aPRO / PedRO ZamORa

Con cargada de gobernadores morenistas, clausuran foros de la reforma eléctrica

/ melissa ameZcua

Foto Cámara de diputados Un grupo de gobernadores de Morena; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, acudieron hoy a San Lázaro a reiterar su apoyo a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras 25 foros celebrados en 180 horas en el Palacio Legislativo desde hace poco más de un mes, fueron clausurados los debates del Parlamento Abierto, que se caracterizó por estar inclinado con mayoría de ponentes a favor de la reforma, especialmente diputados de la bancada mayoritaria de Morena, PT y PVEM, analistas y funcionarios de la CFE.

Los resúmenes de cada foro proyectados por el Canal del Congreso se han cargado también hacia quienes asistieron a hablar a favor.

En la clausura, encabezada por Nahle, el único que habló en contra fue el alcalde de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal.

“Pareciera una disputa entre rapaces empresarios contra defensores infalibles del interés público. Esto no es así. Una mala decisión la pagarán los más pobres y desprotegidos”, dijo.

Nahle reiteró lo dicho por varios funcionarios de la CFE y diputados de Morena, PT y PVEM, que lo que está detrás del cambio legislativo es el modelo mercantil.

“Hasta se ha bursatilizado por medio de certificados cambiarios, que nos cuestan mucho a todos los consumidores y que con ello se generan cuantiosas ganancias a empresarios metidos en el ramo, esto ha llevado a que las tarifas se eleven”, dijo la secretaria de Energía.

El diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, confirmó que el 70% de los participantes en el Parlamento acudió a defender la reforma y justificó que la invitación estuvo abierta para empresarios y políticos que estuvieran en contra, muchos de los cuales declinaron participar.

Al evento acudieron Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Omar Fayad, de Hidalgo; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Alfredo Ramírez Bedolla; de Michoacán, y Leonora Cuellar, de Tlaxcala. Así como diputados representantes de todas las bancadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz es inconstitucional.

En la sesión de este lunes, los ministros determinaron que la reforma aprobada en marzo de 2021 por la LXV Legislatura es violatoria al derecho a la libertad de expresión, pero también el delito de ultrajes a la autoridad tiene un impacto desproporcional y se puede aplicar de forma arbitraria por servidores públicos tanto del ámbito policiaco y del Poder Judicial.

En contraste, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anunció que respeta el “enmiende de plana” de los ministros de la SCJN. Sin embargo, expuso que mañana mismo enviará al Congreso Local una nueva iniciativa de ley que contemple la “agresión violenta” hacía servidores públicos y ciudadanos en general para garantizar la prisión preventiva oficiosa

“Yo debo cumplir mi función como gobernador. Tienes que asumir tu papel. Ahora que vemos la argumentación (de los ministros) por las agravantes, no modificamos el texto que fue aprobado en el 2003 (sic)”.

García Jiménez insistió en que la intención del gobierno de Veracruz y del Congreso Local era reducir los altos índices de violencia, razón por la que el delito de ultrajes a la autoridad fue necesario en estos once meses.

“Al operar con más policías, con el doble y al tener más presencia en el territorio, teníamos que darle una garantía de protección con este delito. Yo ahora, tengo que asumir la responsabilidad de lo que queda sin protegerse, como es la agresión violenta con armas”.

Los ministros de la SCJN señalaron que declaró inconstitucional el artículo 331, tras llegar a la conclusión de que violan se los derechos a la libertad de expresión y a la información, además de que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo.

Previo a la discusión, el proyecto del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo concluyó que es “irrelevante”, lo que se votó apenas este domingo en el Congreso Local de Veracruz que es un intento por preservar dicho delito en el Código Penal del Estado, derogando parcialmente apenas dos párrafos.

SCJN invalida el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz

/ Noé Zavaleta

/ Pedro Zamora

El presunto narcotraficante Alejandro G., conocido como “El Pelón”, era el objetivo y fue una de las víctimas de la matanza ocurrida la tarde del domingo 27 en la comunidad San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde murieron también varios de sus acompañantes, reveló el fiscal general del estado, Adrián Solís López.

