aPro / Gloria letiCia díaz

La CNDH ante la militarización de la Guardia Nacional: una “vergonzosa abdicación”

/ Gloria leticia díaz

Las reformas legales que otorgan a la Sedena el mando, operación y administración de la Guardia Nacional tendrán un impacto directo sobre los derechos humanos. A pesar de ello, la CNDH –presidida por Rosario Piedra Ibarra– abdicó de su facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad y se plegó sin rubor a la narrativa del presidente. Poco le importaron los valores y objetivos que dan razón de ser a este organismo, así como los instrumentos internacionales en la materia, las opiniones de sus pares en los estados y hasta las consideraciones de seis de sus nueve consejeros.

Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra, decidió plegarse al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), pasando por alto instrumentos internacionales de derechos humanos, consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros del organismo.

En 16 cuartillas, el martes 13, Piedra Ibarra abdicó de su facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que militarizan la GN, nacida en 2019 con un carácter civil.

“Es este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo o se está contra él”, arguyó el organismo en el documento que secunda la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión de que “la existencia de una crisis de inseguridad y violencia”, atribuida al crimen organizado, justificaba que la Sedena absorbiera a la GN.

El lunes 5, mientras se discutía en el Senado la iniciativa enviada por López Obrador aprobada en la Cámara de Diputados, la CNDH se abstuvo de respaldar un posicionamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que alertaba sobre “los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la Sedena”.

“Notoria iNcoNstitucioNalidad”

A excepción de la CNDH y las comisiones de derechos humanos de Chiapas, Coahuila y Guanajuato, 29 organismos públicos coincidieron con organismos internacionales sobre la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las reformas, que reducen “el margen de acción” de los ombudsperson en las entidades “para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía”, generándose “un vacío en la atención de las víctimas”.

Un día después, seis de los nueve consejeros de la CNDH firmaron un documento en el que recordaban que desde hace más de una década, organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado la militarización de la seguridad pública en México contraria a los estándares internacionales, por lo que las reformas aprobadas son “de notoria inconstitucionalidad e inconvencionalidad, al tiempo de representar una grave amenaza a la protección de los derechos humanos de la población”.

Aunado a ello, alertaban que “el Ejército y la Marina no han sido depurados de los elementos que han sido violadores de derechos humanos en el pasado”, sino que siguen activos en esas instituciones, y “se pretende que realicen acciones de seguridad ciudadana y no sólo de combate al crimen organizado”.

Con base en sus atribuciones reconocidas en la Constitución y ordenamientos internos de la CNDH, los consejeros Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello, Gloria Ramírez Hernández y Bernardo Romero Vázquez, propusieron a la CNDH “interponer una acción de inconstitucionalidad” contra las reformas aprobadas, sugerencia que fue ignorada por Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social, Rosario Ibarra, madre de Jesús Piedra Ibarra desaparecido en una acción militar en 1975.

“La Comisión se resiste a escucharnos –dice en entrevista, el consejero Romero Vázquez–. Nos manifestamos públicamente porque nos parece que la reforma es inconstitucional y violenta los derechos humanos; en cuanto se aprobaron las reformas en la Cámara y el Senado, consideramos urgente que la Comisión iniciara un recurso de inconstitucionalidad”.

Romero Vázquez, exvisitador adjunto de la CNDH, apunta que el desdén de la Comisión, al desconocer las facultades del Consejo, forma parte de una larga historia en la que “incluso de manera grosera”, la presidenta y el secretario ejecutivo, “que son quienes manejan la Comisión”, han desechado los comentarios de los consejeros.

Al señalar que al menos los seis consejeros firmantes han decidido no renunciar a su cargo, “como ellos (la presidenta y el secretario ejecutivo) quisieran, porque estamos convencidos en ser contrapeso y vigilantes de lo que hace la Comisión”, Romero sostiene que la CNDH de Piedra Ibarra “no representa los ideales fundamentales y la función de la Comisión que es proteger los derechos humanos, sus pronunciamientos han sido tibios o en defensa del Ejército o la Sedena”.

Romero Vázquez, quien ha estado a cargo del Programa Univ ersitario de Derechos Humanos en la Universidad de Querétaro, y a quien Piedra Ibarra quiso someter a un procedimiento administrativo cuando no depende de la CNDH sino que fue nombrado con los otros consejeros por el Senado, señala que la abstención del organismo para iniciar una acción de inconstitucionalidad “no fue sorpresiva, sino vergonzosa y grave… Muy grave lo que están haciendo”.

