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aPRo / ezequiel floReS
Xóchitl Gálvez presenta denuncia ante la FGR por
testimonios en El Rey del Cash
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/ NEldy SaN MartíN
La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos que se narran, sin aportar pruebas, en el libro El Rey del Cash, sobre una presunta red de financiamiento ilícito de las campañas de Andrés Manuel López Obrador. “Espero que la Fiscalía investigue los hechos de que se dan testimonio aquí, en este libro, caiga quien caiga, debido a que podrían involucrar la comisión de diversos delitos”, dijo Gálvez en conferencia de prensa.
De acuerdo con la panista, los delitos federales en los que pudieron haber incurrido personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador son operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, y locales: peculado, concusión y enriquecimiento ilícito.
Entre los políticos vinculados a esta presunta red, según el testimonio de la autora Elena Chávez, quien fue pareja de César Yáñez, mano derecha del presidente durante años, y que pudieron haber cometido los delitos arriba mencionados, se encuentran: Alejandro Esquer, el propio César Yáñez, Octavio Romero, Gabriel García, Mario Delgado, Ariadna Montiel, Joel Ortega, Laura González y Nicolás Mollinedo.
La legisladora informó que presentará también la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Xóchitl Gálvez
En caso Pío López Obrador, David León asegura: Nunca he cometido delito alguno
/ EzEquiEl FlorES
Luego que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) concluyó que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León, no cometieron ningún delito electoral, este último se pronunció al respecto. “Agradezco que la autoridad haya agotado estas investigaciones. Colaboré en todo momento con la autoridad; nunca he cometido ningún delito. Ese es el resultado de esa investigación que lo sostiene”, expresó León durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en el espacio matutino de noticias de Radio Fórmula.
Dijo que cuando lo videograbaron entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador “no era servidor público”, y lo pudo acreditar ante las autoridades ministeriales. Incluso, comentó que decidió guardar silencio estos meses para no interferir en la investigación de la FGR. “Lo más adecuado era enfrentar esta carpeta de investigación alejado del servicio público, no escudarme detrás de un escritorio, no escudarme detrás de un grupo y enfrentar la carpeta de investigación y colaborar con las autoridades y también alejado de los medios de comunicación”, indicó el exfuncionario federal.
Fuentes federales confirmaron que la FISEL presentó un proyecto de no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició contra López Obrador y León Romero por la difusión de dos videos en los que se observa al hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo de parte del exfuncionario federal para supuestamente financiar a Morena.
El vidEo
En 2020, el portal de noticias Latinus exhibió a David León y Pío López en un video en el que se observa al exfuncionario entregando al hermano del presidente un sobre que presuntamente contenía dinero en efectivo.
Luego de darse a conocer las imágenes, el propio titular del Ejecutivo federal reconoció que ese dinero fue destinado a financiar a Morena en 2015, por lo que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) inició carpeta de investigación contra David León y Pío López.
En julio de 2022, el hermano del presidente también reconoció que recibió el dinero y que lo utilizó para “gastos menores”, además afirmó que no cometió ningún delito, razón por la cual solicitó a la FISEL resolver si procederá o no penalmente en su contra.
Claudio X. González acusa a AMLO y Morena de buscar destruir al INE
/ EzEquiEl FlorES
El empresario Claudio X. González Guajardo sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena pretenden “destruir” al Instituto Nacional Electoral (INE), porque en una contienda democrática no podrían ganar la presidencia de la República. Incluso, dijo que Morena y sus aliados le temen al voto de castigo que, aseguró, será masivo en la próxima elección del 2024.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el opositor al gobierno de AMLO dijo: “Morena quiere destruir/ debilitar al INE porque sabe que en una contienda verdaderamente democrática no podría volver a ganar la presidencia. Temen el voto de castigo, que será masivo, y el voto de quienes desean cambio, que será masivo. Quieren ganar por la mala. YoDefiendoAlINE", indicó.
Además, consideró que la democracia en México está en riesgo ante la falta de negociación, la tolerancia, la deliberación y la disposición a alcanzar compromisos. Dijo que estos valores de la democracia han sido sustituidos por “la imposición, la exclusión, la intransigencia, el dogmatismo y la polarización”.
Organizaciones reprueban negativa de Gobierno a debatir sobre militarización ante la CIDH
/ Gloria lEticia díaz
Organizaciones de la sociedad civil reprobaron la negativa del Estado mexicano para sostener un diálogo sobre la militarización de la seguridad pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ocurrió este martes 25 en el contexto del 185 periodo de sesiones.
En un comunicado conjunto, recordaron que al menos 20 organizaciones civiles solicitaron una audiencia temática a la CIDH ante “la profundización de la militarización de la seguridad pública en México”, evento al que únicamente asistió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos, con lo cual el Estado mexicano “mostró un absoluto desinterés en dar respuesta” a los planteamientos y argumentos presentados por la sociedad civil.
