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LA JORNADA Martes 11 de enero de 2022
POLÍTICA
Tribunal concede amparo a sindicato minero y lo exime de pagar 54 mdd DE LA REDACCIÓN
Un tribunal colegiado dio por concluido el juicio de amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, y dejó sin efecto el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, dijo, “ilegalmente” los obligaba a pagar 54 millones de dólares por presuntos adeudos con trabajadores. Dicho laudo había sido emitido por “intereses políticos y corruptos”, agregó. Mediante un comunicado, el Sindicato Minero expresó que junto con su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, “condenan el abuso de poder perpetuado por la JFCA”. La nueva resolución fue tomada por el décimo segundo tribunal colegiado el pasado 7 de enero, al desahogar el amparo DT 912/2018 en contra de la resolución de la Junta que consideraba que el Sindicato Minero aún debía lo correspondiente a 5 por ciento de las acciones pagadas a los trabajadores tras la
privatización de la mina de Cananea, en Sonora. “Esta resolución reconoce el amparo concedido al gremio por el Poder Judicial de la Federación en el pasado, el cual ha sido ignorado en reiteradas ocasiones –siendo ésta la cuarta– por la JFCA. Motivada por intereses políticos y corruptos”, explicó el sindicato. La controversia se originó tras la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento
de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después que Germán Larrea, propietario de Grupo México, se negó a pagar, los mineros iniciaron una huelga en 2004 y 15 años después se alcanzó un acuerdo el cual definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato. El año pasado, la Junta emitió un laudo en el que argumentó que había un supuesto incumplimiento de dicho pago por parte del sindicato a los trabajadores por este caso.
Acusan que grupos vinculados a la CTM buscan titularidad del CCT en GM Silao A unos días de que se lance la convocatoria para renovar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, aparecieron al menos tres agrupaciones vinculadas con el gremio “charro de la CTM” que buscan la titularidad que dejó vacante el Sindicato cetemista “Miguel Trujillo”, afirmó Héctor de la Cueva, asesor del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de
la Industria Automotriz, una de las asociaciones que buscan el nuevo CCT. De la Cueva explicó que el nombre de un sindicato “apareció en los pizarrones de la planta, y conocemos de otros dos, pero la autoridad laboral” no ha proporcionado sus nombres. Consideró que dichos grupos están respaldados por la misma empresa y han surgido para “desinformar” a los trabajadores. Néstor Jiménez
Denuncian extorsión a Sanjuana Martínez Exigen a la directora de Notimex pagar “salarios caídos” para no difundir presuntas conversaciones de juntas por Zoom DE LA REDACCIÓN
La directora general de la Agencia informativa Notimex, Sanjuana Martínez, recibió mensajes de amenaza y extorsión con los que le exigen supuestos adeudos de pagos a cambio de no difundir presuntas conversaciones de juntas virtuales por internet, sostuvo el medio informativo del Estado. El director jurídico de la Agencia, Víctor Fernández Peña, informó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal. En el mensaje se advertía: “Págueme los sueldos caídos o suelto a los medios más de 450 sesiones de Zoom. Ahí se hablan cosas muy interesantes. O proponga un trato”, indicó Fernández Peña, quien atribuyó el texto a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) que mantiene una huelga en este medio. “Estamos convencidos de que el chantaje y la extorsión es la argu-
cia que utiliza la lideresa del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, quien además enfrenta cargos por el delito de corrupción ante la Fiscalía General de la República”, señaló el abogado. Agregó que los miembros del SutNotimex están “desesperados y tuvieron que recurrir a las amenazas”, a la vez que subrayó que la Agencia no cederá a los chantajes e intentos de extorsión. “Nosotros somos respetuosos del derecho, la Agencia Notimex nunca se ha negado a que los trabajadores ejerzan sus derechos a través de las vías jurídicas correspondientes, pero la extorsión y el chantaje no lo vamos a permitir, pues el combate a la corrupción es una lucha que encabeza el gobierno federal”, añadió. Fernández Peña pidió también la intervención de la Policía Cibernética para indagar el número telefónico desde el que se emitió el mensaje. En éste, fue utilizada como fotografía de perfil una captura de imagen de los directivos de Notimex donde sostienen una junta vía Zoom durante la cuarentena.
