APro / neldy sAn MArtín

/ neldy san Martín

Juan Zepeda, puntero dentro de Movimiento Ciudadano para ser candidato a la gubernatura del Estado de México, “ruega a Dios” que la alianza Va por México se mantenga en la entidad para así enfrentar a dos fórmulas ya conocidas que se encuentran “desgastadas” y han provocado decepción: el PRI, que ha gobernado el estado 90 años, y Morena, que el año pasado perdió la mayoría en el Congreso local. Apuesta a que en ese escenario –“el mejor” para MC– los votos mexiquenses se dividan en tercios; con una diferencia: “esos partidos hoy están enfrascados en luchas internas, soterradas, palaciegas…”

Ciudad de México (Proceso).-- En 2017 Andrés Manuel López Obrador le pidió a Juan Zepeda Hernández declinar sus aspiraciones a la gubernatura del Estado de México en favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

Zepeda, quien era el candidato del PRD, rechazó la propuesta. López Obrador, entonces dirigente de Morena, lo acusó de ser palero del PRI. Uno a otro se culparon de dividir a la izquierda.

El resultado es conocido: el priista Alfredo del Mazo Maza, del Grupo Atlacomulco, fue electo gobernador de la entidad con 2 millones 40 mil 709 votos frente a un millón 871 mil 542 sufragios de Delfina Gómez, en segundo lugar, y un millón 84 mil 571 de Zepeda, en tercer lugar.

A cinco años, el senador Juan Zepeda, quien aspira a contender en 2023 por la gubernatura del Estado de México, ahora como candidato de Movimiento Ciudadano (MC), niega haber negociado algo con el PRI y dice que no se arrepiente de haber rechazado el ultimátum de López Obrador, porque “hay que tener dignidad” y quien pretenda gobernar el Estado de México no puede dejarse gritar, humillar y maltratar.

“Él quería que me fuera a arrodillar, pues jamás lo voy a hacer”, dice en entrevista en su oficina en el Senado de la República. “Mi participación en el 17 fue legitima, fue limpia, fue de frente a la nación y de frente a los mexiquenses. En ese momento no me alcanzó”, agrega.

Ahora, rumbo a 2023, Zepeda, quien en 2019 se sumó a MC, se podría volver a enfrentar a Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública federal, que es favorita para volver a competir por Morena

Edomex, “un escenario puesto para la derrota del PRI”: Juan Zepeda

en el Estado de México, según la más reciente encuesta interna de ese partido.

Aunque reitera que la candidatura de MC no está definida todavía, y que esperará a los tiempos legales para levantar la mano, Zepeda también es el preferido de su instituto político.

En entrevista, Zepeda, dirigente de MC en el Estado de México, dice que le pide a Dios que la alianza Va Por México –PAN, PRI y PRD– se mantenga en el Estado de México y que vaya con una candidatura en conjunto, porque así Movimiento Ciudadano se enfrentaría a dos fórmulas ya conocidas en la entidad: el PRI, que ha gobernado más de 90 años; y Morena, que en 2018 ganó 57 de 125 municipios mexiquenses y perdió 27 en 2021, y vio disminuida su fuerza en el Congreso local, tras tener la mayoría.

“Yo creo mucho en Dios, me lo inculcaron mis padres, y no sabes cómo le ruego a Dios que mantengan sus alianzas y que saquen a quien saquen de candidato, porque si ellos se mantienen como han venido jugando o como han jugado en el 21, para mí, es el mejor escenario”, comenta.

Mientras los otros se destrozan…

Luego de haber sufrido tres derrotas electorales al hilo: en 2017 la gubernatura del Estado de México con el PRD; en 2018 por la senaduría en alianza PRD, PAN y MC –al Senado entró por primera minoría–, y en 2021 la alcaldía del municipio de Nezahualcóyotl, que gobernó de 2013 a 2015, Zepeda cree que esta vez sí tendría posibilidades de ganar, pues mientras los otros aspirantes se enfrentan por la precandidatura, en MC, asegura, van a ir en unidad.

“MC tiene altas posibilidades de ganar la gubernatura porque estamos enfocados. Soy el dirigente de MC en el Estado de México. No estamos buscando una candidatura, estamos buscando ganar la elección. Esa es la gran diferencia entre los otros partidos y los otros candidatos que hoy están enfrascados en luchas internas, soterradas, palaciegas, y con un despliegue enorme de recursos en todo el estado”, añade.

