aPro / Gabriela Hernández

Peña Nieto, SME y Mota-Engil. Un “pacto ilegal y corrupto”, vigente con López Obrador

/ GabrIeLa Hernández

En el sexenio anterior se concretó lo que extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro califican de “pacto ilegal y corrupto” entre Enrique Peña Nieto y la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas –encabezada por Martín Esparza–, mediante el cual se canjeó dinero de los trabajadores por 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica que fueron entregadas a Generadora Fénix, empresa formada por el SME y la trasnacional portuguesa Mota-Engil. Y esa maniobra peñanietista sigue vigente en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Puebla, Pue.- Con todo y su discurso nacionalista en el sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convalidado la participación de la empresa portuguesa Mota-Engil, que llegó a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de la mano del líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza.

Nada se ha opuesto a la ratificación presidencial. Ni las protestas de trabajadores del SME ni la cercanía de Peña Nieto con el dueño de la filial mexicana de Mota-Engil, José Miguel Bejos.

Los extrabajadores, inconformes por lo que consideran un “pacto ilegal y corrupto” entre Peña Nieto y la cúpula sindical, presentarán una petición con más de 15 mil firmas para que el gobierno federal revierta la entrega de 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica que hizo el gobierno anterior a favor de Generadora Fénix (GF), formada por MotaEngil México y el SME.

El pasado 5 de agosto López Obrador dijo que respetará los acuerdos firmados entre el gobierno federal y el SME, que establecen la explotación de esa infraestructura durante 30 años, y que fueron resultado de la reforma energética de Peña Nieto en 2013.

Como parte de las negociaciones para finiquitar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el SME firmó el 10 de julio de 2015 un memorándum de entendimiento con el gobierno federal en el que se desistió “por sí y en representación de sus agremiados” de juicios colectivos e individuales que incluían el reclamo de pasivos pertenecientes a los 44 mil electricistas.

La beneficiada de este acuerdo, que se hizo a espaldas de la base sindical, señala el extrabajador de LFC Mario Benítez, fue Mota-Engil de México, que preside Bejos, amigo de Peña Nieto. La empresa “apareció” en las negociaciones de la mano del SME y sin licitación ni tener que pagar contraprestación alguna, le “regalaron” la participación mayoritaria para explotar 30 años 16 plantas generadoras que eran de Luz y Fuerza del Centro, incluido el sistema Necaxa y la termoeléctrica Jorge Luque.

Este acuerdo representó también un “negocio” para la dirigencia sindical encabezada por Esparza, pues además de millonarias liquidaciones para ellos, sus familiares y allegados fueron incluidos sin estar en la nómina de la empresa. Así, de ser representantes sindicales, se convirtieron en empresarios, pues el dirigente del SME es vocal en el Consejo de Administración de GF.

Además, en diciembre de 2016 la hija de Esparza, Gabriela Esparza Sánchez –quien en ese entonces tenía 23 años– solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) una concesión para el servicio de televisión restringida en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Entre 2019 y 2020 esta licencia se amplió a cobertura nacional e incluyó internet y transmisión bidireccional de datos.

El movimiento disidente del SME, del que forma parte Benítez, inició la recolección de firmas para pedir al presidente que, dentro de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en febrero de 2021, se revisen los permisos que se otorgaron a GF con el argumento de que servirían para la reinserción laboral.

El escrito, firmado hasta ahora por unos 15 mil extrabajadores, sostiene que la entrega de las plantas a la empresa, en la que Mota-Engil de México tiene 51% de las acciones y el SME y Cooperativa LyF del Centro, 49%, no representó una indemnización en beneficio de todos los trabajadores.

De 44 mil que son, detalla, sólo 500 trabajan para esa empresa, incluidos 26 miembros del comité sindical que, sin trabajar, reciben salarios diarios de hasta 2 mil 500 pesos. En tanto que sólo14 mil de los extrabajadores reciben dividendos por parte de GF, aunque califican ese reparto de indignante: apenas llega a 12 pesos diarios (entre 4 mil 500 y 5 mil anuales).

“Y para todos los demás, 30 mil extrabajadores aproximadamente, nada. Ni un solo peso”, señala el escrito que entregarán el 11 de octubre próximo, cuando se cumplen 13 años de la extinción de LFC.

Este semanario tuvo acceso a una copia de la nómina de GF de 2019-2020, en la cual se ubica a 29 integrantes de comité sindical con salarios que van desde mil 209 a 2 mil 172 pesos diarios, aunque los trabajadores aseguran que estos sueldos se incrementaron este año.

La resIstencIa

En un acto realizado el 30 de agosto en el Monumento a la Revolución para celebrar el decreto presidencial que otorga una compensación vitalicia a 8 mil 892 extrabajadores de LFC, el exdirigente del SME Rosendo Flores Flores dijo que la lucha seguirá ahora por la reinserción laboral y por recuperar al sindicato.

