Cierre en la vía Alóag causa alza de pasajes y afecta al comercio
El cierre de la vía Alóag, por trabajos en el kilómetro 83, ha provocado pérdidas económicas en el transporte interprovincial y el comercio. Usuarios reportan alzas en los pasajes, también se ha reducido la afluencia de pasajeros.
Tricolor busca asegurar su cupo al Mundial frente a Perú
El atentado en Colombia cambia a la región
60.000 personas participan en el crimen organizado
Pachakutik: legisladores desconocen a la dirigencia nacional
Tareas del Gobierno van más allá de la reforma tributaria
Fiscalía acusará al menor que intentó asesinar a Uribe
Editor
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec
Año: XXVII No. 11.399
sALvAto RE Fot I ecuasalvo@yahoo.it
Reaccione, Presidente
El 2024 sumó casi 3,300 secuestros , rebasando por casi mil la cifra de 2023, que había cerrado con 2,400. Resulta evidente que el secuestro es uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos, pero ni eso parece importar, si consideramos que el 2025 tampoco es alentador, por lo que ha ocurrido en estos días, cuando la Policía ha encontrado a cuatro comerciantes muertos dentro de una cisterna en la ciudad de Guayaquil.
En el país nos entretienen con asuntos irrelevantes y se ignora, inclusive desde parte importante de la opinión pública, la muerte y el dolor de los ciudadanos víctimas de estos viles crímenes.
A nuestro Ejecutivo se le ha ido el país de las manos, pero siguen ignorándolo. Así que creo que ha llegado la hora de darle también “pensando” a nuestros valiosos funcionarios y sugerirles que, en lugar de seguir haciendo politiquería barata e intrascendente, se dediquen a aprobar leyes que endurezcan las penas en los casos de secuestro y extorsión, y que prohíban a los jueces dictar medidas sustitutivas cuando se trata de dichos crímenes. Además, retomemos el tema de los jueces sin rostro y también pongamos en el debate público si es que los ecuatorianos estarían de acuerdo con imponer, para el secuestro, la extorsión y otros crímenes como, por ejemplo, el sicariato o el terrorismo, la cadena perpetua. Estas son las leyes que el señor Presidente debería enviar a la Asamblea, donde tiene mayoría. Esto se puede hacer ya.
En cambio, lo que me parece que le interesa más es conservar sus espacios de poder político por encima del interés nacional. Desde la criminalidad se está atentando directamente contra la existencia misma del Estado y de sus instituciones, pues la muerte de los once militares no es algo aislado. Pero este Ejecutivo no parece tener una agenda capaz de hacerse cargo de lo que ocurre, y realmente esto ya desespera.
EDItoRIAL
Dura época en Los Andes
El atentado en contra del senador y candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, deja ver que la región está plagada por los mismos problemas de corrupción, crimen e inseguridad.
El Senador, duro opositor del presidente Gustavo Petro, daba sus críticas y alertas sin temor. Es uno de los tantos críticos, entre políticos, activistas y medios de comunicación, que cuestionan los oídos sordos del presidente Petro. Hablaba de una estructura criminal que se promueve desde el Gobierno y que estos se cometen con el conocimiento, la tolerancia y la complicidad de Petro.
El día que fue atacado habló del retorno al libre porte de armas para la defensa personal. Esto por la creciente inseguridad. Segundos después recibió dos tiros.
Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú, los países de Los Andes, padecen problemas muy similares. Pero, a diferencia de las décadas pasadas, estos ya no pueden resolverse dentro de las fronteras.
Requieren de apoyo entre los vecinos, pero, sobre todo, confianza. Hoy en día, sus mandatarios solo ven la espalda del otro. Venezuela con dictadura, Colombia con narcotráfico, violencia creciente y crisis política. Ecuador lucha contra el crimen organizado, el narco y la crisis fiscal. Perú en pausa por la crisis política y la minería ilegal.
Por esto, las acciones que tome Gustavo Petro para resolver el atentado de Uribe golpearán a la región, cuando hay indicios de que los exFARC, habrían ordenado el atentado. Los mismos que trafican en nuestra frontera norte, que se refugian en Venezuela.
Ojalá los países de Los Andes vivan pronto una etapa distinta.
tones y las respuestas sobran Pero, paradójicamente, cada vez escasean más las preguntas. ¿Por qué muchos jóvenes parecen haber dejado de pensar por sí solos?
¿Por qué, teniendo tanto a su alcance, no desarrollan pensamiento crítico , ni saben usar herramientas como la inteligencia artificial con criterio?
Vivimos en la era del acceso ilimitado . Donde todo está a un clic, donde la información se acumula por mon-
Preocupa ver cómo se entrega un trabajo con errores evidentes, copiado sin leer. Cómo se responde sin entender. Cómo se cita sin reflexionar . La inteligencia arti -
ficial, que bien usada podría ser aliada para potenciar la mente , se vuelve enemiga cuando es usada como muleta para no pensar. Una herramienta tan poderosa en manos inexpertas o apáticas, termina deformando el aprendizaje. Pero el problema va más allá de una aplicación mal utilizada Es la falta de criterio, de análisis, de inquietud. ¿Cómo llegamos a tener estudiantes que no dudan, no cuestionan, no crean? ¿Qué estamos haciendo mal en casa y en las aulas?
El peso invisible de los conflictos no resueltos
No siempre gritamos cuando algo duele. A veces, el dolor se esconde en el silencio. Se oculta detrás de una sonrisa forzada, de un silencio prolongado, de una conversación evitada. Los conflictos no resueltos no desaparecen: se quedan. Se enquistan en el cuerpo, en el ánimo, en las relaciones. Nos acompañan como una mochila que, aunque no se ve, pesa. ¿Cuántas veces hemos elegido callar “para no empeorar las cosas”? ¿Cuántas veces evitamos una conversación difícil, convenciéndonos de que el tiempo lo solucionará? Pero el tiempo no cura lo que no se habla. Lo posterga. Y mientras tanto, el conflicto crece por dentro. Las consecuencias de un conflicto no resuelto son silenciosas pero profundas. Pueden manifestarse en ansiedad, insomnio, tristeza, irritabilidad o un agotamiento constante que no sabemos de dónde viene. En muchos casos, ese malestar tiene nombre: una conversación pendiente. Como mediadora, lo veo con frecuencia. Personas que llegan cargando años de palabras no dichas, de heridas no cerradas, de vínculos fracturados por el miedo a enfrentar. Pero también veo algo esperanzador: cuando nos atrevemos a hablar, algo cambia. No siempre se logra un acuerdo inmediato, pero el solo hecho de poner en palabras lo que duele ya es un paso hacia la sanación. Y aún más sanador es ser escuchado, que alguien comprenda nuestra perspectiva y reciba lo que sentimos sin juzgarnos. Cuando compartimos nuestras circunstancias, aliviamos gran parte de esa carga emocional. El dolor deja de ser una carga solitaria y empieza a liberarse. Resolver un conflicto no significa ganar o perder. Significa atreverse a enfrentarlo, con valentía y apertura. Significa soltar lo que duele, lo que pesa, lo que distancia. Significa cuidar la relación, cuidar la salud, cuidar(se) Si los conflictos no se resuelven, nos lastran. Pero si se abordan desde la empatía y el diálogo, nos transforman.
