Libertad de prensa vs presunción de inocencia

Daniel Guti Rrez

En la actualidad cada vez es común la queja sobre violaciones al principio de presunción de inocencia por la mediatización de los procesos penales (sobre todo en aquellos que involucran servidores públicos, actores políticos y candidaturas), y es que es claro que existe una contraposición de intereses, por un lado el libre ejercicio periodístico y el derecho a estar informado; por el otro, la presunción de inocencia de la persona procesada.

El derecho a investigar, recibir información, opiniones y difundirlas se encuentra previsto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como el derecho a “comunicarse libremente o recibir información veraz por cualquier medio de comunicación” derecho que se fortalece en un contexto democrático y pluralista. Hay que subrayar que es considerado una condición y garantía de todo sistema democrático, por lo que debemos atender a la libertad de prensa casi como un sinónimo de democracia.

La libertad de información entonces, presenta tres caras, cada una con sus derechos asociados: desde la perspectiva de la sociedad, el derecho a saber; desde la del informador, el derecho a la libertad de difundir información (libre ejercicio periodístico) y; por parte del procesado, el derecho a presumir su inocencia.

Sin lugar a dudas, la comunidad se interesa en conocer hechos relevantes, en muchos de los casos los sucesos investigados en los procesos penales tienen esta relevancia social, y es que podemos decir que prácticamente de manera automática en un proceso penal se dilucidan intereses públicos, como delitos graves, delitos electorales con materia política, o aquellos que lesionan el patrimonio del Estado.

No podemos negar la trascendencia social del proceso penal, más cuando en ciertos casos el sistema afecta figuras públicas, o ante la investigación y/o comisión de delitos graves que sacuden a la sociedad, por lo que la exigencia de la comunicación mediática será mayor.

Ahora bien, es innegable que en la actualidad existe una enorme difusión de información acerca de procesos en curso, que moldean en algunos casos una perspectiva al antojo de quien comunica sobre el procesado, chocando los intereses del honor, reputación, presunción de inocencia, con el derecho a informar y ser informado, por lo que es complicado lograr el equilibrio adecuado.

Por otro lado, debo decir que existe una distinción entre una determinación meramente provisional y una condena, lo que me parece importante mencionar, ya que actualmente pareciera que con la simple carpeta de investigación iniciada contra una persona es más que suficiente para alterar la percepción social y condenar al indiciado, al menos mediáticamente, lo que desde el punto de vista propio, debería esperar al menos a la vinculación a proceso para generar juicios de valor.

No es ajeno que en ocasiones se difundan desde una malicia efectiva, noticias ciudadana con una equivalencia: con ese número de firmas podrían crearse ocho nuevos partidos. sobre procedimientos en curso con la participación de individuos específicos (generalmente en el ojo público), a menudo desafiando los requisitos puramente procesales e ignorando hechos bien documentados, abonando así al castigo mediático, lo que sumado a la aletargada sentencia condenatoria o absolutoria permite ese castigo anticipado.

Una vez dados los resultados, en conferencia de prensa, los organizadores llamaron a la unidad y a quienes quedaron en la primera etapa, a sumarse a las tareas del FAM.

Con la formalización de quiénes pasaron a la siguiente ronda, más o menos como se esperaba ocurriera, el FAM entra a una segunda etapa a partir de hoy con la organización de un primer foro (los voceros del FAM han evitado referirse a un debate) en el que presentarán sus visiones de país hoy jueves 10 de agosto.

Los partidos que integran la alianza que se proponen formalizar para las elecciones de 2024, esto es, el PAN-PRI-PRD, iniciaron desde hoy la segunda etapa de su metodología que incluirá además del foro, la realización de encuestas cuyos resultados definirán a tres de los cuatro contendientes para una última etapa.

La última etapa, los tres seleccionados participarán en cinco foros regionales, habrá nuevas encuestas y una consulta a las personas registradas en la plataforma digital en la que se inscribieron para firmar en apoyo a uno de los aspirantes.

Con lo anterior, a realizarse durante agosto, resultará en que el 3 de septiembre el FAM anuncie a quien a la postre será su candidato presidencial.