Al analizar el pronunciamiento, Romero destaca que tiene “argumentos falaces” como al decir que las reformas mantienen el carácter civil de la GN, “cuando administrativamente y operativamente depende de la Sedena, entonces es militar; esto contraviene el sentido de la Constitución”.

Entre las consideraciones graves para justificar la militarización de la GN, Romero Vázquez advierte que, al unísono de la iniciativa presidencial, la CNDH, “construyen un enemigo”, que es la delincuencia organizada exacerbada y la corrupción, y “arman un argumento diciendo que es suficiente que haya una situación de excepción para violentar la Constitución, para darle facultades a la GN que en la Constitución no tiene y que todas las organizaciones sociales y la teoría jurídica dice que es completamente contraproducente y viola la teoría de derechos humanos”.

Resalta que entre las “seudoargumentaciones” para validar la militarización de la GN, la CNDH asienta en tres de las 16 páginas del pronunciamiento “que la gente tiene buena opinión del ejército. Esto es tan falaz como decir que como la gente cree en las iglesias, Dios existe”.

El documento del organismo incluye los resultados de varias encuestadoras, entre ellas del Inegi, que colocan a las fuerzas armadas mexicanas con niveles de aceptación entre la población de entre 48% a más de 60%.

“Dicen que ya no somos como antes, ahora sí nosotros defendemos al pueblo, es también una falacia; es decir, son nuevos, son diferentes y hacen las cosas bien porque ellos lo dicen”, refiere el consejo.

Una “seudoargumentación” más se relaciona con la afirmación de que se han reducido las quejas contra la Sedena y la GN, sin mostrar las cifras oficiales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos de la CNDH, de enero de 2019 a julio de 2022, el organismo recibió mil 518 quejas contra la Sedena, mientras que desde que los registros que se tienen de quejas contra la Guardia Nacional, de enero de 2020 a julio de 2022, suman mil 130.

“No es que no haya quejas porque no haya violaciones a derechos humanos, no hay quejas porque la gente no tiene confianza en la institución. Es muy grave. Es lo que deberían vigilar. Habla mal de la CNDH y de la Sedena. Si a mí me balacea un militar, no acudo a la CNDH porque me pongo en peligro”, sostiene el consejero.

Tras insistir que los seis consejeros firmantes han decidido no renunciar a sus cargos, y pedir la intervención del Senado para revisar la actuación de la CNDH, Romero Vázquez reitera que “es una vergüenza que digan ahora que son nuevos, diferentes y que sí hacen bien las cosas cuando están haciendo lo mismo de siempre, como se defendieron las dictaduras en el siglo pasado, especialmente con este pronunciamiento de 16 páginas lleno de falacias y de mentiras para justificar lo injustificable”.

Bernardo Romero Vázquez

Panel de controversias: Doble desgaste en la búsqueda de un acuerdo en el T-MEC

/ clAudiA villEgAs

El gobierno federal enfrenta un “doble desgaste” ante las presiones de la administración Biden en materia energética. Mientras en lo externo los titulares de la Secretaría de Economía y la cancillería, Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard, se afanan en diseñar una ruta de escape al panel de controversias por violaciones al T-MEC, en lo interno enfrentan el fuego amigo de sus pares de la Sener, la CFE y Pemex, que –con el argumento de la defensa de la soberanía del país-- eluden los compromisos adquiridos con México y Canadá.

Desde las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, el gobierno federal buscará durante las próximas semanas alcanzar un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para frenar, en el T-MEC, el inicio de un panel de controversias que impondría sanciones a exportaciones mexicanas como represalia a las políticas y cambios normativos para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Apelando a criterios técnicos, jurídicos y comerciales, los equipos de las dos secretarías mencionadas tienen la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender las consultas que solicitó el pasado 20 de julio Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, con miras a resolverlo antes de los primeros días de octubre. Sin embargo, la titular de Economía, Tatiana Clouthier, y su equipo se enfrentan a la determinación de la Secretaría de Energía y de la CFE de defender el marco regulatorio que se impulsa desde el inicio de esta administración para reducir la participación privada en el sector de la energía, pues consideran que se trata de acciones que responden al deseo de López Obrador de defender la soberanía del país, sin dar mayor peso a los compromisos, beneficios y obligaciones que se firmaron en el T-MEC.

