SANTIAGO NIETO CASTILLO

Tribunal concede amparo a sindicato minero y lo exime de pagar 54 mdd

DE LA REDACCIÓN

Un tribunal colegiado dio por concluido el juicio de amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, y dejó sin efecto el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, dijo, “ilegalmente” los obligaba a pagar 54 millones de dólares por presuntos adeudos con trabajadores. Dicho laudo había sido emitido por “intereses políticos y corruptos”, agregó.

Mediante un comunicado, el Sindicato Minero expresó que junto con su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, “condenan el abuso de poder perpetuado por la JFCA”.

La nueva resolución fue tomada por el décimo segundo tribunal colegiado el pasado 7 de enero, al desahogar el amparo DT 912/2018 en contra de la resolución de la Junta que consideraba que el Sindicato Minero aún debía lo correspondiente a 5 por ciento de las acciones pagadas a los trabajadores tras la privatización de la mina de Cananea, en Sonora.

“Esta resolución reconoce el amparo concedido al gremio por el Poder Judicial de la Federación en el pasado, el cual ha sido ignorado en reiteradas ocasiones –siendo ésta la cuarta– por la JFCA. Motivada por intereses políticos y corruptos”, explicó el sindicato.

La controversia se originó tras la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después que Germán Larrea, propietario de Grupo México, se negó a pagar, los mineros iniciaron una huelga en 2004 y 15 años después se alcanzó un acuerdo el cual definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.

El año pasado, la Junta emitió un laudo en el que argumentó que había un supuesto incumplimiento de dicho pago por parte del sindicato a los trabajadores por este caso.

Acusan que grupos vinculados a la CTM buscan titularidad del CCT en GM Silao

A unos días de que se lance la convocatoria para renovar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, aparecieron al menos tres agrupaciones vinculadas con el gremio “charro de la CTM” que buscan la titularidad que dejó vacante el Sindicato cetemista “Miguel Trujillo”, afirmó Héctor de la Cueva, asesor del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, una de las asociaciones que buscan el nuevo CCT. De la Cueva explicó que el nombre de un sindicato “apareció en los pizarrones de la planta, y conocemos de otros dos, pero la autoridad laboral” no ha proporcionado sus nombres. Consideró que dichos grupos están respaldados por la misma empresa y han surgido para “desinformar” a los trabajadores. Néstor Jiménez

Denuncian extorsión a Sanjuana Martínez

Exigen a la directora de Notimex pagar “salarios caídos” para no difundir presuntas conversaciones de juntas por Zoom

DE LA REDACCIÓN

La directora general de la Agencia informativa Notimex, Sanjuana Martínez, recibió mensajes de amenaza y extorsión con los que le exigen supuestos adeudos de pagos a cambio de no difundir presuntas conversaciones de juntas virtuales por internet, sostuvo el medio informativo del Estado. El director jurídico de la Agencia, Víctor Fernández Peña, informó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal.

En el mensaje se advertía: “Págueme los sueldos caídos o suelto a los medios más de 450 sesiones de Zoom. Ahí se hablan cosas muy interesantes. O proponga un trato”, indicó Fernández Peña, quien atribuyó el texto a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) que mantiene una huelga en este medio.

“Estamos convencidos de que el chantaje y la extorsión es la argucia que utiliza la lideresa del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, quien además enfrenta cargos por el delito de corrupción ante la Fiscalía General de la República”, señaló el abogado.

Agregó que los miembros del SutNotimex están “desesperados y tuvieron que recurrir a las amenazas”, a la vez que subrayó que la Agencia no cederá a los chantajes e intentos de extorsión.

“Nosotros somos respetuosos del derecho, la Agencia Notimex nunca se ha negado a que los trabajadores ejerzan sus derechos a través de las vías jurídicas correspondientes, pero la extorsión y el chantaje no lo vamos a permitir, pues el combate a la corrupción es una lucha que encabeza el gobierno federal”, añadió.

Fernández Peña pidió también la intervención de la Policía Cibernética para indagar el número telefónico desde el que se emitió el mensaje. En éste, fue utilizada como fotografía de perfil una captura de imagen de los directivos de Notimex donde sostienen una junta vía Zoom durante la cuarentena.

