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DE LA REDACCIÓN
by La Jornada
ASTILLERO En defensa del testamento político // “No va, afortunadamente” // AMLO, gobernabilidad y 4T // No es vinculatorio, sino opcional
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
APENAS SALIDO DEL hospital militar en donde le habían practicado un cateterismo cardiaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador generó nuevas turbulencias en el ánimo de sus opositores al hablar de un testamento político que ha redactado en previsión de su propia muerte. COMO LO PLANTEÓ López Obrador en el video en que dio cuenta de su regreso a Palacio Nacional, la recurrencia a la figura del testamento político tiene significados justamente en ese terreno, el político, y de ninguna manera en el jurídico. No es ni puede ser una decisión vinculatoria (es decir, no obliga jurídicamente a su cumplimiento).
SIN EMBARGO, LA fiebre antiobradorista de algunos opinantes llevó a propalar la versión de que el tabasqueño pretendía sustituir los procedimientos establecidos en la Constitución para imponer, en caso de muerte, su voluntad en cuanto al sucesor.
A JUICIO DE este tecleador, el actual Presidente de México hace bien en prever una eventualidad que durante muy largo tiempo fue soslayada en términos declarativos y de regulación jurídica. Pareciera sostenerse la pretensión de que el Presidente de la República fuese inatacable por enfermedades graves y discapacitantes o por la muerte. LÓPEZ OBRADOR, A diferencia de la inmensa mayoría de sus antecesores (por no decir que la totalidad), es un líder político y social que mantiene ascendiente (predominio moral o influencia, es una de la acepciones de la RAE) sobre sus seguidores y asume la responsabilidad de dar una guía moral, cívica, política e incluso podría ser electoral a los participantes de un movimiento que explícitamente busca continuidad, el de la llamada Cuarta Transformación, en caso de la desaparición física de ese caudillo.
COMO EN OTROS temas de la cotidianidad política, los adversarios del obradorismo no pueden o no quieren entender un rasgo distintivo de lo que hoy sucede en el país: el rechazo ciudadano al pasado político se ha materializado en un avance de esa 4T en el control de la institucionalidad gobernante, por la vía pacífica y a través de las propias vías de ese pasado, las electorales, y ello no constituye una contravención legal, ni una dictadura en ciernes; tampoco preparar respuestas políticas ante incidentes no deseables, pero posibles. EL LÍDER DE ese movimiento, que tiene la Presidencia de la República, la mayoría en las cámaras legislativas federales y en muchas estatales, y la mayoría de los gobiernos de los estados (este año podrían ser 20 o 21), tiene derecho político a proponer a sus seguidores qué hacer en caso de que él muriera.
Y ELLOS, SUS seguidores, y la nueva clase política cuatroteísta, también tendrían derecho a aceptar o rechazar el testado andresino (sobre todo si en la última voluntad política se incluyera una indicación específica, con nombre y apellidos, respecto a un personaje a apoyar para esa hipotética sucesión). Y los opositores a ese líder y a ese movimiento podrían hacer valer los recursos institucionales, mediáticos, políticos y electorales de que dispusieran. EL POLÍTICO TABASQUEÑO (un infarto, hipertensión, dos contagios de coronavirus y un muy intenso ritmo de trabajo) es hoy la pieza central del funcionamiento del país (para bien o para mal, esa es otra discusión) y, en la hipótesis de una salida fatal de cuadro, sobrevendría una avalancha de ambiciones, intereses y peleas internas y externas por el poder.
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD, dijo expresamente AMLO que es un objetivo de su testamento político, el cual, como él mismo comentó, “afortunadamente no va, creo yo”. Es probable que sus propios adversarios, algunos tan furibundos como políticamente ineficaces, deberían entender la importancia de la continuidad de las batallas institucionales y electorales y el aporte de AMLO (incluso con recursos como el multimencionado testamento) a que esa contienda tenga lógica y rumbo, incluso en la eventualidad del fallecimiento de quien ha impedido el desbordamiento de la irritación social. ¡Hasta mañana!