Acompañado por Jorge Tapia, Manuel Fernández y Pedro Castillo, otros exdirigentes que coordinan el Frente Amplio de Unidad SME que ha tenido acercamientos con el gobierno de López Obrador, Flores agregó: “Vamos a seguir insistiendo en el regreso de las plantas, propiedad del pueblo, de la nación. Quitémosle de la mano a los portugueses lo que es del pueblo de México y que les arroja dividendos sólo a unos cuántos”.

El 12 de septiembre Martín Esparza encabezó una marcha de sindicalizados al Zócalo. En su discurso acusó que el movimiento en su contra está formado por “esquiroles” que abandonaron la resistencia y promovieron que los trabajadores aceptaran la liquidación en 2009, sin importarles la amenaza de disolución del sindicato.

“El objetivo era disolver de manera forzada al SME, que siempre se opuso a la privatización de la industria eléctrica… hoy vemos que las mismas empresas contratistas que metió el espurio de Calderón, Georgina Kessel, Alfredo Elías Ayub, son las mismas empresas que continuaron con Peña Nieto, pero para nosotros es muy lamentable que continúan las mismas empresas contratistas con Manuel Bartlett Díaz”, reclamó Esparza en ese acto.

Sin embargo, Rosendo Flores sostiene que el principal objetivo del dirigente con estas movilizaciones es que se cumpla uno de los acuerdos del Memorándum de Entendimiento que firmó en 2015, el cual incluye un contrato para que el gobierno federal se obligue a comprar a GF mil 700 MW anuales de energía por un período de 30 años.

Esto aseguraría la producción de la Central de Ciclo Combinado Jorge Luque, en el Estado de México, que tiene una capacidad para generar más de mil 600 MW; también el SME busca que se destrabe el permiso de operación para Suministro Básico del Centro, una empresa creada por el sindicato para vender de electricidad a usuarios domésticos de la zona centro del país.

Otro de los proyectos detenidos es la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juandhó, para la cual el sindicato se asoció con Grupo Financiero AKAAN, para dotar de energía al municipio de Tetepango, en Hidalgo, donde se encuentra el rancho Los Encinos, propiedad del dirigente sindical.

/ OctavIO martínez

“Los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 22 de junio de 2021, cuando la activista Fabiola Cortés denunció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, enfrenta una denuncia por delitos contra la libertad de expresión, hechos ligados a una trama que involucra a un familiar del mandatario estatal en el despojo de un terreno en Akumal. Pese a ello, y a los resultados negativos del gobernador, el mandatario le abre las puertas a Joaquín para representar a México en Canadá.

El gobernador saliente Carlos Joaquín González se prepara para dejar su cargo con la aceptación, de buena gana, de la embajada en Canadá que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cuyos designios y planes en esta entidad no tuvo oposición alguna.

Tras encabezar el gobierno que asumió al ganar la elección con la alianza PAN-PRD, y ya fuera de su militancia en este último partido, Carlos Joaquín y su sucesora, Mara Lezama Espinosa, realizan una transición a modo, pese a que la morenista heredará un grave deterioro ambiental, entre otros problemas.

El mandatario estatal, proveniente de una de las familias más poderosas del estado, concluirá el cargo el sábado 24, dejando al territorio con los más altos índices de violencia reflejados en los más de 3 mil 315 homicidios dolosos que se han registrado durante los seis años, con el ejercicio de un presupuesto de 11 mil 898 millones de pesos para combatir la delincuencia, la cual no disminuyó.

A la par de esta situación, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) da a conocer que el índice de competitividad y percepción del sistema de derecho, relacionado al tema de seguridad en Quintana Roo, muestra a la entidad en la conclusión del sexenio joaquinista por debajo de la media nacional, con una tendencia a la acentuación de diversas problemáticas.

Este mismo informe evidencia al estado en el último lugar a nivel nacional en el manejo sostenible del medio ambiente al término de la administración estatal. El territorio es uno de los que cuenta con mayores recursos naturales en México por sus grandes extensiones de selva virgen y reservas de agua dulce. No obstante, las devastaciones son constantes por el incesante desarrollo hotelero e inmobiliario.

Recientemente los impactos han sido ampliamente señalados por ambientalistas por las obras del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, proyectos federales a los que Carlos Joaquín González no mostró resistencia.

