Issuu on Google+

Guatemala, 2 de marzo de 2011

¿Por qué hay corrupción? Eduardo Suger Compromiso Renovación Orden

y

Para comprender la corrupción en el nivel social y político, en primer lugar debemos identificar los TRES elementos del fenómeno. El corruptor, el corrupto y el objeto de la corrupción misma. De estos tres, invariablemente se soslaya la contemplación y consideración del primero: EL CORRUPTOR. Este es el ORIGEN del fenómeno mismo y debemos aceptar con claridad que sin su intervención, la corrupción no podría existir. El segundo elemento en la cadena de corrupción es el CORRUPTO. Aquel que ha sucumbido ante las presiones y maniobras del CORRUPTOR, aunque no debemos pasar por alto que en ciertos casos los papeles de “corruptor” y

“corrupto” son interpretados por el mismo individuo o entidad, es decir que es posible que se induzca a realizar el acto corrupto. Pero en todo caso los tres elementos están presentes, lo que es necesario mantener en cuenta para encontrarle caminos de solución al problema. Guatemala es el caso particular que nos interesa, aunque las observaciones sobre el tema recaen igualmente en TODOS los países del mundo que, de una manera u otra, padecen de corrupción social y política. Busquemos, entonces, al elemento más importante de la cadena: El corruptor. Vamos a encontrarlo totalmente difundido en nuestra sociedad. La noción de resolver los problemas comerciales, policiales, legales y hasta emocionales mediante alguna forma de inducción a la corrup-

ción es costumbre muy arraigada. Se ofrecen “comisiones”, “mordidas”, “prebendas”, “ventajas”, “honores” y “poder”. Mediante el ofrecimiento, el corruptor o corruptora busca la manera de inducir a quien le puede resolver el problema o conseguir lo deseado. Inconcebiblemente, los corruptores pertenecen a todas las clases sociales. Los “representantes comerciales” de gran categoría, que en su mayoría trabajan para grandes empresas e instituciones, corrompen con elegancia y astucia. Los ciudadanos comunes no dudan en ofrecer remuneración o “mordida”, como se le dice, para obtener perdón, oportunidad o simplemente un servicio que debiera obtener de oficio, por parte de un supuesto “servidor público”. La actitud del corruptor es muy generalizada y tácitamente aceptada por la mayor parte de personas. Es casi un estilo social de vida y una costumbre usual. El segundo elemento en la cadena es el CORRUPTO. Aquel que cae ante la seducción de la oferta corruptora. Generalmente dispone de poder, control o dominio, que son el OBJETO mismo del acto corrupto, o tercer elemento en la cadena. Y son esos recursos los que el corrupto puede otorgar a cambio de lo que el corruptor ofrece. Invariablemente es el objeto de los ataques de prensa, es el sujeto al que se adjudica la “única responsabilidad” del acto corrupto y que por lo tanto carga con el riesgo y por ello eleva sus costos progresivamente, al hacer su participación más remunerativa y aumentar así la tendencia de otros a participar como corruptos en la cadena, aparentemente interminable. Es, en pocas palabras, la “oveja negra” del fenómeno CORRUPCIÓN, pero no por ello el único culpable. Contrarrestar este fenómeno no es tarea sencilla. Es necesario hacer conciencia de la inmoralidad de todo ello, especialmente en la participación del corruptor, como instigador del hecho. Es una tarea de EDUCACIÓN que debe realizarse a todo nivel

y desde la primera infancia, que abarca a la educación profesional, la técnica y del servicio público. La segunda herramienta es la TRANSPARENCIA, acompañada por la DIVULGACIÓN de los actos corruptos y sus participantes, al desenmascarar al corruptor en su calidad de instigador del delito. La tercera es la utilización de procesos informáticos, COMPLETOS y ABIERTOS, para manejar correctamente todos los posibles objetos de la corrupción. Esta herramienta es vital, y está al alcance, gracias a los adelantos tecnológicos y a su accesibilidad. Cuando los medios de de comunicación señalan únicamente al CORRUPTO, es necesario impulsar una nueva corriente informativa que incluya a TODOS los participantes del hecho y no sólo al actor final. Impulsar también un servicio informativo completo, encargado de desnudar ante la opinión pública todos aquellos actos corruptos, tanto gubernamentales como civiles e institucionales. En caso de descubrir un acto corrupto estaría Actuando con todo el rigor que el caso merece, tomar medidas drásticas y DIVULGAR la participación comprobada, tanto de Corruptos como de Corruptores. Ordenar la exhaustiva investigación de las deficiencias que han permitido el manejo inadecuado de los recursos involucrados y velar porque se CORRIJAN a efecto de prevenir subsecuentes actos de corrupción. Para combatir la corrupción, fundamentalmente estaría solicitando y promoviendo modificación de las leyes laborales del Servicio Público, para poder remover efectivamente a los involucrados y así limpiar, de una sola vez, aquellas dependencias en las que se manifiestan actos de corrupción. También motivar seriamente a la Procuraduría General de la nación y al Ministerio Público, para que proceda con toda energía contra los involucrados en actos de corrupción y que mantenga estricta supervisión de todos los procesos legales, al funcionar con efectividad y prontitud. Finalmente, para evitar la corrupción adoptaría estas medidas: 1. Cambios radicales en educación 2. Divulgación y apertura total de la información en todos los actos de gobierno. 3. Introducción de tecnología de alto nivel en el control y supervisión de las operaciones de gobierno. 4. Proponer modificaciones a las leyes actuales para facilitar todo lo anterior.


Guatemala, 16 de marzo de 2011

“No es recomendable ni aplicable” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden – CREO Constantemente escuchamos en mensajes presidenciales, en entrevistas a diputados oficialistas y también en boca de representantes diplomáticos y de instituciones extranjeras, que argumentan la necesidad de incrementar la carga impositiva, castigando a la frágil economía guatemalteca y al ciudadano común, que cada día ve mermados sus ingresos, por la constante inflación, desempleo y carencia de oportunidades para el desarrollo. Curiosamente, los que abogan por realizar una reforma fiscal, con el objeto de aumentar los recursos disponibles para el Estado, no reparan en una situación paradójica: ¿Cómo es posible que se argumente falta de fondos para la ejecución de los programas gubernamentales, si cada año, invariablemente los ministerios encargados de realizar las obras del programa presupuestado, NO LOGRAN EJECUTAR SU PRESUPUESTO? Los ministerios siempre terminan el año con fondos excedentes, que van a parar al llamado “Fondo Común”, el cual es más bien un arca abierta a las transferencias, al manejo sospechoso de los dineros del pueblo y que se ha utilizado también para mantener una constante resonancia gubernativa en los medios de comunicación, Prensa, Radio y Televisión. ¿Cómo es posible que se hable de “falta de fondos” si para todos son conocidos los desfalcos, sustracción de grandes cantidades de dinero, inversiones sospechosas que resultan perdiéndose, o la compra de equipos invisibles o inservibles? ¿Cómo es posible que se continúe con la insistencia de obligar al ciudadano productivo a pagar más impuestos, los cuales invariablemente se trasladan al consumidor final, al ciudadano trabajador, que ve desfilar ante sus ojos un constante aumento del costo de vida? ¿Y qué del despilfarro ostentoso de los festejos y “actos” de gobierno, los muchos viajes innecesarios de funcionarios, acompañados por familiares, amigos, periodistas y hasta con entretenimiento personal? Por eso digo: ¡No! ¡Una reforma fiscal, para recabar más dinero, que tendrá un destino oscuro e impredecible no es recomendable ni aplicable! Las instituciones extranjeras y los

representantes diplomáticos de naciones del primer mundo parecen ignorar el nivel económico de nuestro país y de nuestra gente, exigiendo que aumentemos la carga fiscal. Es claro que en sus países, totalmente desarrollados, es lógico que los ciudadanos paguen elevadas contribuciones, ya que reciben a cambio una infraestructura funcional y moderna; servicios y seguridad de salud completa y de primer orden; educación de alto nivel al alcance de todos y una seguridad estatal y personal garantizada, tanto por un excelente sistema de Justicia como por autoridades especializadas y profesionalizadas. Pero el efecto neto de incrementar el castigo tributario nos impediría el desarrollo. Reduciría el interés por participar en la industria, en la agricultura y en el turismo. Más bien impulsaría a las empresas a reducir su volumen y número de empleados. Al reducirse esos elementos de iniciativa privada, la consecuencia inmediata es la agravación del desempleo. La inversión extranjera no encontraría una situación estimulante para invertir en el país y de hecho, la recaudación de impuestos se reduciría en lugar de crecer, produciendo un efecto contrario al deseado. Entonces… ¿Qué hacer? Irónicamente, SÍ HAY REFORMAS que se pueden hacer, sin necesidad de incrementar la tasa impositiva se puede mejorar el ingreso del Estado mediante varias reformas importantes. Estas son las más importantes: Impulsar un profundo análisis de los esquemas operativos del aparato estatal, para redistribuir los recursos humanos en actividades más efectivas para el funcionamiento del gobierno, reduciendo la redundancia burocráti-