Pensar con autonomía debería ser la meta más alta del sistema educativo. Pero si todo se resume a copiar, pegar y entregar, entonces ¿qué estamos formando? ¿ Profesionales vacíos , repetidores de contenido, sin capacidad para resolver, cuestionar o imaginar algo nuevo? Y me preocupa. Me preocupan mis estudiantes, sus futuros trabajos, sus decisiones, su ciudadanía. Me preocupa que sean presa fácil de la manipulación , que no puedan distinguir en -
tre verdad y mentira, entre una opinión y una evidencia. Que no puedan, al final, pensar por sí mismos. Porque el conocimiento sin criterio es un arma de doble filo . Porque una sociedad sin pensamiento crítico es fácilmente gobernada, fácilmente silenciada, fácilmente dirigida. Y eso duele. Duele más que una mala calificación, más que un examen perdido. Hasta que enseñar a pensar vuelva a importar, que Dios nos ampare.
CIUDAD 03
Pérdidas económicas por cierre en la Alóag se sienten en varios sectores
El cierre por obras en el kilómetro 83 provoca pérdidas en el transporte interprovincial y en negocios de Alluriquín. El alza de tarifas se justifica por el uso de rutas alternas.
Varios gremios reportan afectaciones económicas debido al cierre de la vía Alóag por trabajos de contención del talud en el kilómetro 83, en jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Usuarios de la transportación interprovincial indican que la tarifa hacia la Sierra central y norte ha incrementado en las boleterías de la terminal terrestre, pero en su mayoría son conscientes que el alza está justificada debido a la lejanía de las rutas alternas.
Alexandra Soto, por ejemplo, compró ayer un pasaje para Quitumbe y tuvo que cancelar un valor adicional para viajar. “Antes pagaba tres dólares con setenta y cinco centavos, ahora me cobraron cinco”, manifestó.
Marlon Castillo también experimentó algo similar para dirigirse a la Sierra y
espera que el cierre de la principal red estatal no sea un pretexto para la especulación.
“Me cobraron un poco más en comparación al valor normal, solo espero que más adelante no exageren. Pagué sin protestar porque entiendo que ahora se viaja por caminos lejanos y eso requiere una inversión en combustible”, comentó.
Ausentismo
Los transportistas interprovinciales también sienten el impacto. Aseguran
que la medida ha ocasionado deserción de clientes y se complica solventar los gastos operacionales.
Iván Santamaría señaló que las rutas alternas sí recibieron mantenimientos preventivos, pero justificó un leve incremento a la tarifa del pasaje porque ahora transitan por tramos angostos y demoran más para llegar a las terminales de otras provincias.
“Hay poca afluencia de usuarios, se nota una baja aproximada del 80%. Ahora mismo estoy saliendo de
viaje para Quito , pero no tengo pasajeros”, acotó.
Incluso el servicio puerta a puerta, pese a no estar autorizado, han elevado sus tarifas. “Me cobraron cinco dólares adicionales, fuimos por la vía La Florida y realmente sí demora unos 40 minutos hasta llegar a Alluriquín”, expresó una usuaria. El efecto económico también se siente en la recaudación del peaje en la vía a Quito, donde en la actualidad no circulan vehículos pesados y extrapesados. Sin embargo, el cierre era nece-
EL DATO
Los conductores de carros livianos y pesados indican que invierten más en combustibles para viajar a la Sierra.
Las pérdidas económicas también afectan a los comerciantes de Alluriquín.
sario para sacar rocas enormes que amenazaban con desprenderse.
Controles
Carlos Rivadeneira, subdirector encargado en la terminal terrestre de Santo Domingo, confirmó que las operadoras de transporte aplican un dólar extra para la capital ecuatoriana, uno de los destinos más solicitados. “Podría sancionar, pero también tengo que ser realista con la situación que pasa la transportación por el cierre de la vía a Quito”, expresó.
Añadió que el alza no ha sido autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito, pero se preveía mantener una reunión durante las últimas horas para definir el tema. (JD)
Este martes 10 de junio se conmemora el aniversario noventa del grupo Alcohólicos Anónimos (A.A), organización presente en varios países.
La fecha no pasará desapercibida en Santo Domingo . Se ha organizado una casa abierta para exponer a la comunidad el trabajo realizado por las personas que presentaron problemas con la bebida, ellos harán una pausa a sus actividades ruti-
narias para presentar parte del proceso que los ayudó a reinsertarse en la sociedad
La jornada será de 08:00 a 17:00, en la intersección del pasaje Padre Dominicos y avenida Tsáchila , a pocos pasos del parque Zaracay.
Invitación José (nombre protegido) espera que la ciudadanía se acerque a los stands y conozcan más de cerca la bue-
na labor desarrollada por el grupo.
Él estuvo muchos años sumido en el alcohol. Esta enfermedad le causó problemas con sus familiares, pérdida de dinero e impidió que consiguiera un trabajo fijo.
Hoy su vida ha cambiado y está enfocado a ayudar a otras personas que presentan el mismo problema. El programa es gratuito, y los únicos requisitos princi-
EL DATO
En Santo Domingo existen cinco grupos oficiales de A.A: Ruta Definitiva, Santo Domingo, Unidad, Empezar a Vivir y Sobrio.
pales son voluntad y la fortaleza para dejar este vicio. (JD)
REFERENCIA. Alcohólicos Anónimos hacen una casa abierta para celebrar su aniversario.
ACTUALIDAD. Los transportistas y viajeros sienten el impacto económico por el cierre de la vía Alóag.
Ecuador busca su boleto mundialista ante los peruanos
La selección tricolor visita a Perú con la mira puesta en asegurar su clasificación al Mundial 2026. Santodomingueños como Moisés
Caicedo y Cristian Ramírez forman parte del equipo.
La selección ecuatoriana se medirá esta noche con el combinado de Perú e intentará sumar puntos para reconfirmar su participación en la cita mundialista 2026
El equipo Tricolor viajó con anticipación y ya se encuentra en Lima para encarar este importante compromiso, válido por la fecha 16 de las eliminatorias.
Ecuador se ubica en la segunda posición con 24 puntos. Su último partido fue la semana anterior en Guayaquil, solo consiguió un empate frente a Brasil.
En cambio Perú no tendrá participación en el próximo mundial, porque ocupa el noveno puesto con apenas 11 puntos. La jornada anterior también empató a cero goles en el territorio colombiano
El comercio local se dinamizó con la venta de camisetas de la selección.
Santodomingueños en acción
Moisés Caicedo y Cristian Ramírez, oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas, forman parte de la convocatoria oficial para estas fechas.
El ‘Niño Moi’ se ha consolidado como titular indiscutible en el planteamiento del director técnico Sebastián
Beccacece, quien al ponerlo tiene la seguridad que el mediocampo será bien defendido.
Ramírez, por su parte, es alternante en la línea defensi-
Torneo evangelístico tienen nuevos campeones
El campeonato evangelístico de fútbol sala culminó de manera exitosa en Santo Domingo, y los equipos finalistas dejaron todo su esfuerzo en el campo de juego.
La jornada de clausura se desarrolló el domingo 8 de junio en las instalaciones del coliseo Héctor Ibarra , perteneciente al Sindicato de Choferes Profesionales
Detalles de la programación
En la categoría masculina, el nuevo monarca es el conjunto Amigos del Deporte, cuyos jugadores vencieron 7 – 3 al representativo de la iglesia Buen Pastor Las representantes del
género femenino también tuvieron participación en este certamen deportivo. Las campeonas son las integrantes del equipo iglesia
Luz del Mundo
Este partido fue muy reñido y el tiempo reglamentario terminó empatado a seis goles con Golden Team. La copa se disputó por penales, donde fueron más contundentes las jugadoras de Luz del Mundo. Después de las acciones futbolísticas se dio paso al acto de premiación, en el que se entregaron los respectivos reconocimientos a los equipos campeones de ambas categorías. Además, se otorgaron premios para
va de Ecuador. Actualmente, catalogada como la mejor de Sudamérica por el excelente nivel de sus jugadores
Este santodomingueño será una importante opción para defender la banda izquierda y espera sumar minutos durante este importante partido de clasifi -
cación.
