Legisladores de EU buscan beneficio político con los homicidios en Matamoros

DAVID BROOKS Y JIM CASON NUEVA YORK Y WASHINGTON

Corresponsales

El levantón de cuatro estadunidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados, es utilizado por voces relativamente marginales en Estados Unidos para amplificar demandas a fin de militarizar aún más la frontera con México y propuestas para autorizar el uso de fuerza militar estadunidense contra cárteles de droga en territorio de México.

Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Estado han sido cautelosos en sus declaraciones, resaltando la cooperación bilateral con México para ubicar a los secuestrados, algunos legisladores han elevado sus perfiles con el tema ayudados por la respuesta a sus propuestas intervencionistas y denuncias a funcionarios y políticos mexicanos.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, inició su conferencia de prensa diaria este martes elogiando el esfuerzo exitoso para localizar a las víctimas y felicitando al Departamento de Justicia, la FBI, el Departamento de Seguridad Interna, la DEA y las autoridades mexicanas.

“Los ataques a ciudadanos estadunidenses son inaceptables”, afirmó y subrayó que “trabajaremos de cerca con el gobierno mexicano para asegurar que se haga justicia”.

Jean-Pierre le recordó a los periodistas que sigue vigente una alerta oficial del gobierno estadunidense recomendando no viajar a ciertas partes de México, Tamaulipas incluido, pero rehusó responder a preguntas sobre si el gobierno de Joe Biden cree que el gobierno mexicano “está haciendo lo suficiente para combatir la violencia dentro de su país” o si cree que los cárteles de droga deberían de ser designados como organizaciones “terroristas”.

En los departamentos de Estado y de Justicia, la respuesta fue parecida. “La tarea de aquí en adelante es asegurar que se haga justicia”, advirtió el vocero del Departamento de Estado Ned Price ante la noticia de que se ubicaron a los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros.

Pero para algunos políticos que se han dedicado a calificar la frontera como una zona que representa un grave peligro, y que más recientemente habían resucitado viejas acusaciones de que México está bajo sitio de los cárteles responsables de la epidemia de sobredosis de drogas ilícitas entre estadunidenses y que representan una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos, el incidente es muy útil para sus propósitos.

El senador republicano Lindsey Graham anunció que presentará un proyecto de ley para “preparar el escenario” para el uso de fuera militar estadunidense en México, y que es el momento “para ser duros” con el país vecino. En entrevista con Fox News el lunes, Graham indicó que prepara un proyecto de ley para designar a algunos cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” bajo la ley estadunidenses y con ello sentar la base para el “uso de fuerza militar si es necesario.

“Le diría al gobierno mexicano que si ustedes no ponen orden, nosotros lo pondremos por ustedes”, declaró, y subrayó que advertir a México que “si continúan dando refugio seguro a narcotraficantes, entonces ustedes son un enemigo de Estados Unidos”.

Sin embargo, no detalló ni ofreció un borrador de su proyecto de ley. Pero si cumple con su amenaza, sería algo en paralelo a la iniciativa de ley presentada el 12 de enero por dos diputados republicanos relativamente desconocidos en la cámara baja, la cual busca designar a los cárteles mexicanos “terroristas” y otorgar una “autorización del uso de fuerza militar” al presidente para actuar en contra de ellos en México.

El diputado republicano texano Dan Crenshaw, ex teniente comandante y Seal de la Marina, cuyo perfil político fue instantáneamente elevado por la denuncia en México contra sus propuestas para autorizar el uso de fuerza estadunidense contra los cárteles, declaró hoy que “dos de los cuatro estadunidenses secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados y aún no hemos declarado como objetivo militar a los cárteles. Es hora de que autoricemos el uso de fuerza militar en su contra… ¿Estás escuchando López Obrador? Nos encantaría que seas nuestro socio. Ayúdanos a ayudarte”.

Ayer, Crenshaw tuiteó orgullosamente que el presidente mexicano declaró que se oponía a “mi proyecto de ley” autorizando fuerza militar estadunidense contra los cárteles, agregando que “me contenta que finalmente se está enterando” y le preguntó si estaba en contra de enfrentar a los que “aterrorizan” al pueblo mexicano y corrompen a sus políticos. “¿Usted está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa? ¿Los cárteles o al pueblo?”

Su iniciativa de ley copatrocinada por otro diputado republicano poco influyente,Mike Waltz, cobró más peso con el endoso del ex procurador general Bill Barr en un artículo que publicó en el Wall Street Journal para promover su libro, donde afirma que en Estados Unidos “no podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, ofreciendo santuario a grupos narcoterroristas que acechan al pueblo estadunidense”.