En rueda de prensa ofrecida la tarde de este lunes, el funcionario explicó que durante la investigación se determinó que Alejandro G. había acudido ese día al velorio de su madre, Elisa B., que se realizaba en las inmediaciones de un domicilio particular ubicado a unas cuadras del Palacio Municipal.

Dijo que, de acuerdo a entrevistas realizadas por personal de la FGE, desde muy temprana edad Alejandro G. “era considerado parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado de Michoacán y posteriormente se pasó a un grupo criminal asentado en el estado de Jalisco, realizando hasta estos últimos días presumiblemente actividades delictivas en el estado de Colima”.

Respecto del móvil de los hechos, el fiscal señaló que “El Pelón” tenía rencillas con otro individuo de quien se reservó el nombre, con quien intercambiaba acusaciones mutuas por la presunta desaparición y homicidio de familiares, por lo que al lugar del velorio acudió el segundo acompañado de otras personas armadas, quienes “agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro G., así como posiblemente a algunos de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido hasta el momento posible confirmar”.

De acuerdo con versiones extraoficiales manejadas en diversos medios de comunicación, el número de víctimas podría oscilar entre diez y diecisiete.

Solís López señaló que la fiscalía a su cargo se enteró de los hechos después de las 18:00 horas del domingo a través de un video que circulaba en las redes sociales, el que se observa la agresión con armas de fuego en las afueras de un domicilio de San José de Gracia, que se tomó como una noticia criminal, se inició la carpeta de investigación y se dispuso el traslado de personal al lugar de los hechos, que se localiza a 45 minutos en vehículo desde la sede regional en Jiquilpan.

Aclaró que antes de esa hora no se recibió reporte alguno sobre los acontecimientos y al llegar al lugar de los hechos no se encontraron víctimas, pero se detectó que el piso estaba recién lavado, además de que se localizó una bolsa con restos de masa encefálica que se embaló para su análisis, y otra más que contenía envases de productos de limpieza.

Entre otros hallazgos, además, los elementos de la FGE recolectaron en la escena del crimen un centenar de cartuchos percutidos de los calibres 9 milímetros, 7.62, 5.46 y 45.

Después de la agresión, añadió Adrián Solís, familiares de Elisa B. que participaban en el acto fúnebre fueron obligados a ingresar a un domicilio, mientras los adversarios de Alejandro G. limpiaron el lugar y “depositaron presumiblemente los cuerpos de más víctimas en camionetas, en las que los trasladaron al retirarse del lugar”.

El titular de la FGE de Michoacán comentó que el lugar de los hechos se ubica cerca de la Presidencia Municipal, lugar donde solamente había tres policías de guardia, quienes “refirieron que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir, por lo que esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato, que resultan imprescindibles para la preservación del lugar”.

Indicó que, a raíz de estos hechos, el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana envió un equipo de apoyo que se sumó a las tareas de investigación en las que participa personal de la FGE, con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional y de la Policía Estatal para el esclarecimiento de estos hechos.

Ante el cuestionamiento de uno de los reporteros presentes, el fiscal insistió en que en este momento no es posible cuantificar el número de víctimas, porque materialmente no están disponibles, además de que “presumiblemente podría tratarse de personas que no son avecindadas, ni originarias o radicadas en el lugar de los hechos”.

Manifestó que la FGE tuvo conocimiento de este hecho después de las seis de la tarde, cuando presumiblemente ocurrió a las 15:30 horas, aunado a la distancia, por lo que “cuando llegan nuestro personal y las fuerzas de seguridad ya se había manipulado la escena del crimen”.

El argumento que podría explicar esto, subrayó Adrián Solís, es la falta de reporte de los primeros respondientes, que en este caso debieron haber sido los elementos de la Policía Municipal, que sólo eran tres en la presidencia, pero no activaron los servicios de alerta del sistema estatal de seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que colabora en todo lo necesario para aportar al esclarecimiento de los hechos y que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se aplica el plan Cero Impunidad en coordinación con los gobiernos estatales para colaborar en las investigaciones de hechos delictivos que lastiman a la sociedad.

Además, la tarde de este lunes se llevó a cabo una mesa trabajo en las instalaciones de la SSPC, en la que participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad Pública del estado, José Alfredo Ortega Reyes; el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja; y el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, Carlos Augusto Morales.