Documentos y desmesuras líricas

Repuesta ya de su fin de semana, la bien portada y siempre cumplida columna se disponía a revisar el documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en torno de la suspensión del “Plan “B”, cuando un espontáneo correo trajo unos emocionados ripios con los cuales un patriótico lector quiere ofrecer a la suprema autoridad un himno al Tren Maya.

A pesar de la espontaneidad del aedo, seguramente un declamador sin maestro, los versos parecen nada junto a la emocionada lírica de la señora administradora del gobierno republicano en su delegación de Campeche, doña Layda Sansores quien vence en cualquier torneo de inspiración poética a doña Rosario Sansores (Yucateca ella), aquella elegante mujer cuya emoción nos legó para la eternidad aquello de la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, etc. , etc., y me detengo en esa cita porque no es este el cancionero Picot, ni tampoco intento de rivalizar con Vicente T. Mendoza.

Pero el caso es sencillo, en cuanto a la respuesta presidencial sobre el trabajo de la mafiosa Suprema Corte de Justicia, como le dijo el Ejecutivo a ese otro poder de la Unión Republicana, cuyo salvífico trabajo ha congelado la aplicación patriótica del más patriótico aún

“—Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación” Órale...