Carlos Joaquín salta de “cacique” de Quintana Roo a embajador de la 4T

IncertIdumbre

Lo que le depara a Quintana Roo es aún más incierto, opina Fabiola Cortés Miranda, periodista independiente y presidenta de la asociación civil Somos Tus Ojos, debido a que la transición gubernamental con el equipo de la próxima gobernadora emanada de Morena, Mara Lezama Espinosa, no ha dado muestras públicas de una auditoria confiable sobre la actuación de Carlos Joaquín durante su sexenio. Ambos comparten afinidad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Deja una deuda importante con proveedores, al igual que ocurrió con Roberto Borge con los fideicomisos que arrastraban deudas importantes; Carlos Joaquín es quien concentra el Fideicomiso de Promoción Turística de Quintana Roo; es falso que no haya contratado deuda”, explica.

De acuerdo con el informe de deuda pública emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, al comienzo del actual sexenio el pasivo ascendía a 19 mil 169 millones 775 mil 571 pesos; al término de la gestión gubernamental ascendió a 19 mil 690 millones 210 mil 647 pesos; se elevó 520 millones 435 mil pesos.

CONVICCIONES AMLO tuvo miedo y se rajó

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

Hoy día todo se sabe y con el tiempo nos vamos a enterar que fue lo que el gobierno de Estados Unidos le dijo al presidente López Obrador, para que se rajara del anuncio que había prometido dar en el grito del 16 de septiembre.

En la mañanera del lunes 12, ratificado en la del martes 13 de septiembre, el presidente dijo de manera clara, para que no hubiera dudas, que ya no hablaría sobre las demandas de Estados Unidos a propósito de la violación del T-MEC, por parte de México.

Después de ocho semanas de estar alimentando la confrontación con el gobierno del presidente Biden, en el marco de un ramplón nacionalismo tercermundista, reculó.

Un amigo, con un alto cargo en el actual gobierno, me había dicho que estaba seguro que el 16 de septiembre el presidente anunciaría, que México se iba al panel de controversia sin importar el costo de perder, lo que era seguro.

El gobierno de Estados Unidos y el de Canadá no han cambiado su postura inicial de recurrir al mecanismo de solución de controversias estipulado en el T-MEC, por violaciones a éste en materia eléctrica.

López Obrador tuvo miedo y se rajó. Lo celebro. Los costos de haber seguido en su idea eran dramáticos, para la economía del país, las finanzas públicas y un sin número de problemas asociados.

Las razones que planteó el presidente, para abandonar su tonta posición son ridículas. Argumenta de manera falsa que quien cambió fue el presidente Biden, como bien lo analiza Jorge G Castañeda en “El Peje le sacó” (Nexos, 12.09.22).

Es muy evidente que el presidente reculó y se tuvo que tragar todo lo que antes había dicho. De un discurso incendiario en el que descalificó, incluso al secretario del Departamento de Estado, pasó a uno de alabanzas para Biden y su gobierno como bien lo hace ver Raymundo Riva Palacio en su artículo “¿Y el “uy que miedo”, presidente” (Eje Central, 13.09.22)

López Obrador cambió de manera radical su postura y ahora sostiene, autodescalificándose, que: “No podemos pelearnos, tenemos que buscar que sean buenas relaciones y es una responsabilidad de los gobiernos” y añadió “¿Por qué nos vamos a pelear nosotros, los gobiernos, si se afecta a nuestros pueblos?”. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Él se dio cuenta de su error y reculó? ¿Alguien le hizo ver que seguir en la línea de la confrontación era una estupidez?

Todo indica que el gobierno de Estados Unidos, con gran discreción, lo obligó a dar marcha atrás. El presidente no admite que no se haga lo que quiere. ¿Buscará venganza? Con el tiempo vamos a saber las razones de haberse rajado, que es lo mejor que pudo haber hecho. @RubenAguilar

Solicitan a SICT información sobre estado del Sistema de Transporte Público Federal Se deben proteger a menores que acompañan a sus madres en centros de reclusión

Gobierno propone transferir más recursos a la entidades en 2023

Senado de la República

Con el objetivo de impulsar acciones que permitan disminuir los accidentes automovilísticos, el senador Marco Antonio Gama Basarte solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganis Díaz Leal, un informe detallado y pormenorizado de la situación en que opera el Sistema de Transporte Público Federal.

A través de un punto de acuerdo, el legislador de Movimiento Ciudadano también pidió que se informe cual es la situación laboral y el régimen de seguridad social con el que cuentan los choferes de este sector.

En el documento, turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Gama Basarte cuestiona si en las casetas de peaje existe un servicio médico de prevención para revisar y apoyar a los choferes, a fin de verificar que su estado físico y de salud en sus traslados sea el adecuado durante sus jornadas laborales.

Indicó que, durante el 2021, se presentaron 15 mil 20 accidentes automovilísticos en carreteras y autopistas, los cuales dejaron un saldo de tres mil 298 personas fallecidas y ocho mil 217 lesionados. Los daños materiales derivados de estos incidentes, puntualizó, ascienden a casi mil 637 millones de pesos.