¿Qué tipo de persona funcionaria queremos? Apuesta por la transparencia y rendición de cuentas

SANTIAGO NIETO CASTILLO

En nuestros días, nadie en su sano juicio puede soslayar la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para mejorar la calidad de la democracia y reafirmar el derecho de la ciudadanía sobre el ejercicio del poder público. Los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas. En esa lógica, de acuerdo con Norberto Bobbio, no hay democracia “que pueda excluir de sus connotados la visibilidad o transparencia del poder”. Además, como afirma el mismo autor, la democracia es “el gobierno del poder público en público. Puesto que en la democracia el poder emana del pueblo, los gobernados necesitan conocer las acciones de los gobernantes para evaluar su desempeño, sobre todo en casos donde emanan cuestionamientos respecto al correcto desempeño de determinada funcionaria o funcionario de Estado. He ahí que se hace imperante que un gobierno democrático disponga de información acerca de sus responsabilidades, actos, decisiones, datos, recursos, planes, etcétera, y de los medios idóneos para garantizar su acceso.

La posibilidad de someter los actos de gobierno –en concreto de sus servidoras y servidores públicos– al escrutinio público también contrarresta viejas prácticas del gobierno que se escudan en la opacidad y en artimañas políticas. La transparencia de las actividades gubernamentales incentiva que la ciudadanía cuente con mecanismos permanentes para fortalecer la gestión pública, señalando aquellas actuaciones o políticas que no cumplen con las expectativas y reclamando soluciones al corto y mediano plazos. Para que el ejercicio de la transparencia realmente funcione, se requiere también una ciudadanía atenta, informada y consciente de sus derechos. Nuestro país, durante más de 70 añ os, se caracterizó por ser, en sus instituciones y en los hechos, un régimen autoritario que limitaba (y violaba) el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que obstaculizaba toda posibilidad de que la democracia en México fuera una realidad, sin la existencia de sus elementos más básicos que hoy nos parecen tan comunes, como es el ejercicio del derecho a la información y la rendición de cuentas, que son de experiencia reciente en nuestro derecho mexicano.

En ese sentido, cuando el sistema no ofrece garantías de transparencia, comienzan a proliferar las malas prácticas. El manejo espurio de los fondos públicos tiene, evidentemente, costos sociales y económicos, pues los recursos que deberían ser destinados a atender las necesidades de los grupos de la población más vulnerables, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencia y libre de corrupción, entre otros, son desviados de manera impune para financiar complejas estructuras ilícitas y fortunas personales.

Sin embargo, la falta de transparencia tiene efectos a largo plazo aún más preocupantes. Si las prácticas corruptas persisten en el tiempo, sin investigación y castigo o el deslinde de responsabilidades, entonces se destruye uno de los fundamentos de la democracia: la confianza de la ciudadanía. El sistema representativo que predomina en nuestro país está basado en la delegación de esa misma confianza, del pueblo hacia el gobernante. Si ese vínculo se fractura, la democracia se resiente. Por ello, tenemos que continuar trabajando para que el principal problema de nuestro país, la corrupción, no se aloje en espacios vacíos de poder, del escrutinio de la población. Es preciso, por lo tanto, fomentar la cultura de la transparencia cada día y mejorar los actuales sistemas de transparencia y combate a la corrupción con el fin de hacerlos viables.

A manera de conclusión y para ejemplificar lo anterior, como ex funcionario público, estoy comprometido a la transparencia y rendición de cuentas, como lo manifesté en mi declaración de conclusión del cargo. Reitero que, en congruencia con mi trayectoria profesional y convicciones personales, he declarado todos los bienes de los que soy propietario, así como los de mi esposa; incluí por supuesto el crédito hipotecario que tenemos en conjunto y los créditos que contraje de manera personal, cuyos ingresos son verificables y tienen su origen en fuentes legítimas. No es ilegal tener ingresos legítimos por otras vías en la mayoría de los cargos públicos, solamente lo es en aquellos donde la Constitución prohíbe expresamente recibir otro cargo o comisión, o que exista conflicto de intereses. En mi paso, por mi experiencia profesional reciente, me tocó ver casos como los que he señalado, donde se movían millones de pesos en un solo día para la adquisición de bienes inmuebles; casos en los que llegamos a tener gobernadores con 32 yates o personas cercanas a los círculos de poder que no declaraban casas millonarias adquiridas en Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tipo de persona funcionaria queremos? ¿La que declara todo hasta su último ingreso público y privado?, o ¿la que elude este tipo de controles aquí y en el extranjero?

AMLO: México no tiene pleito con nadie; enviaremos un representante a Managua

Enmienda la plana a la SRE; sería imprudente ausentarse en la toma de posesión de Daniel Ortega

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Horas antes de la toma de posesión de Daniel Ortega, para un nuevo periodo en la presidencia de Nicaragua, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó designar a un representante del país para asistir a dicha ceremonia.

Aunque la víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que no habría enviado, durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el jefe del Ejecutivo enmendó la información de la cancillería; opinó que sería imprudente no designar a un diplomático para el acto en Managua.