Diplomáticos de carrera reprueban nombramientos de López Obrador
EMIR OLIVARES ALONSO
Los recientes nombramientos de representantes de México en el exterior han generado polémica y controversia entre miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
De acuerdo con la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), de las 16 nominaciones como embajadores o cónsules realizadas el lunes de la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en uso de sus facultades constitucionales, sólo siete son diplomáticos de carrera, y de ellos, tres “no cumplen con los requisitos de ley” para ocupar la titularidad de una representación en el exterior.
De acuerdo con testimonios de miembros del cuerpo diplomático de carrera expresados en redes sociales, los tres funcionarios aludidos no cuentan con cargo de ministro, condición indispensable establecida en la ley del SEM para ser nombrado al frente de una embajada o consulado. Dos de ellos son segundo secretario –es decir que recientemente iniciaron su trayectoria diplomática– y una tiene adscripción como consejera.
Estas menciones ubican en esa situación a Pablo Monroy Conesa, actual consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, designado como embajador de México en Perú; Marcos Moreno Báez, comisionado de la cancillería en la Secretaría de Gobernación, asignado al consulado general de México en Nogales, Arizona, y María Victoria Romero, nombrada como embajadora en Azerbaiyán. A ellos se suma el caso de Daniel Cámara, designado en septiembre de 2021 en la embajada mexicana en Haití, quien también es segundo secretario.
El embajador David Nájera, presidente de la mesa directiva de la ASEM, indicó que independientemente del reconocimiento a la trayectoria profesional de los designados, “lo que debe de prevalecer es el respeto al espíritu de carrera y al marco legal que tan celosamente los miembros del SEM profesan”.
En un pronunciamiento público respecto a los recientes nombramientos, la dirigencia de la ASEM –organización que agrupa a muchos de los diplomáticos de carrera del país– enfatizó que actualmente el SEM cuenta con docenas de embajadores y ministros con la experiencia y la disponibilidad para asumir “tan alta distinción” al servicio del país, en apego a la legalidad.
Remarcó que en caso de que las naciones receptoras otorguen su beneplácito a los nombramientos conforme a la práctica diplomática internacional, corresponderá al Senado aprobar las designaciones presidenciales. “La ASEM confía en la evaluación minuciosa de las calificaciones y méritos que realice el Legislativo de cada nominación”.
En otros sectores del cuerpo diplomático se ha considerado que “estas designaciones políticas de miembros de carrera del SEM son contrarias a las bases normativas de la ley y fracturan al servicio como el cuerpo permanente de funcionarios del Estado mexicano encargados de ejecutar la política exterior del país”.
De acuerdo con esas voces, las nominaciones de Monroy Conesa, Moreno Báez, Romero y Cámara contravienen los artículos 19, 22, 22 y 23 de la ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo que demandaron revisar dichas designaciones.
Otros nombramientos en cargos para el exterior que han causado polémica entre el cuerpo diplomático de carrera “por carecer de experiencia en el ramo” son los de los ex gobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, de extracción priísta, asignados al consulado y a la embajada de México en Barcelona y en República Dominicana, respectivamente.
Regresa el Presidente a la mañanera tras cateterismo
Presidencia confirmó que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, encabezará hoy la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Como cada lunes, en la mañanera estará el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y también se presentará el avance de las obras que realiza el gobierno federal, además de que se presentarán videos de las obras emblemáticas.
También, dentro de la conferencia, se presentarán los primeros cinco aspirantes a dirigir el sindicato petrolero: Luis Ricardo Aldana Prieto, María Cristina Alonso García, Daniel Aranda Padilla, Victoria Arredondo Lami y José Luis Cabrera Raga.
Cada aspirante dispondrá de cinco minutos para su presentación, que comenzará a las 8:30 y concluirá a las 8:55 horas.
