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Proyecto de Ley Creación de un Fondo de Repación Patrimonial para Victimas de la Inseguridad    

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de  

LEY:

Artículo 1°.- Los ciudadanos que resultaren afectados por hechos delictivos y que hayan sido víctimas de los delitos de hurto o robo en cualquiera de sus figuras penales, lesiones leves o graves en ocasión de esos delitos contra la propiedad, o cualquier otro tipo de delitos contra las personas, en el ámbito del territorio provincial, gozarán de una indemnización reparadora, paliativa de la pérdida patrimonial sufrida, o de las lesiones o perdidas tanto físicas como psicológicas padecidas.

Articulo 2°.- A los fines del artículo anterior crease el Fondo de Reparación Patrimonial a las Victimas de la Inseguridad, el que se integrará con las partidas presupuestarias que el P.E., a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, queda facultado a modificar y redistribuir.Articulo 3°.- A los fines de la presente ley créase el Registro de Ciudadanos Victimas de Hechos Delictivos para el Fondo de Reparación Patrimonial a los cuales se refiere en el art. 1º, el cual funcionara en el ámbito del Poder Ejecutivo y tendrá por objeto tomar conocimiento fehaciente de la cantidad de de ciudadanos afectados por esos delitos y la cuantificación de los daños y perjuicios producidos.Será condición para inscribirse en el Registro, además de las que establezca el Poder Ejecutivo, la acreditación por parte de los ciudadanos su condición de victimas de los delitos referidos en el art. 1º, la presentación de la denuncia policial o judicial correspondiente, como así también de todo elemento probatorio tales como fotografías, videograbaciones, actas de constatación ante escribano público, informes psicológicos o periciales, y

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todo otro medio de prueba que permita constatar de modo fehaciente los daños y perjuicios sufridos.

Articulo 4°.- En aquellos supuestos que las victimas ejerzan alguna actividad comercial y el delito fuera en ejercicio o en ocasión de dicha actividad podrán gozar de una exención de hasta el 100% en el pago de los impuestos a los Ingresos Brutos, para la Salud Publica e Inmobiliario, con los siguientes alcances:

• Ingresos Brutos: por la actividad ejercida en los establecimientos afectados. • Salud Pública: por las retribuciones abonadas a su personal que preste servicio en los establecimientos afectados. • Inmobiliario: Padrón correspondiente a los establecimientos afectados

En este último tributo inmobiliario podrán gozar también las victimas no comerciantes sobre el inmueble destinado a vivienda cuando sea de su propiedad. Dichas exenciones regirán para los períodos fiscales que se determinen y se materializaran mediante el otorgamiento, por parte del Poder Ejecutivo, de un crédito fiscal no transferible. El beneficio establecido en el presente escrito no será acumulable con la indemnización prevista en el art. 1º.

Articulo 5°.- El Poder Ejecutivo deberá otorgar subsidios reparadores a la victimas a las que se refiere el artículo anterior, como así también a gestionar ante el Banco del Tucumán S.A. y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, la creación de una línea de crédito especial, tomando a su cargo, total o parcialmente, los intereses que los mismos devenguen. Los beneficios establecidos en este artículo podrán ser acumulables.  

Articulo 6°.- De forma.

Acompaña este Proyecto de Ley la firma de los Legisladores Provinciales por la Unicón Cívica Radical: Federico Romano Norri, Roberto Sánchez, Sergio Ariel García, Manuel Fernando Valdez

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Fundamentos Proyecto Ley creación Fondo de Repación Patrimonial Victimas de la Inseguridad. Vivimos un estado de abandono de la ley y el derecho. Lo que el Maestro Carlos Santiago Nino señalaba hace mas de 20 años en su libro ‘Un país al margen de la ley’ es una minúscula, candorosa aproximación a la realidad que nos toca vivir en este país y en este Tucumán del Tercer Milenio. Podríamos decir siguiendo a Sabsay, que estamos cerca de vivir hoy en la vigencia del "estado de No derecho". La ausencia total de normas o la inobservancia absoluta de las mismas. Esa descripción que puede aplicarse a distintos aspectos políticos, sociales y culturales, resulta ominosa e irrebatible cuando miramos en una de las dos obligaciones esenciales e irrenunciables del Estado tucumano, cualquiera sea la concepción que de él se tenga: la Seguridad. La otra, la Justicia, también sufre en esta Provincia los embates de una concepción del poder político basado en la hegemonía. Justicia y Seguridad entendidas como servicios públicos esenciales, monopolizados por el Estado, mínimos inderogables, podemos decir que, entre otros caracteres, configuran el estado moderno. La ausencia de Seguridad o las falencias en su prestación o el fracaso de las políticas instrumentadas nos llevan a una situación de precariedad democrática alarmante. El fracaso de estas políticas públicas son evidentes, lo padecemos los tucumanos diariamente, lo admite el Gobernador y sus funcionarios del área y lo refleja la prensa local en sus crónicas, reflexiones y análisis. A modo de ejemplo remito a algunas de ellas. http://m.lagaceta.com.ar/nota/600858/columnas/vista-gorda.html http://m.lagaceta.com.ar/nota/601898/opinion/seguridad-sigue-siendo-materiapendiente.html http://www.lagaceta.com.ar/nota/586281/policiales/ataque-homicida-ocurrio-50metros-comisaria.html