Destacó que nuestro país no tiene pleito con nadie y, al contrario, se esmera en preservar la política exterior que marca la Constitución, abandonada en el pasado, aunque en su opinión la mejor estrategia en la materia es el trabajo doméstico.

“Si hacemos bien las cosas aquí, nos van a reconocer afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Entonces, de manera prudente, sin protagonismos, debemos mantener nuestra política exterior, que tiene fama en todo el mundo”.

Adelantó que se propondrá a Guillermo Zamora como embajador de México en Nicaragua y para Venezuela el nombramiento recaerá en favor de Leopoldo de Gyves.

Durante la mañanera, López Obrador informó que no hay fecha para la visita aquí de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, aunque anunció su intención de visitar Centroamérica este año. “Todavía no tengo fecha definida, pero sí tengo el interés en ir a

Ken Salazar se reunió con Rafael Marín

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar acudió a Palacio Nacional, para reunirse con Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico (que cruza el Istmo de Tehuantepec. Tras el encuentro privado el diplomático estadunidense abandonó el recinto histórico por la puerta de Moneda. Al ser abordado por los reporteros, Salazar –portando su habitual sombrero– volteó y respondió lacónico ante la insistencia de los informadores: -Embajador en qué resultó la reunión que sostuvo, se le inquirió. -Muy bien, trabajo con el gobierno mexicano y con el gobierno de Estados Unidos, la llevamos muy bien los dos. Los dos presidentes y los dos gabinetes trabajamos hombro con hombro por el bien de ambos países. algunos países del área, nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres veces a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces me falta el sur”, señaló.

Más adelante, al responder a una pregunta específica sobre el episodio en Nicaragua y la versión previa de la SRE, el Presidente dijo que el punto todavía no se decidía. Enseguida preguntó cuándo era la toma de posesión. “Hoy, ah, no sabía, no sabía”. -Por la noche informaron que no iba a ir ningún funcionario de la cancillería..., se le planteó. -Sí ¿y a qué hora es la toma de posesión? Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos, y no queremos ser imprudentes (…) O sea, no es el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte.

Luego recalcó que México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. “México tiene una política exterior ejemplar”, subrayó. –¿Qué opina de la llegada de Ortega? a otro periodo (de gobierno)? –Son decisiones de los nicaragüenses, respondió López Obrador.

Luego, en otra ronda de preguntas, informó que el enviado de México a la toma de posesión de Ortega sería Ramiro Ayala, agregado de Negocios de la embajada.

El canciller esperaba un encuentro de alto nivel hoy (martes) en Palacio Nacional, pero más tarde se dio a conocer que el Presidente resultó positivo a covid.

El Presidente propondrá a Guillermo Zamora como embajador en Nicaragua. Foto Roberto García Ortiz

Cafi cultores requieren acompañamiento del Estado para recuperarse

Susana Harp presenta un anteproyecto de ley para fomento del sector

ANGÉLICA ENCISO L.

La industria del café requiere de un replanteamiento estraté gico en cuanto a la integració n de los sectores de la cadena productiva y los apoyos de parte del Estado, señala el anteproyecto de la Ley de Fomento a la Cafeticultura presentado por la senadora Susana Harp, de Morena. En el país hay alrededor de 500 mil productores, indígenas 85 por ciento de ellos, que cosechan el aromático.

La producción ha caído, ya que en 2019 se produjeron alrededor de 900 mil toneladas de café cereza, el equivalente a dos terceras partes de lo producido en 2012 y 2013, “lo cual expresa la falta de consistencia de las polí ticas pú blicas hacia un sector que requiere de acompañ amiento para su recuperació n, fomento e impulso”, señala el documento.

Entre las propuestas del anteproyecto están promover un mayor consumo nacional del aromático, fortalecer las asociaciones de los productores, mayor certidumbre en las ventas, ya que los grandes comercializadores no han mostrado voluntad para revisar y establecer acuerdo con los productores. Así como el establecimiento del Instituto Nacional del Café y una restructuración a fondo de las políticas públicas en el sector.

También propone elaborar un padrón actualizado de los productores, que el fomento de la producción contribuya al aumento de productividad y una mejor calidad, reconocimiento de los beneficios ambientales que proporcionan los cultivos de café con sombra, ya que se estima que alrededor de 90 por ciento de los cafetales se cultiva bajo la sombra de árboles.

Entre los argumentos para emitir la ley, el documento menciona que el consumo nacional de café en 2019 era de 900 gramos y el país ronda el quinto lugar mundial en superficie cultivada y ocupa el onceavo en producció n.

