Juan CarLOS Cruz VargaS

Los pobres, excluidos del “rebote” económico

/ Juan carlos cruz Vargas

El “rebote” que tendrá la economía mexicana –de 6.3%, según la Secretaría de Hacienda– no será suficiente para sanear la economía de los hogares mexicanos, que a lo largo de la pandemia no han contado con apoyos fiscales significativos, pese a las pérdidas de empleos y la disminución de sus ingresos; peor aún, hoy enfrentan un alza de precios generalizada, muestra de que la crisis no ha terminado.

Esa es la realidad que al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta trabajo aceptar:

“No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico; y algo muy importante: no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante”, dijo el tabasqueño en su conferencia matutina del pasado 6 de agosto, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que la pobreza ha aumentado durante la presente administración.

De acuerdo con el organismo, de 2018 a 2020, 3 millones 800 mil personas se sumaron a la pobreza; hoy son 55 millones 700 mil los mexicanos en esa condición. La pobreza extrema también se disparó de 8.7 millones a 10.8 millones. Se trata de las personas cuyo ingreso es inferior al valor de la canasta alimentaria y presenta al menos tres carencias sociales: servicios de salud y seguridad social, así como vivienda, servicios y alimentación.

Pese a las cifras contundentes, el mandatario sostuvo que “la gente es muy responsable y los ingresos que les llega a los adultos mayores los usan para su alimentación, pero en el pensamiento conservador no se acepta eso, eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero”.

Esa política social de López Obrador no ha sido suficiente para contrarrestar los problemas estructurales que con la pandemia se exacerbaron.

Así lo percibe la directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, Graciela Teruel Belismelis, en entrevista con Proceso:

“Hubo que apoyar sobre todo a la población que más lo necesita, a la población más pobre, porque este fue un golpe muy duro, no sólo en términos de ingresos y en términos de empleo. Le ha costado a la población el tener que endeudarse, el tener que pedir prestado, ya sea a amigos o a bancos, el tener que empeñar bienes. Y esas estrategias que han seguido los hogares, justamente son por esa falta de apoyo del gobierno durante la pandemia.”

un informe contundente

Según el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2022, elaborado por el Coneval, una afectación por la pandemia es la poca estabilidad del ingreso, por lo que recomendó al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación adecuar y ampliar la operación | Foto Cristian de Lira

3.8

MILLONES DE PERSONAS

Se sumaron a la pobreza de 2018 a 2020, de acuerdo con el organismo, hoy son 55 millones 700 mil los mexicanos en esa condición de programas sociales que otorgan transferencias monetarias directas, así como la extensión de cobertura.

Teruel Belismelis señala también que durante la pandemia se visibilizaron las limitaciones de los instrumentos de protección social para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso de los hogares, por lo cual se requiere diseñar e implementar políticas y programas que puedan atender a la población vulnerable en contexto de crisis.

Asimismo, consideró necesario consolidar un sistema de protección social que incluya una pensión universal mínima de retiro y de invalidez financiada con impuestos generales.

Los ingresos y el empleo de los integrantes de las familias mexicanas fueron impactados durante la pandemia y aún no se recuperan.

En su último reporte sobre la pobreza laboral, el Coneval reveló que el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo un aumento de 2.9% entre el primer trimestre 2021 y el segundo trimestre, al pasar de mil 827.39 a mil 879.53 pesos.

Sin embargo, este aún se encuentra por debajo del que se reportó en el primer trimestre de 2020, previo a la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (covid-19), cuando se ubicó en mil 919.84 pesos.

Asimismo, la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en el segundo trimestre de 2021 fue de 38.5%, cuando antes de la pandemia la cifra era de 35.6%.

Dos de las principales causas por las cuales los ingresos de los mexicanos no han mejorado, pese a la recuperación de la economía y el empleo, son la calidad de este último rubro, además de la inflación, donde no llega la política social de López Obrador y donde la política económica parece rezagada.

Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a agosto, aclaran el panorama: de los 55.6 millones de personas ocupadas en el país, 24.2 millones tienen empleos formales; los 31.3 millones restantes están en la informalidad.