ca, y poniéndole un alto a la continua creación de más plazas, “asesorías”, dependencias e “instituciones”, todas las cuales se crean y aumentan cada cuatro años para recompensar a los que se dedicaron a trabajar en campañas políticas y “merecen sus premios”. Modificar el esquema de tiempo en que se preparan los presupuestos de Estado, para que participen las autoridades ejecutivas, municipales y legislativas, en una forma interactiva y científica. Adoptar una actitud realista en la creación del presupuesto, estableciendo barreras para evitar el presupuesto desbordante, y bloquear el constante recurrir a préstamos comprometedores que continuamente incrementan nuestra deuda, la de nuestros hijos y hasta de los nietos. Facilitar mediante métodos sencillos la incorporación del mercado informal al proceso fiscal, creando estímulos y facilitando crédito a todo pequeño empresario que se incorpore. Reducir el engorro de los trámites fiscales y aduaneros, los cuales son extremadamente complicados, imprácticos y causan grandes atrasos y pérdida de tiempo. Renovar en la conciencia pública el concepto de “impuesto” y “tributo”, ya que esos son los nombres empleados por los reyes, tiranos y emperadores para recabar fondos de sus súbditos. En su lugar se sembrará la CULTURA DE LA CONTRIBUCIÓN. Los ciudadanos seremos CONTRIBUYENTES y no “vasallos” de una institución tirana explotadora. Contribuiremos al desarrollo de nuestra patria; contribuiremos a mejorar nuestra infraestructura, nuestra educación, nuestros servicios de salud nuestros sistemas de seguridad y nuestra Justicia. Adoptar una reacción RÍGIDA E INMEDIATA contra todo acto de corrupción y malversación de fondos y recursos públicos, fomentando y EXIGIENDO en los trabajadores del Estado una conciencia laboral de economía, respeto, eficiencia y profesionalismo. Así pues, tenemos indudablemente que realizar grandes reformas, no solo al orden fiscal sino a todo el sistema de gobierno. Pero las reformas no son las mismas de siempre. Son reformas DIFERENTES de lo que a diario se habla y se exige; reformas que nos conducirán, paso a paso, a construir una verdadera Democracia, mediante el desarrollo completo que nos permitirá participar en la economía mundial, y entonces seremos capaces de contribuir grandemente al crecimiento económico, al igual que las otras naciones que ya lo hacen.


Guatemala, 30 de marzo de 2011

Explotación de recursos naturales Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -CreoGuatemala es un país rico en recursos naturales. La grandeza de los bosques, la abundante fauna y flora, ofrece una variedad asombrosa, ofrece oportunidades únicas, que hacen de Guatemala un país privilegiado por la Naturaleza, habiéndolo dotado de incontables riquezas explotables, pero fácilmente destruibles, de no realizarse una explotación consciente, científica y bajo el control de un programa de explotación renovable. Los recursos hídricos son igualmente cuantiosos. Nuestra nación dispone de importantes caudales y repositorios naturales del preciado y poderoso líquido. Su valor es inestimable desde el punto de vista de la supervivencia humana. El agua es vital e imprescindible para la vida animal y vegetal. Igualmente, la topografía tan especial de Guatemala nos brinda enormes recursos energéticos, gracias a las altas montañas y sus nacimientos de agua, que al caer desarrollan increíbles cantidades de energía que puede aprovecharse sabiamente, para reducir a cero la contaminación ambiental y el gasto en combustibles, los cuales están en una escalada de precios incontrolable. Igualmente, Guatemala dispone de riquísimos recursos minerales, obtenibles mediante la explotación minera, así como el petróleo, abundante en nuestro subsuelo pero sujeto a la extracción inapropiada del mismo por las operaciones petroleras vecinas, que hábilmente aprovechan el simple hecho de que no existe una separación real entre los yacimientos de los países, de manera que la riqueza contenida, puede desviarse y ser aprovechada por otros, que ya se dedican a esa productiva explotación. Indudablemente, la explotación efectiva de todos los recursos es vital para que nuestro país desarrolle fuentes de ingreso suficientes con el objeto de financiar todos los proyectos gubernativos, tanto locales en cada comunidad como de la nación entera. Lamentablemente nuestros gobiernos han tradicionalmente “negociado” nuestros recursos de una manera irreflexiva, concediendo permisos de explotación muy onerosos, que no dejan prácticamente ninguna utilidad tangible y beneficiosa para las comunidades donde esa

explotación ha ocurrido. Esto ha traído una considerable apatía y un profundo rechazo de la población hacia todo proceso de explotación, llegando a tal punto que la oposición al mismo genera actos de violencia, protestas y desórdenes, todos los cuales son estimulados y aprovechados por organizaciones que encuentran en ellos la oportunidad de beneficio personal, a costa de sumir a Guatemala en un atraso permanente por falta de recursos económicos. La oposición que la población presenta es justificable, no por los argumentos de que la explotación es dañina al medio ambiente o a otros recursos, aunque sí lo es por la poca significación que dichos proyectos han tenido para retornar un beneficio tangible para las localidades y para el país en general. Los argumentos relativos a daños ecológicos simplemente nos indican que la correcta implementación de las facilidades de explotación y la SUPERVISIÓN CIENTÍFICA CONSTANTE en la operación de las mismas deberán garantizar la explotación como inofensiva y práctica. Los argumentos en cuanto a lo oneroso y poco retributivo de las explotaciones, se solucionará mediante la derogación de las leyes antiguas, la correcta formulación de leyes NUEVAS adecuadas, mediante las cuales se GARANTICE un beneficio sólido, tangible y suficiente para las comunidades y para el país en general y un absoluto respeto y cuidado por el medio ambiente y la sostenibilidad de dichos recursos. En resumen: La explotación CORRECTA de nuestros recursos naturales es un medio adecuado para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, en especial en las áreas rurales. Para que la explotación de nuestros recursos sea viable y productiva es necesario INICIAR un proceso claro, científico y sistémico que deberá incluir: • Promulgar una serie de decretos gubernativos que regulen las transacciones que adjudiquen nuevas concesiones, al efecto de que se garantice el retorno económico adecuado, justo y razonable, para que dichos fondos provean los recursos monetarios que requiere el desarrollo de nuestra infraestructura, pueblos y ciudades. • Renegociar todas aquellas concesiones actuales que aún representan una utilidad mínima o nula, para el país y para la

comunidad donde se realizan. • Divulgar de manera clara y abierta, los detalles de cada concesión de explotación, en la que se establezca la utilidad que cada comunidad obtiene y que garantice la administración local de dichos recursos, en forma independiente pero supervisada. • Promover un Plan de Educación para que toda la población y en especial aquella que habita en lugares ricos en recursos naturales, de manera que los ciudadanos y especialmente los futuros ciudadanos, niños y jóvenes, comprendan la importancia de la

explotación de recursos. • Perseguir y reprimir toda explotación ilegal de los recursos, investigando constantemente la operación de las concesiones y verificando que retribución correspondiente es percibida por las poblaciones y por el Erario Nacional. Guatemala requiere de un plan de manejo de nuestros recursos naturales DIFERENTE, INNOVADOR Y CORRECTAMENTE ADMINISTRADO. Dicho plan es parte de mi Plan Global para un proyecto de gobierno DIFERENTE también.