En 2020, bajo una perspectiva distinta, se destinaron 816.1 millones de pesos en apoyos directos para productores de café , por medio del Programa Producció n para el Bienestar, cuyos recursos beneficiaron a 163 mil 226 personas dedicadas a esta actividad. Asimismo, a travé s del Programa de Rescate del Sector Cafetalero se aplicó un subsidio de 5 mil pesos anuales por productor.

Sin embargo, esto “se encuentra lejos de alentar la producció n, pues con esos recursos difí cilmente se pueden resolver los problemas de productividad, asistencia té cnica, atenció n de plagas o adquisició n de semilla de calidad”.

Protestan ejidatarios frente a Palacio Nacional por el incumplimiento de minera

DE LA REDACCIÓN

Decenas de habitantes del ejido El Bajío, ubicado entre Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, se manifestaron esta mañana frente a Palacio Nacional, donde recordaron que hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se cumpliría con la ejecución de la sentencia a favor de los ejidatarios en los juicios agrarios que ganaron a la minera Penmont, de Alberto Bailleres, pero hasta ahora no se han registrado avances.

Pidieron respeto a “nuestro derecho humano de acceso a la justicia y se aclaren los asesinatos de sus compañeros caídos en la lucha por la defensa de nuestro territorio contra la minera: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, además de la aparición con vida de nuestra compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez”.

Recordaron que llevan ocho años esperando que el Tribunal Agrario ejecute las 67 sentencias que tienen a favor y dos años esperando la respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “es por ello que los integrantes del ejido El Bajío volvemos a las puertas del Palacio Nacional”.

En el territorio ejidal la minera Penmont ha realizado exploraciones y explotación minera de forma ilegal, desde la década de los 90, explican los ejidatarios.

En 2009 y en 2013 interpusieron una serie de juicios agrarios en contra de la minera de Bailleres y en julio de ese año se emitieron sentencias donde se dictamina que la minera debe desalojar el territorio, regresar las tierras al estado que tenían previo a la explotación minera y, además, debe indemnizar a los ejidatarios con el pago de rentas de las tierras.

“La conquista la hicieron los indios, la Independencia…”

PEDRO SALMERÓN SANGINÉS

No tengo que terminar la frase: todos la conocemos. Su segundo postulado podría ser correcto si creemos que la historia la hacen los “líderes”, los “grandes hombres”, los “caudillos”. Si creemos que Miguel Hidalgo (¿era “español”?) fue quien “dio al traste con un gobierno de tres siglos de arraigo, porque si la vida no le alcanzó para saberlo, no hay duda que fue él quien hirió de muerte al Virreinato” (del muy famoso discurso de Edmundo O’Gorman en su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, a la que luego renunció). Pero si consideramos que Hidalgo es el dirigente elevado por la multitud, por ser quien entiende y articula sus demandas, los que rompieron el espinazo de la dominación colonial fueron las decenas de miles de indios, campesinas, mulatas, mineros que se rebelaron en septiembre de 1810 (https://bit.ly/3JUpMRD).

Algunos formalistas creerán que la Independencia la realizaron Iturbide y sus oficiales criollos. Más allá de eso, pensemos que el modelo igualitario y republicano basado en la soberanía popular instituido en 1824, es el de Hidalgo y Morelos, no el de Iturbide.

Ahora, si la caída de Tenochtitlan en 1521 es “la conquista de México”, vaya y pase la frase del título. Pero creer que esa es “la conquista de México” es olvidar las otras guerras de conquista en nuestro territorio, desde 1821 hasta 1810. Aún así, en 1521, ¿qué indios? Porque de ese discurso se desprende la falsa conclusión de que fue una rebelión popular contra la atroz tiranía mexica, discurso tan añejo como falaz que hoy reditan Vox y sus repetidores en México. ¿Qué indios?

En el otoño de 1519 se constituyó lo que Luis Fernando Granados llama la confederación de Oriente, encabezada por Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, contra la confederación de Occidente encabezada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, que llevaba décadas dominando porciones de Mesoamérica tras terminar con la dominancia de Azcapotzalco que, a su vez, había acabado con la de Texcoco. Según las fuentes franciscanas de tradición indígena, la guerra contra Azcapotzalco la hicieron los “nobles” de Tenochtitlan contra la opinión de los macehuales, que no querían guerra.

No hay movilizaciones populares ni liderazgos ajenos a las clases dominantes entre quienes construyen la alianza antitenochca. Su primer impulsor fue “el cacique gordo de Cempoala”. La clave la da una precaria mayoría del “senado” de Tlaxcala, encabezada por Maxixcatzin, señor de Ocotelolco, que varias veces estuvo a punto de perder esa mayoría frente al jefe del partido proTenochtitlan, Xicoténcatl Axayacatzin, jefe de los ejércitos de la “República”.

