Muchos jóvenes entran y salen del mercado laboral, a veces como consecuencia de las crisis económicas y sociales y otras como resultado de la dificultad de acceder a empleos formales y estables. En los últimos años, los ni-ni volvieron a la agenda mediática nacional a partir del argumento de que había más jóvenes que no estudiaban ni trabajaban que en 2003. La reducción de jóvenes que no estudian ni trabajan en la última década es visible, aunque moderada.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC el total de jóvenes entre 12 y 29 años en 2003 era de 7,3 millones, mientras que los desocupados eran 900.000, es decir, un 13 % del total. En estos últimos años hubo una importante incorporación de jóvenes al empleo que se produjo en todo el período, cerca de medio millón en las grandes ciudades, que impactó visiblemente en el indicador que se utiliza para medir la desocupación, pero mucho menos en el porcentaje de jóvenes ni-ni, que tiene en cuenta al total de los jóvenes y no sólo a quienes buscan activamente trabajo.

Por otra parte, un tercio de los jóvenes que se encontraban desocupados en 2003 no eran ni-ni ya que estaban estudiando. Por ese motivo es que la mejora que se observó en la incorporación al trabajo de muchos jóvenes queda parcialmente invisibilizada cuando solo se analiza el porcentaje de jóvenes ni-ni. El descenso registrado resulta insatisfactorio si se tienen en cuenta las mejoras de los indicadores sociales en la última década. Además la calidad de los empleos a los que acceden los jóvenes continúa siendo precaria.

En el Censo Nacional de 2010, la población entre 15 y 19 años alcanzaba la cifra de 3.545.743 jóvenes. La Encuesta Nacional de Jóvenes realizada por el INDEC en el año 2014 brinda datos más recientes vinculados a la actividad educativa y laboral de los jóvenes de esa franja etaria. El 84,7 % de los jóvenes de 15 a 19 años participan de la educación formal y/o no formal, proporción que desciende a medida que aumenta la edad: casi 50 % de los de 20 a 24 años y cerca de 38 % para los de 25 a 29 años. Del total de jóvenes que no estudian (15,3 % de la franja entre los 15 y 19 años) un 9,4 % trabaja o está buscando trabajo.

Quienes no estudian, no trabajan ni buscan trabajo representan el 5,9 % del total de los jóvenes de 15 a 19 años9.

Los niveles de escolarización son altos desde hace varios años. Quedan por escolarizar aquellos que viven en contextos más complejos, desafío que debe ser abordado a través de formatos escolares y propuestas pedagógicas cada vez más específicas.

La finalización de la escuela secundaria es otro aspecto sobre el que se registraron mejoras moderadas que obligan a replantear estrategias en este sentido. Más allá de los datos, es insatisfactorio el debate sobre los problemas y la realidad de los jóvenes en los estrechos y estigmatizadores marcos que impone la categoría ni-ni. La cuestión tiene una complejidad que no se logra capturar en un simple cruce superficial de dos de las categorías más importantes en esta investigación: escolaridad y trabajo.

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http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/resultados_enj_2014_2.pdf

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2.6. Visibilizando las trayectorias reales: entre lo escolar y lo laboral Como se expuso anteriormente, los jóvenes viven diversos y múltiples procesos de individualización. Arman recorridos a partir de secuencias de eventos individuales, resultándoles muy dificultoso articular proyectos de largo plazo.

En la investigación, cuando se ahondó en las causas por las cuales sus trayectorias escolares se interrumpen, aparecieron claramente: la repetición del año escolar y como consecuencia de ello, la percepción y convencimiento de que no tienen derecho a permanecer en la escuela; las dificultades de aprendizaje y de adaptación al formato tradicional de la escuela secundaria.

La lectura que se hizo de sus relatos es que los jóvenes asumen la plena responsabilidad del “fracaso escolar” como algo inherente a sí mismos y que por estas razones no tienen derecho a ocupar un lugar en la escuela. En sus expresiones se vislumbran múltiples dificultades de aprendizaje que no son visibilizadas como tales para poder ser diagnosticadas y tratadas, ni por ellos ni por sus responsables parentales ni por los adultos que trabajan en las instituciones. Por último, la experiencia escolar no les significa un sentido valioso ni pertenencia simbólica, existiendo una tensión permanente entre la propuesta curricular y las prácticas socioculturales de los jóvenes.

Desde la mirada adulta no se concibe el hacerse cargo de las dificultades que atraviesan los jóvenes en sus trayectorias. En muchas ocasiones, los mismos son expulsados de los procesos escolares por no poder adaptarse o superarse en sus dificultades individuales.

Respecto a cómo viven, sienten y vivencian la escolaridad, resulta importante destacar que se percibe una gran resistencia a ser “moldeados” por la matriz escolar.

En la escuela viven la tensión entre ser estudiante y ser adolescente, no logrando articular ambas realidades. Los jóvenes de hoy son portadores de culturas diversas, flexibles, fragmentadas, inestables; acarrean conocimientos, experiencias, valores que no coinciden necesariamente con la cultura escolar, compuesta por programas que contienen saberes consolidados, sistemáticos, homogéneos. La escuela tiende a negar la existencia de estos lenguajes y otros saberes diferentes a los establecidos en el formato escolar.

Los jóvenes necesitan encontrarle un sentido a los trayectos escolares. Ven a la escolaridad secundaria como “algo obligatorio”. Sostienen la importancia que la misma reviste para mejorar las condiciones de vida pero, por otro lado, son conscientes de los límites de estas credenciales.

Es importante subrayar que no abandonan el deseo de continuar sus estudios, solo no lo ven posible en lo inmediato. La escuela suele vivirse como un obstáculo para el trabajo.

En el caso de la actividad laboral, las tensiones que recorren sus representaciones se vinculan con “mandatos familiares” con gran influencia a la hora de tomar decisiones de vida, reconociendo que esta insistencia de sus referentes tiene que ver con un mejor futuro para ellos a través de un trabajo estable y digno.

Muchos de ellos ingresan prematuramente al mundo laboral, en forma precaria y totalmente desprotegidos por el Estado, con ingresos inestables, mínimos, sin cobertura social, con períodos intercalados de desempleo y subempleo. Otros realizan actividades informales, básicamente a través de actividades generadas para obtener ingresos y garantizar la supervivencia. Los recorridos laborales están signados por la temporalidad, se encuentran con un mercado laboral asimétrico en términos de oportunidades. La precarización e informalidad del trabajo nutre la vulnerabilidad y genera desempleo y desafiliación de los jóvenes con la sociedad.

Otra marcada tensión es la estabilidad y el autoempleo, donde la mayoría de los jóvenes se inclina a la idea de conseguir empleo formal y estable; una manera de sentirse “incluidos” en el mundo social. El trabajo seguro les posibilita pensar en el futuro pero a la vez sienten la 38

motivación de aprender y de asumir riesgos en pos de actividades de carácter emprendedor.

La percepción de la escuela como obstáculo y a la vez como necesidad, es otra de las reflexiones que surgió de la investigación. Los jóvenes consideran que finalizar los estudios secundarios es un requisito fundamental para poder acceder a mejores puestos de trabajo u oportunidades laborales en lo que ellos proyectan como “futuro”, pero a la vez interpretan que estudiar reviste un obstáculo para lo que les implica el “presente”, el hoy. Y es allí donde la propuesta escolar no les resulta suficiente.

Se puede concluir que la idea de futuro en los jóvenes se expresa más como deseo de alcanzarlo que como algo previsible. En sus contradicciones se develan las serias dificultades de conseguir trabajo y empleo; lo que los enfrenta a la incertidumbre respecto a poder concretar un proyecto de vida.

Esta incertidumbre laboral se ha naturalizado en este segmento poblacional, presentando serias dificultades para planificar el futuro, mientras que el presente se vive como un momento lleno de vulnerabilidad. No tienen expectativas de ascenso social y de mejoría en sus condiciones laborales.

La sociedad, las instituciones, el Estado, el mercado laboral se les presentan desintegrados, fragmentados, segmentados. En un contexto económico en que las diferencias sociales se agrandan, la amenaza de estar excluidos se encuentra en la realidad cercana y posible.

Durante el desarrollo del trabajo se ahondó en la caracterización del mercado de trabajo local y nacional, contexto imprescindible a la hora de conocer, comprender y conectar las ofertas, posibilidades, limitaciones y obstáculos al momento de buscar la inserción en el mismo.

La mirada del mercado laboral hacia los jóvenes los concibe con actitudes vinculadas a la ausencia de responsabilidad, compromiso, escasos hábitos para el trabajo, proyectos laborales y personales, ganas de trabajar, aprender y estudiar.

Esto se comprende desde lo antes analizado, el mercado laboral es inseguro, incierto y flexible. No se apuesta a una cultura del “esfuerzo y sacrificio” porque descreen de que el futuro les depare certezas y seguridades, han vivenciado y experimentado el quiebre de estos mecanismos en las generaciones de sus padres. Esto marca el final de las trayectorias estructuradas: estudiar, trabajar, casarse y formar una familia.

Pensando las perspectivas que estos jóvenes tienen de acceder al mundo del trabajo, el panorama es incierto: hay desocupación, empleo informal, subocupación y los jóvenes son el sector más vulnerable y expuesto ante estas problemáticas. Sin credenciales educativas, las trayectorias laborales de quienes no acceden a determinados niveles educativos se caracterizan por su precariedad, inestabilidad, alta rotación, poca calificación, flexibilidad y corta duración con periodos de desempleo y subempleo. Los jóvenes valoran las credenciales escolares a pesar de tener en claro que, adquiriéndolas, tampoco les garantiza conseguir empleo.

Siguiendo esta lógica y considerando que si logran ingresar al mercado laboral bajo las condiciones descriptas, tampoco eso les garantiza el estar “incluidos” en la sociedad.

Tener empleo o trabajo en la actualidad, tiene un sentido meramente instrumental: les significa el poder alcanzar algún objetivo; el trabajo ya no se constituye en un elemento de identidad social como lo fue a mediados del siglo XX, cuando se lo consideraba uno de los ejes de construcción de la ciudadanía y de desarrollo social. Las generaciones jóvenes han modificado sus expectativas en torno al trabajo y al futuro, definiendo acciones de corto plazo y poniendo en juego actitudes interpretadas y valorizadas como “falta de compromiso” o de “ganas de aprender y sumar nuevos desafíos”.

Si se sostiene que el trabajo es una forma de ejercer los derechos ciudadanos y la inclusión social en contextos de desocupación, no habría ciudadanía posible. La precariedad estructural del empleo es uno de los mayores impedimentos para el ejercicio de la 39

ciudadanía. Es por ello que aparecen nuevas formas de proyectar la vida y de situarse en el mundo; trayectorias flexibles, no sólo en lo laboral sino también en la creación de nuevos hogares.

2.7. La crisis más honda es la del sentido En este contexto, y frente a los crecientes riesgos a los que están expuestos los jóvenes, las ideas de “trayectorias fallidas” y “exclusión juvenil” se han difundido significativamente en estudios de América Latina y Europa. En este trabajo se interpreta el abandono escolar de los jóvenes como trayectorias discontinuas, al no darse en el momento socialmente esperado, debido a diferentes factores sociales, institucionales y personales, provocan una “disrupción” en el proceso subjetivo y social de cada joven. También intenta recuperar la idea del “deseo” de poder pertenecer, sentirse parte de, ser reconocidos como “hijos” de la sociedad; siendo fundamental el rol de la política pública a la hora de abrir y desplegar oportunidades diferentes, que no intenta sino reconociendo las condiciones juveniles donde la precarización subjetiva va de la mano de una acelerada desinstitucionalización y desafiliación.

Existe una serie de particularidades locales del tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta: diferentes impactos de la globalización, las tradiciones educativas, la configuración de los mercados laborales, y las políticas de juventud y empleo, entre otros fenómenos. Todas ellas vuelven en vano los diagnósticos e intervenciones sacadas del contexto donde se produce la inserción laboral juvenil.

Aún persiste la presencia de un discurso social que sostiene un modelo de integración social basado en la movilidad social ascendente. A este modelo la autora M. Chávez (2010) lo denomina “el sueño argentino”, un mito que articula valores positivos del capitalismo: trabajo, esfuerzo, ahorro, sacrificio. Estas creencias compartidas, aún vigentes, le dan sostén a prácticas que legitiman funcionamientos pero, a la vez, entran en profunda crisis porque los jóvenes heredan este mito pero comprueban que la movilidad ascendente ya no se consigue con trabajo y que contar con un empleo no sólo no lo garantiza sino que se les dificulta como proyecto de vida.

Para los jóvenes es un mundo signado por discontinuidades culturales, lleno de incertidumbre; con mercados laborales “flexibles” que ofrecen precariedad e inestabilidad a pesar que las credenciales educativas necesarias para permitir oportunidades no garantizan la inserción e inclusión laboral. En este sentido, ya no se puede pensar en trayectorias estables de vida: el tránsito de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo a la jubilación. Hace décadas que este modelo está roto porque implica aceptar sin debatir que la trilogía educación-trabajo-ciudadanía configura realmente una opción para el grueso de la población juvenil.

Varios autores sostienen que el acceso al empleo como forma de acceder a la ciudadanía ha colapsado en la Argentina. No hay ciudadanía posible si solo es a través del trabajo que se logra. Y si el empleo es el fin último de la escolaridad qué pasa cuando este no es el horizonte posible.

Nadie con tanta claridad como los jóvenes comprende que educación y empleabilidad no constituyen una relación causal directa. Esto no debe confundirse con apatía sino como una generación de hijos de tercera o cuarta línea de desocupados para quienes el trabajo formal es un eufemismo. La ausencia de problematización sobre la propia escuela y el mundo laboral circunscribe el problema de la inclusión de los jóvenes a la expansión de sus alcances y a la búsqueda de atraer y traccionar a los mismos a estos ámbitos.

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Reguillo (2012) plantea que estas instituciones aceptan la interpelación sobre su insuficiencia estructural pero se muestran incapaces de asumir la crisis más honda que las sacude: la del sentido. Por otro lado, la educación suele considerarse como una esfera por fuera o por encima de la vida social y continúa siendo la institución en la cual los jóvenes depositan las esperanzas de llegar a “ser alguien”.

Los últimos años han sido expresión de crisis, procesos de reconfiguración social y de reformas escolares. Estas últimas procuraron realizarse intentando actualizar los nuevos requerimientos de la ciudadanía y del trabajo, lo que se denominó como se mencionara en capítulos anteriores, “pedagogía de las competencias” (Grinberg y Acosta, 2010).

Volverse competente significa volverse una mercancía atractiva para el mercado de trabajo y para ello es necesario que los sujetos desarrollen un conjunto de nuevas actitudes; las cuales deberían ser el resultado de la construcción de las capacidades y cualidades que la escuela debe propiciar, potenciar y orientar para su consecución.

En esta pedagogía se integran diferentes aspectos. Primero se traduce la falta de empleo como un problema de sujetos competentes, no se emplean porque no tienen la formación que requieren las empresas flexibles. Segundo, frente al debilitamiento de un Estado que aseguraba la estabilidad se hace necesario formar al trabajador como un eterno buscador de empleo y para ello debe competir en el mercado. Y en tercera instancia, todo esto involucra una cuestión de actitud.

La sociedad reprocha a los jóvenes algo que no puede dar, se les reclama voluntad e interés, cuando el mundo ha borrado la posibilidad de la experiencia y narración.

Que la utilidad no sea el fundamento primero y último de la educación puede significar una oportunidad de construir espacios de debate, cuestionamiento y lucha por el sentido del mundo.

Hoy se encuentran en crisis los marcos históricos que sirvieron de contención e integración social a los jóvenes: la inclusión educativa y laboral. Si una sociedad puede decidir no tener huérfanos o desafiliados, debe revisar aquellas categorías que dan cuenta de los modos de estar, participar y ser en el mundo, pues hoy resultan insuficientes para afrontar uno de los debates más importantes que atraviesa: la inclusión frente a la exclusión.

De esta resignificación dependerán las nuevas condiciones de ciudadanía y los límites que se establezcan entre la afiliación y la desafiliación.

“La reflexión de los jóvenes es una tarea que se inscribe en el necesario debate sobre el horizonte del futuro. Si como ha dicho Garcia Canclini (1999) en la inevitabilidad globalizadora aparecen “interrupciones” que ponen en cuestión su relato homogéneo, tal vez la pregunta por los jóvenes ayude a visualizar caminos alternativos” (Reguillo, 2012, p 38).

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Capítulo 3

La creación de empresas como estrategia de Desarrollo Territorial: Análisis del Programa Rafaela Emprende.

Diego Peiretti

Introducción Uno de los rasgos distintivos de la ciudad de Rafaela 10 es un su potente entramado institucional vinculado al sector productivo. Diversas instituciones públicas y privadas generan acciones de apoyo a las pequeñas y medianas industrias de la ciudad, entre ellas las que se vinculan al desarrollo de nuevos emprendedores. Esta situación, que en principio se observa como favorable, puede no ser suficiente para brindar una eficiente asistencia a los emprendedores del territorio, sobre todo si no se cuenta con una coordinación que evite superponer acciones y desperdiciar recursos.

Esta situación era la que se observaba en el año 2009, cuando el Estado municipal decidió convocar a todas las instituciones que estaban trabajando en el tema, y luego de varios debates se crea Rafaela Emprende, un programa diseñado con aportes de todos los actores y con el desafío de transformarse en una política de Estado capaz de trascender los cambios dirigenciales, tanto del sector público como del privado.

Rafaela Emprende es un programa de asistencia integral a emprendedores de la ciudad.

La coordinación general está a cargo del Municipio, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Rafaela. Participan activamente diversas instituciones de la ciudad, vinculadas al sector privado (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región), y al sector del conocimiento (Universidad Tecnológica de Nacional –Facultad Regional Rafaela, Universidad Católica de Santiago del Estero Dirección Académica Rafaela, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de Rafaela) e instituciones mixtas como la Agencia de Desarrollo de Rafaela.

A cinco años del inicio del programa, la tesis de Maestría titulada “La creación de empresas como estrategia de desarrollo territorial. Análisis del programa Rafaela Emprende” 10 Rafaela es una ciudad de 100.000 habitantes, ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, Argentina.

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generó una instancia de evaluación intermedia de política pública combinada con instancias de investigación acción. De esta forma, el mencionado trabajo apuntó al análisis de los resultados de un proceso de evaluación, reflexión, planificación y acción, llevado adelante de manera conjunta entre el investigador (actor) y referentes del programa.

El enfoque metodológico de esta tesis tuvo dos fuertes vectores: la evaluación de políticas públicas y la investigación acción. Desde lo conceptual, la evaluación intermedia plantea que el trabajo debe realizarse durante la ejecución del proyecto, lo que permite hacer los ajustes necesarios. Pone énfasis en los procesos que forman su dinámica global y también en los factores que facilitan o dificultan el desarrollo y funcionamiento del proyecto. Este tipo de evaluación se hace cargo de la hipótesis de que todo conjunto social es modificado cuando se estimula externamente. De allí que sea necesario lograr un cúmulo de información suficientemente potente como para cambiar el proyecto de acuerdo con las necesidades que el conjunto social intervenido va requiriendo. La desventaja de este tipo de evaluación es que en general se debe contar con muchos recursos, tanto para el monitoreo como para modificar el proyecto inicial si fuera necesario.

La parte de la metodología vinculada a la investigación participativa, tuvo una fuerte impronta co-generativa, donde el investigador y los actores protagonistas del proceso trabajaron de modo cooperativo en el análisis y planteo de propuestas de solución del problema de investigación. Se trató, en síntesis, de una propuesta metodológica por la cual la generación de nuevo conocimiento permitió solucionar problemas que fueron previamente acordados por todos los actores.

Aquí podemos recuperar conceptos de Larrea y Karsen (2015) quienes sostienen que lo que distingue a la investigación acción de otras aproximaciones es que el objetivo de dicha investigación es generar nuevo conocimiento que ayude a solucionar un problema previamente acordado entre investigadores y actores en un territorio. Aquí se rescatan las aportaciones de esta corriente de investigación entendida como un modelo co-generativo, que plantea la colaboración entre investigadores y actores del territorio en procesos de reflexión y acción.

En conclusión, la tesis desarrolló un trabajo de campo para evaluar si las acciones llevadas adelante desde el entorno institucional de apoyo de la ciudad de Rafaela, a través del Programa Rafaela Emprende, tuvieron los impactos esperados en los emprendedores.

3.1. Principales resultados del trabajo de investigación

3.1.1. Supuestos de partida El trabajo de investigación vinculado al Programa Rafaela Emprende planteaba los siguientes supuestos: - Los emprendedores que participan activamente de procesos de formación y asistencia técnica, logran aumentar sus niveles de eficiencia interna, volviéndose más competitivos.

- Los emprendedores que logran romper con el aislamiento y trabajar en forma asociativa junto a otros emprendedores y con el entorno institucional acceden a fuentes de información que les permite consolidar sus emprendimientos.

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- Aquellos emprendedores que se vinculan con el sector del conocimiento logran introducir cambios al interior de sus emprendimientos que se traducen en mejoras de sus procesos productivos.

- Los emprendedores que ingresan al programa y desarrollan su actividad económica de manera informal, transitan un camino hacia la formalización a medida que se vinculan con el entorno institucional.

- Los emprendedores que trabajan en coordinación con la red de instituciones de apoyo de un territorio acceden a fuentes de financiamiento alternativas, generalmente provenientes del sector público.

Planteados estos supuestos, muchos de ellos vinculados a la relación del emprendedor con su entorno, y diseñando una metodología que tenía su base en trabajos de evaluación anteriores, se planificó en primer lugar un trabajo de campo donde se visitaron y encuestaron a 80 emprendedores que participaron activamente de esta política de apoyo desde su puesta en marcha, en el año 2009, hasta su quinta edición, en el año 2013.

Para una mejor apreciación del impacto de esta política de apoyo a emprendedores, se incorporan a la evaluación variables de índole cualitativa y cuantitativa. Los ejes que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron los siguientes: la percepción del emprendedor respecto a la performance de su emprendimiento y su posición competitiva a partir de su participación en el Programa Rafaela Emprende. Para realizar esta tarea se seleccionaron temas de análisis como: calidad, diseño, costos de producción, equipamiento, evolución de las ventas y clientes, acceso a financiamiento, asociatividad empresarial, formalización de la actividad económica, entre otras. También se brindó la posibilidad que el emprendedor evalúe a los actores del Programa (municipio, tutores, asistentes técnicos, capacitadores) y acciones claves (mentorías, participación en ferias locales, regionales y asistencia financiera).

3.1.2. Principales resultados de esta evaluación Tomando el universo de emprendimientos encuestados que no se encontraban formalizados al momento de iniciarse el programa, observamos que el 58% realizaron los trámites administrativos correspondientes y hoy se encuentran debidamente formalizados.

Este porcentaje se vincula con las diversas acciones de acompañamiento desarrolladas en el transcurso del programa y que fueron pensadas con ese objetivo: charlas sobre habilitaciones comerciales por parte de personal competente de la Municipalidad de Rafaela, asesoría de profesionales en aspectos legales e impositivos, posibilidad de gestionar financiamiento para adecuación de infraestructura. Además, al ofrecer información específica sobre todo el proceso, comienzan a derribarse ciertos mitos en el emprendedor, y a visualizar un tanto más cercana la posibilidad de tener su actividad acorde a las normativas vigentes.

De los 80 emprendimientos encuestados y que han sido asistidos en las 5 ediciones del programa, se encontraban en marcha 64 de ellos, esto es, el 80 % El 20 % restante manifestó estar en la fase de idea proyecto o habían abandonado la idea de emprender.

Es importante destacar el alto porcentaje de emprendimientos que participaron activamente del programa en las distintas ediciones y que continúan en funcionamiento.

Esto se transforma en un hecho relevante que motiva a seguir trabajando en el diseño de política de apoyo a emprendedores. Sin duda, el trabajo de las instituciones que forman parte de dicho programa, constituye el elemento central para generar la continuidad de estos emprendedores.

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Respecto a los principales impactos generados en los emprendimientos a partir de la participación en el programa, se destacan los siguientes (surgidos de las respuestas de los emprendedores): - El 71 % de los emprendedores encuestados manifestaron implementar cambios en las formas de producción, haciendo más eficiente el proceso.

- El 70 % de los encuestados dijeron tener un sistema para calcular sus costos.

- El 68 % describió una evolución en sus ventas y un 73 % un aumento en su cartera de clientes.

También se consultó a los emprendedores sobre la performance de su emprendimiento frente a sus competidores, y para ello se le plantearon algunas variables de análisis. En este sentido, la percepción de la mayoría de los emprendedores encuestados fue que en cuanto a calidad, servicio de atención al cliente y servicio post venta se encuentran mejor posicionados frente a su competencia. De igual forma, la mayoría de los emprendedores han manifestado encontrarse en una misma posición en cuanto a precios y financiamiento. El dato sobresaliente es que todos y todas respondieron a estas preguntas mostrando un cabal conocimiento de las principales características de sus competidores.

Además de estas evaluaciones, se determinó el perfil del emprendedor y las características de los emprendimientos participantes del programa en cuanto a edad, sexo, nivel educativo, dedicación al proyecto (actividad principal o secundaria), cantidad de personas afectadas, sector de actividad, antigüedad.

La evaluación consideró diferentes actores que forman parte del programa. En este sentido el 86% valoró como bueno o muy bueno el rol del tutor dentro del Programa. Esta figura es el actor más cercano al emprendimiento, es el que debe generar confianza y actuar como nexo entre el emprendedor y el entorno institucional. Por este motivo, la calificación obtenida reviste mayor significatividad. El 46,3 % de los emprendedores responde que el principal elemento o virtud que destaca del tutor es haberse transformado en una fuente de consulta permanente. En segundo lugar, mencionan la ayuda en la conexión con el entramado institucional (25 %) y, por último, el apoyo en la resolución de problemas (18,8 %).

Respecto al rol del asistente técnico, el 78,8 % de los encuestados expresó una valoración buena (26,3 %) y muy buena (52,5 %). Vinculado a esto, el 27 % respondió no haber mantenido ninguna reunión con estos profesionales, mientras que el 43,8 % coordinó 1 o 3 reuniones. Estas respuestas demostraron una baja apropiación del servicio de los asistentes, aspecto que planteó un desafío a futuro.

En cuanto a la evaluación de las acciones del programa, se observa una alta valoración de las mentorías. El 76,3 % consideró esta actividad como muy buena (50 %) y buena (26,3 %). Las mentorías son encuentros informales entre emprendedores y empresarios, donde se busca intercambio de conocimiento, experiencias y visión de negocios. El 95 % indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo en el desempeño del municipio en la coordinación del Programa Rafaela Emprende.

A fin de determinar los niveles de confianza hacia el gobierno local, se consultó a los emprendedores si percibían al municipio de Rafaela como un actor al cual se puede recurrir en caso de necesitar asistencia. Más del 90 % contestó afirmativamente.

En cuanto a la gestión de financiamiento, el 33,8 % de los emprendedores indicó haber iniciado gestiones para obtener algún tipo de asistencia financiera. Solo el 2,5 % de losemprendedores que decidieron iniciar la gestión de financiamiento no lo obtuvieron por no cumplir con las formalidades mínimas. Esto indica que hubo 48

un buen acompañamiento en las presentaciones de los proyectos, dado que la gran mayoría de los emprendedores que han gestionado un crédito, lo han obtenido.

En este acompañamiento es importante destacar la labor del municipio a través del Centro de Información al Empresario (CIE), que asistió a un 85 % de la demanda. La tarea desempeñada comprendió la difusión de las líneas de financiamiento vigentes, el asesoramiento en la formulación, presentación y seguimiento de los proyectos.

Respecto al nivel de asociatividad empresarial, de los emprendimientos consultados, el 21,3 % manifestó estar asociado a alguna cámara empresaria (en su mayoría a la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR) perteneciente al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región). De los emprendedores que respondieron no estar asociados a ninguna cámara, el 57 % expresó interés en conocer los servicios de CAPIR, con lo cual resulta responsabilidad de la gremial empresaria visitar a cada uno de ellos, explicando los beneficios de la asociatividad empresarial y de la cámara en particular.

Habiendo consultado a los emprendedores sobre cuáles han sido los principales beneficios del Programa, se destaca la valoración a la “organización interna” del emprendimiento, que ocupa el 36,5 % de las respuestas. Luego se mencionan el aumento de las redes de contacto (22,5 %), respuesta que tiene significativa importancia dado que se trata de un intangible que no es frecuente que sea destacado. En tercer lugar, con el 18 % de las respuestas, se ubica la “visión de negocios” que le ha ofrecido el Programa a los emprendedores. El “aumento de la facturación” y “número de clientes” no aparecen como las primeras opciones, a pesar de ser indicadores inmediatos y “tangibles”.

3.2. Taller de evaluación y planificación: reflexión colectiva de actores del Programa para la generación de nuevos aprendizajes En diciembre de 2013 se desarrolló el taller de reflexión y análisis del Programa Rafaela Emprende, donde se debatieron los resultados de la evaluación descripta con anterioridad.

El objetivo de este espacio fue que cada actor convocado pudiese expresar sus percepciones acerca de la política de apoyo a emprendedores, y sugerir cambios para mejorar las intervenciones. Estos cambios podían estar vinculados a distintos factores que favorezcan o dificulten el surgimiento de nuevos emprendimientos en la ciudad de Rafaela.

Previo al desarrollo del taller se enviaron los resultados de la evaluación realizada, con el objeto de que cada participante llegue al encuentro habiendo leído y analizado el material, y de esta manera generar un debate participativo, donde se analicen los resultados y se propongan nuevas acciones. Al inicio se expusieron los objetivos y principales resultados del documento de evaluación. Posteriormente, se valoraron, en forma participativa (grupos conformados al azar), diversos factores del entorno que en un territorio podrían favorecer o dificultar el surgimiento de nuevos emprendedores: cultura emprendedora, vinculación con el sector del conocimiento, creación de redes de competencias inter empresariales, cualidades emprendedoras, acceso a recursos y marco regulatorio.

A partir de los resultados obtenidos se realizó un documento final que fue enviado a cada uno de los participantes, a partir del que se generaron nuevos diálogos y análisis, y además permitió aplicar la metodología de investigación acción sobre un problema específico planteado por los actores en el taller: la necesidad de incrementar la vinculación entre el sector universitario y los emprendedores.

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3.3. Aportes al Programa Rafaela Emprende desde la Investigación Acción 3.3.1. Fases del proceso de investigación acción Siguiendo a Elliott en Suárez Pazos (2002), describimos a la Investigación Acción (IA) como una herramienta participativa y que estimula la creación de comunidades autocríticas. En estos procesos, las personas intervinientes analizan críticamente las situaciones, actuaciones y conflictos.

Al momento de iniciar un proceso de investigación acción, se definen problemas concretos que resulten interesantes pero a la vez no demasiados complejos, capaces de ser trabajados en pequeños grupos de personas, a las cuales se pueden incorporar otras, a medida que se avanza con las diversas fases.

En la investigación de referencia, la preocupación temática que emergió de las conclusiones del taller de evaluación, donde participaron los actores vinculados al programa fue la siguiente: “Bajo nivel de articulación entre los emprendedores que participan del Programa Rafaela Emprende y el sector universitario de la ciudad”. A partir de esta evaluación, se trabajó con los participantes durante el taller, y se definió que el problema a resolver se vinculaba específicamente con “Incrementar el alcance de las acciones de colaboración con la carrera Diseño y Comunicación de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Dirección Académica Rafaela”.

Con esta universidad existía un acuerdo formal de colaboración para trabajar específicamente en la asistencia a emprendedores del Programa Rafaela Emprende. Este problema fue claramente identificado y expuesto por los emprendedores del programa en este ámbito participativo.

Definida la preocupación temática, se avanzó sobre la reflexión inicial o evaluación, llevada adelante con diversos actores del programa: docentes y alumnos de la universidad, emprendedores, investigador/actor. El debate se centró en los antecedentes de trabajos conjuntos, y se plantearon los desafíos y expectativas de cada uno de los intervinientes.

Luego de esta reflexión inicial, se inició la fase de planificación. Es aquí donde se definió un plan de trabajo flexible, con posibilidad de incorporar ciertos aspectos no previstos en el transcurso de la investigación. Dicho plan de acción (definido en forma participativa) tenía como principal objetivo dotar de herramientas de comunicación a emprendedores que participan del Programa Rafaela Emprende. Tal cual se ha mencionado, en una etapa inicial de los emprendimientos, sus responsables no se encuentran motivados a invertir recursos para este tipo de desarrollos, o muchas veces no tienen las capacidades para comprender la importancia de la actividad. Tampoco existen programas de apoyo a emprendedores que financien este tipo de asistencias.

Habiendo definido el plan de acción, se pone en marcha la “acción–observación”. Como se mencionó en la fase anterior, el plan no es lineal o mecánico: tiene cierta incertidumbre producto de los aprendizajes surgidos de los diálogos entre actores, que puede exigir la toma de decisiones no contempladas en la etapa de diseño. Esto podría darse al cambiar ciertas variables, o bien porque surgen nuevas que no habían sido contempladas.

En esta etapa se convocaron emprendedores y alumnos de la universidad, quienes trabajaron en forma conjunta y colaborativa bajo la coordinación y facilitación del investigador. El producto de este trabajo fue la generación de manuales de identidad corporativa para cada emprendedor asistido, concretado por alumnos y alumnas bajo la supervisión de docentes.

La última etapa de este proceso fue la reflexión participativa que permitió identificar aprendizajes importantes del camino transitado, que deben ser difundidos y compartidos con diferentes actores del territorio, con el ánimo no solo de mejorar la propia experiencia, sino también generar una apropiación social del conocimiento producido.

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3.4. Aprendizajes del proceso Luego de entrevistas personalizadas con distintos actores participantes del proceso, se establecieron las siguientes conclusiones que se transforman en importantes aprendizajes, los cuales deben ser difundidos y compartidos a través de diversas estrategias de comunicación.

3.4.1. Aprendizajes para la coordinación de Rafaela Emprende Desde el programa Rafaela Emprende se aprendió que propiciar espacios de diálogo y reflexión permite a los emprendedores incorporar una mirada de largo plazo, y a partir de allí identificar demandas en este sentido. Sin estos ámbitos, resulta más difícil que un emprendedor, con su dinámica visualice este tipo de necesidades, que son estratégicas para la consolidación de los emprendimientos. Luego de casi dos años generando estos encuentros de reflexión acción, se han podido identificar y discutir innovaciones estructurales.

Otro aprendizaje para todos los actores es la importancia de respetar acuerdos que además es sinónimo de confianza, un intangible fundamental para encarar cualquier tipo de proyecto de desarrollo donde prevalezcan las relaciones intersectoriales. Por el contrario, generar propuestas que no se materialicen puede desalentar la participación de los actores y llevar un programa de desarrollo hacia el fracaso. Es importante que en estos espacios de participación no solo se generen propuestas (qué), sino de qué forma llevarlas a cabo (cómo). Proponer el debate en estos términos genera un plus que está vinculado a obtener un mayor compromiso en la implementación por parte de los actores, o bien a priorizar los ejes de trabajo ajustando las acciones a las posibilidades reales de los actores (posibilidades económicas, de recursos humanos, etc.).

Otro aprendizaje importante de Rafaela Emprende fue entender que existen intervenciones que son generales y otras particulares. El desafío del programa ha sido poder combinar ambas. Se han diseñado acciones generales que buscaron nivelar conocimiento y fortalecer una red de emprendedores, que se complementaron con otras particulares que tienen como principal objetivo atender necesidades específicas de ciertos colectivos como: mujeres, jóvenes desempleados, jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, entre otros. Cada uno de ellos se trabaja a través de un abordaje personalizado.

Ha sido muy importante el rol del facilitador como generador de espacios de reflexión entre universidad y emprendedores, manejando los tiempos, y decidiendo los momentos de encuentro. Logró liderar y coordinar las acciones, aprendiendo a mediar entre las diferentes miradas de unos y otros, asumiendo el rol de interlocutor e intentando encontrar soluciones a través del diálogo.

3.4.2. Aprendizajes para alumnos y docentes de la universidad La universidad se propuso, al igual que Rafaela Emprende, generar espacios de evaluación y reflexión con sus docentes y alumnos, donde debatieron respecto a su participación en el Programa. A partir de estos encuentros se identificaron aprendizajes que se transformaron en desafíos a futuro, y que tienen como objetivo mejorar la calidad de profesionales que egresan de la casa de estudios. Esto, que es conocido en la teoría, tiene en esta parte de la investigación, temas muy concretos que emergen de este esfuerzo y que, detectado por ellos, exigen cambios hacia adentro.

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Además, la universidad ha aprendido a manejarse en estructuras públicas y privadas.