La provincia Tsáchila se distingue por su fuerte tradición futbolera, pero la euforia es mayor al saber que en el primer equipo hay dos de sus representantes.
“Es importante saber que dos santodomingueños juegan en la selección. A nivel
mundial se escuchará el nombre de nuestra provincia. Moi es una muralla en el mediocampo y Ramírez juega muy bien por izquierda. No hay que olvidar que también tiene mucha experiencia en el fútbol europeo ”, manifestó el hincha Daniel Moreira. (JD)
FINAL. Los equipos dejaron su mejor esfuerzo en la culminación del torneo evangelístico.
exaltar el esfuerzo de los mejores guardametas y jugadores del torneo de la temporada 2025.
“Gracias a Dios terminamos de la mejor manera este campeonato evangelístico en Santo Domingo, que se realiza desde el 2015. El propósito es compartir
entre hermanos y amigos. A mitad de año empieza el campeonato Interiglesias”, manifestó Wilson Cevallos, organizador. (JD)
ALGARABÍA. Esta noche Ecuador enfrenta a Perú en Lima.
¿Latinoamérica debe reaccionar por el atentado contra Miguel Uribe?
El intento de asesinato del precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, es visto como un ataque a la democracia de ese país. En Ecuador se consumó el asesinato al excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El atentado contra Miguel Uribe , precandidato presidencial colombiano del partido Centro Democrático , ocurrió el 7 de junio en Bogotá y las múltiples reacciones en ese país han puesto por delante la defensa de la democracia.
El caso colombiano no es indiferente para Ecuador por su semejanza con un hecho de 2023 y por la problemática de inseguridad, asociada al narcotráfico.
Colombia busca el cambio
El Coronel de reserva del Ejército de Colombia, Gustavo Díaz, quien ha estado relacionado a la actividad política en los últimos cuatro años, describe a Uribe, de 39 años, como “un joven político de alto perfil” y como “el más opcionado a ser Presidente (de Colombia) el año entrante”.
Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), publicó en X que el atentado “constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del Gobierno colombiano”.
Aunque aún no se conocen conclusiones de las investigaciones, Díaz tiene sus hipótesis: “¿De dónde salen todos estos recelos, rencores, toda esta violencia? Salen desde el mismo Presidente (Gustavo Petro ), es uno de los grandes responsables de lo que está pasando en Colombia, con su lenguaje de odio, grosero, absolutamente anticonciliador, porque él quiere que todo el mundo se le arrodillé, que todo el mundo esté de acuerdo con él”.
Díaz destaca que Uribe tiene poder de convocatoria y que su proyecto político lo convirtió en blanco del atentado: “Eso es lo que tiene molestos a los de izquierda y al
POLÍTICO. Miguel
un
el
Gobierno nefasto actual. Su política se basa en la prosperidad social, el desarrollo económico , anticorrupción absoluta, y todo con un gran manto que cobija todas estas cosas buenas para el pueblo, que es la seguridad”.
¿Cómo debería reaccionar la región?
Esteban Santos, experto en Relaciones Internacionales, hace dos observaciones para comprender el atentado con una visión regional. “Hay un resurgimiento de una violencia política extrema, algo que se pensó que ya era una clase de historia, como lo fue el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Vuelve a renacer en el Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio y hoy volvemos a tener, lamentablemente,
un nuevo hecho de sangre”, evalúa.
Además, explica que la violencia política pasa a ser un fenómeno interseccional, es decir, “es una forma de violencia en donde convergen violencia política, violencia juvenil y criminalidad organizada”.
Coincide en que “hay una polarización y un uso del discurso de odio muy claro”, por lo que ser opositor es convertirse en un blanco de ataque. “Eso es algo que no puede ser aceptado bajo ninguna óptica”.
Observa que en Colombia hay un vacío en todos los protocolos de protección y de justicia eficaz: “No hay institucionalidad y las personas no creen en esta institucionalidad. No hay por lo pronto, pero tiene que exis-
exista esta visión muy clara, por ejemplo como la Unión Europea, que en su momento ha logrado estar a la altura de la historia”.
El General de las Fuerzas Armadas de Ecuador en servicio pasivo, Wagner Bravo, considera que Uribe padeció las consecuencias de denunciar hechos relacionados al crimen organizado . Pero evalúa que a eso se suma que Petro no tiene una adecuada política de seguridad. “Falló su política de la paz total y estamos viendo cuántos grupos de disidentes, de narcotraficantes llamados terroristas, paramilitares, que siguen vigentes, no ha habido una consolidación de la paz en Colombia y eso sí es una responsabilidad directa de Petro”. De allí ve que Ecuador sufre los “coletazos de ese conflicto” y genera problemas.
Lo que queda frente a eso es unirse, dice Bravo, e insistir en los gabinetes binacionales sobre la seguridad, el desarrollo y la protección de fronteras con Colombia. “Si no hay una comunión de ideas en los países de la región Andina, vamos a seguir luchando solos. Y si a Venezuela y a Colombia no les importa, los únicos que estamos en la mitad del conflicto somos nosotros, hay que buscar una real coalición”, enfatiza.
tir una estrategia regional integral, tiene que ser necesaria, independientemente del sesgo o del alineamiento político, no puede ser posible que los países no cooperen en estos temas tan trascendentales”.
Plantea la actuación de estadistas de la región, pero advierte que para eso se requiere voluntad política. A problemas conjuntos, respuestas conjuntas, enfatiza Santos al mencionar que la Comunidad Andina podría ser un espacio de alternativas: “Uno de los pilares fundamentales del sistema andino de integración es precisamente poder dar una respuesta a las coyunturas sociales, políticas y, sobre todo, a estas desestabilizaciones de manera conjunta, que sea un clamor unido que
Es Ecuador quien debe plantear una “ofensiva internacional de relaciones exteriores”, pero primero en la región, para buscar cooperación e involucrar a países productores, consumidores de droga y países donde se ubican los carteles, señala Bravo.
“Somos el único país que ha declarado un conflicto armado interno , pero los otros países tienen el mismo nivel de violencia o peor. Esto no solamente tiene que ser una respuesta por lo que está pasando en Colombia, pero si este es un detonante (el caso de Uribe), ya es hora que nos pongamos de acuerdo. Siempre y cuando no comencemos a vernos como enemigos, hay necesidad de todo aquel que pueda aportar para mejorar el nivel de vida de cada uno de los países”, resalta Bravo. (KSQ)
Uribe, precandidato presidencial de Colombia por Centro Democrático, sufrió
atentado
7 de junio de 2025. (Foto: X de Uribe).
ASAMBLEÍSTAS. Los nueve legisladores de Pachakutik. Mariana Yumbay y Alex Toapanta (con sombreros) votan bajo la línea del movimiento indígena. (Foto Pachakutik)
Asambleístas de Pachakutik que votan con ADN defienden su actuación
El asambleísta Fernando Nantipia, denunció presunta violación del trámite interno del régimen orgánico de Pachakutik. La advertencia de la coordinación nacional del movimiento de sancionar con la expulsión a seis de sus legisladores quedaría en el papel.
La advertencia de la coordinación nacional de Pachakutik (PK) de sancionar con la expulsión del movimiento a seis de sus legisladores en la Asamblea Nacional podría quedar en el papel.
El 6 de junio de 2025, el Tribunal de Ética y Disciplina de PK prohibió a los asambleístas que se alinearon con Acción Democrática Nacional (ADN) usar los símbolos del movimiento y pronunciarse en su nombre.