En 1520, mediante la violencia (masacres, saqueos, esclavizados), los españoles y la confederación de Oriente dominan la costa del Golfo y el valle de Puebla. En 1521 invaden la cuenca de México, donde se les unirán paulatinamente altepemeh tan poderosos como Texcoco, Chalco y Xochimilco. En todos los casos queda claro que son los poderosos de esos “señoríos”, los que gestionan las alianzas. Friedrich Katz se preguntó hace medio siglo si la violencia endémica del último medio siglo en Mesoamérica, además de luchas por el poder entre los poderosos de los distintos señoríos, tenían también un ingrediente de rebelión campesina o popular.

Katz encuentra demandas contra la opresión resultante de la extracción de tributos en beneficio de Tenochtitlan, pero también de los grupos dominantes de los altepemeh tributarios. Enfatiza dos momentos en que queda clara la renuencia de “las clases inferiores” a luchar en pro de “las clases dominantes”. Una en Tenochtitlan, en 1427, cuando los macehuales rechazaron la guerra contra Azcapotzalco. La otra en Cuetaxtla, donde los macehuales se negaron a secundar la alianza de sus gobernantes con la confederación antimexica, y pidieron perdón a los mexicas. “Las palabras que usaron eran notablemente similares a la terminología de los revolucionarios campesinos de muchas partes del mundo”. Y transcribe la versión de los cuetaxtlecas según fray Diego Durán: “¿Por qué os vengáis de nosotros que no os hemos enojado, ni injuriado, ni inquietado, y dejáis vivos a esos malditos ladrones de nuestros principales y señores, que ellos son los que nos traen y acarrean la muerte?

“Lo que queremos decir es que pedimos justicia contra nuestros señores.

“Decían que sus señores les habían tratado con la mayor ferocidad posible, que los habían tiranizado, que los habían tiranizado y cargado de tributos, demasiado altos… y que todo su oficio era comer y beber a costa del común, jugar y holgar.”

Dos temas quedan en el tintero: entender que a la caída de México-Tenochtitlan no siguió la pax hispánica, sino 300 años de guerras de conquista, de sometimiento y de exterminio. Quienes inventan que la “conquista” es una “liberación” de la tiranía mexica muestran como inaudita la fragmentación política de Mesoamérica y sus guerreas endémicas. En realidad, era muy parecido lo que ocurría en la Europa occidental medieval, con sus pugnas interminables entre poderosos, interrumpidas a veces por devastadoras revueltas campesinas. Twitter: @HistoriaPedro

Algunos formalistas creerán que la Independencia la realizaron Iturbide y sus ofi ciales criollos

¿Lograrán los ambientalistas mexicanos desayunar con AMLO?

VÍCTOR M. TOLEDO /II Y ÚLTIMA

En la primera parte de este ensayo (https://bit. ly/3fdd1Dv) hicimos ver lo difícil que era que la respuesta a esta pregunta fuera positiva, a pesar de que esa acción resultaría enormente provechosa para el país, los ambientalistas y la misma 4T. Como la imaginación es siempre más poderosa (¿necia?) que la realidad, en esta segunda parte visualizamos lo que sucedería si ese desayuno se diera. Creo sinceramente que en ese desayuno quien más tiene que ganar es la figura presidencial. Este “ambientalismo de los pobres”, esta ecología política mexicana, este “otro zapatismo” (https://bit. ly/3fddh5r), que ha ofrendado la vida de más de 160 militantes en defensa de la naturaleza y el ambiente, tiene mucho más que ofrecerle al país de lo que muchos suponen.

