Jueza Angélica Sánchez

Obtiene Libertad Inmediata

/ Diana Lastiri

Una juez federal ordenó dejar en inmediata libertad a la juez de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández quien el pasado 16 de junio fue vinculada a proceso por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública.

La juez Décimo Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, concluyó que las autoridades locales violaron la suspensión de amparo que Sánchez Hernández obtuvo desde el 9 de junio pasado, una semana antes de ser aprehendida en la Ciudad de México.

En consecuencia, la juez de amparo ordenó a la fiscalía de Veracruz y al juez de control que vinculó a proceso a Sánchez Hernández, que en el término de 24 horas cancelen todas las actuaciones posteriores a su puesta a disposición, incluida la vinculación a proceso. En julio pasado le habían concedido la prisión domiciliaria.

“La autoridad jurisdiccional deberá emitir un acuerdo en el que deje insubsistente todo lo actuado en el proceso penal 297/2023, a partir del momento en el que mediante oficio, policías ministeriales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en esta ciudad, pusieron a disposición del juez de control responsable a la aquí incidentista Angélica Sánchez Hernández, es decir, declarará nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio, tales como, la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal, y en ese mismo auto,

Fiscalía de Veracruz acatará

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, informó que, por ahora, la dependencia a su cargo acatará la resolución de la juez federal que ordenó la inmediata libertad de la juez Angélica Sánchez Hernández quien fue vinculada a proceso el pasado 16 de junio por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública.

Afirmó que la resolución no afecta el fondo del proceso penal y adelantó que combatirá la resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo para que sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

la Fiscalía General del Estado acatará la resolución; aunque no comparte el criterio de la Jueza Decimoquinta de Distrito”. En un comunicado, la fiscal de Veracruz afirmó que es muy claro que el 9 de junio, cuando se concedió la suspensión provisional, aún no existía la orden de aprehensión que se ejecutó contra Angélica Sánchez, pues ésta es de fecha 16 de junio.

en estricto acatamiento a la suspensión provisional de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, determine no tener a su disposición a la allá investigada”, señala la resolución de la juez de amparo.

“Establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ORDENE QUE SE LE DEJE EN INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO”.

Añadió que la policía estatal deberá abstenerse de intentar privar de la libertad nuevamente a la juez Sánchez Hernández pues la suspensión que le fue concedida continúa vigente. “En caso de no cumplir en la forma y término referidos, las autoridades vinculadas al cumplimiento de esta resolución serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley de Amparo”, advirtió.

Revés de la SCJN a tío de Cárdenas

Palomino, deberá pagar 163 mdp por evadir impuestos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión presentado por Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, con el que intentaba evitar pagar más de 100 millones de pesos por evasión de impuestos.

La decisión fue avalada por mayoría de votos en la Segunda Sala por lo que el tío de Cárdenas Palomino deberá pagar 163 millones 82 mil 792.61 pesos por evasión de impuestos, cifra que puede llegar a los 342 millones de pesos por los intereses y multas que correspondan, pues la resolución de la Corte es inatacable.

En junio pasado, la Sala rechazó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales en el que propuso revocar una sentencia que confirmaba el pago para ordenar a un Tribunal Colegiado realizar una nueva interpretación del Código Fiscal de la Federación que establece los pla- zos para auditar a los contribuyentes. Por ello, el caso fue returnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien este miércoles presentó el nuevo proyecto para desechar el recurso.

El caso derivó de una demanda de nulidad de la resolución emitida en el oficio número 500-71-06-02-2019-69411, de 30 de abril de 2019, a través de la cual el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “1” de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT determinó un crédito fiscal al tío de Cárdenas Palomino por más de 163 millones de pesos por concepto de ISR e IVA, omitidos actualizados con recargos y multas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

La demanda de nulidad fue resuelta por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el 1 de octubre de 2020 que determinó reconocer la validez de la resolución del SAT.

El 8 de agosto la juez Décimo Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, concluyó que las autoridades locales violaron la suspensión de amparo que Sánchez Hernández obtuvo desde el 9 de junio pasado, una semana antes de ser aprehendida en la Ciudad de México.