Ese día, Carmen Tiupul, Cecilia Baltazar, Fernando Nantipia, Manuel Choro, José Nango, Edmundo Cerda y Dina Farinango votaron para que se permita la instalación de bases militares. Un día después apoyaron con sus votos (excepto Dina Farinango) la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacio-
nal.
Los asambleístas se defienden
Los asambleístas de Pachakutik que se acercaron a ADN y que fueron notificados con la advertencia de expulsión el 7 de junio, defendieron su actuación en el Pleno del Legislativo.
Fernando Nantipia (Pachakutik), electo por Morona Santiago, denunció una presunta violación del trámite interno del régimen orgánico de PK.
Dijo que el pronunciamiento sobre una eventual falta debe provenir del coordinador provincial de Pachakutik, Daniel Tsenkush, a quien ya le solicitó una opinión.
Nantipia dejó entrever que la coordinación nacional de PK no tendría competencia para tomar esta decisión. Recordó que en la
Cecilia Baltazar justificó el voto sobre bases militares
° Cecilia Baltazar (Tungurahua), quien también está alineada con ADN, ratificó la decisión de continuar con la agenda y aportar a la legislación de acuerdo con la realidad de los territorios. Justificó el voto para permitir la instalación
Asamblea ocupan una curul como legisladores provinciales de PK y no nacionales. “Allí hay una violación de trámite interno”, insistió.
El legislador aclaró que su votación en el Pleno no es personal. Responde a una decisión colectiva de Morona Santiago. “Yo hablé con el secretario nacional (de Pachakutik) y le indiqué que nuestro voto es en base a las necesidades de la provincia, no tiene nada que ver con el tema nacional, ni que nos hemos vendido al Gobierno, ni mucho menos”.
Sin asambleístas nacionales Nantipia recriminó que por las pugnas internas Pachakutik no logró inscribir candidatos nacionales. “Entre ellos se pelean”, dijo y contó que él solicitó que le informen aspectos rela-
de bases militares extranjeras. Es una medida para poder dar respuestas y combatir la delincuencia organizada. Indicó que, bajo esa lógica, cada provincia espera una normativa que permita proteger el derecho a la vida y a la propiedad privada. “Como legisladores no podemos quedarnos a un lado, hay que responder según los requerimientos de los ciudadanos ecuatorianos”.
Cree que la intención de la coordinación nacional de Pachakutik (a cargo de Guillermo Churuchumbi) sería tratar de debilitar al movimiento. “No sé si quieren dañar nuestra imagen, pero nosotros somos coherentes con nuestras acciones y el voto va en beneficio de Morona Santiago y la Amazonía, mi voto no es personal”, remarcó.
Acuerdo con el Ministerio de Gobierno
Nantipia trajo a colación el acuerdo del 6 de mayo de 2025 al que llegaron con el Ministerio de Gobierno. Refirió que el compromiso para darles el voto fue que se atienda su agenda legislativa en temas de salud, educación, minería y vialidad. La Troncal Amazónica está “totalmente abandonada, la vía se sigue dañando; por allí (las empresas mineras) sacan el concentrado de cobre con plataformas, todos los días transitan 160 plataformas llevando concentrado de cobre; pasan por Zamora, por Morona, van por Azuay y llegan a Machala”.
cionados con la segunda vuelta presidencial “que ellos hicieron a escondidas y decidieron apoyar a Luisa González (RC)”. Sin embargo, dijo que hasta ahora no tiene respuesta a su pedido.
En temas de educación, recordó que ya van diez años que no se puede levantar la universidad estatal amazónica. Este proyecto permitirá que personas de la nacionalidad Shuar accedan a educación superior. “Esta es la agenda que priorizamos, que Morona sea atendida de manera urgente”, dijo. (SC)
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., que se llevará a cabo el día 20 de junio de 2025 a las 09h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan José de Villalengua No OE4-22 y América, de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la compañía; y,
2. Conocer y resolver sobre la codificación del Estatuto Social de la compañía.
Quito, 09 de junio de 2025
Macarena Fanlo Barba
Gerente General CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL
Ecuador está obligado a pasar del ajuste al crecimiento económico
La reforma tributaria que se avecina en Ecuador bajo el Gobierno de Daniel Noboa exigirá al menos $1.000 millones en ingresos extra. Pero se requiere un verdadero impulso al crecimiento económico.
y el empleo en Ecuador necesitan más impulso y no solo más cargas fiscales.
Parece inevitable que el Gobierno de Daniel Noboa impulse una nueva reforma tributaria en 2025 o, a más tardar, en 2026. Esto, según el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal , deberá generar ingresos adicionales por al menos $1.000 millones para cubrir el creciente déficit fiscal del país.
Sin embargo, si empresas y ciudadanos volverán a cargar con el peso del ajuste, hay tareas ineludibles que el Gobierno debe cumplir a cambio.
La economía no puede seguir sacrificándose en nombre del equilibrio fiscal si, al mismo tiempo, no se construyen las condiciones para crecer de manera sostenida y sólida.
“Si se impone una reforma tributaria, que parece inevitable, el Gobierno de Noboa tiene la obligación de adop-
tar medidas que impulsen el crecimiento y no lo frenen. Solo una economía en expansión podrá generar más empleo formal , aumentar la recaudación sin subir impuestos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, explica Andrés Rodríguez, economista.
Las proyecciones de crecimiento económico para Ecuador en 2025 y 2026, de organismos como el FMI, Goldman Sachs o Deloitte, no superan el 2%. Pero el país necesita crecer al menos un 4% o 5% anual para comenzar a cerrar las brechas sociales y fiscales. Para lograrlo, hay varias condiciones mínimas que el Ejecutivo debe cumplir.
Las tareas del Gobierno
La primera: que el crédito fluya con mayor fuerza. Hasta mayo de este año, los seis principales bancos
privados muestran un crecimiento superior al 19% en depósitos respecto al año anterior, lo cual debería traducirse en mayor colocación de préstamos. Pero esto solo será efectivo si hay confianza y un entorno que facilite invertir y producir.
La segunda: destrabar barreras productivas y comerciales que han frenado el dinamismo empresarial por décadas. El exministro Fausto Ortiz ha recordado recientemente que, según varios empresarios, mayo de 2025 fue un buen mes para la economía, pero una reforma mal ejecutada podría revertir esa tendencia.
La tercera: ejecutar con rapidez y eficiencia el presupuesto de inversión pública , sobre todo en sectores estratégicos como el energético
Hasta mayo de 2025, el Plan Anual de Inversión
pero están lejos del ajuste de al menos 2% del PIB que exige el FMI.
Además, según economistas como Walter Spurrier y gremios productivos como la Cámara de Comercio de Guayaquil, podrían tener efectos negativos: aumentar los costos de producción, reducir la competitividad empresarial, aumentar importaciones y frenar exportaciones.
A esto se suma una falta histórica de política pública orientada a una producción nacional eficiente. “Nunca ha existido una estrategia de desarrollo productivo real. Ni una política industrial ni incentivos adecuados”, lamenta Spurrier.
Además, decisiones como la eliminación del crédito tributario al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para importaciones de bienes de capital e insumos —una carga adicional de $400 millones al año para el sector privado que comenzó a regir desde este 2025— golpean la inversión. Y persiste una deuda con los exportadores y ciudadanos en general: la devolución de IVA e impuesto a la renta acumula retrasos de hasta ocho meses.
(PAI) registra $404 millones ejecutados, un 141% más que el mismo periodo de 2024, pero apenas representa un 15% de lo presupuestado.
De las seis instituciones con mayores recursos, solo el Ministerio de Educación ha ejecutado más del 30%.
Energía y Minas apenas llega al 3% de su presupuesto de $269 millones, en medio de la amenaza latente de nuevos apagones.
