El intimidante poder de la Contraloría

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 2008, convirtió indirectamente a la Contraloría General del Estado en una herramienta peligrosísima. Se suponía que con la eliminación de la figura del dictamen previo, y otras innovaciones, la contratación pública sería más ágil y eficiente. Sin embargo , la norma también la dotó de amplias facultades para auscultar cualquier obra y hostigar a todos los participantes. Lo público se movía, tanto a favor del país como del bolsillo de los involucrados, cuando había un mandatario intimidante y un contralor cómplice —como fue durante una década—, pero bastó un Ejecutivo menos agresivo para que el miedo a una potencial persecución extorsiva de parte de Contraloría lo paralizara todo. Ese es uno de los motivos, hasta hoy, de la bajísima ejecución presupuestaria.

Pese al poder que entraña, ningún contralor general ha sido seleccionado de forma transparente desde 2008. Dos de los últimos tienen problemas legales: Carlos Pólit enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero y Pablo Celi sentenciado a 13 años de cárcel por delincuencia organizada. El concurso para elegir a un nuevo contralor competente e incuestionable debía haber tomado siete meses, pero lleva dos años de tropiezos y no termina.

El futuro contralor, que se elegirá entre 103 aspirantes, deberá deslindarse del pasado; la mayoría de los capítulos oscuros del correísmo sucedieron hace más de siete años. Si su selección es transparente, su capacidad innegable y su trabajo se enfocara en aportar a lo público, antes que en perseguir en nombre de una agenda política, el país ya habrá ganado suficiente.

Disyuntiva

Laspróximas decisiones ‘democráticas’ que los ciudadanos habremos de tomar nos ponen ante un difícil escenario. En el caso de la consulta sobre la explotación petrolera y minera encaramos una decisión crítica, considerando la importancia de mantener el ecosistema sin vulneración y reducir drásticamente los ingresos provenientes de la explotación petrolera y minera. Actividades que tienen probabilidad de eventuales daños a la vida del planeta, quizá imponer mayores multas e impuestos podría minimizar el riesgo de potenciales daños a la biósfera, es posible pensar soluciones no radicales. Por esto nuestra próxima decisión es una disyuntiva de alta incertidumbre; los resultados en cualquiera de las opciones serán de impacto para la sociedad y su futuro.

La minería grande y pequeña se instaló en todo el territorio. Será positiva si cumple normas y el Estado recibe parte de esos recursos para revertirlos a la comunidad, pero una distribución justa de utilidades es poco probable. Dos grandes firmas de abogados, siempre contratadas, redactan los contratos, obviamente siempre muy favorables al cliente privado; la contraparte representada por funcionarios no tiene fuerza para exigir la justa participación del negocio.

Una corriente política propone reemplazar el aporte de estos recursos cobrando grandes cantidades de impuestos que están pendientes. Otra sostiene que sin los recursos petroleros quedaremos en desgracia financiera. Lo cierto es que la abrumadora propaganda persuadirá a la gente por impulso y no por conciencia y conocimiento, acciones que conducirán a tormentosos resultados en un país con alto desempleo y gente alborotada.

Cualquier resultado impactará nuestra economía y sin mayor reconocimiento de los países ricos que promueven salud planetaria sin aportar nada; por lo tanto, es momento de una decisión pragmática.

Nocesan ‘faenas’ controvertidas para agudizar la depresión del agobiado sistema jurídicopolítico ecuatoriano, probablemente por pretensiones calculadas de asestarle golpes de gracia que conmoverían a la región.

El desgaste, la desconfianza en el sistema jurídico-político es sistemática por controvertidas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, de las funciones Judicial, Electoral, de la Corte Constitucional que parece haber tomado la posta de la deslustrada Legislatura cesada.

En los actuales momentos dramáticos, la Corte mensajea que Ecuador no requiere urgencias desentendiéndose de los proyectos de decretosleyes urgentes gubernamentales, implícitamente proponiendo que las medidas requeridas deben tener efecto inmediato a su fallo, soslayando la realidad del sistema jurídico-administrativo público que es parsimonioso, como ella misma lo demuestra por el lapso que requiere para determinar sus veredictos.

Cierto que la ‘urgencia’ es subjetiva. la premura no es igual para un desempleado que no tiene ingresos fijos ni permanentes, que para quien disfruta de un cargo público y solo espera el fin de mes para beneficiarse de una transferencia bancaria, monetizada por liquidez fiscal que la hace posible aquel, a través de tributos de diversa índole, con ingresos escuálidos.

Coincidencia o no, la Corte metió a la congeladora el Reglamento que autorizaba consultas ambientales, establecidas para procesos extractivistas de minas y petróleo, en momentos en que una empresa australiana anunció inversiones por $3.000 millones para construir la mina de cobre Cascabel, en Imbabura, una de las 10 más grandes del mundo, desde 2025 hasta 2030, que generaría 3.700 empleos directos. El país está ávido de capital fresco, de empleo. La Corte sugiere ser contraria a establecer ambientes legales para promover inversiones, para generar empleo, para abrir nuevos mercados, para generar riqueza; parece tener inducida fiebre ambientalista. Emite mensajes preocupantes que fraguarían tendencias de hartazgos democráticos, terapias fuertes ; peligrosas señales en el Ecuador descarnado de estructuras políticas. ¡Alerta!