Guatemala, 13 de abril de 2011

“Se necesita un enfoque serio, científico y DIFERENTE” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -CreoLa palabra INSEGURIDAD no define con claridad un problema específico. Desde el punto de vista positivo, entendemos que es la falta de “SEGURIDAD” misma en TODO SENTIDO, lo cual afecta varios aspectos muy importantes de la vida ciudadana. La Constitución de la República define varias “SEGURIDADES” fundamentales para la existencia humana. Estas “seguridades” indispensables son definidas como DERECHOS FUNDAMENTALES, los cuales reclaman la Seguridad de la Vida, Seguridad Alimentaria, la Seguridad de Salud, la seguridad de Educación, la Seguridad de Trabajo, la Seguridad de Libertad, Expresión y Locomoción y la Seguridad de la Propiedad. Cuando alguna de estas garantías de SEGURIDAD es débil o ausente, principalmente la Seguridad a la Vida, se genera una sensación de miedo en toda la población y se habla de “LA INSEGURIDAD”, confundiendo el término y peor aún dejando de lado otras manifestaciones de falta

de seguridad muy importantes. De ahí que se atribuya la “falta de seguridad” exclusivamente al Ministerio de Gobernación, y todas las exigencias públicas, ya sea por los medios o de boca a boca, se encaminan a exigir que el Gobierno haga algo por “LA SEGURIDAD” expresando el temor al riesgo por la vida, pero olvidando la absoluta falta de OTRAS SEGURIDADES, absolutamente indispensables para la existencia plena de una sociedad. Toda INSEGURIDAD de cualquier género, tiene sus particulares causas y orígenes, siendo OBLIGACIÓN PRIMORDIAL del Gobierno de turno, entendiéndose por ello a los tres poderes gubernativos, la investigación de dichas causas y orígenes y la implementación de soluciones acertadas para cada fase particular de inseguridad existente. En Guatemala, los gobiernos deficientes, demagógicos y populistas, así como las tiranías y dictaduras, nos han llevado progresivamente a un estado de INSEGURIDAD GENERAL, en la cual, ninguno de los derechos fundamentales constitucionales alcanza el grado de validez y realidad que la Ley Suprema

ordena. En la actualidad, el crimen, la violencia organizada, y la falta absoluta de respeto por la propiedad alcanzan proporciones tan grandes que ocupan toda la atención y nos hace olvidar la tremenda INSEGURIDAD que existe en términos de Salud, Vivienda, Educación, Trabajo, Alimentación, Paz y demás. A esta forma de inseguridad, la INSEGURIDAD PARA LA VIDA, se le dedica toda la atención, olvidando que el problema de INSEGURIDAD TOTAL está interrelacionado, y que todas las inseguridades parciales contribuyen a crear el estado de INSEGURIDAD TOTAL que hoy vivimos. Para INICIAR el camino que nos conduzca a obtener una SEGURIDAD PLENA se necesita un enfoque serio, científico y DIFERENTE, que permita analizar las causas de cada uno de los problemas. Conociendo sus orígenes y causas debemos diseñar un plan de gobierno CONJUNTO, interrelacionado, mediante el cual se logre la solución de todas las “inseguridades parciales”. No es posible reducir la criminalidad en un país de extrema pobreza, donde impera la falta de trabajo y la necesidad general. Tampoco se logrará nada si no se hace un cambio radical en la educación básica, instilando en los niños y jóvenes, el respeto mutuo, la tolerancia, el deseo de mejorar mediante el trabajo y la productividad. Menos aún se puede reducir el crimen y la violencia si somos una nación enferma, carente de salud y de un ambiente sano. ¡Mente Sana en Cuerpo Sano! Si los jóvenes no obtienen una profesión remunerativa, si los hogares no cuentan con techo, alimentos, medicinas y sobre todo un trabajo honrado y estable, si la población tiene que desarrollarse en un ambiente malsano y enfermizo… ¿Cómo podremos evitar la criminalidad, la cual es producto de mentes enfermizas y defectuosas? Al mismo tiempo que realizamos una labor de reestructuración gubernativa para lograr que TODO el gobierno trabaje en conjunto en la búsqueda de soluciones prácticas para todos los problemas de inseguridad, se debe reorganizar y fortalecer el sistema judicial, especialmente a los tribunales, para que puedan funcionar eficientemente y con la rapidez que establece la Ley.

Debemos recuperar la noción de un sistema legal que intenta RECUPERAR y RESOCIALIZAR al delincuente. Es necesario que se implemente un sistema penitenciario moderno, suficiente y SUPERVISADO, que garantice el respeto a los derechos del individuo pero que asegure la recuperación del mismo, para evitar que los centros penales sean “universidades del delito” y “clubs de criminales” como lo son ahora, en que inclusive son las “oficinas administrativas” desde donde se dirigen las actividades delincuenciales. Ejército y Policía, así como una Guardia Civil Nacional, deben organizarse, entrenarse y equiparse como debe ser. Sus elementos deben ser remunerados justamente y provistos de seguros de vida en beneficio de sus familias. Sin embargo, no debemos olvidar por un solo momento que las viejas ideas, los conceptos de nación anticuados y obsoletos, no ofrecen la menor oportunidad para que encontremos el camino a la solución al problema de la INSEGURIDAD TOTAL. Tampoco nos ayuda el pretender solucionar el problema de una manera aislada, invocando tan solo a la represión, a la fuerza y al castigo como el medio adecuado para librarnos de las inseguridades. Debemos tener una mente tan amplia como sea posible para darnos cuenta de que el Aparato Estatal en su totalidad es un monstruo que ha alcanzado dimensiones enormes. Es una máquina que consume todos nuestros recursos económicos, sin producir resultados, sin ofrecer soluciones y sin dar un solo paso adelante. Las acciones que deberán encaminarnos a la solución de todas las INSEGURIDADES PARCIALES y que son causa de la INSEGURIDAD TOTAL requieren inversión y por ello administración celosa, honesta y precisa. Se requiere de un Líder, al mando de las actividades ejecutivas del Gobierno, que ponga a los ministerios y entidades de gobierno a funcionar sincrónicamente, bajo un solo mando y orientación. El trabajo es grande y complejo. Pero… ¡Podemos hacerlo, de una manera totalmente DIFERENTE a lo que se ha hecho hasta ahora! Guatemalteco: ¡Este es tu año! ¡Esta vez en verdad decidirás el futuro de tu familia, de tus hijos y de tu nación!


Guatemala, 4 de mayo de 2011

“No sólo hay IMPUNIDAD sino que una PUNIBILIDAD injusta y discriminatoria” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden – CREO El término “impunidad” define el hecho de que una falta o delito quede sin el merecido castigo. Contrario a la creencia general, este fenómeno sucede a todo nivel y no solo en el ámbito puramente jurídico. En los hogares guatemaltecos, la mayoría de las veces suceden hechos de parte de los hijos, que realizan comportamientos indeseados, muchas veces sumamente graves, los cuales quedan sin ser disciplinados como merecen. La condescendencia de los padres para permitir conductas inadecuadas, genera en los jóvenes un efecto muy negativo, que se traduce en la impresión incorrecta de que: “No importa lo que se haga, yo me libraré del castigo que me merezco”. En un país subdesarrollado como Guatemala, que padece de serios problemas gubernamentales, el problema causado por la mala conducta familiar se extiende al nivel ciudadano. Las serias deficiencias del Sistema Judicial, llevan a los individuos que son proclives al delito de todo tipo, ya sea el crimen común, el asesinato, los delitos de “cuello blanco”, la corrupción administrativa, la violencia, a creer en sus elevadas posibilidades de salir impunes, pudiendo continuar descaradamente sus actos antisociales. El problema de las deficiencias gubernativas es muy grande, especialmente porque se considera que el único remedio para la reducción del delito es la represión y la constante emisión de leyes que no conducen a ninguna solución real. Se olvida que la acción preventiva, mediante la educación, la RENOVACIÓN del orden civil y político, el mejoramiento de las condiciones económicas y el aumento de oportunidades tiene un efecto notorio para reducir el delito y consecuentemente el índice de impunidad consecuente. Si nos enfocamos primariamente en el aspecto punitivo del problema, nos damos cuenta de las múltiples deficiencias de que padece el Sistema Judicial. ¡El presupuesto del mismo alcanza apenas un 2 o 3% del total del presupuesto anual de la Nación! Es decir que, aunque se suponga que vivimos en un sistema democrático, con tres poderes distintos e independientes, el Poder Legislativo ejerce control y dominio sobre los otros dos, especialmente al Judicial, al que mantiene confinado a un presupuesto mínimo, insuficiente e inadecuado. Esto conduce a la incapacidad de

los tribunales para procesar con efectividad y prontitud los casos que se le presentan, ya sean de orden Civil, Laboral o Penal. Raramente se cumple con los términos de tiempo que la Ley establece para las fases de dichos procesos. Los períodos judiciales se extienden una enormidad de tiempo, mucho mas allá de lo que establecen los códigos. Los tribunales carecen del personal, recursos tecnológicos e insumos necesarios para un funcionamiento pronto y eficiente. A pesar de los esfuerzos que el empleado judicial realiza, se les hace imposible manejar todos los casos con prontitud, resultando en el engavetado de muchos expedientes que se pierden en elevadas pilas de documentos amontonados. El Código Procesal Penal adolece de muchas ambigüedades y puntos oscuros que significan una tortuosa ruta en el camino del proceso, ya que el cambio de procedimientos puramente documentales al juicio oral, recién implantado, ha sido y continúa siendo otro factor de atraso y lentitud. La entidad encargada de la persecución penal, el Ministerio Publico, a pesar de sus lujosas instalaciones y abundante personal ha sido, hasta la fecha, responsable de innumerables casos en los cuales los delitos resultan impunes. En primer lugar su función está limitada casi solo a las áreas urbanas mayores, como la capital y las cabeceras departamentales, aunque no todas. Tal es el estado de cosas, que en muchas comunidades han implementado de nuevo la aplicación del llamado “derecho consuetudinario”, debido al cansancio de las poblaciones ante la inefectividad del sistema judicial para sancionar a los delincuentes. Los jueces, en legítimo apego a la Ley, exigen que los casos presentados por el Ministerio Público estén debidamente