De acuerdo con el Inegi, la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

Además están quienes laboran en micronegocios no registrados o en el sector informal; esta precariedad incluye otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.

Eso no es todo. Si la lupa se enfoca en el nivel de ingresos, los mexicanos que ganan entre uno y dos salarios mínimos son 28.4 millones; de dos a tres salarios, 7.6 millones; de tres a cinco, 3.2 millones; y más de cinco salarios sólo 1.2 millones de personas. En cuanto a la tasa de desocupación, que fue de 2.5 millones de personas (4.3%), en las mujeres la cifra se dispara a 4.5%.

Ante esa situación, Teruel Belismelis, quien formó parte del consejo académico del Coneval, apunta:

“Con todas las mediciones que tenemos, tanto oficiales como a éstas que estamos haciendo nosotros desde la Universidad Iberoamericana, los pobres no sólo son los que más están perdiendo, sino son los que menos están siendo protegidos por parte del gobierno.”

Y esto es realmente muy contradictorio, cavila, porque uno esperaría que un gobierno de izquierda se preocupara primero por proteger a los pobres, por salvaguardar esos empleos, por darles transferencias que los ayudaran a transitar en estos momentos difíciles; ha sido todo lo contrario.

Y los aumentos no cesan

Los bolsillos se merman cuando la estructura del mercado laboral es frágil, desigual y precario, pero también por los precios que no dejan de subir mes con mes. En septiembre, por ejemplo, la inflación se colocó en una tasa anual de 6%, el segundo nivel más alto en lo que va del sexenio de López Obrador.

Esa tasa se encuentra fuera del objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% (+/- un punto porcentual), lo que también prende las alarmas al interior del banco central y lo obligó a aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 4.75%.

El aumento en la inflación no es un asunto sólo de México, sino de todo el mundo.

De acuerdo con el FMI, la recuperación económica ha estimulado una rápida aceleración de la inflación este año en las economías avanzadas y de mercados emergentes, producto de una demanda sólida, la escasez de oferta y el rápido aumento de los precios de las materias primas.

En el artículo Amenazas de inflación en una recuperación de características desconocidas publicado en el blog del FMI, explica que la pandemia ha provocado importantes movimientos de precios en algunos sectores, esencialmente alimentos, transporte, vestimenta y comunicaciones.

Visión equíVoca

De acuerdo con el reporte de BBVA Situación México: 4T 2021, los datos parecen indicar de forma clara que la fuerte tendencia alcista y los elevados niveles alcanzados por la inflación este año responden a un cambio en precios relativos. No obstante, las continuas afectaciones a la producción, sumadas a nuevos incrementos en precios energéticos, evitarán un descenso de la inflación en el corto plazo.

El dedo en el renglón lo puso la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que de plano aseveró que ningún programa social puede sustituir al trabajo como la puerta de salida sostenible frente a la pobreza.

En el país, 3.44% de los hogares no tiene acceso al agua potable; 4.25% al drenaje

gAbriel sOriAnO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. De la misma manera, también podría considerarse que el acceso al sistema de drenaje es también fundamental para el desarrollo de las personas, pues de esa manera se mejora la calidad de vida y se evitarían enfermedades relacionadas a un mal manejo de estos residuos.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que del 35 millones 233 mil 462 viviendas habitadas en México, un millón 215 mil 497 hogares no cuentan no están conectadas a la red de abasto para el agua, representando el 3.44% del total; y que un millón 498 mil 766 no cuentan con drenaje equivalente al 4.25%.

En Aguascalientes, estas cifras son considerablemente más bajas. Se contabilizaron 386 mil 671 viviendas en toda la entidad, de las cuales, 0.55% no tienen acceso al servicio de agua por tuberías y el 0.61% no cuenta con drenaje en sus casas, representando 2 mil 137 y 2 mil 379 respectivamente.

En los municipios en donde se tiene un mayor porcentaje de viviendas sin acceso al agua son en San José de Gracia, El Llano, Tepezalá, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, aunque ninguna llega a tener al 2% de la población sin abasto.