Ha sabido adaptarse a los tiempos de unos y otros (que claramente son distintos). A los docentes asignados se les ha dado la posibilidad de aprender a coordinar un grupo por fuera de la estructura de la universidad. Aquí hubo un importante aprendizaje. No es lo mismo coordinar actividades de manera tradicional dentro de un aula, a coordinar cuasi profesionales asumiendo el rol de interlocutores, interpretando y coordinando diferentes problemáticas que aparecen en forma externa a la universidad. Ha sido un gran aprendizaje de este proceso generar una nueva alternativa de formación para los docentes, vinculada a la coordinación de alumnos en su última etapa de la carrera, en un contexto que deja de ser el aula.

La Universidad Católica de Santiago del Estero –Dirección Académica Rafaela-, en este proceso de articulación con Rafaela Emprende, ha identificado debilidades y fortalezas en la formación de los alumnos en áreas específicas de la carrera Diseño de la Comunicación Visual. A partir de esta información, ha aprendido que resulta fundamental generar ámbitos de evaluación-reflexión que permitan recuperar estos aprendizajes respecto a la performance del alumno en su práctica pre- profesional y volcarlo nuevamente al aula, buscando generar los cambios necesarios para aportar mejores profesionales al medio. Será muy importante buscar una continuidad a la hora de realimentar el sistema, dado que el grupo emprendedor va cambiando año a año, al igual que el perfil de los participantes. El contacto directo con actores del territorio permite identificar problemáticas que difícilmente se manifiestan en el aula.

A través de la participación en Rafaela Emprende, el alumno se enfrentó ante el desafío de un caso real, donde aprendió que los tiempos son limitados, que las necesidades no siempre son tan comprensibles ni guardan la coherencia que en teoría deberían guardar. Tener la posibilidad de salir de los casos ficticios y trabajar junto a emprendedores con necesidades de todo tipo ha sido un gran aprendizaje. Establecer vínculos con los emprendedores, entender y decodificar las necesidades a través del diálogo, poner en práctica una escucha activa, y a partir de allí generar propuestas concretas, respetando los tiempos estipulados por los docentes ha sido un gran aprendizaje. Para la mayoría de los alumnos esta modalidad se ha transformado en la primera vinculación con el mundo del trabajo, con la importancia que ello implica. Han logrado comprender lo que significa un trabajo de consultoría en una empresa. El proceso ha sido una excelente aproximación a una realidad muy próxima para cada uno de ellos, como futuros profesionales. Todo esto ha sido posible, según los alumnos, a partir del seguimiento fundamental realizado por los profesores, y del buen clima y acompañamiento generado desde la coordinación del programa Rafaela Emprende.

Tal cual se ha mencionado, los conocimientos aportados por los docentes fueron muy enriquecedores en el sentido que se ha salido de la estructura pedagógica clásica y tradicional, para incursionar en un nuevo método de trabajo, con mayor grado de complejidad. Coordinar un grupo de alumnos que enfrentan su primera experiencia con casos reales, requiere de una mayor predisposición al diálogo. Se han podido tomar problemáticas a partir de este contacto con el territorio, que han sido debatidas en el aula, generando aprendizajes colectivos. En estos debates se han escuchado las opiniones de cada compañero y compañera, generando debates, críticas y nuevas sugerencias. Ha sido una experiencia muy positiva propiciar estos intercambios dentro del aula, donde todos han aprendido a partir del “hacer”.

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3.4.3. Aprendizajes para los emprendedores El emprendedor fue aprendiendo junto con los alumnos sobre la importancia de trabajar y construir la identidad del emprendimiento bajo una mirada de largo plazo. Su participación en este proceso generó cambios en la forma de pensar respecto a los importantes aportes que puede realizar la comunicación visual en una etapa incipiente de vida de sus proyectos.

Cada uno de ellos se ha quedado con un conocimiento en la temática que los acerca mucho más a la posibilidad de seguir vinculados a profesionales con este perfil. Estos aprendizajes individuales fueron potenciados en espacios de reflexión y diálogo, donde se hicieron presentes obstáculos y propuestas para la acción. Pasaron de objeto de política a sujeto activo, proponiendo cambios, aportando al debate, y con acceso a la toma de decisiones.

3.5. Reflexiones finales Tal cual se ha mencionado, las empresas y emprendedores no compiten solos en los mercados, sino que lo hacen junto al entorno territorial donde están insertas. Rafaela Emprende, desde el nivel meso y meta de la competitividad sistémica, ha trabajado la animación social, generando espacios de reflexión, asistiendo a emprendedores a través de servicios especializados de apoyo a través de su red de instituciones públicas, privadas y del conocimiento, con un fuerte liderazgo del gobierno local. Estas acciones permitieron dotar de nuevas herramientas y capacidades a los emprendedores, que se traducen en mejores niveles de competitividad.

Es importante destacar que todo trabajo en red requiere de una coordinación que planifique y ordene las acciones. En este sentido, como ya se ha mencionado, fue y es muy importante el liderazgo del gobierno local, actuando como facilitador, convocando y propiciando ámbitos de diálogo, diagramando planes de acción de manera consensuada con los actores locales y asignando recursos para el financiamiento de las acciones. Este accionar ha consolidado buenos niveles de confianza por parte de todos los actores, principalmente de los emprendedores quienes así lo manifiestan en el trabajo de evaluación.

Uno de los objetivos del presente estudio, fue generar ámbitos de evaluación y reflexión colectivos que produzcan acciones concretas que mejoren las intervenciones. En el marco del Programa Rafaela Emprende, se han propiciado este tipo de espacios durante todo el proceso de investigación, identificando problemáticas y utilizando redes de colaboración institucional para generar propuestas de mejora. Luego de dos años liderando la generación de espacios participativos de evaluación, reflexión y acción se ha logrado un rediseño innovador del programa, que incorpora en sus intervenciones la mirada del largo plazo.

En este sentido, no han sido pocos los cambios realizados a partir de escuchar a los actores del territorio. Se incorporaron nuevas temáticas de capacitación, cambios en los métodos de dictado, anexando casos concretos a cada uno de los módulos, permitiendo a los emprendedores conectar la teoría con la práctica. Asimismo, se profesionalizaron las tutorías, incorporando 4 profesionales vinculados a las ciencias empresariales para desarrollar este importante rol.

Se implementaron los talleres de integración, donde se trabajó la construcción de confianza y fortalecimiento de los lazos entre emprendedores. En este proceso fue clave el rol de la presente investigación, propiciando espacios de reflexión que visibilizaron la necesidad de generar cambios, adaptados a las nuevas necesidades de los emprendedores y del entorno. Uno de los desafíos más importantes para el investigador ha sido el motivo del presente trabajo: incrementar el vínculo entre los emprendedores y la universidad.

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Figura 1: Proceso de evaluación: métodos, técnicas utilizadas y actores participantes (elaboración propia)

Fuente: elaboración propia

Finalmente, queda el desafío de adoptar una metodología de trabajo que proponga la generación periódica de espacios de diálogo donde los actores reflexionen sobre lo actuado, identifiquen aprendizajes y definan nuevas acciones que mejoren las intervenciones. En estos ciclos virtuosos se logra generar nuevo conocimiento que debe ser sistematizado y compartido con otros actores que intervengan en procesos de desarrollo territorial.

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Capítulo 4

Análisis de las empresas con posterioridad a la actuación de programas de apoyo. El caso de los emprendimientos que participaron del Programa Rafaela Emprende.

Natalia Aniboli

Introducción La importancia de fomentar el nacimiento de nuevas empresas es un tema altamente abordado en desarrollo territorial, por la influencia que tienen para el crecimiento socioeconómico del territorio en el que se generan/radican. Según detalla Kantis (2004), este interés se basa en las evidencias acerca de la contribución de los emprendimientos al crecimiento económico, al aumento de la productividad, al rejuvenecimiento del tejido socio productivo, al relanzamiento de los espacios regionales, a la dinamización del proceso innovador y a la generación de nuevos puestos de trabajo.

De este modo, los temas relacionados con el emprendedorismo están ocupando cada vez más espacios en diferentes ámbitos, que van desde las universidades, asociaciones empresariales, a actividades de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), hasta los programas de organismos públicos municipales, provinciales y nacionales.

En este escenario, la ciudad de Rafaela cuenta desde el año 2009 con un Programa denominado Rafaela Emprende que tiene doble propósito, por un lado, fortalecer el desarrollo de las nuevos emprendimientos, capacitando y asistiendo a sus fundadores y, por otro, posicionar la temática en la sociedad.

Luego de la ejecución de ocho ediciones consecutivas del programa Rafaela Emprende y aún en plena vigencia, la investigación a la que aquí se hace referencia analiza la situación actual de los emprendedores que fueron en algún momento participantes del programa, indagando sobre las principales necesidades, debilidades, problemas y fortalezas, en vistas a su consolidación como empresas.La motivación imperante para definir el tema de la investigación estuvo relacionada a que, una vez que los emprendedores finalizan su participación en el programa (que dependiendo el caso, puede ser desde 1 a 3 años), se pierde contacto formal con la mayoría, lo que provoca un desconocimiento de su realidad

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y por lo tanto, de los instrumentos que puedan implementarse para que se consoliden y expandan como empresas.

Para dar respuesta al problema planteado, se realizó un diseño metodológico priorizando la reflexión y el aprendizaje conjunto con los actores intervinientes, prevaleciendo encuentros grupales de diálogo, los que fueron complementados con charlas individuales. Resulta importante aclarar en esta instancia, que el investigador formó parte del proceso que investigó y, en interrelación con los diversos actores, se pretendió cogenerar conocimiento útil para transformar la realidad.

El objetivo que guió el proceso de investigación fue analizar la situación actual de los ex participantes del Programa Rafaela Emprende en cuanto a la evolución del capital humano, social, financiero y el capital institucional que da soporte a los emprendimientos.

4.1. Metodología El trabajo de investigación plantea una lógica cualitativa donde se prioriza el significado, el sentido profundo que las personas y los grupos le atribuyen a sus acciones; desde este lugar no se pretende establecer leyes sino fijar conceptos y establecer regularidades. La lógica cualitativa enfatiza la inducción analítica y la generación de teoría, la comprensión, la especificidad y las verdades hipotéticas.

Se plantea, en definitiva, un diseño cualitativo que intenta describir sistemáticamente las características de los fenómenos/procesos/posibilidades, con el fin de generar y/o resignificar categorías conceptuales, descubrir o validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a partir del análisis de observaciones y entrevistas en profundidad (Goetz y Le Compte, 1988).

Para ello, se encaró una triangulación de metodología que incluyó, en una primera etapa, la realización de una encuesta a los emprendedores ex participantes del Programa Rafaela Emprende desde su primera edición (año 2009). Luego, la segunda etapa de índole netamente participativa, contempló la realización de talleres y entrevistas en profundidad con informantes claves.

La lectura y el análisis de la información secundaria y de los antecedentes presentados, se convirtieron en insumos fundamentales para sentar las bases del presente trabajo de investigación y poder tener una lógica de complementariedad con las investigaciones existentes en materia de emprendedorismo en la ciudad.

Como se mencionó, en una primera etapa se llevó a cabo una encuesta con el fin de obtener información sobre la situación de cada emprendimiento y sobre algunas variables detalladas en el marco conceptual del presente trabajo de investigación, por ejemplo: la motivación para emprender causas de discontinuidad del negocio, entre otros.

Según Mendicoa (2003), las principales ventajas de llevar adelante una encuesta están relacionadas con poder recolectar información sobre un espectro amplio de variables, comparar resultados y lograr generalizaciones.

El método de recolección de datos utilizado fue un cuestionario estructurado (con opciones de respuesta cerradas), aunque en algunas preguntas el emprendedor tenía la opción de registrar un comentario personal. La misma fue enviada vía email a la totalidad de los ex participantes del programa en cuestión: 152 emprendedores. La base de datos fuesuministrada por profesionales de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, quienes coordinan el programa. De los 152 emprendedores que formaban parte de la base de datos, 6 58

de ellos informaron que no responderían la encuesta por diversos motivos, y 15 emails no eran correctos. De los 131 que estaban en condiciones de responder, lo hicieron 58 emprendedores. Por lo tanto, el porcentaje real de respuesta asciende al 44,3 %.

Para la segunda etapa, se planteó una perspectiva más participativa en la que los mismos actores del programa tuvieron la posibilidad de reflexionar y aportar información desde su propia experiencia. Esta fase puede considerarse dentro de la lógica cualitativa y con base en la metodología de investigación acción.

Karlsen y Larrea en su libro “Desarrollo territorial e investigación acción”, tomando la definición de Greenwood y Levin (2007) subrayan que “…la investigación acción es una estrategia para el cambio en tiempo real en la que los elementos de investigación, acción y participación se combinan en el mismo proceso” (2007, p. 26). A su vez, resaltan que este tipo de investigación se relaciona ampliamente con el desarrollo territorial, donde el investigador es un actor más del territorio y sostienen además que: “La investigación acción encaja bien con este enfoque dirigido al desarrollo territorial porque es investigación que se desarrolla en tiempo real con participantes que se encuentran inmersos en procesos de cambio” (Karlsen y Larrea, 2015, p. 21).

Por otra parte, los autores describen que la función de la investigación acción es participar de los procesos de desarrollo territorial que se llevan adelante, junto a otros actores. De esta manera participativa es factible construir soluciones o innovación para el territorio. La investigación acción es una alternativa a los análisis desde afuera que habitualmente se realizan, es decir, es una metodología donde el investigador es parte del mismo proceso que se investiga, promoviendo el cambio desde ese lugar.

En este planteo de investigación, la reflexión se convierte en un factor fundamental para comprender la problemática y retos de los procesos de desarrollo. En este sentido, se distinguen dos tipos de reflexiones: una de ellas es la reflexión en la acción, es decir, que en el mismo momento de la acción, ésta se puede modificar a través del pensamiento. La segunda, es reflexionar acerca de la acción, es decir, la misma se produce una vez que ha finalizado el proceso y del que puede resultar un texto escrito. En este trabajo de investigación se aplicó la reflexión sobre la acción, dado que se indagó sobre la situación de los emprendedores que finalizaron su participación en el Programa Rafaela Emprende.

Es oportuno resaltar que, en trabajo de referencia, el investigador fue parte del proceso de investigación, de esta manera, también se convierte o asume un rol de cambio en el territorio.

Para llevar a la práctica la experiencia de investigación-acción se desarrollaron dos talleres y entrevistas en profundidad. Para el desarrollo del primer taller se seleccionaron e invitaron a 25 emprendedores de distintas ediciones del programa y representantes de diversos sectores, los que previamente habían completado la encuesta.

El objetivo del taller fue lograr una instancia de discusión participativa relacionada al tema de investigación, con la moderación de dos facilitadores. El rol de los mismos fue muy significativo dado que fueron los responsables de conducir el taller, promover la participación de los asistentes, moderar la discusión y colaborar en el aprendizaje conjunto.

Los facilitadores se encargaron de enunciar los tópicos para generar reflexión individual y la discusión colectiva sobre los mismos. Como soporte de este proceso, se utilizó la técnica de visualización de tarjetas. La misma, representa una herramienta muy flexible que se puede adaptar fácilmente a diversas circunstancias; se distingue por el hecho de que los participantes anotan sus contribuciones, ideas o sugerencias en tarjetas, las que luego sonorganizadas, estructuradas y –una vez que el proceso ha terminado– pegadas conjuntamente.

De este modo, la conclusión a la que llega queda disponible para una visualización ulterior.

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Por su parte, el objetivo del segundo taller fue relevar qué herramientas se llevan los emprendedores de Rafaela Emprende en vistas a su consolidación como empresas y averiguar sobre los desafíos que se les presentaron en este camino. Participaron 19 emprendedores que finalizaron el Programa Rafaela Emprende en 2016, y también de ediciones anteriores. Se los organizó en 4 grupos de entre 4 y 5 miembros cada uno, y se les asignaron tarjetas con ejes temáticos para la reflexión y debate.

En este segundo taller, también se contó con la figura de facilitadores, un moderador general y uno por grupo de emprendedores. La tarea del facilitador general fue describir la metodología del taller, hacer cumplir los tiempos y dirigir el debate. En cambio, la persona que moderó cada grupo tuvo a su cargo la descripción de las instrucciones del trabajo en grupo, animar el debate, responder consultas y guiar a los emprendedores en la ejecución de lo asignado.

Con el propósito de complementar la información recopilada en los talleres, se realizaron entrevistas en profundidad a 5 emprendedores de diferentes ediciones del programa. El objetivo de las estos encuentros fue relevar cuáles son los desafíos, debilidades y potencialidades de los emprendimientos al culminar su participación en Rafaela Emprende.

Las entrevistas en profundidad son una herramienta de recolección de datos utilizada en investigaciones cualitativas, representan encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos a comprender las perspectivas que tienen los informantes respecto a un tema en particular. Este tipo de entrevistas siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.

El propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Según Mendicoa (2003) el arte de la entrevista consiste en lograr la confianza del interlocutor a partir de clarificarle el porqué de la misma y dejando en claro el uso de la información relevada.

4.2. Marco Conceptual

4.2.1. Desarrollo territorial y emprendedorismo Según Madoery (2008), el crecimiento es condición necesaria para el desarrollo pero no suficiente. Desde esta perspectiva, ya no alcanza con considerar solamente el crecimiento económico.

El enfoque de desarrollo territorial implica pensar el desarrollo desde una mirada sistémica y multidisciplinaria, donde el territorio y los actores locales asumen un rol central.

No se trata de pensar el desarrollo como algo dado y dependiente exclusivamente de las condiciones macroeconómicas, sino que, en este planteo, las capacidades y los recursos promovidos localmente, los valores de asociatividad y las pautas culturales también son aspectos importantes. Es decir, el territorio asume el protagonismo, sus actores y recursos, y las redes que se generan entre ellos.

Desde este punto de vista, la lógica de desarrollo territorial procura generar una mejor calidad de vida de los habitantes de un determinado espacio, siendo una construcción colectiva de los diversos actores, involucrando diversas dimensiones como: el desarrollo humano, económico, social e institucional y sostenible. Es decir, se trata de una visión integrada del desarrollo.

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De este modo, el emprendedorismo implica flexibilidad y creatividad para promover un desarrollo territorial autónomo y dinámico. Tal como sostiene Madoery (2008) los aspectos intangibles del territorio, es decir, aquellos ligados a la calidad de los recursos humanos, la disposición organizativa de los agentes, la creación de entornos adecuados a diferentes fines (inversión, residencia, turismo, innovación), la calidad institucional territorial, las diversas formas de cooperación y aprendizaje, los mecanismos de resolución de conflictos, la coordinación de políticas económico-sociales, son valores centrales.

De esta manera, el emprendedorismo se presenta como una herramienta importante para planificar un tipo de desarrollo de estas características. Considerar los factores que caracterizan al proceso emprendedor es una posibilidad clara de reconocer la multiplicidad de variables que influyen en la decisión de emprender, lo que condiciona el diseño de políticas locales de fomento al desarrollo emprendedor.

Claro está que las políticas locales de fomento a la creación de nuevos emprendimientos y el desarrollo de programas de fortalecimiento a microempresas, constituyen elementos centrales de una estrategia de desarrollo territorial, posibilitando la movilización de actores, la dinamización del entramado productivo y la incorporación de innovación al mismo. Estas políticas locales deben convivir con las que se plantean desde el nivel central, tratando de no superponer esfuerzos y maximizando los beneficios para los emprendedores.

Existen una serie de factores que motivan a gobiernos locales a diseñar e implementar sus propios programas para el desarrollo emprendedor, a continuación se enumeran algunos de ellos: - Poder de articulación entre organismos públicos y privados.

- Conocimiento de las actividades productivas con potencial en la localidad.

- Reconocimiento de la disponibilidad de recursos utilizados y subutilizados.

- Programas propios adecuados a la realidad local.

- Posibilidad de potenciar el aprovechamiento local de programas existentes a nivel provincial o nacional.

- Proximidad geográfica con los emprendedores.

- Vinculación con redes, clusters productivos y articulación territorial.

- Visión integral sobre los distintos factores locales que influyen sobre el desarrollo emprendedor.

- Definición de sectores productivos estratégicos.

4.2.2. Políticas públicas de fomento a la creación de nuevas empresas Se puede conceptualizar a las políticas públicas como un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de las mismas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles.

Según Kantis (2011), pensar la creación de empresas como un proceso (etapas explicadas anteriormente) donde intervienen un número importante de variables de distintos niveles y dimensiones, aporta elementos para entender la complejidad del desafío y pensar las posibles áreasde actuación. La existencia de fallas (o inexistencias) de mercados, la brecha existente entre el potencial emprendedor de una sociedad y su realización efectiva, así como la presencia de mayores costos de transacción son elementos que justifican la intervención pública en la promoción de las nuevas empresas.

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Las principales fallas de mercado que identifica Kantis (2011) se sintetizan en el siguiente gráfico: Ilustración 1: Fuente: Proceso emprendedor y fallas de mercado (Kantis, 2011)

Para Kantis, el gráfico permite delimitar el espacio para la actuación en materia de políticas de desarrollo emprendedor a lo largo del ciclo de vida del emprendimiento, estableciendo además una distinción con respecto a las políticas de PyMEs convencionales.

Esquemáticamente es posible clasificar a las políticas de desarrollo emprendedor en tres grandes grupos: por un lado, las que buscan facilitar la concreción y desarrollo inicial del ¨stock¨ de proyectos avanzados; por otro, las que intentan acelerar el crecimiento de las empresas jóvenes y, por último, las que buscan incrementar la base de futuros proyectos emprendedores.

En los 2 primeros casos, generalmente, la política pública pone a disposición las diferentes herramientas para emprendedores: capacitación, acciones de asistencia técnica, acceso a financiamiento y se promueve el acercamiento a redes de contacto. Las mismas varían en sus formas si se trata del inicio de un nuevo emprendimiento o la consolidación de una empresa ya existente, y tienen como principal finalidad elevar la tasa de conversión de los proyectos emprendedores en empresas en marcha, reducir la mortalidad prematura o potenciar los negocios para que ellos logren crecer en forma significativa.

La tercera posibilidad de intervención de las políticas públicas tiene que ver con incrementar la base de futuros proyectos emprendedores, generando habitualmente promoción de la cultura y la educación emprendedora, el desarrollo de cursos y talleres para despertar y fortalecer las vocaciones y capacidades emprendedoras y/o el apoyo a los proyectos de I+D con potencial de comercialización, entre otras iniciativas; comúnmente se la denomina etapa de sensibilización.

Para poder diseñar políticas acordes a las necesidades de los emprendedores, es conveniente que se genere información sobre el perfil de los mismos, la cantidad, los tipos de emprendedores, sus principales debilidades, entre otros. Asimismo, un mapeo de las 62

herramientas nacionales, provinciales y locales con el fin de articular las mismas y potenciar el desarrollo de las nuevas empresas.

En consecuencia, una política integral de desarrollo emprendedor debe asumir un enfoque centrado en el proceso emprendedor – con acciones destinadas a sus distintas etapas – y desplegar una estrategia que combine adecuadamente las acciones tendientes a generar impactos de corto plazo con aquellas que buscan transformar el contexto emprendedor en horizontes más largo plazo. (Kantis, 2011, p. 9).

4.2.3. Recursos fundamentales para el desarrollo emprendedor Para que un emprendimiento pueda desarrollarse adecuadamente en los primeros años de vida, es necesario que cuente con una serie de recursos. Cuando se habla de recursos, inmediatamente se relaciona con capital, que si bien es necesario, también son fundamentales otros. De esta manera, Kantis desarrolla el modelo de las “4 C” o “cuatro tipos de capital”: capital humano emprendedor, capital social, capital financiero y capital institucional.

El capital humano emprendedor es el conjunto de saberes, habilidades y capacidades acumuladas a través de la experiencia, formación educativa, sumado a las motivaciones y expectativas de los emprendedores; todos estos elementos conforman el perfil del emprendedor, vital a la hora de iniciar un nuevo emprendimiento. A su vez, dado que crear y gerenciar una nueva empresa representa un proceso que consta de diferentes fases en el tiempo, estas competencias y conocimientos necesarios para que el negocio sobreviva y crezca, deben ir cambiando y adaptándose a cada etapa. De esta manera, no es lo mismo las habilidades requeridas en la gestación del emprendimiento, su puesta en marcha o la consolidación como empresa.

Dada la importancia que tiene el capital humano en el desarrollo de los nuevos negocios, es que la mayoría de las políticas públicas y programas de emprendedores focalizan sus acciones en el fortalecimiento del mismo.

Mientras que el capital social hace referencia al grado de solidaridad o cooperación con que cuenta un determinado grupo humano y al uso de las oportunidades que cada uno de los individuos que lo componen hacen de ello. Mientras mayor sea el grado de colaboración social, mayor posibilidad habrá de que las oportunidades puedan ser aprovechadas y no se pierdan.

El desarrollo de redes es una de las actividades más relevantes que el emprendedor debe desplegar a lo largo del tiempo. Una red es el conjunto de contactos que una persona posee, más aquellos que va tejiendo con el fin de favorecer el desarrollo de su empresa. Kantis clasifica las redes según el intercambio que se realiza a través de ellas: las de negocios, las de comunicación y las sociales. Los principales beneficios que aportan las redes al desarrollo emprendedor son: identificar oportunidades de negocio, obtener información de mercado y tecnológica, construir el equipo emprendedor, contratar personal capacitado y acceder a recursos no financieros (ej.: oficina, depósito, vehículo); obtener recursos financieros, solucionar problemas administrativos y de gestión, abrir mercados externos, obtener consejos, disminuir riesgos en las transacciones; entre otros.

En cuanto a lo que al capital financiero se refiere, se trata de un recurso sumamente necesario a la hora de poner en marcha un nuevo negocio. Por tanto, la búsqueda de financiamiento es una tarea que el emprendedor debe aprender a realizar y llevar adelante durante todas las etapas.Existen estadísticas que indican que, inicialmente, las fuentes de financiamiento provienen de ahorros del emprendedor, de familiares y amigos. La presencia de varios fundadores amplía la disponibilidad de dinero para poner en marcha la empresa, ya sea porque posibilita volcar al negocio más fondos de los fundadores o de su entorno, o 63

porque facilita que alguno de los socios pueda mantener otra fuente de ingresos alternativa hasta que el proyecto comience a tener un flujo de fondos más favorable.

Gennero de Rearte (2004) describe que la etapa de crecimiento del negocio demanda nuevas inversiones y mayor capital de trabajo, generalmente aquí es cuando se requiere fuentes externas de capital, más allá de la reinversión de utilidades o el capital propio de fundadores. Sin embargo, en Argentina la oferta de financiamiento acorde a las necesidades de las nuevas empresas es muy limitada.

Finalmente, respecto al capital institucional se debe señalar que actualmente, las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor, incorporan cada vez más redes, asistencia técnica, capacitación y contención. Tomar contacto y participar de estas instituciones permite a los emprendedores contar, relativamente rápido, con una fuente de recursos intangibles que aportan conocimientos y contactos.

4.3. Programa de desarrollo emprendedor con impronta local: Rafaela Emprende Rafaela Emprende se ha convertido en una política de estado de la Municipalidad de Rafaela, la cual año tras año invierte recursos humanos y económicos para el desarrollo de nuevas empresas, las que dinamizan la economía regional, representando la fuente de empleo para muchas personas.

Como se menciona anteriormente, el Programa tiene su origen en el año 2009 y desde su diseño ya se gesta como un espacio de articulación público- privada, la cual se va fortaleciendo a medida que transcurren los años. Esta característica es una de las principales fortalezas del mismo. De esta manera, las siguientes instituciones forman parte activamente de su desarrollo: Municipalidad de Rafaela, Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Instituto Nacional de Tecnología Industrial Rafaela (INTI Rafaela), Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ITEC Rafaela, y Fundación Potenciar.

Cada una de estas organizaciones, aporta desde su habilidad y experiencia a los diferentes aspectos del programa.

Los principales destinatarios del programa son personas con espíritu emprendedor, que manifiestan tener ideas claras de negocio o un emprendimiento puesto recientemente en marcha; se priorizan proyectos industriales o de soporte a la industria. Desde sus inicios hasta la edición 2014, se han beneficiado más de 200 personas.

Un dato sobresaliente de la investigación sobre el principal motivo por el cual toman la decisión de emprender es que más del 50 % reveló que lo hizo por ansias de crecimiento personal y/o profesional. Es decir, que en su mayoría son personas que emprenden por una oportunidad de mejora.

Durante la investigación, se ha detectado que casi el 80 % afirma que su negocio continúa en marcha. De estos, según la percepción del emprendedor, el 59 % asevera que el negocio creció en los últimos 12 meses (de la fecha de realización de la encuesta), el 32 % se mantuvo estable y el resto decreció. Los factores de crecimiento que han seleccionado los emprendedores son en primer lugar, mayor número de clientes; relacionado a esto, en un 2do lugar, el incremento en las ventas; luego la capacidad productiva y el equipamiento; el personal ocupado se encuentra en el cuarto lugar y, por último, la infraestructura edilicia.

Durante el proceso de investigación se ha realizado un análisis del aporte del Programa a los emprendedores, para lo que se tomó como base los cuatro tipos de capital (4C) necesarios para emprender, desarrollados en el marco teórico. A partir de la información

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recolectada y su posterior análisis, se puede asegurar que Rafaela Emprende realiza un aporte sustancial a la evolución de cada uno de los capitales.

En este sentido y haciendo referencia al capital humano, a través del fortalecimiento de las competencias del emprendedor, se evidencian cambios en el conjunto de actividades que hacen posible que un negocio se desarrolle. Ya sea, implementando acciones de planificación y evaluación, realizando cálculos de costos, estimando rentabilidad, implementando acciones de marketing o mejoras en el área de producción, es decir, incorporan herramientas para gestionar su negocio, generando un impacto importante en la mejora de la productividad y competitividad.

Asimismo, los emprendedores manifestaron que han logrado ampliar y potenciar su red de contactos. Han podido valorar la importancia del capital social de manera exponencial ya que, al finalizar su participación en el programa, exteriorizan la necesidad de continuar vinculados y de generar un espacio que los contenga.

El sentirse “acompañado” al participar de Rafaela Emprende es una de las virtudes que más expresaron durante los talleres y charlas personales. La relevancia de esto radica en que pertenecer a una comunidad les brinda confianza y contención emocional al contar con el apoyo de pares, empresarios, profesionales e instituciones, para continuar en el camino emprendedor.

Los resultados obtenidos con respecto al capital social y humano coinciden con las mediciones de impacto 2009-2012 y 2013-2014 realizadas por la Municipalidad de Rafaela.

En este sentido, se puede confirmar que los objetivos centrales del Programa se siguen cumpliendo. Por un lado, Rafaela Emprende tiene un fuerte componente de capacitación y asistencia técnica de profesionales de las universidades que precisamente buscan sumar conocimientos al capital humano y mejorar, de esta manera, la gestión “puertas adentro” de cada uno de los emprendimientos. Por otro lado, se busca evitar el aislamiento del emprendedor, insertándolo en una red conformada por emprendedores e instituciones, donde se producen intercambios de información, perspectivas de negocios, transferencia de conocimientos, entre otros.

En relación al capital financiero, si bien no es el corazón central del Programa, se facilita la gestión de financiamiento, a través de profesionales de la Municipalidad de Rafaela y de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), a diversas líneas destinadas a este tipo de empresas. Este capital generalmente se utiliza para la puesta en marcha del negocio.

El fortalecimiento del capital institucional es un aspecto central. Tal como se describe, diversas instituciones de la ciudad colaboran aportando su experiencia, además de articular y programar todas las acciones que ofrecen para emprendedores actuales o futuros, a través de una mesa de trabajo conjunto. En este sentido, el capital institucional que da sustento a las acciones emprendedoras es muy importante y representa una de las características distintivas de la ciudad.

Por otra parte, uno de los aspectos más relevantes hallados en la investigación, es la valorización que realizan los emprendedores sobre el rol del tutor. En este sentido y, sin proponérselo, Rafaela Emprende genera un aporte a las instituciones que diseñan y llevan a cabo programas de fortalecimiento de nuevas empresas, comprobando que el rol del mismo resulta indispensable para generar cambios internos en los negocios.

En síntesis, Rafaela Emprende realiza un aporte a la evolución del capital humano, social y financiero de los emprendedores, dando sustento a una base que le otorga confianza al emprendedor y le permite gestionar de una manera más segura y profesional que le permitirá asentar su crecimiento.

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4.4. Reflexiones finales A medida que los emprendedores empiezan a transitar su emprendimiento fuera de Rafaela Emprende se encuentran con algunos obstáculos. Una de las principales necesidades que manifiestan es la de continuar vinculados, ya sea entre pares, con profesionales, instituciones y empresarios relacionados al Programa. Posiblemente, desde la mesa de trabajo de dicho Programa se deba analizar la factibilidad de implementar una etapa de transición, es decir, diseñar acciones en conjunto con los emprendedores, que les permitan continuar (al menos por un tiempo) ligados a una red de contención y solicitar asesoramiento técnico una vez que termina su participación en el este.

Asimismo, la opinión de los protagonistas sobre la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR), lugar que lógicamente se pensaba que deberían acudir luego de culminar Rafaela Emprende, revela que actualmente la cámara, según este grupo de estudio, no está preparada para responder a las necesidades de los emprendedores. Una de las posibles causas de esta situación es que, si bien las empresas que conforman CAPIR son pequeñas, la etapa evolutiva de las mismas es diferente a la de los emprendedores. Por otro lado, los emprendedores por diversas causas (disponibilidad de tiempo, etapa del negocio, experiencia como empresarios) todavía no se comprometen a conformar un espacio en el que deben ser más propositivos de acciones que receptivos. Por tanto, una propuesta en este sentido es generar un punto de encuentro a través del diálogo y la acción entre CAPIR y el grupo de emprendedores, dando lugar a un nuevo sistema de relaciones. Aquí, el tema del capital institucional excede el tema de emprendedores y avanza más sobre el entorno institucional.

La necesidad expresada por los emprendedores, de continuar inmersos en una red de contención, coincide con el mapa de acciones que despliegan las instituciones parte de Rafaela Emprende, donde se visualiza claramente que el vacío más importante, es decir, falta de propuestas, tiene que ver con la última etapa del proceso emprendedor y con las acciones relacionadas a la generación de comunidad. Frente a esta situación, las instituciones que componen Rafaela Emprende deberán responder a un nuevo desafío, esto es, proponer y ejecutar actividades que contribuyan al crecimiento y expansión de los emprendimientos.

Por otra parte, en el encuentro, los emprendedores mencionaron algunas debilidades que deben afrontar, propias del crecimiento que van experimentando. Una de ellas tiene que ver con el hecho de ser estructuras pequeñas o de carácter unipersonal. Por ello, en ocasiones no cuentan con el capital necesario para contratar personal de acuerdo con las condiciones que marca la ley, o tienen inconvenientes en encontrar personal idóneo que pueda sumarse a su empresa y que satisfaga sus expectativas, cubriendo un puesto de trabajo con responsabilidad. El estar conformado por estructuras muy pequeñas provoca que el emprendedor dedique la mayor parte de su jornada laboral a tareas operativas, quitando tiempo a planificar y pensar estratégicamente el negocio y mantener activa la de red de contactos que le permita estar informado de beneficios o programas a los que puede acceder, de oportunidades de mercados, nuevas tecnologías, entre otros.

Otra de las debilidades tiene que ver con la infraestructura edilicia. La mayoría de los emprendedores inicia el negocio en el domicilio particular y, a medida que van creciendo, el espacio resulta insuficiente e interfiere negativamente en la vida familiar. Esta situación complica el crecimiento de la producción no solo por el equipamiento sino también para la incorporación de recursos humanos. Ambas situaciones representan un círculo vicioso que el emprendedor no sabe cómo quebrar. Son plenamente conscientes que tanto la infraestructura como la falta de recursos humanos representan factores que limitan y, en muchos casos, impiden el crecimiento de la empresa.

La restricción de recursos humanos e infraestructura se ve acentuada también por problemas para obtener financiamiento que les permita crecer y afianzarse en el mercado 66

(capital financiero). Como ya fue mencionado, el Programa facilita la gestión y obtención de capital para las primeras etapas del negocio, sin embargo a medida que la empresa va creciendo, estos recursos, más la reinversión de ganancias, resultan insuficientes. Por tanto, el emprendedor debe acudir a otras fuentes de financiamiento como Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC) Emprendedor o líneas blandas de los bancos, destinadas a este tipo de empresas, y aquí encuentran dificultades.

Las situaciones planteadas con respecto a la infraestructura, el financiamiento y la estructura empresarial, acercan la problemática del emprendedor a la analizada en la bibliografía sobre pequeñas empresas. Sin embargo, se plantea el interrogante acerca de si es factible aplicar las mismas estrategias y herramientas para ambos grupos.

A pesar de las necesidades, problemáticas y debilidades que presentan los emprendedores, una vez que finalizan su participación en Rafaela Emprende, cuentan con fortalezas que resaltan su condición de emprendedor y que son fundamentales para lograr la sostenibilidad de la empresa. Algunas de estas fortalezas están más relacionadas a cualidades personales como: la capacidad para aprender y adaptarse a momentos difíciles, la pasión por el trabajo que realizan, la necesidad de elegir y sentirse libres; el conocimiento y la experiencia acumulada, la dedicación de tiempo completo al emprendimiento y la perseverancia. Otras de las fortalezas son: contar con productos de calidad y diferenciados de la competencia a un precio razonable, el servicio post-venta y la continua incorporación de mejoras e innovaciones.