Hasta el momento sólo Zepeda y la diputada federal Ruth Salinas Reyes han manifestado su intención de ser los abanderados de MC rumbo a 2023. Mientras que en Morena son seis nombres los que aparecerán en la encuesta para definir la candidatura: los funcionarios federales Delfina Gómez y Horacio Duarte, el senador Higinio Martínez, el presidente municipal con licencia de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis; la secretaria nacional de organización del partido, Xóchitl Zagal; y la militante Hilda Ramírez.

En tanto la Coalición Va por México en el Estado de México trastabilla. El dirigente del PAN, Marko Cortés, impulsa la candidatura del diputado local Enrique Vargas, quien recientemente se encontró con el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid. La candidata de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, es Ana Lilia Herrera, diputada federal por ese partido; y Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social del estado, es la ficha de Alfredo del Mazo para sucederlo.

Según el análisis de Zepeda, el escenario está puesto para que el PRI pierda el bastión del Grupo Atlacomulco, que no ha conocido la alternancia en el Ejecutivo local. Considera que hay un clamor ciudadano que exige un cambio ante los nulos resultados de los gobiernos priistas en materia de seguridad, así como por los feminicidios, el abandono en la infraestructura, el desempleo y los precarios servicios de salud.

Sin embargo, reconoce que no será sencillo sacar al PRI, pues va a operar para no perder la entidad, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024.

“Evidentemente el PRI va a vender cara su derrota y son muy buenos para el uso y abuso de los recursos públicos. Entonces los disfrazan de un programa social; bueno, Morena no es distinto. Hoy estamos viendo que salieron todavía más hábiles para ejercer el recurso público condicionando los programas sociales, pero bueno, la génesis es el PRI”, dice.

Zepeda dice que para él era inconcebible una alianza entre PAN, PRI y PRD, a pesar de que en 2018 contendió a la senaduría en alianza con el PAN. Incluso, él que es un conocido fanático del rock, apoyó al candidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya, con quien grabó un video en Neza echándose un “palomazo”, en un intento de cambiar la percepción de que Anaya era “un pirrurris”, como acusó el entonces candidato López Obrador.

“Yo la puedo criticar (a la alianza Va por México), pero les funcionó en el 21. Recuperaron el Congreso y le ganaron a Morena toda una franja de municipios que este partido había ganado en 2018. La fórmula les funcionó, la están reeditando y ésta es la gran incógnita: ante estos dos grandes bloques en una elección que va a ser muy reñida, si esos recursos públicos, que evidentemente los van a utilizar, les son suficientes para comprar la voluntad del ciudadano”, señala.

Para Zepeda el partido que dirige Dante Delgado será un factor disruptivo en los comicios del 23, pues los gobiernos de Morena y el PRI no han demostrado ser distintos, y el partido de López Obrador “ha demostrado ser una gran decepción” para los ciudadanos del Estado de México.

“Al ciudadano mexiquense yo le preguntaría: digan un incentivo que tendrían para que gane la coalición del PRI, y díganme un incentivo para que gane la coalición de Morena, porque ambos ya han gobernado el Estado de México y no han dado resultados. Morena dirá, ‘pero nunca hemos ganado el Ejecutivo’… pues no, pero ya tuviste casi todos los municipios del Estado de México en 2018, y mayoría en el Congreso del Estado de México, y Morena fallaste, no cambiaste la realidad de tus gobernados, y ya tenías el gobierno de la República. Del PRI, pues su historia se cuenta sola”, dice Zepeda.

“Además son dos proyectos que ya están desgastados y que ante ese desgaste, ante esa falta de resultados, ahí viene Movimiento Ciudadano, que va a ser ese actor disruptivo, ese actor que necesariamente tenemos que ser la alternativa de los ciudadanos del Estado de México”, añadió.

TÍTULO DE COLUMNA Vitacilina

EDILBERTO ALDÁN

Si en alguna ocasión ha estado en desacuerdo con alguna decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador o se ha atrevido a demostrar desconcierto ante alguna de sus declaraciones, con seguridad, no ha faltado algún tetratransformista que le recomiende el uso de Vitacilina, ungüento contra quemaduras, raspaduras y heridas superficiales, una metáfora que muestra cómo se ha degradado la discusión pública sobre el gobierno en México, pues toda crítica, comentario o pregunta se reduce a que es la reacción de alguien que no sabe perder y por ello está ardido.