“Si el Gobierno quiere más recaudación vía crecimiento económico, debe ir tras la ejecución completa de los $1.800 millones del PAI. No hacerlo es un suicidio económico”, advirtió Ortiz.
Las recientes medidas del 2 de junio —como ajustes a subsidios del diésel, tarifas eléctricas y actividad minera — buscan recaudar $527 millones adicionales,
En este escenario, el economista y consultor Roberto Medina sugiere al Gobierno actuar con urgencia en varias líneas:
- Destrabar trámites burocráticos que no aportan valor.
- Permitir la importación directa de diésel en sectores como el atunero.
- Simplificar y digitalizar trámites para el comercio.
- Agilizar pagos a proveedores del Estado.
- Cumplir con la devolución oportuna de impuestos.
“El Gobierno tiene siete meses para no dejar que se caiga el buen ritmo que vimos en mayo. Si lo hace, puede sostener la economía, dar un marco lógico a la reforma tributaria y avanzar hacia una economía más robusta y menos dependiente del ajuste”, concluyó Medina.
El camino fiscal está trazado, pero sin crecimiento, ese camino puede terminar en más desempleo, más informalidad y menos oportunidades para todos. (JS)
TRIBUTOS. La producción
57.000 policías combaten bandas que ya tienen
60.000 miembros
Un informe sobre crimen organizado del organismo ‘Armed Conflict Location & Event Data’ reafirma lo dicho por expertos en seguridad. Las bandas siguen creciendo pese a la declaratoria de conflicto armado interno. De hecho, hay más miembros de bandas criminales que policías.
Cuando Ecuador declaró el conflicto armado interno, en enero de 2024, el Gobierno informó que había 22 bandas a las que declaró terroristas. Un año y medio después, el conflicto armado interno que contempla la militarización de calles y cárceles ha contenido crisis como las matanzas en los centros penitenciarios, pero, al parecer, también influyó en la proliferación de grupos delictivos. Ahora son 37, según el informe de ‘Armed Conflict Location & Event Data’, organización dedicada a la recopilación de datos sobre violencia en distintas naciones. Esta organización recibe financiación de diversas fuentes, incluyendo fundaciones, agencias gubernamentales y organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea. El informe denominado ‘Cómo la implacable violencia de las pandillas ha puesto a prueba el enfoque militarizado del Presidente’, destaca que los miembros de grupos de delincuencia organizada superan en número a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por separado.
Mientras Ecuador tie -
ne 57.000 policías y un poco más de 40.000 militares, el informe detalla que las bandas han estado expandiendo su presencia a más de 150 de los 221 municipios del país y están extendiendo su alcance a Perú, Chile y Colombia. “Se cree que sus filas están compuestas por no menos de 15.000 miembros, pero según algunos expertos en seguridad y estimaciones militares no oficiales, hasta 60.000 personas —no solo ecuatorianos, sino también ciudadanos colombianos , venezolanos y peruanos— pueden estar vinculadas a la actividad de las pandillas en el país”, detalla el informe publicado en junio de 2025.
Instituciones debilitadas
El informe en el que se entrevistaron a militares, policías y expertos en seguridad ecuatorianos detalla que los cambios en el narcotráfico durante la última década y el progresivo debilitamiento de las instituciones ecuatorianas han creado un caldo de cultivo para la proliferación de varios grupos criminales locales. Esto, a su vez, desencadenó una violenta competencia por el control
de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, primero en las cárceles, “que se convirtieron en los cuarteles generales de las pandillas en los últimos años, y luego en las calles”.
El punto de quiebre para la proliferación de nuevas bandas fue el asesinato de alias Rasquiña, líder de los Choneros, que mantenía el control de las bandas que hasta ese entonces eran brazos armados de su organización: Lobos, Chonekillers, Tiguerones, Lagartos y más.
Con la muerte de Rasquiña estos grupos no solo se separaron de los Choneros, sino que iniciaron una “cacería” para exterminarlos y adueñarse de sus territorios, especialmente en Manabí.
Factores
Ivonne Tellez, docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), señala que el fenómeno abarca distintas aristas, más allá del narcotráfico
“Hay que considerar que el aumento de toda la delincuencia no es un tema aislado, sino que hablamos de una
serie de factores de carácter social y económico que no solo están en el campo de la seguridad.
El número de bandas crece en función de las condiciones, por ejemplo, el hecho de que Ecuador se posicione como una de las rutas más importantes para el narcotráfico”, dice Tellez.
El ministro de Inclusión
Económica y Social (MIES), Harold Burbano, confirma esta realidad y señala que según estimaciones estatales, de los 60.000 miembros de grupos de delincuencia organizada, entre el 3% y 4% son menores de edad. Tellez y Burbano coinciden en la necesidad urgente de recomponer el tejido social.
Por una parte, el no recuperar las cárceles hace que el reclutamiento no se frene y que haya una mayor presencia “de delincuencia en las calles”, dice Tellez.
Otro factor que permite el crecimiento del crimen organizado es “la corrupción y la impunidad que han permeado las instituciones del Estado”, recuerda Tellez y toma como ejemplo el caso Metástasis que reveló cómo la Jus-
ticia trabajaba para favorecer al narcotráfico.
Y si bien la depuración de instituciones del Estado es indispensable, también lo es crear condiciones que no vuelvan a los ciudadanos “más proclives a trabajar para bandas delictivas”, agrega Tellez.
Sobre este aspecto, Burbano señala que el MIES es parte de la comisión de prevención para erradicar el reclutamiento de menores de edad por bandas delincuenciales. El trabajo se enfocará en tres universos:
1
Niños y adolescentes que ya tuvieron conflicto con la ley penal por sus vínculos con el crimen organizado: solo en 2024, cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes ya fueron aprehendidos y procesados.
2
Menores que no han tenido contacto con la ley penal, pero son parte de grupos de delincuencia organizada: un 4% de menores, en el universo de 60.000 miembros de grupos armados delictivos.
3
Menores en familias que viven en zonas con mayor presencia de bandas y en pobreza extrema.
Burbano destaca que trabajarán en coordinación con el Bloque de Seguridad. “Luego de los operativos militares y policiales hay niños rescatados que tienen que ir a casas de acogida”.
Uno de los objetivos del MIES es tener casas de acogida exclusivas para menores que han sido parte del crimen organizado.
“El objetivo final es que los niños y sus familias tengan un programa de vida que los aleje de vincularse a estas bandas”, agrega Burbano. (AVV)
Entre 2024 y 2025, cerca de 85.000 personas han sido detenidas por el conflicto armado interno.
El 80% de la violencia criminal se concentra en la Costa.
CONTROL. Desde 2024, en Ecuador las calles y cárceles están militarizadas.
Fiscalía de Colombia acusará a menor que intentó asesinar a Uribe
La Fiscalía de Colombia acusará de intento de asesinato y tenencia de armas al menor que disparó al político Miguel Uribe, quien sigue en estado crítico.
MADRID. La Fiscalía de Colombia imputará los delitos de intento de asesinato y tenencia ilícita de armas al menor de 15 años sospechoso de atentar este 7 de junio de 2025 contra el senador y aspirante a la Presidencia de Colombia Miguel Uribe, que sigue extremadamente grave tras recibir
varios disparos por la espalda durante un mitin en Bogotá. El organismo va a solicitar en las próximas horas la imputación de estos dos delitos al joven que ha sido detenido mientras portaba un arma de fuego tipo pistola Glock en el barrio de Modelia de la localidad de Fontibón en el oeste
de Bogotá, donde, además de Uribe, resultaron heridas dos personas más.
Se espera que el sospechoso declare ante un juez para determinar su responsabilidad en el atentado y la existencia de posibles conexiones con organizaciones criminales, que habrían
instrumentalizado al menor, según apunta Radio Caracol.
