Guatemala, 13 de abril de 2011
¿Por qué vivimos con tanta inseguridad? Por Mario Estrada Unión del Cambio Nacional – UCN – La inseguridad social es innegable, está alrededor nuestro, entre nosotros, omnipresente e inminente a veces. Sus indicadores primarios; los robos, asaltos, las violaciones, los secuestros, los homicidios, la narcoactividad, el terrorismo y las maras, son conductas desviadas que afectan a la ciudadanía. Son parte del panorama nacional, ES una realidad que vivimos diariamente y ante la cual NO podemos permanecer indiferentes. Pero, ¿qué la causa? • La exagerada ansia de dinero, poder y dominación que conllevan la violentación de las normas para conseguir estas motivaciones. • La falta de previsión frente a
determinados hechos. • Las nuevas amenazas a los estados modernos, productos del mismo fenómeno de la globalización económica. La violentación de las normas de conductas desviadas deteriora el sistema social en todos sus componentes, creando un ambiente de zozobra, temor e incertidumbre por lo que pueda pasar, generándonos desmotivación para incrementar nuestro crecimiento económico. Nuestra sociedad y la sociedad en general, siempre está en busca del orden, pero la violencia inevitablemente resquebraja notablemente el sistema. La sociedad reacciona de manera que busca mecanismos para controlar dichos conflictos con diversas respuestas, por ejemplo: En material de crímenes y violaciones, gran parte de éstos quedan impunes y en los que se inician procesos, se producen
extremas dilaciones, los perjudicados deben sobrellevar una larga travesía de citaciones y presentaciones a los magistrados, hay un tremendo desgaste emocional y económico, con el agravante de que el Estado no ejerce sus funciones en forma adecuada. Otro fenómeno es el caso de los secuestros que se concretan con total impunidad ante un control social evidentemente insuficiente, incapaz y rebasado. La policía carece de medios apropiados para efectuar trabajos de inteligencia operativa. La asignación de personal es limitada y antitécnica. La mutilación del recurso de defensa del Estado, con recortes tanto en personal como presupuestario, para con ello engrosar rublos presupuestarios menos desangrantes aparte de la carencia abierta de anticipar las amenazas, por medio de un sistema profesional de alertas tempranas. La inseguridad es una situación inherente a todas las sociedades del mundo y se puede verificar a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre habrá conflicto social, pues una realidad clave es que el Estado, no puede suplir TODAS las necesidades de la población, sin embargo es de hacer notar, que las obligaciones del estado moderno, deben versar básicamente en dos ejes, el de generar un esquema de seguridad y el crear un marco legal que se respete y deje en tal las reglas claras para el desarrollo de la misma sociedad. En nuestros tiempos el dinero y el poder son exaltados en tal manera que, el que no lo tiene no es nadie, entonces la violencia se vuelve un mecanismo para decir “estoy presente”. Esto se difunde a través de los medios de comunicación,
así la familia, la escuela entre otras instancias que definen la conducta van asumiendo estas pautas como algo cotidiano y normal, porque el entorno influye DEFINITIVA Y DECISIVAMENTE en nuestras conductas. La inseguridad atrasa el desarrollo económico, desanima la intención de invertir, aumenta la falta de empleo y la pobreza. Es una fórmula para la inestabilidad. La inseguridad social es una situación que debe ser abordada desde una perspectiva holística, multidisciplinaria, es necesario monitorear activamente y actuar tácticamente con rapidez de adaptación, si el crimen cambia sus tácticas, la fuerza pública también. Se hace vital para la sobrevivencia de una sociedad honesta y productiva, el que se genere un marco de seguridad integral, que permita la certeza de la protección del ciudadano honesto, por medio de un sistema policial apegado estrictamente al cumplimiento de la ley, que se tenga la capacidad adecuada de enfrentar las nuevas amenazas al Estado, como lo es el narcotráfico, el terrorismo internacional y el narcoterrorismo, de forma idónea siendo según otros modelos exitosos, la defensa del Estado la que logre su neutralización, así como el generar capacidades del Estado, que permitan prevenir y alertar los riesgos y amenazas inminentes que asolan el día a día de nuestra sociedad. Estado y sociedad civil deben aunar esfuerzos para cambiar nuestra percepción de conductas desviadas reeducándonos en materia de valores. Y en esto, la escala de valores, en especial la justicia, debe ser legitimada por los ciudadanos como uno de los pilares para el sostenimiento y correcto funcionamiento de toda la sociedad, ejemplo que debe de seguirse en base al comportamiento observado de sus autoridades como principales motivadores de comportamiento de su sociedad. El ciudadano honesto debe ser más activo, debe conocer sus derechos para no ser víctima de abusos. Debemos legislar, pero más allá crear una cultura de respeto, porque sobre la base de este concepto es posible formar a un ser humano que no teme por la trasgresión a su integridad e inversamente no concibe la violencia como un recurso para resolver su existencia.