Donde se tiene un problema serio de viviendas sin acceso al drenaje es en El Llano y Asientos pues el 3.80% y 3.56% de las viviendas habitadas no cuentan con acceso al drenaje. Le sigue San José de Gracia con el 2.65% de la población sin tener acceso a este servicio, Tepezalá con 1.90%, Rincón de Romos con 1.49% y Cosío con 1.19%.

Respecto al acceso al agua potable a través de tuberías, llama la atención que el cerca del 8% de la población no recibe abasto de la red pública del agua.

Total de la Entidad Aguascalientes Asientos Calvillo Cosío Jesús María Pabellón de Arteaga Rincón de Romos San José de Gracia Tepezalá El Llano San Franciso de los Romo

Total de Viviendas Habitadas 386671 266942 12544 15556 3938 33229 11470 13584 2381 5425 5211 16391

Viviendas con Acceso a una Red Hidráulica 383430 265232 12390 15364 3900 32845 11306 13364 2333 5335 5113 16248

Viviendas con Acceso al Drenaje 383148 265392 12067 15407 3884 32867 11326 13309 2315 5296 5009 16276 Viviendas sin Acceso al Agua Entubada 2137 989 124 146 31 286 122 148 45 64 94 88 Viviendas sin Acceso al Drenaje 2379 798 447 103 47 259 102 203 63 103 198 56 Drenaje 0.62 0.30 3.56 0.66 1.19 0.78 0.89 1.49 2.65 1.90 3.80 0.34 Agua 0.55 0.37 0.99 0.94 0.79 0.86 1.06 1.09 1.89 1.18 1.80 0.54

/ glOriA leticiA díAz

Conforme se abren los archivos de la Sedena toma forma el papel que el Ejército tuvo antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en la cual fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que marcó la Presidencia de Enrique Peña Nieto y cuyo esclarecimiento se mantiene como una de las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La desclasificación de los registros confirma que, tres años antes de la funesta noche, las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia.

De manera particular, el sistema de inteligencia militar, coordinado desde el Centro Militar de Información, de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recurrió a la infiltración de su personal vía alumnos “fachada”, para informar a los altos mandos militares de Lomas de Sotelo lo que ocurría dentro y fuera de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, icónica escuela por ser cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas.

Con la apertura de los archivos, ordenada por López Obrador hace año y medio, se sabe que unos días antes de la tragedia de Iguala, personal militar adscrito a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), pertenecientes al Pelotón de Información de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, dio cuenta de las actividades programadas por los estudiantes.

De acuerdo con la información a la que Proceso accedió, el 22 de septiembre de 2014, con datos recabados de uno de esos elementos, desde Chilpancingo se notificó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar, en la central de Lomas de Sotelo, sobre las actividades acordadas por el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para acudir a la manifestación por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

En el informe se relata que entre los acuerdos que se cumplirían esa semana se incluía la “retención” de 15 autobuses de pasajeros de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca, para desplazarse a la Ciudad de México.

Con la información del OBI infiltrado entre el alumnado de la escuela normal rural, se reporta que ese mismo 22 de septiembre, a las 09:40 horas, unos 40 jóvenes abordaron el autobús 1544 de la empresa Estrella de Oro, con rumbo a la comunidad de Buenos Aires, municipio de Atoyac, para recabar dinero, vía boteo, así como para “extraer” diesel de los vehículos que circulaban por esa vialidad.

La vigilancia cercana que el sistema de inteligencia militar tenía sobre la normal de Ayotzinapa y sus alumnos se revela en un registro del 29 de septiembre de 2014, días después de la trágica noche de Iguala, en el cual se advierte a la superioridad de Lomas de Sotelo que uno de los OBI adscritos a la comandancia de Chilpancingo se encontraba en la lista de los estudiantes desaparecidos, que en un principio se cifró en 57.