sustentados con las investigaciones apropiadas, que ofrezcan resultados fehacientes y con suficientes pruebas para poder fundamentar las sentencias, tal y como exige la Ley. Un juez no está facultado para sentenciar a nadie SIN LAS PRUEBAS que inculpen al acusado de manera inequívoca y fuera de toda duda. ¡Así es la Ley! Si un acusado no es sentenciado por falta de pruebas convincentes, sale libre y no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. Afortunadamente este hecho también protege al inocente, ya que si el MP no aporta pruebas, la oportunidad de ser exculpado es mayor, aunque a menudo, los jueces actúan de manera NO objetiva, dejándose influenciar por los argumentos y testimonios dudosos. Así pues, no solo hay IMPUNIDAD sino que una PUNIBILIDAD injusta y discriminatoria. Para completar el cuadro encontramos las serias deficiencias en el Cuerpo de la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario. A pesar del cuantioso presupuesto del que dispone el Ministerio de Gobernación, su funcionamiento es mediocre y el resultado de ello es una visión muy pobre para utilizar ese presupuesto convenientemente. Todos sabemos las carencias que experimentan los agentes de Policía. No digamos la situación infrahumana de los centros de detención preventiva y punitiva, en los cuales el dinero manda, las prerrogativas se compran y se explota la debilidad y miseria de los reclusos. No hay programas de rehabilitación y reinserción del delincuente a la sociedad. El problema puede solucionarse como parte de una solución INTEGRAL de los problemas del Estado. No se trata solo de emitir leyes y proponer castigos más fuertes. Es necesario rediseñar el Presupuesto de la Nación de manera consciente, científica y racional. Se debe proveer de los suficientes fondos al Poder Judicial en toda su extensión, pero para ello no es necesario pensar en castigar al ciudadano trabajador con más impuestos. Por el contrario, debemos entrar en un plan de austeridad y ahorro, en un proyecto INTELIGENTE para redistribuir la prioridad de los programas, suprimiendo los despilfarros, los lujos, las campañas proselitistas disfrazadas, y el culto a las personalidades estatales. La impunidad, originada por cualquier causa es un derivado complejo del caos gubernativo. Solo haciendo un serio Compromiso de Renovación y Orden, con un auténtico espíritu de honradez, integridad y dedicación, podemos cambiar las cosas. ¡Este es el año! ¡Este es TU año!... ¡En las manos de todos los guatemaltecos está el camino a la solución! ¡Yo, CREO en esto! ¿Y usted?


Guatemala, 18 de mayo de 2011

“La Nueva Entidad Policial” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden – CREO – Entrar a conocer la problemática de la Policía Nacional Civil, no es tarea fácil. Es necesario que primero realicemos un examen cuidadoso de su evolución y así determinar cómo es que llegó a ser lo que hoy conocemos como la PNC. Fundamentalmente debemos entender que la PNC se basó en un modelo policial militar, apropiado para Guatemala, pero lamentablemente mal implementado, lo que trajo consecuencias graves. Para su creación no se examinaron otros posibles modelos policiales de otros países, lo que llevó a la implementación de un modelo en forma apresurada, lo que causó una serie de descuidos estructurales, fundamentales para la buena operación de un cuerpo policíaco. La PNC nació de la mutación forzada de la anterior Policía Nacional y para integrarla, en lugar de crear un cuerpo policial diferente y moderno, se contempló el integrar a la misma a una serie de exmiembros de otros aparatos policiales, así como muchos exmiembros de la Policía de Hacienda, conocida por sus tenebrosos antecedentes y prácticas. Este método de “crear” una “nueva” policía resultó en un cuerpo que ha heredado los serios problemas de los cuerpos anteriores. Las costumbres nefastas de la tortura, de la fabricación de pruebas, de las prácticas corruptas, entre ellas brindar “protección”, proteger a influyentes, integrar equipos represivos y sicarios se convirtió en el modo de operar. A todo ello se sumó la carencia de experiencia técnica de los nuevos miembros, a los cuales se les dio poco o prácticamente ningún entrenamiento policial profesional. Supuestamente se les dieron cursos “intensivos” de una duración ridículamente corta, menos de cuatro meses efectivos. Sin embargo, el contraste entre la vieja PN y la nueva policía, la cual estaba siendo equipada con nuevos y vistosos uniformes, así como armas más modernas y aparentemente suficientes, el público quedó inicialmente impresionado, aunque muy rápidamente el deterioro de uniformes y equipos se hizo evidente. Por otra parte, los “creadores” de la nueva policía ignoraron por completo la necesidad de una buena infraestructura policial, que incluyera instalaciones adecuadas y estratégicamente colocadas. Las anteriores “instalaciones” fueron quizá repintadas por fuera, pero en su interior persistían las condiciones

infrahumanas y poco sanitarias para alojar a los agentes policiales convenientemente. De no ser por ciertos programas sociales de asistencia, principalmente organizados por familiares de algunos funcionarios de turno, los nuevos policías hubieran carecido hasta de lo más fundamental, como instalaciones sanitarias y algunas facilidades para el descanso entre turnos. Es necesario darse cuenta de que los agentes no recibieron un entrenamiento militar consistente y completo ni de prácticas y técnicas policiales, por lo que tendieron a aplicar su metodología brusca, insolente y poco compatible con la sociedad civil. No dejemos de mencionar la escasez de municiones, el increíble hecho de que un agente debía pagar y posiblemente esta práctica aún subsiste, por aquellos cartuchos que fueran disparados. ¡Un excelente inhibidor para prevenir que los agentes actuaran en su lucha contra el crimen con valor y decisión! La falta de programas de mantenimiento condujo rápidamente al deterioro y descompostura de radios, vehículos, armas y de las mismas instalaciones de acuartelamiento y dormitorios de los agentes. La falta de un programa adecuado de instrucción completa ha llevado a la carrera policial a ser considerada como de una total inferior calidad, poco profesional y por lo tanto catalogada como poco seria y muy mal remunerada. Todo lo anterior condujo al desarrollo de una corrupción rampante, a pesar de varios intentos de recuperación que se realizaron durante los gobiernos de Portillo y de Berger, pero que siempre fallaron en brindarles a los agentes, prestaciones, seguro de vida, calidad profesional y reconocimiento, además de un salario decente y compensatorio para el delicado riesgo de su trabajo. Pudiéramos seguir elaborando sobre las múltiples causas del estado actual de la PNC, pero debemos entrar a proponer una solución radical, inteligente y renovadora, que introduzca el orden y la eficiencia en los servicios policiales de Guatemala. El concepto no es muy difícil, porque la larga lista de deficiencias y problemas que hemos mencionado nos trae a la mente la solución

INTEGRAL y lógica que debe implementarse. Desde luego, es fundamental la concientización del Poder Legislativo, ya que sin su participación para generar las nuevas leyes policiales, para facilitar la creación de un presupuesto de TRANSFORMACIÓN POLICIAL y de un presupuesto operacional con capacidad de ampliación, cualquier intento de resolver el problema policial será infructuoso. La institución de una comisión para la creación de la Nueva Policía Civil deberá ser una organización MUY eficiente, contando con personas de reconocida capacidad para la implementación de sistemas organizados. Se deberá hacer un estudio exhaustivo de otros modelos, siempre bajo la disciplina militar, para la estructuración básica de los nuevos cuerpos policiales. Los planes deberán, por primera vez, considerar a Guatemala como toda una Nación y no sólo como una ciudad. Es el momento de terminar con la pobre noción de dedicar unos cuantos policías para cada comunidad importante y de concentrar TODOS los recursos policiales en una sola ciudad, la capital. El crecimiento demográfico es muy acelerado y las visiones limitadas de crear cuerpos famélicos de policía ya no encajan en la realidad nacional. Tampoco encajan las visiones amenazantes y de garrote, ni

las “visiones” a un extremado e irreal largo plazo. La solución del problema policial es de IMPERATIVA necesidad e impostergable. El proceso consistirá básicamente en un proceso paralelo, de manera que absolutamente TODO lo que forme a la nueva policía sea nuevo, eficiente, capaz, moderno y completo. La vieja policía suplirá con su escasez las necesidades de seguridad, aliviada mediante un plan de contingencia inicial, de apoyo y fortificación, durante el período de estructuración y transición. El Ejército cuenta ahora con oficiales verdaderamente bien preparados y con grado académico reconocido, por lo que su participación será vital en el diseño de una nueva Policía Nacional Civil. Ya operando la Nueva Entidad Policial, se dará oportunidad, mediante un esmerado, cuidadoso y estricto proceso de selección, a aquellos integrantes de la vieja PNC para que se incorporen a la nueva, gracias a sus méritos, reconocida capacidad, honradez, y grado cultural que haya adquirido mediante sus estudios de profesionalización. ¡Este es el año en el que todos los guatemaltecos podemos hacer la selección del camino que ha de seguir nuestra Patria! Este es TU año para adoptar el Compromiso de Renovación y Orden de nuestra Guatemala. ¡En tus manos está!