En cuanto a sus proyectos a futuro, expresados a lo largo de las charlas personales y talleres, están íntimamente relacionados con el crecimiento y consolidación de la nueva empresa. Ya sea, a través del lanzamiento de nuevos productos, incorporando canales de comercialización (local comercial- tienda por internet), ampliando el área geográfica de ventas (algunos se atreven a soñar con exportar), mejorando la imagen de los productos y de la empresa, afianzando la rentabilidad del negocio, incrementando la capacidad de producción, realizando los trámites para la habilitación de la empresa, entre otros. Esto demuestra el compromiso de los emprendedores y su intención de consolidar el negocio.

Los desafíos están planteados, tal vez, el más difícil de todos sea encontrar un equilibrio entre el tiempo en que el Estado y las instituciones deben acompañar al emprendedor en su camino o con las herramientas que se les proporciona y dejar que ellos mismos sean los protagonistas de su destino.

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Capítulo 5

Dimensión Territorial de la Infraestructura de la Calidad.

César Ordano

5.1. Marco conceptual

5.1.1. Desarrollo Económico Local (DEL) Según lo planteado por Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008), la interpretación conceptual del Desarrollo Económico Local (DEL) ha ido evolucionando y continúa haciéndolo a la luz de las evidencias resultantes de las diferentes políticas y prácticas implementadas para “alcanzarlo”.

Si bien esta evolución ha sido paulatina, como muestra la Ilustración 1, es posible distinguir dos estadios conceptuales bien definidos. El 1ro donde se asumía que el grado de DEL alcanzable por un territorio estaba determinado principalmente por la cantidad de recursos económicos-financieros externos que se pudiesen destinar a potenciar la economía local; y otro más actual, donde se concibe que el DEL debe, necesariamente con el aporte de recursos externos, ser interpretado y gestionado como algo propio y particular de cada lugar, bajo un marco conceptual mucho más amplio y abarcativo, que entiende: - que el territorio ya no es un simple lugar geográfico donde se localizan las empresas para constituirse en el lugar “donde pasan las cosas”, pero que incluye: a la gente con sus costumbres e idiosincrasia, sus capacidades y objetivos particulares; las instituciones y la capacidad para interactuar; - que no sirve la transferencia directa de las prácticas que tuvieron éxito en algún lugar; aunque esas “recetas” pueden tenerse en cuenta como bagaje de conocimiento y ser adaptado a cada realidad local; - que la competitividad del territorio no es función exclusiva de la competitividad de las empresas que en él se localizan, sino que además, está condicionada por actores y factores que operan en el territorio e interactúan en diversos niveles (concepción sistémica de la competitividad); y 71

Ilustración 1: Evolución del Concepto de Desarrollo Económico Local

Fuente: elaboración propia

- que la infraestructura tangible es importante, pero donde toma relevancia la infraestructura intangible, por lo que los recursos destinados al DEL se reorientan hacia las organizaciones que prestan Servicios de Desarrollo Empresariales (SDE).

5.1.2. Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) El término Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) se refiere a la amplia gama de servicios utilizados por los empresarios para ayudarles a operar de manera eficiente y hacer crecer sus negocios con el objetivo más amplio de contribuir al desarrollo económico, la generación de empleo, y el alivio de la pobreza mundial (Miehlbradt, A.O Mcvay, M., 2003).

Anteriormente conocidos como «servicios no financieros», los SDE originalmente se concentraban en brindar capacitación, consultoría y otros servicios enfocados en las limitaciones internas de las empresas (falta de formación, entrenamiento y capacidad técnica). Sin embargo el campo de los SDE se ha ampliado significativamente, y a la par y análogamente a lo sucedido con la evolución conceptual del Desarrollo, el diseño de los programas de promoción de los SDE ha ido evolucionando a la luz de la evaluación de los resultados obtenidos con las políticas y prácticas implementadas en los sucesivos programas (Ilustración 2).

En un principio la mayor parte de los recursos se destinaban a promover entre las grandes empresas del territorio, la demanda de servicios predefinidos por los diseñadores de los programas (recetas); promoción principalmente abordaba a través del subsidio a los costos de la oferta.

Posteriormente, se interpretó que para aumentar el impacto de estos programas, los servicios ofrecidos debían tener en cuenta las estrategias de desarrollo interno de las propias empresas; por lo que se pasaron a promover aquellos servicios que se presuponía que las empresas locales necesitaban, y que por lo tanto serían demandados. Si bien esto representó un avance, los resultados obtenidos evidenciaron el peligro de confiar en el juicio de los diseñadores: algunos de los servicios programados terminaban siendo no demandados o su demanda solo se mantenía mientras duraba el subsidio.

Los programas pasaron entonces a enfocarse en la demanda, haciendo partícipes a las empresas locales de la selección de los servicios a promover, teniendo en cuenta no solo cuáles eran aquellos que estaban dispuestas a tomar, sino también por cuáles podrían y estarían dispuestas a afrontar sus costos.

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Actualmente, la sistematización de los programas más exitosos ha conducido al desarrollo de un nuevo enfoque para la prestación de SDE conocido como enfoque de «Desarrollo del Mercado» que busca aprovechar el poder del sector privado para prestar servicios de alto impacto de manera sostenible y eficiente, a un gran número de PyMEs (Miehlbradt, A.O Mcvay, M. 2003).

Ilustración 2: Evolución de los SDE

Fuente: elaboración propia

El objetivo principal de este tipo de intervenciones es superar estas fallas del mercado y aprovechar las oportunidades para expandir el mercado de SDE y desde esta perspectiva se considera que el subsidio del funcionamiento de algunos proveedores particulares puede desplazar a otros proveedores del sector privado, que al no recibirlo, quedan fuera del mercado.

Según (Miehlbradt, A.O Mcvay, M. 2003) la actividad principal de estos programas no es la prestación directa de servicios, sino la intervención en el mercado a través de, por ejemplo, investigaciones de mercado, el suministro de información a los consumidores, el desarrollo de nuevos servicios, la capacitación de proveedores, su seguimiento y evaluación, y actividades destinadas a «facilitar» la mejora del mercado mediante el aumento de la demanda y/o mejora de la oferta, con el fin de lograr: - el aumento del número de proveedores; - que los ingresos de los proveedores provengan de las ganancias generadas por los servicios prestados sin dependencia de los subsidios; - que los costos de los servicios sean acordes a los que puede pagar el mercado y no estén sesgados por el financiamiento de los donantes; - que una amplia variedad de SDE estén disponibles en el mercado; - que la calidad y adecuación de SDE mejoren por efecto de la competencia; y - que el número de transacciones entre proveedores privados y PyMEs se vaya incrementando.

Algunos expertos sostienen que los cambios derivados de este nuevo enfoque son tan profundos que es posible hablar de un “cambio de paradigma», y aunque aún es temprano 73

para conocer su impacto a largo plazo, este enfoque ha demostrado hasta el momento, tener el potencial de llegar a un gran número de PyMEs, de manera sostenible y rentable.

5.1.3. Fallas del Mercado y Desarrollo Local Se hace referencia a una falla del mercado cuando el mismo no es capaz de organizar la producción o la asignación de bienes de una manera eficiente. Hay que notar que no se refiere al no funcionamiento del mercado, sino a cuando su funcionamiento no es todo lo eficiente que se desea (Cunninham, 2011).

McMillan (2002) explica que para que un mercado funcione eficientemente, debe reunir cinco características específicas: la información debe fluir libremente, los derechos de propiedad deben estar protegidos y las personas deben ser capaces de confiar en que les será posible cumplir con sus promesas; los efectos colaterales sobre terceros deben ser reducidos, y se debe fomentar la competencia dentro del mercado; la falta o falla de alguno de estos elementos o características conducirá a una falla de mercado.

Los mercados no siempre funcionan de manera eficiente por sí mismos. En contraste con lo que sucede en los mercados perfectos e ideales, analizados en los textos de economía, en los mercados reales los consumidores y proveedores del mercado no cuentan con información totalmente transparente respecto al precio y a la calidad de los productos que intervienen en la transacción; éstas son las situaciones que los economistas denominan fallas de mercado, la alta calidad termina siendo expulsada por la baja calidad (Harmes-Liedtke, 2010).

La mayor parte de la literatura coincide en que, para desarrollar un mercado de SDE resulta esencial comprender primero cómo opera el mercado existente, para lo cual es necesario comprender la oferta, la demanda y su interacción (denominada transacciones).

Como resultado del análisis de esta información deberíamos obtener una visión del mercado de SDE en la que se muestre: el modo en que funciona, dónde residen las oportunidades de crecimiento, y dónde radican los problemas más significativos; luego, con esta información disponible, los programas de intervención deberían diseñarse para abordar estas deficiencias y oportunidades.

5.1.4. Infraestructura de la Calidad El sistema de producción industrial basado en la división del trabajo y el intercambio internacional de productos y subproductos, demanda que los materiales utilizados, componentes, procesos y productos resultantes sean conformes con los requisitos establecidos (aquellos pactados de manera implícita o explícita). A modo de ejemplo, (Clemenz Sanetra y Rocío Marbán, 2007) plantean el siguiente caso hipotético: consideremos una empresa “C” fabricante de escritorios de oficina, que adquiere los escritorios en un proveedor “A”, los cajones en un proveedor “B” y una vez en sus dependencias las controla, las ensambla y las dispone para la venta.

Si “A”, “B” y “C” no establecen y disponen de las condiciones necesarias, puede que en ocasiones se encuentren con dificultades en el momento del armado, por ejemplo debido a que los cajones entregados por “B” no resulten siempre iguales y no encastren en los escritorios de “A”.

Para evitar este tipo de inconvenientes sería bueno contar con:

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- normas que definan las propiedades, por ejemplo las dimensiones y tolerancias de los escritorios y de los cajones, e incluso se podría contar con reglamentos de seguridad y protección de los trabajadores; - servicios metrológicos que garanticen la exactitud y confiabilidad de las mediciones para que todas las partes se ajusten de la manera adecuada; - servicios de ensayos, que permitan evaluar y demostrar el cumplimiento de las características establecidas como por ejemplo la calidad de los materiales y acabados, su resistencia al fuego, etc.; - administración de la calidad conformada por la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos y la acreditación que asegura la competencia técnica de las entidades de certificación y de los laboratorios de ensayo y calibración.

Todos estos aspectos están contenidos en lo que se denomina Infraestructura de la Calidad (IC): Ilustración 3: Importancia de la Infraestructura de la Calidad 1

Fuente: elaboración propia

- se refiere a “todos los aspectos metrológicos, de normalización, ensayo, gestión de la calidad, certificación y acreditación, que inciden en el aseguramiento de conformidad”; - es el conjunto de instituciones (públicas, privadas) y marco regulatorio en el que operan que en su conjunto aseguran que los productos y procesos cumplen con las especificaciones establecidas; Ilustración 4: Importancia de la Infraestructura de la Calidad 2

Fuente: elaboración propia

- estas instituciones prestan sus servicios a las empresas/organizaciones y través de ellos, las empresas/organizaciones mejoran sus procesos productivos y aseguran el cumplimiento de las regulaciones y requisitos establecidos (Clemenz Sanetra y Rocío Marbán, 2007).

Como usuarios y/o beneficiarios de la IC se podría mencionar a: - empresas y productores agrícolas, industrias forestales, pesqueras, artesanías y comercios que se beneficien de un sector comercial regulado por servicios confiables de IC; 75

Ilustración 5: Importancia de la Infraestructura de la Calidad 3

Fuente: elaboración propia

- pequeñas y medianas empresas que, a diferencia de las grandes, no cuenten con capacidades propias para las calibraciones y ensayos que pueden recurrir al soporte de entidades de la IC; - el comercio interno y externo (exportaciones/importaciones), que requieren de servicios de ensayos para, por ejemplo, someterse a inspecciones o verificaciones de cantidad o calidad; - reguladores que pueden descansar en esta infraestructura y evitar así la duplicación de facilidades y servicios, particularmente en países con recursos limitados; - investigación y desarrollo en las empresas, de esta forma tendrán mejor acceso a todos los componentes del aseguramiento de la calidad; - comunidad científica y académica que depende de la fiabilidad de las mediciones y ensayos internacionalmente reconocidos; - instituciones financieras que se inclinarán más por conceder créditos a empresas capaces de mostrar certificaciones de calidad; - empresas aseguradoras que podrían ofrecer mejores primas a aquellos que cumplan con estándares de calidad; - organismos de arbitraje de disputas comerciales, tanto nacionales como internacionales (Clemenz Sanetra y Rocío Marbán, 2007).

La IC debe ser analizada en conjunto, como una cuestión sistémica compleja, en la que la eficacia de un servicio depende de la forma en que los distintos servicios están relacionados entre sí. A modo de ejemplo, solo es posible formular una norma sobre las propiedades de un producto, si las unidades de medida asociadas a esas propiedades están definidas, existen instrumentos para su medición y estos están disponibles y calibrados.

De la misma forma, esa norma solo se hará efectiva cuando los productores cumplan con ella, y esto es más probable si existen incentivos para hacerlo, por ejemplo, cuando los consumidores pueden visualizar el cumplimiento a través de una certificación; los impactos de la certificación son más importantes cuanto mayor es la confianza que los consumidores tienen sobre el organismo de certificación que a su vez, será mayor cuando sus competencias son avaladas por un organismo de acreditación. Esta profunda interdependencia entre los servicios de IC requiere que cada uno de sus componentes sea entendido como integrante de un sistema, no como actividades independientes que

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se pueden abordar individualmente de manera aislada del funcionamiento del conjunto (Goncalves y Peuckert, 2011).

La IC debe ser vista como una parte constitutiva la infraestructura de una región, con el mismo nivel de importancia que los caminos, las escuelas, los hospitales, etc. Sin la disponibilidad de una IC adecuada no son posibles ni el desarrollo ni la competitividad, puesto que es una condición necesaria, aunque no suficiente, para promover la creación y aplicación al desarrollo, de la ciencia, la tecnología y la innovación (Clemenz Sanetra y Rocío Marbán, 2007).

Los servicios de IC son un caso particular de los SDE por lo que para su promoción se debe tener en cuenta lo aprendido de los programas de promoción de los SDE, haciendo énfasis en la promoción y asesoramiento a las PyMEs, porque a diferencia de las grandes compañías no tienen ni los recursos ni la capacidad para realizar, por sí mismas, los controles de calidad necesarios viéndose obligadas a recurrir a servicios externos.

5.2. Trabajo de campo Si bien los servicios de IC son claves para responder a los requisitos del mercado y de clientes específicos, y que es a través de estos servicios que las empresas pueden ser realmente competitivas, se sabe muy poco sobre la relevancia de la IC para el DEL y viceversa, por lo que el trabajo de tesis al que hace referencia este artículo, buscó conocer el estado de relación entre la oferta y la demanda de los servicios de IC en la ciudad de Rafaela, suponiendo que la articulación de la oferta de servicios de IC a nivel local y su uso por las empresas locales, es un factor relevante del DEL. La hipótesis planteada establecía la existencia de una marcada desarticulación entre la oferta y la demanda de los servicios de IC disponibles en la ciudad, y que a priori, era posible suponer que las principales causas de dicha desarticulación están asociadas a fallas del mercado.

El trabajo se desarrolló desde una triangulación metodológica, con una primera etapa cuantitativa para la aproximación al problema de estudio, seguida de una etapa cualitativa de entrevistas en profundidad a empresarios, para obtener información acerca del conocimiento sobre el tema, la valoración de la disponibilidad local de estos servicios y el nivel de utilización.

Se trató de una investigación exploratoria, dado que hasta el momento no existían estudios de este tipo en la región, y de carácter relacional, ya que intentó vincular dos variables: el Desarrollo Territorial y la Infraestructura de la Calidad, con una temporalidad transversal, dado que aborda la situación actual de la IC en la población analizada.Como universo de estudio se consideraron las empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Rafaela, elección fundada en dos motivos principales: - la relevancia del sector en el entramado productivo local, igual que el alimenticio, constituyen los dos sectores más importantes de la ciudad, tanto en número de empleados, como en facturación y cantidad de empresas; - la relevancia del sector para el INTI-Rafaela. Dicho sector es de interés estratégico para INTI-Rafaela y por mi trabajo dentro de esta institución estoy familiarizado e interesado en sus particularidades.

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El sondeo inicial se instrumentó mediante encuestas a la totalidad de las 177 empresas del sector incluidas en la base datos con que la Municipalidad de Rafaela realizó el Censo Industrial Rafaela 2012.

Al analizar los datos resultantes se observó que el porcentaje de respuesta a las encuestas disminuía significativamente a medida que aminoraba la cantidad de empleados de las empresas, por lo que el primer paso para evaluar la representatividad de los datos obtenidos fue establecer un criterio para clasificar a las empresas por tamaño. Inicialmente se recurrió a la clasificación establecida por la Resolución 50/2013 de la Secretaría de Pymes (SePyme), puesto que fue la utilizada en el Censo que llevó a cabo en la ciudad. Sin embargo, debido a que el resultado obtenido condecía con lo que el entramado industrial e institucional local entiende por una empresa grande, mediana y pequeña, se optó por un criterio propio, que expresa el sentir local, en virtud del cual el tamaño de las empresas es función exclusiva de su cantidad de empleados. La Tabla 1 muestra la clasificación resultante, junto a la cantidad de empresas que componen cada grupo, número y porcentaje de respuestas obtenidas.

Por otro lado, debido al escaso nivel de respuestas obtenidas en las empresas con menos de 4 integrantes, se descartó a ese colectivo a fin de asegurar la representatividad de los datos relevados, quedando bajo estudio una población de 92 empresas.

Durante la fase cualitativa se buscó indagar sobre la articulación entre la oferta y la demanda de los servicios de IC a través de entrevistas en profundidad sobre una muestra de 5 empresas, por cuotas según tamaño, y considerando en base a experiencias previas del INTI-Rafaela, aquellas reconocidas como referentes por sus pares y con buena predisposición a colaborar.

Las categorías de análisis se tomaron en función de las fallas de mercado identificadas por (Mielhlbradt, A.O Mcvay, M. 2003) como los obstáculos más comunes para el desarrollo de los SDE. La Ilustración 6 muestra un resumen de las características del trabajo desarrollado.

Tabla 1: Representatividad de los datos del estudio

Fuente: elaboración propia

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Ilustración 6: trabajo de campo

Fuente: elaboración propia

5.3. Algunos resultados sobresalientes del análisis Si bien toda la información resultante del análisis de los datos obtenidos se considera relevante para el entendimiento y abordaje posterior del problema en estudio, son para destacar aquellos aspectos vinculados con el nivel de utilización de los servicios de IC. Certificaciones: la certificación es un Servicio de Infraestructura de la Calidad (SIC) muy poco usado, donde la mayor presencia la tiene la certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad estando certificadas el 62 % de las empresas grandes, pero solo el 20 % de las mediadas y el 2 % de las pequeñas.

Normas Técnicas: aunque es el SIC más utilizado, el 59,3 % de las empresas no emplea ninguna Norma Técnica de manera formal y sistemática, ni para la planificación ni para la ejecución ni para el control de ninguno de sus procesos; y del 40,7 % que sí las utilizan, solo un 4% lo hace exclusivamente por convicción propia, el resto ve influida su decisión por la existencia de requisitos legales y/o reglamentarios, o por requisitos establecidos por algún cliente.

Ensayos: en términos generales, solo el 35 % de las empresas los usa de manera habitual (el 86 % de las grandes, el 46 % de las medianas, y ninguna de las pequeñas); de las que sí los utilizan, solo el 30 % lo hace exclusivamente por convicción propia, el resto ve influida su decisión por la existencia de requisitos legales y/o reglamentarios, o por requisitos establecidos por algún cliente; solo el 15 % dispone de la capacidad para hacer los ensayos en sus propias instalaciones, y de ellas, solo el 1 % cuenta con un laboratorio capaz de garantizar la validez técnica de sus resultados, es decir, que esté acreditado bajo la Norma ISO 17025 o pertenezca a la red Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC).

Inspecciones: este servicio solo lo utilizan el 7 % de las empresas, por lo que es el SIC menos utilizado, sobre todo en el colectivo de las empresas pequeñas donde no lo usa ninguna.

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Metrología: sorprendentemente el 9 % de las empresas manifestó no contar con ningún instrumento de medición y del resto, el 43 % manifestó no calibrar ninguno de ellos de manera periódica. Ese 43 % se eleva al 85 % en el colectivo de las empresas pequeñas, reduciéndose al 20 % en las medias y al 0 % en las grandes; solo el 22 % de las empresas que calibran periódicamente sus instrumentos lo hace exclusivamente por convicción propia, el resto ve influida su decisión por la existencia de requisitos legales y/o reglamentarios, o por requisitos establecidos por algún cliente.

5.3.1. Información resultante En base al análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas se puede concluir que: a) existe un gran nivel de coincidencia entre la demanda y la oferta local de los servicios de IC; b) aquellos servicios que no pueden ser cubiertos por la oferta local se pueden suplir fácilmente con proveedores de otras localidades sin que esto afecte significativamente ni el tiempo de respuesta ni su costo; c) su nivel de utilización, en la mayoría de los casos, guarda relación con la existencia de requisitos legales o reglamentarios o exigencias del cliente, salvo en los casos donde una posible falla pueda poner en riesgo la integridad de las personas; d) se los considera servicios caros, y cuando el mercado no los requiere (ver punto anterior), se asocian a costos no productivos que no se recuperan; e) la falta de estabilidad macroeconómica juega en contra de la implementación de mejoras (incluida la utilización de los servicios de IC); f) a pesar de su poca utilización, las empresas consideran que la adecuación de la oferta de SDE (incluidos los de IC) a las demandas locales, favorece el desarrollo industrial de la región.

Al adaptar y aplicar la Ley de Gresham11 a nuestro caso de estudio, es posible establecer que fallas del mercado hacen que los productos o servicios “malos” terminen desplazando a los productos o servicios “buenos”. Este es el caso del mercado local estudiado, cuando al no poder los compradores diferenciar un producto “malo” de uno “bueno” (ya sea por falta de información, de capacidad, o por falta de una mejor opción que les sea accesible), terminan poniendo ambas calidades en igualdad de condiciones, favoreciendo así a los fabricantes de productos “malos”.

Esta situación genera una espiral dañina donde las empresas que no utilizan los servicios de IC para garantizar la calidad de sus productos, al verse beneficiadas por esta aparente igualdad, no perciben la necesidad de comenzar a utilizarlos, al tiempo que aquellas pocas que tratan de hacer las cosas “bien”, también los terminan viendo como gastos que ante las reglas de juego vigentes, no aportan valor.

Tal como se describió en el marco teórico, la lógica actual para abordar esta problemática debería ser la de “enfrentar” las fallas de mercado, dejando de pensar las

11 Ley de Gresham: cuando en un país circulan simultáneamente dos tipos de monedas de curso legal, y una de ellas es considerada por el público como «buena» y la otra como «mala», la moneda mala siempre expulsa del mercado a la buena. En definitiva, cuando es obligatorio aceptar la moneda por su valor facial, y el tipo de cambio se establece por ley, los consumidores prefieren ahorrar la buena y no utilizarla como medio de pago.

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actuaciones a través del análisis y la promoción de la oferta y/o la demanda de forma aislada, para pasar a analizar y actuar sobre las fallas del mercado de las diferentes cadenas de valor en las que se quiera intervenir.Un problema común que suele aparecer del lado de la oferta al intervenir en el desarrollo de los servicios de IC a nivel local, suele ser la falta de escala que condiciona el retorno sobre la inversión necesaria para cubrir las demandas requeridas.

Pero de acuerdo con lo observado, este no es nuestro caso, y del mismo modo tampoco resultaron muy relevantes el resto de las posibles fallas del mercado que podrían identificarse del lado de la oferta.

Siendo así las cosas, cualquier intervención en el mercado estudiado debería centrarse en el análisis y la actuación sobre las fallas del mercado vinculadas con la demanda, con los problemas de transacción y con los problemas del entorno del mercado.

5.4. Conclusiones La hipótesis de trabajo suponía para la ciudad de Rafaela, la existencia de una marcada desarticulación entre la oferta y la demanda local de servicios de Infraestructura de la Calidad (IC), y que era posible establecer además, que dicha desarticulación se debía principalmente a fallas del mercado.

El empleo de la palabra “desarticulación” no fue una cuestión fortuita, sino que fue puesta deliberadamente como sinónimo de desorganización o desconexión, tratando de plasmar la idea de que la oferta de servicios de IC, no respondía a los necesitados por las empresas bajo estudio, es decir a la demanda de los mismos.

Contrariamente a lo supuesto, la información resultante muestra que la hipótesis planteada no era correcta y que en términos generales: - esa supuesta desarticulación prácticamente no existe y los requerimientos de las empresas estudiadas están en la mayoría de los casos cubiertos por la oferta local, o pueden ser contratados fácilmente fuera de la ciudad sin que esto genere ningún impedimento para su uso; - el nivel de utilización de los servicio de IC es muy bajo; y que - son las fallas de mercado las que justifican ese limitado nivel de uso.

Sin embargo, aunque la hipótesis de trabajo fue refutada o relativizada a lo largo del estudio, los resultados obtenidos otorgan luz al problema inicialmente planteado, que pretendía conocer el estado de la relación entre la oferta y la demanda local de estos servicios.

Estos resultados ofrecen un marco de referencia para la toma de decisiones a nivel local que podrían ser utilizados por los actores institucionales del territorio para abordar la promoción de los servicios de IC en particular y los Servicios de Desarrollo Empresarial en general. Esta promoción debería abordarse por cadenas de valor, y en el análisis de cada cadena deberían participar las instituciones públicas responsables del control de los requisitos legales y reglamentaciones que se apliquen; y las grandes empresas que además de dar su punto de vista, pueden luego aportar sus efectos de tracción y de trasmisión al resto de las empresas de menor tamaño de las respectivas cadenas productivas.

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Capítulo 6

El desafío de lo político: Desarrollo territorial una construcción relacional. Diálogo y Capacidades en Rafaela (Santa Fe, Argentina).

Romina Carla Rébola

Introducción Este artículo se funda en la tesis: “Sobre la capacidad estratégica para el diálogo. Un análisis de las relaciones de poder en el proceso de desarrollo local de Rafaela. 2003- 2015”, y se inicia a partir de este interrogante: ¿Cómo son los procesos de toma de decisiones en los espacios de articulación?, para luego analizar a la luz de la experiencia territorial en Rafaela las capacidades de los actores para el Desarrollo Territorial.

El análisis está focalizado en torno a conceptos tales como: liderazgos, rol del Estado Local, participación de las organizaciones de la sociedad civil, la idea de proximidad entre los actores locales y los espacios de diálogos, y diálogos para la gestión del conflicto. Ahonda en la construcción de capacidades territoriales en torno a lo político, y se analiza las relaciones de poder locales.

La heterogeneidad de las distintas realidades locales ofrece una gran variedad de formatos y esquemas de atracción del gobierno a actores sociales, así como también la influencia de éstos sobre el gobierno local. Estas relaciones dependen, en general, del tamaño de la población, las características y grado de desarrollo de la economía, las condiciones geográficas, las características de la cultura local, tradición, historia, nivel de desarrollo de las organizaciones sociales y las formas en que se gobierna, perfil de los liderazgos, entre otras.

Así es como ante la creciente complejidad del entorno en que se desenvuelven actualmente las políticas públicas locales, se involucra a los actores gubernamentales y a una pluralidad heterogénea de agentes no estatales. Por ello, las nuevas funciones que están replanteando las modalidades de gestión local implican una revalorización de la misma, entendida como actividad social constructiva y no limitada estrictamente a lo estatal.

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Desde este enfoque, los procesos políticos se reflejan en las acciones estratégicas de diversos actores, lo que supone la gestión de los conflictos, aun cuando se llegue a consensos, donde en lo relacional se sortean obstáculos, se logran o no eliminar restricciones, se marcha y se retrocede, donde las acciones se estancan o avanzan. Desde esta mirada, reconocer lo conflictual de las relaciones, permite detectar posibilidades de cambio y la aceptación de actores sociales y políticos en la trama de sus relaciones.

El desafío político del desarrollo es interpretar cómo se expresan, regulan y gobiernan los conflictos y cómo se generan instancias de concertación y legitimación perdurables, que otorguen sostenibilidad al proceso de desarrollo. Esta construcción, según Madoery, se debe basar en una interpretación adecuada de lo político. (Rébola, 2017, p. 11).

Recuperando el marco teórico y las reflexiones de la tesis, en este artículo reflexiona en torno al desarrollo territorial como desafío político, repensando el análisis de los poderes territoriales. El diálogo, aparece entonces, como un proceso mediante el cual se manifiestan o explicitan conflictos, así como una estrategia territorial para la gestión de las relaciones entre los actores. Este es analizado en lo informal de los vínculos, así como en los espacios institucionales conformados, con el fin de generar resolución de conflictos mediante la participación democrática de distintos actores del territorio.

Desde mi formación en ciencia política, entiendo que las relaciones de poder asumen una forma espacial – territorial, dado que allí es donde se materializan. Entonces, el territorio es espacio de expresión del conflicto social inherente a toda sociedad y, al mismo tiempo, es el ámbito de construcción política, lo que supone juegos de poder.

En su complejidad y en las intencionalidades de sus vínculos, las organizaciones tienen intereses, prioridades, presiones y las personas que las representan tienen miedos, sueños, inseguridades, agendas personales y objetivos (Karlsen y Larrea, 2015).

El enfoque del desarrollo territorial resalta que la clave está en las personas y en sus capacidades, por lo que se pone énfasis en las potencialidades endógenas, valorizando el medio natural y el patrimonio cultural local como diferenciación contextual de cada territorio, orientado a la acción, y donde la clave es cómo se hacen las cosas. Cada territorio, más allá de su potencial endógeno, es concebido con un sistema abierto, donde se analizan también las relaciones con procesos externos y el aprovechamiento de oportunidades.

El desarrollo territorial, desde esta perspectiva, tiende a construirse en un marco de relaciones horizontales entre los actores, en particular los actores estratégicos. Esto implica densidad institucional, redes, capital social. Una adecuada gobernanza con reglas de juego pactadas y públicas que faciliten los diálogos en un marco de relaciones de poder.

El abordaje de la ciudad de Rafaela (Provincia de Santa Fe, Argentina) como experiencia territorial de desarrollo y articulación, es propuesto en mi tesis para reconocer cómo se construye un proceso de desarrollo, cómo se encara desde el quehacer político cotidiano y el rol de los actores: liderazgos, conflictos instituyentes, construcción de consensos, influencia de los actores en cada uno de estos procesos, el grado de formalidad e informalidad de las relaciones políticas, económicas y sociales.

6.1. Lo político: aproximaciones conceptuales para analizar el territorio Desde la dimensión política del desarrollo territorial, se puede considerar que la categoría de actor local se utiliza para designar a individuos o colectivos que poseen una capacidad de incidencia, influencia o presión en las decisiones de un territorio. Los actores sociales son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local.

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Fue pertinente, para el análisis realizado en mi tesis de maestría, recuperar y explicitar las miradas, los lenguajes y cómo construyen las relaciones actores claves del proceso rafaelino, que en el origen de la experiencia de desarrollo local, fueron los gobiernos locales y el sector gremial empresario. A su vez, recuperé las percepciones, miradas y el lenguaje de otros actores relevantes del territorio como sindicatos, cuerpo legislativo local, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, centros tecnológicos y universidades recuperando lo colectivo -como una interpretación de visiones institucionales de cada actor colectivo- y sobretodo, haciendo fuerte eje en las percepciones personales de actores individuales que conforman cada una de estas organizaciones, quienes observan su rol institucional en el territorio (ver ilustración 1).

Reconocer el rol de los actores, así como también cuáles son sus capacidades y cómo construyen nuevas capacidades mediante lo relacional, es ahondar en la dimensión política del desarrollo. Esta dimensión enfoca el análisis en cómo se aborda la construcción de confianza entre actores, los fundamentos de su interacción y compromiso, sin desconocer la relevancia de la dimensión institucional que plasma cómo se gobierna el proceso y la estructura vinculada a cómo se promueven estrategias de desarrollo. De esta forma, asumir el enfoque del Desarrollo Territorial implica pensar al territorio, en este caso, la ciudad de Rafaela, como red o redes de actores, que interactúan de forma particular, generando un sistema de relaciones que influye, decide y condiciona la definición e implementación de estrategias territoriales, que pretenden impulsar procesos integrales y sustentables, mediante acciones transformadoras.

Ilustración 1: ¿En qué roles se reconocen los actores en el proceso, cuáles son sus posicionamientos respectos a otros actores?

Fuente: elaboración propia

El proceso político del desarrollo territorial es la combinación del diálogo, los conflictos, las alianzas y la construcción de visiones que responde a los desafíos del territorio que configuran una matriz de poder determinada, en un momento determinado, que se 87

cristalizan, según Madoery (2008) en reglas de juego institucionales y en interacciones de los actores de ese territorio, según sus intereses -personales o colectivos– y su posicionamiento ideológico respecto a los temas de agenda local.

Según Villar (2004), esta construcción del poder local se nutre de las capacidades de convocar, catalizar, movilizar y coordinar potencialidades de los actores locales, por lo general, a partir de los atributos de decisión del Estado local. En este sentido, destaco, en la experiencia de Rafaela, el tema del liderazgo desde los gobernantes municipales.

Esta es la complejidad territorial (Karlsen y Larrea, 2015) caracterizada por la interdependencia de los actores (en cuanto a recursos que controla uno y los que deben ser compartidos); sumado a ambientes de incertidumbre, y a que los actores no siempre pueden estar de acuerdo en el planteo del problema, ni en la solución, por sus diferentes interpretaciones. Y a pesar de la capacidad de liderar procesos de determinados actores, Karlsen y Larrea (2015) sostienen que ninguno tiene poder para dirigir las acciones de otros en una dirección específica, y nadie tiene los recursos necesarios para resolver los retos por su cuenta.

El poder es inherente a todas las organizaciones complejas, relaciones de poder existen en todas las dimensiones de la vida (Vilas 2013). El poder implica una asimetría en las relaciones sociales y, por lo tanto, una desigualdad. Esta desigualdad alimenta tensiones y mantiene abiertas las puertas de las sediciones y las rebeliones, pero también actúa como un ingrediente que contribuye a la formación y el funcionamiento del ordenamiento colectivo, en cuanto este consiste, desde un punto de vista organizativo, en una estructura de poder en la que se articulan y coordinan diferentes niveles o grados de decisión. El poder depende de su eficacia, de tomar o no tomar determinadas decisiones, de incluir y no incluir determinados asuntos en la agenda pública, de hacer o dejar hacer a otros.

Esta mirada del territorio me permite considerar al espacio social atravesado por el poder y observar la dimensión espacial de las relaciones sociales. El territorio es una construcción -y una destrucción- social y política. Si el espacio social está empapado de poder, es tanto construido como destruido; incluso ambas lógicas pueden coexistir en el mismo espacio geográfico (Madoery, 2015). La frontera entre lo social y lo político es esencialmente inestable, y requiere de desplazamientos y renegociaciones constantes entre los actores sociales (Mouffe, 2009). En todos los casos, el poder organiza la sociedad, y al hacerlo, establece los códigos que enmarcan las conductas individuales y grupales y les otorga significado (Vilas, 2013). Las cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones que requieren que optemos por alternativas en conflicto.

Según Vilas, las decisiones de poder y las acciones emprendidas no existen en el vacío; se toman y ejecutan en escenarios previamente configurados que a su turno experimentan el efecto de unas y otras, tanto para su reproducción como para su modificación; son, en consecuencia, el resultado de la acción colectiva, de sus conflictos y conciliaciones a través del tiempo.

Gobernar el territorio es reconocer las sociedades no solo en términos de diversidad de actores, sino también en relaciones de poder vigentes y de modos de vida deseados. Este es un paso indispensable para no quedar solamente en el nivel descriptivo, sino incorporar el análisis situacional que nos oriente a ver cómo funcionan los intereses, las interpretaciones, las convicciones, las preferencias y las emociones de aquellos que, en la práctica, frenan o impulsan los procesos de construcción institucional, cambio estructural, sustentabilidad ambiental, inclusión social y/o afirmación cultural (Madoery, 2015).

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6.1.1. Lo político: consenso democrático conflictual Partiendo de la premisa de que la democracia es condición previa del desarrollo de una sociedad (Madoery, 2008), recupero la concepción de lo político de Chantal Mouffe (2009) que plantea que el enfoque agonista de la democracia, es el enfoque de lo real, de lo político, dado que proporciona a los conflictos una forma legítima de expresión. Este enfoque plantea que es necesario reconocer la imposibilidad de erradicar la dimensión conflictual de la vida social, y que este es el punto clave para comprender el desafío al cual se enfrenta la política democrática. Para Mouffe, lo político se trata –entonces - de un tipo de consenso conflictual que provee un espacio simbólico común entre oponentes que son considerados como “enemigos legítimos”. El debate democrático es entendido como una confrontación real.

