Isla de Valdecañas, el complejo turístico que no pudo ser

POR ALBERTO SÁNCHEZ LAVALLE

Un lujoso complejo turístico llamado a ser la Marbella de Extremadura quedará pronto reducido a escombros. Un desatino que le costará a la comunidad autónoma española más de € 200 millones.

La breve historia del Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas, en el oeste de España, es una perfecta síntesis de la delgada línea roja que tiene a un lado las ambiciones de la política y la corrupción estructural, y por otro a la protección de los recursos naturales. Todo comenzó con la llegada a unos pequeños pueblos de Extremadura de un empresario (especulador, mejor dicho) con base en Sevilla que fue seduciendo a políticos y habitantes con la promesa de llevar riqueza para todos. La cabeza de una empresa que luego, según denunciaron entidades ambientalistas, llegaría a disecar el río Tajo en su derrotero hasta Lisboa sin tener en cuenta que 40 km. aguas abajo el cauce tenía que refrigerar dos reactores nucleares. Lo cierto es que en 2007 la Asamblea de Extremadura aprobó su iniciativa, un proyecto para construir una isla artificial de 133 ha. sobre humedales protegidos, sin importar que se tratara de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), no urbanizable. Para eludir el impedimento, los ediles rotularon la iniciativa como Proyecto de Interés Regional (PIR). Fue así como avanzaron las obras, y también la batalla legal. En 2010 fue inaugurada la primera fase del complejo: 185 chalés sobre un total de 565, un hotel de 4 estrellas sobre dos que deberían sumar 150 habitaciones, club social, campo de golf de 18 hoyos, instalaciones deportivas, puerto y balneario. Desde entonces se sucedieron las idas y venidas legales: por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura paralizaba las obras que faltaban completar; por otro, la Asamblea apelaba y los trabajos para completar el resort continuaban. En 2014 el Tribunal se puso firme y ratificó su decisión, determinando que los terrenos debían volver a su estado original. Pero, amparándose en el avanzado estado de los trabajos, la Junta adujo que ya era imposible demoler y que el derribo tendría un impacto medioambiental aun mayor.

DEMOLICIÓN: ¿SÍ O NO?

Pasaron los años, siguieron las marchas y contramarchas hasta que en 2020 el Tribunal ordenó demoler solamente las instalaciones a medio construir con la idea de defender el costo económico. La demolición total suponía un costo cercano a los € 145 millones al incluir las indemnizaciones del caso. Un año después se designó a la empresa pública Tragsatec para que abordara las tareas, que debían realizarse “de manera ordenada y programada”. Pero en febrero de 2022 llegó la decisión judicial definitiva, igualmente demoledora: la Justicia ordenó el derribo de todo el complejo de Isla de Valdecañas. Hoy, la prensa habla del “agujero a las arcas públicas de Extremadura” al calcular que la factura final de un proyecto que jamás debió ser aprobado superará los € 200 millones. La Marbella extremeña se caerá a pedazos, mientras que la política y la corrupción seguirán su camino.

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