Las decisiones de un gobierno, el que sea, no deberían dividir a la población en dos únicos bandos: ganadores y perdedores; el ejercicio de una política pública únicamente se puede evaluar por el número de beneficiados o la forma en que mejoran las condiciones para todos; sin embargo, el discurso de la Cuarta Transformación ha establecido la idea de esta división con tal de justificar la continuidad de un proyecto que no tiene otro destino que cumplir con el deseo de López Obrador de pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México. Hemos sido incapaces de mantener la discusión pública sobre las decisiones gubernamentales en un nivel de diálogo que sirva para evaluar la capacidad de gobierno, cualquier intento por analizar estas acciones, invariablemente se torna en una discusión sobre la persona del presidente, no sobre los hechos, sino sobre López Obrador; antes que entender cualquier problemática, se prefiere la defensa irrestricta, desde la fe, de lo que se dicta desde Palacio Nacional; en ese ambiente viciado por la falta de argumentos, López Obrador aprovecha para no ser cuestionado sobre ningún asunto.

Lo más grave no es el festejo infantil con que los tetratransformistas reparten Vitacilina a los adversarios, es que la Oposición ha asumido una actitud reactiva, en vez de escuchar y atender las diversas problemáticas que siguen afectando al país y sus habitantes: pobreza, inseguridad, violencia, impunidad y desigualdad, han decidido que la tarea primordial es oponerse a cualquier cosa que diga López Obrador.

Cuando López Obrador se postuló por la presidencia, quienes se oponían a esta opción se inventaron que era un peligro para México, inundaron el país con posibles escenarios apocalípticos que ni siquiera el peor de los gobiernos prii stas había conseguido, intentaron por todos los medios sembrar un miedo irracional ante la posibilidad de perder el poder, y así nos fue, le entregaron a la Cuarta Transformación un salvoconducto permanente para no rendir cuentas, porque, al final, no se cumplió el desastre augurado.

Ante la devastación prometida por los adversarios de la Cuarta Transformación, cualquier error o dislate de la administración lopezobradorista es considerada un mal menor, porque un día estaremos en el paraíso prometido por el presidente, y esa promesa no puede ser evaluada por los agoreros del desastre, que ya demostraron su equivocación.

El presidente podrá seguir poniendo cumbias de Chico Che o mostrar su falta total de empatía con las víctimas mientras tenga la fe ciega de quienes le compraron que el país se divide en ricos y pobres; López Obrador se mantendrá sin rendir cuentas todo el tiempo que la Oposición lo permita, mientras sigan aferrados a un modelo de gobierno que basa su éxito en la persona antes que en los programas, mientras lo que se evalúe siga siendo la aprobación popular y no la efectividad de las políticas públicas.

López Obrador no es un peligro para México, la ausencia de una conversación pública sí lo es, mientras no se admita la diversidad de ideas y la necesidad de un proyecto de nación que tome en cuenta a todos, seguiremos en la arenga antes que en el diálogo.

Coda. En un almacén imaginario he guardado todos los ungüentos que me han enviado cada vez que me atrevo a cuestionar alguna decisión presidencial, alguien los necesitará cuando se den cuenta que la Cuarta Transformación no es más que un proyecto personal que no va a funcionar cuando la administración de López Obrador llegue a su fin.

/ PeDro Zamora

Mediante un proceso judicial plagado de irregularidades, tres indígenas nahuas pasaron dos años en la cárcel acusados de secuestro y terrorismo. Su caso provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga al arraigo y a la prisión preventiva oficiosa bajo escrutinio. A sus jueces les cuesta trabajo entender cómo ambos recursos no violan los derechos humanos. Este martes 26 se vence el plazo que la Corte otorgó para alegatos y observaciones finales. Luego iniciará la etapa de resolución, la cual puede culminar en una condena: que México elimine dichas figuras jurídicas de su legislación.

Ciudad de México (Proceso).-- Desde su incorporación a las leyes mexicanas, hace casi cuatro décadas, la figura del arraigo ha permanecido vigente en el país a pesar de las frecuentes recomendaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales, que la han calificado como violatoria de los derechos humanos.