Pero el proyecto de ley de los dos diputados y el artículo de Barr pasaron casi desapercibidos en los pasillos del poder y en el debate público en Washington (donde expertos descartaban la iniciativa como una maniobra electoral de ultraconservadores republicanos sin posibilidades de prosperar), hasta que fue elevado por la reacción en México. Poco después estalló la noticia de los estadunidenses secuestrados, y con ello, de repente los promotores de una política más intervencionista contra México –como Lindsey Graham y ex colaboradores de Trump–se aprovecharon de la coyuntura para sus fines políticos.

En entrevista con Fox News, Barr reiteró sus argumentos, acusó que los cárteles están matando a estadunidenses a una tasa parecida a la de una guerra mayor.

La politización de tragedias y de los problemas compartidos de ambos lados de la frontera se intensificará al ritmo del calendario electoral estadunidense que culmina en elecciones federales a finales de 2024.

México trabajará con Estados

Unidos para garantizar que haya justicia en el caso del levantón de cuatro ciudadanos estadunidenses, dos de los cuales fueron encontrados muertos en Matamoros, de acuerdo con la SRE.

La oposición en el Senado lamentó ayer los hechos al considerar que dicho suceso muestra que el crimen organizado está fuera de control y que la estrategia de seguridad no está funcionando. Por su lado, Morena apuntó que lo importante es que las autoridades avanzan para aclarar lo sucedido.

Julen Rementería, coordinador del PAN, manifestó su interés en que esos hechos sirvan para replantear el tema de la seguridad. Manuel Añorve, senador del PRI, expuso que es necesario detener a los responsables y aplicar todo el peso de la ley. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que los hechos “son síntoma de la crisis en Tamaulipas desde que gobierna Morena”.

Arturo Sánchez, Georgina Saldierna, Andrea Becerril y de la Redacción

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El gobierno de Estados Unidos considera que Tamaulipas “representa un riesgo” y le preocupa el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica, afirmó ayer el embajador del gobierno de Joe Biden, Ken Salazar. Luego del levantón contra cuatro ciudadanos estadunidenses, el enviado de Washington lamentó los hechos y manifestó que son un recordatorio trágico de que se debe reforzar el combate contra el crimen organizado.

“Como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad”, dijo el enviado de la Casa Blanca en una declaración por escrito que fue difundida por la embajada y que posteriormente amplió en un audio, en el que puntualizó que Estados Unidos trabaja con el gobierno mexicano “para que los responsables sean castigados y para que actos violentos como este ya no estén pasando todos los días aquí en México”.

El representante de Washington manifestó además en un mensaje en las redes sociales que “este ataque contra nuestros ciudadanos demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles”. Sostuvo que la administración de Joe Biden lamenta los asesinatos de dos ciudadanos y dijo que su gobierno se une a la pena de sus seres queridos. “Extendemos nuestras condolencias a los familiares de la víctima mexicana. Asimismo, sentimos el dolor por las afectaciones físicas y emocionales de las otras dos víctimas estadunidenses que siguen con vida”.

Aseguró que la prioridad más alta de su país “es la seguridad de los ciudadanos estadunidenses” y afirmó que su gobierno reitera su “disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México”.

El jefe de la delegación diplomática aseveró que “este caso subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia.

“Estos hechos son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales trasnacionales”, concluyó.

Gustavo Castillo Garc A

La principal línea de investigación sobre el levantón de cuatro personas estadunidenses, de las cuales dos fueron asesinadas, es que presuntos integrantes del cártel del Golfo confundieron a las víctimas, informaron autoridades federales y del estado de Tamaulipas.

Informes oficiales disponibles hasta ayer fueron expuestos en una conferencia de prensa en la Ciudad de México por los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval; de Marina-Armada de México (Semar), almirante Rafael Ojeda Durán, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el fiscal de ese estado, Irving Barrios Mojica.

Rosa Icela Rodríguez destacó que las autoridades mexicanas han trabajado “muy de la mano” con las de Estados Unidos para esclarecer los hechos.

En México las dependencias federales y estatales involucradas integraron un grupo de trabajo para localizar a las víctimas.

“Estamos juntos México y Estados Unidos trabajando de la mano en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera. Tenemos una convicción muy clara de trabajar para que haya cero impunidad en este caso, como en otros, y continúan las investigaciones para dar con los responsables de estos crímenes”, añadió Rosa Icela Rodríguez De acuerdo con los informes, los cuerpos de dos de los estadunidenses, así como una mujer ilesa y otro de ellos lesionado, fueron localizados en un inmueble de madera, custodiado por un hombre de 24 años edad, quien fue detenido.

Barrios Mojica aseguró que los agresores no pidieron rescate por los levantados y que aún se desconoce el número exacto de participantes.