Guatemala, 1 de junio de 2011

“La modernización del Sistema de Justicia es impostergable” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -Creo-

Guatemala es un país que intenta vivir bajo un sistema democrático, el cual se encuentra en una fase de desarrollo y por ello padece de muchos obstáculos. Las bases de la democracia y del régimen constitucional, claramente establecen las responsabilidades y limitaciones del Poder Ejecutivo, en cuanto a su posible injerencia en el funcionamiento y organización de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial. La función Ejecutiva es una misión delicada, ya que su primordial objeto es precisamente ejecutar y velar por el cumplimiento, tanto de las Leyes emitidas por el Poder Legislativo, así como hacer efectivas las disposiciones judiciales emitidas por el Poder Judicial. Como funciones secundarias, relativas a dichos poderes, el Ejecutivo debe velar por la seguridad, protección y atención inmediata a las necesidades de soporte en esos campos. También puede el Ejecutivo participar en las actividades de los otros poderes mediante la factibilidad

de presentar iniciativas de Ley, acuerdos gubernativos y otros recursos que permiten apoyar las funciones ejecutivas y las del sistema democrático en su totalidad. Sabiendo esto, el Poder Ejecutivo puede realizar procesos investigativos y participativos en cuanto a las dificultades operacionales y de recursos que el Poder Judicial experimenta, apoyando las gestiones que las autoridades de dicho poder realizan, para mejorar las condiciones del sistema judicial. El problema FUNDAMENTAL del Organismo de Justicia radica en el serio desbalance presupuestal que existe entre lo que se le asigna para recursos financieros, y los enormes presupuestos que maneja el Poder Ejecutivo y en cierta medida, el Legislativo. Un sistema verdaderamente democrático, depende enormemente de la fortaleza del Sistema de Justicia. Dado que las disposiciones totalitarias, autoritarias y arbitrarias no son admisibles en el funcionamiento gubernamental democrático, es el Poder Judicial quien tiene la última palabra en todo conflicto que requiere la intervención de la Justicia y sus decisiones son finales y de extrema

importancia. La erradicación de la corrupción, del crimen organizado, del nepotismo, peculado, abuso de autoridad y demás, es posible únicamente a través del proceso democrático judicial. Pero para ello la modernización del Sistema de Justicia es impostergable. Se requiere la presencia efectiva de dicho poder en TODA LA REPÚBLICA. Sus instalaciones deben estar modernas y cómodamente equipadas. La tecnología disponible actualmente en el mundo, debe estar en sus manos para agilizar los procesos, que actual e invariablemente toman períodos mucho más largos que los que la ley establece, con muy raras y dudosas excepciones. La escasez de personal capacitado es enorme. Basta con visitar cualquier tribunal para ver las grandes pilas de expedientes acumulados, para darse cuenta del afanoso trajín de los oficiales y personal de soporte que no se da abasto para procesar adecuadamente y en orden, la abundancia de casos pendientes. El equipo de notificadores es insuficiente; ni siquiera cuentan con un sistema de transporte adecuado y seguro para entregar la documentación que se les encarga distribuir. El mismo método de notificar es arcaico y permite la constante evasión de los involucrados, que se esconden ante la presencia de los notificadores o simplemente se niegan a recibir los documentos, lo que obliga a muchos intentos de notificar. No hay suficientes jueces capacitados. La mayoría son personas y profesionales responsables, pero la constante emisión de leyes, la proliferación de las mismas, en muchos casos contradictorias y en otros, inaplicables o inoperantes, hace necesario que se funde un instituto de capacitación progresiva de los administradores de Justicia, actualizándolos en el uso de las modernas tecnologías, en los conceptos más avanzados del Derecho Positivo Garantista y en una comprensión más clara del alcance de su autoridad y de su aplicabilidad. La mayor parte de las instalaciones judiciales están albergadas en locales poco apropiados. Especialmente en los departamentos donde,

inclusive, existen tribunales instalados en galeras, bodegas o casas de habitación, poco apropiadas para las delicadas funciones judiciales. Las condiciones laborales del personal requieren también actualización, proveyéndolos de mobiliario adecuado y de las facilidades necesarias para el descanso y el refresco. Debe incrementarse substancialmente su nivel de remuneración para que su desempeño sea austero, entusiasta, cortés y dedicado a cumplir con su deber y con una actitud de servicio amigable y profesional. Desde luego que la actualización profesional de todos los trabajadores del Sistema de Justicia es vital, para adaptarlos a las nuevas facilidades tecnológicas, a las modernas técnicas de organización y a los nuevos métodos de trabajo. La responsabilidad de la Justicia recae igualmente en la eficiencia del Ministerio de Gobernación para velar porque las disposiciones judiciales sean acatadas y este es un campo donde el Poder Ejecutivo puede realizar importantes cambios para convertirlo en eficiente. A su vez, el Ministerio Público debe formalizar sus intervenciones judiciales, adoptando mayor seriedad y cumpliendo con su misión de “Contribuir al esclarecimiento de la Verdad” y no solamente buscar y lograr condenas, sin contar con los elementos de prueba requeridos, cuya falta obliga a los honorables jueces a descalificar los casos presentados, con el resultado de mayor impunidad, injusticia y desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzos. Como hemos dicho antes, todo esto requiere que se establezca y defina un presupuesto financiero ADECUADO, suficiente y estable y que se procure la necesaria asistencia técnica y de asesoría para que dicho nuevo presupuesto permita la total RENOVACIÓN del Poder Judicial y así garantizar que los tres pilares del sistema democrático están equilibrados, para sostener y nivelar el crecimiento y desarrollo integral de Guatemala. ¡Se requiere, en resumen de un proceso de RENOVACIÓN y ORDEN, desarrollado inteligentemente y de manera DIFERENTE!


Guatemala, 15 de junio de 2011

CICIG y la creación de la Comisión Internacional

Contra la Impunidad en Guatemala Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -Creo-

La Constitución de Guatemala contiene, entre otros, los siguientes artículos:  EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO Artículo 140.- Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 141.- Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida. De la correcta interpretación del artículo 140 se desprende que fundamentalmente Guatemala es un Estado Libre, lo que significa que no está de ninguna manera supeditado al control o injerencia de otras naciones para resolver nuestros asuntos internos. Por tratarse de un artículo “pétreo”, es decir inmodificable y no reformable, los tratados internacionales de cualquier origen y por cualquier motivación, no tienen poder para modificar el espíritu y significado de este artículo. Digo esto porque servirá como argumento central de mi exposición acerca de la CICIG, de su razón de ser, y de las dificultades legales que existen para que su operación sea legítima y dentro del marco Constitucional. El Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su versión final de fecha 19 de noviembre del 2006, expone en sus considerandos, lo siguiente: Considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida esta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de

dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena; todo lo cual conduce al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país… El texto anterior nos indica claramente que la CICIG fue creada con el objeto primordial y único de combatir y prevenir los delitos emanados de CUERPOS ILEGALES DE SEGURIDAD Y APARATOS CLANDESTINOS. Esto quiere decir que la motivación de las Naciones Unidas para celebrar este convenio radica en su loable intención de proteger los derechos humanos, los cuales son indudablemente puestos en riesgo por la existencia y operación de aparatos clandestinos. Podemos inferir entonces que la CICIG no puede ni debe representar autoridad alguna dentro del territorio guatemalteco, ni tener injerencia en asuntos delictivos que NO estén relacionados directamente con “aparatos clandestinos de seguridad” de alguna clase. En razón del artículo 140 constitucional, el acuerdo CICIG del 2006 no

puede otorgarle a la CICIG la potestad para manifestarse en juicios como parte actora, hacer declaraciones en nombre de la justicia guatemalteca, ni hacer presión para que se promulguen leyes o se efectúen cambios o reorganizaciones en las dependencia de justicia del Estado. En dicho acuerdo se lee: Artículo 1. Objetivos del Acuerdo. 1. El presente Acuerdo tiene como objetivos fundamentales: (a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad… Queda pues claro que la función autorizada por acuerdo con la CICIG no le otorga ningún mandato para ejercer autoridad o manifestarse como tal, siendo sus funciones legítimas el proveer el apoyo necesario para lograr la desarticulación y enjuiciamiento de APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD y no de alguna otra cosa o delito. La función PRIMORDIAL del Presidente de la República es VELAR POR EL RESPETO

Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN y en base de esa obligación, el poder ejecutivo no debe ni puede estimular a instituciones de origen extranjero a interferir, regular o dirigir las operaciones de nuestro sistema de Justicia. En todo caso su colaboración tiene que ser eminentemente técnica y de apoyo logístico pero nunca como parte actora en procedimientos policiales, judiciales o legislativos. Podemos entender que la CICIG, paulatinamente ha sido empujada a intervenir en otras formas de delito, precisamente por la inoperancia de las autoridades judiciales obligadas a realizarlo. Así pues, la CICIG paulatinamente ha ido participando en actividades claramente fuera de su mandato. Indeseablemente, esto ha provocado un detrimento a la integridad de nuestras instituciones judiciales, sumada a la INEFICACIA de los gobiernos pasados y de turno para cumplir con sus obligaciones de proveer seguridad a los ciudadanos. La necesidad ha permitido que, ante la indolencia y poca estabilidad de las jefaturas de Gobernación, Policial y del Ministerio Público, la CICIG haya ido adquiriendo poderes y responsabilidades que no le corresponden, apoyada por las opiniones mediáticas que en forma desproporcionada le atribuyen facultades que no le competen y por la misma solicitud de las entidades estatales que debieran funcionar independientemente. Es necesario que el nuevo gobierno que tomará la dirección del país, ejecute los pasos necesarios e INMEDIATOS para reconstituir a nuestras autoridades de gobernación y de justicia. El Gobierno debe asumir sus responsabilidades, para que la necesidad de acuerdos como el de la CICIG desaparezca y podamos agradecer a las Naciones Unidas su gesto de colaboración, cuando nuestro gobierno renovador se haga cargo de la Seguridad Nacional. El Compromiso de Renovación y Orden implica que asumiremos dicha responsabilidad en toda su extensión, para que Guatemala recupere el prestigio internacional perdido y los guatemaltecos podamos disfrutar de nuevo de una vida pacífica, productiva y feliz. ¡CREO en este compromiso y lo respaldo con toda decisión!


Guatemala, 29 de junio de 2011

¿Existe la presencia de poderes paralelos en Guatemala? Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden –CREO– Gabriel Aguilera Peralta define a “poderes paralelos” como “Mafias criminales reconvertidas del tiempo de la guerra y potencializadas por la globalización, que han penetrado espacios del Estado y resistido los esfuerzos para erradicarlas, constituyendo un poder paralelo cuya existencia se conoce, pero que el Estado ha sido impotente para controlarlo”.  Sin embargo escapan de esta definición los Poderes Paralelos NO criminales, de carácter internacional, que persiguen el sojuzgamiento de las pequeñas naciones, intentando mantenerlas en un estado de atraso y de conflicto, para facilitar la injerencia en sus asuntos internos y lograr minar sus instituciones, especialmente destruyendo los conceptos de soberanía y nacionalidad. Dichos poderes “no criminales” sostienen la premisa de un sistema global de gobierno, de una sola moneda, del control de los ciudadanos mediante el dinero electrónico y la implantación de “chips” para el control personal. El Club Bilderberg es un claro ejemplo de acciones encamina-

das a crear este poder paralelo de sojuzgamiento. Así pues, no solo nos deben preocupar estos oscuros poderes paralelos, sino también aquellos emanados de situaciones políticas anteriores, como la penetración de fuerzas subversivas en posiciones claves de gobierno, el enorme esfuerzo clandestino de las mafias dedicadas al narcotráfico, que han permeado la mayor parte de las instituciones supuestamente respetables, hasta los intentos de penetración de corrientes neo-comunistas provenientes de Sudamérica. Otro poder paralelo bien cimentado en Guatemala es el de las ONG. Maite Rico y Bertrand de la Grange, en su oportunidad, resumieron el poder paralelo de las ONG de esta manera: Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido, desde hace unos años, en parte consustancial del paisaje cotidiano de Guatemala, como los volcanes, la delincuencia o los autobuses multicolores. Más de 500 entidades locales han ido ocupando los espacios desatendidos por un Estado débil e inoperante, y pocos de los 12 millones de guatemaltecos no han escuchado alguna vez los térmi-

nos “proyecto”, “financiación” o “desarrollo integral”. La ausencia de fiscalización ha permitido que en ese piélago humanitario florezca la picaresca, y que el rótulo de “ONG” sirva de tapadera para negocios, corrupción y tráfico de influencias, como han puesto de manifiesto escándalos recientes. Del análisis crítico tampoco salen indemnes las organizaciones de derechos humanos, cuya “lucha contra la impunidad” suele disfrazar intereses políticos y corporativos. Arropados por la comunidad internacional, estos grupos han conformado un poder paralelo que condiciona las agendas de los gobiernos de turno. Resulta evidente que la abundancia de estas formas de conspiración o poderes paralelos es grande y variada, lo que representa un verdadero problema de un alcance muy profundo, que desafía a la organización democrática de Guatemala, para encontrar formas de identificar, desmantelar e imposibilitar nuevas penetraciones que distorsionan la trayectoria de desarrollo que el pueblo guatemalteco espera y necesita. En particular, las ONG utilizan instrumentos legales que datan de 1999, mediante los cuales se hace posible las transferencias financieras, desde ministerios, instituciones y entidades estatales a pretendidas asociaciones o grupos con supuestas actividades “no lucrativas” para evitar la sujeción a la Ley de Contrataciones y así ejecutar programas y proyectos. Dichas ONG han participado en numerosos fraudes, desde un tinte puramente político, que sirvieron para utilizar fondos públicos y con ellos financiar campañas políticas, o para manipular las compras vitales para el sistema de salud, llegando al extremo de convertirse en “unidades médicas” para prestar servicios de salud rurales. El poder paralelo desarrollado mediante la técnica de las ONG es muy grande y de efectos sumamente desastrosos. Recientemente, el incremento del uso progresivo de drogas en los países consumidores ha traído como consecuencia el crecimiento casi sin límites de los fondos ilegales disponibles para las mafias dedicadas al narco-negocio. La disponibilidad ilimitada de recursos monetarios les ha permitido penetrar en todos los niveles. Medios de comunicación, sindicatos, instituciones, dependencias gu-

bernativas, organizaciones de abogados, municipalidades y hasta las más serias y delicadas dependencias de los tres poderes del Estado han sido penetradas e infiltradas. En declaraciones recientes el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Conferencia Internacional de donantes para financiar la Estrategia Centroamericana de Seguridad, aseguró que: ¡Tan pronto como se tomen determinaciones y acciones en la Conferencia, allí mismo están presentes funcionarios que las transmitirán a los grupos paralelos de inmediato! ¿Cómo enfrentar la problemática de los poderes paralelos? ¡Verdadero dilema para todos los aspirantes a la Presidencia de la República! Se requiere de una total determinación, de un carácter sereno pero firme y de una actitud muy positiva para dirigir el proceso de depuración del Estado. Escuchamos planteamientos lamentables de proyectos y planes de gobierno a un larguísimo plazo, que lo único que lograrían es permitir el apoderamiento total, por parte de esos grupos paralelos, de todo el Estado mismo. Escuchamos también propuestas de acción violenta, de medidas represivas, de implantar el sistema legal conocido como “Derecho Penal del Enemigo”, para conducir a Guatemala a una nueva forma de dictadura disfrazada de democracia. La realidad del problema requiere múltiples enfoques. Desde la instauración de un monitoreo TOTAL de las operaciones financieras del Estado mediante tecnologías informáticas, la depuración evaluación y reorganización de muchas dependencias gubernativas, la revisión y en lo posible la supresión de las operaciones tipo ONG, y al mismo tiempo una revitalización de los aparatos de Justicia, logrando que el sistema legal garantista prevalezca, pero que la eficiencia investigativa y probatoria del Ministerio Público sea real, efectiva y contribuya a la desarticulación de todos esos nefastos aparatos de poder paralelo. Guatemala está ahora en el “ojo del huracán”. Las miradas del mundo entero se enfocan en nuestro acontecer y en la decisión que tomaremos en estas elecciones. Será solo el pueblo, mediante su voto, el que defina la ruta por la que nos conduciremos al éxito o al caos total.


