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Caso Colosio: citan a comparecer a los dos primeros abogados de Mario Aburto
by La Jornada
Ex funcionario de Baja California testificó a principios de mes ante la fiscalía federal sobre el crimen perpetrado el 23 de marzo de 1994
MIREYA CUÉLLAR Y ANTONIO HERAS CORRESPONSALES
TIJUANA, BC
Veintiocho años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, los primeros abogados de Mario Aburto Martínez, condenado por el homicidio, fueron citados a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigos.
En un citatorio fechado el 26 de enero, firmado por una agente del Ministerio Público adscrita al equipo especial de investigación para el caso de Colosio, dos ex presidentes del Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron convocados: Javier Alfonso Carbajal Machado y Marco Antonio Mackliz Mercado.
Aburto denunció tortura y violación de derechos humanos durante su captura en Lomas Taurinas, tras el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, cuando el candidato iniciaba una gira proselitista por Baja California.
Sedado y aleccionado
Los abogados no son los primeros en comparecer después de tantos años. La semana pasada el ex procurador de Derechos Humanos en la entidad, José Luis Pérez Canchola, también fue llamado a testificar ante la FGR.
En una carta publicada cuando se cumplieron 25 años del homicidio, Pérez Canchola afirmó que fue testigo de la declaración de Aburto en las oficinas de la delegación de la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana.
“Puedo afirmar que este personaje llegó al cuarto de interrogatorio sedado y aleccionado para negarse a responder a las preguntas del agente del Ministerio Público”, señaló Pérez Canchola.
Aun cuando su turno para testificar está programado para el jueves, Mackliz, quien aún ejerce como abogado litigante, se presentó en la FGR para acompañar a su colega Carbajal, quien testificó ayer.
A la comparecencia asistieron representantes de oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ambos abogados expresaron no estar completamente seguros de las razones por las que fueron citados por la fiscalía. Sin embargo, consideraron que en parte se trata de una cuestión política, por la proximidad de los procesos electorales en el estado de México y la contienda presidencial de 2024.
de Justicia en Oaxaca, vinculó a proceso a Carlos Guerrero Romero, integrante de la Policía Federal, y a Juan Peralta Alavés, ex jefe de la unidad de fuerzas especiales de la policía estatal. Ambos enfrentan cargos por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.
▲ Imagen de archivo sobre la represión de fuerzas policiales en Nochixtlán, Oaxaca, contra pobladores que apoyaban la movilización magisterial opuesta a la reforma educativa y otras demandas sociales, el 19 de junio de 2016. Foto Ap
De La Redacci N
El gobierno que encabeza el demócrata Joe Biden estaría negociando con México un acuerdo que podría permitir por primera vez a las autoridades de ese país realizar deportaciones “a gran escala” de personas que no son mexicanas, a través de la frontera, público ayer el periódico The Washington Post. Lo anterior, según lo declarado por cuatro funcionarios estadunidenses que pidieron el anonimato.
En la publicación, el diario estadunidense señaló que las deportaciones se llevarían a cabo mediante el proceso conocido como “expulsión acelerada”, de acuerdo con las Notificaciones del Registro Federal y funcionarios con conocimiento de los planes.
Asimismo, expuso que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el mes pasado, hacen “múltiples” referencias a que México acepta las deportaciones cuando expiren las restricciones fronterizas del Título 42, relacionadas con la pandemia.
Además, indicó que un funcionario de la administración señaló ayer que las deportaciones a México se limitarían a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, como se indica en los avisos, principalmente cuando las autoridades estadunidenses no puedan enviar a los deportados a sus países de origen.
Resaltó que si bien las autoridades migratorias de Estados Unidos “a veces han tratado de enviar deportados a otros países cuando sus países de origen se niegan a aceptarlos”, no se compara con la escala que está considerando la administración de Biden.
En el reporte del periódico se advierte que si bien por mucho tiempo las autoridades mexicanas se han resistido a aceptar a migrantes de otros países deportados por Estados Unidos, “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una amplia voluntad de ayudar a Washington con las medidas de control fronterizo”.
