BEÑAT ZALDUA

El sacrifi cio de los hermanos jesuitas

MIGUEL CONCHA

Con profundo pesar nos sumamos a la condena por la ejecución de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales S.J., de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar S.J., de 80, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y la desaparición de dos personas, perpetrados el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Un suceso trágico que posiciona y devela de nueva cuenta muchas situaciones y significados, que son leídos por la conciencia cristiana como un hecho interpelante y profético, y por el compromiso ciudadano como una oportunidad para revisar integral y corresponsablemente la política de seguridad pública en el país.

Subrayamos que nuestros hermanos dedicaron coherentemente sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida casi en abandono absoluto por parte del Estado mexicano. Conocida por sus imponentes montañas, y habitada por las infatigables comunidades indígenas tarahumaras, quienes se autoadscriben como rarámuris, han sufrido el despojo de sus tierras y territorios, así como hambrunas y sequías. Viven sin caminos y sin infraestructura básica, como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a servicios de salud, a la educación y a la seguridad.

Han sobrevivido a condiciones de olvido y de violencia, y a una desigualdad estructural extrema, que no ha sido atendida por la falta de voluntad de los gobiernos en turno. Ha sido la Compañía de Jesús –una de las organizaciones católicas eclesiásticas, con una tradición cercana a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas–, la que de manera ejemplar ha entretejido lazos de hermandad y solidaridad en la sierra Tarahumara desde que enviaron sus primeras misiones en el siglo XVI. Como parte de su labor misionera, asumieron desde entonces acciones educativas y de promoción de la salud, así como la creación de proyectos económicos solidarios y el asentamiento de un seminario, todo ello desde el compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz. Pero no sólo ha sido el acompañamiento a las comunidades rarámuris que defienden sus territorios ante una realidad que las lacera, sino también a partir del compromiso con su vida comunitaria, su lengua, su cosmovisión y sus costumbres, mediante las cuales han procurado acercar un poco de igualdad y justicia social a la comunidad rarámuri, ganándose así el amor y cariño de sus habitantes.

El contexto histórico de desigualdad estructural, ¿no es suficiente desgracia? Respondemos que no. Aún debemos agregar el componente del crimen organizado que, aprovechándose de la ausencia del Estado y del aislamiento de la región rarámuri, acapara el territorio para cultivar mariguana y amapola, y perpetran secuestros y extorsiones, formas modernas de esclavitud, así como la explotación de los bienes comunes, por citar sólo algunas acciones delictivas.

Esta situación se agudizó de manera considerable durante la primera década de este siglo, con la expulsión y asesinato de toda persona que enfrentara al crimen organizado. Al menos seis personas ambientalistas rarámuris fueron asesinadas en la sierra Tarahumara en años recientes, sin dejar de mencionar el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en represalia por su trabajo enfocado en denunciar los vínculos entre narcotraficantes y la clase política de Chihuahua. Los gobiernos federal, estatal y municipal, ¿ya están atendiendo la situación? Parece que no.

Un elemento más por agregar es la impunidad sistémica, aquella que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” ha denominado el signo de los tiempos, “que personas, colectivos, organizaciones y pueblos hemos denunciado desde hace décadas”, y no ha cambiado bajo el gobierno actual. Por el contrario, “los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional”.

Bajo estas particulares circunstancias es como reconocemos la existencia de un significado pluridimensional de este acontecimiento trágico y profético del asesinato de nuestros hermanos, pues en México denunciar el despojo de la vida y el territorio, es decir, las violaciones a los derechos humanos, es una actividad en constante riesgo, que también pone en peligro la vida y la dignidad de las personas y colectividades en lucha.

Por ello, así como la Red TDT, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes, hacemos un llamado al gobierno federal y local, a fin de implementar una política de seguridad que tome en serio y sin titubeos los derechos de todas y todos, desde una mirada de justicia social y restaurativa, con la finalidad urgente de reconstruir el tejido social y cultural.

Además de acompañamiento a las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, la Compañía de Jesús ha procurado acercarles un poco de igualdad y justicia social

El concepto estratégico de los muertos

BEÑAT ZALDUA

Madrid ha estado estos días tomada por la OTAN, literalmente invadida. Las principales arterias de la ciudad han estado cerradas y las autoridades han pedido a todo el que pueda que teletrabaje. El alcalde ha asegurado que la cumbre de la Alianza Atlántica dejará en la ciudad una lluvia de millones, de esas que uno nunca sabe a quién mojan, mientras lo cierto es que hay vecinos que ni siquiera han podido cruzar la calle debajo de su casa. Madrid condensa estos días todo lo que es la OTAN: un temor que se rearma a costa de inflar presupuestos para combatir problemas que, en gran medida, ella misma crea.