Para Mouffe (2009) no tenemos el poder de eliminar los conflictos y escapar a nuestra condición humana, pero sí tenemos el poder de crear las prácticas, discursos e instituciones que permitan que esos conflictos adopten una forma agonista. Es por esto que la defensa y radicalización del proyecto democrático exige reconocer lo político en su dimensión antagónica, y abandonar la ilusión de un mundo reconciliado en el cual, el poder, la soberanía y la hegemonía hayan sido superados.

Al igual que el enfoque agonista, la política de desarrollo endógeno reconoce las diferencias de intereses e interpretaciones pero entiende que es posible “canalizar” el conflicto social, que es posible crear “anclajes institucionales” que favorezcan la participación, el diálogo y la legitimación política (Madoery, 2008). Así es como el desarrollo aparece como un permanente proceso de toma de decisiones.

La política plantea la relación entre los fines de la acción colectiva, los intereses que movilizan a los actores en conflicto y los medios a los que se recurre para alcanzarlos, así como la conjugación que siempre se presenta entre coacción, fuerza y consentimiento.

Según Mouffe (2009), lo que está en juego en la lucha agonista, es la configuración misma de las relaciones de poder en torno a las cuales se estructura una determinada sociedad: es una lucha entre proyectos hegemónicos opuestos que nunca pueden reconciliarse de un modo racional.

“El desarrollo es una categoría política antes que económica, porque remite a una disputa hegemónica, antes que a un patrón de acumulación. Porque remite a capacidades sociales y territoriales antes que a estructuras y dinámicas productivas”. (Madoery, 2015, p.

163). ¿Cómo trabajar el conflicto en la política democrática y pluralista? El conflicto para ser aceptado como legítimo debe adoptar una forma que no destruya la asociación política.

Esto significa, según Mouffe (2009), que debe existir algún tipo de vínculo común entre partes en conflicto, de manera que no traten a sus oponentes o enemigos a ser erradicados, percibiendo sus demandas como ilegítimas. De hecho, se debe aceptar una relación de agonismo que establece una relación nosotros/ellos en la que las partes en conflicto, si bien aceptando que no existe una solución racional a sus conflictos, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes. Esto significa que, aunque en conflicto, se perciben así mismos como pertenecientes a la misma asociación política, compartiendo un espacio simbólico común dentro del cual tiene lugar el conflicto. La tarea de la democracia es transformar el antagonismo en agonismo, según Mouffe. El modelo adversarial debe considerarse como constitutivo de la política democrática (Mouffe, 2009), dado que permite esta transformación. Es decir, que ayuda a concebir cómo puede domesticarse la dimensión antagonista, gracias al establecimiento de instituciones y prácticas a través de las cuales el antagonismo potencial pueda desarrollarse de un modo agonista. Según Mouffe, es menos probable que surjan conflictos antagónicos en tanto existan legítimos canales políticos 89

agonistas para las voces en disenso. De lo contrario, el disenso tiende a adoptar formas violentas.

Por esta razón, sostiene Mouffe (2009) que la especificidad de la democracia moderna radica en el reconocimiento y legitimación del conflicto. Una democracia que funciona correctamente exige un enfrentamiento entre posiciones políticas democráticas legítimas.

“El consenso es, sin duda, necesario, pero debe estar acompañado por el disenso” (Mouffe. 2009, Pp. 37 y 38). El consenso es necesario en las instituciones constitutivas de la democracia y en los valores éticos políticos que inspiran la asociación política, libertad e igualdad para todos, pero siempre existirá desacuerdo en lo referente a su sentido, interpretaciones y al modo en que deberían ser implementados. En una democracia pluralista, tales desacuerdos son legítimos y necesarios. Proporcionan la materia de la política democrática: un consenso conflictual.

Para Vilas, toda práctica política implica diferentes combinaciones entre un enfoque adversarial y un enfoque deliberativo entre iguales, para poder analizar la política realmente existente. Lucha y deliberación: la relación política se desenvuelve entre adversarios que llegan a serlo por las posiciones y los proyectos de ordenación y poder que promueven.

Esto se refiere a la imposibilidad de los diferentes proyectos o propuestas de coexistir en la vida real o de ser armonizados por algún tipo de acuerdo. Esta situación es, en gran medida, contingente, dado que el adversario de ayer puede ser el aliado de hoy, o a la inversa. Con esto último quiere decir que la política existe en el tiempo, y está condicionada con frecuencia por los contenidos, los sentidos y las probabilidades de éxito o fracaso de la acción. Y, a su vez, existe una política del tiempo, una producción y administración de ritmos, secuencias, momentos y oportunidades.

La categoría de política situada expresa una mirada centrada en los sujetos sociales, en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus tensiones, sus afectos y sus creaciones. Un pensamiento surgido de los contextos de experiencia, que reconoce condicionamientos exógenos, pero que emerge desde lo territorial donde nace su fuerza alternativa.

Lo político como conjunto de energías que construyen/destruyen realidades, está presente y atraviesa cada campo, cada esfera y sus zonas de contacto. En cada campo hay poder y lucha de poder. El pensar situado no reniega de la totalidad, sino de la homogeneidad. Reconoce la singularidad, no como accidente, sino como lo particular, es una opción política (Auat, 2014 en Madoery, 2015).

Lo político es, en definitiva –desde el enfoque del Desarrollo Territorial-, una capacidad social que permite actuar en y sobre circunstancias determinadas, para imponer una dirección a las acciones para el cambio. Por lo que se propone revalorizar, a continuación, los intangibles del desarrollo.

6.2. Capacidades relacionales para el desarrollo territorial Como fue mencionado anteriormente, pongo énfasis en los aspectos subjetivos y relacionales del desarrollo, revalorizando los intangibles que se relacionan con las capacidades de las personas. El hecho que la acción esté enraizada dentro de estructuras institucionales y procesos macro, no implica que las elecciones de comportamiento sean reemplazadas por una rutina inmodificable, sino que los actores son capaces de formular decisiones, actuar en base a ellas e innovar o experimentar.

Como recupera Madoery (2008) de Lechner (2002), el actor tiene capacidades y conocimientos. La creatividad de la acción está enmarcada, contextualizada, pero ni las personas pueden disponer libremente de las lógicas funcionales, ni éstas logran apropiarse completamente de la subjetividad (Lechner, 2002). Por lo tanto, tan como expresa Arocena 90

(1995) es necesario concebir la tensión entre las personas y los sistemas personales (actorsistema), entre sistema de actores y contextos de experiencia, como una relación de complementariedad.

El enfoque del Desarrollo Territorial se plantea como un proceso de construcción social y política con características multidimensionales, considerando dimensiones tales como: Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Urbano Ambiental y Desarrollo Institucional y una gobernanza compleja con un rol activo del Estado, donde se construyen capacidades personales y colectivas en cada territorio.

El desarrollo territorial, tal como lo expresa Costamagna (2015), depende del contexto y de la visión del territorio que se defina, y no siempre son las mismas capacidades ni los mismos procesos. Por ello, asumir el enfoque del Desarrollo Territorial implica pensar al territorio como red o redes de actores que interactúan de forma particular, generando un sistema de relaciones que influye, decide y condiciona la definición e implementación de estrategias territoriales, que pretenden impulsar procesos integrales y sustentables, mediante acciones transformadoras.

Según Pablo Costamagna (2015): en el enfoque del desarrollo territorial aparecen, en el último tiempo, elementos como: la forma de relacionarnos dentro de los territorios, de plantear diálogos, de generar espacios de participación a sectores que han estado excluidos de la palabra pública, de cogenerar conocimientos, de desarrollar capacidades con los actores, donde el pensamiento colectivo sobre las prácticas sea el que genere cambios. (p.

38) Desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial, el poder público local debe integrarse en una compleja red de actores e instituciones, siendo su función específica la de orientar el proceso de formulación e implementación de las políticas a través de los recursos, capacidades y competencias que le son propios. Es decir, la implementación de políticas de desarrollo requiere que el Municipio actúe como catalizador, facilitador de oportunidades y coordinador, y no solamente como distribuidor de recursos.

Hasta aquí, el artículo expone conceptualizaciones teóricas en torno a lo político y al desarrollo territorial. A partir de estos conceptos, recupero parte del análisis realizado sobre la experiencia de Rafaela, entre los años 2003 y 2015.

En este plano, tanto los gobiernos como las demás organizaciones locales en Rafaela –históricamente-, y con la continuidad de un proceso de desarrollo local desde los noventa a la actualidad, presentan como fortaleza la posibilidad de establecer una relación fluida entre la comunidad, y reconocen sus particularidades económicas, sociales, políticas e institucionales sobre las cuales actúan.

Rafaela se distingue por un “consenso generalizado respecto al horizonte hacia donde se quiere ir”, como capacidad histórica de una sociedad “competitiva” con convicción sobre la expectativa como ciudad, producto de “esa capacidad dirigencial que viene de las raíces…”, tal como lo plantean algunos actores del territorio. En la experiencia analizada, hay un reconocimiento generalizado, entre los actores, de este vínculo histórico, de la capacidad de consenso sobre los objetivos generales de la estrategia de desarrollo de la ciudad, y también se reconoce que en el momento de pensar qué, cómo y cuándo, los conflictos emergen en el día a día, y por lo general son gestionados.

Estas capacidades, tanto colectivas como subjetivas, son la formación, organización, conductas, valores, interacciones y aprendizajes de los actores locales, las redes de confianza y colaboración que promueven o no, entornos favorables para cooperación interempresarial e interinstitucional. También se destacan: la formulación de estrategias y proyectos sobre la base del diálogo y el encuentro de saberes entre actores territoriales; su capacidad relacional y de gestión, los acuerdos específicos a los que lleguen (la capacidad de consensuar, negociar, mediar, pactar); la creación de espacios de ciudadanía activa, la creación de 91

nueva institucionalidad local (Madoery, 2008). Es así como, la confianza en las relaciones interpersonales e interinstitucionales es un factor considerado crucial.

Javidan (1998) y Sotarauta (2005) definen las capacidades que influyen o son producto de procesos de Desarrollo Territorial, entre otras, y que a partir de esta relectura en el libro de Pablo Costamagna (2015) se piensan como importantes para este análisis. De la definición de estos autores, recupero esta tipología de capacidades que se analizan en la experiencia política situada de los actores de la ciudad de Rafaela: - Capacidad de absorción: Habilidad para decidir qué tipo de nuevo conocimiento es importante para la red y cómo ese conocimiento puede ser absorbido por la red.

Se rescata que el proceso territorial de Rafaela se ha caracterizado por generar diversas instancias formativas, sobre todo en términos de recursos humanos del municipio, pero así también los programas de formación dirigencial del ICeDeL, capacitaciones de la gremial empresaria, el Programa de Competitividad Territorial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y, desde las Universidades, entre otras: la Maestría en Desarrollo Territorial ha generado instancias de aprendizajes sobre la temática para diversos miembros de organizaciones locales, regionales e internacionales.

Esto permite identificar una trayectoria, en términos de generar, desde procesos de formación, una construcción de lenguajes comunes en torno al Desarrollo Territorial.

Si bien el proceso ha sido bastante constante, en los últimos años se promovieron nuevos espacios de reflexión sobre la acción desde el enfoque pedagógico del Desarrollo Territorial. Como espacios formativos y de investigación asociada a la construcción de nuevas capacidades territoriales, se reconoce el esfuerzo desde el año 2011 de la Maestría en Desarrollo Territorial, así como la creación, en 2014, del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial Praxis (Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional) y la incorporación, en 2016, de la Universidad Nacional de Rafaela a las opciones de Educación Superior de la ciudad, - en el ámbito del Consejo Universitario de Rafaela. Estos espacios están planteando un nuevo rol del sector científico tecnológico y situando a las Universidades en el territorio, donde comienza a reconocerse la importancia de procesos de innovación social, política y organizacional, así como también la profundización en cuanto a la innovación productiva y tecnológica de la región. Se recupera, en dicha experiencia, como clave el rol de las Universidades en la regeneración de la capacidad de absorción local.

- Capacidad Estratégica: Se trata de la habilidad para tomar decisiones sobre cuál debe ser el foco en el largo plazo, definir futuros distintos, estrategias, crear un espacio común para la acción, lanzar procesos correctamente para liderarlos a través de sus distintas fases, gestionar los tiempos del proceso.

Respecto a la experiencia estudiada, se recupera una mirada sobre la construcción de capacidades territoriales, en términos de desarrollo económico y promoción del empleo, en la primera etapa de este proceso, desde su gestación en los noventa, hasta, podría aventurarse, el año 2011.

Con el cambio de gestión municipal, aparece en la Intendencia –primero-, y también en otros actores (funcionarios de gobiernos, universitarios), la necesidad de revisar los temas y estrategias del Desarrollo, buscando el abordaje del desarrollo económico, la innovación, pero también la valoración de lo social, y la inclusión y el desarrollo urbano; reforzando cómo gestionar el desarrollo en base a un mejor diálogo entre actores y en la búsqueda de incluir a más actores al debate territorial.

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- Capacidad Interpretativa: Habilidad para abrirse a diálogos con interpretaciones alternativas del futuro, escuchar al otro, interpretándolo.

En una relectura de la experiencia local, hoy, reconozco la generación de diferentes espacios de diálogo sobre temas concretos o cuestiones sectoriales, tales como: Consejo de Seguridad, Agencia de Desarrollo ACDICAR, Consejo Universitario de Rafaela, Consejo Ambiental del Instituto de Desarrollo Sustentable, Consejo de Adultos Mayores, el rol de las Comisiones Asesoras y su dinámica sostenida desde inicios del proyecto político local, el fortalecimiento de la Federación de Vecinales, entre otros; y en especial, la continuidad e innovación en términos de la inclusión de nuevos actores al Consejo Consultivo Social de Rafaela. Así también, la existencia de un área de la gestión municipal, desde el año 2007, con programas y políticas que fomentan la participación ciudadana.

Como nota relevante, aparece en la gestión de gobierno del Arq. Luis A. Castellano, una predisposición al diálogo con otros actores del territorio, que se traduce en el discurso oficial como “diálogo hasta el hartazgo”.

- Capacidad Institucional: Habilidad para conectar y movilizar a los diferentes grupos de actores para crear un terreno común para la acción tanto en la red como sistémicamente. Dentro de este punto, se distinguen capacidades asociadas, tales como: - Capacidad de gestión de redes: Habilidad para forjar confianza, dependencia mutua, lealtad y solidaridad entre los miembros de la red, para su mejor funcionamiento.

- Capacidad de socialización: Habilidad para socializar, generando la importancia de pertenecer a la red o espacios de diálogo, y así lograr la consecución de objetivos comunes (Costamagna 2015).

Recuperando el rol en espacios de diálogo antes mencionados, que se han constituido en los últimos cuatro años, y el proceso sostenido de otras redes, algunas desde la década del noventa, y otras post crisis de 2001, Rafaela se ha caracterizado por el fortalecimiento de espacios para el diálogo institucional. Así también, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, ONGs para abordar diferentes problemáticas de vulnerabilidad social, cultural y ambiental en el territorio, y también, en esta línea de fortalecimiento institucional, el papel más preponderante que empiezan a jugar las Universidades en el territorio, a partir del espacio del Consejo Universitario de Rafaela.

- Capacidad de agitación: Habilidad para crear tensiones y retar los patrones dominantes de pensamiento entre los actores. Es la habilidad para motivar a los actores para que estén interesados en participar en redes, convencerles para ser activos en las distintas iniciativas de la red, garantizando su sostenibilidad.

En los últimos años, en un trabajo articulado entre el Instituto Praxis (Facultad Regional Rafaela UTN) y la Municipalidad de Rafaela, “se abre un espacio para la formación de facilitadores bajo una forma co-generativa, con el objetivo de capacitar para gestionar la complejidad y la articulación entre distintas áreas y con otros actores. El proceso de diálogo instalado también está permitiendo que tanto los investigadores como las personas del gobierno puedan profundizar en su papel como facilitadores de la organización y del Desarrollo Territorial” (Costamagna y Larrea, 2017, p. 19).

Desde el abordaje de los autores citados y las reflexiones que se realizan en el Instituto Praxis, los facilitadores de procesos de desarrollo territorial son personas que hacen que 93

las cosas sucedan: son agitadores de procesos, mediadores de diálogos y gestores de conflictos, que promueven un movimiento implícito o explícito de procesos de cambio y transformación en los territorios.

También para el análisis realizado en mi tesis de Maestría, fueron relevantes las capacidades que, Madoery (2015, Pp. 166-168) vincula a lo político situado, y que presento a continuación.

- La capacidad de autonomía es la lucha por el reconocimiento, la opción a que cada sociedad exprese su derecho a entender el desarrollo que quiere para sí misma. Es decir, las posibilidades y oportunidades de tomar decisiones sin intervención ajena, reconociendo las aspiraciones sociales de las personas en sus territorios.

Observando el proceso de desarrollo de la ciudad de Rafaela y considerando su origen, en la década de los noventa, en una Argentina de la desconcentración, la privatización, bajo un paradigma neoliberal, y sumado a esto, la emergencia de nuevas problemáticas socioeconómicas y más demandas ciudadanas de proximidad, se sitúa al caso Rafaela como una de las experiencias de desarrollo emergente, en un contexto contradictorio, donde mediante la asunción de nuevas funciones municipales, en las prácticas cotidianas, se plantea una autonomía de acción y un rol legítimo y activo del gobierno municipal, como formas distintas de dar respuestas al contexto global, nacional y local, desde lo endógeno.

Sin tender a generalizar esta capacidad entre todos los actores –considerando matices en el grado de autonomía de éstos-, dicha capacidad se puede observar arraigada más en los actores tradicionales de la ciudad, que de alguna forma han sido valorados o conocidos por un modelo de la articulación público – privada exitoso, y que son los que tienen voz en todos los debates locales, sean o no vinculados a sus intereses sectoriales directos.

- La capacidad estratégica es la lucha por la transformación y el empoderamiento: poder perfilar proyectos sociales y someterlos a la consideración y aceptación de las mayorías para reunir la fuerza suficiente para provocar los cambios deseados. Se trata de definir el o los qué del Desarrollo, por ejemplo: inclusión social, crecimiento económico, sustitución de importaciones, creación de empleo, fortalecimiento de eslabones productivos en sectores clave, entre otros tantos qué; y de pensar sobre el cómo hacer el desarrollo, por ejemplo: espacios de diálogo público – privado, creación de zonas de economía especiales, políticas locales como iniciativas innovadoras, entre otras formas de hacer.

Se reconoce a algunos actores del territorio, como: el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, por su proyección de una visión estratégica en torno a sus intereses sectoriales que tienen que ver con el desarrollo empresarial local y regional. Es decir, hay más miradas sobre las estrategias del territorio, reconocidas en actores de la sociedad civil que se proyectan desde sus intereses sectoriales, lo que, en su vinculación con el Estado, y en el diálogo para conjugar intereses privados con intereses generales, permiten al territorio reconstruir visiones pretendidas – no siempre concertadas con todos – como comunes.

Sobre la experiencia analizada, recupero en la tesis, todo el proceso de planificación estratégica que proyectaron las y los actores del territorio, en diferentes momentos. Abordo el Plan Estratégico de Rafaela en los noventa, la Agenda Estratégica de Rafaela 2010 – 2016, y el Plan Rafaela Productiva 2030, momentos de diseño de estrategias, que -algunos de ellos- generaron nuevos procesos de políticas públicas y de acciones articuladas entreorganizaciones locales, plasmadas en acciones concretas. Estos procesos de planificación son importantes para repensar y proyectar Rafaela.

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Así también, el mantenimiento de espacios de diálogo entre instituciones del territorio, llevan a pensar al diálogo interinstitucional como una herramienta y una forma de hacer en el territorio.

Analizo la capacidad de diálogo local: con conflictos y acuerdos mínimos, con desencuentros y reencuentros, como una capacidad estratégica del territorio.

Desde las universidades del territorio, visualizo una apuesta para generar nuevos perfiles profesionales, enmarcados en proyectar el futuro del territorio, así como también generar instancias de diálogo y reflexión con actores para proyectar nuevos desafíos. Hay un ejercicio de proyectar la mirada en este territorio.

- La capacidad hegemónica es la lucha por el convencimiento; la hegemonía se construye en el liderar, convencer, confrontar, decidir y alcanzar acuerdos, mediante la gestión de los intereses y conflictos. La hegemonía remite al quién: con quién, para quién, contra quién; que a su vez direccionan el qué y el cómo (Madoery, 2015, p. 196).

Aquí reconozco el rol clave del gobierno municipal local en el liderazgo del proceso, con un claro proyecto político local, sumado al diálogo más pronunciado con el sector de la gremial empresaria local y el sector científico – tecnológico, en la mayor parte del proceso hasta hoy como una interconexión hegemónica en términos de qué estrategias de desarrollo.

En los juegos de poder hay hegemonías y contra-hegemonías, actores relevantes y actores “ocultos” o “callados”, pero no por ello hay que desconocer la emergencia de estos actores, por lo que hay que pensar estos procesos desde la capacidad de liderazgo, sin desconocer las formas más o menos horizontales -de quienes gobiernan- de relacionarse con otros.

Además de la capacidad de liderar, se le reconoce al Estado local, la capacidad de motivar procesos participativos. Si bien, hay un reconocimiento de la importancia de sentarse a la mesa de diálogo con otros actores del territorio, distingo al Estado local como el conductor de estos procesos participativos.

Hoy, puedo sumar al análisis una reflexión en torno a que si hay que redefinir esta hegemonía local, pensando en la construcción de contra-hegemonías que impulsan nuevos temas para pensar e innovar con otras estrategias de desarrollo, y una reconstrucción de la hegemonía, con la inclusión de más actores, en el último período del proceso, desde el año 2011 hasta la actualidad.

6.3. El diálogo como proceso político La cercanía, la interacción y la asociación son elementos cruciales que están ligados al territorio. La aproximación al desarrollo, desde su complejidad, plantea la necesidad de resignificar el papel de los actores individuales y colectivos y los rasgos de las organizaciones sociales donde éstos se desenvuelven.

Para repensar la experiencia analizada, se considera la importancia de una relación democrática agonista entre los actores del territorio, donde la confianza y el vínculo se acentúan en la legitimidad del otro. Y así, se concibe la gestión adversarial de los conflictos, que es donde radica la fuerza del proceso, el grupo de actores legítimos y sus estrategias.

Si no hay reconocimiento del otro, de su singularidad, de sus intereses, de sus necesidades, difícilmente el acuerdo sea general.

Observo que hay una valoración generalizada de la legitimidad de los procesos de participación ciudadana y diálogo en la experiencia de Rafaela, detecto también, en los últimos años, la existencia de facilitadores que motivan estos espacios y encuentros.

Sobre el proceso de desarrollo territorial estudiado, en general, reflexiono sobre la existencia de acuerdos en los objetivos generales y ante acciones concretas que manifiestan 95

disidencias y diferencias. Lo que rescato en esta línea, es que, sin construirse siempre lenguajes comunes sobre el Desarrollo Territorial y sus procesos, los actores construyen confianza y proceden con determinados mecanismos de diálogo legítimos. Estas formas de gestionar el conflicto, replican una forma de “hacer ciudad” situada en estrategias participativas.

Recupero también, en este proceso, la importancia de los vínculos más informales, por ejemplo desde la participación en procesos de formación compartidos que permiten conocerse y establecer relaciones más personales, que se replican -en ocasiones- en vínculos más institucionales o en proyectos o programas concretos.

Se pone en discusión la efectividad de los diálogos ante determinados conflictos, y cómo se han generado espacios para dialogar, que no siempre construyeron acciones más colectivas, ni tampoco atemperaron intereses sectoriales de actores involucrados, por debajo de un interés más innovador en lo social, por ejemplo: los debates sobre refuncionalización del microcentro y la discusión no saneada sobre lavacoches en el centro de la ciudad.

Más allá de determinados conflictos locales, observo procesos de construcción, la legitimidad de estos mecanismos, la capacidad colectiva para gestionar el conflicto, y el papel de los vínculos más informales como fortalecimiento de la construcción de confianza.

Hay que reconocer, entonces, la capacidad para la explicitación de conflictos y la apuesta al diálogo por la construcción de intereses generales.

Desde mi mirada, es importante que el proceso y el proyecto de desarrollo sea motivado, que se generen nuevos entusiasmos, desde las tensiones que emerjan, y su explicitación, agitando el pensamiento dominante de los actores, para que sean incitados a repensarse como territorio.

La existencia de personas facilitadoras como “nexos” en las relaciones locales, genera, a mi entender, condiciones para que los actores del desarrollo territorial puedan reflexionar, decidir y pasar a la acción, en este sentido, promoviendo nuevas capacidades colectivas para el desarrollo.

Se puede concebir entonces, el territorio como un espacio en construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente, según las y los actores involucrados en diferentes procesos sociales, culturales, políticos y económicos, permitiendo repensar las dinámicas de lo político, entre los conflictos y los consensos, y la relevancia del papel de los actores locales, sin desvincular los contextos y relaciones nacionales y globales, en el desarrollo de cada lugar.

La relación pública – privada en Rafaela, que ha sido parte de la estrategia de desarrollo y un paradigma de acción en la ciudad, siempre perfectible; hoy tiene nuevos desafíos: la complejidad provoca la aparición o emergencia de nuevos actores en el territorio, y ahí debería radicar el cambio de paradigma de acción para pensar otras estrategias de desarrollo.

Hay que trascender hacia un concepto de articulación más amplio, inclusivo de otras miradas o perspectivas, para buscar y tratar de dar soluciones a los problemas cada vez más complejos que enfrenta nuestra sociedad, como son: las nuevas funciones locales en materia de seguridad y educación, por ejemplo, que plantea desafíos en la articulación con nuevos actores, en diferentes niveles y organismos del Estado.

Reconozco, en esta línea, otros ámbitos relacionales –que han ido profundizando su rolcomo los espacios institucionales de los Consejos: Consultivo Social, Consejo Universitario de Rafaela y el Consejo de Seguridad -por citar solo algunos-, como mecanismos para dialogar sobre nuevos temas de la agenda pública. Reflexiono sobre la legitimidad que le dan los actores del territorio a estos espacios, o al menos las organizaciones que participan de ellos, como una forma de hacer el desarrollo, sostenida y asentada en el territorio.

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También, la construcción de los acuerdos, en Rafaela, se ha generado en ámbitos de informalidad y según las particularidades de los líderes, con acuerdos más tácitos que explícitos.

Esta “informalidad” de las relaciones o formas de vincularse más personalizadas posibilitan la existencia de más confianza para afrontar conflictos, tal como lo reconocen los propios actores del territorio. Existen espacios donde es clara la generación de estos vínculos, destacándose el rol del proceso formativo en lo local como las capacitaciones dirigenciales del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICeDeL), la Maestría en Desarrollo Territorial de la Facultad Regional Rafaela (UTN) desde el año 2011; así como lo fue, también, el Centro de Desarrollo Empresarial en los noventa y el Programa de Competitividad Territorial de 2007 a 2011. Estos son ámbitos de encuentros, donde hay una construcción de lo intangible que facilita la vinculación entre personas, que a su vez tienen alguna representación institucional o son técnicos en organizaciones del territorio.

6.4. Desafíos para el Territorio Aparece como gran desafío la sostenibilidad del proyecto con una reconfiguración del diálogo, necesario ante la complejidad, ante el contexto provincial, nacional e internacional, y sobre los nuevos temas en la agenda pública local.

Esta agenda pública emergente y compleja, en el último tiempo, plantea repensar el liderazgo político del territorio: donde el Estado local asume más funciones y donde el diálogo con otras voces locales es necesario para pensar los problemas. Donde, también, la innovación y la generación de nuevas capacidades que preparen la estructura organizacional municipal para el abordaje de lo complejo, en el diseño e implementación de políticas desde un enfoque interdisciplinar y transversal, plantea un camino de buenas intenciones y de algunas prácticas en determinadas acciones concretas, que tienen hoy el desafío de profundizarse.

Asimismo, es necesario el liderazgo activo que deconstruya la idea de líder, para un proceso de mayor fluidez democrática, que incluya a nuevos actores locales en procesos de toma de decisiones ante la complejidad multidimensional y multiactoral que adquieren las problemáticas de los territorios. Como se viene planteando a lo largo del capítulo, es importante motivar procesos participativos, dando lugar a nuevas voces, otros actores del territorio, a fin de diversificar el abordaje de problemas, soluciones con nuevas capacidades para lograr las transformaciones necesarias.

En los últimos años, la dinámica de la economía, la emergencia de conflictos, más la aparición de nuevos movimientos sociales y organizaciones referidos a nuevas problemáticas, como por ejemplo las reivindicaciones sobre la igualdad de género, interpelan al proceso para que empiece a pensar el mapa de actores locales representados en espacios institucionales, dado el cambio y reconfiguración que se ha dado en la ciudad y la necesidad de dotar de expresión a aquellos grupos que no la tienen.

Considero que hay que poner de manifiesto las nuevas tensiones, las nuevas oportunidades, los nuevos temas emergentes que requieren de una necesaria revisión de las relaciones, de los actores involucrados con voz y de las estrategias. Y así, valorar la posibilidad de “abrir la participación” a nuevos actores, en los espacios de diálogo existentes o en ámbitos o “momentos” nuevos para dialogar.

Los nuevos actores son las otras voces del territorio: movimientos sociales, actores de la economía social y un rol más presente de los sindicatos. Es importante, además, pensar un diálogo más representativo de los debates de distintos partidos políticos, sumándolos a ámbitos participativos, como viene haciéndose en el Consejo Consultivo Social durante los últimos años; así como profundizando los debates en el espacio del Concejo Municipal. También, se resalta la importancia de facilitar diálogos con sectores no institucionalizados que aún no están incluidos en os diálogos locales.

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El diálogo en la complejidad, situados en la experiencia analizada, plantea, entonces, un diálogo más inclusivo de los diversos actores e intereses en puja, con mínimos acuerdos de acción, con reflexiones emergentes de este diálogo, que permitiría promover un abordaje más multidimensional del territorio y permitiría generar nuevas transformaciones que innoven en una mirada más social y diversa culturalmente de la ciudad de Rafaela.

La complejidad también requiere seguir pensando al territorio desde lo endógeno, pero en esta concepción de lo sistémico se necesita, en el contexto argentino actual, profundizar instancias de coordinación multinivel. Por un lado, los vínculos en la región más próxima, dado que hay problemáticas que se plantean cada vez más como competencias recurrentes entre municipios y comunas de la región, como es el tema de la conectividad regional y los servicios asociados; y por otro lado, el diálogo y coordinación de acciones con el gobierno provincial y nacional, por ejemplo, con el tema de agenda que hoy es la seguridad ciudadana.

La complejidad requiere de un diálogo más articulado, de una nueva gobernanza regional y multinivel, y también de acuerdos – desde los conflictos y problemas - que se plasmen en soluciones más integrales, además, si algo alimenta la complejidad, son los tiempos diferentes de los actores del territorio. Hay una política del tiempo, de la producción y administración de ritmos, secuencias, momentos y oportunidades de los actores, en cada contexto y ante cada problema, que son distintos y que marcan claramente la construcción del diálogo. Aquí una incógnita para seguir pensando aparece en torno a qué capacidades deben poseer los actores para comprender sus tiempos y los tiempos de los otros para el diálogo.

6.4.1. ¿Quiénes dialogan en la gestión de la complejidad?

A lo largo de la tesis, que aquí se cita, se recupera la importancia de la formación de recursos humanos, así como el rol del Sistema de Innovación en el Territorio.

Considero que el desafío está en un rol más importante de las organizaciones relacionadas al sistema de innovación local en los procesos de toma de decisiones, motivando reflexiones sobre diversas temáticas que los involucran, facilitando espacios de formación de actores para la construcción de lenguajes comunes, opinando desde la mirada sistémica y compleja de la innovación en el territorio.

Para ello, el pensarse situados es un desafío para el sistema de innovación local, en conjunto con otros actores del territorio. Es decir, repensar cuáles son las estrategias de estos actores, y cuáles son las interpretaciones de sus roles por otros actores territoriales. Y proyectar espacios donde, en interacción entre actores, se generen instancias de formación y se instale también la importancia de reflexionar, actuar, reflexionar y “co-construir” en el territorio.

En esta línea, no debería discontinuarse la formación de recursos humanos, sobre todo con eje en la formación de Facilitadores del Desarrollo Territorial, ampliando el espectro formativo desde el sector público hacia otras organizaciones sociales, nuevos movimientos sociales, sistema de innovación y más diversidad del sector privado local.

Ante contextos y escenarios políticos cambiantes, aparece también el desafío de la sostenibilidad del proyecto político, que desde mi abordaje de la experiencia y el tema de la tesis, estaría puesto en el fortalecimiento del entramado institucional, y también en un diálogo más plural, con participación de los que están, de los que están pidiendo voz y de los que puedan estar por venir.

El fortalecimiento del diálogo interinstitucional legítimo, valorado por los actores participantes, tiene el desafío, para la continuidad y sostenibilidad de estrategias de desarrollo, de innovar en la complejidad y emergencia de nuevos actores locales.

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Capítulo 7

El rol de las incubadoras de empresas en el Desarrollo Económico Territorial. El caso de la incubadora de empresas de la Municipalidad de Sunchales, Argentina.

Samuel Delbon

Resumen Desde su creación (década de los 50), las incubadoras de empresas no han cesado en su evolución y crecimiento en la mayoría de los países del mundo, y se han transformado en una herramienta importante para el desarrollo económico de los territorios.

En Argentina, el concepto de incubadoras y su implementación asomó en los años 90 de la mano de las universidades, y luego fueron los municipios quienes comenzaron a desarrollarlas para crear nuevos emprendimientos y generar empleo en sus localidades.

En Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina, la incubadora de empresas surgió en los años de crisis de la Argentina 2001-2002, con el objetivo de generar condiciones óptimas para maximizar las posibilidades de éxito de nuevos emprendimientos, ante un contexto muy adverso en términos económicos y de empleo.

Esta política de incubación de empresas requirió de un enfoque territorial, que obligó a promover la participación de los actores involucrados. Requirió de un proceso de movilización y debate entre los actores territoriales, con el fin de encontrar consensos en torno a una visión compartida de incubación de empresas.

Este artículo surge de una investigación donde se realizó una descripción y un análisis del proceso de incubación de empresas en el mundo, la situación en Argentina con sus desafíos y problemas, y los resultados del caso de la incubadora de empresas del municipio de Sunchales, para el período 2001-2015.

En las conclusiones de este artículo se incluyen aspectos claves y/o relevantes a considerar al momento de crear y sostener una incubadora de empresas.

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7.1. Estado del arte y marco teórico Existe un consenso entre diversos autores acerca de que el inicio de la incubación de empresas se inició en los Estados Unidos. No existe acuerdo acerca de la fecha en que surgió este fenómeno, pero según Ana Gutiérrez Huby (2012), docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, persisten tres versiones al respecto: 1.- para algunos autores el inicio de la práctica de la incubación de negocios se registra con el funcionamiento de la primera incubadora en el año 1942 que surgió con el propósito de incubar iniciativas estudiantiles por parte de la organización Student Agencies Inc., New York; 2.- otra versión considera que surgieron en el año 1946 cuando comienza a funcionar la incubadora American Research Development (ARD) Investigaciones para el Desarrollo de América, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, organización creada fuera del espacio universitario con el objetivo de proveer capital a las nuevas empresas de New England; y 3.- una tercera versión sostiene que el surgimiento fue con la denominada Batavia Industrial Center de la familia Mancuso en el año1958. Este proceso se inició en Batavia (Nueva York), luego del cierre de la planta de Massey Ferguson en 1958 que generó un 20 % de desempleo en una comunidad de 16.000 habitantes; la familia Mancuso, residentes de Batavia, compraron la propiedad para desarrollar un negocio inmobiliario. Al principio buscaron que alguna empresa grande se instalase allí y al no lograrlo decidieron alquilar, por partes, el edificio, a diversos emprendimientos, iniciando un proceso que más tarde lo llamarían de incubación de empresas, donde no solo arrendaban espacios accesibles económicamente para emprendedores, sino que además les ofrecían una serie de servicios de asesoramiento administrativo, acceso a financiamiento, a medida que los inquilinos lo iban requiriendo.

Según Gutiérrez Huby (2012), en el estudio que revisa el proceso histórico de la incubación de empresas, se visualizan tres movimientos propulsores de la incubación, surgidos en la década del 50; el primero de ellos, tenía por objetivo encontrar una nueva utilización de los edificios de las fábricas abandonadas en el medio oeste y noreste de Estados Unidos, haciendo funcionar pequeñas empresas dentro de esa infraestructura. Esta fase se caracterizó por un fuerte componente de carácter inmobiliario, que alquilaban el espacio físico (más reducido) a las empresas que se iniciaban. Surgieron en esta etapa los centros de capacitación empresariales e incubadoras de uso mixto, en lugares cercanos a institutos educativos y universidades.