De hecho, en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del barrio donde
Uribe fue atacado, se escucha al joven afirmar en el momento de su detención “perdón, lo hice por plata, por mi familia”.
En estado crítico
El equipo médico que atiende a Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático y precandidato a la Presidencia de Colombia, ha informado de que sigue en “estado crítico” después de que recibiera varios impactos de bala durante un mitin celebrado en Bogotá.
Según el último parte médico difundido este 9 de junio por el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá con el consentimiento de su familia, el opositor del partido conservador “ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”.
El equipo médico ha indicado que siguen “comprometidos” con cualquier tipo de esfuerzo que conduzca a su evolución. “Su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”, ha zanjado.
Otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó en una rueda de prensa que el Estado ofrece 3.000 millones de pesos (778.547 dólares) en recompensa por información sobre los responsables intelectuales del atentado.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado ampliar la seguridad sobre todos los candidatos presidenciales, los miembros de la oposición e integrantes del Gobierno tras una petición de Centro Democrático --formación fundada por el expresidente Álvaro Uribe --la que pedía “medidas inmediatas de protección”. (EUROPA PRESS)
CUS
Ahorro e inversión: las dos herramientas que debes usar ya
POLÍTICO. Captura de pantalla de un video publicado por Miguel Uribe en su cuenta de X.
Con Gabriela Vivanco
El expresidente
Bolsonaro enfrenta interrogatorios por la trama golpista
El Supremo de Brasil inició este 9 de junio de 2025 los interrogatorios al expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, y su núcleo por la trama golpista de 2022.
M a DR i D. El Tribunal Supremo de Brasil acoge a partir de este 9 de junio de 2025 las comparecencias del
denominado “ núcleo crucial ” de la trama golpista de 2022 con la que se pretendía mantener en el poder al ex-
presidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre de ese año.
El primero en ser escu-
chado será su otrora hombre de confianza --ahora colaborador de la Justicia--, el teniente coronel Mauro Cid, cuyo nombre ha ido apareciendo en varias de las investigaciones que se le han abierto a Bolsonaro. Precisamente durante su arresto por la supuesta falsificación de las cartillas de vacunación de la COVID-19 y el análisis de sus teléfonos, las autoridades hallaron indicios de esta supuesta trama para mantener a Bolsonaro en el poder.
Cid ha sido el elegido para comparecer primero debido al acuerdo de colaboración que selló con la Policía Federal. En cuanto a los otros siete, irán
subiéndose al estrado por orden alfabético, por lo que Bolsonaro será el sexto en hacerlo.
Escenarios judiciales para Bolsonaro Bolsonaro se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel en el peor de sus escenarios por una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones de 2022, en la que habrían participado en diferente grado una treintena de personas, entre ellas ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.
Deberán prestar declaración también los exministros Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, Augusto Heleno Riberio y Anderson Torres , todos ellos salvo generales del Ejército salvo el último, así como el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Garnier.
Una vez concluida esta etapa, acusación y defensa podrán solicitar diligencias adicionales. Después, se abrirá un plazo de quince días para presentar los alegatos finales y el caso podrá ser llevado a juicio ante la Primera Sala del Supremo. (E u ROPa PRESS)
JuSticia.
de Brasil, Jair Bolsonaro debe comparecer ante el Tribunal Supremo de Brasil. EUROPA PRESS
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ANTINOMIAS: PROCEDIMIENTO SUMARIO ADMINISTRATIVO
Autora: Ab. M. Alexandra Vela Cevillano
El problema de este trabajo debe ser observado desde la óptica de la Ciencia de la Legislación, al aplicar dos de sus herramientas más difundidas que son la Técnica Legislativa y la Lingüística Aplicada.
Una enseñanza básica universitaria para todo futuro abogado son las antinomias jurídicas, así como su clasificación. En la praxis diaria parece que los jurisconsultos olvidan esta serie de detalles y llegan a dar por sentado que todo lo tipificado en una norma es correcto.
La Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos contenida en el Acuerdo Ministerial 007, publicada en el Registro Oficial Suplemento 412 del 23 de enero de 2019, cuya última modificación data del 08 de abril del 2019, contiene antinomias jurídicas de carácter real.
Su aplicación por el Ministerio de Trabajo en el procedimiento Sumario Administrativo viene violentando desde el 23 de enero de 2019 lo preceptuado en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE). Ergo, probablemente los servidores públicos destituidos en este periodo debieran ser restituidos e indemnizados.
El procedimiento de los sumarios administrativos se encuentra ceñido primero a la CRE, segundo a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), tercero al Reglamento General a la LOSEP y finalmente a la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos.
Bajo este contexto nos preguntamos:
¿Cuáles son las antinomias jurídicas de carácter real en el procedimiento del sumario administrativo? En cuyo caso ¿Cómo se deben resolver dichas antinomias?
¿Porqué? Por qué esta investigación contribuye a la seguridad jurídica del Estado Ecuatoriano, asiste al ejercicio de todos los profesionales del derecho involucrados en el procedimiento sumario administrativo, y es un documento de consulta para los estudiantes universitarios que deseen profundizar sus conocimientos en este tema.
Las unidades de análisis de esta investigación son “el inicio del sumario administrativo” y “la prescripción de la acción”, tipificados en la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, en el Reglamento General a la LOSEP y en la Ley Orgánica de Servicio Público. Es fundamental el estudio de las unidades de análi-
sis con apoyo en la Ciencia de la Legislación. Se utilizará un abordaje cualitativo.
Generalidades
La Real Academia Española define a la antinomia como una contradicción entre dos preceptos legales.
Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, una antinomia es una palabra griega, compuesta de anti, contra, y de nomos, ley. Es, pues, la contradicción real o aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes de una misma ley.
Decimos además que es de carácter real cuando la contradicción jurídica se aprecia a simple vista o es apreciable en su tenor literal. El orden jerárquico de aplicación de las normas u ordenamiento jurídico se encuentra regulado en el artículo 425 de la Constitución de la República. En la representación gráfica que sigue, es posible apreciar el nivel jerárquico que ocupa tanto la CRE (nivel 1), la Ley Orgánica de Servicio Público (nivel 3 por ser una ley orgánica), el Reglamento General a la LOSEP (nivel 6 ya que es un decreto) y la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos (nivel 8 como acuerdo).
Gráfico 1 Orden jerárquico de las normas en Ecuador. Fuente: Artículo 425 CRE. (Elaboración propia)
La tabla siguiente nos ayuda a comprender mejor el orden histórico de publicación y última modificación de las normas en torno a la cuestión. Lo cual nos sirve para verificar que se encuentran en vigencia y no han sido derogadas, y que las disposiciones normativas en las cuales se encuentran las antinomias están en vigor y no han sido abrogadas.
Por regla general una norma posterior deroga por su sola publicación a una norma anterior, aún si no existe una cláusula de derogación o abrogación expresa. En este caso específico es imposible creer que uno o varios de los artículos de la Norma Técnica (acuerdo ministerial 007) se encuentren en la capacidad de abrogar artículos iguales o similares en las normas jerárquicas superiores, aún si existiese una disposición transitoria que lo prescriba.
Presentación de disposiciones normativas de la LOSEP
Las sanciones disciplinarias según el orden de gravedad se encuentran tipificadas en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Servicio Público, siendo:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita
c) Sanción pecuniaria administrativa
d) Suspensión temporal sin goce de remuneración
e) Destitución
El procedimiento del sumario administrativo se encuentra descrito en el artículo 44 de esta ley orgánica, el cual fue sustituido por el artículo 7 de la ley modificatoria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 1008 de 19 de mayo del 2017. Este artículo 44, es uno de los considerandos más importantes de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, cuando refiere:
“Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio de Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción correspondiente. Su procedimiento se normará a través del Acuerdo que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.” (art. 44, LOSEP)
Las faltas graves dan lugar a que se impongan como sanciones la suspensión temporal sin goce de remuneraciones o la destitución (art. 42, LOSEP), ergo, el propósito del sumario administrativo es sancionar a un servidor público que hubiese cometido una falta grave con la suspensión temporal sin goce de remuneraciones o la destitución.
