En los escuetos fundamentos que dio el Poder Ejecutivo al enviar su proyecto subrayamos el que dice “es obligación de la Provincia contribuir a la reparación de los daños ocasionados a raíz de los citados acontecimientos asumiendo el rol que le compete” Eso es lo que pretendemos llevar a todos los tucumanos víctimas de Delitos ante el fracaso de las políticas de Seguridad, una reparación patrimonial que los alivie aunque sea parcialmente del daño sufrido, porque entendemos que hay derechos como la vida y la tranquilidad y convivencia pacifica que no tienen compensación pecuniaria alguna, que solo operará como un mero pero imprescindible paliativo que ayudará a recuperar la confianza perdida en la ley y en el derecho. Los daños que se derivan de estos delitos deben encontrar una respuesta en el ordenamiento jurídico local, alguien debe responder por la falta de seguridad, por las fallas en la prestación de ese servicio esencial. La pregunta que se impone, debe el Estado responder civilmente ante el fracaso en la prestación del servicio público Seguridad? La respuesta afirmativa que surge es categórica. La vigencia plena del Estado de Derecho así lo requiere, no su mera declaración, sino la efectiva vigencia de los derechos de los individuos. Ello asi porque esta protección se vincula con los fines del Estado, con la justificación de su existencia. El fundamento esencial es la protección del patrimonio de la victima (Amenabar, 2008, Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, Rubinzal Culzoni Editores) A las víctimas de delitos que no son otras que las “personas cuyo interés ha sido lesionado por el Delito (Carnelutti) el Estado debe reparar los daños ocasionados. El Estado cuenta entonces, la política cuenta digamos mejor, con las herramientas para enmendar esa situación, hasta tanto encuentre las políticas de seguridad adecuadas que garanticen una mejor convivencia, una merma en los delitos y podamos vivir en una sociedad mejor. Es función indelegable del Estado asegurar la vida y los bienes de los ciudadanos, que para ello pagan sus impuestos. Por ello no se puede mirar para otro lado y naturalizar el estado de indefención en que se encuentra nuestra sociedad ante la delincuencia. El Estado tiene el deber de trabajar en la prevención y represión del delito. Pero también debe hacerse cargo de las consecuencias de su inoperancia e indemnizar a las víctimas, como ya lo hizo esta Legislatura con las empresas que sufrieron daños ante los saqueos de diciembre pasado
LEGISLADOR FERNANDO VALDEZ (UCR-‐ DR. ÁNGEL PISARELLO) HL-‐TUC
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