El ambientalismo mexicano no sólo ha enfrentado a los depredadores y parásitos que actúan en todo el mundo de la misma forma, sino también ofrece una visión del mundo basada en la cooperación, el altruismo y la ayuda mutua, que es la fórmula antitética a los valores que prevalecen en el mundo neoliberal. Por ello ha realizado avances sustanciosos con alternativas diversas y de vanguardia en las últimas cuatro décadas. ¿Ejemplos? Las cooperativas cafetaleras indígenas de Chiapas, Oaxaca, Puebla y otros estados han dado lugar a formas ecológicamente adecuadas mediante los llamados “jardines agroforestales” de café bajo sombra, y con el paso del tiempo han generado regiones de emancipación social y cultural. El consorcio de cooperativas Tosepan Titataniske es un ejemplo de orden mundial con manejo adecuado de su recursos (café, pimienta, bambú, miel, frutos, etcétera), programas de rescate de mujeres, de medicina alternativa, de educación y de ecoturismo. La Tosepan ha creado para sus 35 mil familias un banco del pueblo y ha construido 20 mil casas ecológicas. Similarmente, las 104 cooperativas indígenas de ecoturismo son un emblema a reproducir, y las numerosas inciativas de manejo comunitario de bosques y selvas han puesto a México a la vanguardia del mundo (lamentablemente el principal impulsor de ello, el ingeniero León Jorge Castaños, fue despedido como director de la Conafor). Los proyectos de agroecología, afortunadamente apoyados por la 4T mediante los programas Sembrando Vida y Agricultura para el Bienestar se han multiplicado por todo el país, y existen igualmente iniciativas en defensa del maíz y de pesca sustentable en Baja California y Quintana Roo. Finamente, el ambientalismo mexicano ha dejado huellas en la educación a través de carreras y materias en las Universidades Interculturales y en las Universidades Benito Juárez.

Como contraparte, el Presidente escucharía también reclamos legítimos. La disminución brutal del presupuesto de la Semarnat, que pasó de casi 68 mil millones de pesos en 2015 a unos 30 mil en 2021, la ausencia de una estrategia de transición hacia energías renovables y en general de una posición diáfana ante el cambio climático, la falta de voluntad para generar una ley general del agua que ponga fin al obsceno acaparamiento que hacen élites empresariales y agropecuarias, la incapacidad para detener la tremenda contaminación que realizan miles de industrias sobre los principales ríos del país (Lerma, Atoyac, Coatzacoalcos, Sonora, etcétera), el nombramiento de funcionarios de primer nivel sin conocimiento alguno de la materia, etcétera.

Y lo más importante de todo. Como sabemos que estamos ante un estadista sensible, los ambientalistas mexicanos, al igual que sus correligionarios en el resto del mundo, intentarían hacerlo consciente de la época que vivimos. Del “estado de emergencia” que ya viven la humanidad y su planeta. Que los reportes cada vez más preocupantes que proceden de la ciencia están mostrando con datos, evidencias y escenarios diversos que cada vez hay menos tiempo para cambiar el rumbo de una tendencia global que conduce al colapso en unas cuantas décadas. Que la crisis climática y la crisis social han llegado a su máxima expresión histórica, resultado de 4 mil años de la doble explotación del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza. Y en fin, que como lo muestra la película de Netflix No miren arriba (Don’t look up) o la especie humana reacciona de manera decisiva y rápida o nuestros hijos tendrán que vivir y sufrir una pesadilla inexpugnable. Los escenarios que hoy se viven con el covid-19 serán una pálida sombra ante lo que se nos avecina. La batalla final es por la vida.

Los reportes cada vez más preocupantes están mostrando que cada vez hay menos tiempo para cambiar el rumbo

La hiperinfl ación venezolana

JOSÉ BLANCO

Venezuela es un desastre. El gobierno da palos de ciego y daña sin freno a la población. El problema peor manejado es la hiperinflación galopante fuera de control. Especialmente la prensa financiera, pero no solamente, ha descrito a Venezuela como el infierno de la hiperinflación con su desabasto, hambre, migración acelerada, resultado de la gestión del gobierno de Maduro.

El sufrimiento indecible del pueblo venezolano, no obstante, no lo ha movido de su opción política por el chavismo: 27 veces en 29 años ha sido su decisión electoral. En medio de la desbandada de la oposición llamando a un boicot a los comicios, en noviembre pasado el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó Caracas y 20 de los 23 estados, con 300 observadores internacionales presentes, incluida una activa misión de la Unión Europea. En 2020 Nicolás Maduro había recuperado la Asamblea Nacional. El pasado 6 de diciembre la Asamblea General de la ONU aprobó reconocer las credenciales de Maduro como presidente de Venezuela. Todo un baño de realidad para Estados Unidos, que debe cesar con su bárbaro bloqueo y las inauditas torturas que ha aplicado a Venezuela.

El prolífico autor Phillip Cagan, en The Monetary Dynamics of Hyperinflation (1955) propuso –como resultado de sus estudios sobre la hiperinflación en países europeos y latinoamericanos–: un episodio de hiperinflació n comienza en el mes en el que el aumento de los precios supera 50 por ciento y termina el mes anterior al cual ese aumento cae por debajo de esa tasa y permanece así por lo menos durante un añ o. De acuerdo con este criterio, Venezuela salió de la hiperinflación en enero de 2021, cuando el aumento fue de 46.6 por ciento; a partir de septiembre ha sido de un dígito mensual. En diciembre pasado fue de 7.6 por ciento. Permanece con una inflación muy alta; sin embargo, viene de un periodo prolongado de hiperinflación destructiva: 862.6 por ciento en 2017; 130 mil 60.2, en 2018; 9 mil 585.5 en 2019; 2 mil 959.8 en 2020 (datos del Banco Central de Venezuela).