El segundo movimiento propulsor surgió como un experimento de la National Science Foundation, agencia gubernamental de los Estados Unidos, que impulsaba la investigación y la educación en los temas vinculados a la Ciencia y a la Ingeniería, para fomentar los emprendimientos y la innovación en las universidades.

El tercer movimiento propulsor surgió por iniciativa de emprendedores exitosos y grupos de inversionistas que buscaban transferir sus experiencias a nuevas empresas en un entorno orientado al éxito. Se fueron desarrollando vínculos directamente con las universidades en la formación de las incubadoras de empresas, cuya relación comenzó a promover la investigación en nuevas tecnologías, orientada a la creación de nuevos negocios, provocando el surgimiento de las incubadoras multipropósito, especializadas en unos sectores o productos específicos, de alta tecnología, de carácter industrial y de base tecnológica.

7.2. Las incubadoras en el mundo, su evolución La mayoría de los autores consultados en la investigación, coinciden que las incubadoras tomaron un auge importante en la década del 70, cuando comienzan a implementarse como herramientas del desarrollo económico, promotoras de la creación de empleo, de nuevas 102

empresas y facilitadoras de la transferencia de tecnología.

La promoción de nuevas incubadoras fue reconocida por algunos visionarios que entendían de las limitaciones que proponían las estrategias para el desarrollo económico de aquella época, enfocadas solamente en la atracción de la industria y en la expansión de grandes corporaciones. Ellos comenzaron a fomentar estas iniciativas como una alternativa para sostener las economías locales.

Según datos de la National Business Incubation Association (NBIA) en 1980, existían 12 incubadoras de empresas operando en los Estados Unidos, surgidas principalmente por la crisis que afectó la zona industrial noreste, provocando el cierre de fábricas. Para el año 2012 este número de incubadoras había ascendido a más de 1.250 en ese país.

Al comienzo, incubaban todo tipo de negocios, luego comenzaron a especializarse en rubros diversos y de mayor complejidad. Hasta finales del siglo XX, las incubadoras se ordenaban teniendo en cuenta el tipo de actividad que generaban o promovían: tradicional, tecnológicas y mixtas; este criterio se fue ampliando pasando de una división clásica, al establecimiento de diferencias en función de los objetivos o según el papel de su promotor, público o privado.

En el ámbito mundial el concepto de incubación de empresas se encuentra bastante difundido, en especial en los países con economías más desarrolladas, donde existen organismos que congregan las incubadoras de empresas de un mismo país como, la National Business Incubator Association (NBIA) de los Estados Unidos, la European Business and Innovation Centres Network (EBN) de la Unión Europea, la Asian Association of Business Incubation (AABI), entre otras.

7.2.1. Algunas definiciones sobre incubadoras de empresas Para Alejandro Villar la creación de empresas es una política que se enmarca dentro de las de tipo productivo, industrial y tecnológico de orden local, regional, nacional y comunitario, orientadas a favorecer la generación de nuevos emprendimientos, la transformación de los tejidos industriales regionales y la disminución de los niveles de desempleo.

Existen diversos conceptos de incubadoras de empresas, una definición interesante es la que realiza Hugo Kantis (2014): “es una organización, compuesta por un equipo de personas profesionales, que brinda apoyo a emprendedores que buscan innovar y crear nuevas empresas. Lo hacen a través de un equipo de profesionales, pero también a través de las vinculaciones que les otorgan a los emprendedores, facilitándole los contactos con potenciales clientes, con otros empresarios que ya tienen experiencias con proveedores de algunos servicios ligados a los aspectos legales, de marketing, a nivel más especializados para cada instancia de recorrido que tiene que enfrentar el emprendedor” (Programa Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología, Perú).

Según la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina (AIPyPT) una incubadora de empresas es una herramienta central en el proceso de generación y consolidación de las pequeñas empresas, ya que otorga una serie de servicios a las nuevas empresas, especialmente a las más innovadoras, cuando éstas son más vulnerables. Promueve además la cultura de la innovación, el emprendedorismo y la formación de emprendedores tanto en los aspectos técnicos como en los gerenciales.

También es un agente facilitador de la innovación tecnológica. Es un mecanismo de creación de trabajo económicamente sustentable y de desarrollo regional, tal como lo demuestran experiencias en todo el mundo.

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7.2.2. Las incubadoras de empresas y su evolución en el mundo En el siguiente gráfico se pretende mostrar una rápida visualización de los cambios que fueron sucediendo a medida que se transitaba en la incubación de empresas en el mundo.

Para las incubadoras de 1era generación, el objetivo principal era suministrar un espacio físico de buena calidad a bajo costo, ofrecer recursos físicos compartidos, como: auditorios, salas de reuniones o espacios de capacitación comunes para todos los emprendedores.

Una característica de esta generación define una incubadora de empresas como una estructura física que ofrece a nuevas y pequeñas empresas acceso gratuito o mediante alquileres, oficinas compartidas, servicios de logística, asistencia financiera y lugares de formación.

Otra característica importante de esta generación es el papel de la incubadora como medio para transformar tecnologías generadas en las universidades y la investigación empresarial.

Las incubadoras de 2da generación, además de focalizar sus objetivos en el espacio físico, al que consideraban fundamental, ponían énfasis en los servicios de desarrollo empresarial de apoyo a los emprendedores, tales como: la formación, capacitación, mentorías, coaching, asistencia técnica, entre otros.

En las incubadoras de tercera generación, además de los elementos aportados por las incubadoras de las dos generaciones anteriores, se suma el funcionamiento en redes y el conocimiento para el acceso a los recursos, así como también las experiencias para el desarrollo de nuevas alternativas. También se incorporan en esta generación, las incubadoras dirigidas a empresas de servicios informáticos que, relacionadas con internet, asumieron un papel principal; de esta forma, aparece el concepto de incubadora virtual, que es aquella que proporciona a las nuevas empresas un espacio no físico dentro de la red.

Ilustración 1: Evolución de las incubadoras del mundo

Fuente: Elaboración Ing. Néstor García

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7.2.3. Situación de las incubadoras de empresas en Argentina Las incubadoras de empresas en Argentina forman parte de un fenómeno que comienza a conformarse en la década del 90; las primeras experiencias se originaron en las universidades (Universidad Nacional de La Plata y de Luján, en el año 1997). Paralelamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre los años 1995 y 1999, implementó el programa de incubadoras productivas y de base tecnológica, hechos que fueron reconocidos por algunos autores como las primeras acciones de las políticas públicas.

Hacia fines del año 1999 se creó la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos (AIPyPT) sin fines de lucro, con la mayoría de las incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos de la Argentina y con la misión de crear, desarrollar y fortalecer incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos que contribuyan a aumentar el número de emprendimientos innovadores, de empleos y a generar y distribuir más riqueza.

Otra acción política del Estado, en este caso a nivel nacional, que abonó al fomento de las políticas de promoción de incubadoras y parques tecnológicos fue el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), de la Agencia Nacional de Promoción Científica y tecnológica (ANPCyT) y del Programa Especial de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Hacia fines del año 2012, la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos con la Universidad Nacional del Litoral presentaron los resultados de un estudio que realizaron, a través de encuestas (electrónicas), a incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos del país. El objetivo de la encuesta era relevar aspectos más importantes de estas organizaciones, cuya información general podía utilizarse para fortalecer las políticas públicas de las mismas. El 51 % de las 73 organizaciones identificadas respondieron la encuesta electrónica.

Los resultados más relevantes que arrojó el estudio, fueron: el 67 % de las incubadoras que respondieron la encuesta, reconocían que el tipo de actividad que promovían y apoyaban era la incubación de empresas de base tecnológica, mientras que el 28 % incubaba proyectos tradicionales y el resto promovía la incubación de emprendimientos culturales.

Respecto al financiamiento de su funcionamiento, el 62 % de las incubadoras declaró que el financiamiento que utilizaron era de origen propio, mientras que un 24 % señaló que para su financiamiento utilizó recursos propios y de terceros y el 14 % restante utilizó fondos de terceros.

Al preguntarles sobre los principales desafíos que enfrentaban, la mayoría de ellas coincidieron en responder que su desafío estaba orientado en aumentar la cantidad de proyectos tecnológicos e innovadores que generaran empresas de alto impacto económico, de empleo y además de calidad.

En otro orden de desafíos, las incubadoras encuestadas, señalaron que es importante la formación de un polo cultural con alto valor agregado para facilitar el acceso a mayor financiamiento para el desarrollo de actividades, y promocionar más las actividades de las incubadoras, motivando a los emprendedores y a todo el ámbito universitario.

Así pues, surge la necesidad de adecuar, mejorar y ampliar las incubadoras de empresas, trabajar más en el desarrollo de sus capacidades, profesionalizar la gestión y promover más a las industrias culturales.

Con respecto a la vinculación con el territorio y con las instituciones, los encuestados entendían que los desafíos estaban en lograr mayor fluidez en la relación de las instituciones con los diferentes niveles del Estado; igualmente visibilizaban una debilidad en la vinculación del sector científico-tecnológico y el sector productivo, el cual era necesario fortalecerlo.

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Al ser consultados sobre las principales preocupaciones, la mayoría señalaba que el financiamiento para el desarrollo de sus actividades era escaso y que existían muchas restricciones para su acceso. Igual circunstancia les sucede a los emprendedores que promueven. Esto implica poseer la infraestructura inadecuada para el óptimo funcionamiento de las incubadoras y la necesidad de adecuación, mejora y ampliación en algunos casos; esta situación está relacionada con las dificultades que existen para reconocerlas como uno de los eslabones fundamentales en el proceso de creación de empresas y desarrollo regional y con las vinculaciones con otras instituciones del territorio que participan en el desarrollo económico.

7.2.4. El proceso de incubación de una incubadora El proceso de incubación de empresas en la generalidad de las incubadoras comprende tres etapas diferenciables y en un plazo de 3 años desde el ingreso del emprendedor a la incubadora hasta su graduación: la pre-incubación, la incubación propiamente dicha y la post-incubación.

La pre-incubación es el primer período que generalmente se establece de seis meses y en el cual se le brinda al emprendedor una orientación para el desarrollo de su negocio.

Pre-incubación es el término utilizado para describir el apoyo de servicios a los presuntos emprendedores antes de lanzar su negocio.

Estos servicios, por lo general incluyen la identificación proactiva de los aspirantes a empresarios, ayudándoles a desarrollar un plan de negocios, el que incorpora capacitación y asesoramiento en la formación de una empresa. Generalmente está a cargo de una red de universidades e institutos de formación técnica que trabajan de manera coordinada con la incubadora de empresas o en otros casos, a cargo del equipo técnico de la incubadora o de la contratación de consultores externos que asesoran a los emprendedores.

La incubación es la etapa que tiene generalmente una duración de un año y medio o en algunos casos abarca dos años; período en el que se revisa y se da seguimiento a la implantación, operación y desarrollo de una empresa. Se incluyen principalmente, actividades de tutoría, capacitación y asistencia técnica con el fin de fortalecer las competencias empresariales del emprendedor incubado, apoyar al diseño de un modelo de negocio sustentable y fortalecer su plan de negocios. Se agregan actividades para formalizar las empresas, gestión de financiamiento, y participación en expo-ferias para promocionar su producto y su emprendimiento.

Esta segunda etapa incluye el proceso por el cual una idea o proyecto se va transformando en una empresa. Esto ocurre a través de la entrega de diversos servicios al emprendedor, entre los que se incluyen el hospedaje físico, el acceso a servicios básicos (secretaría, salas de reuniones, acceso a Internet, provisión de información general, vigilancia, etc.) y el acompañamiento o coaching al emprendedor. Es la etapa de desarrollo del negocio, del prototipo de los productos o servicios innovadores y ajuste del plan de negocios, realizando también las inversiones necesarias para iniciar la operación y la actividad comercial.

La post-incubación es el proceso que va después de que se ha puesto en marcha el negocio, se caracteriza por el conjunto de actividades de seguimiento a la empresa en función de su desempeño, actitud y disposición en el mercado. Esta etapa tiene como resultado una empresa con alta probabilidad de crecimiento sostenible, su duración en promedio es de un año. El plazo asignado va generalmente de 6 a 12 meses.

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7.3. La incubadora de empresas de la Municipalidad de Sunchales - Argentina El caso se desarrolla en una ciudad santafesina de la Argentina con una población de 21.304 personas (censo poblacional 2010, INDEC), que a lo largo de los años, por su movimiento cooperativo, se fue transformando en la Capital Provincial del Cooperativismo (1974) y luego Capital Nacional (2005) del Cooperativismo. El movimiento cooperativo comprende grandes cooperativas como Sancor Seguros y Sancor CUL, pero también abarca un Instituto Educativo, fundaciones, cooperativas escolares, una Casa Cooperativa que asocia a todas las cooperativas de la zona, y otras cooperativas importantes, como por ejemplo, la cooperativa de servicios públicos de la ciudad.

Se reconoce un momento clave después del año 1920 cuando los productores de leche comenzaron a agruparse y defenderse de las formas y de los tratos de las empresas extranjeras que concentraban la compra de leche, abusando de los precios y de las conveniencias del momento de compra sin considerar las expectativas y necesidades de los productores lecheros locales, afectando directamente en el desarrollo y crecimiento de su trabajo.

Algunos productores comenzaron a movilizarse, contagiando a otros la necesidad de agruparse para defenderse, y producto de esta movida, hacia fines de esa década se formó la primera cooperativa de tamberos de la zona, integrada por 32 productores de leche. Más tarde se formarían más cooperativas en la zona, formando incluso, la gran cooperativa que fue Sancor Cooperativas Unidas, en el año 1938.

Otro hecho de importancia, que visualiza la vocación emprendedora de las personas de la ciudad, fue la creación de la primera cosechadora automotriz del mundo en los talleres de los empresarios locales, Alfredo Rotania y sus hermanos en el año 1929.

Además, al ser una ciudad con un movimiento económico importante, posee buenos servicios públicos que alcanzan a la totalidad de la población, principalmente los servicios de agua potable, energía eléctrica y saneamiento, que alcanza al 100 % de las viviendas.

Hasta el 2015 (momento en que se concreta esta investigación) la ciudad poseía una de las tasas de desocupación más baja del país (3,8 %), comparándola con otros conglomerados y ciudades de la Argentina que miden esta variable.

La ordenanza municipal que da cuenta de la creación formal de la incubadora de empresas fue aprobada en el mes de junio del año 2001 y en el año 2003 se instalaron los primeros emprendedores.

En dicha normativa, uno de los fundamentos más importantes que se incluyó en los considerandos, es el reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas como fuente de empleo de alto impacto para la localidad, necesarias para abordar en el contexto de crisis y de problemas de empleo. En este contexto de crisis, para los referentes más importantes de la ciudad, era vital generar herramientas, instancias, ambiente con más contención y colaboración que motive a las personas a emprender o consolidar su emprendimiento, y acceder al trabajo. Las experiencias en el mundo, de este tipo de organización, entusiasmaban con sus resultados positivos, a embarcarse en esta iniciativa.

Si bien la ordenanza municipal hace mención a la relevancia de emprendimientos de base tecnológica, porque posibilita mayores expectativas de inserción en los mercados, alta calidad de empleo, crecimiento rápido, esto no se vería reflejado en la implementación de la incubación de emprendimientos de la incubadora del municipio de Sunchales, durante el período de estudio. Esto lo transforma en un aprendizaje para los actores locales, porque las experiencias que se replican en un territorio deben adecuarse a las necesidades y demanda de los actores, como también a las características del territorio.

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Los inicios de la incubadora no fueron fáciles, por algunas causas ya mencionadas, y porque además existía un componente muy importante: la existencia de deficiencias en la infraestructura. Las actividades comenzaron en un edificio en desuso, donde había funcionado una empresa metalúrgica muy importante de la ciudad, con muchas falencias en su estructura, consecuencias de años sin uso y sin mantenimiento. Allí se instalaron los primeros emprendedores que habían recibido una ayuda económica a través del Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, programa nacional implementado en los años de crisis (20022004) por el Ministerio de Trabajo.

A pesar de todas las dificultades, el proceso continuó y unos años más tarde (2008), el municipio construyó un edificio especial para la incubadora ubicado en el área industrial municipal, donde actualmente continúa funcionando.

En el período que abarca esta investigación (2001-2015), se han logrado crear y sostener empresas en un porcentaje alto de subsistencia, similar a lo que pasa en otros centros de incubación del mundo. De un total de 21 empresas incubadas, más del 70 % sigue funcionando. También lo ha hecho en términos de empleo, generando autoempleo, incorporando a miembros de la familia para trabajar en algunos emprendimientos, mientras que otros han logrado incorporar a más de 20 empleados.

De las entrevistas realizadas a los emprendedores, varios resaltaron que durante el proceso de incubación pudieron generar más empleo que luego de su graduación. El competir en un contexto sin la protección de la incubadora, les ha provocado disminuciones en su capacidad de producción y de venta, teniendo que reducir el plantel de empleados o mantener los que tenían.

En cuanto a la clasificación de la incubadora, Sunchales posee una incubadora “tradicional”, porque su objetivo principal es apoyar a emprendedores cuyos proyectos agregan valor y empleo en los sectores tradicionales.

Según la fuente de financiación es de carácter “pública”, porque pertenece a un organismo público (Municipalidad de Sunchales), y su funcionamiento depende de partidas presupuestarias asignadas por la administración municipal. Cada gestión de gobierno, tiene la facultad de asignar mayor o menor monto en las partidas en virtud de la priorización que realiza sobre la organización.

La infraestructura, los equipamientos físicos y los servicios que ofrece la incubadora, pertenecen al Municipio, y se caracterizan principalmente por la gratuidad en su utilización.

Salvo algunos servicios, como: energía eléctrica, agua potable y gas, que se comparten en un porcentaje establecido, con los emprendedores incubados que se va incrementando, de acuerdo con la fase de incubación en el cual se encuentre. A mayor maduración de la incubación, mayor porcentaje de pago de estos servicios.

En cuanto al tipo de emprendimiento que se impulsa en la incubadora es de tipo “general”, esto significa que aloja proyectos de cualquier sector, dotándolos de la infraestructura básica para su desarrollo en el inicio de su actividad. Sectores metalúrgicos, de fabricación de muebles de madera, fábrica de productos alimenticios, etc.

Por su estructura operativa, se clasifica dentro de la categoría de “tutores y mentores”, que significa que mantiene cierta influencia en el desarrollo y en la estrategia de las empresas que ampara durante el período de incubación o por lo menos trata de hacerlo mediante la tutela o seguimiento de un plan formativo y de asistencia técnica; la gráfica siguiente sinteriza las características de la incubadora analizada:

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Ilustración 2: Modelo de Incubación de empresas del Municipio de Sunchales

Fuente: elaboración propia

7.4. Reflexiones finales Como resultado de la investigación desarrollada es posible concluir que la creación de empresas y la generación de empleos se han convertido en los desafíos principales para los distintos niveles gubernamentales, que buscan, a través de los emprendedores, mejorar las condiciones socioeconómicas de los territorios. Las incubadoras de empresas se han transformado en una herramienta importante para afrontar esos desafíos, pues constituyen espacios de acompañamiento a los emprendedores desde sus inicios, en su etapa más vulnerable para ellos.

Por otra parte, tanto el concepto y el enfoque de las incubadoras fue evolucionando a través del tiempo, iniciándose como organizaciones que solo brindaban un espacio físico y algunos servicios para acompañar a los emprendimientos en su etapa más crítica, para luego adquirir mayor complejidad en este acompañamiento, agregando mayor valor a los emprendimientos (capacidades, tecnología, innovación), y mejorando las condiciones de incubación en post del desarrollo del territorio donde se encuentran.

Las políticas públicas han avanzado estratégicamente en el fomento del desarrollo de infraestructura adecuada para las incubadoras, en generar mecanismos de financiamiento para su desarrollo, en constituirse en agentes de vinculación, de investigación, de transferencia tecnológica que han alcanzado un impacto significativo en la mayoría de los países del mundo.

En la Argentina, aún queda un largo camino por recorrer. Existen desafíos y preocupaciones de las organizaciones que llevan adelante los procesos de incubación de empresas, y que exigen que la política pública se involucre más para ayudar a consolidarlas.

De la investigación se desprenden algunos aspectos claves en la creación y sostenimiento del proceso de incubación y en el que resulta necesario considerar: el rol de la incubadora, la visión y el compromiso de los actores locales; la infraestructura y los servicios, el soporte a los emprendimientos, la facilitación y vinculación con las redes del territorio, la incubadora como espacio de formación y promoción de la cultura emprendedora; la incubadora como imagen pública para los emprendedores, las capacidades para conducir una incubadora y la política de graduación de las empresas incubadas.

Según uno de los principales precursores de la incubadora de empresas de Sunchales, exintendente de la ciudad de Sunchales, un aspecto fundamental es el fundacional y sin ese 109

decisión política porque se comprometen recursos. Sin esa visión y ese compromiso no hay incubadora que despegue.

Esto está estrechamente vinculado al proceso de desarrollo de capacidades y a la formación del capital social. La creación de la incubadora de empresas de Sunchales responde a un proceso de construcción y maduración del territorio que está vinculado a las capacidades locales de organizarse, de generar diálogos, de emprender, de relacionarse, y de acordar estrategias para beneficiar el territorio. Antecedentes como el Programa Municipios Productivos de la provincia de Santa Fe, el Plan Estratégico de Sunchales, entre otros.

El rol de la incubadora de empresas en el territorio es fundamental ya que es clave en su creación y funcionamiento. Muchos autores plantean el rol de la incubadora como promotora de la cultura emprendedora, de la innovación y como un espacio de formación de emprendedores; para Francisco Alburquerque las incubadoras de empresas deben colaborar en identificar áreas con mayores oportunidades productivas en el territorio, ya sea a partir de las cadenas productivas locales más relevantes, o de la observación prospectiva de nuevas oportunidades.

No existe una incubadora sin incubados, para ello hay que trabajar articuladamente con los sectores de la sociedad, principalmente con el educativo. Se necesita motivar a las personas a emprender. Las universidades podrían tener un rol muy importante, pero necesitan trabajar sobre el enfoque de la enseñanza volcado a fomentar actitudes, herramientas y espacios para generar nuevos emprendedores.

Un segundo aspecto fundamental está ligado principalmente a la infraestructura y a los servicios, a la posibilidad de los emprendedores de acceder a un espacio físico para desarrollar su proyecto o idea. Este espacio se asocia al lugar y a los servicios físicos, que en algunos casos las organizaciones lo alquilan a precios más baratos que en el mercado o bajo otras formas de acceso sin costo, como es el caso de la incubadora del municipio de Sunchales, que lo realiza a través de un comodato con cada emprendedor.

La provisión de ese espacio físico es primordial para el desenvolvimiento del proyecto, sobre todo para emprendedores cuyo producto o tecnología que impulsan requieren de más tiempos que otros. No solo pensarlo desde el punto de vista del producto sino también de la formación y maduración del emprendedor.

Esto sugiere que en el proceso de incubación es significativo ser flexibles y adecuarse a los tiempos de cada emprendimiento. Para algunos emprendedores será de un año y para otros puede que ese plazo se extienda a tres, cinco o más años.

Frente a la pregunta ¿cuál es el tiempo de incubación?, hay que entender que actualmente los tiempos de incubación están más ajustados a la reglamentación que a los tiempos reales que necesitan los emprendedores y sus emprendimientos para madurar. Esto necesariamente requiere de un replanteo de las organizaciones en su acompañamiento.

La valoración del espacio físico emerge claramente en los emprendedores entrevistados de Sunchales, quienes resaltan y valoran el acceso gratuito a un espacio físico, muy beneficioso para el arranque de un proyecto, habida cuenta de destinar esa porción de dinero al proyecto en forma directa, y que además disminuye una preocupación importante en los objetivos de desarrollo, que no pesa durante el período de incubación.

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Ilustración 3

Fuente: elaboración propia

En general los incubados comparten recursos tales como: recepción, servicios de oficina, salas de reuniones, salas de conferencias, internet, recursos compartidos especializados, algunos más tecnológicos o de mayor desarrollo técnico, comparten laboratorios o equipos de investigación que también son parte integrantes de la estructura física.

Tanto la infraestructura como los servicios, deben ser de buena calidad para que los emprendedores puedan desarrollar sus actividades en un ámbito adecuado. De hecho en las entrevistas con los emprendedores surgieron los problemas y dificultades que tuvieron que afrontar por deficiencias en la infraestructura.

Lo físico tiene una gran ventaja ya que permite la interacción física de los emprendedores. Es una herramienta potente para la construcción del conocimiento y para consolidar las vinculaciones y redes entre emprendedores incubados.

La desventaja principal es la demanda intensiva en capital que se necesita para instalar una incubadora y su alcance, ya que está limitado por el espacio de despachos (boxes) disponibles. Corre un riesgo el hecho que su diseño no se adapte a las necesidades de los proyectos que se postulen para la incubación.

No debe desconocerse que actualmente se promocionan las incubadoras virtuales que desarrollan sus procesos a través de plataformas virtuales, prestando sus servicios electrónicamente a través de internet.

Un tercer aspecto clave y fundamental en la incubación de empresas es el soporte que la incubadora brinda a los emprendedores, con sus equipos técnicos, se trata de un aspecto que está más relacionado a los procesos de gestión administrativa, de calidad, de organización y planificación del negocio, de cada emprendimiento.

Algunos emprendedores, saben más de su oficio, de su rubro, de las especificidades técnicas, que de su estructura de costos, de estrategias de comercialización, de herramientas de marketing, de cómo elaborar un plan de negocios. Con relación a este aspecto las incubadoras en su mayoría, brindan formación en planes de negocios, realizan capacitación en gestión de calidad, marketing, comercialización costos, etc.

El coaching es también una herramienta elegida en la cual a cada empresa incubada se le asigna un entrenador durante su incubación, ya sea de forma gratuita o por un precio determinado, con el objetivo de ayudar a administrar o dirigir a su emprendimiento.

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Otro aspecto a considerar es el rol de facilitador que adquiere la incubadora para el acceso a redes de vinculación de los emprendedores con otros actores. Entendiendo este rol como el conjunto de acciones y servicios que generen relaciones con las instituciones del territorio, con los proveedores, con los clientes, con otros empresarios, con profesionales, con organismos nacionales, provinciales, internacionales, con otras incubadoras y emprendedores.

La construcción de redes con incubadoras para el intercambio de experiencias y la divulgación de casos de éxito contribuye a fortalecerse. Iniciar este proceso con las incubadoras más cercanas ayudaría al fortalecimiento y enriquecimiento de las mismas.

Generar vínculos potenciales inversores y empresas de capital riesgo son alternativas para proporcionar recursos financieros durante las etapas iniciales de los emprendimientos incubados. En algunos casos los emprendedores necesitan financiamiento externo para su desarrollo.

Un quinto aspecto que se desprende de las entrevistas, tal vez, con menor intensidad, es la imagen pública positiva que proporciona el hecho de estar en la incubadora de empresas, frente a la sociedad en general, pero principalmente frente a clientes y proveedores. Es un valor que agrega la incubadora, que es reconocida por los emprendedores.

Contar con capacidades formadas para la conducción de incubadora es clave; el equipo debe prepararse, debe formarse y tener una visión clara y flexible, así como un perfil de puestos (incluidos los conocimientos, competencias, etc.) necesarios para el éxito de la incubadora. No es una tarea sencilla y cada emprendedor requiere de atención personalizada. Es difícil establecer una condición única que debe cumplir el equipo, por las complejidades de cada incubadora y su contexto.

Algunas experiencias consideran que el equipo debe entender lo que le pasa en el contexto y al emprendedor y transformar ese entendimiento, esa interpretación en el desarrollo de herramientas que ayuden al desarrollo de los emprendimientos. Es necesario unir los emprendedores con los equipos técnicos.

Puede constituirse en una limitante de la política de incubación y de desarrollo no disponer de capacidades que puedan diseñar, implementar y gestionar este tipo de instrumentos dentro del territorio. Para lo cual los gobiernos y actores deben realizar los esfuerzos para desarrollarlas.

Generar espacios de socialización entre emprendedores, siempre es positivo y el equipo de coordinación tiene que estar atento a las necesidades del colectivo de emprendedores, y potenciar un conjunto de condiciones que los ayude a resolver las necesidades. Existen casos que lo lograron creando lugares de socialización, de recreación u otros.

Para ello, hay que entender las necesidades y especificidades de los emprendedores, de lo contrario, se puede caer en la imprudencia de desarrollar una incubadora importante estructuralmente pero que funcionalmente no sea apta para los emprendedores que allí se quieren alojar.

El séptimo aspecto es la post graduación, y aquí es una falencia que se identifica en la “política pública de graduación”; no está muy claro, ni tampoco se visualiza, al menos en Sunchales, un plan de egreso de las empresas incubadas fuera del entorno de incubación que sea adecuado para su ritmo de crecimiento.

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Capítulo 8

Tendencias en innovación en Rafaela.

María Cecilia Gutiérrez

Introducción Los estudios sobre la innovación han sido relevantes en los últimos años, y es evidente la creciente importancia y la enorme relevancia que continuarán teniendo en el marco de la nueva ola de cambio tecnológico.

La introducción de la digitalización, la robótica, la impresión 3D, la nano y la biotecnología, la incorporación de sensores, internet de las cosas, inteligencia artificial y big data son solo algunas de las nuevas tecnologías que forman parte de esta nueva revolución tecnológica. El proceso de transformación digital implica una reconfiguración del modelo de negocio de las empresas y organizaciones, donde las estrategias de innovación son centrales.

El estudio de los procesos de innovación, en el marco de los sistemas territoriales de innovación, permite comprender la complejidad del proceso de innovación y de introducción de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en las organizaciones.

El disparador de muchos de estos procesos viene de la mano de la incorporación en las empresas de estas nuevas tecnologías donde se impulsan, a partir de ellas, otras innovaciones de carácter no tecnológico, que se vuelve necesario implementar para potenciar los resultados de la innovación.

Para este trabajo, se retoma la tesis realizada en la Maestría en Desarrollo Territorial, en ella se estudiaron en 2014 y 2015, las tendencias en innovación en el territorio de Rafaela. A partir de las conclusiones allí obtenidas se suman elementos para actualizar el contenido y se plantean nuevos interrogantes.

8.1. Desarrollo En el trabajo se consultó a expertos de las diferentes áreas del sistema de innovación con el fin de obtener una opinión sobre las tendencias y problemas del sistema de innovación en el territorio.

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Siguiendo las conclusiones del mencionado trabajo, pueden leerse bajo la óptica de dos ejes transversales los resultados obtenidos, el primero de los ejes refiere a la importancia del ecosistema de innovación y del apoyo de las políticas públicas para la gestión de los procesos de innovación, en especial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). El segundo, a la necesidad de fomentar una cultura innovadora.

Respecto al 1er eje citado, se observa que los procesos de innovación suceden en marcos contextuales e históricos particulares donde los aspectos culturales, los valores, las formas de relacionarse, el marco institucional y la gobernanza del ecosistema tienen una identidad propia.

En el ecosistema de innovación se produce la multiplicidad de interrelaciones entre los actores que buscan fortalecer mutuamente las capacidades que se necesitan para afrontar procesos de innovación y transformar sustancialmente productos o servicios, procesos y formas de comercialización que aumentan la competitividad de sus empresas.

Los sistemas de innovación están formados por conjuntos de diferentes instituciones y actores sociales que a través de su quehacer individual y grupal contribuyen a la creación, desarrollo y difusión de las nuevas prácticas productivas. Este concepto concibe a las innovaciones como un proceso abierto, social e interactivo en un entorno social específico y sistémico (Albornoz; López Cerezo, 2010).

Qué actores lo componen, qué características presentan, qué nivel de interacción despliegan, cuál es el modelo de gobernanza, qué políticas se aplican, qué capacidades de innovación lo caracterizan son algunos de los temas que deberán dilucidarse.

El grado de desarrollo de la institucionalidad, el nivel de desarrollo de redes de cooperación y las interacciones de este sistema social dinámico potencian el desarrollo de la innovación territorial. Si los actores pueden articularse positivamente en círculos virtuosos, complementando sus capacidades en los procesos de aprendizaje e innovación, los resultados de la innovación pueden potenciarse. En cambio, cuando hay desarticulación el proceso innovador puede estancarse o bloquearse (Albornoz, 2009).

En las conclusiones del trabajo de investigación relacionadas a este primer eje, puede incluirse: por un lado, las tendencias consideradas más positivas en el estudio, son las vinculadas a las políticas públicas. Dentro ellas, las más destacadas fueron: la importancia de las políticas de fomento de la innovación, la disponibilidad de fondos públicos para impulsarla y la capacidad tecnológica competitiva a escala mundial; también se vinculan a éstas, la eficiencia de las estructuras de interfaz en la transferencia de tecnología, que es apreciado por los expertos como estable. Además, la adecuación del capital humano a los desafíos de la innovación, donde las opiniones se dividen entre el estancamiento y la mejora.

La combinación de ambos genera un efecto sinérgico: si las redes dentro del sistema funcionan correctamente y hay buena vinculación entre el sector del conocimiento y el sector productivo, y este posee el capital humano necesario para detectar, introducir conocimientos, comprenderlos, transformarlos y adaptarlos a la realidad local, el resultado sobre la competitividad se multiplica. Al pensar en el diseño de estrategias para el fomento de la innovación, los dos merecen un lugar de especial atención.

El grado de desarrollo y la densidad de dichas redes de intercambio son centrales en la construcción de capital social, cuyo rol es fundamental para el desarrollo endógeno. La construcción institucionalidad local, la nueva gobernanza y la interrelación entre actores permiten afrontar de mejor manera, a los territorios, los desafíos de la globalización. La interconexión entre: el gobierno local, las universidades, los sindicatos y las gremiales empresarias será capaz de generar más y mejores respuestas ante las complejidades que se presenten.

El entramado de instituciones adquiere relevancia estratégica en los procesos de desarrollo, que permite reducir los costos de transacción y producción, mejorar la confianza entre los actores económicos, crear capacidad empresarial, fortalecer redes y cooperación entre los actores y estimular los mecanismos de aprendizaje y de interacción (Alburquerque, 2017). En 116

consecuencia, el desarrollo y densidad institucional condicionan los procesos de formación de capacidades de innovación, la competitividad y el desarrollo económico de las ciudades y regiones.

La mencionada estabilidad en la tendencia de las estructuras de interfaz, se justifica en el estudio de 3 problemáticas que se plantean como relevantes: - La falta de interlocutores válidos para resolver el problema de entendimiento entre empresarios y científicos – académicos.

- Desajuste entre la oferta de los centros tecnológicos y las universidades y las necesidades de las empresas.

- La investigación y desarrollo de universidades y centros públicos de investigación no están suficientemente orientados a las necesidades tecnológicas de las empresas.

La articulación es un cimiento fundamental del sistema territorial de innovación. La construcción de capital social se retroalimenta a través de la renovación de los vínculos entre los actores y el trabajo conjunto.

El compromiso del sector del conocimiento con el desarrollo del territorio es imprescindible.

La problemáticas sociales, ambientales y productivas obligan a la generación de nuevas capacidades y conocimientos. Es el sector del conocimiento desde donde se deben impulsar y potenciar trabajos, estudios e investigaciones conectadas a otros actores y que impulsen el desarrollo y la competitividad local (Menardi; Tecco y López, 2016). Los laboratorios, institutos tecnológicos y las universidades deben constituirse en catalizadores de la innovación y de la formación de capacidades, apoyando a los sectores sociales y productivos, en especial a aquellos que presentan mayor fragilidad.

En la economía actual, donde el conocimiento toma una importancia central, la construcción de nuevas competencias y capacidades y el potencial de detectar, transformar e internalizar novedades y conocimientos, se convierte en un desafío que exige de la colaboración y trabajo integrado con instituciones que ayuden a llevar esos procesos adelante.

El segundo eje planteado refiere a la cultura innovadora. En el estudio se relaciona con dos grandes tendencias que se mantienen estables: - La capacidad tecnológica competitiva a escala mundial.

- La importancia dada en las empresas a la gestión del conocimiento y la optimización de los recursos humanos.

La capacidad tecnológica competitiva se vincula a dos problemas que se destacan en la investigación: la falta de cultura de los mercados financieros para el financiamiento de la innovación y la escasa dedicación de capital humano y financiero que las empresas destinan a la innovación.

La importancia dada en las empresas a la gestión del conocimiento y la optimización de los recursos humanos, puede relacionarse con el problema de la escasa cultura de colaboración: entre empresas y centros tecnológicos y universidades.

Para que pueda hablarse de cultura innovadora, es imprescindible que la empresa haya asumido la innovación como uno de los pilares de su accionar diario. Es decir, que trabaje constantemente en la construcción de estructuras que inspiren a la generación de propuestas e ideas, en el impulso constante al desarrollo de capacidades, en el análisis de nuevas posibilidades o alternativas y en la puesta en marcha de estrategias y planes novedosos.

