Petro cumple un año de gobierno entre cuestionamientos sobre financiación de su campaña

El presidente Gustavo Petro cumplió el lunes 7 de agosto su primer año de mandato en medio de una crisis política desatada por un escándalo que involucra a su hijo y sin haber podido avanzar en su agenda de reformas pese a las expectativas que generó tras convertirse en el primer líder de izquierda de Colombia.

Aunque el jefe de Estado insiste en la frase “el gobierno del cambio”, muchos ciudadanos sienten que las graves acusaciones que enfrenta su campaña electoral sobre el presunto ingreso de dinero dudoso significan más de lo mismo, mientras las promesas de transformaciones sociales se han quedado en el papel.

En las últimas semanas dos de los hombres más cercanos al mandatario han dejado ver la posibilidad de que la candidatura de Petro haya sido financiada con dinero oscuro y también con altas sumas que no fueron reportadas en las cuentas que se entregaron a las autoridades electorales.

El exembajador del gobierno de Petro en Venezuela, Armando Benedetti, y el hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro, han formulado afirmaciones sobre la financiación de la campaña que tiene a diferentes entes judiciales indagando cuál fue la realidad de los recursos con los que se pagó la candidatura del actual presidente.

Ello abrió la posibilidad de que la campaña del presidente Petro sea sancionada por el presunto ingreso de dinero oscuro y por la violación a los gastos máximos que permiten las autoridades electorales.

El mandatario ya enfrenta un proceso judicial y político en el Congreso de la República, el cual podría terminar -incluso- con su destitución, en caso de que se compruebe que sabía de estas supuestas irregularidades.

Los cuestionamientos hacia la financiación de la candidatura de Petro comenzaron el 4 de junio cuando la Revista

Semana reveló unos audios en los que se escucha al exembajador Benedetti referirse al asunto. En las grabaciones, Benedetti deja entrever que habría conseguido alrededor de 3,8 millones de dólares para la campaña de Petro y que si él hablaba sobre lo que sabía de la financiación de la candidatura de Petro, “nos caemos todos”.

Días después el mandatario separó del cargo a Benedetti, quien debe cumplir varias citaciones judiciales para que aclare qué fue lo que quiso decir en esas grabaciones.

Benedetti fue uno de los hombres más cercanos al presidente Petro durante la campaña y bajo su responsabilidad estuvo gran parte de la agenda del entonces candidato.

Mientras tanto, Nicolás Petro comenzó un proceso de colaboración con la justicia luego de quedar en libertad después de permanecer detenido varios días en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con el hijo del presidente, Santander Lopesierra -condenado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico- y Gabriel Hilsaca -hijo de Alfonso el Turco Hilsaca, procesado por homicidio y concierto para delinquir- le habrían entregado alrededor de 270 mil dólares, parte de los cuales sirvieron para financiar supuestamente la campaña presidencial del actual gobernante.

Nicolás Petro dijo en una reciente entrevista con la Revista Semana que su padre no sabía del ingreso de esos recursos, aunque afirmó que hay varios temas sobre la financiación de su candidatura que deberán ser aclarados por las autoridades con la información que él espera aportar en su proceso de colaboración con la justicia.

Los críticos dicen que esos señalamientos representan un duro golpe para la gobernabilidad del mandatario colombiano en momentos en que el líder iz-

Miles de haitianos protestan para exigir seguridad ante violencia de pandillas

Con el rostro cubierto para ocultar sus identidades, miles de personas marcharon el lunes por la capital haitiana para exigir protección ante la violencia de las pandillas que saquean los barrios de la capital, Puerto Príncipe, y otros puntos de Haití.

La vida cotidiana de los haitianos se ha visto alterada por la incesante violencia de las pandillas, lo que ha empeorado la pobreza en todo el país mientras espera de una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el posible despliegue de una fuerza armada internacional.

“¡Queremos seguridad!”, coreó la multitud durante su marcha de más de dos horas desde la conflictiva comunidad de Carrefour-Feuilles hasta Champ de Mars, en el centro de la ciudad, y luego a la residencia oficial del primer ministro, donde la policía disolvió la protesta con gas lacrimógeno.

“No puedo trabajar, no puedo salir. Me siento como prisionera en mi propia casa”, señaló Wilene Joseph, una ven- dedora ambulante de 36 años y madre de dos hijos que se unió a la marcha por frustración. “Me preocupa que le disparen a mis hijos porque las balas vuelan incesantemente en todas direcciones”, dijo Joseph sobre sus hijos, de 5 y 7 años. quierdista, de 63 años, busca avanzar en la aprobación de las reformas sobre los sistemas de salud y educación, las pensiones y las condiciones laborales de los colombianos, han sido objeto de una fuerte polémica desde que fueron presentadas y su futuro parece ahora más incierto.