Guatemala, 4 de mayo de 2011
Ensayo sobre la Impunidad, orígenes, causas y posibles soluciones Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNAmérica Latina ha sido conocida en el resto del mundo por su historia política reciente, principalmente por golpes de Estado, dictaduras militares, desapariciones forzadas, limpieza social, represiones violentas, grupos extremistas insurrectos, revoluciones populistas, crimen organizado con tentáculos en las esferas del Estado y otros factores que aunados a la falta de sistemas de justicia robustos, propios de un estado de Derecho y no un derecho de Estado, dan como resultado la ausencia de castigo a los violadores de las leyes de una sociedad, más conocida como IMPUNIDAD, un lamentablemente flagelo característico de nuestros países. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar los diferentes delitos, adoptar medidas apropiadas respecto de sus hechores, especialmente en la esfera de justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y de ser vencidas en juicio, sean condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichos delitos. La impunidad se convierte en un delito desangrante de nuestras democracias, cuando quienes la practican con la certeza de no pagar por sus acciones son miembros de la estructura del Estado, es allí donde el incentivo de quien aspira a desempeñarse en funciones de Estado abandona toda ética y actúa a su conveniencia, transgrediendo los derechos del pueblo que lo nomina. No debemos olvidar que las funciones del verdadero Estado moderno, colocan como sus dos grandes pilares de apoyo, el proveer seguridad y de forma muy especial dar certeza jurídica, columna infranqueable en contra la impunidad; la certeza del imperio de la ley permite por sí misma un crecimiento económico. Sin embargo la presencia de la impunidad se convierte en el insulto abierto al cumplimiento
de la ley, réditos al infractor y la certeza que no será castigado. La impunidad es diametralmente opuesta a la ISONOMÍA, en donde todos somos iguales ante la ley, lamentablemente en los países de la región, la justicia, que supuestamente debiese de ser aplicada de manera general y sin dedicatoria, no opera de esa manera. Entre los principales socios de la impunidad podemos mencionar: falta de investigación técnicaprofesional, fuerzas de seguridad públicas débiles, tráfico de influencias, sistemas erróneos de medición cuantitativa sobre los resultados de los entes encargados de la persecución penal, entre otros muchos, aunque la misma puede ser vista desde diferentes puntos de vista, pero el resultado es el mismo: no se castigó el hecho realizado. Se hace necesario generar mecanismos que impidan que cualquiera de los actores del Estado ejecuten nominaciones basadas en la conveniencia temporal de sus intereses, figuras como las
que encabezan las cortes o los entes de investigación penal, en ningún momento deben de tener una sombra que los supedite a ningún otro actor del Estado, por lo que la gran clave se enfoca en garantizar la imparcialidad de su nominación. Los mismos sistemas de justicia dan paso a la impunidad cuando los encargados de impartir justicia carecen de pruebas, resultantes de una verdadera investigación imparcial, en la cual basar sus sentencias. Se fomenta la impunidad cuando los encargados de impartir justicia son seleccionados por personas propensas a delinquir; cuando después de que el sistema de justicia, por débil que sea y habiéndose apegado al cumplimiento de las leyes, ha llegado a una sentencia condenatoria y de manera mesiánica aparece un elegido dando un indulto. Se fomenta la impunidad cuando los gobernantes de turno, amparados en el poder temporal de su mandato, retuercen la ley para
lograr fines propios y beneficios personales. Se fomenta la impunidad cuando se modifica la ley, que por definición debe de ser abstracta, general y de cumplimiento obligatorio. En la actualidad organismos internacionales y países miembros de la comunidad internacional apoyan a los incipientes organismos judiciales de la región, con programas cuya finalidad es el combate a la impunidad. Lamentablemente, estas misiones encuentran bloqueos que vienen desde su percepción particular de los marcos jurídicos que han desempeñado en sus países de origen, así como, sin ser su intención, evidencian la ausencia de soberanía del Estado al que ayudan, generando con ello un ciclo vicioso en cuanto a ser necesitados, pero a su vez son el fantasma latente, que debe desvanecerse para demostrar la capacidad de los Estados de regirse por sí mismos, el concepto de soberanía era un término sacrosanto en los momentos del fervor del nacionalismo. Sin embargo, bien puede ser que la corriente de globalización económica cada día progresivamente, opaque más la autonomía de los Estados. Nuestra propuesta de combate abierto a la impunidad, se enfoca en la autonomía de los diferentes poderes del Estado, cada uno con la asignación de recursos que permita el decoro adecuado para el cumplimiento de su misión, es avergonzante el cómo se cae en un ciclo en el que la asignación de recursos se convierte en la soga que estrangula la autonomía de los poderes, la asignación adecuada de recursos permite la capacitación idónea para el cumplimiento de la misión, aprovechándonos del valioso conocimiento y experiencia de la comunidad internacional a manera de recibir la capacitación enfocada a la solución de nuestros problemas, no así a la imposición de modelos que no nos preparan para recuperar nuestra soberanía, sino que se convierten en medidas paliativas al problema de fondo; creemos abiertamente en la autonomía del Estado para la toma de decisiones que beneficien al grueso de la población, no de forma temporal sino con la necesitada visión de largo plazo para la sociedad guatemalteca.