“El grupo delictivo que opera ahí (en Matamoros) es el cártel del Golfo”, añadió.

En lo que va del sexenio la Sedena ha decomisado 6 mil 115 kilos de esa droga

Emir Olivares Y Alonso Urrutia

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a una delegación de importantes funcionarios estadunidenses en temas de seguridad que estará encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca.

Así lo informó el mandatario durante su conferencia matutina de ayer. “Tenemos comunicación permanente”, remarcó al referirse a la relación con la administración de Joe Biden.

La visita de la asesora del Departamento de Seguridad Nacional mañana a Palacio Nacional se da en medio de una crisis de muertes en el país vecino a causa del consumo de fentanilo. De acuerdo con cifras oficiales, 71 mil estadunidenses perdieron la vida en 2021 por sobredosis de ese opioide, considerado 50 veces más potente que la heroína.

En la conferencia presidencial, al presentar el informe quincenal de seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que del 21 de febrero al 6 de marzo las autoridades decomisaron casi 21 kilos de fentanilo, equivalente a 21 millones de dosis. Agregó que en lo que va del sexenio se han logrado incautar 6 mil 115 kilogramos de esa droga. Al secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, se le preguntó sobre los dos marinos desaparecidos hace un año, y evitó ahondar en detalles: “No les puedo decir cómo vamos, ni

14 días se incautaron 21 millones de dosis del opioide nada por el estilo, porque se entorpece la situación”, debido a que la indagatoria la lleva la FGR.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que en los últimos 16 días fueron liberadas 288 personas, con lo que ya suman 5 mil 309 gracias al programa para tal fin.

Al preguntarle sobre el caso del médico tradicional peruano Lauro Hinostroza García, detenido en septiembre pasado por autoridades mexicanas por traer consigo ayahuasca, señaló que se trabaja para poder liberarlo.

En Perú la posesión de esta hierba no es ilegal, pero sí en nuestro país, por lo que la actuación de las autoridades fue correcta; ahora se valora reconsiderar su aprehensión.

El presidente López Obrador aprovechó este caso para insistir en la reforma al sistema de justicia. “Un buen Ministerio Público, un buen juez (podrían decir): ‘Si tengo aquí estos elementos, me consta que este señor es un curandero y que no es un delincuente, ¿por qué no lo voy a liberar? Mi trabajo tiene que ver con los papeles y los procedimientos, pero tengo una convicción y lo fundamental es que tengo que ser justo’. Es una cuestión de sentido común”. Ante una pregunta sobre un informe en salud en México de La Sorbona de París, el mandatario apuntó que si bien es una de las mejores universidades del mundo, “no le creo mucho (…) la política neoliberal afectó mucho el desempeño de las universidades”. Externó en cambio su confianza en sus funcionarios del sector.

Ya son más de 5 mil 309 liberados gracias a programa de excarcelaciones

POSIBLE EXPLICACIÓN ● HERNÁNDEZ

C Sar Arellano Y Gustavo Castillo

Ovidio Guzmán López aseguró ante un juez de control que no es la persona que requieren las autoridades estadunidenses para su extradición para ser juzgado por los delitos de asociación delictuosa en la modalidad de distribución de estupefacientes, metanfetaminas, fentanilo y mariguana, principalmente.

Durante una audiencia que se realizó vía remota desde un juzgado adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, en Almoloya de Juárez, estado de México, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera señaló ante un juez de control: “no soy la persona que ellos creen, que reclama Estados Unidos”, y en ello basará su defensa en busca de no ser entregado a la justicia estadunidense.

La diligencia duró más de cinco horas y en ella la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a Ovidio Guzmán la petición formal de extradición que presentó el gobierno estadunidense.

Ahí los abogados del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, señalaron que su cliente no es la misma persona que reclama Estados Unidos y mencionaron que la petición formal no se apega al tratado de extradición suscrito entre los ambos países.

Ovidio Guzmán es identificado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los principales involucrados en la producción de fentanilo en México y traficante hacia territorio estadunidense.

Se dio a conocer que en contra de El Ratón existen dos acusaciones con órdenes de captura de las cortes de Illinois y Nueva York. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentó una acusación contra Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán, ambos, hijos de El Chapo, por conspiración para distribuir drogas.

Los dos son señalados por participar en actividades ilícitas desde abril de 2008 y hasta 2018 conspiraron para distribuir las drogas desde México hacia otros países.

Hace dos semanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud formal de extradición en contra de Ovidio Guzmán y los documentos fueron entregados a la FGR, la que a su vez, solicitó al juez Gregorio Salazar Hernández, que desahogara la audiencia.