Peligra salud de la población al quitar 35 NOM, alertan 50 colegios médicos

Colegiados y asociaciones médicas advierten que dejaría a pacientes de cáncer y otros, en la incertidumbre en diagnósticos y

Alejandro Páez Morales Ciudad

Más de 50 Colegios, Federaciones y Asociaciones médicas del país expresaron su preocupación por la decisión de la Secretaría de Salud de cancelar al menos 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) entre ellas, para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, cérvico uterino, diabetes e hipertensión y advirtieron que ello pone en riesgo la seguridad y salud de millones de mexicanos.

“Nos preocupa la eventual cancelación de las Normas Oficiales, se estarían dejando a millones de mexicanas y mexicanos que padecen diversas enfermedades en total incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos, tanto en sector público como en el privado”, alertaron.

NO LAS ELIMINEN, ACTUALICENLAS Los Colegios, Federaciones y Asociaciones médicas del país entre ellas la Asociación de Medicinas de Urgencias y Desastres de México (Amudem) encabezada por el doctor Fabián Chable Chan, Colegio Mexicano de Medicina crítica, presidido por Javier Elizalde, Colegio de Medicina Interna, liderado por Juan Luis Salgado, pidieron a las autoridades del gobierno federal, no cancelar la NOM y en todo caso, actualizarlas para mejorar la atención médica.

Acusaron que “el derecho a la protección de la salud no puede existir sin leyes o normas” y advirtieron que esta medida provocará incertidumbre legal y responsabilidad profesional, falta de normativi- dad, ambigüedad y confusión en la práctica médica.

“Sin Normas Oficiales generales y obligatorias, es posible que cada médico o institución de salud adopte diferentes enfoques en la atención de los pacientes. Esto podría llevar a una mayor variabilidad en la calidad y la efectividad de los tratamientos entre las instituciones y los profesionales de la salud, o podría generar confusión al momento de prestar los servicios de salud”, establecen.

Lo Que Eliminan

El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud (Sedesa) canceló 35 Normas Oficiales Sanitarias, entre ellas, la NOM041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.

Los Colegios, Federaciones y Asociaciones médicas del país consideraron que esta acción “carece de todo sentido y desconoce de manera discrecional las obligaciones y marcos de referencia que los profesionales de la salud y las instituciones construyeron durante muchos años”.

Externaron su “profunda preocupación “por estos hechos y exigieron respuestas a la autoridad de manera urgente pues alertaron que” el derecho a la protección de la salud no puede existir sin leyes o normas”.

Explicaron que algunos de los impactos que traerá consigo la eventual desaparición de las Normas Oficiales son incertidumbre legal y responsabilidad profesional pues los médicos enfrentarán una mayor incertidumbre en cuanto les, la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó un proyecto donde proponía declarar fundados los recursos y desechar la controversia constitucional, con lo cual se habría desechado la impugnación del INE y la segunda parte del Plan B volvería a tener vigencia plena.

El Estado ya no estaría obligado a brindar un servicio de salud de calidad ni a proporcionar insumos o medicamentos a sus obligaciones legales y su responsabilidad profesional.

EXPUESTOS A RESPONSABILIDAD PENAL

Es decir, quedarían expuestos a enfrentar procesos de responsabilidad, en el orden civil y penal, sin un marco que evalúe su culpabilidad en términos de la práctica médica, lo que puede llevar a abusos, criminalización de los profesionales de la salud o que no se sancionen adecuadamente ciertas acciones que perjudiquen al paciente.

Ambigüedad y confusión en la práctica médica pues sin Normas Oficiales generales y obligatorias, es posible que cada médico o institución de salud adopte diferentes enfoques en la atención de los pacientes.

Esto podría llevar a una mayor variabilidad en la calidad y la efectividad de los tratamientos entre las instituciones y los profesionales de la salud, o podría generar confusión al momento de prestar los servicios de salud.

Por otro lado, no obliga al Estado a brindar un servicio de salud de calidad y tampoco a proporcionar insumos o medicamentos para el ciudadano.

También implican riesgos para la seguridad del paciente pues las NOM están diseñadas para garantizar la seguridad del paciente y prevenir riesgos asociados con la atención médica.

Sin estas pautas, existe la posibilidad de que los médicos no estén al tanto de las mejores prácticas en términos de seguridad y confiabilidad, lo que podría aumentar los errores, la mala praxis y los riesgos para los pacientes  nistro Aguilar Morales propuso hacerse cargo de un nuevo proyecto, en el sentido de desechar las reclamaciones y confirmar la admisión de la controversia del INE, así como la suspensión de la segunda parte del Plan B.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los recursos de reclamación promovidos contra la admisión a trámite de la controversia constitucional 261/2023, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la segunda parte del Plan B de reforma electoral, con lo cual se mantiene vigente la suspensión de todo este decreto, ordenada por el ministro Javier Laynez Potisek, el 24 de mayo pasado.

En la sesión de este miérco-

Sin embargo, los ministro Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán votaron en contra de este proyecto, que solo reunió el apoyo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y de la propia Esquivel.

Ante este resultado, el mi-

De inmediato, esta propuesta fue aprobada, con los mismos votos de quienes habían rechazado la anterior.

Pérez Dayán dio a conocer la resolución definitiva de estas reclamaciones: “el asunto ha quedado resuelto como infundado y se confirma el auto recurrido”. (Redacción) 

La FGR solicita 82 años de prisión para Murillo Karam

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó su petición de sentencia en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien en una futura audiencia deberá decir si procede o no.

El Ministerio Público Federal solicitó que se le dicte una pena de 60 años de cárcel por desaparición forzada, más 10 por delitos contra la administración de la justicia, y otros 12 años por tortura. Todos estos ilícitos los habría cometido durante la investigación del Caso Ayotzinapa.

Para sostener su propuesta, la acompañaron con 69 testimonios, 65, documentales y 43 peritajes, que afirman, probarían la responsabilidad de Murillo Karam al torturar a detenidos para que se declararan culpables, falsificar indicios de prueba y contribuir a que no se llegara al fondo de la resolución de este caso 

Después de pasar 45 horas detenida en los separos de la policía, la jueza Angélica Sánchez Hernández pudo recuperar su libertad, luego de que la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no pudo acreditar el delito de agresión a la autoridad, que le imputan.

“A criterio del órgano técnico investigador, hasta el momento no se cuenta con ele- mentos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar (…) Por lo cual se dispone dejar en libertad a Angélica “N”, señaló la fiscalía en un comunicado. No obstante, las autoridades informaron que la investigación en su contra continua, y que se ha realizado el desglose respectivo a la Fiscalía General de la República por hechos de competencia federal.

La liberación de Angélica Sánchez ocurre después de que barras de abogados, jueves y litigantes expresaron su solidaridad con la jueza. Y señalaron el abuso de autoridad que constituyó la creación de un delito en su contra por ejercer su libertad de criterio  encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos”, comentó López Obrador.

EN FEBRERO, OTRA EJECUCIÓN

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.

Mientras que, en abril pasado, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.