Guatemala, 13 de julio de 2011

Narcotráfico, estrategia y combate Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden CREO Recientemente, después del debate presidencial organizado por Induexpo se han levantado una serie de rumores, especulaciones y opiniones encontradas, derivadas de la pregunta sobre “la legalización de las drogas”. La moderadora de dicho debate adjudicó tres minutos para responder sobre un tema que requiere largas exposiciones, imposibles de realizar en tan corto tiempo. Por ello me permito exponer a los guatemaltecos mis ideas sobre el tema, aprovechando la oportunidad que nos brinda el Diario La Hora, aunque de manera breve, ya que para discutir ese tema y para desentrañar la complejidad del mismo serán necesarias muchas horas de trabajo intenso. En primer lugar quiero asegurar que mi preocupación por la juventud ha sido el motivo principal de todas mis actividades como educador, como creador de facultades y universidades y como motivador de los jóvenes. Claramente comprendo el efecto nocivo y destructivo que las sustancias psicotrópicas tienen sobre el individuo y JAMÁS estaría dispuesto así como nunca lo he estado, a permitir o facilitar que el uso de dichas sustancias perniciosas se extienda entre nuestra población. Por el contrario, creo que dicho mal debe combatirse con toda energía, pero no en una forma represiva sino que mediante la educación, el tratamiento médico y el control estatal del manejo de dichas sustancias. El empleo de violencia en el combate contra las drogas ha engendrado más violencia. No solo están las guerras en cárteles, las cuales son sanguinarias y crueles sino que la lucha de las autoridades contra los traficantes ha resultado en grandes fracasos, muerte de agentes de la autoridad y del Ministerio Público, amenazas contra jueces, presiones corruptas y toda clase de acciones tendientes a cimentar el magnífico negocio de las drogas en todo el continente. Sin embargo, es hasta ahora en que se puede intentar hablar de los aspectos sociales, políticos, legales y económicos que intervienen en el complejo mundo del “narcotráfico”. Mencionar otras alternativas, no represivas ni basadas en la fuerza, provocan ataques instantáneos y de inmediato se acusa a aquel que mencione otras posibilidades como “narcotraficante” o corrupto. Hasta hace poco era tabú siquiera sugerir que la principal responsabilidad en el exagerado tráfico recae en los

millones de consumidores que están dispuestos a pagar cualquier cosa y a cometer cualquier acto ilegal para obtener el dinero con que sufragar su vicio. Las alternativas de revisar las políticas sociales y de salud en las leyes contra esas actividades aún provocan acusaciones, ataques y una actitud cerrada que en nada contribuye a encontrar soluciones viables. Quiero citar parte de un artículo aparecido en el Nuevo Herald el lunes 7 de mayo de 2011: El laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa planteó ‘‘descriminalizar” el consumo de drogas para frenar el narcotráfico, en una nota editorial publicada este domingo en el diario El Comercio. “La solución (para frenar el narcotráfico) consiste en descriminalizar el consumo mediante un acuerdo de países consumidores y productores, como lo sostienen The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados’’, señaló el escritor. Indicó que la legalización “debe estar acompañada de un direccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado buenos resultados’’. “El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención’’, opinó. En su artículo titulado “El otro Estado’’, el escritor señaló que el problema de la drogas es de origen económico. “Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes’’, agregó. Recordó que las drogas afectan a todas las clases sociales. “Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones’’, señaló. ¡Reveladoras palabras de un ilustre pensador latinoamericano! Debemos entender que cuando se habla de “descriminalización”, nos estamos refiriendo a un cambio radical en la política de los países consumidores y productores, con respecto al tráfico de las drogas. Debemos aclarar que

mientras exista un sistema que fomenta el aumento constante del precio de dichas substancias y mientras exista, en países poderosos, una ENORME población que consume dichas drogas, el tráfico de las mismas será estimulado constantemente y eso hace IMPOSIBLE la eliminación de dicho tráfico, convirtiéndolo cada vez en MÁS PELIGROSO y al mismo tiempo MÁS ATRACTIVO para los delincuentes que se dedican a su producción, transporte ilegal, distribución y venta al menudeo. Lamentablemente es innegable que mientras los consumidores sean altamente activos y mientras sus gobiernos persistan en no adoptar otras políticas de combate, que incluyan la REDUCCIÓN PROGRESIVA Y EFECTIVA DE LOS CONSUMIDORES, no podrá hacerse nada que produzca resultados concretos. Es allí, en esos terrenos donde hemos recomendado la DESCRIMINALIZACIÓN, que es muy diferente de la legalización. Mediante la descriminalización, en los países consumidores y productores, se puede organizar un sistema de control estatal del manejo de dichas substancias. ¡Son esos países los que deben iniciar el proceso de DESINCENTIVAR el mercado ilegal de drogas! Nuestro deber, como guatemaltecos no es combatir guerras ajenas, sino concentrarnos en obstaculizar, controlar y regular el uso de sustancias ilegales y realizar un plan de educación y prevención, así como el del tratamiento de los ya adictos. Esos adictos son los que deben recibir ayuda, mediante un proceso de recuperación que incluye el proporcionarles las substancias adictivas paralelamente a su progresivo tratamiento de desintoxicación y recuperación psicológica. No siendo necesario, para los adictos, pagar precios muy elevados para la obtención de las drogas que los tienen sometidos, se reducirá el pre-

cio de mercado y así el tráfico perderá ímpetu y se desarticulará finalmente. El uso de drogas NO DEBE SER LIBRE en el sentido del mercado, así como las medicinas delicadas y otras substancias nocivas se supone que no lo son. Todo debe estar bajo el control estricto del Estado y jamás convertirse en un “mercado libre”. Ni siquiera el alcohol o el tabaco son mercados libres, y… ¡NADIE está hablando de “legalizar” un mercado libre para las drogas! Queda claro entonces que NO ABOGO por la “LIBERACIÓN DE LAS DROGAS”, pero sí abogo por una intensa campaña internacional para hacer que los países consumidores y productores acepten su responsabilidad y actúen con inteligencia para librarse de SU problema que indirectamente nos afecta. Pueden contar con nuestra cooperación pero no con el sacrificio de nuestras vidas, de nuestros recursos y de nuestro esfuerzo por mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, por proteger a la juventud de cualquier influencia nociva y a nuestros ciudadanos del riesgo que representa una lucha armada que no conduce a nada más que a la prolongación de la guerra inútil y a más y más muerte, miedo y pérdida de oportunidades. Tanto la guerra como la drogadicción son causa de muerte y dolor. ¡CREO que podemos invertir la dirección de ese camino hacia la destrucción!


Guatemala, 27 de julio de 2011

DESEMPLEO ¿De qué forma piensan crear los empleos que la población espera ansiosamente? Por Eduardo Suger Compromiso Renovación y Orden Creo La dignidad de la persona reclama el poder ganarse el sustento propio y de su familia, de una manera completa y satisfactoria. La aspiración a tener una ocupación remunerativa, que proporcione todo lo necesario para el soporte, educación y felicidad de la familia entera, es un derecho inalienable, razón por la cual, la Constitución de la República responsabiliza al Estado, de fomentar todos los elementos necesarios para que la economía del país alcance un grado de desarrollo adecuado para el crecimiento de la oferta laboral y la disponibilidad de personas capacitadas para satisfacer la demanda de gente de trabajo, capacitada y entusiasta. La depresión natural que causa al individuo la falta de ocupación y el trabajo mal remunerado acarrea serios problemas sociales, contribuyendo a originar un crecimiento progresivo de la delincuencia común y a la participación de más desempleados en actividades ilegales, crimen organizado y gran deterioro de la familia y la juventud. El desempleo trae consigo también serios problemas de salud pública, ya que las condiciones de vida inferiores conllevan un ambiente malsano, falta de higiene, alimentación pobre e incompleta, desnutrición, hambre y falta total de educación y capacitación. Se puede hacer un paralelo muy exacto entre los índices de desempleo y los de criminalidad, enfermedad, desnutrición, inconformidad, y apatía, lo que nos hace vislumbrar un camino a seguir para corregir el rumbo torcido y reencontrar el camino hacia una sociedad guatemalteca, sana, próspera, productiva y feliz. Las causas fundamentales del desempleo son muchas y provienen de diferentes ángulos, pero podemos apuntar hacia los más importantes: • Poca inversión en fuentes de trabajo. • Inversión extranjera muy reducida. • Debilidad del Estado de Dere-

diales del desempleo nos hacen entrever las posibles soluciones y el cambio radical hacia una administración INTELIGENTE y DIFERENTE de lo que se ha hecho hasta ahora. Curiosamente, al aplicar las soluciones adecuadas, que no necesariamente darán resultados inmediatos, dado que la economía se restaurará en mediano plazo, las dimensiones del aparato estatal se reducirán, porque los trabajadores del Estado encontrarán oportunidades de trabajo más atractivas, fuera del gobierno, aprovechando la oferta laboral de una nueva economía. Las soluciones entonces radican primariamente en:

cho. • Inestabilidad de las políticas fiscales. • Intervención excesiva del Estado en la economía. • Políticas laborales y legislación inadecuada. • Economía debilitada y escaso poder de compra. • Fuga de capitales nacionales. • Altos índices de analfabetismo e ignorancia. • Escasez de profesionales y técnicos preparados. • Educación obsoleta, con enfoque tradicional. A todo lo anterior se suma la falta de interés de los gobiernos de turno en resolver estos problemas, prefiriendo el camino “fácil” pero muy destructivo de favorecer la expansión del aparato estatal, para crear plazas y empleos de relleno. Se ha creado la conciencia popular que es el Gobierno el responsable de crear directamente puestos de trabajo, especialmente dedicados a los afiliados a un partido político, a familiares desempleados y a personas de influencia con los nuevos gobernantes.