Ahora, desde la procuración electoral, en ocasiones los procesos penales suelen utilizarse con este único fin; presentar denuncias sin fundamento, para luego dar a conocer sus pormenores a los medios de comunicación en tiempos electoreros. El daño resultante será difícil de reparar. De esta forma, el derecho a un juicio público puede convertirse en un rebound para los imputados, corriendo además el riesgo de dejarse guiar por intereses ajenos a la justicia. No obstante, debo aclarar que si bien con la publicidad de los asuntos se cree que puede ponerse en riesgo la presunción de inocencia, lo cierto es que el derecho a esta en cualquiera de sus aspectos sólo se tiene frente al Estado, porque, en sentido estricto, ese derecho opera como garantía y límite de la actuación punitiva y sancionadora de los poderes públicos. Cuando son particulares los que realizan una presunción de culpabilidad se puede afectar al derecho al honor, pero no a la presunción de inocencia. Dicho de otra forma: los particulares no están obligados a presumir "inocente" a una persona mientras que no exista una sentencia absolutoria. Pero sí lo están a respetar su honor, evitando la calumnia.

De tal suerte que la máxima publicidad, el libre ejercicio periodístico y el derecho a estar informados conlleva indudablemente un riesgo, pero es este el que permite el adecuado debate político, característico de los sistemas democráticos más consolidados, por lo que lejos de censurarse debe maximizarse. Tema oportuno justo antes del inicio de un nuevo proceso electoral, lo que nos falta por leer.

El Frente Amplio por México (FAM), reunión del PRI, PAN y PRD con miras a ser coalición en las elecciones de 2024, definió hoy a sus semifinalistas, es decir, cuatro personas que se mantienen para una segunda etapa en la contienda por alcanzar la coordinación del Frente y luego la postulación presidencial. Se trata de dos mujeres y dos hombres que poseen longevas trayectorias políticas en sus respectivos partidos, el PRI y el PAN.

Xóchitl Gálvez, fenómeno veranieGo Con el mayor número de firmas (554 mil), la panista Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz se ha convertido en el fenómeno político del verano, luego de renunciar a su aspiración a buscar la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México en medio de una confrontación judicial y mediática con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ser aludida por el mandatario en su conferencia de prensa matutina, Gálvez consiguió una orden judicial, sin embargo, se le negó la entrada a Palacio Nacional, lo que dio pie a una serie de transmisiones en redes sociales que le darían notoriedad.

Desde su proclama por convertirse en candidata, Xóchitl Gálvez ha sido referida reiteradamente por el presidente López Obrador casi a diario hasta que, en días pasados, la justicia federal lo recriminó e instruyó abstenerse de incurrir en expresiones que pueden pasar por violencia política de género.

Hasta este verano, Xóchitl era poco conocida, excepto en la Ciudad de México, entidad por la que es senadora, aunque de lista, y donde fue alcaldesa de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018. Hasta ese año, había permanecido fuera de la escena pública desde 2010 cuando fue derrotada al presentarse a las elecciones de gobernador de Hidalgo. Durante el sexenio de Vicente Fox, fue Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Gálvez Ruiz se autoadscribe indígena y su historia se ha proyectado en las últimas semanas como ejemplo de movilidad social, pues de su origen en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, logró convertirse en ingeniera y crear una empresa de programación: High Tech Services, de facturación millonaria.

Origen y actividad empresarial han sido objeto de comentarios del presidente López Obrador, por considerar que su autoadscripción indígena se trata de una simulación, que su postulación fue orquestada por el empresario Claudio X González y porque ha dicho que el éxito de su negocio ha sido por contrataciones públicas, al grado de revelar información sobre esto último por lo que la aspirante ha iniciado una batalla jurídica también en ese frente.

Beatriz Paredes

Originaria de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel posee la carrera política más longeva, en su caso a través del PRI. En la primera etapa del FAM, se colocó en segundo lugar al obtener 451 mil firmas.

Socióloga por la UNAM posgraduada en la Universidad de Barcelona, es conocida por haber sido la segunda gobernadora en México, cuando fue electa en su natal Tlaxcala en 1987.