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La Legislatura de la Provincia de Tucumán Sanciona con fuerza de:

LEY

PROYECTO DE LEY ADELANTO DE CAPITAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS

Artículo 1º.- Crease por medio de la presente ley el sistema integrado de adelantos de capital para jubilados y pensionados, el cual será implementado por intermedio de la Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán. En igual sentido podrán integrarse las entidades financieras del sector privado que operan en la provincia, con sus propias lineas de crédito y siguiendo las pautas de la presente ley.

Artículo 2°.- Son sujetos de la presente ley, quienes cumplan con los siguientes requisitos: a) Ser beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyo beneficio no supere el monto de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) mensuales.

b) Haber iniciado demanda por reajuste de haberes, posean sentencia favorable en primera instancia y adjunten liquidación provisoria en el proceso judicial respectivo.

c) Tener domicilio en la Provincia de Tucumán, con residencia acreditada, inmediata e ininterrumpida de cinco (5) años.

Artículo 3°.- El sistema que por esta ley se crea, cubrirá el monto total de la suma reconocida en la liquidación provisoria de la sentencia de primera instancia en el proceso judicial respectivo, a sola firma, y hasta un máximo de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000) para cada caso.

El adelanto será otorgado por un plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables por un término igual o hasta tanto se encuentre cumplido el pago total del monto fijando por sentencia judicial y la correspondiente liquidación ya aprobada y firme.

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Artículo 4°.- El beneficiario solo deberá restituir el importe correspondiente al capital de la suma otorgada en concepto de adelanto, correspondiendo que los intereses sean soportados y abonados exclusivamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La tasa de interés será la misma que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Artículo 5°.- El sistema incluirá seguro de vida del solicitante, el cual será bonificado en un ciento por ciento (100%), en compañía a satisfacción de la entidad bancaria y que sera cargado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Artículo 6°.- Al momento del pago del monto de la sentencia el adelanto que por esta ley se crea será cancelado en su totalidad, siendo el remanente, si lo hubiera, acreditado en la cuenta del beneficiario.

Artículo 7°.- El monto destinado por las entidades bancarias a este sistema de Adelanto de Capital, no podrá afectar aquellas sumas ni partidas que hubiesen sido dispuestas anualmente para atender o proveer a préstamos para jubilados y pensionados de la ANSES.

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FUNDAMENTOS

El tema de la Seguridad Social tiene en nuestro país raigambre constitucional desde que fue incorporado primero por la Constitución de 1949, luego incorporada en la reforma de constitucional de 1957 en el tercer párrafo del art. 14 bis y en las atribuciones del Congreso para dictar leyes sobre la materia. Con la reforma constitucional del 1994 se amplia como una “obligación del legislador para que desarrolle políticas publicas que provean lo conducente al desarrollo humano con justicia social...” (Martín Aldao – Laura Clérico. Los derechos previsionales y la seguridad social. - Siglo XXI Editores. La Constitución en 2020. Roberto Gargarella. Coord.) Existe acuerdo en la doctrina sobre la definición de Seguridad Social que es una “accion estatal con base en la Constitución o en la ley que a través dela intervención técnico-administrativa del aparato estatal busca proteger a los individuos de los riesgos, necesidades o contingencias (de carácter patológico, socio-económico o biológico) que provocan consecuencias dañosas para toda la sociedad. (Laura Pautassi. En Siglo XXI Editores. La Constitución en 2020. Roberto Gargarella. Coord)

En esa concepción de la Seguridad Social la cuestión previsional es una tema central y obligación indelegable del Estado. Así lo entiende nuestra Carta Magna cuando pauta en los arts. 14 bis y 125 como obligación del Estado, nacional o provincial, la de organizar un sistema previsional.

Esas normas constitucionales están acompañadas por la mejor interpretación de la Corte de Justicia nacional en numerosos fallos concordantes donde establece la obligación de garantizar una vida digna a lo beneficiarios de ese sistema y con un sentido inclusivo y protectorio siempre. Eso se vincula de modo directo con lo haberes previsionales y su determinación. La mayor parte de los jubilados y pensionados en la República Argentina, perciben el haber mínimo o se encuentran comprendidos en los intervalos de prestación inmediatos a dicho valor. Es decir que nuestros adultos mayores enfrentan una situación económica extremadamente difícil.

A ello, debe sumarse que la mayoría de nuestros jubilados, en particular aquellos que perciben el haber mínimo han iniciado procesos judiciales a fin de obtener reajustes de las liquidaciones de sus jubilaciones.

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Así, a todas las carencias por las que atraviesan hoy los jubilados y pensionados, se le debe sumar el largo proceso judicial, ante la negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social, tendiente a obtener el reajuste.

No resultando suficiente, el Estado Nacional persiste en su actitud remisa a dar cumplimiento pleno al compromiso de pagar en tiempo y forma y sin interponer apelaciones inútiles los fallos de los juicios ganados por jubilados, dilatando sine die la terminación de esos procesos, en una clara maniobra de chicanas procesales dilatorias, que redundan en una negación de derechos.

El ANSES pretende que por el mero transcurso del tiempo, eludir su deber de cumplir con las sentencias que han obtenido nuestros jubilados. En virtud de lo expuesto, considero que el presente Proyecto de Ley, resulta una herramienta imprescindible de política publica previsional activa en nuestra jurisdicción provincial, que sin dar una solución definitiva, ya que esto es responsabilidad exclusiva del Estado Nacional, va a ayudar a nuestros jubilados a obtener un alivio financiero hasta el momento de obtener el cobro definitivo que les corresponde. Asimismo, este Proyecto se dirige al segmento promedio más vulnerable entre los beneficiarios del SIPA que han iniciado acciones judiciales de reajuste. La resolución ANSES 44/15 establece los mínimos y máximos garantizados a partir de Marzo 2015 del haber jubilatorio, estipulandolos en 3.821,73 y 27.998,69 respectivamente.

Deseo reiterar que por este medio no se pretende liberar al Estado Nacional de sus obligaciones incumplidas. Por el contrario, se acude en ayuda de aquellos perjudicados por su inacción maliciosa.

Por todo lo expuesto solicito a este excelentísimo cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto. Dr. Fernando Valdez, Legislador Provincial UCR - Bloque Ángel Pisarello

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Profile for Legislador Fernando Valdez | UCR-TUC

PL_Adelanto Credito a Jubilados_Leg.Valdez(UCR-TUC)  

Crease por medio de la presente ley el sistema integrado de adelantos de capital para jubilados y pensionados, el cual será implementado por...

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