El hipócrita mundo neoliberal culpó al gobierno de Maduro, con la tesis neoclásica de un aumento desproporcionado de emisión de dinero “sin respaldo” y un desbordado gasto público deficitario. Lo cierto: la muy rápida –aunque insuficiente– velocidad de la emisión respondía a los altos índices inflacionarios, no al revés: entre 2013 y 2020 el tamaño de la economía, medida por la magnitud del PIB, perdió 70 por ciento de su valor; en esas condiciones, en 2013, por cada 100 bolívares de producción circulaban 54 bolívares en moneda; en 2020 circulaban 17: una severa caída del volumen monetario respecto a la producción; y un inimaginable daño a los intercambios que explica gran parte de su desplome productivo. La emisión de moneda quedó severamente por debajo de la necesidad económica.

La exportación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa del Estado, fue una porción muy grande del producto anual, históricamente. Ello explica que el gasto público haya sido del orden de 30 por ciento del PIB. Cayó sin freno: en 2020 estaba por debajo de 2.5, de un PIB enormemente disminuido. Ese es el gasto “populista” de Maduro.

La hiperinflación está vinculada a la violenta y vándala depreciación del tipo de cambio operada por varios portales web de casas de cambio, dirigidas desde Estados Unidos, que son los que cada día fijan el “valor” del dólar en bolívares; en tanto, los vendedores de bienes y servicios fijan sus precios en relación con esos valores. En julio de 2013 el gobierno intentaba mantener un tipo de cambio de 6.30 bolívares por dólar, pero en el mercado “paralelo” era de 35.95. En julio de 2018 había llegado a 3 millones 915 mil por dólar. La historia de las decisiones cambiarias del gobierno es estremecedora, pero el efecto final del ataque desenfrenado al bolívar, fue doble: la hiperinflación y la dolarización de facto.

Por si hiciera falta: el 8 de diciembre de 2019 el senador republicano Richard Black, interrogado en Washington, dijo a Sputnik: “Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: ‘Miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada’. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda”. Respecto del bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo, dijo: “Mira, no pueden alimentar a su gente” y agregó: “no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado toda fuente de ingresos”.

El “problema” del pueblo venezolano no es la gestión del gobierno, es la incautación de activos venezolanos en el extranjero, el atraco de bienes de Pdvsa en el exterior, la implacable guerra monetaria y financiera, con los inmensos daños causados a la población. El ingreso real per capita se halla a nivel de 1945. Sin las amarras y sin el atraco del imperio, a Venezuela le llevaría más de una década restablecer el nivel anterior a 2013, cuando inició el gobierno de Nicolás Maduro, pero…

El “problema” del pueblo venezolano no es la gestión del gobierno, es la incautación de activos venezolanos en el extranjero El FAR poblano

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

“ Viva Lucio Cabañas!” gritaban rabiosos 15 mil albañiles en paro, encargados del revestimiento de 29.4 kilómetros del canal del Valsequillo, que va desde el sur de la ciudad de Puebla, donde comienza la presa Manuel Ávila Camacho, hasta Tecamachalco, mientras tomaban la obra. Estaban apoyados por 40 compañeros suyos a caballo, armados con lo que pudieron. Cuando los soldados llegaron a “poner orden”, se toparon con la firme resolución de los paristas. Se conformaron con requisar la dinamita de las bodegas de la constructora.

“¡Arriba los macuarros! ¡Arriba la indiada! ¡Viva Lucio Cabañas!”, exclamaban meses después en manifestación festiva miles de trabajadores de la construcción en la primera huelga general de facto de esa industria en Puebla, que paralizó casi todas las edificaciones de la ciudad. Los inconformes eran, en su mayoría, nahuas de San Miguel Canoa, San Aparicio, la Resurrección, Azumiatla, Tepeaca y Amozoc. Protestaban porque sus compañeros, que construían la fábrica de Chicles Adams, habían sido reprimidos. También por sus propias peticiones.

Corría 1974, y los albañiles, el Frente Activista Revolucionario (FAR) y lo que quedaba del Frente de Autodefensa del Pueblo (fundado por el FAR), brigadearon la ciudad, para denunciar la terrible explotación y el maltrato que los alarifes sufrían y difundir sus demandas: jornada de ocho horas, seguro social, sanitarios, prestaciones y, en lugar de pago a destajo, salarios dignos. La huelga fue un éxito.