Sin embargo, por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) tiene bajo su escrutinio esta figura, dentro de un procedimiento contencioso instaurado contra el Estado mexicano, que podría recibir una sentencia condenatoria que lo obligaría a derogar el arraigo de la legislación nacional.

Este procedimiento de la Coidh contra el arraigo y la prisión preventiva oficiosa –también considerada violatoria de derechos humanos– responde al caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (fallecido), indígenas nahuas de Zongolica, Veracruz, a quienes en enero de 2006, tras la descompostura de su vehículo en una carretera de esa entidad, la Policía Federal de Caminos (PFC) los detuvo de manera “ilegal y arbitraria”.

Enseguida, fueron sometidos a un arraigo de 90 días y después estuvieron presos dos años y medio bajo la acusación de secuestro y terrorismo, para finalmente ser absueltos y obtener su libertad al ganar un juicio de amparo en octubre de 2008.

Después de más de un año de actuaciones, la Coidh estableció el próximo martes 26 de julio como plazo límite para que las partes entreguen sus alegatos y observaciones finales, antes de que el organismo pase a la etapa de resolución.

Detención ilegal y arbitraria

Según el testimonio de Jorge Marcial Tzompaxtle, desde su detención las corporaciones policiales trataron de vincularlos a organizaciones guerrilleras, al encontrarles en la cajuela un cuaderno con “escritos supuestamente prohibidos, algo que tiene que ver con grupos armados”, que pertenecía a uno de dos muchachos a quienes habían dado un aventón y que se retiraron del lugar al llegar los elementos de la PFC.

Posteriormente, cuando se encontraban arraigados, la policía realizó cateos en sus domicilios y aseguró material de lectura “sobre sus posturas ideológicas y políticas”, entre ellos dos libros titulados Los fundamentos del leninismo y Diez años de guerrilla en México, así como un ejemplar de la revista Proceso y una imagen del Che Guevara, refirió Carlos Zazueta, uno de los representantes de las víctimas, en la audiencia final celebrada ante la Coidh el pasado 23 de junio.

En esa misma audiencia, Jorge Marcial Tzompaxtle narró algunas de sus vivencias cuando estuvo arraigado: “Vimos muchas cosas, uno está indefenso porque te pueden sacar a cualquier hora, te pueden interrogar; a muchas personas que sacaban regresaban torturadas, golpeadas, no se podían ni acostar en la cama, mucha gente tenía que tomar pastillas

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en el banquillo

Corte Interamericana de Derechos Humanos

para poder dormir porque estaban en una situación de zozobra, y en ese tiempo fue cuando la Procuraduría General de la República armó todo el proceso”.

Sobre las repercusiones de esa experiencia para él y su familia, señaló: “Cambiaron muchas cosas, nuestra vida normal se transformó para siempre; ya vivimos con otra situación, con temor; el desprestigio de la familia de nosotros; volvimos a empezar, a rehacer nuestra vida; algunos de nuestra familia se alejaron y esa situación nos ha afectado mucho”.

Con el respaldo y asesoría de la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad, AC, que preside el obispo emérito Raúl Vera López, con un equipo jurídico encabezado por el abogado Ernesto Rodríguez Cabrera, las víctimas buscaron justicia en las instancias nacionales y, al no encontrarla, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que después de una serie de diligencias emitió un informe de fondo en el que les dio la razón.

En el documento, la CIDH determinó que las víctimas fueron detenidas sin orden judicial y sin que se percibiera una situación de flagrancia, además de que no se les informó sobre las razones de su detención ni se les presentó sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la figura del arraigo a este caso, la CIDH indicó que fue una medida de carácter punitivo y no cautelar, que resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Recomendó la reparación integral del daño a las víctimas o sus familiares, eliminar definitivamente la figura del arraigo de su ordenamiento jurídico interno, así como llevar a cabo los procedimientos que correspondan, a fin de investigar los hechos, con el objeto de esclarecer las irregularidades e imponer las sanciones que correspondan.

la renuencia De la 4t

Julián Cruzalta Aguirre, asesor de la Red Solidaria, señala en entrevista que, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cedido al reconocer en este caso las violaciones concretas a los derechos humanos de las víctimas y ha ofrecido realizar la reparación integral del daño, se ha negado a ir al fondo del asunto y tocar las figuras del arraigo y prisión preventiva oficiosa.