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http://m.lagaceta.com.ar/nota/589449/politica/gobierno-alperovich-ajusta-plan-paraluchar-contra-delito-tucuman.html http://m.lagaceta.com.ar/nota/603799/policiales/victimas-asaltos-realizan-justiciamano-propia-antes-acudir-policiafiscales.html%20%C2%A9%202014%20Microsoft%20T%C3%A9rminos%20Privac idad%20y%20cookies%20Desarrolladores%20Espa%C3%B1ol http://m.lagaceta.com.ar/nota/604521/policiales/balean-mujer-para-robarle-carterametros-donde-asesinaron-ivansenneke.html%20%C2%A9%202014%20Microsoft%20T%C3%A9rminos%20Priva cidad%20y%20cookies%20Desarrolladores%20Espa%C3%B1ol Esta situación donde la vida y los bienes de los ciudadanos de esta comarca se encuentran en permanente peligro nos asoma a otros abismos iguales o más temibles, el de la lucha fratricida, el de la justicia por mano propia, el de la disolución social. Eso que vivimos en diciembre 2013, en esos negros días de la cuasi anarquía, de la ausencia total del Estado. La situación de fragmentación social significa la ruptura de los lazos de la solidaridad que nos constituyen como cuerpo social. En esa situación nos encontramos los argentinos y los tucumanos desde hace varios años. Ese estado de fragmentación social se presenta con varios síntomas, por ejemplo con la desconfianza generalizada en instituciones paradigmáticas del Estado como la policía y la Justicia (Islas, 2012, en Violencia y Derechos Humanos, Estudios y debates en el Tucumán profundo). Y de eso se trata cuando el Estado deserta o fracasa en el diseño e implantación de políticas de Seguridad que garanticen la convivencia social. La ausencia que referimos impacta brutalmente en la vida cotidiana de los tucumanos, los hechos de violencia se repiten e incrementan diariamente, los delitos más variados lo sufrimos todos los días y la insuficiencia incluso es admitida por los funcionarios del área Seguridad. Esta caracterización de la sociedad tucumana de hoy, se refleja en el debate parlamentario con motivo de los días de Diciembre 2013, en la sesión del día 26 varios legisladores mencionaron el fracaso de esas políticas, evidenciadas ante la sedición policial. Ese debate con motivo de la sanción de la ley 8.651, antecedente inmediato en la legislación local del presente proyecto de ley, nos relevan de mayores fundamentos para describir la realidad actual.

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En los escuetos fundamentos que dio el Poder Ejecutivo al enviar su proyecto subrayamos el que dice “es obligación de la Provincia contribuir a la reparación de los daños ocasionados a raíz de los citados acontecimientos asumiendo el rol que le compete” Eso es lo que pretendemos llevar a todos los tucumanos víctimas de Delitos ante el fracaso de las políticas de Seguridad, una reparación patrimonial que los alivie aunque sea parcialmente del daño sufrido, porque entendemos que hay derechos como la vida y la tranquilidad y convivencia pacifica que no tienen compensación pecuniaria alguna, que solo operará como un mero pero imprescindible paliativo que ayudará a recuperar la confianza perdida en la ley y en el derecho. Los daños que se derivan de estos delitos deben encontrar una respuesta en el ordenamiento jurídico local, alguien debe responder por la falta de seguridad, por las fallas en la prestación de ese servicio esencial. La pregunta que se impone, debe el Estado responder civilmente ante el fracaso en la prestación del servicio público Seguridad? La respuesta afirmativa que surge es categórica. La vigencia plena del Estado de Derecho así lo requiere, no su mera declaración, sino la efectiva vigencia de los derechos de los individuos. Ello asi porque esta protección se vincula con los fines del Estado, con la justificación de su existencia. El fundamento esencial es la protección del patrimonio de la victima (Amenabar, 2008, Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, Rubinzal Culzoni Editores) A las víctimas de delitos que no son otras que las “personas cuyo interés ha sido lesionado por el Delito (Carnelutti) el Estado debe reparar los daños ocasionados. El Estado cuenta entonces, la política cuenta digamos mejor, con las herramientas para enmendar esa situación, hasta tanto encuentre las políticas de seguridad adecuadas que garanticen una mejor convivencia, una merma en los delitos y podamos vivir en una sociedad mejor. Es función indelegable del Estado asegurar la vida y los bienes de los ciudadanos, que para ello pagan sus impuestos. Por ello no se puede mirar para otro lado y naturalizar el estado de indefención en que se encuentra nuestra sociedad ante la delincuencia. El Estado tiene el deber de trabajar en la prevención y represión del delito. Pero también debe hacerse cargo de las consecuencias de su inoperancia e indemnizar a las víctimas, como ya lo hizo esta Legislatura con las empresas que sufrieron daños ante los saqueos de diciembre pasado

