Diecinueve trabajadores en el limbo y sin cobrar desde agosto

Tras casi un año de conflictos laborales, finalmente el 27 de enero el Ayuntamiento de Torrelodones acordó en pleno la rescisión del contrato con la empresa DLR Facility Services, adjudicataria de los servicios de limpieza de edificios municipales.

A lo largo de varios días del mes de enero se sucedieron las concentraciones de los diecinueve trabajadores de la empresa. Llevan sin cobrar sus nóminas desde el mes de agosto.

Pero sus demandas no vienen de ahora. Comenzaron en el mes de marzo de 2022, cuando ya se concentraron pidiendo el pago de sus salarios. El Ayuntamiento impuso en febrero de 2022 sanciones a la empresa “por deficiencias graves”, pero siguió manteniendo el contrato y pagando mes a mes las facturas.

Desde agosto no cobraban sus nóminas y los trabajadores decidieron iniciar una huelga. Tras varios días, el Ayuntamiento requirió a los operarios que cumplieran los servicios mínimos y recordó que “el incumplimiento podría acarrear causa justa de despedido”; sin embargo, pese a las amenazas del alcalde, la empresa no había asignado ningún servicio mínimo.

Declaraciones y notas falsas

Como reacción, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa el 13 de enero donde aseguraba que “Torrelodones contará con una nueva empresa de limpieza en febrero que subrogará al personal y asumirá los sueldos impagados”. A esta información le siguieron declaraciones del propio alcalde en varios medios, donde aseguraba que la nueva empresa pagaría los salarios atrasados. En el pleno del 27 de enero se demostró que no era así. Hasta dos notas de prensa y rectificaciones del Ayuntamiento se sucedieron para aclarar que la nueva contratista que asuma el servicio de limpieza no se hará cargo de la deuda de DLR con los trabajadores, según recoge el convenio del sector.

El Pleno, donde asistieron los trabajadores, acordó que el Consistorio retendrá las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los salarios. Una vez concluido, los trabajadores se trasladaron a sus puestos de trabajo, pero les negaron la entrada. Nadie del equipo de Gobierno les había informado de que ya no podían trabajar.

Tuvieron que ser los conserjes y los jefes de servicio quienes se lo explicaran.

Ahora, sin cobrar y sin trabajo es- peran que se adjudique el contrato y que la empresa les subrogue.

Conflicto en otras administraciones

El caso de Torrelodones no ha sido el único en conflicto con la empresa. Ha habido implicadas otras administraciones, como la Biblioteca Nacional o el Ayuntamiento de Madrid. Pero el modo de actuar ha sido distinto. En Madrid cuando supieron que no se pagaban los sueldos se retuvieron las facturas que presentaba la empresa para garantizar que el personal pudiera cobrar sus salarios y firmaron un contrato de emergencia con otra empresa, que se hizo cargo del servicio y de los trabajadores. Para el candidato socialista, Rodrigo Bernal, el problema de Torrelodones es que el Ayuntamiento no ha sabido dar la respuesta inmediata que debería haber dado. “Las cuatro penalidades impuestas solo han servido para agrandar un problema que se ha convertido en un auténtico drama para las 19 familias, que no cobran sus sueldos desde hace seis meses”.