Al presidente López Obrador le realizaron un cateterismo la tarde del viernes, como parte de un procedimiento de rutina y el sábado regresó a Palacio Nacional. De la Redacción

GUERRERO ALERTA

▲ El volcán Popocatépetl, ayer desde el sur de la Ciudad de México. Foto Marco Peláez
NÉSTOR JIMÉNEZ
Hoy se inicia la pasarela de aspirantes a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que plantearán su propuesta durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El primero en presentarse será Ricardo Aldana, miembro del grupo que ha dirigido el gremio con el ex líder Carlos Romero Deschamps, desde hace décadas.
De acuerdo con su currículo en el sitio web del Sistema de Información Legislativa, Aldana se integró a la tesorería del STPRM en 1978 y un año después se afilió al PRI. Participó en el gremio antes del inicio del periodo Joaquín Hernández Galicia como dirigente del sindicato.
Aldana se mantuvo en su cargo durante la directiva de Romero Deschamps, cuando se vinculó a ambos en el Pemexgate, presuntos desvíos millonarios de recursos en favor de la candidatura presidencial del priísta Francisco Labastida en 2000. Como Romero Deschamps, libró el desafuero en su contra con apoyo de priístas y panistas. En 2006 se convirtió en consejero político nacional del PRI.
La senadora Cecila Sánchez (Morena), también aspirante a la secretaría general del STPRM, impugnó la candidatura de Aldana ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Afirma que no cumple los requisitos por ser trabajador de confianza, y no de base.
Dichas irregularidades, agrega, fueron denunciadas ante la Secretaría del Trabajo, pero “no hizo caso” y validó su registro para contender, por lo que acusó que no hay piso parejo en la contienda interna.
Sánchez lamenta que se hayan registrado 25 aspirantes en total, ya que “sólo dos o tres tienen proyectos reales y los demás nada más quisieron alzar la mano”.
Luego de que varios contendientes llamaron a formar una candidatura de unidad, la morenista los conminó a declinar. “Amanecieron un día pensando que pueden ser secretarios, pero me parece una falta de respeto para el sindicalismo y los trabajadores que estas personas se levanten para dividir, tratando de encontrar un acuerdo que les favorezca de forma personal”, agregó.
Este fin de semana circuló un video entre petroleros en el que aspirantes se pronuncian por la unidad, pero omiten su apoyo para alguno. Aparecen Fred Navarro, Carmen de Dios Patraca, Pitágoras Cruz, Pablo González, Job Trinidad, Daniel Aranda, Jesús Ortega Ramírez, Esbayde Villaverde y Esteban Izquierdo.
En redes sociales integrantes del gremio dijeron que Aldana se reunirá hoy con líderes de las 36 secciones sindicales en Azcapotzalco.
Entre los aspirantes que se presentarán este lunes en la conferencia matutina tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran Cristina Alonso, Daniel Arana, Victoria Arredondo y José Luis Cabrera.
Victoria Arredondo difundió videos en que denunció que no han contado con la apertura para concretar acercamientos con los trabajadores. “Hay resistencia pero lo vamos a lograr porque queremos el cambio por nuestra familia y nuestros hijos”, señaló.
Cristina Alonso propuso “transparentar el uso del patrimonio del sindicato” y hacer auditorías a las dirigencias seccionales a la nacional.
Analiza la Corte otorgar amparo a nahuas frente a minera canadiense
De prosperar el recurso se podrá celebrar una consulta indígena como requisito para que se retire o mantenga concesión a la fi rma Almaden
EDUARDO MURILLO
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza otorgar un amparo a pueblos originarios, con el fin de que se realice una consulta indígena como requisito para una concesión minera.
Se trata del proyecto para explotar una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almaden Mineral Ltd, al cual se opone la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla.
El problema se inició cuando en 2003 se entregó una primera concesión para la explotación de una mina en la Sierra Norte de Puebla, a la que seis años después se sumó otro permiso.