Una fuente del gobierno federal comenta a Proceso que las negociaciones no sólo se dan ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos sino también con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, con el director de Pemex, Octavio Romero, y con el responsable de la CFE, Manuel Bartlett. “Un doble desgaste”, dice la fuente vinculada con este proceso de consultas.

PrEsioNEs comErciAlEs

Después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores diseñaron una ruta de escape a las consultas que, aparentemente, contaría con el visto bueno del presidente López Obrador y del gobierno de Estados Unidos, sostiene la fuente.

“Se acabó el reloj de arena, este llamado a consultas de la embajadora Tai es un golpe en la mesa; lo administraron y lo hicieron con todo en medio de los problemas migratorios y laborales. Ahora llaman a México a consulta Estado-Estado, en medio de una queja unificada por parte de los demócratas y los republicanos de que México estaría incumpliendo el T-MEC”, asegura el abogado Severo López Mestre, socio de la consultoría Galo Energy.

Comenta que si bien habría voluntad de resolver estas quejas, no debe olvidarse que lo que busca Estados Unidos es eliminar la política energética del gobierno de López Obrador. La gran pregunta es: ¿cómo se dará un paso atrás sin que parezca que se claudicó en el impulso ideológico de estos cambios?

López Mestre también recuerda que Estados Unidos invocará criterios de competencia y de protección al medio ambiente, aspectos que no observó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril pasado, cuando determinó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que ampara el despacho de energía bajo los criterios de la Secretaría de Energía y la CFE.

Para López Mestre, “más allá de la consulta y el panel, a México, a Estados Unidos y Canadá les tomaría entre cuatro y ocho años recuperar el terreno perdido en la integración del sector de la energía, en las cadenas industriales, en la generación de energía limpia”.

Cecilia Azar, abogada especializada en arbitraje, considera que, si las consultas trascienden a un panel para resolver controversias, México enfrentaría el desafío de corregir las políticas y medidas que Estados Unidos y Canadá consideran violatorias del T-MEC. De no hacerlo, México corre el riesgo de hacer frente a consecuencias comerciales que podrían afectar a muchos sectores.

coNsultAs siN fuNdAmENto

Aun cuando López Obrador se muestra confiado y optimista sobre supuestos compromisos en materia de inversión entre México y Estados Unidos en las reuniones del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y ha desestimado la gravedad de la consulta solicitada por el Departamento de Comercio a través de la embajadora Katherine Tai, el proceso para definir si México viola o no este acuerdo al favorecer a Pemex y a la CFE, avanzan de manera implacable. Aún más, López Obrador calificó como “totalmente majadera, en un tono de soberbia y prepotencia” la consulta solicitada por Tai y reiteró que no toma en cuenta que las reformas en este sector no fueron la panacea sino un desastre para los mexicanos.

Legisladores farsantes

/ Elisur ArtEAgA NAvA

En la Cuarta Transformación todo es farsa. Miento. Casi todo. No lo son la militarización, la incompetencia, la improvisación y la corrupción.

A AMLO, en su afán de cambiar todo y hacerlo de manera precipitada e irresponsable, no le importa convertir a las instituciones públicas en pantomima: han sido objeto de humillación, sometimiento y burla la democracia, el sistema federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los poderes y autoridades locales. Poco o nada ha quedado al margen de su acción destructora. Humilla, somete, descalifica, desvirtúa y ofende. Prostituye todo lo que toca.

AMLO, que reiteró una y otra vez que no utilizaría a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, faltó a su promesa; olvidó que censuró a los presidentes de la República que lo hacían. No recuerda que nos prometió regresar a los militares a sus cuarteles. Nos mintió y, por lo mismo, nos engañó. No sólo eso, dio órdenes a sus lacayos: los legisladores morenos y sus cómplices, de aprobar sus reformas, aun sabiendo que son anticonstitucionales. Así lo reconoció expresamente.

Para lograr la anuencia de algunos priistas, recurrió a una institución que se supone es autónoma: la Fiscalía General de la República. Ésta los “convenció”. Alito, un pájaro de cuenta, sigue libre. Hay otros.

