Denuncian irregularidades en la oficina del Registro Agrario Nacional en Jalisco

La presidenta del CAEMAJ, Fabiana Amador Amador, acusa que para ingresar a las instalaciones las personas deben pagar una ficha de ingreso

Ricardo Gómez metropoli@cronica.com.mx

Los campesinos que acuden a la delegación del Registro Agrario Nacional en Jalisco son presas del coyotaje y abuso de las autoridades que atienden esta oficina, acusan abogados del Colegio Especializados en Materia Agraria de Jalisco (CAEMAJ).

La presidenta del CAEMAJ, Fabiana Amador Amador, denuncia que, para ingresar a las instalaciones del Registro Agrario en Jalisco las personas deben pagar una ficha de ingreso, al igual que los servicios y trámites que en esta se brindan, pero que son gratuitos. Expone que esto se intensificó a raíz de la pandemia COVID-19.

“Es preocupante la red de corrupción originada en esta dependencia del gobierno federal. Al seguir trabajando a puerta cerrada, se ha intensificado a un grado inhumano el índice de corrupción y violación de derechos humanos fundamentales del ser humano”, indica Fabiana Amador.

Añade que personal del Registro Agrario Nacional venden las citas para la atención de ciudadanos, asegura que quienes no pueden pagar deben formarse por horas, incluso una noche antes, para que puedan acceder, aunque esto no se lo garantizan.

Ante estas irregularidades, asegura que han presentado cartas explicando la situación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Secretaría General de Gobierno del Gobierno de Jalisco, ante la Función Pública, además de buscar reuniones con diputados, sin que nadie tome en cuenta las denuncias.

Por este motivo, la CAEMAJ solicita la renuncia del encargado de despacho del Registro Agrario Nacional en Jalisco, Faustino Flores Rojas; de la subdelegada, Jessica Maribel López Castorena; de Erick David Martínez Covarrubias, encargado de repartir las fichas y permitir o no el acceso a los usuarios a la oficina pública, así como la remoción de Jonathan Hernández Chávez y Salvador Loreto Zepeda, subdelegado técnico y encargado jurídico de la delegación, respectivamente.