Ambas concesiones favorecieron a Minera Gorrión, propiedad de Almaden, para explotar a cielo abierto yacimiento de plata y oro.
Previendo un daño severo al ambiente de la región, el comisariado ejidal y la comunidad indígena de Tecoltemi promovieron un amparo ante el juzgado segundo de distrito de Puebla. En él impugnaban cuatro artículos de la Ley Minera que, acusan, violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta indígena previa de toda norma legal que cause afectación directa a los derechos de los pueblos originarios.
Este amparo fue otorgado en primera instancia, y de inmediato impugnado por la Secretaría de Economía ante un tribunal colegiado, quien pidió a la SCJN atraer el asunto, debido a que no había precedentes de casos similares.
El asunto fue asignado al ministro Mario Pardo Rebolledo, quien ya presentó su proyecto de resolución, donde propone dar parcialmente la razón a la comunidad indígena.
Por una parte, la propuesta niega que la Ley Minera viole el Convenio 169, pues dicho ordenamiento no está relacionado exclusivamente con los pueblos originarios, sino que norma la facultad del Estado mexicano sobre los bienes de origen mineral que, conforme al artículo 27 constitucional, son propiedad de la nación.
Sin embargo, Pardo señala que, aunque la Ley Minera no tiene por qué contemplar una consulta indígena, el acto de la Secretaría de Economía de otorgar una concesión minera que puede afectar a la comunidad nahua de Tecoltemi sí amerita hacerla.
“Tanto la potestad del Estado de otorgar concesiones sobre determinadas zonas para actividades mineras, como los derechos reconocidos en el marco constitucional y convencional de los pueblos indígenas sobre las tierras que habitan, no necesariamente deben contraponerse”, señala el proyecto.
Obligación convencional
Por ello la propuesta de Pardo es ordenar a Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión otorgados a Almaden “y emitirlos nuevamente considerando que, si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir, existe la obligación convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando por la emisión de sus actos se perjudique la esfera jurídica de sus integrantes”.
Este asunto está programado para votarse a inicios del mes próximo, en la primera sala de la SCJN.
Cafi cultores proponen acciones de fomento a la producción
ANGÉLICA ENCISO L.
Para encarar los bajos precios del café, los problemas de comercialización y mejorar la calidad de vida de los productores, la mayor parte de ellos indígenas, se requiere, entre otras medidas, un programa de fomento a la producción que incorpore a por los menos 350 mil productores (de casi 500 mil que hay en el país) y 450 mil hectáreas, un esquema diferenciado de incremento de la productividad, así como acompañamiento técnico.
Esto indica la Propuesta de nuevas políticas para el mejoramiento de la caficultura mexicana de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Advierte que el control de la comercialización del café mexicano está en manos de trasnacionales como Amsa (Ecom), Cafés California (Neumann), Becafisa (Volcafe) y Nestlé.
Apunta que el café convencional mexicano se exporta a menos precio que otros países tabién productores de arábigos lavados, ya que mientras Colombia vende sus cafés a unos 55 dólares las 100 libras por arriba de la cotización internacional, los de México se exportan en un promedio de 28 dólares por arriba.
Plantea que se debe fomentar la asociación de los productores, lo cual ayudaría a manejar viveros más amplios, comercialización con mayores precios, información del mercado del café, gestión de políticas públicas, acceso en mejores condiciones a crédito y un intercambio más amplio de experiencias.
Destacó que ante el planteamiento federal de apoyar directamente a los productores para evitar la corrupción, “en el caso del café, el minifundismo es mayor y la mayoría de los productores son indígenas con más pobreza y en regiones de mayor marginación. Es muy importante que los productores se asocien y se fortalezcan organizaciones ya existentes, para gestionar políticas públicas más favorables y manejar de manera adecuada la producción y comercialización de su café”.