La ficha de Miguel Ángel Rosas Burgess (Beryis), cofundador del FAR y organizador comunista, elaborada por la Procuraduría General de Justicia poblana, es una especie de almanaque de esas protestas. Lo identifica como “extremista y agitador desafecto al gobierno”, “ex estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata”, dirigente de la Liga de Soldadores y ex miembro de la COR, y lo responsabiliza de “la paralización de gran número de obras, entre ellas las instalaciones del Seguro Social”.

El uso de los militares contra los huelguistas estaba lejos de ser una excepción. “Varias veces nos echaron el Ejército –cuenta Beryis–. Así lo hicieron en una instalac ión de almacenamiento de Pemex, en San Martín Texmelucan. Ahí nos tuvimos que salir por unos túneles del desagüe. Una cosa horrible.”

Parte de esa insurgencia sindical en Puebla, pero también de programas de alfabetización (en Tecamachalco) y colaboración en tomas de tierras en comunidades rurales, la organización de vendedores ambulantes, inquilinos y colonos, participación en la reforma universitaria y en comités de lucha de la UAP, entre 1969 y 1979 fueron resultado del trabajo político del FAR.

El FAR fue creación del Movimiento Marxista Leninista Mexicano, organización maoísta, conocida como Los Mamelucos. Según Luciano Ruiz Chávez, integrante de la ultraderechista Yunque en la Ciudad de los Ángeles, “en la universidad había como cuatro o cinco cabrones que eran de una célula maoísta, que realmente fueron los que empezaron lo de Tlatelolco” (https://bit.ly/3HCXf0P).

De acuerdo con Miguel Ángel, esos “cabrones” a los que se refiere Ruiz Chávez, “son quienes nos forman. Esa célula fundamentalmente era de derecho, y (antes de 1968) también estaba Carlos Martín del Campo. Y no sé, es probable que también Julieta Glockner (quien después se incorporó a las Fuerzas de Liberación Nacional y fue asesinada a tiros por el Ejército en 1975). Aunque los dos no eran de derecho, eran de ese grupo de militantes a los que desde 1964 les pusieron Los Activistas. Por eso es que, después, cuando formamos nosotros el FAR, adoptamos esa denominación, como herederos de la militancia que nos antecedió.

Los Activistas de los que el FAR reivindica su legado, desempeñaron un papel central (según narra Frtiz Glockner en su apasionante libro Voces en rebelión. Puebla 1964) en las luchas universitarias contra la ultraderecha y por la reforma universitaria, y en el movimiento cívico estudiantil-popular (el movimiento lechero) que provocó la caída del gobernador Antonio Nava Castillo en 1964.

En su origen, el FAR estuvo formado por dos células, de unos cinco y seis militantes cada una, hasta convertirse en una agrupación de entre 100 y 150 integrantes, muchos armados, en la lógica de la autodefensa. Habían participado en manifestaciones contra la guerra de Vietnam y por la liberación de Mandela.

Se educan principalmente en la acción, y en círculos de estudio, en los que leen textos de Marx, Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung. Algunos de sus militantes visitaban la Sociedad de Amigos de la República Popular de China. Distribuían Pekín Informa y China Reconstruye, además de las obras de Mao. Realizaban simultáneamente trabajo clandestino y abierto. No reivindicaban públicamente ninguna acción.

Difundían acciones y comunicados del Partido de los Pobres. Para “volantear”, según Berys “doblábamos las hojas, pero no al máximo. Las agarrábamos de un lado, de manera que quedaran flexibles. Y las aventábamos y se abrían todas. En el centro de la ciudad teníamos el conocimiento de todas las puertas y pasos hacia las azoteas y las salidas, para distribuir desde allí los volantes a las marchas y manifestaciones, o para cualquier cosa que se tuviera que hacer”.

El FAR no tuvo continuidad como organización. La represión lo diezmó y obligó a sus integrantes a replegarse, salir del estado, dedicarse a la academia o participar en otros movimientos sociales.

El fruto más acabado de su activismo es la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que nació bautizada a sangre y fuego. Rubén Sarabia, Simitrio, su dirigente histórico, que ha pasado más de la mitad de su vida en cárceles, fue parte del FAR. La organización ha sobrevivido a más de cuatro décadas de acoso y represión (https://bit. ly/336jrBm). Su historia está plasmada en Street democracy, el brillante libro de Sandra C. Mendiola.

La experiencia del FAR poblano nos muestra cómo la democratización del país y la derrota de la derecha son producto de un amplio abanico de luchas populares desde abajo, no necesariamente conocidas ni reconocidas. Twitter: @lhan55