En ese sentido, la cultura innovadora exige la adopción de nuevos conceptos al interior de las empresas, promover los liderazgos en diferentes niveles, planificar la gestión del capital humano y el talento diseñando estructuras que permitan generar grupos de trabajo abiertos, creativos 117

y colaborativos, y además, generar estrategias que impulsen estratégicamente la cooperación tanto interna como con otros actores, que promuevan los intercambios y fortalezcan la capacidad innovadora organizacional.

Se deben alcanzar aspectos organizacionales, financieros, comerciales, de procesos, lograr la mayor cantidad posible de sectores para que la empresa sea en su totalidad flexible y abierta a los cambios que surgen, y generar vínculos con proveedores, clientes, consultores, universidades e instituciones que fortalezcan las capacidades de la empresa para innovar.

El fomento de la cultura innovadora también debe trascender la esfera empresarial para lograr transformar todo el entorno organizacional y el ecosistema de innovación. Es necesario cambiar hacia modelos de cooperación y relacionales más abiertos y flexibles que se enmarquen en un nuevo modelo de gobernanza.

La innovación social se define como la satisfacción de las necesidades del territorio a través de relaciones de gobernanza innovadoras, y pone a la innovación en las formas de colaboración como punto central de los procesos de desarrollo (Estensoro, 2013) y de la generación de nuevas redes y de capital social. Para lograrlo, es necesario trabajar de manera sistémica, involucrando a todos los actores del sistema de innovación, comprometiéndolos de la importancia de la apertura hacia las novedades, el valor de factores como la calidad, la capacitación permanente y la potenciación de capacidades relacionales y sociales.

Así, el impulso innovador se reflejará también en el resto de las organizaciones que se relacionan con la empresa, en proveedores, clientes, prestadores de servicios y otros actores sociales. Fortalecer estos lazos, formales e informales, es determinante en la difusión de los nuevos conocimientos por todo el territorio. Muchas veces, las innovaciones tienen múltiples aplicaciones, que trascienden la esfera de la empresa, y pueden mejorar la gestión de instituciones, fundaciones, organizaciones con objetivos no económicos pero fundamentales para la sociedad en la que se desenvuelven.

El rol de las personas es clave en el proceso innovador. Construir sistemas de capacitación que preparen a las/los trabajadoras/es para los cambios tecnológicos con sus consecuencias organizacionales es decisivo para el éxito de la estrategia innovadora.

La formación inicial y permanente de las personas, contribuyen a sustentar la base y la adaptación permanente a las nuevas situaciones que se van presentando, A estas potencialidades, es necesario sumarles la capacidad relacional, entendida como aquella que permite establecer intercambios, capacidad de dialogar, de intercambiar ideas y trabajar colaborativamente generando resultados positivos.

8.2. Conclusiones Ha transcurrido cierto tiempo desde la realización del trabajo de investigación, pero lejos de perder relevancia, la actualidad y el futuro próximo refuerzan la vigencia de la importancia de la innovación y generación de capacidades para innovar. Retomando lo planteado en la introducción, el cambio tecnológico trae una nueva era de transformación y cambio.

El fomento de la cultura de la innovación es imprescindible para promover valores más abiertos y receptivos. Trabajar en las personas a lo largo de todas las etapas de la vida en la valoración del conocimiento, la colaboración, la apertura al cambio y una actitud abierta a la globalización en una sociedad, facilita los procesos de cambio.

Pero también es necesario impulsar la actitud crítica y reflexiva que permita discernir qué cambios son compatibles con el modelo territorial deseado y cuáles no. La visualización y discusión de las problemáticas sociales y ambientales que pueden surgir de la introducción 118

de algunas tecnologías son determinantes para el proceso de innovación. Es necesario prever, cuantificar y planificar soluciones para los inconvenientes para actuar en consecuencia.

El rol del sistema de innovación vuelve a renovar su importancia. El apoyo al tejido empresarial PYME de los sectores del conocimiento y gubernamental es de absoluta relevancia; el impulso a la generación de capacidades en todo el sistema se vuelve imprescindible para afrontar la nueva era tecnológica. La actualización y renovación del potencial del sector del conocimiento a la par de la renovación de sus estrategias de colaboración, constituyen los cimientos para ejercer el rol de liderazgo crítico del proceso de cambio tecnológico.

La universidad, como actor protagónico de este componente del Sistema de Innovación Territorial, debe comprometerse en el desarrollo integral del territorio, analizando minuciosamente las consecuencias derivadas de las nuevas tecnologías y su impacto.

Así como impulsar el desarrollo de las capacidades, tanto en los sectores vinculados a la producción como en grupos sociales de mayor vulnerabilidad que permitan readaptarse a los cambios constantes.

Por otra parte, el rol del Estado en todos sus niveles se reafirma en la cada vez mayor necesidad de políticas de impulso, apoyo y financiación para la innovación. Ante la creciente complejidad tecnológica la necesidad de los actores productivos, en especial de las pequeñas y las medianas empresas, se vuelve determinante para poder adaptarse a los cambios y avanzar en su camino de competitividad.

En resumen, la complejidad del proceso de innovación requiere de una mirada integral y comprensiva de la multiplicidad de fenómenos que implica. Es por eso que para su abordaje se hace indispensable el compromiso de todos los componentes del sistema de innovación, para dar cada uno desde su perspectiva específica, el apoyo al proceso de renovación, adaptación y construcción en el tiempo de una nueva competitividad territorial.

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Capítulo 9

Las agencias para el desarrollo de la Provincia de Santa Fe: instituciones locales y su impacto en el desarrollo regional. Período 2001-2012.

Marcelo Machado

Introducción La investigación se realizó en el marco de la tesis de Maestría de Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Rafaela, segunda cohorte, en el año 2013.

El director de la misma fue el Dr. Sergio Pérez Rozzi. La tesis tuvo por objeto investigar en qué medida y de qué manera, las agencias para el desarrollo como instituciones de índole público-privado participaron en los procesos de desarrollo territorial en cada una de sus regiones de influencia, y cómo en su recorrido, desde su génesis hasta el período de análisis, lograron o no, cumplir los objetivos planteados en sus estatutos. Por otro lado, se intentó dilucidar, teniendo en cuenta la importancia de los actores y agentes de desarrollo en la conformación de las instituciones, las influencias de los mismos y los roles que asumieron en cada uno de los territorios.

Las agencias para el desarrollo han sido partícipes de los procesos de desarrollo territorial en cada una de las regiones donde fueron creadas. Tanto a nivel internacional como nacional, en su recorrido, desde su génesis hasta la actualidad, han demostrado diversas facetas que plantearon la necesidad de analizar el impacto de su accionar en cada territorio.

A pesar de los avances obtenidos gracias al esfuerzo de creación, puesta en marcha de estas agencias de desarrollo territorial, entendidas como un nuevo espacio de articulación pública-privada entre los actores locales, hoy nos encontramos a una distancia considerable de una amplia comprensión en torno a los alcances y potencialidades reales de este tipo de instrumentos de desarrollo económico local (Alburquerque; Costamagna y Ferraro, 2008, p.

129).

La agencia de desarrollo es un convenio legal entre las principales instituciones públicas y privadas, con el objetivo de maximizar el potencial económico endógeno y las ventajas competitivas 123

de su territorio en el contexto global; para ello, utiliza los recursos humanos, naturales e institucionales locales (Alburquerque, 2008).

En las economías más avanzadas, y en el escenario de la globalidad, la “región” ha sido claramente identificada como el motor del desarrollo, originándose en ella los diversos procesos de construcción regional. En este contexto, la figura de las agencias de desarrollo regionales se convierte en un instrumento clave para poner en valor políticas específicas y aparecen en el escenario como una organización con la misión de diseñar e implementar una estrategia territorial específica, construir una agenda de la problemática territorial regional y buscar soluciones fundamentalmente en un marco de articulación público-privado.

En Europa, la justificación de la existencia de agencias de desarrollo está determinada por múltiples causas, según los diferentes países y los objetivos últimos. No obstante, se puede generalizar afirmando que surgen como consecuencia de las actuaciones encomendadas a la política regional y del nuevo papel asignado a los entes públicos dentro de un contexto caracterizado por: la internacionalización de las economías, el proceso de la Unión Europea, la fuerte dinámica innovadora y de continuo cambio tecnológico, la tercerización de las economías, y la primacía de los criterios de mercado.

En Argentina, son diversas las experiencias de institucionalidad previa a la conformación de agencias para el desarrollo, desde los planes estratégicos que realizaron Córdoba (1997) y Rosario (2000) hasta la implementación del Programa “Municipios Productivos” en la Provincia de Santa Fe, donde el principal objetivo era descentralizar la política productiva del gobierno provincial santafesino, potenciando la creación y el fortalecimiento de áreas específicas de apoyo a la producción municipal, lo que derivó en el año 1998, en la conformación de las asociaciones para el desarrollo regional, integradas fundamentalmente por gobiernos municipales y comunales, instituciones que como principal fortaleza mostraron la elaboración en forma conjunta de planes estratégicos para sus respectivas regiones.

La ley 25.300 de fomento de las Pymes fue la que permitió a la SEPyME, promover la creación y articulación de una red de agencias de desarrollo productivo, para la conformación de su red; la SEPyME firmó acuerdos de cooperación con todas las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que le permitió conformar una red de 61 instituciones abarcando 20 provincias del territorio argentino.

En el año 2012, la Secretaría Pyme definió a las agencias pymes como la plataforma a través de la cual facilita su vinculación con las pequeñas y medianas empresas de todo el país. Hoy se trata de una red conformada por más de setenta agencias de desarrollo productivo, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de la región, teniendo como grupo objetivo, a las pymes vinculadas a ésta.

Las tareas que desarrollan las agencias se basan en la identificación de los sectores económicos dinámicos de la región, con potencial para contribuir a la creación de nuevas empresas y al mejoramiento de su competitividad. De esta manera, brindan y/o canalizan servicios financieros y técnicos de actualización empresarial, promoviendo de esta manera el aumento y mejora permanente en las condiciones de empleo local.

En el caso de la provincia de Santa Fe se encontraban activas, ocho experiencias de este tipo con diferentes grados de avance y diferentes tipos de dificultades para su consolidación como entes promotores del desarrollo territorial en sus ámbitos de actuación. Ellas eran (al momento de realizar el análisis): - Agencia de Desarrollo Región Rosario. ADERR - Agencia para el Desarrollo Productivo Reconquista. ADEPRO - Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región.

- Agencia para el Desarrollo de Venado Tuerto.

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- Agencia para el Desarrollo Región San Justo.

- Agencia para el Desarrollo Rafaela. ACDICAR - Agencia para el Desarrollo del Centro Sur Santafesino.

- Agencia para el Desarrollo del Departamento San Jerónimo.

Como complemento, entre los años 2004 y 2007, se desarrolló en la provincia de Santa Fe, el proyecto de fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Regional (ADR) de Rosario, Santa Fe y Reconquista, en conjunto con la ONG “GVC, Grupo de Voluntariado Civil”, de Italia. El objeto de este proyecto, fue el de contribuir al fortalecimiento del rol de las agencias como actores de cambio y generadores de conductas entre los diversos protagonistas económicos, aprovechándola como herramientas de desarrollo para la región, promoviendo la articulación público - privada y su estrecha relación con diversas instituciones técnico científicas de la región que aportan dinamismo, flexibilidad y carácter innovador en su gestión operativa.

Para efectuar el análisis de las agencias de desarrollo local, se planteó entonces, un estudio basado en tres casos de la Provincia de Santa Fe: la Agencia de Desarrollo Región Rosario, la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y Región, y la Agencia para el Desarrollo de Reconquista; las cuales tuvieron como punto coincidente la participación en este programa de fortalecimiento.

El análisis de los roles de los actores y agentes implicados en los procesos de desarrollo local, el papel de la cooperación internacional en dichos procesos, los programas que se diseñaron desde las agencias, sus orientaciones y resultados permiten echar luz al impacto que estas instituciones tienen en sus territorios.

El reto más importante fue promover, a través de los estudios de caso, una aplicación sistemática de las metodologías de evaluación de impacto. En los últimos años se han diseñado muchas herramientas para la evaluación de proyectos, pero lo que realmente hace falta es una aplicación rigurosa y sistemática de técnicas y metodologías, y aprender de la experiencia.

Adicionalmente a la medición del impacto de las herramientas de los portafolios de las agencias, se buscó determinar las capacidades de los dirigentes y los aprendizajes de las estrategias que se plantearon y analizar en qué consistió el aprendizaje colectivo que tuvo lugar en cada territorio de intervención de las agencias.

Los directivos, más allá de su rol de dirigente político, docente universitario, funcionario de la administración pública, profesional con actuación regional, son personas cuyo comportamiento permite una elevada influencia sobre la dirección, modalidad y naturaleza del desarrollo del territorio. Se trata de actores sociales, capaces de promover la construcción de vínculos entre sujetos e iniciativas, diseñar políticas públicas y utilizar los instrumentos disponibles. Los agentes deberían convertirse, de este modo, en facilitadores en la gestión del desarrollo en el territorio, descubrir sus potencialidades y promover la gestión participativa definiendo las prioridades de los diversos sectores.

En la investigación se utilizó como herramienta de recolección de datos la metodología para evaluar el desempeño de agencias ILS-LEDA; en combinación con ésta, se apeló a un menú de “buenas prácticas institucionales”, tomando como base el trabajo realizado por la oficina de Buenos Aires de la CEPAL para medir buenas prácticas en los centros de desarrollo empresarial del Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Industrial Argentina (BID-UIA) quien solicitó realizar un análisis de algunas experiencias recientes de apoyo a PyMEs, como forma de benchmarking y de aporte de elementos para una discusión sobre buenas prácticas y asignación de recursos.

Esta metodología permite identificar y valorar el desempeño de las agencias de desarrollo locales intentando medir el impacto en su territorio en función de la información 125

recolectada. Este método permitió analizar toda la información obtenida a través de los diferentes medios, desde las entrevistas semi-estructuradas, hasta los documentos internos de las organizaciones (agencias, Ministerio de la Producción, Grupo de Voluntariado civil) y posibilitó comparar en un mismo nivel a las tres agencias y así poder extraer algunas conclusiones acerca del accionar de las mismas.

El método combinado entre LEDA y menú BID se articula en tres pasos: el primero identifica los diversos factores que influyen en el desempeño de la agencia (que depende de sus objetivos), el segundo describe las variables que describen cada factor y, finalmente, el tercer paso define un conjunto de indicadores para cada variable. Una vez que es asignado un puntaje a cada indicador (que depende de la naturaleza y de los objetivos de la agencia), es posible asignar los valores cuantitativos a la evaluación. Para ello, se tomaron cinco ejes: - Gobernanza: Se tiene en cuenta la participación de los actores públicos y privados del territorio y la relación de mujeres y hombres en la Comisión Directiva, las relaciones maximizadas a nivel local y nacional y la participación en las decisiones de la gerencia.

- Alcance: Se evaluó el nivel de desarrollo humano destacado en hechos formales y sustanciales, el cuidado del medio ambiente y las políticas de género.

- Estrategias: Se valorizó los recursos locales, la creación y apoyo a redes locales de empresas, generación de puestos de trabajo permanentes, inclusión social y equidad, prestando también atención a los sectores más desfavorecidos.

- Servicios: Se sopesó la coherencia con la estrategia de la diversidad de servicios e innovación que la institución ofrece a sus clientes.

- Futura sostenibilidad de la agencia: Se investigó la autonomía financiera respecto a poderes locales, fuentes diversificadas de ingresos, existencia de un plan financiero a mediano-largo plazo para asegurar la perdurabilidad del funcionamiento de la agencia.

Para el caso de las agencias estudiadas, el árbol de evaluación quedó de la siguiente manera: Tabla 1

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Fuente: elaboración propia

La valoración de los indicadores responde a la siguiente escala: 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto); los indicadores se valorizan en función de las opiniones vertidas por los entrevistados en el trabajo de campo, los datos cuantitativos obtenidos y la información obtenida de la valoración de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), realizadas por el equipo técnico del Ministerio de la Producción.

Obtenido los datos de los indicadores, se calcula el coeficiente de valorización (CV) que resulta de dividir el puntaje obtenido de cada uno, por el máximo posible en la variable.

Posteriormente se ordenan los CV según el grado de importancia de las variables, esto permite generar las conclusiones.

En función de los objetivos de la evaluación que se realizó de las agencias, teniendo en cuenta los diversos objetivos que las mismas tienen, ILS-LEDA sugiere dividir en dos categorías las variables, en función del peso que tengan sobre los objetivos de la evaluación. En este sentido, la búsqueda del impacto de las instituciones en su territorio, fundamentalmente con la vinculación con el resto de las organizaciones locales, regionales y nacionales, las respuestas a las pymes en cuanto a las herramientas que las agencias podían ofrecer y el conocimiento que el territorio tenía de ellas, se clasificaron las variables en Muy Importante -MI- (gerencia, redes de trabajo, relación con política nacional, relación con política local, objetivos, estrategia comunicacional, medida de impacto, percepción de los usuarios, servicios ofrecidos, proyectos, estructura técnica) y Poco Importante -PI- (marco legal, composición de la comisión directiva, cuidado del medio ambiente, estrategias de igualdad de género, coherencia de los proyectos, valor de los proyectos).

Una vez completado el árbol con los valores obtenidos de los indicadores se pudo analizar los siguientes conceptos que se encuentran en los siguientes apartados: 9.1. Análisis

9.1.1. Análisis de los datos sobre gobernanza

127

la confusa situación institucional indicaría que la agencia es una subcomisión de la “entidad madre” como muchos nombran a la Asociación para el Desarrollo, donde aparecen algunos socios privados, pero que no forman parte de la comisión directiva, con una figura más cercana al socio adherente que a un socio activo.

En cuanto a la relación de mujeres y hombres en las comisiones directivas, se ve claramente una mayoría de hombres (en el caso de Santa Fe y Reconquista del 100 %), habiendo solo un par de casos en la agencia Rosario.

Respecto a los gerentes, solo Santa Fe tiene un gerente elegido por concurso público y rentado, a través del aporte del Grupo de Voluntariado Civil (GVC); en el caso de Rosario fue rotando y sus honorarios aportados por el Municipio de Rosario. En Reconquista, durante mucho tiempo el gerente fue el mismo de la Asociación para el desarrollo, hasta que sobre el final del proyecto del GVC, se incorpora un gerente elegido por concurso público.

Las tres agencias tienen un alto grado de participación en redes de trabajo, comenzando con la red de agencias de la provincia, la red de agencias de la SEPyME a nivel nacional y la red conformada por el GVC; las 3 son agencias participantes del proyecto de cooperación internacional. En este último caso, se comenzó a trabajar con agencias europeas sin llegar a integrar hasta el momento de la evaluación, alguna red formal. En esta línea, la influencia de la SEPyME en las tres agencias tuvo gran importancia desde el inicio de las actividades, dado que fue quien promovió a partir de la sanción de la Ley la creación de agencias, firmando acuerdos con las agencias de Rosario y Santa Fe, con la inclusión de un proyecto de fortalecimiento con aportes económicos para la puesta en marcha.

En el caso de la agencia de la ciudad de Reconquista se firmó un acta compromiso con la SEPyME, donde la institución se comprometía a incluir al sector privado de la región y a cumplir algunos lineamientos que SEPyME exigía para la firma del acuerdo final. Esto nunca ocurrió, quedando una ambigüedad de reconocimiento por parte de la SEPyME, pero con la participación en eventos e incluso el financiamiento del proyecto de fortalecimiento.

La figura que SEPyME indicaba para las agencias era de “ventanilla pyme”, y a través de esta, la posibilidad de disponer de las herramientas nacionales, fundamentalmente de financiamiento y asistencia técnica.

A nivel del gobierno provincial, la red provincial de agencias era aún incipiente en el año 2011, y si bien en el Ministerio de la Producción había un equipo (financiado por el GVC) de enlace entre las agencias del proyecto de cooperación y el resto de las agencias de la provincia, no se habían firmado convenios ni acuerdos formales entre la provincia y las agencias.

Finalmente, a nivel local, la agencia de Rosario tenía una participación preponderante de la Municipalidad de Rosario, quien aportaba el espacio físico de funcionamiento de la agencia, parte de los honorarios del gerente y aportes importantes para el funcionamiento administrativo. El haber tenido su génesis en el Plan Estratégico Metropolitano, vincula a la agencia fuertemente con varios municipios y comunas del territorio, teniendo una participación clave en muchos proyectos regionales, lo que representa una impronta importante en la agencia Rosario.

En la Agencia Santa Fe, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe participó en este período a través de la Secretaría de la Producción local, con el aporte de una cuota como un socio más y sin mucha influencia en la toma de decisiones ni la ejecución de proyectos importantes para la ciudad.

En el caso de Reconquista, la participación de los municipios más importantes de la región (Reconquista, Avellaneda y Malabrigo) en su comisión directiva y en los acuerdos tácitos existentes entre ellos, promovió diversas actividades territoriales definidas en el plan 128

estratégico de la Asociación para el Desarrollo en línea con las políticas locales diseñadas en conjunto.

9.1.2. Análisis de los datos sobre Alcance (presencia, estrategia y acciones) Desde el momento de su inauguración, la agencia de Rosario tuvo una amplia cobertura mediática, una importante participación de las instituciones tanto públicas como privadas, y su ubicación (compartiendo espacio con otros organismos donde las empresas y los ciudadanos realizan trámites) posicionó rápidamente a la agencia entre las empresas y los emprendedores. Varios de los programas de apoyo a emprendedores se gestionaban en la misma agencia, por lo que el “boca a boca” promocionó de manera importante a la agencia como un espacio donde se podían buscar “soluciones” (fundamentalmente financiamiento).

La difusión de sus actividades a través de newsletter y la disposición de un equipo de comunicación, dependiente de la Municipalidad de Rosario, le permitió una rápida llegada al público del territorio. Cuando se comienza a ejecutar el Proyecto de cooperación internacional con e y la provincia, uno de los l GVCejes estratégicos era el posicionamiento de las agencias como institución de apoyo a empresas y emprendedores, y de esta forma se incorporó con las nuevas tecnologías que tomaban auge en esos momentos, una página web, newletter electrónico mejorado y publicaciones gráficas diversas.

La agencia Santa Fe nació luego de un intento fallido y con cinco socios. Gran parte de las instituciones que participaron del intento anterior, no solo no integraron la nueva institución, sino que le dieron la espalda. La participación de la Municipalidad de Santa Fe fue bastante ambigua y el resto de los municipios y comunas de la región metropolitana no formaron parte. Si bien la Unión Industrial y el Centro Comercial formaban parte de la institución, la difusión mediática fue relativa, y salvo los socios de estas instituciones, a la agencia le costó el posicionamiento como una alternativa de apoyo a los sectores productivos.

La sede de la agencia Santa Fe era una oficina separada de la Unión Industrial, esto muchas veces confundía o no quedaba del todo claro de qué tipo de institución se trataba.

Todo esto conspiró para que la agencia tuviera una visibilidad importante, lo que llevó a diseñar una estrategia comunicacional a partir del proyecto de cooperación internacional con GVC y la provincia, donde se creó una página web, un newsletter electrónico y publicaciones gráficas que incluyeron un “Manual Pyme” con todas las herramientas disponibles en la agencia; lo cual tuvo una buena llegada en el territorio y acercó a empresas y emprendedores a la agencia.

Por otro lado, se diseñó un esquema de corresponsalías en algunas localidades del área metropolitana, lo que permitió acercar al territorio la propuesta de herramientas y realizar una difusión más cercana a los emprendedores de la región. Sin embargo, algunas de las corresponsalías propuestas nunca llegaron a ponerse en efectivo funcionamiento, lo que jugó en contra de la estrategia diseñada por el proyecto.

Finalmente la situación de la Agencia para el Desarrollo de Reconquista es un caso donde la superposición y ambigüedad de la situación institucional, jugó claramente en contra de la figura de la agencia. La génesis de la agencia, en primer lugar y para cumplir con los protocolos de la SEPyME, utilizando la persona jurídica, socios, espacio físico, equipo y gerente de una institución muy reconocida por la ciudadanía y los actores locales, como lo es la Asociación para el Desarrollo, claramente colocó en desventaja a la nueva institución.

La necesidad de “bajar” las herramientas de la SEPyME con los condicionamientos que la misma exigía, llevó a las autoridades de la Asociación a promover una nueva institución, que 129

en un principio funcionaría dentro del seno de la asociación, pero que nunca evolucionó a una institución autónoma.

De hecho, la agencia nunca tuvo su propia persona jurídica, ni sede propia. Si bien, con el proyecto de cooperación de GVC y la provincia, se financiaron recursos humanos, técnicos y algunas herramientas, para el territorio nunca quedó claro de qué tipo de institución se trataba, y muchas veces se referían a la agencia como asociación y viceversa.

También se diseñó una estrategia comunicacional de llegada al territorio incluyendo corresponsalías en las ciudades de Avellaneda, Malabrigo y en Romang, la página web y newsletter de “ADEPRO” se puso en funcionamiento, pero los medios periodísticos muchas veces difundían las actividades como propias de la Asociación para el Desarrollo.

De la mano de una nueva conceptualización como es la de “desarrollo humano sostenible”, se torna imprescindible integrar la perspectiva de género, la cuestión de la ciudadanía democrática y otros aspectos cualitativos que las transforman en un instrumento importante para valorizar y conservar los recursos ambientales locales como enfoques transversales y necesarios para sustentar el fortalecimiento y la promoción no sólo de modelos estratégicos de desarrollo efectivos sino, al mismo tiempo, de democracia.

Fueron escasas las estrategias de acercamiento a este tipo de proyectos por parte de las agencias. Apenas en algunas herramientas como el caso de la línea de financiamiento “Frider”, que tenía un indicador que privilegiaba los proyectos sustentables y con una mirada de género.

La agencia Santa Fe, llevó adelante el proyecto “Creando futuro”, que basaba su objetivo en la recuperación de residuos tecnológicos y el acercamiento a emprendedores sociales y jóvenes en situación de riesgo.

La agencia Reconquista, por su parte. se realizó un trabajo de apoyo a producciones agroecológicas, en conjunto con el área de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción, pero que no llegó a ejecutarse como Programa.

9.1.3. Análisis de los datos sobre Estrategia (Servicios, proyectos, estructura) Cuando se analiza el portafolio de servicios de las tres agencias, nos encontramos con una variada oferta y alternativas de financiamiento de diverso origen (Nacional desde la SEPyME, Banco Nación, etc, Provincial con líneas del Consejo Federal de Inversiones y del Ministerio de la Producción Provincial, hasta financiamiento propio como lo es la línea FRIDER que surge de la Cooperación Internacional), proyectos de capacitación y asistencia técnica para empresas y emprendedores, etc.

Esta es una de las fortalezas de las agencias, dado que disponen de una amplia cobertura para atender las demandas de emprendedores y empresas de la región.

La presentación de proyectos particulares en las diversas líneas de financiamiento, a través de la formulación realizada por los equipos técnicos de las agencias durante el periodo de vigencia del proyecto de cooperación internacional, que les permitió a las agencias disponer de técnicos formados para tal fin, permitió una llegada óptima a este terreno, percibiéndose, sin embargo, una falta de orientación en cuanto a los tipos de proyectos relacionados con el desarrollo territorial de las regiones de incumbencia de las agencias, convirtiéndose (tal vez en lo que la SEPyME planteaba) en meras ventanillas de herramientas “enlatadas” desde organismos superiores jerárquicamente.

Sin embargo, son escasos los proyectos que se formularon respetando alguno de los lineamientos estratégicos que cada agencia tenía diseñado, sea por su planificación, como 130

así también de lo presentado en la cooperación internacional.

Solamente se intentó acercar a esto, en la mencionada línea Frider, que difería mucho su aplicación en cada una de las tres agencias que tenían la herramienta. En un principio se presentó como una línea de financiamiento a emprendimientos que comenzaron a acercarse a lo social, teniendo en cuenta las políticas de género y el cooperativismo. La realidad es que según lo manifestado por los técnicos, solo se evaluaba la capacidad de pago del solicitante y el flujo de fondos del proyecto, quedando en segundo lugar las cuestiones de género y juventud, por ejemplo.

Tampoco se realizaron evaluaciones de impacto de estos proyectos, debido a los informes obtenidos para esta investigación solo muestran cantidad de créditos y montos prestados. No se pudo acceder a informes de retorno de fondos, cantidad de empleos generados o cantidad de nuevos proveedores y espacios de venta a los que pudo acceder el destinatario del crédito.

9.1.4. Análisis de los datos sobre Servicios Al momento de evaluar la coherencia con la estrategia de la diversidad de servicios e innovación que las agencias ofrecen a sus clientes, se vio que los indicadores indicaban un valor muy alto. Esto tiene que ver con la diversidad de herramientas que las agencias manejaron en este período, fundamentalmente con el apoyo de la SEPyME y del gobierno provincial, que les permitió atender diversos sectores tanto en financiamiento como en asistencia técnica y capacitación.

Las tres agencias, además, dispusieron del apoyo del proyecto de cooperación internacional, que les sumó una mirada estratégica del territorio, con la intención de formar redes de trabajo y con el fortalecimiento de la infraestructura y recursos humanos de la institución.

Esta conjunción de objetivos y recursos permitió durante este período, no solo atender a los empresarios de la región, sino también a conocer la realidad socioproductiva local, realizando para ello relevamientos en sus territorios de micro, pequeñas y medianas empresas (como es el caso de la agencia Reconquista) que le permitió a la agencia en primer lugar trabajar con instituciones académicas del territorio (Universidad Tecnológica Nacional, sede Reconquista), dando a conocer las características del tejido socio-productivo y sus perfiles para avanzar en procesos de programación del desarrollo productivo, y utilizar más eficientemente las herramientas disponibles.

La agencia Santa Fe trabajó en el desarrollo de una experiencia piloto de elaboración de un proyecto de marketing territorial, cuyo propósito era la elaboración de un sistema de información territorial del área metropolitana del Gran Santa Fe, que serviría como sistema de promoción de las potencialidades del territorio, especialmente sus recursos productivos, de servicios y del conocimiento, como en el conjunto de sus ventajas comparativas y competitivas; en ambos casos, no se nombraron como herramientas de trabajo frecuente por parte de los entrevistados.

9.1.5. Análisis de los datos sobre Sustentabilidad En primer lugar, se observa que el mantenimiento económico de las tres agencias está directamente relacionado con el sector público o desde la municipalidad de Rosario en el caso de la ADER, desde la provincia en ADER Santa Fe, y la Asociación para el desarrollo Reconquista (integrada por el sector público) en el caso de ADEPRO. 131

En los tres casos, las cuotas eran de un valor bastante bajo como para ser la única fuente de sostenimiento de la institución. Los valores incluso en algunas agencias eran irrisorios (el valor de la cuota de un club para un socio) y no era posible discutir los valores, porque aún los asociados no veían a las instituciones como un espacio válido y factible de hacer aportes.

El gobierno provincial y algunos municipios hacían los principales aportes en figuras del tipo de aportes no reintegrables.

Al comenzar el proyecto de cooperación internacional, gran parte de los equipos técnicos, el equipamiento y otros recursos fueron fuertemente aportados por el proyecto.

El cambio fue rotundo al momento de comenzar a ejecutarse, dado que los sueldos de los gerentes, equipo técnico, etc., salían de esos fondos.

Al ser consultados los actores respecto de la previsión de la salida del proyecto que fuertemente sostenía el funcionamiento de las agencias, todos indicaron que no se realizó ninguna actividad para enfrentar la sustentabilidad de las agencias. Si bien en el análisis FODA realizado por el Ministerio de la Producción, las agencias veían como una amenaza la posibilidad de que la segunda etapa del proyecto de cooperación internacional no se concrete, no se realizaron talleres específicos para encontrar soluciones ni se procedió a buscar alternativas de financiamiento o un esquema de “vigilancia” donde algún experto se encargue de buscar fuentes de financiamiento de proyectos o nuevas líneas de acción.

9.2. Limitaciones en el proceso de investigación El abordaje de esta investigación ha sido un trabajo arduo y apasionante, pero a la vez, se ha topado con algunos obstáculos que plantearon límites a la misma y que es necesario aclarar, pues no todos los estudios tienen las mismas condiciones, cada investigación es diferente y particular.

Sobre el espacio o territorio: Son las demarcaciones referentes al espacio geográfico dentro del cual se desarrolla la investigación en una ciudad, región país o continente; los territorios de incumbencia de las agencias no siempre están claros, más allá de los enunciados estatutarios.

Sobre los datos cuantitativos disponibles en las agencias: La falta de sistematización de datos cuantitativos en relación a los servicios que brindan las agencias, impidió la comparación del impacto de diferentes herramientas entre las agencias estudiadas. La información disponible y publicada por las instituciones se limita a servicios ofrecidos a las empresas y montos globales por línea de financiamiento, sin especificar destinos, sectores, rubros o características de las empresas tomadoras del crédito.

Se considera importante, como propuesta para próximos trabajos, la sistematización de datos de herramientas en cada una de las instituciones, utilizando un formato único y consensuado que permita difundir y estudiar el impacto cuantitativo de cada herramienta.

Sobre la poca claridad respecto a quiénes se debe convocar para constituir una agencia de desarrollo: Una cuestión nada sencilla de dilucidar fue de qué manera las agencias identificaron a los actores institucionales que la integrarían, y luego, cómo resolverían el ingreso de ellos los mismos. Establecer dónde y cómo delimitaban esa situación no ha quedado del todo claro, aunque en una gran mayoría de las veces es antojadizo, o responde a decisores políticos que deciden sobre quién sí y quién no.

Entidades que no son tales. Cuando la formalidad, no garantiza lo genuino: Otro obstáculo fue la formalidad institucional y/o apariencia de cada entidad, ya que se observaban casos de entidades informales desde lo jurídico, que aun así se desempeñaban, y también entidades formalizadas, pero que no funcionaban o eran una suerte de “fachada”.

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9.3. Conclusiones y algunos aprendizajes recuperados de las experiencias Luego de analizadas las entrevistas realizadas y los cuadros de indicadores para medir el impacto, y más allá de las limitaciones a la investigación detalladas anteriormente, en primer lugar se puede decir, que las agencias para el desarrollo que ostentan un mejor desempeño, lo son porque no reproducen un modelo rígido, sino que se adaptan a las necesidades del territorio, a partir de la búsqueda de fuentes de financiamiento y la coordinación con programas sectoriales.

Las agencias estudiadas, mostraron una diversidad importante en lo referente a su estructura de funcionamiento, obteniendo mejores resultados aquellas que disponían de un equipo técnico más especializado y con capacidad de respuesta.

Se convierte en una debilidad considerable y a tener en cuenta para mejorar el desempeño de las agencias con equipos poco diversificados y escasos en cantidad, para responder a los requerimientos de las empresas del territorio.

En este punto también se observan bajos valores de indicadores en la tendencia del presupuesto. Por ello, como ocurre en muchos de los países desarrollados, debería dotarse a las agencias del apoyo financiero suficiente para un mejor funcionamiento de sus equipos.

La ampliación del equipo técnico, el sostenimiento de las estructuras administrativas que permitan las rendiciones de los distintos aportes, la implementación de observatorios que realicen vigilancia tecnológica y estén atentos a los programas de financiamiento de proyectos regionales; la seguridad de un honorario acorde y la sostenibilidad en el tiempo que impida la búsqueda de nuevos (y mejores) horizontes para los profesionales que integran los equipos, será clave para la evolución positiva de estas instituciones.

En el proceso de conformación de las agencias para el desarrollo en la provincia de Santa Fe, fueron necesarias acciones de formación y sensibilización de los distintos sectores relacionados con la producción, en aquellos territorios que vislumbraban la posibilidad de comenzar con la experiencia de creación de una agencia; basándose en la experiencia de las asociaciones para el desarrollo regional existentes en la provincia, que demostraban el éxito de un trabajo consensuado entre los municipios y comunas en pos del desarrollo de sus regiones.

En este punto, la oportunidad que se presentaba con la sanción de la Ley Pyme, obligó a los dirigentes del sector privado (centros comerciales e industriales, cooperativas) y a los actores públicos, desde los municipios y comunas hasta el mismo gobierno provincial, a comenzar con reuniones de acercamiento y coordinación, para la conformación de las instituciones.

Considerando que no es habitual en el campo del desarrollo territorial contar con leyes que permitan planificar acciones a mediano y largo plazo, se habla de “obligación” pero fue más bien una oportunidad que se presentaba en el territorio, ya que permitía “bajar” herramientas de apoyo a empresas y emprendedores, sostener un nuevo desafío a través de la legislación y el marco que la ley pyme generaba.

En el caso de las agencias de estudio, se observa que temporalmente, la primera en comenzar fue la agencia de Rosario y región; creada la agencia Rosario y consolidada en el tiempo, se observa que la cantidad y calidad de actores se mantuvo, con un compromiso importante desde ambos sectores (público y privado), con la participación activa de los representantes de los estados municipal y provincial, y el liderazgo desde la presidencia, por parte del sector público.

La agencia Santa Fe tuvo en sus inicios, un lanzamiento fallido, donde al revés de lo que ocurrió en la agencia rosarina, la multiplicidad de actores jugó en contra de la conformación de la agencia.