Guatemala, 18 de mayo de 2011
“Situación actual con la Policía Nacional Civil, Reorganización o Cambio Total”. Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNAnte la actual debacle caótica en el tema de seguridad nacional, se nos hace imperativo echar un vistazo, del porqué en tan poco tiempo hemos llegado de nuevo a la percepción del colapso institucional de las fuerzas policiales, hoy en día ya vemos ideas y ofertas políticas, sobre el cómo desboronar a la institución policial en base a la profunda decepción de sus resultados y a la falta de credibilidad institucional, por ello pareciera que es factible hacer una nueva suplantación y desvanecer una estructura, sumamente deteriorada y con fuerte falta de aceptación poblacional, pero hacer esta oferta no es más que una proclama incoherente a la realidad de la seguridad, por ignorar abiertamente muchas de las limitantes que hacen implausible un proyecto de este tipo. Debemos de reconocer que a su fundación la Policía Nacional Civil, como un proyecto piloto de 3,000 agentes para el año 1997, dio una expectativa positiva de la suplantación de la totalmente desacreditada Policía Nacional de antaño, sin embargo hoy a apenas 14 años después de su concepción la PNC nos presenta márgenes muy similares de descrédito y corrupción que su antecesora, el proyecto dirigido con el modelo místico de la Guardia Civil Española, con el apoyo y total patrocinio de la comunidad internacional, hoy en día se ha convertido en un monumento de vergüenza, al ser de nuevo observados por quienes se esforzaron en su fundación, con la esperanza de dar un apoyo sustancioso a la recién salida de la guerra tierra del quetzal. Para poder tener un diagnostico objetivo de la situación institucional de la PNC, necesitamos remontarnos a los primeros errores que se dieron en su fundación, entre los que podríamos mencionar: El que se haya diseñado una estructura lineal, carente de cuadros capacitados de mando, la carencia de un fuero legal especial que regule drásticamente la organización jerárquica, limite artimañas legales como la sindicalización de una fuerza de seguridad y permita tener un régimen al extremo drástico en lo que respecta a las sanciones, de forma que la sola idea de faltar a sus valores institucionales, provoque la certeza de un
escarmiento tal, que desmotive instantáneamente su corrupción, el haber considerado que la totalidad de la Policía Nacional, podría mediante un curso, transformarse de un estamento corrupto a uno nuevo, fue una ilusoria idea, que solo sirvió para contaminar el sano proyecto que se pretendía en un inicio. Por otro lado, legislaciones obsoletas en lo que respecta a las compras y contrataciones, hace que la burocracia y la falta de dinamismo para la adquisición de suministros y equipo, atasquen buena parte de su eficiencia, figuras de contrataciones modernas como los outsourcing, para subencargarse de mantenimiento de vehículos u otras funciones administrativas, asimismo, la imposibilidad de hacer compras o arrendamientos tipo leasing, nos atan a la toma de decisiones que deben de manejarse de una forma ágil y pronta, para que el centro operativo de la institución se encargue directamente de lo que le atañe en la lucha contra la delincuencia, con los suministros adecuados para el cumplimiento de su misión. Por otro lado, la desvalorización del esfuerzo de la fuerza policial y su misión, subremunerados en relación a su riesgo e importancia, genera incentivos para la tendencia a la corrupción, dejándoles también a su suerte, a ser abordados por las nuevas expresiones de crimen organizado, quienes en su actividad delictiva, les sobreabundan los recursos económicos y materiales, por lo que se les hace abiertamente rentable patrocinar económicamente a las unidades policiales y con ello asegurarse su seguridad y la lealtad de estas. Ahora bien, es totalmente injusto hacer un generalismo de un 100% de la pérdida de valores de las unidades policiales, pues ello desmeritaría el esfuerzo de una minoría, que lucha por conservar sus principios morales y deseo de servicio ante la comunidad, sin embargo, bien podríamos hacer una relación asimétrica de que mientras se cuenta con un 25% de la totalidad de la fuerza policial, luchando por sobrevivir en medio de un ambiente abiertamente corrupto, asimismo se tiene para hoy en día más de un 75% del territorio con necesidades de seguridad agravadas por las nuevas amenazas, tales como los grupos antisistema, que denominamos maras,
narcotraficantes, narcoterroristas (unidades paramilitares tales como “los Zetas”), bandas organizadas de extorsionadores, sicarios, secuestradores, asaltabancos, etc. Bueno ante este caos, qué soluciones podemos plantear; se deben de efectuar las modificaciones legislativas que correspondan, para que con ello se pueda evolucionar a una fuerza eficiente, con la capacidad de ser sometida a depuración constante si esta llega a corromperse, dejarle un tamaño modesto pero versátil a sus misiones especializadas, debemos de crear las herramientas legales que permitan que las policías municipales, sean los brazos de apoyo en el combate de la delincuencia común en sus comunidades, generando un modelo descentralizado de administración de seguridad, se debe de efectuar una depuración radical en la fuerza policial, apoyada en la tecnología moderna, para que esta fuerza conserve su limpieza por medio de evaluaciones poligráficas ya sean trimestrales o semestrales a lo sumo y del resultado de esta evaluación dependa su asignación a puestos, así como la certeza o pérdida de confianza en el desempeño de los agentes, profesionalizar los cuadros medios, de tal forma que se tengan los incentivos materiales y morales de capacitación a los cuadros de oficiales, efectuar asignaciones
de mando asegurándose que quienes vayan a la alta esfera de comando de las unidades sean ejemplos adecuados a seguir, es vergonzoso el recordar que en la administración actual, la PNC ha tenido que cargar con la humillante tarea de aprehender a sus ministros de Gobernación, sembrando ello un sentimiento de pérdida de autoestima. Se debe de reforzar la mística de servicio de este personal, conforme la formación de unidades con disciplina y jerarquías radicales, al estilo que las fundó con modelos a compararse, como el de la Guardia Civil Española, las unidades de carabineros del mundo, la gendarmería y otras unidades de eficiencia reconocida, por otro lado, se debe de afrontar que la amenaza del terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo, son amenazas al Estado y como tal su combate no se lleva a cabo con unidades de seguridad pública, sino con unidades de defensa, este modelo ha sido demostrado por los diferentes países se la región que han tenido que emprender una lucha por la neutralización de esta amenaza. Se deberá de priorizar la prevención del delito, antes de reaccionar a su fracaso de anticiparlo, se debe de buscar que el Estado recupere sus capacidades de anticiparse a las amenazas y tomar acciones correctivas, por encima de su actual tardía reacción correctiva.
