Crisis política en Nuevo León

ABRAHAM NUNCIO

Algo grave debió pasar entre Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, y el Congreso del estado como para que su mayoría legislativa (PRI-PAN, fundamentalmente) decidiera someterlo a juicio político. Vale la pena hacer una suerte de cronología, así sea mínima, de esta relación para juzgar mejor la crisis política protagonizada entre el Ejecutivo y el Legistativo.

2021. En las elecciones de ese año el partido Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo triunfos para los candidatos que postuló: gobernador, diputados (seis curules) y ayuntamientos (ocho municipios).

La mayoría bipartita (PRI-PAN) aprobó un cambio a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León antes de que Samuel García Sepúlveda asumiera como gobernador. Esta reforma le permitió reorganizar la administración pública de la entidad.

Pronto, ya en el puesto el gobernador García, MC logra atraer a una diputada morenista. El partido Morena no se queja.

En septiembre, MC suma un diputado más del Verde Ecologista. El partido no se queja.

En noviembre, el gobernador García Sepúlveda envía en tiempo y forma su iniciativa de presupuesto al Congreso. Le es aprobado.

2022. El gobernador García anuncia que enviará al Congreso una iniciativa para crear una “nueva Constitución” del estado.

Para mayo, MC pasa a tener 22 alcaldías cuando sólo había conquistado ocho en las urnas. El titular del Ejecutivo declara que su propósito es tener mayoría en el Congreso.

Más cuadros y líderes de otros partidos se incorporan a MC. El PAN acusa al gobernador de usar el presupuesto con propósitos partidistas.

Crecen los feminicidos en Nuevo León y ello provoca indignación social.

Sobre el problema cruzan agrias acusaciones a través de las redes sociales el gobernador Samuel García y el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.

La defensa efectiva de los derechos humanos requiere de una cercanía y un compromiso real con las exigencias de las víctimas y las organizaciones que laboran en el campo. Si realmente se quiere democratizar el sistema de ombudsperson, corresponde generar canales de diálogo efectivo entre la CNDH, las víctimas y las organizaciones civiles para dialogar los cambios que realmente requiere la comisión y para garantizar su autonomía y su verdadera democratización. De lo contrario, la CNDH –como ha ocurrido también durante la gestión de Rosario Piedra– no hará más que profundizar su rol de convalidación de la narrativa oficial, a espaldas de las víctimas y sus urgentes necesidades, al más puro y viejo estilo de la política corporativista y en detrimento de nuestra endeble democracia.

La diputación emecista pide que sea retirado de su cargo Carlos de la Fuente, diputado panista –responsable de la Comisión de Coordinación Política Interna– acusado de corrupción.

Firman la Ley de Coordinación Metropolitana el gobernador y un buen número de alcaldes. Entre sus cláusulas estaba la de crear el fondo metropolitano.

También en junio, Zeferino Salgado, ex alcalde de San Nicolás y uno de los actuales líderes del PAN, responde al gobernador García que se dedique a resolver problemas críticos de Nuevo León, como el agua y la seguridad, y que deje de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria para atacar a los que no están de acuerdo con él.

MC pide renuncia del fiscal anticorrupción.

La mayoría bipartita en el Congreso procedió a discutir (en fast track) y aprobar el proyecto de la nueva Constitución del gobernador García. Éste declaró tener deuda con el PRI y el PAN. Al mes siguiente, el conflicto entre García Sepúlveda y el fiscal Guerrero desembocó en la renuncia de este último.

A la renuncia del anterior fiscal, el PRI incluyó en la terna para nombrar al sustituto del anterior fiscal a Adrián de la Garza, ex alcalde de Monterrey y el rival más cercano de García en la disputa por la gobernatura. El gobernador veta esa inclusión

Se presenta una iniciativa ciudadana pidiendo que se proceda a someter al gobernador y a 15 funcionarios más a juicio político. El expediente desaparece de la Oficialía Mayor del Congreso. El gobernador García hace entrega de la iniciativa con proyecto de ingresos para el ejercicio fiscal de 2023, pero no entregó la correspondiente al Presupuesto de Egresos. Al cabo señaló que haría uso del mismo presupuesto de 2022.