Tal como se desprende de las entrevistas, los celos políticos y sectoriales, hicieron ver a 133

la agencia como una suerte de “kiosco” particular donde además, el desconocimiento de los objetivos de este tipo de institución, llevaron a la creencia de que la agencia reemplazaba las funciones de una secretaría de producción o un espacio de consultoría con sostenimiento público que atentaba contra el sector privado.

En este punto, vale insistir como una instancia a trabajar por las agencias en el futuro, que estas entidades no tienen como objetivo reemplazar consultorías preexistentes, sino la de intermediar desde el nivel meso-económico entre la demanda y la oferta territorial, lo que hace posible una orientación más eficaz, por el conocimiento de las necesidades de las empresas locales.

La actual Agencia Santa Fe, con un formato de solo cinco socios, permitió que la institución se conforme legalmente (con personería jurídica y acuerdo con SEPyME) y de esta manera tener acceso a las herramientas de los distintos estamentos del Estado central y al proyecto de cooperación internacional. El acuerdo entre los actores privados y el Estado provincial permitió el funcionamiento de la agencia, pero sin la participación (actualmente se vislumbra un acercamiento) de las instituciones del saber, lo cual no deja de ser llamativo y preocupante, considerando que en la ciudad de Santa Fe están las Universidades Católica, del Litoral y Tecnológica, quienes solo en el caso de la Universidad Nacional del Litoral participaron en un momento puntual del proyecto de cooperación internacional.

En Reconquista, los principales actores que impulsaron la creación de la agencia fueron los equipos de la nación (Secretaría Pyme), conjuntamente con los representantes del sector público, fueron los presidentes comunales e intendentes, que vieron la posibilidad de acercar herramientas nacionales, y para ello “adaptaron” a la institución ya existente para poder cumplir con los requisitos exigidos por la SEPyME. La participación privada, exigida por la SEPyME comenzó a darse de manera muy lenta y con una presencia con voz y sin voto en las asambleas, lo que de alguna manera discrimina la participación de las mismas; en cuanto al proyecto de cooperación internacional, este comenzó a ejecutarse transcurrido un tiempo importante desde su formulación y de la creación de las agencias.

De cualquier manera, de las entrevistas se desprende que el proyecto de cooperación internacional es un factor muy importante para las nuevas agencias, dado que resolvía algunas de las limitaciones habituales en este tipo de instituciones: los recursos económicos y humanos para el correcto funcionamiento, desde el equipamiento de las oficinas hasta los honorarios de gerentes, equipos técnicos y eventos; y si bien se manifiesta que en la idea de la cooperación no se plantea el “¿Qué pasa cuando la cooperación se retira?”, una de las principales debilidades encontradas en esta investigación, fue la falta de previsión para la continuidad de actividades, financiamiento y recursos, posteriores a la finalización del programa. Esto puede verse claramente en la agencia Reconquista, donde la otra institución (la Asociación para el desarrollo) se hizo cargo de los sueldos de los técnicos, pero solo por un tiempo.

La autonomía financiera de las instituciones respecto a los poderes locales y la existencia de un plan financiero a mediano-largo plazo, para maximizar la sostenibilidad, deben contemplarse dentro de las estrategias de las agencias. En el caso de las agencias de este estudio, al participar las mismas de un proyecto de cooperación internacional pudieron verse favorecidas, durante un período determinado, por recursos humanos y económicos, aunque, como ya se ha señalado, no existe una previsión para asegurar la posterior sostenibilidad de las agencias.

El programa de cooperación internacional generó un “ordenamiento estratégico” de las agencias, ya que ninguna poseía al momento un plan estratégico, o algún otro tipo de planeamiento a mediano plazo. La necesidad de cumplir con las metas del programa, que se exigían para realizar los desembolsos posteriores, obligaba a las agencias a planificar.

También permitió incorporar el concepto de corresponsalía (financiada por el programa), 134

lo que acercó las herramientas de apoyo a las localidades más alejadas de las sedes de las agencias, permitiendo que empresas y emprendedores conozcan y accedan a créditos, asistencia técnica y formación.

Una de las mayores debilidades encontradas en esta investigación, y que se percibe en los indicadores, fue la incapacidad de consolidarse como instituciones referentes del desarrollo local en cada uno de sus territorios. Diversas son las causas observadas, en el caso de la agencia Reconquista, la presencia de la Asociación para el Desarrollo, con una historia importante en la definición y participación en políticas territoriales, con un fuerte fondo financiero que le ha permitido asistir económicamente, fundamentalmente a productores agropecuarios, desdibujó el accionar de la ADEPRO. Esta idea de ser una “subcomisión” fue el principal inconveniente para que la agencia se plantee como referente, aunque pueden rescatarse algunas acciones exitosas, como el desarrollo de programas de seguridad vial, que permitió la participación de diversas instituciones y organizaciones del territorio bajo el liderazgo de la ADEPRO, como así también la implementación de las corresponsalías de Malabrigo, Romang y Avellaneda, que le dio una presencia importante en el territorio.

El comienzo fallido de la Agencia Santa Fe generó un malestar y desconfianza por parte de muchas de las instituciones participantes en ese primer proyecto y repercutió negativamente en el posicionamiento de la agencia; en la ciudad de Santa Fe se había creado, un tiempo antes, un Foro Territorial de Desarrollo, integrado por varias instituciones del saber y la sociedad civil, pero que no formaron parte de la agencia Santa Fe. Este punto generó tensiones y jugó en contra de la nueva agencia.

Quizás este punto, explique lo planteado en la hipótesis respecto a la escasa respuesta a los problemas planteados por los actores locales, ya que en muchos casos la agencia no terminó de posicionarse como la institución líder para llevar adelante el proceso que se requería y las soluciones se buscaban en otras instituciones (como el Foro Territorial).

En cuanto a las misiones y objetivos planteados por las agencias en relación al territorio en el que actúan, se destacan: la valorización de los recursos locales, la creación y el apoyo a redes locales de empresas, la generación de puestos de trabajo permanentes que contengan los valores de inclusión social y equidad, priorizando la protección ambiental, así como también, la atención a los sectores más desfavorecidos, implica el diseño de una estrategia desde las instituciones. Muchos de estos puntos, no fueron considerados en un principio como objetivos medibles por parte de las agencias.

Como se indica, la puja entre los sectores que consideran que las agencia deben ser un centro de financiamiento para las Pymes y emprendedores, y los que consideran que la agencia es además una institución que promueve y utiliza todos aquellos recursos endógenos con potencialidades de acción, podemos determinar que las misiones y los objetivos planteados se cumplieron medianamente, ya que la oferta de servicios empresariales fue importante, con buen impacto y respuesta por parte del empresariado, pero queda un “debe” en el posicionamiento como institución de referencia y espacio de discusión de aquellos proyectos importantes y de impacto para el territorio.

El proceso de creación de las agencias en la Provincia de Santa Fe tuvo diversos caminos y procesos de génesis de la investigación; se desprende claramente que la SEPyME tuvo una fuerte impronta con la creación de la red nacional de agencias y todas las herramientas que ponía a disposición la Provincia a través del Ministerio de la Producción, y apoyándose en la experiencia de las Asociaciones para el desarrollo, las cuales también tuvieron una fuerte presencia, incluso formando parte como socio de algunas agencias (Rosario, Santa Fe).

Por otro lado, a nivel local de cada una de las agencias de estudio, puede observarse una dispar participación, y que los actores del sector privado junto a la presencia de la Municipalidad de Rosario, fueron quienes, basados en el Plan Estratégico Rosario (PER), lideraron el proceso de conformación de ADERR. 135

En Santa Fe, el Gobierno Provincial fue quien impulsó de manera importante la creación de la agencia, en conjunto con los actores privados (centro comercial, unión industrial), siendo el proceso liderado por ambos sectores.

Finalmente, en el caso de Reconquista, el sector público representado por los integrantes de la asociación para el desarrollo (intendentes y presidentes comunales), fueron quienes vislumbraron la posibilidad de acercar herramientas de apoyo al sector productivo a la región, pero sin la verdadera intención de cambiar el formato de la institución para transformarla en agencia. En este punto faltó la fuerza del sector privado para fortalecer el proceso.

Las principales herramientas de apoyo identificadas como importantes para el crecimiento de las empresas, fueron los financiamientos provenientes de la Nación, en sus diversos formatos. La figura de ventanilla de la SEPyME, permitió a muchas empresas de los territorios abarcados por las agencias, acceder a préstamos que de otra manera hubieran requerido una gestión a nivel capital provincial o incluso, capital nacional.

El proceso de intermediación para facilitar el acceso al crédito a las microempresas locales, es el principal logro identificado por los actores entrevistados. En este sentido, se puede ver una importante valoración de los indicadores respecto a la accesibilidad a esas líneas y a las respuestas brindadas.

Sin embargo, al analizar los datos cuantitativos, se percibe que en relación a la cantidad de empresas de cada territorio, el número es bajo, lo que puede explicarse por la limitada capacidad de las agencias en cuanto a su personal técnico disponible para la formulación de los proyectos. Por otro lado, la oferta de servicios “enlatados” también jugó en contra de la accesibilidad a las herramientas de fomento y apoyo.

Vale destacar que, mediante el Programa de cooperación internacional con GVC, la principal herramienta creada e identificada como exitosa, fue el Fondo Rotatorio para el Desarrollo Regional (FRIDER), dado que permitió atender a las microempresas mediante la sustitución de las garantías habituales, por la confianza y el concepto de la solidaridad entre los emprendedores (préstamo que se devuelve, permite a mi compañero tener financiamiento); esta línea, también permitió incorporar en las agendas de las agencias, el concepto de género y medio ambiente, dado que en sus bases y condiciones, priorizaba los proyectos asociativos con mujeres y jóvenes.

En términos generales, se puede concluir que la eficacia de las políticas públicas obliga a una adecuación de las mismas a los diferentes contextos o situaciones territoriales, ya que las políticas de carácter centralista y genérico son insuficientes para lograr buenos resultados a nivel local.

El enfoque “ventanilla” planteado desde SEPyME, donde no se plantean objetivos y ejes de trabajo en proyectos regionales, es lo que explicaría los bajos valores de los indicadores relacionados con la coherencia de los proyectos en relación a los objetivos de la agencia, la imposibilidad de ponderar el grado de éxito de esos proyectos y por ende, la dificultad para proyectar acciones desde la agencia que trasciendan la simple oferta de líneas de financiamiento nacional o provincial.

La dependencia de los presupuestos para el funcionamiento de los aportes que municipio o provincia hagan sistemáticamente, la escasa planificación en relación a las necesidades territoriales y la concentración de acciones en servicios y herramientas financieras exclusivamente, son algunos de los factores a tener en cuenta para corregir y desarrollar, con el fin de posicionar finalmente a estas agencias de desarrollo como instituciones líderes en los procesos de desarrollo territorial de cada una de las regiones que integran.

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Bibliografía

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— CEPAL. Oficina en Buenos Aires (2000): Buenas prácticas internacionales en apoyo a pymes. Análisis de algunas experiencias recientes en Argentina. Documento de trabajo nº 86. Buenos Aires: CEPAL

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Capítulo 10

La Asociación Regional Para el Desarrollo y los gobiernos locales del Departamento Castellanos en la Provincia de Santa Fe. Miguel Vega

Introducción Las consideraciones aquí expuestas se integran en el terreno de la investigación de los procesos de desarrollo territorial en localidades con espacios rurales periféricos. En este contexto, se plantea el tratamiento de la problemática político–social, en el ámbito del territorio del departamento Castellanos en la provincia de Santa Fe, o más bien, los obstáculos al desarrollo experimentados a lo largo de la última década y media (periodo 1999 a 2015). El texto retoma temas trabajados en la investigación realizada como tesis de la Maestría en Desarrollo Territorial (UTN-Rafaela cohorte 2013), y abarcó revisión documental desde 1999 a 2015.

La hipótesis planteada afirma que la trayectoria seguida por el territorio en la búsqueda de acciones para los objetivos de desarrollo se ha visto afectada por dinámicas internas, donde los gobiernos locales, y la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos (ARDC), están llamados a ser protagonistas relevantes, y que han pecado por omisión. A partir de la hipótesis general se han planteado, además, otras cuestiones específicas relacionadas con cada uno de los principales obstáculos endógenos al desarrollo.

Los problemas trazados y abordados desde la bibliografía han dejado varios interrogantes, y también los datos recogidos en el territorio se consideran todavía insuficientes. Por lo cual se cree que todas las acciones que contribuyan a lograr un entramado institucional sólido para el diálogo sobre política de desarrollo y la participación organizada, cumple un rol importante para la sociedad en general y, particularmente, en la consolidación de los pueblos con idénticas culturas y raíces agropecuarias. Por ello, el planteo es eminentemente heurístico.

El desarrollo es un desafío para las sociedades locales, está planteado en términos de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades 139

locales y regionales a través de las estrategias de diferentes actores en juego. En la siguiente pregunta se expone el tratamiento de la problemática político-social en el territorio, analizando si existe la necesidad de enfoques más integrales y eficientes como el que plantea el desarrollo económico local, la respuesta es afirmativa, ya que para lograr el desarrollo de la sociedad, la vía asistencial se torna insuficiente como estrategia para sacar a dichos grupos de su situación de indefensión y marginalidad.

Desde esta perspectiva, se retomaron dos motivos para el análisis: el primero fue el desafío que significa intentar hacer inteligible la problemática, poniendo cierto orden a la profusión informativa y los múltiples puntos de vista políticos y de la sociedad en cuanto al desarrollo mediante un esquema argumentativo que constituye un punto de vista más entre los múltiples posibles; el segundo eje de motivación fue el abordaje del objeto de estudio propuesto impulsado por un interés de carácter teórico, ya que desde la problemática tratada se intentó realizar una contribución a las investigaciones sobre el desarrollo en pequeños espacios urbanos con amplias áreas rurales periféricas y, en particular, el departamento Castellanos, en el marco de las investigaciones sobre desarrollo local.

Se partió de reconocer que el desarrollo local depende de múltiples factores. Uno de ellos, y de particular gravitación es que los cambios abruptos en la política económica del país perjudican la producción y consolidación de vínculos institucionales, de cooperación y estrategias para el desarrollo que generan los emprendimientos, como las asociaciones, o clústers. Por el contrario, la estabilidad facilita los acuerdos, disminuyendo los costos de transacción, y aumenta las posibilidades de cooperación.

También se sostuvo desde el inicio del trabajo que las características productivas del territorio juegan un importante papel, así como el grado de inversión económica pública y privada, y las características socio–laborales, entre otros factores. Algunos de estos elementos no dependen de los gobiernos locales, y en otros éstos tienen responsabilidad, como en la organización de un marco de encuentro para generar estrategias congruentes y consistentes que hacen efectiva la coordinación de acciones para el desarrollo urbanorural que van más allá del corto plazo. En este sentido, las acciones que se vienen llevando a cabo entre los gobiernos locales, si bien pueden verse afectadas por los cambios económicos de nivel nacional no terminan de construir una política de identificación de los recursos y potencialidades existentes en cada sistema productivo de los gobiernos locales.

La metodología de esta investigación tuvo un fuerte componente de trabajo de campo e investigación cualitativa, debido, por un lado, a las propias características de la problemática estudiada, pero también, a la importante escasez y deficiencia de la información estadística disponible. La investigación se dividió en dos grandes etapas que implicaron diferentes abordajes metodológicos en función de los objetivos concretos de cada una de ellas: una fase inicial de aproximación exploratoria a la problemática y de construcción del objeto de estudio que significó la revisión bibliográfica y el análisis de documentación; la segunda etapa consistió en obtener fuentes de información primarias mediante encuestas y entrevistas personales a responsables de gobiernos locales (intendentes y presidentes de comunas), y también a otros actores de la sociedad. Con ellos se realizó la primera aproximación al objeto de estudio.

Para las fuentes de información se tomó la totalidad de los municipios, y una muestra de las comunas del Departamento Castellanos. Se visitó cada una de las localidades de la muestra, y se hicieron encuestas a los presidentes comunales e intendentes. Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a miembros activos de la sociedad local de cada población. Se trataba, por un lado, de tomar contacto con el territorio para conocer de primera mano sus características físicas, de poblamiento, y productivas. Por otra parte, era necesario entender las características del gobierno local expresadas, tanto a través de su jefe de gobierno, como de los actores sociales.

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10.1. Recorte espacio – temporal de la investigación El trabajo en el terreno se llevó a cabo entre los meses de enero y abril de 2014. El escenario territorial de la investigación estuvo constituido por el espacio físico que ocupa la totalidad del Departamento Castellanos (6.600 km2) en la Provincia de Santa Fe. Esta área contiene 46 distritos, y en cada uno de ellos existe población rural y centro urbano donde se concentran los servicios políticos y administrativos que conforman un contexto en el que el pueblo constituye el ámbito de articulación de la vida social y económica de la comunidad local.

En este marco, funciona la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos (ARDDC). En la realidad, esta Asociación no representa hoy un asociativismo entre gobiernos locales, sino que funciona de forma semejante a una agencia de desarrollo, agrupando a los gobiernos locales para ayudarlos en la ejecución de algunos proyectos que tienen que ver con la atención de necesidades de la población, sobre todo, de trabajo mediante el sostenimiento de micro proyectos locales. De esta manera las acciones deben ser pensadas por cada gobierno local en función de los proyectos que desea implementar.

También, la Asociación constituye la sucesión de política pública provincial aplicada al área, y cuyo papel ha influenciado la construcción de territorio en el departamento. De este modo, la investigación que se presenta partió de cuestiones concretas, desde el momento de constitución de la ARDDC en el año 1999, y desde allí se dispuso de la documentación hasta finalizar en el 2015.

Desde el punto de vista de las dinámicas socio–económicas internas en el territorio estudiado, las actividades se centran especialmente en las producciones agropecuarias representadas por los cultivos tradicionales, principalmente soja, maíz, sorgo y trigo, conjuntamente con las actividades de tambo. También existen las acciones de servicio, y en algunas localidades, que no son municipios, se puede hallar una incipiente industria representada principalmente por la metalmecánica. De esta manera, el agente económico predominante es el mediano y pequeño productor agropecuario, y algunas exiguas industrias cuyas ventas están destinadas a un consumidor regional.

10.2. La retórica del Desarrollo Varios autores dan cuenta y explican los procesos de desarrollo. Algunos de ellos que han reflexionado y aportado sus consideraciones respecto a esta problemática, se citan a continuación.

Entre 1997 y 1999, dice Arroyo (2009), aparece una visión que vincula el desarrollo local al planeamiento estratégico y que intenta pensar integralmente a la comunidad en términos políticos, sociales, económico-productivos y culturales. Será desde esa perspectiva que se considere como objetivo delinear estrategias de mediano y largo plazo: El modelo se encontró con tres problemas básicos a medida que fue avanzando; el primero fue metodológico, porque fue concebido como una técnica demasiado compleja para las necesidades del país. El segundo problema fue la falta de recursos para la planificación, y el tercero es un problema de liderazgo, la realidad argentina muestra que la mayoría de los liderazgos se personalizaron ante el primer inconveniente. (Arroyo, 2009, p.

80).

Arroyo también plantea la escala como un aspecto relevante para el desarrollo local. En localidades de entre 50.000 y 200.000 habitantes, la comunidad puede construir su propio perfil y potenciar su desarrollo: “En el caso de los municipios pequeños esto explica por qué 141

muchas de las variables no dependen del gobierno local sino de una articulación o de la constitución de una micro región, esto hará que las comunas que no logren definir un motor de desarrollo o perfil, difícilmente puedan encarar un programa de desarrollo local” (Arroyo, 2009, p. 81).

Para poder intentar estas acciones, explica Arroyo (2009), será vital la intervención del Estado nacional.

Peirone (2011) plantea la importancia de los liderazgos, asegura que nunca las comunidades alcanzarán objetivos estratégicos de conjunto si sus autoridades locales carecen de vocación de liderazgo. Reafirma la necesidad de que los responsables políticos de una comunidad asuman el papel de conductores del conjunto.

Arroyo (2003) habla acerca del modelo de gestión y menciona que este es uno de los ejes del desarrollo local. Orientado fuertemente a cómo se gestiona en el territorio, y no tanto a qué perfil económico se relaciona, ni en qué condiciones.

Al respecto Rodrik (2011) afirma que no existe una correspondencia única entre las funciones que desempeñan las buenas instituciones y la forma que adoptan tales instituciones. Los reformistas pueden encontrar aquí un primer reto, ya que tienen mucho espacio para combinar estos principios de manera creativa y presentarlos como diseños institucionales que sean sensibles a las restricciones locales y que exploten las oportunidades particulares. Los países exitosos son aquellos que han sabido emplear ese espacio sabiamente según señala este autor.

Las referencias de los autores anteriores, da pie para presentar la idea principal acerca de las causas por las cuales en la región se observaron escasas acciones de desarrollo local. Lo anterior permite reflexionar a través de una pregunta: ¿Por qué son tan exiguas las acciones en el territorio, cuando en los últimos tiempos, los discursos políticos casi siempre tienen presente algún párrafo, o locución relacionada con el desarrollo?

Sin embargo, en los gobiernos locales, sobre todo de algunas comunas, este es solo un ejercicio de puro voluntarismo, que no pasa de ser una mera retórica. La reflexión es que se juntan varios factores para que ello ocurra. Por ejemplo: que las palabras no condicen con los hechos, y que la teoría nunca “aterriza”, porque hay una falta de visión acerca de cómo empezar un debate íntegro en la sociedad. Esto puede estar en línea con la ausencia de actores en el ámbito del aparato público capaces de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo, o bien, una ausencia de ideas acerca de cómo construir los mecanismos virtuosos de participación y control ciudadano.

Hay aspectos que se consideran relevantes para argumentar la idea respecto de la no acción de desarrollo que está en la mira. Estas particularidades se presentan en forma de tres preguntas que son cardinales: ¿Cómo estimular el desarrollo regional?, ¿por qué no se ha gestado un debate acerca de explorar las potenciales ventajas competitivas de cada localidad en el Departamento Castellanos y ¿por qué no se construyen capacidades competitivas en el territorio?

A continuación, se describe la mirada para cada uno de estos interrogantes. Así, para la primera cuestión parece central lo expresado por el autor chileno Boisier, quien señala: “La construcción social del regionalismo latinoamericano” puso de relieve una situación aplicable a nuestra realidad: “en un contexto en donde lo real es como es, y no como se quisiera que fuese, la gestión regional tiene que ser capaz de ofrecer alternativas efectivas” (Boisier, 1994, p. 10).

El texto anterior interpretado en el ámbito de la gestión regional, señala un rasgo que debe marcar a los gobiernos locales siguiendo una línea táctica central de toda propuesta estratégica, y es la transformación radical de la forma de hacer gobierno en una región.

La gestión y la resolución de las necesidades de la región han ido incorporando nuevos conceptos de gran potencial: capital social, gobernanza, y capital cívico, entre otros. Tal 142

forma se asienta en la conducción política y en la animación socioeconómica regional.

Lo primero que se debería hacer es reconocer que la función del gobierno local ha cambiado, y que ahora se necesita un doble papel para todo gobierno regional; conductor y animador, capaz de hacer crecer la acción colectiva. Todo a partir de las propias capacidades y potencialidades locales. ¿Cómo estimular el desarrollo regional? En Argentina, las políticas de descentralización y retirada del Estado ocurridas durante los 90 transfirieron funciones a los diferentes niveles subnacionales, obligando a nuevas reconfiguraciones en los gobiernos locales. Este proceso dio como resultado una complejización de las demandas y de las funciones que deben asumir los gobiernos locales para ejecutar las políticas del territorio. En este marco, se han implementado políticas de modernización, entendidas en un sentido amplio, como modificaciones en su diseño, estructuras, normativas, etc. Las estrategias de desarrollo deben enfrentar el desafío del aumento de la productividad y de la competitividad del sistema productivo, de la mejora de distribución de la renta y de la conservación de los recursos naturales. Un enfoque de desarrollo endógeno se debe focalizar en el análisis, en las condiciones locales, y en los procesos sociales internos que están en la base del proceso de acumulación económica regional.

Otra tesis que va en dirección al estímulo del desarrollo región refiere al debate que debería ocupar un destacado lugar en la agenda de los gobiernos y actores locales. Se trata del nivel de pobreza, y no la desigualdad social, no porque esta última sea menos importante, sino porque la primera es urgente. Pareciera que los gobiernos locales han pasado por alto los niveles de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de las localidades que integran el Departamento Castellanos, y estos niveles, cuando están por debajo de determinado umbral, pueden asociarse con la pobreza.

Este tema no se ha abordado, por lo menos en las entrevistas formales e informales de la tesis aquí presentada. En esta problemática sobresalen, como mínimo, dos cosas importantes para quien está preocupado por el desarrollo; una es que, si bien entre los censos 2001 y 2010, hubo un descenso en la mayoría de las NBI de diferentes poblaciones, sigue preocupando que, en el mismo periodo, cinco poblaciones hayan incrementado la cantidad de hogares con NBI, lo cual debería ser una aflicción del Estado.

Otra alarma es que, en el 2010 había cuatro localidades del departamento Castellanos cuyas NBI eran mayor a la media provincial. Frente a esta realidad, no debe perderse de vista que lo anteriormente analizado ocurre en un departamento que posee recursos económicos.

Para abonar esta afirmación téngase en cuenta que, si bien el mapa de calidad de suelo muestra algunas áreas con una baja capacidad agrícola en el centro norte, la realidad demuestra que en los 46 distritos del departamento se cultiva soja. Por otro lado, durante la campaña 2013/2014, casi el 61 % de la superficie del departamento estaba sembrada con esta oleaginosa, lo que representa 401.550 ha. De lo que resulta que en esa campaña se generó más de 304 millones de dólares durante el periodo de siembra a cosecha (6 meses), y solo con un cultivo.

Castellanos es sin duda un distrito con recursos, y aquí debe hacerse notar las nuevas funciones de los gobiernos locales, expresar ideas y liderar cambios. Atacar la pobreza y luego la desigualdad, ya que la presencia de desigualdad social atenta contra los rendimientos crecientes que la acumulación de capital permite para cumplir con su rol de motor del desarrollo endógeno, lo que Vázquez Barquero (2002) llamó “efecto de eficiencia H”.

Otro interrogante está planteado en referencia a ¿por qué no se ha planteado un debate acerca de explorar las potenciales ventajas competitivas de cada localidad en el Departamento Castellanos? Una primera aproximación es interpretada como que, si esto hubiera ocurrido, quizás se podría haber resignificado el papel de los actores individuales y 143

colectivos rescatando los conocimientos no explícitos –los conocimientos tácitos– que constituyen una ventaja competitiva potencial en una localidad o región. Estos se comportan como potenciales, hasta que la sociedad decide extraerlos y ponerlos a jugar como parte de un “know how” local, transformándose así en ventajas competitivas para el crecimiento y desarrollo, y sin duda, este tipo de experiencia provee a la región de la pericia y habilidad para concretar procesos y estrategias de crecimiento y luego desarrollo.

En cuanto a una tercera cuestión, la construcción de capacidades competitivas se refiere a la razón por la cual no se construyen estas capacidades en el territorio, y tiene que ver con la ausencia de acciones a implementar respecto a las ya señaladas restricciones y oportunidades locales. La mayor actividad económica del departamento tiene que ver con la producción primaria de alimentos, principalmente en distritos que pertenecen casi enteramente al rubro agropecuario, cuyos responsables -los productores- tienen un amplio stock de capacidades acumuladas: productivas, tecnológicas, y más escasamente las organizacionales. Estas, además de representar un importante capital social que comprende y organiza múltiples saberes, y relaciones, tiene también un fuerte stock de “intereses defensivos”, preocupados por la supervivencia y la ampliación de las actividades o sectores productivos a los que están vinculados. Se expresa así, un esfuerzo social acumulado que requiere y amerita ser aprovechado, pero que también implica resistencias activas a eventuales decisiones de diversificación, o cambios de rumbo. Esto no es nuevo, ya en 2012 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se expresaba: “la dinámica de la estructura productiva argentina está atravesada por conflictos distributivos severos, que responden a características particulares, -social e históricamente determinadas – de los sujetos sociales involucrados”. A lo que podría agregarse que en algunos lugares se denota una gobernanza precaria e ineficiente.

10.3. Principales logros y obstáculos A continuación, se presentan las relaciones encontradas con respecto a lo que se consideran logros alcanzados por la ARDC; esta información fue obtenida a partir de las respuestas proporcionadas por los presidentes de comuna e intendentes en las entrevistas y encuestas, para la elaboración de la investigación de referencia.

- Posicionó la temática de elaboración de proyectos en los gobiernos locales del Departamento Castellanos que permitió en algunas comunas generar emprendimientos o iniciar actividades de servicio por cuenta propia entre los actores de la sociedad.

- Fortaleció en los gobiernos locales un espacio específico de discusión de temas comunes y estableció un espacio físico para las reuniones de representantes de comunas.

- Conformó un medio para obtener recursos destinados a emprendimientos en el distrito.

Otorgamiento de préstamo, previo análisis del proyecto, lo que permite obtener mayor objetividad en la ayuda económica.

- Se determinó que el 60 % de las comunas del departamento registran puestos de trabajo provenientes de la industria dentro de su territorio. Esto se considera un logro en el accionar conjunto de las comunas y la Asociación, porque existen indicios de la contribución de ambas en la instalación, y en algunos casos, consolidación de este accionar conjuntos. Por otro lado, las encuestas señalan una relación inversa entre los puestos de trabajo de la industria y los rurales, es decir: a medida que surgen los 144

puestos de trabajo provenientes de las industrias, hay menos empleo rural, más puestos de trabajo relacionados con servicios, y menos desocupados.

- Por otro lado, el 80 % de las comunas tiene empleos provenientes de los servicios. Si bien existen algunos lugares que aún no han desarrollado este tipo de ocupación, la ARDC ha contribuido para su concreción y así se ha ampliado la oferta de trabajo.

10.3.1. Los obstáculos al desarrollo endógeno Las regiones menos desarrolladas, generalmente se explican mejor a través del estudio de los factores que influencian negativamente el desarrollo, son un obstáculo para el mismo, o bien perjudican a la economía (Martínez Piva, 1998).

Los problemas de empleo y crecimiento económico en las comunas chicas son mayores, toda vez que la articulación con el sector privado es más compleja. Se requiere de mayor presupuesto para poder sostener algún equipo técnico que obtenga datos y con ello mejore la calidad del apoyo que puede brindar la ARDC. El desconocimiento de algunos datos básicos acerca de las posibilidades de articular con el sector privado obstaculiza la labor y la ayuda que pueda prestar la ARDC. De esta forma la Asociación no está cumpliendo con uno de sus objetivos; el 3°, que es parte de su estatuto de constitución, dice: “Generar información sistematizada y divulgarla en referencia al desarrollo integral de la región”.

La ARDC contiene entre sus estatutos de constitución la figura de socios adherentes, y entre éstos figuran las universidades y centros de estudios. Sin embargo, la ARDC no cuenta actualmente entre sus asociados adherentes a las universidades de la región, o del mismo departamento. En el Departamento Castellanos existe una importante oferta educativa y de conocimientos, ya que solo en uno de sus municipios en la ciudad de Rafaela funcionan siete universidades. También hay institutos superiores de investigación y enseñanza, que podrían prestar una gran colaboración en la discusión y profundización de los temas de crecimiento y desarrollo, como así también en el análisis de factibilidad de los proyectos.

Actualmente la ARDC está orientada a la evaluación de proyectos que avalan la urgencia en cuanto a empleo en el territorio. No obstante, no podrá realizar acciones de desarrollo, si no presta atención a las evaluaciones de proyectos de crecimiento a largo plazo y, sobre todo, de aquellos que luego puedan derivar en desarrollo. La ARDC no ha adquirido aún capacidad estratégica para discutir las intervenciones de los gobiernos locales sobre el territorio, a pesar de que uno de sus objetivos así lo declara: “participar en el diseño de la política productiva de la provincia”. Por lo tanto, la ARDC, junto con las comunas, debería discutir los proyectos de desarrollo del territorio e intentar que los mismos sean incluidos en el presupuesto de la Provincia de Santa Fe. A pesar de que la ARDC ha tenido una presencia sostenida en la región, no aparece liderando acciones que den cuenta y confirmen una estrategia de desarrollo. Esta aseveración está fundada en las opiniones recogidas desde los gobiernos locales, y actores de la sociedad. No obstante, la ARDC es convocada y participa en el trabajo basado en la agenda productiva y el plan estratégico del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo anterior hace pensar que los pequeños proyectos productivos que se están implementando a través de los gobiernos locales del Departamento Castellanos, financiados por la ARDC, se enmarcan intrínsecamente en la empleabilidad, y no constituyen acciones de desarrollo.

También se debe prestar atención a los gobiernos locales que no despliegan estrategias de desarrollo sostenible, y en coincidencia con lo expresado por Peirone (2011), éstos solo tienen una perspectiva redistributiva y asistencial, y algunos siguen concibiéndose como simples proveedores de servicios a los vecinos.

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Para lograr los cambios señalados, la ARDC debería trabajar más sobre las estrategias de largo plazo mancomunadas con los gobiernos locales para hacer aflorar las ventajas competitivas y el perfil productivo, que luego debe usarse en políticas de desarrollo a nivel local y regional.

La debilidad de las relaciones sociales y, por lo tanto, del capital social a escala local ha contribuido a mermar la capacidad del territorio para llevar adelante proyectos y poner en marcha los procesos de acción colectiva necesarios para insertar, con un mínimo de capacidad competitiva, el territorio en los circuitos productivos regionales. Han predominado a lo largo del tiempo inequívocas actitudes individualistas que contribuyen a vaciar de contenido el espíritu original de los proyectos.

En algunas localidades se adolece de ciertas características, desde la falta de “masa crítica” o ausencia de coordinación, hasta el predominio de relaciones verticales “arribaabajo” por sobre las relaciones horizontales de cooperación local. También se observa un predominio de las lógicas políticas partidistas, sobre las estrategias que atiendan los fines del desarrollo local. Toda esta problemática ha contribuido a exacerbar los obstáculos al desarrollo local.

Las características antes enunciadas –capital social y contexto institucional– están en la base de la ausencia de sinergias entre el ámbito público y el privado. La falta de organización de los actores, la ausencia de canales concretos y legítimos de interlocución entre éstos y el gobierno local no favorece la unión. Todo lo anterior contribuye al escaso o nulo efecto en las decisiones a nivel local, impidiendo la puesta en marcha de proyectos “desde abajo”.

No se ha visto una estrategia para discutir o implementar acciones de desarrollo en el hacer de la ARDC. Su gestión en el territorio está puesta, en su mayoría, en distribuir préstamos a micro emprendedores cuyos montos máximos van desde 15.000 a 30.000 pesos12, obtener convenios con alguna dependencia nacional o provincial para realizar arenados de caminos, o tramitar créditos, en la mayoría de los casos de ayuda para los productores de la región frente a eventos climáticos negativos para la economía de la zona.

Si bien, en el año 2001 la ARDC elaboró un programa con 6 líneas de trabajo en el territorio, solo la mitad de los gobiernos locales entrevistados recordaban la existencia de este programa. No obstante, dentro de los que daban cuenta de su presencia, no más del 27 % lo había considerado para el diseño de políticas locales. Algunos presidentes de comuna y un intendente calificaron a este programa como desactualizado.

Una importante particularidad visualizada en el territorio es que una amplia mayoría de los actores sociales no conoce a la ARDC, mucho menos su labor. Esto marca hasta dónde esta asociación se ha aislado, y no ha tenido en cuenta a los receptores finales de las políticas de crecimiento y desarrollo que se deben accionar en el territorio. Quizás la ARDC debería trabajar más en la comunicación, ya que la sociedad necesita conocer y opinar sobre las acciones de sus gobiernos locales.

Las opiniones de un importante número de actores sociales del territorio, recogidas en las entrevistas, revelaron que éstos creen que el crecimiento y el desarrollo dependen de la comuna y, en segundo lugar, de la provincia. Convendría debatir esta posición para esclarecer y tomar posición política entre los ciudadanos de cada distrito, ya que el crecimiento en las comunas chicas (menos de 2.000 personas), como está planteado actualmente, depende de las ayudas que puedan aparecer desde la provincia, o desde las instancias nacionales, de emprendimientos privados, o bien, de los proyectos que puedan presentar los ciudadanos, ya que en estos casos no hay otra manera, por ahora, de incrementar el presupuesto para permitir el impulso del crecimiento.

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Se trata de 340 y 680 U$S respectivamente al 1 de abril de 2019.