Tras resaltar que la mayor parte del mensaje transmitido a través de Baños se centró en enlistar cifras sobre el decomiso de drogas y la detención de presuntos narcotraficantes, las organizaciones consideraron grave que, “frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de ‘guerra contra las drogas’ que criminaliza y estigmatiza grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencias cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a derechos humanos”.
Las organizaciones firmantes insistieron en que “la falta de voluntad de réplica durante la audiencia” puso en evidencia “la nula intención estatal de dialogar sobre la progresiva militarización de la seguridad pública del país con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, tanto a nivel nacional como internacional”.
Reprobaron “las expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos –nacionales e internacionales– y en particular contra la CIDH”, emitidas por la embajadora Baños, quien dijo transmitirlas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dichas palabras “son de la mayor preocupación y no reconocen la larga labor que el organismo internacional ha impulsado
Además, condenaron “las expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos y en particular contra la CIDH”
denunciando los riesgos de la profunda militarización en el país desde hace décadas y la necesidad de construir una vía hacia la verdadera seguridad ciudadana”.
En el comunicado las organizaciones pidieron a la CIDH solicitar al Estado mexicano información sobre los marcos normativos de las Fuerzas Armadas para realizar acciones de inteligencia y el espionaje hacia personas defensoras; las acciones tomadas para la desmilitarización de la Guardia Nacional; los planes de profesionalización de las policías en estados y municipios; los mecanismos de regulación y supervisión del adecuado uso de la fuerza en tareas de seguridad pública; y las investigaciones sobre el uso del software Pegasus y la contratación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este programa, utilizado para espiar a personas defensoras y periodistas.
Asimismo, sugirieron recomendar al Estado mexicano desarrollar un programa para la construcción de paz duradera, que incluya el desarme de las personas capturadas por el crimen organizado y el retiro progresivo de los militares de las tareas de seguridad pública, así como solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la militarización en México.
Firmaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; México Unido contra la Delincuencia; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social; Impunidad Cero; Seguridad Sin Guerra; Hasta Encontrarte y México AC.
Quintana Roo despenaliza el aborto
/ octavio maRtínez
El Congreso del Estado de Quintana Roo reformó diversas disposiciones del Código Penal de la entidad mediante el cual se despenaliza el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación; la iniciativa votada de manera urgente durante la madrugada del 26 de octubre, fue presentada por la fracción legislativa de Morena.
De esta manera, Quintana Roo se une a nueve entidades más cuyas leyes locales permiten la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin responsabilidad penal para la mujer y terceros.
Alrededor de las cuatro de la mañana, la iniciativa fue turnada al pleno del Congreso del Estado en calidad de “urgente y obvia resolución” para la reforma a diversas disposiciones que contempla el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Fue aprobada con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. La reforma elimina también el requisito de denuncia para poder abortar en el caso de mujeres que hayan sufrido una violación. La reforma estuvo motivada por la preservación de diversos derechos que protegen a la mujer relacionados con la salud, desarrollo sexual, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Será en los siguientes días, cuando sea publicado el decreto de reforma en el Periódico Oficial de la entidad, que tal disposición entrará en vigor.
Durante la misma sesión, fue turnada a comisiones otra iniciativa de reforma a la Constitución de Quintana Roo y leyes locales para homologarlas al Código Penal de la entidad con la despenalización del aborto.
Tras la aprobación de la iniciativa, la diputada del PAN Cinthya Yamile Millán Estrella, sostuvo ante el pleno que la reforma estuvo plagada de irregularidades debido a que no dieron tiempo para su análisis. “Me llama la atención de que el día de hoy quieran dar un madruguete a toda la ciudadanía con este tipo de iniciativas, que no se escucha a todas las voces y que sí se pretende tocar únicamente algunas voces”, sostuvo la diputada en el pleno. A la par, grupos pro vida se plantaron a las afueras del recinto legislativo pidiendo ingresar a la sesión, sin embargo no fueron recibidos.
Grupos feministas de Quintana Roo, a través de sus redes, festejaron la despenalización del aborto. “¡ALERTAAAAAA! Nos complace anunciar que ¡YA ES LEEEY! Ahora las mujeres y personas gestantes podemos decidir sobre nuestros cuerpos” (sic), se pudo leer en la cuenta de Facebook del colectivo Siempre Unidas.
La pasada legislatura local no aprobó una iniciativa similar, incluso, para ejercer presión, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el Congreso fue tomado por diversos grupos feministas.
cámaRa de diputadoS
El diputado federal y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que es reprobable e inaceptable que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continúe con su campaña de odio para desacreditar y desprestigiar a adversarios políticos o a quienes piensan de manera distinta.
Lo anterior, luego de que la mandataria estatal filtrara una serie de conversaciones por WhatsApp en las que el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, supuestamente ayuda al líder priista, mientras era investigado en 2020.
En ese sentido, en declaraciones a representantes de medios de comunicación, reiteró su respaldo al senador; “merece mi afecto, mi aprecio, mi apoyo y mi consideración siempre”.