La precipitación presidencial volvió a recaer en el Congreso de la Unión. Era su turno. El mandamiento de aprobar la reforma por virtud de la cual la Guardia Nacional pasa a depender del secretario de la Defensa Nacional, que comprendió la modificación a diferentes leyes, fue en el sentido de que lo hiciera “rapidito y de buen modo, sin quitarle o agregarle una coma”, se dirigió, de nueva cuenta, a los legisladores federales de Morena, comprendiendo a los verdes y a los del PT. Son lo mismo. Ellos, sin respetar su alta investidura, acataron la orden. Las reformas ya fueron publicadas y la violación a la Constitución, consumada.

Es la Constitución Política la que establece el principio de división de poderes; la que confía a cada uno de ellos una función diferente y complementaria. Sus autores, los constituyentes, partieron del supuesto de que sería operante y real; que los titulares de cada uno de los poderes públicos asumirían de manera responsable, independiente, digna y patriótica sus cargos. Que antepondrían los intereses nacionales a la “disciplina partidista”; el respeto a la letra y sentido de la ley, a los intereses pasajeros de una Cuarta Transformación; que respetarían su dignidad como representantes de la Nación y que lo harían por encima de sus intereses particulares; que en bien de la Patria sacrificarían sus intereses egoístas de conservar su cargo o de reelegirse.

La Constitución, en su Artículo 72 establece los principios fundamentales que regulan el proceso legislativo, entendido éste como las formalidades y etapas que real y efectivamente se tienen que observar y seguir para aprobar una ley o un decreto. No se trata de cubrir las apariencias. Los autores del texto fundamental partieron del supuesto de que los legisladores serían celosos de su independencia como parte que son de un Poder y, por lo mismo, serían defensores de las altas funciones que tienen conferidas y que hacen operante el principio de división de poderes.

Los Constituyentes, al establecer los principios que regulan el proceso legislativo, estuvieron muy lejos de normar la actuación de unos títeres o payasos. No establecieron los principios para hacer operante una farsa. Determinaron la forma en que se manifiestan los diferentes puntos de vista de los legisladores; previeron la intervención de comisiones que enriquecieran y depuraran las iniciativas; consignaron principios por virtud de los cuales, en forma alternada, razonada y libre afloraran las opiniones y que éstas se reflejaran en los dictámenes, en la discusión y la votación.

A pesar del mandamiento fundamental y de la protesta que rindieron de respetar la Constitución, una mayoría de legisladores traicionó el mandato que recibió de sus electores; acató las órdenes de quien es sólo el titular de otro poder; sacrificó la independencia del poder que representan y, con su voto, aprobaron reformas que contravienen diferentes preceptos de ella. A eso se reduce, en pocas, palabras, lo que hicieron.

Los legisladores, con su voto aprobatorio, contribuyeron a la militarización del país y apresuran el fin de las instituciones públicas: democracia, división de poderes, fuerzas armadas sometidas a las autoridades civiles y acabaron con las instituciones republicanas que existen para combatir a la delincuencia. De ese tamaño es su responsabilidad. Su voto fue contrario a lo que dispone el Artículo 21 constitucional. Lo sabían; en todos los foros se hicieron notar los vicios de anticonstitucionalidad que contenían. No pueden hacerse los ignorantes. Son corresponsables de la destrucción de las instituciones civiles y democráticas. Su actuación no fortalece el principio de división de poderes.

Quienes aprobaron las reformas anticonstitucionales pasaron por alto la responsabilidad que la Constitución les impone; faltaron a la confianza de sus electores. Merecen el calificativo de ser títeres, farsantes y de participes de una comedia de mal gusto. Son los responsables de la militarización del país y de los altos índices de delincuencia.

En 2018, cuando aún no comenzaba el sexenio de la 4T, al ver el cúmulo de violaciones graves a la Constitución Política, protesté. En Proceso dije: Así no vamos a hacer la Cuarta Transformación. Ahora, cuando estamos a menos de dos años de que termine el sexenio, digo que la Cuarta Transformación fue una farsa y que AMLO nos mintió. No hubo violación en que no incurriera él, que nos prometió un cambio. Él, a los crímenes y antidemocracia priista, agregó la hipocresía; a la incompetencia panista, la corrupción; a la incapacidad de ambos, la perversidad. Luchamos por un cambio verdadero; fuimos traicionados.

Los que intervienen en una farsa se llaman farsantes. Los de la 4T lo son.