Según el reporte, el OBI se habría comunicado con sus superiores el 27 de septiembre, pero no volvió a hacerlo porque participó en las protestas para reclamar la presentación de los desaparecidos, por lo que el 28 de septiembre se contactó a la madre del soldado infiltrado, quien sostuvo que alumnos la invitaron a sumarse a las manifestaciones y le informaron que su hijo estaba bien.

Esa información se corroboró con el testimonio de otro OBI que estaba en la cabecera de Tixtla, y quien supuestamente vio al infiltrado entrar a la escuela normal el 28 de septiembre, pero no lo vio salir.

Con esta última afirmación desde el mando castrense de Chilpancingo se planteó la hipótesis de que los estudiantes desaparecidos en realidad estarían dentro de la normal rural.

Alumnos “fachada”, el espionaje militar en el caso Iguala

AperturA

La difusión de la infiltración militar como un elemento clave en el caso Ayotzinapa, no es nueva. En junio de 2015, en respuesta a una solicitud de información presentada por este semanario, la Sedena confirmó que uno de los 43 estudiantes de la normal desaparecidos era un militar activo, pero clasificó su nombre como “confidencial”, aunque se tenía evidencia de que se trataba de Julio César López Patoltzin, nombre que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, confirmó meses más tarde en una entrevista televisiva, sin admitir la infiltración (Proceso 2006 y 2032).

Ante el continuo reclamo de los padres de los jóvenes desaparecidos, así como de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la desatención de los miembros de la Sedena –al decreto presidencial por el que se crea la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa–, López Obrador tuvo que golpear la mesa de trabajo y ordenar al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, abrir sin límites los archivos militares.

La desclasificación de los archivos castrenses del caso Ayotzinapa ha confirmado que los estudiantes eran blanco de vigilancia constante, y ahora se sabe que eso ocurría desde 2011, año en el cual dos normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, que habían tomado junto con otros más la Autopista del Sol, murieron por impactos de arma de fuego al enfrentarse a policías federales y estatales durante el desalojo de la vialidad, el 12 de diciembre.

ObjetivOs de riesgO

Por el seguimiento permanente a los estudiantes, del que también participaban –además de los OBI– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el C-4, se sabía que los normalistas tuvieron actividades en municipios de la región norte de Guerrero, destacando su asistencia a las manifestaciones por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en junio de ese año y atribuido al entonces alcalde José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En los informes castrenses y de corporaciones civiles se advierte la presencia de los estudiantes, por lo menos desde el 17 de septiembre de 2014, para hacerse de provisiones de alimentos y combustible, secuestrando para ello una pipa de diesel.

El Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), publicado en noviembre de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en los informes que realizó el GIEI entre 2015 y 2016, y la supervisión de la investigación para localizar a los estudiantes, alerta sobre la vigilancia hacia ese grupo de ciudadanos.

El documento retoma una declaración ministerial que hizo quien fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, quien ante cuestionamientos del seguimiento que se daba a los jóvenes argumentó que estaba fundamentada en el reglamento castrense que da facultades al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de “garantizar la seguridad interior”, estar al tanto de acciones que “pudieran derivar en conflictos o disturbios sociales” y la protección del mismo personal militar.

Expuso que “la única finalidad de conocer sus actividades” era precisamente evitar a los jóvenes de Ayotzinapa, “puesto que es a las autoridades de seguridad pública, ya sea municipal, estatal o federal, a quienes corresponde controlar las alteraciones del orden público y los disturbios sociales y, en su caso, adoptar medidas que estimen convenientes”.

Para cerrar el tema sobre la vigilancia permanente a los jóvenes, el informe del MESA incluye un extracto de un Mensaje Formato Cifrado Arcano del 30 de septiembre, en el que se instruye al personal militar “evitar el tránsito por los lugares donde el citado grupo de normalistas realiza actividades, con el objetivo de evitar confrontaciones” y, con ello, prevenir “que se afecte la buena imagen del instituto armado”.

En ese documento se advierte cuál era la consideración que tenía o tiene el Ejército de los normalistas de Ayotzinapa: “Elementos (que) buscan la confrontación con autoridades a través de la provocación sistemática”.