La frase original es del Centre Delàs, aunque bien la podría firmar la rama grouchista del marxismo: “La OTAN es la mejor solución a los problemas provocados por la misma OTAN”. En realidad, no es tanto ni tan calvo. Achacar a la OTAN toda la responsabilidad por la invasión rusa de Ucrania no deja de ser una absolución inmerecida para Putin, de quien tampoco puede aceptarse el derecho a hacer lo que quiera en lo que considera su patio delantero. Por otro lado, es el ataque sobre Ucrania lo que ha convertido en inevitable un rearme europeo que Trump no había logrado.

Pero es un marco como el de la OTAN, que no sirve más que para supeditar la política exterior europea a los intereses de EU, el que impide una relación de vecindad razonable entre Moscú y Bruselas, que es la que debiera interesar a la UE en tiempos críticos para materias primas que faltan en el viejo continente y abundan en la tundra siberiana. Entramos en una época de escasez global en la que los grandes productores de materias primas pueden, jugando bien sus cartas, tener la sartén por el mango.

Si un experto en geopolítica llegase hoy a la Tierra desde quién sabe qué planeta, preguntaría con razón a los europeos qué carajo hacen ligando su futuro a EU. La OTAN fue una renuncia a la soberanía europea desde el principio de los tiempos, pero lo acordado estos días en Madrid, en plena decadencia –interna y externa– estadunidense, es de juzgado de guardia.

Concretamente, la OTAN ha aprobado en Madrid un nuevo “concepto estratégico”, que es como la organización llama a la hoja de ruta con la que cada década calibra y ajusta sus objetivos. En él, además de ahondar en una idea cada vez más amplia de defensa –la cual permite extender la actividad de la alianza militar en sectores de lo más diversos–, los ideólogos de esta cosa dibujan un mundo “competitivo”, “peligroso” y lleno de “amenazas” en el que sólo un estúpido renunciaría a armarse hasta los dientes. Rusia pasa de “socio estratégico” a “la amenaza más directa y significativa”; mientras China, que apenas aparecía en el horizonte, se convierte en un “desafío sistémico”.

Es muy difícil entender por qué Europa se ata de pies y manos en la que se anticipa como la gran pugna de las próximas décadas, lleve o no razón la profecía de Tucídides, un viejo griego que decía que el choque militar es inevitable cuando una nueva potencia desafía el equilibrio existente. La historia lo desmiente parcialmente, pero Tucídides vive días de gloria.

El caso español es más incomprensible, si cabe. En un giro inesperado, el presidente Pedro Sánchez apoyó en marzo la posición de Marruecos en el conflicto saharaui, renunciando a sus deberes como antigua potencia colonial y acabando con décadas de ambigüedad. Se alineó así con la posición inaugurada por Trump y seguida por Biden, y provocó la ira de Argelia, principal suministrador de gas natural. Al menos hasta mayo, mes en el que, por vez primera en la historia, EU se convirtió en el principal exportador de gas al Estado español. No es cuestión menor.

El saldo de la maniobra española queda más o menos así: se traiciona la justa demanda del pueblo saharaui; se tensan relaciones con un socio estratégico como Argelia; se prioriza el gas licuado estadunidense, más caro y menos ecológico –ya que recorre por barco al menos 7 mil kilómetros–, frente al ducto argelino, que apenas recorre 750 kilómetros; se complican las relaciones con los socios de gobierno y de investidura del PSOE –Podemos y los soberanistas vascos y catalanes–; liga su política exterior y de defensa a la voluntad de Washington –dos destructores más tomarán el camino de la base de Rota–y se externalizan las labores fronterizas, que quedan en manos de Marruecos.

Y la monarquía alauita no es una campeona de los derechos humanos, por decirlo deportivamente. Al menos 37 personas muertas e imágenes dignas de los peores episodios de la humanidad dejó la represión del intento de entrar en Melilla que centenares de migrantes realizaron hace una semana. La Guardia Civil española colaboró y Pedro Sánchez aplaudió el sudor de la gendarmería marroquí contra las “mafias internacionales”. Apenas cinco días después, en su nueva doctrina aprobada en Madrid, la Alianza Atlántica calificó de “desafío” la evolución de las naciones del norte de África. Hay que tener cuidado con el lenguaje, porque a lo que la OTAN llama “concepto estratégico”, en África bien pueden llamarle muerte.