El contenido sustantivo del procedimiento sumario se encuentra
en la ley orgánica, pero su contenido adjetivo le corresponde al poder ejecutivo toda vez que ejerce la delegación de las facultades legislativas. La norma adjetiva o procedimental fue expedida por el Presidente de la República por medio del decreto ejecutivo 710, publicado en el Registro Oficial Suplemento 418 de 01 de abril de 2011 (Reglamento General a la LOSEP en vigor).
En el artículo 44 de la LOSEP se le confiere al Ministerio de Trabajo (MDT) la atribución de normar el procedimiento del sumario administrativo por medio de un Acuerdo Ministerial.
Adicional a esto la disposición transitoria duodécima de la LOSEP, dice: “En el plazo de 90 días, luego de la publicación en el Registro Oficial, el Presidente de la República expedirá las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público.” Esta disposición fue agregada según la publicación en el Registro Oficial Suplemento 78 de 13 de septiembre del 2017. La última modificación al Reglamento General a la LOSEP data del 02 de mayo de 2018, sin que se haya derogado el reglamento, ni se hayan abrogado las disposiciones normativas referentes al sumario administrativo, por tanto se encuentran aún en vigor.
La disposición transitoria décima tercera de la LOSEP, señala: “El Ministerio de Trabajo en 90 días plazo luego de la publicación en el Registro Oficial, dictaminará la normativa técnica correspondiente a la modificación aprobada.” Norma Técnica que se encuentra actualmente en vigencia.
Primera antinomia jurídica real
A continuación nos permitimos transcribir literalmente el artículo 92 de la LOSEP:
Prescripción de acciones.- Las acciones que concede esta ley que no tuvieren término especial, prescribirán en noventa días, que se contará desde la fecha en que se le hubiere notificado personalmente a la servidora o servidor público con la resolución que considere le perjudica.
Igualmente prescribirán en el término de noventa días las acciones de la autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta Ley y las sanciones impuestas en cada caso, término que correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción o desde que se impuso la sanción.
El legislador subsana en el inciso primero cualquier vacío legal que pudiese presentarse en el caso
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que una acción descrita en la ley no tenga un término especial.
En el inciso segundo, la redacción no deja lugar a dudas en qué casos se debe aplicar, es decir este término de 90 días se debe aplicar a las acciones de la autoridad para imponer sanciones. Las sanciones disciplinarias a las que se refiere están enumeradas en el artículo 43 de la misma ley.
La antinomia en este artículo se encuentra cuando dice: “término que correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción (…)”, en contradicción con el artículo 27 de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos (NTSSA), que expresa:
“Prescripción de la acción.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio del Trabajo, dentro del término de noventa (90) días, desde que se da inicio al sumario administrativo, resolverá el mismo, transcurrido el término mencionado, prescribirá la acción.” (art. 27. NTSSA)
Para dar claridad a lo antes descrito, presentamos ambos artículos contradichos, de tal manera que se aprecia la antinomia a simple vista.
Presentación de disposiciones normativas del reglamento general a la LOSEP Como ya hemos dicho antes el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (RG LOSEP) se encuentra contenido en el Decreto Ejecutivo 710, publicado en el Registro Oficial Suplemento 418 del 01 de abril de 2011, modificado por última vez el 02 de mayo de 2018. Reglamenta el procedimiento del sumario administrativo en sus artículos del 90 al 100. Antes de entrar en la antinomia como tal es menester revisar primero el artículo 90 de este cuerpo legal.
Periodo.- Dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 92 de la LOSEP, la autoridad nominadora o su delegado podrá disponer el inicio y sustanciación del respectivo sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva resolución. (art. 90, RG LOSEP)
De este artículo se extrae que:
a) El término en el cual se sustancia el sumario administrativo es el referido en el inciso 2º del artículo 92 de la LOSEP, descartando por completo que pueda existir una relación entre el inciso 1º de dicha disposición y el procedimiento del sumario administrativo. Ergo, al no existir un vacío legal que debiese ser normado, se evidencia la carente técnica legislativa en la redacción del artículo 27 de la NTSSA, poniendo en duda la teoría del legislador racional.
b) Dentro del término de 90 días se prevén tres acciones en el siguiente orden: el inicio del sumario, la sustanciación de este y la imposición de la sanción. Actualmente según la Norma Técnica el orden va desde la sustanciación del sumario, el inicio de este y la imposición de la sanción.
c) Bien es cierto que el artículo 92 de la LOSEP no especifica a que autoridad se refiere. El artículo 90
del Reglamento a la LOSEP nos provee mayor claridad para la interpretación del texto normativo invocado (art. 92 LOSEP), al decir la “autoridad nominadora o su delegado”, si entendemos que la autoridad nominadora es aquella que tiene entre sus facultades la de formalizar los nombramientos de servidores públicos.
Segunda Antinomia Jurídica Real
El artículo 23 de la Norma Técnica dice:
Inicio del Sumario Administrativo.- Se dará por iniciado el sumario administrativo, con la emisión del Auto de Llamamiento a sumario administrativo, el mismo que deberá ser emitido, por parte del sustanciador dentro del término de cinco (5) días, posteriores de haber emitido la providencia de calificación de la contestación de la solicitud de inicio de sumario administrativo, para lo cual deberá notificar a las partes procesales la actuación procesal, la misma que contendrá lo siguiente: (…). (art. 23, NTSSA)
Este artículo describe brevemente la línea de tiempo que sigue el procedimiento actual del sumario administrativo:
I. Solicitud del sumario administrativo (art. 13 y 14, NTSSA)
II. Sorteo y designación del sustanciador (art. 15, NTSSA)
III. Calificación y providencia de admisibilidad (art. 16 y 17, NTSSA)
IV. Citación al sumariado (art. 18 y 19, NTSSA)
V. Contestación del sumariado (art. 20 y 21, NTSSA)
VI. Inicio del sumario administrativo (art. 23, NTSSA)
VII. Audiencia (art. 24, NTSSA)
VIII. Resolución (art. 26, NTSSA)
Es decir que el sumario, según la Norma Técnica, inicia prácticamente después de toda la sustanciación, una grave falta de técnica legislativa que vulnera el debido proceso consagrado en la Constitución, en el artículo 76, numeral 3 (… y con observancia del trámite propio de cada procedimiento), a la vez que contradice el orden establecido por el artículo 90 del Reglamento a la LOSEP. Aquí nace una nueva interrogante ¿Cuál es el trámite propio del sumario administrativo?
Tercera antinomia jurídica real
Entrando en la cuestión, el artículo 92 del Reglamento dice: Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario administrativo.
A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su delegado en la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la UATH o su delegado levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días, que contendrá: (…)
Este artículo se contradice con el artículo 23 de la Norma Técnica, en los siguientes términos:
Inicio del Sumario Administrativo.- Se dará por iniciado el sumario administrativo, con la emisión
del Auto de Llamamiento a sumario administrativo, el mismo que deberá ser emitido, por parte del sustanciador dentro del término de cinco (5) días, posteriores de haber emitido la providencia de calificación de la contestación de la solicitud de inicio de sumario administrativo, para lo cual deberá notificar a las partes procesales la actuación procesal, la misma que contendrá lo siguiente: (…). (art. 23, NTSSA)
Para dar claridad a lo antes descrito, presentamos ambos artículos contradichos, de tal manera que se aprecia la antinomia a simple vista. Según el Reglamento el sumario administrativo inicia, con la respectiva providencia de inicio del sumario administrativo, según la Norma Técnica, con la emisión del Auto de Llamamiento a sumario administrativo. Una vez más contemplamos la deficiente técnica legislativa, que en esta ocasión además de confundir dos actos procesales totalmente diferentes que se deben dar en tiempos distintos, violenta nuevamente el ordenamiento jerárquico de aplicación de las normas establecido en el artículo 425 del CRE.