Guatemala, 1 de junio de 2011
Sistema de Justicia Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNAntes de iniciar estas líneas, se me hace vital expresar que la filosofía de nuestra agrupación política ve como vital expresión democrática el respeto y división de los poderes del Estado, este es un ideal de la imagen de la República Romana, inspirada como tradición de Occidente, la cual se apoya en la aportación cultural que nos da el continente europeo, como base de nuestro modelo democrático. Nos apena sobremanera, cuando se escucha el hecho de que se suele generalizar un colapso del sistema de justicia, cuando vemos que los intentos de probidad y justicia se sienten frustrados ante una estructura anquilosada, atada con una soga al cuello denominada presupuesto. Pareciera el descuido y desatención que se le da al sistema de justicia, como un plan maquiavélico que busca la debilidad de la institución que debería de gozar de la mayor de las independencias, solemos ser críticos como un rebelde sin causa, sin ver que el trasfondo de nuestro sistema de justicia
hace esfuerzos meritorios por su supervivencia, sin embargo estructuras y métodos que ya son una tradición del ejecutivo, asfixian las esperanzas de un sistema independiente sujeto únicamente al imperio de la ley. Ejemplos como los de empleo de un Ministerio Público a conveniencia política, solo nos traen pesares y desesperanza, todos recordamos cómo penosamente la prensa sorprende al Fiscal General saliendo de las oficinas privadas del señor Presidente, en el epicentro de la crisis del caso Rosenberg, también vemos que ya se ha convertido en un hábito, la remoción del fiscal en funciones, cuando se da el cambio de administración presidencial, para nombrar a una persona allegada al ejecutivo de turno. El año pasado, vimos la designación de un Fiscal General que cumple con todos los requisitos de ley para cumplir con el cargo, sin embargo en la ceremonia de investidura del Lic. Reyes, miembros del ejecutivo ven dentro del staff de seguridad del nuevo fiscal, a figuras que pueden ser amenazantes a sus intereses, e inmediatamente se genera una cadena de publicidad
negativa alrededor de esta nueva figura, no obstante había sido seleccionado probadamente con anterioridad, la crisis llega a tal nivel que se hace una revisión preocupante de su designación y encontrando rincones que permitían una remoción, esta se aplica, haciendo pasar de nuevo a nuestro sistema de justicia por una amputación naciente, para generar un injerto no amenazante a la imagen del ejecutivo. Ese tipo de inestabilidad de la imagen profesional de las figuras en quienes descansara la certeza jurídica de nuestro Estado, refuerza en su momento la percepción de una manipulación política, al antojo de la administración temporal, ello independiente de la capacidad de generar presión con la asignación de recursos en cuanto a su volumen, para llevar una adecuada asignación de fondos. Por otro lado y de la manera en que actualmente surge, se ve la capacidad de intimidación del narcoterrorismo, término que se acuñó a oídos sordos, cuando la amenaza marxista leninista desaparecía para Guatemala, cediendo su espacio de violencia a esta nueva amenaza que vendría a nublar nuestros días con mayores e ilimitados recursos, los casos de intimidación a nuestros valientes fiscales, quienes a riesgo directo de sus vidas presentan cargos a miembros de militantes del crimen organizado, siendo el Estado incapaz de brindarles protección y seguridad (única verdadera obligación inherente de los estados modernos), dejándoles a su suerte, para que sean desfilados mutiladamente a quienes heroicamente buscaban cumplir con su deber, es de lamentar por no decir de llorar sangre. Hemos tenido la escuela de otros países que han logrado sobreponerse a estas crisis de tan colosal adversario, como lo es el narcotráfico, una de las herramientas claves se apuntalaron en la protección de la identidad de los jueces y fiscales que llevan a cabo los juicios a tales desafíos, así mismo la garantía suficiente para sus vidas como las vidas de su familia, aspecto de sobra comprendido, que cualquier persona en su lugar demandaría si le tocara una tarea tan
peligrosamente compleja. Debemos de darle el lugar adecuado al sistema de justicia, hoy en día aún recordamos cómo a inicios del mes de septiembre del 2008, se hacía la denuncia pública de que el mismo Presidente indicaba ser víctima de espionaje, para dicha declaración se tuvo la capacidad de convocar a la totalidad de su staff de ministros, sin embargo no se convocó a la única legítima figura que debía de estar presente, el Fiscal General, dejando en entredicho la veracidad de los hechos, luego de ello, buscando reconstruir los supuestos hechos, se recibe el apoyo fraternal y solidario de la Embajada de EE.UU., para poder efectuar una investigación profesional, la cual reveló abiertamente la imposibilidad de las acciones de espionaje, sin embargo el Ministerio Público en una abierta presión, tiene que presentar cargos, más por una presión política que por una recopilación de los supuestos hechos delictivos, a pesar de que el informe que tuvieron en su poder les indicaba abiertamente la imposibilidad de que se hubiera cometido ese delito, lo cual dejó un cabo suelto, entonces ¿Quién mintió si ese delito no se cometió? Hoy en nuestra Guatemala, vemos cómo tienen una tremenda rimbombancia casos de coyuntura política, capaces de mover macro intereses de estado, haciendo un despilfarro que desatiende los verdaderos crímenes diarios, como el de atender a más de 19 homicidios al día, sin embargo se satura a un sistema de justicia a atender agendas políticas, haciendo de la vista gorda la sangre guatemalteca derramada ante la indolencia de un Estado vigilante de su objetivo de corto plazo, su propia supervivencia, en abierta resignación de un recuerdo vergonzoso de incapacidad, ante la obligación de dar justicia a sus conciudadanos. Como nos lo dijo Aristóteles “los colmillos de la justicia solo logran morder los pies descalzos”, no son más leyes las que requiere nuestro país, sino la certeza imparcial del cumplimiento de las que ya tenemos, sin sesgos temporales de administración; sino robustecemos y damos la adecuada libertad de acción a nuestro sistema de justicia, entonces sencillamente nos resignaremos a tener un estado fallido dependiente de abdicar su soberanía a cambio de orden.