Rusia pasa de “socio estratégico” a “la amenaza más directa”, mientras China se convierte en un “desafío sistémico”. Difícil entender por qué Europa se ata de pies y manos

Autosufi ciencia alimentaria estancada

ANA DE ITA*

En el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, mientras la crisis mundial de alimentos alcanza al país, su propuesta de autosuficiencia alimentaria no ha logrado buenos resultados, a diferencia del Sistema Alimentario Méxicano (1980-1982) que fue un esfuerzo exitoso en el crecimiento de la producción y el mejoramiento de los ingresos de los productores, a pesar de su corta duración. El SAM fue impulsado en un contexto de economía cerrada y con recursos de los excedentes petroleros con los que se organizó una red de subsidios productivos para fomentar la producción y los rendimientos de los cultivo s básicos, además de articular su comercialización y distribución. Utilizó los precios de garantía, los créditos a tasas de interés bajas, la reducción en los precios de los insumos y seguros para la agricultura y también tomó como sujeto social a las organizaciones de productores rurales.

El gobierno actual acompañó su planteamiento de autosuficiencia alimentaria con una reducción del presupuesto de la Secretaría de Agricultura en 34 por ciento para 2020 y 29 por ciento para 2022, respecto a 2018. El presupuesto se concentró principalmente en tres programas: Precios de Garantía para lo cual se creó Seguridad Alimentaria Mexicana, Fertilizantes y Producción para el Bienestar. Además del Programa Sembrando Vida, operado desde la Secretaría de Bienestar.

Los Precios de Garantía cumplieron una promesa de campaña, pero no han funcionado como un aliciente a la producción, pues se restringieron sólo a los productores de maíz de menos de cinco hectáreas de temporal y de 30 hectáreas de temporal o cinco de riego para frijol. Durante 2019 únicamente compraron 0.15 por ciento de la cosecha de maíz a 3 mil 200 productores de los más de 1.8 millones de maíceros y para 2020 adquirieron 2.7 por ciento de la cosecha a cerca de 55 mil campesinos. En el caso del frijol en 2019 compraron 8.7 por ciento de la cosecha a 18 mil productores de los casi 477 mil que existen y para 2020 adquirieron 4 por ciento de la cosecha a sólo 1.1 por ciento de los productores. Así, su impacto como incentivo de producción es nulo.

El actual gobierno desapareció Aserca, institución que, a falta de Conasupo, se encargaba de la comercialización de las cosechas, y eliminó los subsidios para este fin. Sólo desde 2020, después de sus movilizaciones, los productores de maíz de Sinaloa lograron un precio objetivo, que opera para los que tienen hasta 50 hectáreas. En ese año Segalmex apoyó a 21 mil productores de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, con precio objetivo para 3.7 millones de toneladas.

Producción para el Bienestar se mantuvo como continuación de Procampo, utilizando la misma estratificación de productores y cuotas que el gobierno anterior, pero excluyó a cualquier agricultor de más de cinco hectáreas de riego y 20 de temporal. Los productores beneficiados por Procampo se redujeron continuamente. En 1995 Procampo benefició a 3.6 millones de productores, pero el Proagro, del final del sexenio de Peña Nieto, sólo alcanzaba a 2.3 millones y para 2021, Producción para el Bienestar apoyó a apenas un millón 753 mil productores de granos y únicamente 6 millones 78 mil hectáreas sembradas con ellos, de las más de 14.2 millones de hectáreas que se dedican a su producción.

Los recursos para el financiamiento al campo de los que depende la producción agrícola y los seguros de las cosechas se redujeron de manera alarmante, y en 2020 sólo existía 30 por ciento de los recursos de 2019, para, finalmente, extinguirse en 2021.

Sembrando Vida, un programa importante por los montos de recursos que administra, sólo apoyó a 430 mil productores de 2 millones 116 mil campesinos que lo necesitan.

El sujeto social de este gobierno son los campesinos pobres de forma individual, ya que todas sus organizaciones fueron catalogadas como corruptas. Pero los campesinos necesitan estar organizados para, en colectivo, aumentar su productividad y producción, además de participar en la comercialización, la compra de insumos, el beneficio de sus productos, el crédito, etcétera.

Los resultados para maíz y frijol en los primeros tres años de gobierno comparados con el último del sexenio anterior son que el maíz, cultivo básico por excelencia redujo ligeramente su superficie, mientras su producción aumento uno por ciento. Así, el volumen de sus importaciones creció a niveles récord y se pagaron por ellas más de 5 mil millones de dólares en 2021.

El frijol aumentó su superficie en menos de uno por ciento, pero su producción aumentó en casi 8 por ciento. No obstante sus importaciones costaron 180 millones de dólares en 2021, el mayor costo reportado.

Las importaciones de estos granos que se pensaban reducir aumentaron consistentemente estos tres años, mientras los programas productivos se convirtieron en programas de alivio a la pobreza y la austeridad pesó más que la autosuficiencia alimentaria.

Los campesinos necesitan estar organizados para, en colectivo, incrementar su productividad y poder participar en la comercialización de sus productos y en la compra de insumos

¿Estrategia a debate?