Por fines estrictamente académicos comparecimos al departamento jurídico del Ministerio de Trabajo, opiniones contra las cuales estamos en discrepancia. En torno a la cuestión nos manifestaron dos cosas, la primera, no pueden brindar asesoría a un abogado, ya que el abogado liberal usufructúa con el conocimiento; y, segundo, a consideración de la letrada que nos asistió, el Reglamento General a la LOSEP quedó insubsistente aunque no esté derogado, por cuyo motivo al procedimiento sumario administrativo se debe aplicar la Norma Técnica y no el Reglamento.
Caso de análisis
Con el previo consentimiento del servidor público sumariado se presenta el siguiente caso analizado a la luz de este trabajo, guardando la debida reserva de los datos personales.
SUMARIO ADMINISTRATIVO: MDT-SISPTE-DRSA-SA-2019
A.H. es acusado de cometer en reiteradas ocasiones una falta grave tipificada en la LOSEP. La denuncia la presenta el usuario G.O. que supuestamente fue perjudicado y entregó a A.H. dineros a cambio de certificados de la institución. Según se desprende de la solicitud de Sumario Administrativo presentada por el legitimario activo, el Director Distrital conoció esta denuncia el 20 de junio de 2019 a las 16h30.
G.O. también envió su denuncia vía Quipux, el 18 de julio de 2019 al Director General de Recursos Humanos, desde esa fecha hasta 09 de enero de 2020 existen varias actuaciones procesales.
El 09 de enero de 2020 se notifica a los correos electrónicos de los legitimarios activo y pasivo con el auto de llamamiento a sumario administrativo, un extracto dice: “1.- De conformidad con el artículo 23 de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos que fue sustituido mediante reforma del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-081 de abril de 2019 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 463, se dispone lo
siguiente: (…)”
El sustanciador a cargo del expediente dentro del auto de llamamiento a sumario administrativo convoca a audiencia, que fue celebrada el día 17 de febrero de 2020 en tiempo y forma según la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos.
En el caso analizado el legitimario pasivo no presentó su contestación dentro del término señalado en la Norma Técnica, lo cual le quitó el derecho de presentar pruebas de descargo en su favor. Más en su contestación extemporánea así como en su defensa técnica en la audiencia, sustentó tres excepciones perentorias.
En primer lugar, alegó en su favor la prescripción de la acción, haciendo notar al sustanciador la existencia de antinomias jurídicas existentes en el proceso del sumario administrativo; en segundo lugar, fundamentó la figura jurídica de la caducidad; y , en tercer lugar, justificó vicios en el debido proceso. Estas dos últimas excepciones expuesta por el legitimario pasivo en el caso analizado serán tratadas a futuro en otros estudios doctrinarios sobre el proceso del sumario administrativo.
A nuestro criterio existen tres posibles opciones para contabilizar el término de 90 días para la prescripción de la acción sancionadora:
Opción 1: Aplicación del artículo 92 de la LOSEP: Desde el 20 de junio de 2019 en que tuvo conocimiento el Director Distrital de las supuestas faltas, corrieron 90 días hasta el 25 de octubre de 2019, incluidos los feriados de ley. Ya operó la prescripción de la acción sancionadora del MDT.
Opción 2: Aplicación del artículo 90 del Reglamento General a la LOSEP: Desde el 18 de julio de 2019 en que tuvo conocimiento el Director General de Recursos Humanos de las supuestas faltas, corrieron 90 días hasta el 28 de noviembre de 2019, incluidos los feriados de ley. Ya operó la prescripción de la acción sancionadora del MDT.
Opción 3: Aplicación del artículo 27 de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos: Desde el 09 de enero de 2020 en que se dictó el auto de llamamiento a sumario administrativo, los 90 días término se encuentran aun transcurriendo. El MDT está en capacidad de ejercer su acción sancionadora.
Conclusión del caso analizado
La acción sancionadora del Ministerio del Trabajo ya había prescrito cuando se convocó a la audiencia de sumario administrativo. Arribamos a esta conclusión aplicando irrestrictamente, lo preceptuado en el artículo 425 de la CRE sobre cómo se deben resolver los conflictos entre normas de distintas jerarquías. Ergo empleamos lo tipificado en los artículos 92 de la LOSEP y 90 del Reglamento General a la LOSEP para contabilizar el término de 90 días. Al momento de presentar este estudio doctrinario, no se ha emitido aún una resolución dentro del caso analizado, más vaticinamos que la resolución será la destitución del servidor público violen-
tando no solo el artículo 425 de la Constitución, sino también los artículos 76, 226, 229 inciso 2 y 426 de la Carta Magna. De cumplirse el vaticinio, este estudio doctrinario pondría en descubierto las violaciones constitucionales que se han venido dando en el último año, a causa de una mala técnica legislativa del Ministerio que emitió la Normativa Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, así como la falta de seguridad jurídica que esto conlleva implícito. Pero sobre todo estaría al descubierto que las autoridades administrativas, como lo son los sustanciadores de los sumarios administrativos, no resuelven el conflicto entre normas de distinta jerarquía por medio de la aplicación de la norma jerárquica superior como manda el tenor literal del artículo 425 de la CRE, inciso 2, y que por tanto el servidor que se considere afectado debe recurrir a una instancia judicial para que se resarzan sus derechos vulnerados.
Conclusión
En respuesta a nuestras preguntas de investigación:
a) El procedimiento del sumario administrativo esta plagado de antinomias jurídicas de carácter real, que exceden por demás las aspiraciones de este estudio, que seguirán existiendo mientras se encuentren en vigencia dos normas jurídicas de distinta jerarquía que reglamente (norma adjetiva) dicho procedimiento.
b) Las antinomias se deben resolver aplicando el artículo 425 de la CRE, y en caso de duda, se aplicará siempre lo más favorable al servidor público (Art. Inumerado (4.2), LOSEP).
Para concluir, citamos la RATIO DECIDENDI de la Resolución No. 0527-2015 dentro del Juicio 20110819 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, que dice: “Del texto del artículo 99 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, se desprende que el tiempo máximo que tiene la autoridad administrativa para resolver acciones disciplinarias por infracción o falta administrativa es de 90 días; es decir, que desde que la autoridad conoce de la supuesta infracción administrativa empieza a correr el término legal para sustanciar el sumario a través del cual se investigará, y de ser el caso sancionará, dichas infracciones o faltas. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 número 1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, siempre que por ley no se exprese otra cosa, cuando los plazos o términos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, por lo que queda claro que para contar el término establecido en el artículo 99 de la LOSCCA, se lo debe hacer en días hábiles.”
Autora: Ab. M. Alexandra Vela Cevillano INTRODUCCIÓN lawyeravelc@gmail.com
Volcán rodeado de nubes de hielo en marte
Una nueva panorámica del orbitador mars Odyssey de la NaSa, lanzado en 2001, muestra uno de los volcanes más grandes del planeta rojo, arsia mons, asomándose entre un manto de nubes justo al alba. arsia mons es parte de los montes tharsis, que suelen estar rodeados de nubes de hielo de agua. EUrOPa PrESS
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martES 10 de junio de 2025
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