La corrupción asociada al “mercado del empleo estatal” es enorme, resultando en que los puestos burocráticos son ocupados por personas ineptas, indolentes, muchas veces prepotentes, cuyo único interés es el usufructo de los sueldos, bonos y prestaciones que el Estado provee. Mediante esa mala práctica, el aparato estatal ha alcanzado dimensiones exageradas, causando un monstruo que consume en casi su totalidad los dineros del pueblo, puramente en pagar salarios para tanto puesto artificial, para alimentar la creación de más dependencias, dejando casi nada para la inversión pública en infraestructura, salubridad y educación. Es así como el Estado se ha convertido en el “empleador por excelencia”, creando más empleos para que laboren, organizando la recolección de fondos fiscales para pagarle los sueldos a los que laboran precisamente en lo mismo, en administrar el presupuesto laboral del mismo Estado. ¡Situación paradójica en verdad! Afortunadamente, el planteamiento de las causas primor-

• Fomentar la creación de fuentes estables de trabajo. • Estimular el interés y atractivo de la Inversión Extranjera. • Asegurar un Estado de Derecho efectivo, de respuesta pronta y justa. • Establecer reglas fiscales permanentes, simples, sólidas y razonables. • Reducir la intervención del Estado en la Economía. • Nivelar las leyes laborales en Justicia para empleador y trabajador. • Fortalecer la economía mediante el estímulo bancario y la reducción de tasas de interés. • Estimular a la inversión local con políticas seguras de respeto y estabilidad monetaria. • Reformar URGENTEMENTE los programas de educación y las facilidades educativas en TODA LA REPÚBLICA. • Activar un intenso apoyo estatal a las universidades, centros de investigación e institutos técnicos de capacitación laboral. • Regionalizar la educación básica y elevar su calidad a un nivel preuniversitario. Podemos ver que estas medidas, aplicadas consistentemente, con INTELIGENCIA y un enfoque DIFERENTE están lógicamente encaminadas a resolver el problema fundamental del desempleo. ¡CREO que es el momento de PENSAR DIFERENTE, ELEGIR DIFERENTE, Y GOBERNAR DIFERENTE! ¡En las manos del pueblo guatemalteco, a la hora de votar, está la solución…!


Guatemala, 10 de agosto de 2011

Desnutrición Infantil ¿Qué planes contempla para controlarla eficazmente? Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden CREO La desnutrición infantil en Guatemala es un flagelo de grandes proporciones, al extremo que coloca al país en el primer lugar del continente, por encima de Honduras y de Haití. La persistente negligencia de todos los gobiernos anteriores y el desinterés social por la niñez, característica muy deformada de nuestra sociedad en general, refleja un profundo descuido por el sector más importante de nuestra población. El futuro de Guatemala descansa en los que hoy son niños, mañana serán jóvenes y después integrarán la población adulta. Sin embargo, el descuido grave que hoy se comete y que se ha cometido persistentemente desde hace varias generaciones, nos enfrenta a un problema de grandes dimensiones. Según UNICEF, más del 49.3 por ciento de los niños menores de 5 años padecen de una desnutrición seria, de carácter crónico. ¡Más serio aún es el hecho de que

ese índice es tan solo el promedio nacional, incluyendo la población urbana, pero es un hecho grave el que entre los niños de la población indígena alcanza un aterrador 70 por ciento! El reto para que Guatemala alcance los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, para 2015, en el que se pretende alcanzar una reducción a la mitad del hambre existente, de la pobreza extrema y de la falta de educación, es un reto que nos afecta a todos, especialmente a nuestro próximo período de gobierno, y a todos los guatemaltecos por igual. De ninguna manera podemos seguir mostrando indolencia alguna ante semejante problema y es imperativo que tomemos un camino INTELIGENTE, audaz, y de un alcance profundo para iniciar de inmediato las acciones necesarias para remediar este flagelo. No es posible contemplar planes a “largo o muy largo plazo”, tal y como se ha propuesto en algunos planes descabellados de gobierno, y más que planear un lento y progresivo proceso de reducción de la desnutrición infantil, debemos atacarla de tajo y con carácter urgente, para asegurar

una pronta recuperación de nuestros niños y garantizar una situación estable y permanente. La desnutrición infantil se inicia desde antes del nacimiento. Las estadísticas reflejan el alarmante hecho de que gran parte de las nuevas madres, son menores de edad, al extremo de que muchas jóvenes madres son menores de 15 años. Como ya esas niñas han estado sujetas a un programa alimenticio muy deficiente, el resultado es que sus procesos de gestación también lo son, dando en nacimiento a bebés que ya sea son prematuros en su mayoría o presentan malformaciones y deficiencias orgánicas y neurológicas muy difíciles de superar, especialmente con la total falta de recursos de salud, que han sido malgastados y transferidos a otros rubros puramente burocráticos o con propósitos proselitistas. La solución es compleja y requiere un esfuerzo en diferentes aspectos gubernativos que se entrelazan. Definitivamente NO es posible remediar el problema con el plan simplista de repartir bolsas con escasos alimentos básicos, o lograr que los niños ingieran una taza de atole de dudosa procedencia y composición, o con “tortillas” con poderes mágicos. La verdad es que el problema es el resultado de una combinación de factores entre los que destacan: En primer lugar, el factor económico que refleja el escaso o inexistente poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. A este se suman la ineficacia e inexistencia de auténticos Centros de Salud Preventiva, a la pobre y escaza educación, constantemente interrumpida por huelgas, protestas e inconformidades, motivadas a su vez por la irresponsabilidad gubernativa de cumplir con sus compromisos y por sus escasos esfuerzos por reivindicar a la profesión magisterial. La solución al problema de la desnutrición es paralela y simultánea a la solución de otros problemas graves, como la inseguridad, la falta de empleo, el ambiente insalubre, la debilidad del estado de Derecho, la indolencia social y el desempleo. Radica en la integración de un gobierno eficiente, ordenado y dirigido con AUTÉNTICO LIDERAZGO. Dicho gobierno, tal y como lo propone el partido CREO debe comprometerse a realizar en corto tiempo una completa RENOVACIÓN de los procesos y métodos de manejo de presupuesto, con absoluta austeridad, honradez y transparencia.

Como parte de las acciones inmediatas a tomar, será la implementación de un programa de Asistencia Social enfocado a la maternidad, a la niñez y al adulto mayor, que sea en verdad efectivo, no politizado, pero de carácter TEMPORAL. Dicho programa no debe convertirse en la oferta lastimosa de la permanencia de la pobreza subsidiada. Por ello, el desarrollo económico es de inmediata necesidad, de manera que todos los guatemaltecos sean capaces de ganarse el sustento de una manera digna y honrada, y no tener que depender de programas “parche” que solo alivian temporalmente las crueles circunstancias de la pobreza extrema. El Estado también debe proceder a implementar un programa completo de Salud Preventiva incluyendo los Centros de Salud y Asistencia Alimentaria en toda la república, los cuales contarán con todos los recursos necesarios para garantizar la prevención de la enfermedad y la recuperación de la salud, así como para proveer el auxilio necesario en la alimentación infantil, en forma científica y completa, en todos aquellos casos en que la situación económica no haya mejorado sustancialmente. Debe fomentarse también la producción agrícola, con toda intensidad y mediante la creación de Centros de Desarrollo Agrícola y de programas de financiamiento para el productor de alimentos, incluyendo incentivos fiscales para aquellos que se dedican a esas actividades. La Educación Regionalizada, parte de los innovadores programas educativos que introducirá nuestro gobierno, enfocará la enseñanza para que los pobladores de cada localidad conozcan los recursos más importantes de sus regiones y puedan desarrollar fuentes de trabajo remunerativas, especialmente en los renglones de la alimentación y de la producción forestal y agrícola. La recuperación inmediata de nuestros infantes, niños y jóvenes es primordial y aunque compleja, puede lograrse mediante un esfuerzo serio, mediante la concientización de todos los ciudadanos, especialmente del sector productivo y desde luego mediante la implementación de un Gobierno Inteligente, Honrado, Transparente, Modernista y verdaderamente Democrático. ¡Fundar ese Nuevo Gobierno es mi meta y propósito! ¡CREO firmemente en que podemos hacerlo y me comprometo a lograrlo con todo mi empeño y dedicación!


Postura Partido CREO