“La situación es inaceptable”.

De acuerdo con expertos, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 las pandillas han tomado el control de hasta el 80% de Puerto Príncipe, matando, violando y sembrando el terror en comunidades que de antemano sufrían de una pobreza endémica.

De enero a marzo, más de 1.600 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas, un aumento de casi el 30% en comparación con los últimos tres meses de 2022, según el informe más reciente de la ONU.

El lunes, la UNICEF reportó un “aumento alarmante” en los secuestros, con alrededor de 300 casos confirmados en lo que va del año, casi igualando el número reportado para todo el año pasado y casi tres veces el total de 2021.

Por otro lado, durante estos meses se espera que la mayoría de los congresistas estén concentrados en la campaña electoral para escoger mandatarios locales en todas las regiones del país, lo que reduciría el ritmo de trabajo en el Parlamento.

Sobre las acusaciones alrededor de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, cree que Petro no tendrá “legitimidad” suficiente en la lucha contra la corrupción “justamente porque su campaña ha estado comprometida” con la presunta comisión de delitos. “Yo no diría que esto va a tener un efecto inmediato, sino que va a ser un desgaste político para el gobierno que va a afectar su legitimidad de hacer cambios efectivos”, pronosticó.

Al hacer un balance de su gestión, Petro defendió el lunes 7 de agosto los avances en la búsqueda de la paz con diferentes grupos armados ilegales. En términos económicos, aseguró que “hoy podemos decir que vencimos la inflación” y que en el año en que ha estado en la presidencia se crearon alrededor de 1.03 millones de empleos formales. “Casi nunca se daba una cifra similar”, advirtió Petro.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de que la economía del país se separe cada vez más de la explotación de carbón y petróleo con el fin de proteger el medio ambiente y avanzar en energías limpias. “Prometimos dignificar al pueblo y ésa sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró el presidente, quien anunció que su gobierno insistirá en la aprobación de las reformas sociales que deben pasar por el Congreso.

El analista Guzmán aseguró que si Petro quiere hacer pasar su agenda de proyectos en el Congreso tendrá “que darse cuenta que tiene que hacer concesiones, incluso aquellas que sean dolorosas o comprometan el contenido de su intención original”. “Si el gobierno no es capaz de entender que sus reformas, tal y como las planteó en campaña, no son viables políticamente, las va a perder”, afirmó el experto.

Guzmán destacó que entre los cambios que pueden destacarse del primer año del presidente Petro está que haya otorgado altos cargos a comunidades indígenas y al agro. Entre ellos se puede mencionar a la vicepresidenta Francia Márquez y al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, de la comunidad afrocolombiana, y a la jefa de la delegación diplomática en las Naciones Unidas, la indígena Leonor Arizabaleta.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que si bien no cree que Rusia o el Grupo Wagner hayan instigado la asonada militar en Níger, sí cree que se están “aprovechando” de la actual coyuntura de inestabilidad.

“Creo que lo que pasó, y lo que sigue pasando en Níger, no fue instigado por Rusia ni por Wagner, pero han tratado de aprovecharse de ello. Cada lugar en el que está el Grupo Wagner hay muerte, destrucción y explotación. La inseguridad ha subido, no ha bajado”, aseguró en declaraciones para la BBC.

En ese sentido, cree que la actual situación en Níger es similar a la de otros países del entorno, como Malí -que sí cuenta con presencia de Wagner-, “donde no han dejado más que cosas malas a su paso”.

Después del golpe de Estado de los militares nigerianos el pasado 26 de julio, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) amenazó con una posible intervención militar si en el plazo

El secretario de EU cree que la actual situación en Níger es similar a la de otros países del entorno de siete días no restablecían en el cargo al depuesto presidente Mohamed Bazoum. Aquellas amenazas fueron respondidas por Malí y Burkina Faso -también dirigidos por sendas juntas militares- que ofrecieron su apoyo militar a Níger en caso de intervención de la CEDEAO. Al mismo tiempo y a medida que expiraba el plazo, creció el recelo de que habrían solicitado también la ayuda del Grupo Wagner.

La junta militar liderada por Abdourahamane Tchiani responsabiliza a Bazoum de la crisis económica, en parte por seguir plegándose a los intereses de una Francia que sigue beneficiándose de los recursos naturales del país, principalmente litio y uranio, así como de no hacer lo suficiente para combatir el terrorismo yihadista.