Explica: “Cede en aceptar que hubo violación a los derechos humanos de los compañeros, pero el problema es que esas figuras están afectando a mucha gente más, y en eso se mantiene el gobierno mexicano; habla de soberanía y no quiere acceder al fondo”.

Cruzalta considera que el presidente “no es alguien a quien le preocupen los derechos humanos; su gobierno ha golpeado a las luchas sociales y desarticulado los movimientos; no es de izquierda y en ese sentido no había esperanza de que hubiera cambios de fondo”.

Refiere que al actual gobierno se le olvidó la reforma constitucional de 2011 en la que el eje iban a ser los derechos humanos. “Si no se le olvidara ya hubiera derogado el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, pero en lugar de eso aumentó el catálogo de delitos graves que son susceptibles de esta última figura”.

El informe de fondo de la CIDH fue entregado al gobierno mexicano en febrero de 2019, pero ante la negativa de éste de eliminar la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la Comisión presentó, junto con las víctimas, el caso ante la Coidh en junio de 2021.

El asesor de la Red Solidaria, quien estuvo en la audiencia final del caso celebrada el mes anterior en San José, Costa Rica, donde tiene su sede la Corte Interamericana, recuerda que ante los jueces la representación del Estado mexicano mantuvo la postura de reconocer únicamente las violaciones concretas a los derechos humanos de las víctimas y accedió a la reparación integral del daño, pero se negó a la derogación de las figuras cuestionadas.

Con la discusión centrada en el arraigo, los representantes del Estado argumentaron ante la Corte que esta figura ha evolucionado en México y aunque lleva el mismo nombre ya no es la misma que se creó en 1983, ni la que se aplicó en 2006 a las víctimas, pues ahora “ya no es usada como providencia precautoria, sino como técnica de investigación y medida cautelar” exclusivamente para delitos relacionados con el crimen organizado.

Durante la audiencia final del caso en la Coidh, el perito designado por el Estado mexicano, Esteban Gilberto Arcos Cortés, describió de la siguiente manera el Centro Federal de Arraigos: “Las personas tienen plena libertad de poder salir y fumar un cigarro, están en una habitación que cuenta con una cama, les pueden llevar una televisión, un DVD, pueden tener visita de sus familias, de sus hijos, hay un centro de ludoteca por si son menores de edad, cuenta con centros de recreación, canchas de basquetbol, de futbol y al mismo tiempo tienen derecho todos los días a una llamada de nueve minutos, a quien gusten, y pueden recibir visita de su defensa”.

A su vez, el perito designado por la CIDH, Luis Raúl González Pérez (expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) dictaminó que “el arraigo previsto en la legislación mexicana hace casi 40 años desde su origen es inconvencional al no cumplir con los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: esta opinión es coincidente a la que unánimemente los órganos internacionales y los ombudsperson de mi país han dirigido a las autoridades del Estado mexicano”.

González Pérez indicó que el arraigo “atenta contra el núcleo básico de los derechos civiles de las personas, a la libertad personal que además es irreversible, libertad de tránsito, seguridad jurídica, el debido proceso, en este principio de contradicción de la audiencia previa, su imagen, honor y altos riesgos a la afectación de su integridad”.

Magdalena López Paulino, secretaria de la Red Solidaria, quien ha acompañado el caso desde que empezó en 2006, señala que “el arraigo siempre va a ser el arraigo y sabemos que propicia tanta presión psicológica que mucha gente llega a firmar las declaraciones que les pongan enfrente, además de que puede propiciar desaparición forzada y tortura”.

Sostiene: “No es verdad que puedan salir y fumarse un cigarrito, porque casi casi lo estaban presentando como un hotel de cinco estrellas, que todo mundo quiere estar ahí arraigado; el arraigo es completamente violatorio de los derechos humanos”.

López Paulino comenta que, si bien el Estado afirma que el arraigo debe servir para combatir el crimen organizado, también es cierto que se arraiga a activistas sociales; es un arma que tiene el Estado para castigar a quien se oponga a sus políticas públicas, por eso el arraigo debe ser eliminado”.