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El derecho tiene esos instrumentos jurídicos para resolver y así lo viene haciendo desde antiguo el derecho argentino, mediante normas jurídicas y también por vía pretoriana jurisprudencial. Se menciona como la primera ley donde se fija la responsabilidad del Estado a la ley nº224 del 29 de Setiembre de 1859. También encontramos soporte normativo en el art 1112 del Código Civil que estipula un tipo de responsabilidad directa y objetiva por los daños derivados del ejercicio irregular, anormal, defectuoso u omisivo de sus funciones por parte de los agentes públicos y reconoce como factor de atribución de responsabilidad la noción objetiva de “falta de servicio”. También se encuentra sustento en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional que consagran la garantía de igualdad y proporcionalidad de las cargas públicas y la inviolabilidad de la propiedad y reconoce como factor de atribución la nocion de “sacrificio especial”, o sea un daño anormal que el administrado damnificado no tiene el deber jurídico de soportar (Amenabar). También por vía jurisprudencial, mediante pronunciamientos de nuestro mas alto tribunal de Justicia se ha pronunciado el derecho argentino sobre la Responsabilidad del Estado, evolucionando desde el año 1933 en el caso ‘Devoto’ primero donde admite la responsabilidad del Estado como poder público hasta el caso ‘Vadell’ del año 1984 donde ya invoca exclusivamente el art. 1112 del Cod. Civil, es decir, es suficiente con demostrar el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio para tener acreditada la responsabilidad directa y objetiva del Estado. Desde ‘Vadell’ se consolida esta línea interpretativa de la Corte Nacional incluyendo a los daños ocasionados por la irregular prestación del servicio de seguridad policial, en los casos CSJN 8-10-92, ‘Morales, María c/Provincia de Buenos Aires, ED 152208; 6-10-92 ‘Risso, Claudio y otro c/Provincia de Buenos Aires’, Fallos: 315:2333, entre otros. Se trata además de poner en vigencia plena, derechos que integran nuestra Carta Magna introducidos por el denominado Bloque de Constitucionalidad en el art. 75, inciso 22, es decir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que figura primero, en la cúspide, en la jerarquía normativa del derecho argentino por mandato constitucional. Es decir que los fundamentos primero y último del proyecto que elevamos han sido elaborados por la jurisprudencia, sobre la base de normas constitucionales, de preceptos contenido en el Código Civil y de los Principios Generales del Derecho, como “no dañar a otro” “dar a cada uno lo suyo” inherentes ellos a la vigencia del Estado de Derecho que tienden a lograr seguridad jurídica y el respeto de los

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derechos de los administrados. Entre ellos se halla el respeto al derecho a la vida, a la integridad física del hombre, el respeto a los derechos adquiridos y que por ello cada vez que se produzca un perjuicio a un individuo en violación de los mismos nace contra el Estado el derecho a una indemnización, aunque la ley no haya fijado el resarcimiento, la igualdad ante las cargas públicas, las garantías de la libertad, el reconocimiento de los derechos esenciales así lo impone. Si esos derechos son lesionados por el Estado, debe restaurarse la plenitud de los mismos mediante una indemnización que equivalga al perjuicio sufrido (Marienhoff) Soluciones como las que se proponen del reconocimiento de la Responsabilidad Civil del Estado para con las Víctimas de Delitos encuentran además reconocimiento en otros países de América Latina como Uruguay, Perú y México donde iniciativas similares encontraron acogida legislativa y en materia de Derecho Internacional contamos con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34 del 29 de Noviembre de 1985, en especial su Art. 1. Se trata de garantizar el bien más preciado de la persona, no solo sus bienes materiales sino su propia vida. Son como decía el proyecto del gabinete de ministros del Presidente Mujica del año 2012 “Estrategias por la Vida y la Convivencia Ciudadana”. Es que el Derecho, y de eso se trata en esta legislatura de crear derecho positivo, debe servir para la convivencia pacífica o no será Derecho. Ese es el camino para construir esa sociedad mas justa, mas libre y mas igualitaria con la que soñamos. Por la razones expuestas es que solicitamos que este Proyecto sea convertido en Ley.

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