Guatemala, 15 de junio de 2011
CICIG y la creación de la Comisión Presidencial contra la Impunidad en Guatemala Mario Estrada Unión del Cambio Nacional –UCN– Para poder emitir un criterio objetivo sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es necesario hacerlo con la perspectiva de su mandato, el cual buscó en su momento político servir como una tabla salvadora a un sistema colapsado, precisamente por las instancias que luego buscan colocar dicha Comisión, soslayando el hecho de que la debilidad de un Estado se debía precisamente a la limitación de recursos y debilitamiento institucional que la misma administración había manipulado hacía apenas un par de años antes. Tanto los seres humanos, las empresas, las instituciones, y en este caso los Estados, pasan por etapas de madurez muy propias, en las cuales en su inicio se genera la dependencia. Cualquiera de los ejemplos arriba citados requieren de una ausencia de determinación en sus propias acciones, precisamente porque se está en un período de aprendizaje, que al no administrarse correctamente genera una dependencia permanente, impidiendo la capacidad de tomar sus propias decisiones, cediendo dicho terreno a otros quienes les asesoren o rodeen; sin embargo, ello nos puede llevar a la zona de confort en la cual nos convertimos en entes dependientes, carentes de autonomía en nuestras decisiones, estando en un espacio cómodo de obediencia a cambio de no afrontar las consecuencias de las decisiones propias. Esa etapa bien pudo enmarcarse en el Estado guatemalteco antes de formarse como tal y pertenecer al grupo de colonias americanas, sin embargo, el paso de la independencia marcó el deseo de la autonomía en la toma de decisiones en el destino de una nación. Las acciones que se hagan con la libertad que ahí se logró, será la responsabilidad directa de los gobernantes que se elijan y la factura será el peso histórico de sus resultados. Ahora bien, si enmarcamos a nuestro Estado como un país
que goza de su independencia soberana, para tomar la decisión de pedir un apoyo a la comunidad internacional, con el fin de redireccionar nuestro sistema de investigaciones criminales, como un ente operativo más que una función asesora, bien nos puede amenazar el hecho de que descartemos nuestra capacidad de llevar las riendas de nuestra soberanía y pasar a la cómoda posición de dependencia. El mandato con el que se autorizó la asignación de una CICIG buscaba básicamente erradicar a los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que afectan a los derechos humanos, sin embargo, el mismo Estado ha buscado apoyarse en las capacidades y experiencia de los funcionarios de dicha Comisión para el desarrollo de casos de tal impacto, que valiente reto se ha convertido haber aceptado dicha misión. En crisis como el Caso Rosenberg, que a la fecha ha tenido
una versión inconclusa, cuando esperamos tanto; el que pasó con los asesinos de la familia Musa, crimen original de toda la tragedia, crisis tan compleja que aún hace temblar la estructura del Estado hasta su sillón más elegante, se ha acudido a dicha Comisión para funciones que no fueron las designadas en el mandato de las Naciones Unidas, el que se haya querido retorcer su función por parte del mismo staff de Estado, para sugerir que debía de hurgar sobre los crímenes de guerra, más parecía una dedicatoria de exterminio político que un apoyo a la justicia nacional. Razón por la que es de dar el mérito al actual Comisionado y su determinación de apegarse a su mandato real. La CICIG ha sido bienvenida para Guatemala con la ilusión de que su estadía deje un cimiento en la independencia de los poderes y la búsqueda incansable de la justicia. El haber tenido el retiro de un primer comisio-
nado, quien abandona el barco indicando la culpa a otros del incumplimiento de la misión que él decidió aceptar, dejó un sinsabor de la expectativa sobre su función, para que al colmo, en su salida, se lanzaran gritos sobre acciones no éticas acerca de las contrataciones de asesores, riñendo con la ética moral y sobre declaraciones de su mismo círculo que decían recibir instrucciones, en donde se versaba que no era la justicia la que debía de prevalecer sino los tiempos políticos correctos para sacar a luz la información. Hoy en día en las acciones actuales que contemplamos del desarrollo de esta nueva administración de la Comisión, vemos una adecuada distancia del protagonismo en medios publicitarios que anhelaba su antecesor. Hoy se contempla un correcto enfoque a su trabajo, sin embargo, es nuestra demanda como guatemaltecos el aprender a hacer y no quedarnos apaciblemente sentados a que otros nos hagan. ¿Qué le está quedando a nuestra Guatemala sobre esta Comisión? Al momento nos queda la investigación de casos que otros entes jamás hubieran pensado en abrir, queda también la amenaza de que no temblará la mano en perseguir a quien se aproveche del Estado para su beneficio. Hasta podríamos apostar que se está dando alguna revisión al contexto del cómo se comete el delito de Fraude de Ley; al fin y al cabo saben que nadie más quiere afrontar tal problemática, que está por estallar en las manos de algún funcionario local. Sin embargo, estamos en el derecho de pedirles, y como así lo es, pedimos que no se nos haga, sino que se nos enseñe a hacer. ¿Qué será de nuestro mañana cuando el mandato termine? El gobernante de turno volverá a lanzarse al suelo suplicando que no se vayan, ya que sin ellos se derrumbará su entorno o bien podrá decir: “Gracias al apoyo temporal de Naciones Unidas, dio frutos. Estamos ahora en la capacidad de llevar las riendas de nuestra nación, haciendo uso de la soberanía. Qué buen orgullo debería ser recordar que alguna vez nos la hemos ganado”.