¿Qué tipo de persona funcionaria queremos? Apuesta por la transparencia y rendición de cuentas SANTIAGO NIETO CASTILLO
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n nuestros días, nadie en su sano juicio puede soslayar la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para mejorar la calidad de la democracia y reafirmar el derecho de la ciudadanía sobre el ejercicio del poder público. Los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas. En esa lógica, de acuerdo con Norberto Bobbio, no hay democracia “que pueda excluir de sus connotados la visibilidad o transparencia del poder”. Además, como afirma el mismo autor, la democracia es “el gobierno del poder público en público. Puesto que en la democracia el poder emana del pueblo, los gobernados necesitan conocer las acciones de los gobernantes para evaluar su desempeño, sobre todo en casos donde emanan cuestionamientos respecto al correcto desempeño de determinada funcionaria o funcionario de Estado. He ahí que se hace imperante que un gobierno democrático disponga de información acerca de sus responsabilidades, actos, decisiones, datos, recursos, planes, etcétera, y de los medios idóneos para garantizar su acceso. La posibilidad de someter los ac-
tos de gobierno –en concreto de sus servidoras y servidores públicos– al escrutinio público también contrarresta viejas prácticas del gobierno que se escudan en la opacidad y en artimañas políticas. La transparencia de las actividades gubernamentales incentiva que la ciudadanía cuente con mecanismos permanentes para fortalecer la gestión pública, señalando aquellas actuaciones o políticas que no cumplen con las expectativas y reclamando soluciones al corto y mediano plazos. Para que el ejercicio de la transparencia realmente funcione, se requiere también una ciudadanía atenta, informada y consciente de sus derechos. Nuestro país, durante más de 70 años, se caracterizó por ser, en sus instituciones y en los hechos, un régimen autoritario que limitaba (y violaba) el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que obstaculizaba toda posibilidad de que la democracia en México fuera una realidad, sin la existencia de sus elementos más básicos que hoy nos parecen tan comunes, como es el ejercicio del derecho a la información y la rendición de cuentas, que son de experiencia reciente en nuestro derecho mexicano. En ese sentido, cuando el sistema no ofrece garantías de transparencia, comienzan a proliferar las malas prácticas. El manejo espurio de los fondos públicos tiene, evidentemente,
costos sociales y económicos, pues los recursos que deberían ser destinados a atender las necesidades de los grupos de la población más vulnerables, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencia y libre de corrupción, entre otros, son desviados de manera impune para financiar complejas estructuras ilícitas y fortunas personales. Sin embargo, la falta de transparencia tiene efectos a largo plazo aún más preocupantes. Si las prácticas corruptas persisten en el tiempo, sin investigación y castigo o el deslinde de responsabilidades, entonces se destruye uno de los fundamentos de la democracia: la confianza de la ciudadanía. El sistema representativo que predomina en nuestro país está basado en la delegación de esa misma confianza, del pueblo hacia el gobernante. Si ese vínculo se fractura, la democracia se resiente. Por ello, tenemos que continuar trabajando para que el principal problema de nuestro país, la corrupción, no se aloje en espacios vacíos de poder, del escrutinio de la población. Es preciso, por lo tanto, fomentar la cultura de la transparencia cada día y mejorar los actuales sistemas de transparencia y combate a la corrupción con el fin de hacerlos viables. A manera de conclusión y para ejem-
plificar lo anterior, como ex funcionario público, estoy comprometido a la transparencia y rendición de cuentas, como lo manifesté en mi declaración de conclusión del cargo. Reitero que, en congruencia con mi trayectoria profesional y convicciones personales, he declarado todos los bienes de los que soy propietario, así como los de mi esposa; incluí por supuesto el crédito hipotecario que tenemos en conjunto y los créditos que contraje de manera personal, cuyos ingresos son verificables y tienen su origen en fuentes legítimas. No es ilegal tener ingresos legítimos por otras vías en la mayoría de los cargos públicos, solamente lo es en aquellos donde la Constitución prohíbe expresamente recibir otro cargo o comisión, o que exista conflicto de intereses. En mi paso, por mi experiencia profesional reciente, me tocó ver casos como los que he señalado, donde se movían millones de pesos en un solo día para la adquisición de bienes inmuebles; casos en los que llegamos a tener gobernadores con 32 yates o personas cercanas a los círculos de poder que no declaraban casas millonarias adquiridas en Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tipo de persona funcionaria queremos? ¿La que declara todo hasta su último ingreso público y privado?, o ¿la que elude este tipo de controles aquí y en el extranjero?