Las principales causas de estos percances varían de acuerdo con el vehículo, detalló, así como el estado de las carreteras, Marco Antonio Gama Basarte

las condiciones climatológicas, el exceso de velocidad, las distracciones que ocasiona el uso del celular, no respetar o ignorar los señalamientos, conducir bajo el influjo del alcohol o alguna otra sustancia, el cansancio o fatiga, entre muchas otras.

Aunado a lo anterior, el senador subrayó que se debe tomar en cuenta que la pandemia por Covid-19 dejó secuelas como estrés, depresión y ansiedad, lo que trae como consecuencia falta de concentración.

“Es hora de poner atención en el incremento de accidentes en las carreteras y autopistas”, enfatizó.

En ese sentido, Gama Basarte subrayó que, debido a la gran cantidad de accidentes automovilísticos, es necesario tomar mayores medidas de prevención con la finalidad de cuidar de la integridad física de conductores y pasajeros, de ahí la importancia de recibir un informe sobre el Sistema de Transporte Público Federal.

Senado de la República

Es fundamental visibilizar y poner especial atención a las y los hijos que acompañan a sus madres en reclusión dentro de los centros penitenciarios del país, debido a las considerables afectaciones que sufren en sus entornos, aseguró la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La legisladora presentó una iniciativa que busca reconocer a las hijas e hijos de las internas, como un grupo vulnerable, al que es imprescindible que les sean respetados sus derechos humanos.

Este grupo de infantes -apuntó-, sufren las deficiencias del sistema penitenciario mexicano, ya que se encuentran bajo el control institucional de sus autoridades, “para quienes sus necesidades no están presentes o son invisibles”.

La propuesta enviada a las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y la de Estudios Legislativos, propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Víctimas, y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Con la iniciativa, destacó la senadora, se establece en la legislación que los menores que viven con sus madres en centros penitenciarios tienen que ser considerados como un sector infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad.

Por lo que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos.

Asimismo, plantea que se preverán las acciones, programas y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo pleno, en concordancia con el principio de protección integral, el derecho de igualdad sustantiva y la tutela de los derechos contenidos en la Constitución Política, y los tratados internacionales. Sylvana Beltrones Sánchez

Beltrones Sánchez subrayó que las autoridades penitenciarias están obligadas a instaurar los programas y mecanismos necesarios, así como a realizar las acciones que garanticen y protejan el pleno desarrollo físico, mental, emocional y social a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios.

Además, propuso que las diferentes autoridades tomen las medidas necesarias para establecer espacios exclusivos para los infantes y sus madres, a efecto de disponer celdas ubicadas en zonas separadas y autónomas.

Sylvana Beltrones agregó que se considerará como víctimas indirectas a los niños que viven con sus madres en reclusión, porque nacen y viven su primera infancia en centros penitenciarios, son inocentes y se encuentran en un estado de vulnerabilidad por efecto directo de la comisión de un delito.

La presencia de este sector de la población -puntualizó-, incrementa de manera progresiva, por lo que es necesario brindar la atención que niñas y niños requieren en las condiciones específicas en las que se encuentran, de conformidad con los estándares internacionales y con la normatividad aplicable.

Senado de la República

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF-2023) se propone un incremento real en las transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios del 9.9%, en comparación con el presupuesto aprobado para el año en curso, de acuerdo con análisis elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD)

La nota titulada “El Gasto Federalizado en el PPEF-2023”, elaborado por el investigador Vladimir Herrera González, detalla que las transferencias proyectadas para los gobiernos estatales y municipales ascienden a 2 billones 432,770.9 millones de pesos, los cuales constituyen 29.3% del gasto neto total que se proyecta para 2023.

Asimismo, explica que este aumento refleja a su vez los aumentos en términos reales en el Ramo 28 Participaciones Federales (14.0%), el Ramo 33 Aportaciones Federales (6.1%), el Ramo 25 Previsiones para los Sistemas de Educación (15.1%), los Convenios de Descentralización (4.9%), el Gasto en Salud Pública incluido en el Ramo 12 Salud (0.6%), así como el Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas (4.6%).

De acuerdo con el análisis, del IBD el principal factor del aumento del Gasto Federalizado para 2023 se debió al incremento de las Participaciones Federales como consecuencia del crecimiento en los ingresos tributarios (11.7%) y petroleros participables del Gobierno Federal (25.3%) que incrementaron la Recaudación Federal Participable en 15.3% en términos reales.

No obstante, el gasto federalizado propuesto puede presentar variaciones debido a los cambios realizados por las cámaras del Congreso de la Unión en el marco de la discusión y aprobación del Paquete Económico 2023 entregado el pasado 8 de septiembre por la SHCP.

El documento completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/ handle/123456789/5730