Guatemala, 29 de junio de 2011
¿Existe la presencia de poderes paralelos en Guatemala? Mario Estrada Unión del Cambio Nacional – UCN Para quienes nos brota en la sangre el orgullo nacional de ser guatemaltecos, nos debe de avergonzar profundamente el reconocimiento de la existencia de poderes paralelos, que siguiendo ilícitas agendas personales atentan en su accionar hacia los principios fundamentales de los buenos guatemaltecos, que cumpliendo su deber ciudadano se someten al imperio de la ley. La existencia de poderes paralelos no es una dolencia específica de los guatemaltecos, buena escuela tenemos al esperar ya en poco tiempo la desclasificación de archivos que responderán a las dudas del magnicidio perpetrado contra el presidente de uno de los países más avanzados en la arena democrática, tal como lo fue el caso de John F. Kennedy y los eventos que se movieron a su alrededor en los años 1960.
No es posible unificar la existencia de un solo poder paralelo para el Estado guatemalteco, lamentablemente debemos de mencionar una fuerte cantidad de variables, las cuales al enumerarlas nos daríamos cuenta que omitiríamos a más de alguna organización, cuya beligerancia probablemente vaya en aumento, sin hacerse notar aún. Como todos los países que fuimos utilizados como peones de la Guerra Fría, se dejaron heridas ideológicas, que aun hoy en día se confrontan haciendo gala cada una de las corrientes extremistas, de sus fracasos y glorias sangrientas, en la época de sus guerras, estas estructuras que alguna vez se desafiaron abiertamente con el uso de las armas en montañas, poblados y ciudades hoy son portadoras de resentimientos, que se revelan en su capacidad de manipulación política, o en el peor de los casos de sus extensiones de beligerancia criminal. Cuando veíamos la muerte por inanición de las guerrillas
marxistas leninistas, para con ello dejar cesante ese conflicto estéril, no esperábamos que su sanguinario sucesor fuera el terrorismo ahora patrocinado por el narcotráfico, quienes hoy en día han mutado a otras prácticas propias de las organizaciones criminales, entre sus acciones delincuenciales saltaría el obvio tráfico de drogas, el lavado de sus activos, los secuestros, los robos a gran escala, tales como los asaltos a agencias bancarias, las extorsiones, entre otras muchas actividades; sin embargo estas facetas delincuenciales también muestran su accionar, ejerciendo presión para enfocarse en el beneficio de sus intereses; vemos cómo manejan tal volumen de recursos, con el que intimidan al funcionario de Estado de rango medio, coaccionándolo para que fugue información en su beneficio, para que haga o deje de hacer acciones específicas, cuyo resultado influenciaría los intereses de dichos grupos de crimen organizado; estos funcionarios al fin y al cabo son intimidados bajo amenazas en las cuales se les plantea, como un refrán cínicamente intimidatorio la frase: “¿Qué desea plata, o plomo? Mejor colabore”. Hoy en día después de las absurdas decisiones de haber contraído las capacidades de brindar seguridad y defensa en el territorio nacional, por parte de los grupos políticos que hoy nos vuelven a querer enfrentar en extremos. Los espacios que quedaron vacíos fueron tomados por estructuras del crimen organizado, quienes debido a su opulento enriquecimiento, logran desafiar geográfica, legal, e incluso políticamente al Estado. Se han convertido en fuerzas paralelas con capacidad para defender su territorio en base a la manipulación de funcionarios o en base a la intimidación abierta sobre quienes descansa el cumplimiento de la ley. La existencia de poderes paralelos al Estado, se robustecerá en la misma simetría en que el Estado no pueda demostrar una acertada capacidad para derrotar dichas estructu-
ras, es imposible que un Estado débil derrote a poderes que tienen la capacidad de superar el volumen de recursos que el Estado destina a su combate directo. Tal como mencioné en un artículo previo, la presencia de una misión como la CICIG para Guatemala, se ha hecho necesaria para recobrar el concepto de justicia e incorruptibilidad que debe de conservar un Estado, que desea salir de la total anarquía, a la que la ineficiencia de las autoridades nos ha hundido irremediablemente. Mientras estemos dedicados a desviar recursos bajo pretextos populistas, haciéndonos de la vista gorda del derramamiento de sangre que el crimen organizado deja sobre nuestra tierra, entonces estaremos fallándole a lo más sublime que todo ser humano conserva, estaremos fallando a la esperanza de nuestros conciudadanos para destinarlos al avance inevitable de la anarquía de seguridad y a la lucha individual de la supervivencia. Fue hace mucho tiempo ya, que los ciudadanos acuñaron un contrato social en el que se unían para entregar su obediencia a un Estado a cambio de que éste les garantizara seguridad. ¿Cómo enfrentaremos esta amenaza? Debemos de superar nuestros sesgos ideológicos, para abrir los ojos y ver que sólo la unidad de los guatemaltecos correctos y determinados, podremos enfrentar la actual debacle, brindando condiciones de seguridad adecuadas a los funcionarios encargados de hacer valer la ley, deberemos de tener la firme determinación de apoyar a quienes confíen en nosotros como el gobierno de unión que se nos demanda, superar la polaridad que sólo nos llevará al revanchismo de los radicales, deberemos de tener la firmeza después de haber provisto los medios necesarios, de depurar radical y tajantemente a todo aquel funcionario que acepte la seducción temporal de la corrupción y con estos dos brazos de maniobra, neutralizar la capacidad de los poderes paralelos que hoy en día desafían abiertamente a nuestro Estado, haciéndonos minusválidos defensores de la tierra que confía en los hombres de bien, de la tierra que confía en que nuestro destino mejorará y que por fin seremos un gobierno de unión y cambio nacional.