Ante ello la fiscal veracruzana indicó que la resolución de la jueza es “claramente ilegal pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”. Y afirmó que “por ahora,

Explicó que la suspensión provisional sólo la protegía contra actos emitidos hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo; es decir, antes del 9 de junio, y no contra aquellos actos que fueran dictados con posterioridad al otorgamiento de la suspensión “como lo es la orden de aprehensión que le fue ejecutada, ya que esta última, como ya lo aclaré, fue emitida el 16 de junio de 2023”, subrayó.

Hernández Giadáns advirtió que combatirá la resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo para que sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito. Además, recalcó que la resolución no afecta el fondo del proceso penal, por lo que continuará la investigación “hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos”, en los que presuntamente está involucrada Angélica Sánchez.

El riesgo de que el crimen organizado se infiltre en las elecciones siempre está latente: Enrique Alfaro

Luego de que el PRI y el PAN expresaron su preocupación por que la delincuencia organizada intervenga en la elección de 2024, el gobernador Enrique Alfaro comentó que esa injerencia siempre está latente, y que como en cada proceso electoral habrá una mesa de seguridad. “Siempre ha sido (el riesgo), y cada partido debe ser responsable de eso, y vaya que hay partidos que tienen que echarle un ojo al tema, porque el riesgo de las infiltraciones es real”, refirió.

Alfaro añadió que “cada instituto político tiene que entender la responsabilidad que tienen y ser muy cuidadosos en la definición de quienes los van a representar en las elecciones”. Adelantó que en unos días más dará detalles, junto con la autoridad electoral, sobre la “mesa de coordinación” para garantizar elecciones seguras, y de los apoyos logísticos en la organización del proceso.

Por otro lado, Enrique Alfaro espera que durante la reunión que sostendrá el viernes próximo con su dirigente nacional, Dante Delgado, y otros emecistas exista claridad sobre quién será el candidato para la elección presidencial y la metodología de designación. “Yo voy con la expectativa de que no haya cartas escondidas, de que como en misa, que se hable o que se calle para siempre”, comentó.

Prosiguió: “Yo no tengo problema en expresar mi punto de vista, en decir cuál es mi postura, pero espero que todos los actores que van a estar en esa mesa hagan lo mismo, porque no podemos entre com- pañeros de un proyecto político estarnos escondiendo cartas y jugando fichas con poca claridad”.

El gobernador descartó que pudiera existir una ruptura de MC Jalisco con la dirigencia nacional. Aclaró que las decisiones políticas de Jalisco se toman en la entidad y “a partir de lo que más le convenga al proyecto”.

En la reunión también estarán presentes la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus, y de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, así como el organizador de la mesa, el senador Clemente Castañeda, y el líder de los diputados federales de MC, Jorge Álvarez Máynez.

ONU celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

ONU

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce y mantiene presente el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades, y llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar sus esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios en contra de personas defensoras.

A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acontecimiento histórico en el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, persisten retos importantes para que la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio. En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Jesus Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.

Desde 2019, la ONU-DH ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30% de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas.

En 32 de los 46 casos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos. Respecto de la distribución geográfica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca con 20 casos, Chihuahua con 5, Guerrero con 4, Michoacán con 4 y Chiapas con 3.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en la adopción de medidas de protección en casos de personas defensoras indígenas. Asimismo, en los últimos años el Estado mexicano ha comenzado la definición de planes de justicia para poder atender el contexto que viven los pueblos indígenas. No obstante, las cifras registradas de homicidios y desapariciones de personas indígenas son un llamado a redoblar los esfuerzos para adoptar las medidas que les garanticen un entorno seguro y propicio y eviten los actos de estigmatización, deslegitimación, criminalización y violencia en su contra, sobre todo en el contexto del diseño e implementación de proyectos de desarrollo.

México fue uno de los países promotores de la adopción del Acuerdo de Escazú. La plena implementación de las obligaciones contenidas en dicho Acuerdo, particularmente en lo que respecta a los derechos de acceso en asuntos ambientales, reforzará la protección de las personas defensoras indígenas de derechos humanos.

De los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras. “Esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia. Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Peña Palacios.

La investigación de los asesinatos y desapariciones debe comprender todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de defensa de derechos humanos que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género e interculturalidad.

La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades competentes permitan un pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción a los presuntos responsables.

Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas que continúan desaparecidas y sus más sentidas condolencias a familiares y amistades de las personas asesinadas.