El Congreso aprobó la Ley de Egresos; a su presentación se enteran los diputados que no puede ser publicada en el Periódico Oficial por estar cerrado.

El gobernador García y la bancada de MC presentaron una denuncia penal contra los señalados como responsables ante la Fiscalía General de la República por no respetar su derecho de veto en la terna para nombrar fiscal.

Por las mismas fechas, los líderes estatales del PRI y del PAN presentaron una denuncia en contra del gobernador García por el delito de abandono de funciones.

2023. El año comienza con el Periódico Oficial cerrado y así se mantiene una semana más. Después de 50 días, el gobernador entrega el presupuesto. Es aprobado. En su estructura se acuerda una bolsa para municipios, lo relacionado a la deuda pública y nuevos derechos.

El gobernador publica el reglamento para acceder a la bolsa de municipios. El Congreso local entabló juicio político contra el secretario general de gobierno por no publicar numerosos decretos en el Periódico Oficial. A iniciativa del PRI y el PAN el Congreso, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García por no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 e incumplir con la publicación de numerosos decretos. Se estableció el 10 de febrero para que el mandatario comparezca ante el Congreso por las omisiones que cometió. Él señaló que no lo hará.

El presidente López Obrador manifestó su respaldo al gobernador y consideró que está siendo víctima de chantaje y presión por parte de sus adversarios políticos.

El comentario puede limitarse a un juicio: los actores políticos muestran en la disputa que su motivación es la defensa de intereses de poder y dinero, no en función de los gobernados, sino de privilegios personales y de grupo.

Relocalización, realidad en México: GBM

Durante enero se registraron 23 anuncios de nuevas inversiones por 2 mil 500 millones de dólares que buscan relocalizar plantas en México, reveló un informe elaborado por el intermediario bursátil GBM, con datos de Datamétrica-Aporta. El estudio afirma que las empresas empiezan a mudar toda o parte de su cadena de producción al país para estar más cerca del consumidor final, principalmente el mercado de Estados Unidos (una práctica conocida como nearshoring), con el objetivo de disminuir riesgos, tiempos y costos.

“Esto ya no es una promesa, es una realidad, pues el porcentaje de metros cuadrados industriales ocupados por nearshoring está creciendo”, aseguró GMB.

En 2019, la superficie industrial ocupada fue de 71.8 millones de metros cuadrados, cantidad que para 2022 se estima en 82 millones, mientras que la ocupada por nearshoring pasó de 0.3 millones en 2019 a 1.5 millones de metros cuadrados. Así, el porcentaje de nuevos metros ocupados por la reubicación registra un crecimiento de cinco veces entre 2019 y 2022, al pasar de 12 por ciento a 41 por ciento del total, según los datos del estudio ¿Cómo va el nearshoring en México?

Derrama en 10 industrias

Dado que los costos de transporte de Asia a Estados Unidos se incrementaron 5.5 veces entre 2019 y 2022, las empresas extranjeras buscan reubicar fábricas y centros de producción en México, que al ser vecino de Estados Unidos tiene menores costos y tiempo de traslado. Durante el año pasado, 99 por ciento de la reubicación de centros de producción en México fue captado por 13 entidades federativas.

El norte del país, por su cercanía con Estados Unidos, luce como la región más propicia a beneficiarse del nearshoring. Nuevo León tiene una participación de 50 por ciento; Coahuila, 11; Chihuahua, 7, y Baja California, 2 por ciento. No obstante, poco a poco la región central también se está volviendo atractiva para empresas internacionales. La Ciudad de México captó 7 por ciento; San Luis Potosí, 6; Guanajuato y Yucatán, 3 y 8 por ciento, respectivamente.

Las empresas que han anunciado inversiones son provenientes de Alemania, Estados Unidos y China, entre las cuales destacan: BMW, con una inversión por 872 millones de dólares en San Luis Potosí; BIC, con 70 millones de dólares en Coahuila, y Nestlé, 41 millones de dólares en el estado de México, principalmente.