Derechos de los Pueblos Indígenas

que se encuentran registradas y al corriente de sus obligaciones, que permiten darnos la certeza de que nuestro dinero estará seguro al momento de guardarlo.

En ese listado, nos muestra la tasa de interés y la ganancia que tendrías sobre tu ahorro. Lo importante es que te permite hacer un ejercicio para que sepas, por ejemplo, si guardas 100 pesos cada mes, cuanto tendrás ahorrado al final de tu meta, sumando la ganancia que la institución te otorga.1

Sin duda vale la pena revisar esta lista y comparar los servicios de diversos bancos o productos financieros. Las recomendaciones de los especialistas consisten en que consultes en el banco en el que tienes tus cuentas bancarias, las opciones de ahorro y los beneficios, y que compares con otros bancos, además, la herramienta que brinda CONDUSEF es útil, pues te permite conocer otras opciones de instituciones seguras.2

Por último, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revelan que el saldo de las cuentas de ahorro tuvo un incremento de 15.36% anual en diciembre del año pasado, con un monto de 21 mil 864 millones de pesos, una cifra sin precedente. El número de cuentas de ahorro subió a 844 mil 622 en el último mes del año pasado, también en niveles máximos. Por lo cual invito a todos a revisar estas herramientas de ahorro y seguir promoviendo unas finanzas sanas.

*Tesorera del Senado de la República

1 https://www.bbva.com/es/saludfinanciera/descubre-que-es-una-cuenta-deahorro-y-para-que-sirve/

2 https://simulador.condusef.gob.mx/ condusefahorro/datos_ppa.php?capital_in icial=1%2C000&ahorro=0&periodo=28&f echa_inicio_base=2006-01-02&fecha_fin_ base=2023-07-30&durante=1 os pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas han padecido históricamente, la indiferencia de muchos gobiernos y sus administraciones, si acaso, fue en 1994 cuando el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, expuso la realidad que vivían en ese entonces. Los tiempos actuales todavía representan muchos retos para los pueblos originarios, sin embargo, se advierten políticas públicas que garantizan un acceso equitativo a programas que benefician también a los mestizos, ya que ahora, son reconocidos como titulares de derechos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) principalmente en los numerales que detallo a continuación. Por lo que respecta a la base del Derecho Indígena, tenemos que el Artículo 2º dispone entre otras cosas, que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades (Federación, entidades federativas y municipios), tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. En tal sentido, se establece que las autoridades deben garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, además de establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. El citado artículo consagra en su párrafo décimo cuarto, que el estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación, tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años. Además, el párrafo décimo quinto del citado artículo, dispone que las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. Dentro de las leyes federales que contribuyen al fortalecimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, están la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que tiene por objeto, regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos; además, reconoce que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional, antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación. De igual forma, se encuentra la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dicho instituto es creado por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y es reconocido como la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano; tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la CPEUM y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte. También está vigente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuya finalidad es reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en los términos de los artículos primero, 2º, 4º párrafo décimo segundo, y 73, fracción XXV, de la CPEUM y los instrumentos internacionales en la materia. Uno de los fines de esta Ley, es reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio. Hasta aquí, queda fundamentada la existencia de un conjunto de prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas que constituyen la base del Derecho Indígena y los primeros peldaños hacia una vida más justa y equitativa. alvarogarciahernandez2027@gmail. com ace algunas semanas participamos en la cumbre denominada Safe & Just Communities llevada a cabo en la ciudad de Nueva York Este congregó a profesionales de la seguridad pública y justicia de talla internacional como Alexis Piqueiro director del buró de estadísticas de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, académico reconocido por su aporte a las estrategias de reducción de violencia basadas en evidencia; Jeffries Hakem líder demócrata en la cámara quien promueve la agenda de políticas de prevención de la violencia en E.E.U.U; Karol V. Mason presidenta del John Jay College de New York impulsora de la reforma de justicia en este país; Ras Baraka alcalde de New Jersey incansable promotor de la reforma policial en su estado, Jonathan Capehart periodista de MSNBC; Bea Hanson asesora del alcalde de New York para poner fin a la violencia de género; Anthony Holloway jefe de la policía en Florida; Terrel A. Blount co fundador y director ejecutivo de la red de graduados universitarios anteriormente encarcelados; Sasha Cotton directora de la red nacional de comunidades seguras entre muchas y muchos más. El objetivo planteado para esta cumbre fue el de presentar resultados y avances de programas de reducción de violencia centrados en la comunidad; para ello, se establecieron interesantes paneles, entre ellos: el referente a la “implementación de estrategias basadas en la comunidad para abordar las diferentes violencias”; el panel especializado llamado “respuestas transformadoras a las personas en crisis”; también se discutió sobre el “fomento a la vigilancia y la ren- n el número en circulación de la revista Nexos los analistas Santiago Levy y Luis Felipe LópezCalva, exploran a través de su ensayo titulado ¿Qué falló? México 1990-20231, la estrategia seguida por gobiernos de distintas expresiones políticas durante casi dos décadas y media, con sus resultados e impactos, positivos y negativos.

