No hay tregua ni para la Corte Constitucional

El país se encuentra en vilo, a la espera del dictamen de la jueza Teresa Nuques, de la Corte Constitucional. Por un cuatrienio, esta institución ha gozado de especial prestigio y respeto dentro de la siempre convulsionada escena política ecuatoriana. Incluso cuando tuvo que abordar temas sensibles para la opinión pública — como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto por violación— o cuando sus dictámenes fueron en contra de los intereses de grandes sectores políticos — el aumento salarial para los profesores o la destitución de los vocales del Consejo de Participación Social— existió un consenso con respecto a la pulcritud de sus fallos y la necesidad de acatarlos. Eso está en riesgo de cambiar.

Ahora, la Corte Constitucional, con su estricto sentido de la legalidad, está en curso de colisión con un bloque político de oposición que percibe la política como una guerra sin cuartel. Está en juego el gran objetivo de aquellos para los que la única lógica que importa no es la jurídica, sino la de la conquista del poder. A las abundantes presiones mediáticas y a los permanentes muñequeos tras bastidores, se le suman ahora las amenazas de manifestaciones para ejercer presión y descalificaciones ‘a priori’ que persiguen, desde ya, restarle validez a lo que sea que decida la jueza.

Es necesario, cuanto antes, superar ese falso y dañino sentido de urgencia que algunos sectores políticos intentan imponer. Hay otros escenarios donde la pugna política podrá continuarse y resolverse, y más herramientas. No es ‘ahora o nunca’. Esta coyuntura no justifica sabotear la institucionalidad de la Corte Constitucional y la confianza de la ciudadanía en ella.

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ

f-barri@uio.satnet.net

Más sobre Darién

MónicaRivera Rueda publicó, en El Espectador, de Bogotá, un reportaje que lleva por título ‘La migración también es ecuatoriana’. Allí se lee que mientras en enero del año anterior se registró, por Darién el paso irregular de 100 ecuatorianos, en enero del año curso esta cifra aumentó a 6.352, anotándose que la causa para este fenómeno es la falta de empleo y el aumento de la violencia.

E n La Nación, de Buenos Aires, en otro reportaje, suscrito por Mirelis Morales Tovar, se preguntan “por qué los ecuatorianos son los sudamericanos que más cruzan la selva del Darién para llegar a Estados Unidos”, informando, además, que por primera vez los ecuatorianos superaron a los venezolanos en este escenario, en el que, en octubre pasado, los migrantes ecuatorianos incluso llegaron a superar a los haitianos. La misma analista, acudió a Soledad Álvarez, catedrática ecuatoriana de la Universidad de Illinois, Chicago, que le respondió: “Estamos viviendo otro pico de la historia migratoria de Ecuador, como consecuencia de problemas estructurales no resueltos. Ecuador está afectado por la pobreza y la desigualdad, pero también por la proliferación del crimen organizado y el miedo a la inseguridad. La clase media, media baja y baja están saliendo para sobrevivir y buscar protección”.

Se puede indicar otras y no pocas referencias periodísticas en este sentido, que provienen del exterior. La desesperada condición en que se debaten incontables coterráneos, hace que familias enteras, con niños en los brazos, con la ilusión de buscar una vida mejor, penetren en la tenebrosa selva del Darién, sin importarles los grandes peligros que entraña esa jungla, al igual que el de los coyoteros que acechan en el incierto y desesperado camino que emprendieron como migrantes.

Es hora de que los líderes se conmuevan de la realidad circundante y abran la ruta que Ecuador merece.

GIUSEPPE CABRERA dad se origina en la facultad que le ha otorgado la Constitución, como corte de cortes, de última instancia y decisión de cierre. Dicho esto, creo que la figura permite argumentar a ambos lados, tanto para su admisibilidad, como para negarlo.

Sinimportar que la decisión sea favorable o no, debe ser respetada por todos los actores políticos, no necesita legitimación de ningún tipo para aceptarse, porque su legitimi-

Mi posición personal, es que hay mérito suficiente para el inicio de un juicio político, por un lado, la responsabilidad política se juzga por la delegación o designación de quien ha cometido los actos de corrupción y, en este caso, la evidencia demues- tra, que Guillermo Lasso, no solo conocía a Hernán Luque, sino que además fue advertido por la Policía Nacional, como por el incumplimiento de una recomendación de la Contraloría y aun así, mantuvo en el cargo a Luque, la influencia que además tuvo Danilo Carrera, raya la ética pública, ya que ninguna persona que no sea funcionario público y por tanto, sujeto de control, debería tener tanto poder sobre las decisiones del ejecutivo, como designación de ministros o incluso ascensos en la policía, como prueban las reuniones del General Araus, esto, no significa que Lasso haya cometido peculado o cohecho y además, será dentro del juicio en la Asamblea que se probará si sabía o no de esas actuaciones al margen de la ley, por otro lado, cualquier Corte, debería tener poca injerencia en estos asuntos y por respeto a la institucionalidad del legislativo, dar paso a que estos problemas se resuelvan políticamente.

Ahora, entre lo que creo que se debe hacer y lo pasará hay una gran distancia y, la realidad es que la política también definirá eso, pudiendo encontrar argumentos para desechar el pedido de juicio, en función a la configuración de fuerzas más conservadoras y positivistas del derecho o más progresistas y del constitucionalismo democrático. Conseguir seis de nueve votos para admitir el pedido de juicio político, no será una tarea fácil y, dependerá más de la coyuntura política, que, de un análisis riguroso del derecho, más allá de lo que quieran creer algunos.