Moreno Cárdenas demandó a las autoridades atender las denuncias penales que se han presentado por espionaje, edición, campañas de odio, que se hacen con la mala intención de dañar a las personas, pues son acciones que violentan la ley y no se deben normalizar.
“La autoridad tiene que atender las denuncias penales por espionaje, edición, campañas de odio que no se pueden permitir. Eso es un show mediático, es un circo y muchas veces pareciera que en el país se puede permitir y tolerar y eso no puede suceder en un régimen democrático donde hay instituciones sólidas y necesitamos mandar un mensaje claro”, indicó.
Denunció que existe una persecución política en su contra clara, abierta, campaña de odio, de difamación y de tergiversación de la información para desprestigiarlo y hoy ha sido contra el senador Ricardo Monreal.
“Lástima que se hagan este tipo de acciones que muchas veces todos debemos reprobar porque le puede pasar a cualquiera. Hoy con tanta tecnología se pueden armar los chats y todo lo que ocurre, aparte inverosímil. Esperemos que se ponga un alto en el camino por parte de las autoridades”, señaló.
El diputado priista indicó que hay temas importantes que atender como la seguridad, la salud y el presupuesto, por lo que él seguirá trabajando firme y por el bien del país.
Consultado sobre la construcción de la reforma política-electoral, el también presidente de la Comisión de Gobernación y Población comentó que se pretenden conformar grupos de trabajo para revisar todas las iniciativas que hay en la materia.
“Las grandes reformas del país electorales para dar certeza al proceso político democrático y fortaleza al sistema de partidos han transitado en consenso”, expresó.
Reiteró que el PRI no acompañará ninguna propuesta que dañe la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Demandan senadoras homologar tipo penal del feminicidio en todos los estados del país
Senado de la República
En la presentación del libro Maldita entre todas las mujeres, de Saskia Niño de Rivera, las senadoras Gabriela López Gómez y Olga Sánchez Cordero insistieron en que para abatir la impunidad de los feminicidios es necesario homologar el tipo penal en todas las entidades de la República.
Al encuentro también asistió el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, quien destacó que la obra revela una serie de realidades que todos los días viven familias enteras, “porque cuando una mujer es víctima del el sufrimiento se traslada a la familia, a los hijos, a los padres” y a la sociedad en su conjunto. Dijo que se presentan testimonios de miles de mujeres que son violentadas, producto de un sistema patriarcal, que a lo largo de la historia consideró a la mujer como objeto de posesión, fetiche o de mercado. Enfatizó, se requiere que instituciones, mujeres y hombres, toda la sociedad, modifique esta concepción cultural, económica y mercantil, para frenar este flagelo.
La presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, Gabriela López Gómez, comentó que voces como las de Saskia generan líneas de acción y le da enfoque al trabajo legislativo para combatir este problema. “Porque no basta saber que una mujer o una niña es asesinada por sus propios familiares, cada once minutos en el mundo”, y que sea 70 veces más probable que una mujer sea victimizada semanas posteriores al abandonar a su pareja.
La legisladora de Morena advirtió que el nivel de impunidad es inadmisible, porque solamente en 16 países del mundo está tipificado el delito de feminicidio, y en esas naciones es donde más casos se registran.
Gabriela López subrayó que “el libro es desgarrador, es un tsunami de realidades que vivimos en el México de hoy, nos hará dudar de lo que somos, de lo que hacemos y de nuestras motivaciones; al leerlo nuestras vidas cambiarán para siempre, porque visibiliza a un sistema patriarcal arraigado por todos lados y, si no tomamos acciones, nada cambiará”.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que desde el Senado se ha insistido en la homologación del tipo penal del feminicidio, pues hay 33 maneras de juzgar -en el ámbito federal y en las 32 entidades de la República-, por lo que presentó, junto con la senadora Gabriela López Gómez, una iniciativa para incluir un tipo homologado de feminicidio, sin modificar el artículo 73 constitucional.
Para ello, presentaron un proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual está armonizada en todos los estados, para hacer más expedito el proceso, porque no hay mayor violencia que la que se comete al matar a una mujer por el simple hecho de ser mujeres, manifestó la legisladora de Morena.
La senadora Cecilia Sánchez García, también de Morena y presidenta de la Comisión Jurisdiccional, agregó que la obra hace una búsqueda sobre el origen de los feminicidios, incluye historias de víctimas y feminicidas, a fin de entender las razones por las que se cometen este tipo de ilícitos.
La autora Saskia Niño de Rivera reconoció que muchos de los feminicidios se dan en México, porque “el machismo que hay en el país es real, la cultura machista es real y extrema, el patriarcado es violento y eso es lo que está matando a las mujeres en este país”.
Al hablar sobre el feminicidio de su hija, Maricruz Velazco Nájera manifestó que esta obra realmente visibiliza y expone lo que sufren y padecen, tanto las víctimas como los familiares, y nos motiva a unir esfuerzos y luchar junto a otras madres.