Guatemala, 13 de julio de 2011
Narcotráfico, estrategia y combate Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNDarle la espalda a una amenaza no hace que esta desaparezca. Cuando vimos la evolución del conflicto armado en el hermano país de Colombia, en el que una guerrilla que profesaba la igualdad de clases, bajo premisas hoy desaparecidas, las cuales no tenían la capacidad económica de sostenerse más tiempo dando batalla, se morían por inanición económica y pragmatismo político; ahí se dio por primera vez en el continente la mutación de una guerrilla que buscaba ideas radicales de tendencia política a una guerrilla que necesita subsistir por recursos, convirtiéndose en un narcoterrorismo. Esta es hoy en día la amenaza más cruenta que haya afrontado todo un continente, en el que ha manchado de sangre a países implicados en la producción de drogas, nos ha afectado a quienes geográficamente estamos en la ruta de su mercado de mayor demanda, asimismo, los países que se convierten en los consumidores de mayoritarios socavándose el cimiento de su sociedad. El narcotráfico tiene operaciones que nacen desde su fabricación, pasando por infinitas variables de ilegalidad que implican, entre otras acciones, el lavado de dinero, la corrupción, el trasiego, la contratación y reclutamiento de sicarios, el terrorismo y muchas prácticas ilegales más, hoy en día se ha planteado la opción de, incluso, legalizarlo para que con ello se siga el mismo ciclo que tuvo en su momento otras drogas y bebidas sociales, como pasó con el tabaco y el licor en sus respectivos momentos, esto sería una posible solución práctica según las leyes del mercado, ya que lo regularía, permitiría su elaboración bajo estándares que no destruyan la salud de sus consumidores, sin embargo, es una abierta irresponsabilidad contemplar esa opción, mientras un país que lo contemple no haya creado antes un sistema de salud capaz de atender la hecatombe de adicciones que se despertarían, así como un adecuado programa de educación al potencial campo de consumidores, ya que de no darse estas medidas previas, cualquier intención de la legalización seria un atentado directo a nuestra sociedad con tales deficiencias en nuestro Estado, ya que bien podría condenar a una juventud
productiva en una generación que vegetaría el maravilloso brillo de su edad, siendo hasta secundario el daño económico que esto generaría. Hemos hablado con anterioridad del garrafal error del Estado guatemalteco, al haber colapsado las capacidades de su defensa, al contraer a un nivel inoperante su Ejército, al colmo que los detractores ideológicos de dicha institución hoy se dan cuenta que el éxito de ese esfuerzo político de neutralización nos ha sumido en el momento más oscuro de inseguridad nacional, que dicho sea de paso, nos lo demuestra la vergüenza mundial de ser el campo de batalla de grupos delincuenciales, que derraman sangre inocente, incluso la sangre de pacifistas que han sido el tesoro mundial intangible de nuestra generación. Se dice que darse a la tarea de inventar el agua azucarada no requiere de mayor ciencia, asimismo, vemos cómo los países que han tomado conciencia de la amenaza social y económica del narcotráfico han tenido que tomar la decisión de declarar la guerra a dicha amenaza, esos casos los vimos en Colombia, que después de despertar a la conciencia de la amenaza del narcotráfico, llevaron a cabo esfuerzos militares en su combate, robustecieron su sistema de justicia, dieron las condiciones adecuadas de seguridad tanto a las fiscalías acusadoras como a los jueces, que tomaron tan valiente bandera de combate, buscaron generar mecanismos de depuración constante en las unidades encargadas de la neutralización de la amenaza del narcotráfico, con el fin de evitar la corrupción, también se han tomado medidas que desmotiven la acumulación de riqueza por parte de estos delincuentes, así como el endurecimiento de un marco jurídico que buscó colocar a la cabeza, el imperio de la ley por encima de la conveniencia personal; el resultado de todas estas medidas han logrado hoy en día que un destino que era profundamente señalado de violento ahora se cotice antónimamente como uno de los mejores destinos turísticos y de inversión en la región. Hoy en día, esa misma escuela la vemos reflejada en la política mexicana, que toma la determinación de declarar la guerra al narcotráfico, lamentablemente hoy por hoy México se encuentra afrontando la etapa cruenta de esa determinación de defensa,
sin embargo, el reconocimiento de este problema así como la política activa propia de negarle su territorio al narcotráfico forman parte fundamental de la derrota de esta amenaza. Hemos estudiado, recientemente, cómo está nuestra condición de defensa, vemos cómo la limitación en cantidad de efectivos y recursos de nuestro Ejército, un sistema policial que es propenso a la infiltración y corrupción, las limitaciones en tecnología, comunicaciones eficientes, alta movilidad, falta de posicionamiento en el terreno, carencia de sistemas confiables de inteligencia limitan la operación táctica en contra del narcotráfico, asimismo, la imposibilidad de darle protección institucional y personal tanto a fiscales como a jueces, que atienden esos casos y con ello garantizar la impartición de justicia sin intimidaciones, acuerpadas de un marco jurídico adecuadamente drástico, para desmotivar las diferentes
operaciones del narcotráfico internacional, en nuestro territorio. Ahora bien, no es posible que continúe nuestra actitud pasiva, de esperar a que alguien más venga a arreglar nuestros problemas, los que conscientemente tienen secuelas locales, de inseguridad y violencia, es el momento de que tomemos responsabilidad propia, para la solución de nuestros problemas de seguridad, debemos de abandonar la actitud de inactividad en el tema, bajo excusas de dependencia internacional para arremangarnos y ser nosotros quienes busquemos dirigir nuestros destinos y con nuestro propio esfuerzo demostrar que los guatemaltecos somos capaces de manejar nuestro país, siendo parte activa en el esfuerzo internacional, para que este jinete de Apocalipsis social no siga pastando en nuestra tierra, sin que se nos vea el celo por proteger a nuestra gente.