Se vio como posible y deseable, que la asociación como conjunto de gobiernos locales comience a trabajar sobre planeamiento estructural y estratégico de la región. A la luz de los datos que se disponen, pareciera que esto no es una cuestión económica, argumento tantas veces esgrimido que impide hacer cosas, sino que es un tema más bien de debate y planificación, luego habrá que ponerse de acuerdo acerca de lo que se quiere hacer en conjunto. Esto es altamente deseable porque comienza a construirse el camino del desarrollo: Es fundamental tener presente que si, en el seno de la sociedad se comienzan a utilizar las herramientas que fijan los objetivos de mediano y largo plazo de los gobiernos y las administraciones locales, la situación alcanza un punto de convergencia sumamente útil para el crecimiento de la sociedad en su conjunto y -por lo tanto- de sus instituciones en particular. (Peirone, 2011, p. 139).

10.4. La construcción de capacidades competitivas Desde el punto de vista de este trabajo, y ya en el plano práctico, se permite una reflexión basada en las discusiones del taller FODA realizado por la ARDC en 2001. De este documento surgió la consideración acerca de que los diseños políticos institucionales deben, o deberían ser, sensibles a las restricciones locales y por otro lado, que exploten las oportunidades locales. Teniendo esto en cuenta, se observó que este taller FODA presentó entre sus debilidades (que se deben entender como restricciones) dos temas que fueron planteados por más de la mitad de los asistentes al taller; ellas son: a) resistencia al cambio e individualismo, y b) baja formación empresarial e improvisación. Por otro lado, también como restricción se señaló: c) afectación severa y persistente de las unidades productivas por endeudamiento, falta de financiación adecuada, y baja rentabilidad.

En este mismo taller, y entre las oportunidades, siempre referidas a lo que brinda la región, solo tres de las once referencias totales se llevaron más del 50 % de adhesiones por parte de los asistentes; ellas son: a) mercados potenciales atractivos y tendencia a consumir productos diferenciados, b) presencia, formación y fortalecimiento de instituciones y grupos productivos, y c) créditos blandos ofrecidos por diversas instituciones gubernamentales.

Como señala Vázquez Barquero (2007), la diversificación de las actividades económicas de las áreas rurales y la multiplicación de formas de integración exterior contribuyen de manera singular al desarrollo diferenciado de las localidades y territorios rurales. La fortaleza de estos procesos de desarrollo reside no tanto en las economías de escala de las explotaciones agrarias, como en la potenciación de las economías de diversidad cuando la diversificación de las explotaciones agrarias se combina con actividades distintas en los sectores industriales y de servicios. Más adelante, este autor afirma que la diversificación de la economía rural y la combinación con actividades distintas, favorecen, por tanto, el desarrollo rural, sobre todo cuando la economía y el sistema productivo local están bien conectados a la red de transportes y comunicaciones, dentro de un contexto urbano dinámico.

La construcción de capacidades competitivas puede efectivamente vincularse a las políticas territoriales y, más precisamente, al desarrollo de una cultura territorial que integre los sistemas locales de empresas, y que permita, en alguna medida, ayudar a superar la situación de mayor deterioro en los territorios más atrasados que se describieron anteriormente. Es decir, si bien es cierto que son las empresas las que compiten, esa cualidad se puede ver reforzada si el entorno territorial facilita esta dinámica y si, por su parte, las empresas también sienten la importancia de ser empresas “del territorio” a cuyas personas y habitantes también se deben, más que empresas “en el territorio”, desvinculadas totalmente de sus proyectos.

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10.5. Conclusiones Se dedujo del trabajo que la ARDC debería rápidamente cambiar el rumbo, ya que, si no cuenta con un plan de desarrollo, esta entidad a lo sumo, posee un espacio político de gobiernos públicos agrupados, y en algunos casos abiertos a un proceso de crecimiento productivo, pero con escaso contenido social de desarrollo.

Entre todas las posibles respuestas que se pueden encontrar para explicar por qué la ARDC no ha producido los resultados esperados, una razón es que no se enfocó en lo que quizás eran las restricciones más importantes que bloqueaban el crecimiento económico. El hecho de que más del 78 % de las localidades del Departamento Castellanos tenga menos de 2.000 habitantes indica que la economía de la zona enfrenta varios problemas: tienen poca dotación de capital humano, hacen un uso ineficaz de los recursos, tienen instituciones deficientes, ofrecen incentivos privados inadecuados para la inversión y la adopción de tecnología, y tienen un bajo nivel de acceso al crédito, entre otros factores.

Decir que se tienen que superar todas estas desventajas para poder desarrollarse es, al mismo tiempo, una tautología y algo muy poco útil. El punto es ubicar aquellas áreas en las que las reformas produzcan el mejor rendimiento. Dicho de otro modo, lo que debe conocer la ARDC, para funcionar como una Asociación, es encontrar dónde reside la restricción limitante y apoyar a los gobiernos locales.

Algunas cuestiones aún quedan pendientes en la conducción de la asociación. Por ejemplo: no se ha trabajado con la provincia de Santa Fe en todo lo que tiene que ver con la financiación de las prioridades definidas en la región, y no se ha explorado por parte de los gobiernos locales del territorio, si éstas pueden ser incluidas en el presupuesto de la provincia para el año próximo.

Otra fuente de financiamiento provincial para proyectos, puede ser el Ministerio de la Producción e Industria Familiar, a pesar de que el tipo de diálogo con las autoridades de la provincia es definido como muy bueno, esta negociación no está instalada, ni se ha explorado la interlocución o la relación con los Consejos Consultivos Municipales o movimiento de trabajadores desocupados ni tampoco con el sector privado. Por ejemplo, aún no se ha buceado en la comunicación y sinergias del trabajo conjunto con la Asociación para el Desarrollo de Rafaela.

Dentro de los aportes que puede hacer la tesis de referencia, se encuentra la identificación de algunas líneas de trabajo futuras. Una de ellas examina la necesidad de un estudio suficientemente amplio de la región que se dirija más hacia los rasgos estructurales que a los meramente coyunturales, como debe ser la visión actual de la ARDC. En segundo lugar, se pretende suplir la carencia que aún existe de estudios sobre disparidades económicas intrarregionales, debido a las dificultades en la recopilación de información que actualmente se encuentra, y la complicada labor de su tratamiento. Esto sería interesante abordar en futuras investigaciones sobre los determinantes del crecimiento territorial del Departamento Castellanos.

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Bibliografía

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— Boisier, S. (1994): La construcción social del regionalismo latinoamericano (Escenas, discursos y actores). Revista del CLAD Reforma y Democracia N° 2 1994. Caracas: http://old.clad.org/portal/ publicaciones-del-clad/reforma-democracia/articulos/002-julio-1994/0023200.pdf — Martínez Piva, J. (1998): Procesos acumulativos y desarrollo: de Myrdal a Porter. Obtenido de http:// www.revistas.una.ac.cr/index.php/economía/article/view/1588 — Peirone, R. (2011): Gobiernos locales. Planeamiento, administración y control. Santa Fe: LUX S.A. — Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2012): Obtenido de La Argentina del largo plazo.

Crecimiento, fluctuaciones y cambio estructural.: http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/ publications/Desarrollo%20Humano/ARG_largoPlazo%202011.pdf — Rodrik, D. (4 de mayo de 2011): Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica.

— Vázquez Barquero, A. (2002): Obtenido de http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/V3_ VAZQUEZ.pdf — Vázquez Barquero, A. (2007): Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial.

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf

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Capítulo 11

La influencia italiana en el desarrollo económico industrial de Rafaela.

Alejandra Mahieu

Introducción El objetivo de la investigación para la tesis titulada “La influencia italiana en el desarrollo económico industrial de Rafaela” ha sido analizar si los industriales de origen italiano han tenido una participación destacable en el desarrollo económico industrial de Rafaela. El estudio fue abordado desde la perspectiva de la construcción de capital social y cultural.

La idea de elegir esta temática surgió por curiosidad. En la oralidad de muchos rafaelinos está presente la expresión “Rafaela es especial por el espíritu de sacrificio de los piamonteses, Rafaela está hecha para trabajar…”. En sus discursos, el intendente Omar Perotti -el precursor de instalar temas de desarrollo local en Rafaela a principios de la década de los 90- también hace alusión permanentemente a la herencia italiana. Ese fue el disparador para escoger este tema; las preguntas surgían sin orden ni pausa: ¿Será verdad?, ¿tendrá esto sustento en la historia de Rafaela?, ¿será solamente un mito popular? ¿Qué estudios habrá al respecto?

Es cierto que los primeros pobladores de Rafaela fueron italianos y que los descendientes de italianos siguen siendo mayoría en la ciudad, pero eso no garantiza que éstos realmente hayan dejado huellas en la historia de la industria local. A partir de estas inquietudes, la hipótesis planteada fue que los inmigrantes de las regiones del norte de Italia, abocados a la industria, podrían haber aportado a la construcción del capital social y cultural rafaelino, y a su vez, ello repercutiría favorablemente en el desarrollo económico industrial de Rafaela.

Hay muchos estudios sobre inmigración italiana y sobre el desarrollo económico de Rafaela.

Pero no se encontraron registros bibliográficos en los que se haya vinculado el desarrollo con el legado italiano, abordado desde la óptica de los capitales intangibles. Por eso, la consigna para la investigación fue tomar como variables al capital social y cultural de un determinado grupo de actores del territorio. Dicho grupo está conformado por siete inmigrantes del norte de Italia que montaron sus industrias en Rafaela y que abarcaron diferentes rubros: alimentos, automotriz, metalmecánica y autopartes.

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Antes de continuar, es importante abrir un paréntesis y hacer una aclaración: el hecho de haber seleccionado para esta investigación solo la inmigración italiana, no implica que sea la única que haya influido en el desarrollo industrial de Rafaela. Nuevas investigaciones podrán ahondar en el análisis de otras etnias y complementar lo presentado en este artículo. Es necesario dejar en claro que bajo ningún concepto se quiso excluir -ni mucho menos menospreciar- el aporte de otras corrientes migratorias hacedoras de identidades que conviven en este mismo escenario. Incluso, en un primer momento, en los albores del diseño de tesis, pensar en incorporar a la masonería como una variable más también fue una opción. Pero por una cuestión metodológica, se tomó una sola categoría que es la inmigración italiana.

Rafaela fue formada a fines del siglo XIX, más precisamente en 1881, por un inmigrante alemán llamado Guillermo Lehmann a cargo de una empresa colonizadora que administraba la venta de propiedades que pertenecían a terratenientes porteños de apellidos ilustres. Él también tuvo a su cargo la subdivisión de terrenos (el hecho de haberlos fraccionado en pequeñas parcelas y haber otorgado la posibilidad de acceso a la posesión con grandes facilidades de pago para los nuevos habitantes, se convirtió en un importante motor de progreso y rápido crecimiento para la zona), como así también la planificación del espacio urbano de la colonia (reservó solares con diferentes destinos: el cuadrilátero central era para la plaza y desde allí nacían los cuatro bulevares; en las primeras manzanas que la rodeaban se instalaron la iglesia, los comercios, el molino.

Los primeros en llegar a estas tierras fueron once familias de origen piamontés; luego les sucedieron españoles, franceses, alemanes, entre otros. Con el tiempo, Rafaela fue creciendo y desarrollándose mucho más que las poblaciones de los alrededores; múltiples variables intervinieron para que esto suceda, entre ellas la encrucijada de las redes ferroviarias (Ferrocarril a Las Colonias, Central Argentino, Tranvía o Tranway a vapor y Central Córdoba). Otras variables no son físicas, no se pueden ver ni palpar. Como diría El Principito, “son invisibles a los ojos”, pero están. ¿Y para qué trabajar con este tipo de capitales como categorías de análisis? Para poner de relieve la importancia de los componentes intangibles. Para hacer visible justamente lo que resulta invisible o por lo menos para visualizar componentes más bien simbólicos de la identidad de Rafaela como territorio. Ambos capitales se fueron generando de la mano de los inmigrantes italianos hacedores de la industria local como elementos para la construcción de una identidad.

El capital social, según Robert Putnam (1993), uno de los autores más reconocidos en esta temática, está conformado por las redes sociales, las normas de reciprocidad y confianza que surgen de ellas, entre otros. Mientras que el capital físico se refiere a los objetos físicos y el capital humano a las capacidades individuales, el capital social hace referencia a las “conexiones entre individuos”. La interacción permite a la gente construir comunidades y eso da una sensación de identidad con el grupo y crea confianza recíproca. Estos lazos tienen consecuencias positivas (crean más riqueza, menos delincuencia...) pero, sobre todo, son un valor en sí mismo. “Las redes sociales importan” y, sobre todo, a quienes se hallan dentro de ellas. Es decir, una sociedad puede ser rica, pero si está compuesta por individuos aislados y solitarios, en términos académicos carece, cuanto menos, de capital social.

Por su parte, Bourdieu (1979) entiende al capital cultural como un instrumento de poder al nivel del individuo bajo la forma de un conjunto de cualificaciones intelectuales producidas por el medio familiar y el sistema escolar. Es un capital porque se puede acumular a lo largo del tiempo y también, en cierta medida, la transmisión a sus hijos, la asimilación de este capital en cada generación es una condición de la reproducción social. Como todo capital, da un poder a su poseedor.

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11.1. Metodología En cuanto a la metodología, no se intentó llegar a conclusiones generalizables sino más bien tomar particularidades de una ciudad -haciendo foco en el desarrollo industrial- en cuanto a la influencia recibida de la emigración italiana. Dado este punto de partida, se trata de una investigación cualitativa, que profundiza en el significado que la población le otorga al hecho social, pretende comprender los procesos de una totalidad, más que separarla en variables (Sirvent, 2003). La lógica de investigación se propone construir los esquemas conceptuales más adecuados a las realidades en estudio a partir de la información empírica más que verificar hipótesis predeterminadas de relación causal entre variables. Este trabajo no buscó explicar, sino comprender holísticamente, en su sentido de totalidad por qué un hecho social deviene o es de una manera y no de otra. Quien investiga se define como parte de la realidad estudiada, no se considera neutral sino, por el contrario, hay emociones que son parte de la construcción del dato científico, producto del origen de su familia.

Los objetivos perseguidos se consideran también elementos claves para la definición de una lógica cualitativa de investigación. El tipo o la naturaleza de los resultados que se buscaron obtener, pretendieron contribuir a la generación de teoría sobre la influencia de la inmigración italiana en el desarrollo económico industrial de Rafaela. Se dio una confrontación entre la teoría y “el terreno” que tuvo como finalidad relevar abundante y nueva información lo cual permitió comprender el objeto de estudio y contribuir, aplicando una metodología determinada, al conocimiento mismo. Se conoce a este procedimiento como Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1991).

La obtención de información se realizó a partir de fuentes primarias y secundarias. Para la primera de estas opciones se hicieron entrevistas en profundidad a industriales rafaelinos inmigrantes, descendientes de éstos y a otros actores locales e italianos que han podido aportar al objeto de estudio.

Tal como ya fue expresado, el grupo de referencia está conformado por siete italianos abocados a la industria que llegaron al país entre las décadas de 1920 y 1930. Algunos de ellos están con vida y fueron entrevistados. En representación de quienes ya no están, se propiciaron encuentros con familiares para obtener la información deseada. Asimismo, un sociólogo experto en procesos migratorios fue visitado en la Comuna de Piamonte (Italia), y fue quien aportó su mirada allende el océano y contribuyó con la generación de teoría. Por último, se logró un encuentro con quien modernizó el rol del Estado local en Rafaela durante su gestión al mando del poder ejecutivo, durante la década de los 90.

Como fuente secundaria se recurrió al análisis de documentos (en papel y filmaciones) contenidos en hemerotecas de la ciudad de Rafaela como artículos de diario y publicaciones de ediciones especiales aniversario de medios locales. También se consultaron las filmaciones correspondientes a una colección de programas de televisión de principios del siglo XXI, con producción local. Dichas fuentes rescataban una personalidad rafaelina, no solo del sector industrial, sino de diferentes ámbitos de actuación: artístico, educativo, político, de la salud, entre otros. Del grupo de los siete referentes, seis habían sido considerados como figuras notables y contaban con su propio programa; y estos fueron los programas consultados.

Para la interpretación de estas fuentes se recurrió al “Análisis de Contenido”, técnica de interpretación de la información recolectada en una investigación cualitativa que permite sistematizar y analizar información. Está destinada a formular, a partir de ciertos datos inferencias que puedan aplicarse a contextos similares. Existen distintas modalidades, entre las más utilizadas está el análisis de contenido temático que incluye: a) Preanálisis: es la etapa de organización del material a analizar. b) Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos brutos” (el material 153

original) a los “datos útiles”. c) Categorización: organización y clasificación de las unidades obtenidas, basadas en criterios de diferenciación. El criterio fundamental de categorización en un Análisis de Contenido temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado.

11.2. Introducción al análisis de la información El proceso siguió las etapas o pasos propuestos por la propia investigadora, los que se detallan a continuación. Se partió de un relato ahistórico desde el momento en que se fue formando Rafaela a fines del siglo XIX hasta que llegaron los inmigrantes que oficiaron como referentes de la investigación. Esto fue después de la primera guerra mundial. Se reforzó el marco teórico y se sumaron nuevos autores a la teoría; entre ellos se puede citar a Devoto (2004), Gallo (1984) y Bevilacqua (2009).

Luego se estudiaron las definiciones brindadas por diferentes autores en cuanto a desarrollo y los capitales intangibles que ya se habían presentado en el marco teórico.

Quienes más influyeron sobre la investigadora fueron Putnam (1993b) y Bourdieu (1979).

De esos intangibles, fueron escogidos solo dos: capital social y capital cultural y se fueron desglosando en subcategorías: redes, confianza, reciprocidad, el rol de las instituciones y la articulación entre ellas y sus miembros, el valor de la familia, las tradiciones, la cultura del trabajo, la escolaridad, la formación en oficios, el sentido de pertenencia.

Se tomaron ejemplos en las experiencias de vida de los referentes seleccionados. Estos fueron confrontados con la teoría de manera tal que permitan determinar si ellos fueron generadores de estos capitales. Tras verificar que sí fueron generadores, el último paso fue determinar si la construcción de esos intangibles influyó en el desarrollo económico industrial de Rafaela.

A partir del análisis de la información recopilada y refrendada por la teoría, se pudo demostrar que el grupo de industriales rafaelinos analizado (cuyos orígenes coinciden con el norte de Italia), ha cumplido con creces la consigna planteada por Noguera Tur (2016). Este autor expresa que tanto el Estado local como los actores locales tienen una gran responsabilidad: la de contribuir a la generación, desarrollo y preservación del caudal de capital social, porque sin él parece imposible o al menos inviable a mediano plazo un desarrollo local sostenible. Y los actores locales que están hoy bajo la lupa son los industriales italianos. Las reflexiones que se plantean a continuación dejan en claro que ellos han sabido asumir esa responsabilidad y su aporte es más que positivo.

Los entrevistados, con una gran generosidad, le permitieron al autor ir desgranando sus experiencias de vida y encontrar elementos que confluyeron en una amalgama entre la teoría y la realidad. Algunos de los resultados obtenidos son los que se presentan y describen a continuación, siguiendo las categorías previstas y otras emergentes.

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Ilustración 1: Regiones de Italia, origen de las familias de industriales rafaelinos

11.2.1. Análisis de la información sobre Redes Durante más de 10 años, los industriales intervinieron en las gestiones para lograr la construcción del acueducto Esperanza-Rafaela. Consiguieron la adhesión de uno de los diarios locales, que publicaba semanalmente el slogan “Rafaela tiene sed”. Esto es trabajo en red por parte de los industriales para el logro de esta obra, la que beneficiaría no solo a sus procesos productivos sino a la sociedad en general. Esto es capital social.

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Ilustración 2: Slogan en diario La Opinión

Fuente: Archivo del diario La Opinión - Fecha: 07 de febrero de 1972

11.2.2. Análisis de la información sobre confianza. Gestión Pública Uno de los referentes del grupo seleccionado para el estudio fue elegido como concejal cuando regresó la democracia en 1983. Quien había sido electo intendente era su amigo, y este le pidió que lo acompañe en el gobierno. A partir de los valores que demostraba este político y su honestidad, el industrial decidió apoyar su gestión, acompañarlo en su accionar político y brindarle su respaldo. Esto es confianza, es capital social.

11.2.3. Análisis de la información sobre Reciprocidad El mismo concejal que se unió a la política apoyando a su amigo donó los 48 sueldos –que percibió durante sus cuatro años como legislador- a 48 instituciones locales. Él no necesitaba ese dinero, ya tenía su industria para vivir y consideraba que toda la ciudad había contribuido para que su empresa prosperara. Él decía que ahora era el momento de devolver… Esto es reciprocidad.

11.2.4. Análisis de la información sobre Instituciones En los primeros años del siglo XX, agricultores y ganaderos se reunieron en defensa de sus intereses; a tono con el origen de la población se funda en 1906 la Sociedad Rural de Rafaela. La primera comisión directiva –retratada en la ilustración nº3- estaba conformada, en su mayoría, por apellidos italianos. Del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, la primera comisión directiva -que se constituyó el día de la fiesta navideña de 1932- contaba con 18 apellidos italianos entre 28 miembros. La Cámara de Comercio Exterior, otro hito en la historia institucional de Rafaela, tenía mayoría de apellidos italianos en la nómina de la comisión directiva de 1978, tal como muestra la ilustración nº4. Las tres comisiones actuales presentan una supremacía de nombres provenientes de la península ibérica. Esto es trabajo conjunto. Esto es capital social.

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Ilustración 3: Sociedad Rural de Rafaela

Fuente: Gentileza de la Sociedad Rural de Raraela

Ilustración 4 Primera comisión directiva

Fuente: elaboración propia

Los resultados de la investigación fueron demostrando que un territorio que se propone el desarrollo como meta, debe tener la capacidad de generar flujos de relaciones y promover la articulación institucional como hábito de vida. Esta conjunción allana el camino hacia la construcción del capital social, el intangible que logra establecer diferencias a la hora de gestionar el territorio (Alburquerque y otros, 2008).

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11.2.5. Análisis de la información sobre Academia Los industriales fueron parte del movimiento para instalar una sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Rafaela. Crearon comisiones con mayor o menor grado de formalidad para perseguir este objetivo. En la década del 70, la sede de UTN corría peligro de cierre, la única opción que les dieron desde rectorado para que la casa de estudio continúe funcionando era que Rafaela se hiciera cargo de los sueldos de los docentes. Y allí estaban los industriales. Ellos sabían que así contarían con recursos humanos formados, con mano de obra calificada. Esto es generación de capital cultural. Esto es acercar a quien quiera estudiar, la posibilidad de un título universitario.

11.2.6. Sentido de pertenencia Casi todos fueron dirigentes del club de su barrio, Quilmes (en la ilustración Nº5), Ferro, Atlético, se beneficiaron con sus aportes económicos -de su peculio personal-, como así también de su tiempo, el que le restaban a sus negocios o incluso a sus propias familias. Eso demuestra el sentimiento de pertenencia que tenían a su barrio, al club que albergaba tantas horas de juego en su niñez, a su ciudad.

Ilustración 5: Estadio ”Agustín Giuliani“ del Club Quilmes Lleva su nombre en homenaje a su permanente apoyo a la institución

Fuente: Colección de la familia Giuliani

11.2.7. Responsabilidad social Sensibilidad con las necesidades de los más vulnerables, evolución como sociedad. Esta expresión pretende rescatar la participación de los industriales italianos en entidades de diversa índole que contemplaban –de acuerdo con sus objetivos principal o secundario- una mirada social: Rotary, iglesia católica, clubes, entre otros.

En la empresa de uno de los referentes llegaron a formar un banco de sangre, cosa inédita 40 o 50 años atrás. El objetivo era ayudarse entre ellos frente a situaciones de enfermedad y urgencia; también se incluían en la nómina de posibles beneficiarios a los familiares directos.

En algunas oportunidades, en casos extremos, llegaron a hacer extensiva la colaboración hacia personas externas a la empresa, una práctica inusual en la sociedad de aquel entonces.

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11.2.8. Formas de expresión Tal como relataba el descendiente de uno de los industriales, cuando su padre se reunía con los productores, casi todos tenían un origen piamontés. El dominio del dialecto y el conocimiento de las costumbres le facilitaron mucho al patrón su quehacer en contacto con esta gente. Porque justamente en una cremería se trata de generar una corriente de confianza con la gente que produce la leche y entrega la materia prima para procesar.

Con el tiempo, la cremería se transformó en una industria láctea y esos vínculos fueron un elemento más que contribuyó a que esto suceda.

11.2.9. Análisis de la información sobre valores En varias entrevistas se pudo rescatar el reconocimiento de los empleados hacia la autoridad del dueño empresario. El respeto que había para los empleados, el trato igualitario sin importar quién era obrero y quién el ingeniero. Ejercían la docencia con humildad, compartían su saber con generosidad. El conocer a todos sus empleados y llamarlos a cada uno por su nombre fue un denominador común en las entrevistas logradas.

11.2.10. Análisis de la información sobre cultura del trabajo Hay una anécdota de uno de los industriales que cuenta que, cuando era joven, le había escrito una carta al Papa para que lo exima de ir a misa los domingos porque tenía que trabajar. La familia encontró la respuesta de Su Santidad autorizando las faltas si compensaba con el progreso de su fábrica. El respeto por su fe católica se contraponía con la falta de tiempo. Sin deshonrar a ninguna de las dos, encontró la manera.

Similares sentimientos acerca del afán por el trabajo, del orgullo por trabajar, por lo propio, fueron percibidos en las conversaciones mantenidas con uno de los industriales: “Yo sigo yendo todas las mañanas a trabajar. Antes de las 8 de la mañana ya estoy allá.

Con casi 90 años, si no voy un rato a la fábrica, me parece que me falta algo. No puedo estar sin trabajar. ¿Qué voy a hacer todo el día si no? Mi vida es eso: mi familia y la fábrica (Entrevista 2)”.

En una de sus obras, Imfeld (1999) plantea que, en los inicios de Rafaela, uno de los más firmes mandatos que animaban la existencia del grupo y que caracterizaba el espíritu piamontés era el valor del trabajo y el esfuerzo personal. A lo largo del tiempo, los elementos que menciona este historiador rafaelino, se siguen rescatando, aun cuando sus artífices no sean todos piamonteses. Pero son todos rafaelinos.

La reivindicación por la cultura del trabajo también está presente en los textos políticos de la actualidad. En uno de los discursos que pronunció en 2004, el entonces Intendente Perotti decía: “La historia es maestra de vida, es la custodia de nuestra memoria. Nos dice cómo se hizo Rafaela, con qué valores se estructuró su crecimiento. (…) Nos dice que muchas cosas se hicieron con más corazón que conocimiento, con más coraje que capacidad, con más perseverancia que recursos (…) pero siempre en el centro de la escena está el esfuerzo (Entrevista 7)”.

11.2.11. Análisis de la información sobre alfabetización y oficios Todos han vivido la experiencia de transitar por la educación formal. Unos lograron obtener su título en la escuela media; otros no pudieron terminar el nivel primario. Uno 159

de ellos, solo asistió a la escuela hasta tercer grado, luego debió abandonar para trabajar y ayudar a su familia. Pero nada le impidió convertirse en un autodidacta. Amante de la lectura como su padre, pedía prestados libros de la escuela.

Tello (2013) sostiene que mientras una de las modalidades de adquisición de capital cultural es producto de un aprendizaje institucionalizado, racionalizado, otra es inconsciente, casi espontánea, producto de un contacto prolongado y repetido con personas cultivadas y/u obras culturales.

En el Programa televisivo 5, la hermana del protagonista relata que, casi como un juego, su madre les enseñaba a leer, asumiendo el rol de “persona cultivada”. Esta historia también merece su espacio en este apartado. De acuerdo con las palabras de su hijo, el industrial había cursado tres veces 4º grado, era el último curso que había en el pueblo donde vivía con su familia y él no podía viajar porque tenía nueve hermanos menores (por entonces algunos menos). “Entonces fue hasta que lo aguantaron. Fue 3 años a 4to grado para poder seguir estudiando”.

11.2.12. Más allá de la escuela De acuerdo con lo analizado en las entrevistas, en más de un relato se deduce que a principios del siglo XX el aprendizaje no sólo se lograba en el marco del sistema formal como la escuela, tampoco en el seno familiar como lo expresa Tello (2013). El ámbito laboral, el taller, también permitían esa transferencia de conocimientos.

Reflexionando… Capital social y cultural. Ambos se funden y convergen en lo intangible.

En más de un ejemplo resulta complejo separarlos y discernir si es uno u otro. El sentido de pertenencia, el orgullo por la cultura del trabajo, ¿son ejemplos de capital social o cultural?, ¿importa ello en la postrimería del análisis de los capitales intangibles?

Putnam (1993) dice que las regiones no tienen capital social porque son ricas. Es al revés, son ricas porque tienen capital social. El capital social se construye y cada uno de los ejemplos citados lo validan. En su trabajo comparativo entre Italia del norte versus el sur, Putnam (1993b) habla sobre la responsabilidad cívica, sobre las ventajas de construir capital social. Los del norte tienen un gran respeto por la democracia, depositan confianza en las organizaciones a las que pertenecen y se involucran en asuntos públicos. Esto también está presente en Rafaela y se refleja en la densidad del entramado institucional, en la responsabilidad social empresaria, en la concentración de pequeñas y medianas empresas de capital y gerenciamiento local. A diferencia del sur, en donde el fantasma de la mafia genera desconfianza, resentimiento, descreimiento de las leyes. Todo eso son trabas, barreras, que complotan contra el desarrollo.

La industria crece cuando cuenta con un entorno que se lo permite. Los industriales de origen italiano generaron un entorno favorable. Ellos, que apostaron por el desarrollo económico industrial de “su” ciudad Rafaela, han sabido diversificar sus intereses de manera de generar un entorno competitivo que permita o facilite tal desarrollo. Ellos entendieron de qué se trata todo esto. Sin haber leído a ningún autor del desarrollo local/territorial, sabían lo que tenían que hacer, dónde debían participar. Ese sentimiento de pertenencia les marcaba el camino, les decía en qué espacios tenían que estar presentes. Ese sentimiento emergió en todas y cada una de las entrevistas; y si se logra derramar sobre la sociedad, ésta actúa en consecuencia.

Un empleado que está satisfecho porque tiene un club cerca de casa para que sus chicos practiquen deportes, una buena escuela para confiarle la educación de sus hijos, un teatro para ir a ver una obra el fin de semana, irá a trabajar contento y es mucho más productivo. Y más aún, si se logra generar pertenencia hacia su lugar de trabajo, el círculo cierra de forma insuperable.

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En los procesos de desarrollo local, los valores sociales juegan un papel clave en el funcionamiento del sistema productivo. El sentimiento de pertenecer a una comunidad local diferenciada está tan fuertemente arraigado que se sobrepone al sentimiento de clase, lo que altera las relaciones industriales e interfiere y limita los conflictos sociales locales (Vázquez Barquero, 2000).

Y aquí es menester detenerse en el concepto de pertenecer a; este tiene que ver con identificarse con el territorio: identidad, identidad territorial. Lazos de solidaridad y de unidad con relación a ese espacio. La siguiente definición de identidad territorial fue tomada de un documento de Boisier: Identidad territorial: consiste en conocimientos concebidos de manera generalizada sobre el mundo físico en el que viven los individuos. Estos conocimientos representan recuerdos, ideas, sentimientos, actitudes, valores, preferencias (…) que definen la existencia diaria de cada ser humano. (Pohansky, 1983; en Boisier, 2011) En una entrevista radial que le hicieron al ex intendente Perotti sobre la inmigración interna que estaba recibiendo la ciudad de Rafaela, éste dijo: Esta ciudad se ha hecho fuerte sobre la base de ciertos valores que nosotros tenemos que abonar y ser sus custodios. Tenemos que trabajar en la rafaelinización de esta gente, por así decirlo. Es la incorporación de valores o de pautas culturales porque sin ellas es difícil integrarse (…) (Entrevista 7).

Rafaelinización: un concepto inventado por Perotti. Un concepto muy gráfico y fuerte. Un concepto que pretende dar nombre al hecho de hacer rafaelinos a quienes llegan a estas tierras con intención de transformarlas en su hogar, darles una nueva identidad, hacerlos parte de la cultura local.

En un documento de Boisier (s/f) se cita a John Friedmann quien en la década de los 90, expresaba: “Solo las regiones culturales tienen la capacidad de desarrollar “desde adentro”, porque solo ellas tienen un sentido colectivo de quiénes son, y porque su presencia en el mundo es muy importante”.

Página tras página, esta síntesis del trabajo de tesis presentado, ratifica los conceptos vertidos por Perotti y Friedmann; demuestra que los rasgos de los primeros inmigrantes piamonteses se fueron conjugando con el ejemplo de los industriales que llegaron luego y así fue tomando forma esa idiosincrasia tan particular de Rafaela. Son rasgos imborrables, son características que hicieron exitosa a la industria local actual y que pueden tener su justificación a partir de la construcción de capital social de nuestros italianos.

Según Durston (2001), el capital social es un recurso intangible que solo puede ser desarrollado por las personas. Los protagonistas de la investigación fueron actores inquietos que tomaron la determinación de intentar escribir parte de su propia historia, promovieron una estrategia de desarrollo “desde abajo”, no esperaban que les lluevan las soluciones desde arriba.

Ellos mismos tuvieron la iniciativa. El trabajo dignifica y estos hombres han entendido que el haber sido bendecidos por el don del éxito en sus industrias les generaba un compromiso con la sociedad.

Estos hacedores de la industria local han sabido trabajar y crear empleo para otros. El exintendente y actual Senador Nacional Perotti sostiene, y así lo ha expresado públicamente en reiteradas oportunidades, que “no hay mejor política social que un puesto de trabajo”. Y así lo hicieron los industriales, trabajando codo a codo con su gente, pensando y apostando por la dignidad humana, por la mejora en la calidad de vida de los rafaelinos. Han logrado una diversidad tal de rubros productivos que en momentos de recesión o dificultades en un 161

determinado sector, la economía de Rafaela no se ve afectada en demasía gracias al impulso que le dan las ramas sin conflictos.

La contribución fue realizada puertas adentro de las empresas a partir de la generación de trabajo; y puertas afuera, destinando horas de su tiempo a instituciones de beneficencia, deportivas, educativas, gremial-empresarias, religiosas, vinculadas al arte y la promoción de la cultura. En todos los rubros estaban presentes, y siguen diciendo presente, alimentando esos capitales que fueron objeto del trabajo de investigación de tesis. Fueron construyendo estos intangibles, tal vez sin saberlo o sin darle este rótulo académico, pero con la certeza que el tejer vínculos y confianza resulta imprescindible para avanzar.

11.3. Conclusiones La identidad no se restringe a la cuestión: “quiénes somos” sino también “en quiénes podemos convertirnos”, de este modo su constitución tiene que ver no solo con raíces, sino también con rutas y rumbos (Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2014).

Esta frase resume el quid de la investigación: ¿por qué es importante analizar lo ya sucedido?, ¿por qué es importante indagar sobre el comportamiento de determinadas personas de hace cuarenta, cincuenta, sesenta años atrás? Porque el modo de conducirse y actuar en el presente está determinado por las marcas que dejó el pasado. Así, quienes tengan en sus manos la responsabilidad de diseñar políticas para el territorio, estarán más informados y mejor posicionados para asegurar una constante mejora en la calidad de vida de los rafaelinos.

Rafaela es ejemplo de desarrollo, de articulación. Pero… aquí no hay fórmulas mágicas, sí hay vocación de trabajo, hay pasión por trabajar. Hay una gran exigencia para que las cosas se hagan bien.

Con sus defectos y virtudes, aciertos y errores, estos industriales forman parte de un largo recorrido ya transitado. Aun así, hay tanto por hacer como cuando los primeros piamonteses decidieron apostar por estos “pagos” e invertir sus ahorros y gotas de sudor en las tierras que les ofrecía el colonizador alemán Guillermo Lehmann.

El desarrollo -tanto económico, industrial como en su concepción más amplia- es un objetivo que nunca se da por cumplido completamente, es inalcanzable en forma plena. Es como si en la jerga de los matemáticos se parangonara con una curva asintótica a la recta: se acerca a ella de manera infinitesimal y continua, tiende a cero, pero nunca logra tocarla.

El trabajo por alcanzarla, por achicar esa brecha, es diario y en conjunto. Y como decía Putnam: “con eso que los mantiene unidos”.

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Bibliografía

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Traducción de Mónica Landesmann. Texto extraído de: Bourdieu, Pierre, “Los Tres Estados del Capital Cultural”, en Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, núm. 5, pp. 11-17.

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(Retiraciรณn de Contratapa)

El quinto volumen de la colección sobre Desarrollo Territorial impulsada por Orkestra y la UTN-Rafaela, recoge once casos desarrollados en un proceso de formación de posgrado. La mayoría de los casos se desarrollan en Rafaela, Argentina, una región reconocida por la colaboración entre actores en el ámbito del desarrollo territorial.

Los casos cierran con nuevos interrogantes, abriendo así nuevos caminos para la investigación. Publicarlos en esta colección contribuye a “que los trabajos finales que se elaboran para cerrar procesos formativos no queden solo en la academia, descansando en anaqueles sin vida”, como plantea elocuentemente la coordinadora del libro en la introducción. Es además una forma de devolución a los actores que los protagonizan.

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