Juez rechaza bloquear ley que sanciona transportar personas que viven ilegalmente en EU

Grupos defensores de los derechos civiles pidieron el martes a un juez federal que impida que los funcionarios de Florida implementen una sección de una nueva ley estatal de inmigración que tipifica como delito el transporte de personas que hayan entrado de manera ilegal en Estados Unidos. Pero el juez rechazó la solicitud inmediatamente por un tecnicismo.

La parte de la ley conocida como Sección 10 hace que sea inseguro para las personas llegar a las citas médicas, reunirse con la familia e ir a trabajar, dijeron los grupos en una moción que forma parte de una demanda entablada en julio contra la ley. “Para muchos demandantes individuales, la Sección 10 interfiere con su capacidad de seguir adelante con su vida cotidiana”, alega la moción, que pide un interdicto temporal que detenga la aplicación.

Casi inmediatamente después de que fue presentada, el juez federal de distrito Roy Altman rechazó la solicitud de una medida cautelar por una cuestión técnica, debido a que el gobernador Ron DeSantis y otros acusados que incluyen fiscales del estado no habían sido debidamente notificados sobre la moción. El juez señaló que los grupos defensores de derechos civiles podrán presentar la solicitud de nuevo.

Otras disposiciones de la nueva ley defendida por DeSantis refuerzan su programa de reubicación de inmigrantes y limitan los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente. También requiere que las empresas con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Otra disposición exige que los hospitales que aceptan beneficiarios del programa Medicaid incluyan una pregunta sobre ciudadanía en los formularios de admisión. DeSantis, que compite por la la nominación presidencial del Partido Republicano para 2024, ha enviado soldados de la Guardia Nacional de Florida a Texas para tareas de seguridad fronteriza, y ha ordenado a Florida que pague los vuelos chárter que transportan migrantes desde Texas a otras partes del país. Se envió un correo electrónico en busca de comentarios a la oficina del gobernador y a su secretario de Prensa, Jeremy Redfern.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Miami, argumenta que la ley de Florida es inconstitucional porque la ley federal tiene preeminencia sobre la ley estatal en lo que respecta a la inmigración, porque desatiende el derecho al debido proceso, y porque fue redactada vagamente.

En su moción del martes 8 de agosto, los grupos de derechos civiles utilizaron como ejemplos a una mujer que se arriesgaba a ser detenida por llevar en coche a su nieto, que tiene pendiente una solicitud de dispensa migratoria, y a un diácono católico que lleva a gente en su coche a citas relacionadas con la inmigración.

“El único propósito de esta ley es la crueldad. Amenaza a los floridanos con penas de cárcel por hacer las cosas más ordinarias, como visitar a la familia, ir a trabajar y llevar a los niños a los partidos de fútbol”, dijo Spencer Amdur, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Durante años, el hombre conocido como Otoniel fue visto como uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, el elusivo jefe de un cártel y grupo paramilitar con un sangriento control sobre gran parte del norte colombiano.

El martes 8 de agosto, Dairo Antonio Úsuga dijo que aceptaba responsabilidad por los crímenes que cometió y fue sentenciado a 45 años de cárcel en Estados Unidos. Úsuga, de 51 años, se disculpó tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el de Colombia y con las víctimas de sus delitos.

El exjefe del Clan del Golfo se declaró culpable en enero pasado de cargos de narcotráfico, admitiendo que supervisó el contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y reconociendo que hubo mucha violencia.

Estados Unidos aceptó no pedir la cadena perpetua a fin de lograr su extradición desde Colombia, donde enfrenta la posibilidad de ser procesado por sus delitos en caso de que se encuentre con vida cuando cumpla su sentencia en Estados Unidos.

Úsuga y sus abogados trataron de mostrarlo como víctima de los problemas que aquejan a Colombia: un hombre nacido en medio de la pobreza rural, rodeado de la violencia de las guerrillas, reclutado para luchar a los 16 años y afectado por décadas de ver cómo morían sus seres queridos, sus camaradas y sus amigos.

Otoniel dijo que haber nacido en una región conflictiva lo obligó a crecer dentro del conflicto, y pidió a la juventud que no siga sus pasos y dejar los conflictos armados en el pasado. Pero la jueza Dora Irizarry, quien puso como ejemplo los problemas que en-