Guatemala, 27 de julio de 2011
Empleo con mejores ingresos e índices de bienestar Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNEl tema de la creación de empleo constituye un objetivo económico y social importantísimo para la Unión del Cambio Nacional, ligado a lo que se considera en este Plan de Gobiernos los motores de la economía guatemalteca: agro, industrias de manufacturas, infraestructura, turismo, vivienda e innovación tecnológica. El apoyo gubernamental a las actividades económicas antes mencionadas, es vital para la generación de empleo productivo, ampliar el acceso de más guatemaltecos a ingresos dignos y por supuesto, disminuir la pobreza y eliminar la pobreza extrema. La política sobre los recursos renovables y no renovables, como la minería los hidrocarburos, el agua, la energía, sin dejar por un lado la política de turismo, debe interpretarse todos ellos como factores decisivos en el desarrollo económico de nuestro país. El desarrollo económico de Guatemala evidentemente será el resultado de la interacción de varios factores y elementos tales como: el papel de las instituciones del Estado, población, educación y tecnología, recursos naturales, dotación de capital físico, capacidades de los ciudadanos, competencia, infraestructura y tecnología de unidades productivas, disposición de un Estado facilitador. Para que el desarrollo sea sustentable y sostenible, la sociedad debe invertir en todos estos factores del sistema económico y social. La sustentabilidad de nuestra economía y su crecimiento a tasas elevadas dependerá de: la inversión en activos físicos y en las capacidades de la población, (educación, y tecnología), así como en el crecimiento de la productividad. Esta situación nos enfrenta necesariamente a las políticas públicas que desarrollan las instituciones del Estado, las cuales en muchos casos son obsoletas y no apuntan a la efectividad de las políticas públicas. El Plan de Gobierno de la UCN promueve el desarrollo de políticas públicas que incidan en el entorno económico, tales como: estabilidad macroeconómica para generar inversión, bajos niveles de tasas de interés, inflación,
derechos y obligaciones laborales. La capacitación permanente de la fuerza de trabajo mediante el impulso de institutos tecnológicos constituye una política primordial para la competitividad y la inserción de Guatemala en la economía globalizada.
endeudamiento y orden en las finanzas públicas, indispensables para que sea posible traducir la actividad económica en fuentes de empleo. Debido al aumento de la población, más guatemaltecos en edad de trabajar representan una gran oportunidad para contribuir con el desarrollo nacional. Para UCN es prioritario elevar la competencia y la competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos, que nos permitan crear los empleos que demanda la población. En consecuencia, la estrategia a seguir en materia de desarrollo económico se orienta a que más guatemaltecos tengan acceso a actividades productivas, que les permitan obtener mediante el
empleo y/o el trabajo empresarial, mejores ingresos e índices de bienestar. Promoción del empleo •Política de empleo. En el mundo globalizado que vivimos, se requiere el impulso de una economía competitiva que permita mejorar el mercado interno y una inserción exitosa de Guatemala en el contexto internacional. En consecuencia con lo anterior, se promoverá el empleo formal ligado a los motores de la economía guatemalteca y a un marco de estímulo y seguridad a la inversión. •Modernización institucional en materia laboral y de procesos tecnológicos de capacitación. Política laboral que establezca el estricto cumplimiento de los
Competitividad productividad •Fomento de la competencia en la economía. Tratar con esta política de mejorar los niveles de competencia, de la cual se derivan la competitividad, la innovación, la generación de empleo, el crecimiento económico y la inversión. •Comisión Nacional de la Competencia. Se propondrá al Congreso de la República, la creación de la Comisión Nacional de la Competencia, que garantice la competencia en la actividad económica y evite practicas que la distorsionan. •Promoción y facilitación de la inversión nacional y extranjera. Esta política implica la construcción de un clima de confianza, reglas claras y certeza jurídica para la promoción de las inversiones. • E s t a b i l i d a d macroeconómica. Es indispensable a efecto de mantener el equilibrio con las principales variables macroeconómicas, el crecimiento de la economía y una coordinación adecuada con las finanzas públicas. •Instituto de Defensa del Consumidor. Creación de este ente autónomo, encargado de defender los derechos de los consumidores. •Comisión Nacional de Transparencia. Conformada por representantes de la sociedad civil que no tengan nexos con el Estado ni el empresario. Participará en todas las contrataciones de bienes y servicios del Estado. •Reforma de la Comisión Nacional de Electricidad. Se pretende cambiar su composición para que tenga una fuerte representación la sociedad civil, a efecto de regular adecuadamente las tarifas eléctricas. •Desarrollo General de nuevas Cooperativas, Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Participación de nuevos agentes económicos con el objetivo de ampliar, dinamizar y promover la competencia en las actividades económicas.