A través de información precisa, en parte por la construcción de instituciones públicas y fuentes privadas que, como nunca antes en la historia, nos ofrecen una panorámica de la evolución en el desarrollo nacional, con datos, los analistas nos ofrecen conclusiones tajantes: “persistió la informalidad, los esfuerzos para promover la competencia no dieron los resultados esperados y perduró la debilidad del Estado de derecho”. En parte, lo anterior tiene que ver con el desarticulado sistema de seguridad social que prevalece en México y que en general hace imposible la consolidación de un Estado de Bienestar eficiente y eficaz, amén de las reformas en materia fiscal que tendrían que darse para lograr este último objetivo.

El modelo que, desde la creación de las primeras instituciones de seguridad social en el país, generó derechos de seguridad social para las personas con base en su estatus laboral, sea la formalidad en el sector privado o público y a finales del siglo pasado para la informa- dición de cuentas de la policía”; además hubo exposiciones sobre “los ciclos de castigo perpetuo y restauración los derechos”; por otro lado se reflexionó sobre como “asociarse con las comunidades en materia de seguridad pública”; además del panel experto en “políticas comparadas para reducir la violencia armada”; y finalmente el panel que presentó avances en la política de drogas.

Las exposiciones de cada uno de los paneles contribuyeron con ideas, experiencias y posibles soluciones sobre el complejo fenómeno de las violencias; sin embargo, lo interesante aquí es que después de escuchar y analizar surgió en nosotros una especie de aire de esperanza al considerar que elementos de algunas experiencias exitosas se pueden retomar en cualquier comunidad o contexto violento; en este sentido rescatamos elementos que comparten las experiencias de éxito.

Es necesario, primeramente que debemos partir del punto de que no existe receta única para tratar cada una de las expresiones o categorías de las violencias y los delitos, cada contexto es diverso por ello se deben de adecuar las estrategias; recordemos, estimada y estimado lector que según la clasificación de Wikstrom y Sampson existen conductas violentas y conductas no violentas mismas que se cristalizan en delitos o solo en el ejercicio psicológico violento que no debe dejar de castigarse, por cierto;¿qué se pude hacer ante las múltiples violencias? ¿cómo se le puede hacer? A continuación daremos algunas características de las experiencias exitosas presentadas.