RAÚL ROMERO*

El lamentable asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora y del guía de turistas Pedro Palma, así como la desaparición de otras dos personas; ha generado la expresión pública de solidaridad y descontento de diversos actores sociales. Acertadamente, voces como la del padre Javier Ávila han colocado el problema como uno que afecta a todo el país y a toda la sociedad, y no como uno que atañe únicamente a religiosos, rarámuris o al estado de Chihuahua. “Son miles los dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación”, expresó el padre Ávila.

Así, en la prensa nacional y en otros espacios, se ha convocado a revisar la estrategia de seguridad del actual gobierno, mientras el titular del Ejecutivo ha cuestionado estos llamados colocando nuevamente el debate en dos opciones: el modelo actual o el de los gobiernos pasados, “abrazos” o “balazos”, como el mismo Presidente lo enuncia. El problema es que, hasta ahora, los abrazos no están deteniendo los balazos.

Un primer reto es entender lo complejo, integral y estructural del problema. Algunas corrientes observan el fenómeno del crimen organizado como un problema de seguridad. Esta lectura, que es la dominante, ha priorizado políticas de militarización y cooperación internacional en seguridad para enfrentar un “enemigo” que es a la vez interno, regional y global. Es el argumento tras el que se sostiene la lógica de la guerra.

Otras corrientes, que suelen complementar a la anterior, miran problemas de corrupción y observan al crimen organizado como una anomalía del mercado. Estado de derecho, transparencia, inteligencia financiera o follow the money son algunas de las medidas que se proponen desde estos enfoques. Como las corrientes anteriores, éstas no cuestionan la funcionalidad de la industria criminal al actual sistema de acumulación de poder y de riquezas.

Las corrientes críticas, por su parte, revisan los vínculos y relaciones de la industria criminal con estrategias recolonizadoras. El crimen organizado es visto más como una industria que opera mediante corporaciones y facilita procesos de acumulación por desposesión, militarizada o paramilitarizada, garantizando para las metrópolis o centros imperiales el abastecimiento de recursos naturales, materias primas –incluso para las drogas, y también abriendo mercados y rutas para el comercio legal o ilegal, o despoblando territorios. También suelen observarse efectos de la industria criminal como dispositivos de biopolítica, necropolítica o del “capitalismo gore”, como la filósofa Sayak Valencia lo ha denominado.

El fenómeno de la violencia en México no puede ni debe atenderse sólo como un problema de seguridad, y eso pasa por observar los impactos de la industria criminal y sus violencias en múltiples planos: de salud, trabajo, económicos, culturales, espirituales…

México, y en general Centroamérica, cumplen un papel importante en la producción y exportación de materias primas, de mano de obra barata, de “bodegas” y de rutas “accesibles” para la industrial criminal. Mientras, las metrópolis o centros viven los efectos de forma distinta a la que lo hacen los países de la periferia: en México el drama se traduce en más de 300 mil personas asesinadas y más de 100 mil desaparecidas, en Estados Unidos 100 mil personas mueren por sobredosis de drogas, 75 mil 600 de ellas por opioides.

Una dinámica similar se vive dentro del país. Si bien la industria criminal impacta desde Tijuana hasta Tapachula, las poblaciones indígenas, campesinas y empobrecidas juegan un papel diferente al que viven las poblaciones de las clases medias y altas en las ciudades. Un estudio detallado en ese sentido sería importante para construir salidas reales. En cierta forma, esta es la hipótesis que sostienen quienes proponen disputarle las bases sociales al crimen organizado mediante programas sociales. El problema es también el punto de partida: los 2 mil pesos que pueden entregarse mediante becas o apoyos son poco comparado con las ganancias y la inmediatez que ofrecen las industrias criminales en ciertas regiones. Peor aún, el carácter individualizado o las mediaciones con que se entregan esos apoyos también los han puesto en disputa por parte de corporaciones criminales y sus operadores en las regiones.

El carácter complejo, estructural e integral del problema no es un llamado al desánimo, sino a repensar las salidas y alternativas. Desde luego hay tareas urgentes e inmediatas por atender, sin dejar de ver el corto, mediano y largo plazos. Implementar una profunda reforma agraria para regresarle la tierra a quienes les ha sido arrebatada sería una buena salida, como también lo sería proteger y cuidar a las comunidades y colectividades que de manera autogestiva han impedido o echado de sus territorios a las corporaciones criminales. La recuperación de centros productivos comunitarios y sociales también ayudaría. Organizar a la sociedad no como maquinaria electoral, sino para desmontar la violencia organizada. Me temo, sin embargo, que hay quienes siguen negándose a aceptar que algo va muy mal.