Este encuentro nos permitió conocer por voz de los actores, aciertos y errores, durante la instrumentalización de sus proyectos. Escuchando los páneles pude percatarme de que las experiencias exitosas de reducción de violencia coínciden ciertos aspectos. El primer elemento es la colaboración de áreas estratégicas del gobierno, siempre bajo la coordinación del jefe de la policía y en algunos casos de la o el fiscal aunado a la visión del gobernante. El segundo elemento; las estadísticas, los datos y los censos tanto de infractores como de víctimas es fundamental para el diseño apropiado de este tipo de estrategias, es importante señalar que se enfatizó en este tema. La hyperfocalización les permitió la atención personalizada a victimas y a victimarios, la calidad de estos datos disminuye la probabilidad de error al momento de la implementación de la política; no solo ello, es necesario categorizar delitos, vio- lencia, conducta y relación o estatus con la justicia; esto lo llevaron a cabo utilizando tecnología; el binomio bases de datos sólidas y tecnología contribuye en un 96% a la correcta implementación de las políticas de reducción de violencia desde esta perspectiva. El tercer elemento tiene que ver con la construcción de estrategias con la comunidad, con las personas que desafortunadamente viven en estos contextos de violencia. armando.garcia.neri@gmail.com c A rlos e du A rdo T orres m uñoz lidad, nuestro modelo de bienestar ha mantenido la lógica de la fragmentación, generando, de facto, según los autores, un impuesto para los trabajadores formales y un subsidio para el empleo informal, lo que, evidentemente no incentiva el incremento del primero y suma ventajas al segundo.

El último elemento que resaltamos es: la legitimación social de la policía, del ministerio público y de los jueces. Para lograr la confianza en estas instituciones es necesario intensificar la transparencia y la rendición de cuentas.

Claro, enunciar esta serie de pasos es sencillo; sin embargo, cuando pensamos en que las instituciones son leyes, reglamentos, ordenamientos, manuales de organización; pero sobre todo son personas con intereses personales, políticos, culturales, etc., el aire de esperanza se comienza a desvanecer. Las campañas electorales están cerca; legitimamente algunas y algunos querran ser nuestra próxima o próximo alcalde, diputada o diputado local, senadora o senador, presidenta o presidente del república esta coyuntura nuevamente alienta la posibilidad de que quien gobierne trace el rumbo hacia estadíos de paz y seguridad; no hay que inventar el hilo negro ahí están elementos a tomar en cuenta para el diseño de políticas efectivas de reducción de las violencias todas y todos debemos ser parte de la solución.

Ello desde luego redujo el impacto de las reformas que, en materia de competencia económica, regulación electoral, rendición de cuentas, anticorrupción y justicia, se lograron e implementaron desde 1990 a la fecha. Y es que no es posible un Estado de derecho sólido en el que las instituciones excluyen y promueven, en esa misma lógica, las alternativas que están fuera de la Ley.

Sin duda, también hay que señalarlo, ha habido avances: las cifras demuestran que, en este lapso, las carencias de salud y educación se redujeron ¿el problema? Esto no se vio reflejado en los ingresos y expectativas de la población: “los ingresos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores pobres fueron muy simi- lares a las de sus padres, a pesar de mayor capital humano”, señala el ensayo.

En este contexto es entendible la decepción de un número creciente de mexicanas y mexicanos con el sistema democrático que medimos justamente en este lapso y cuya expresión electoral tuvo su mayor auge también en dicho período. No hay compromiso cívico que sobreviva a la necesidad de derechos sociales indispensables como lo son salud y educación, por no hablar de seguridad, una tarea cada vez más desafiante para el Estado mexicano.

Concluyamos con las reflexiones de Levy y López-Calva: “Es más fácil defender y fortalecer las instituciones cuando las mayorías perciben sus beneficios tangibles. Con excepción de la seguridad pública, es difícil pensar en instituciones más importantes e inmediatas que las que proveen salud a las familias, cuidan a los infantes antes de ingresar a la escuela y permiten a las madres y los padres ir a trabajar, ayudan a los trabajadores cuando pierden su empleo

Ensayo titulado ¿Qué falló? México 1990-2023, autoría de Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva.

■ FOTO: TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA REVISTA NEXOS o se invalidan y evitan la pobreza en la vejez. En otros términos: un Estado de bienestar incluyente y eficaz como punto de partida para fortalecer otras instituciones del Estado”.

Nada más que agregar... por lo pronto.

@CarlosETorres_

1Disponible en: https://www.nexos. com.mx/?p=74046