La guerra sin cuartel del crimen organizado

El asesinato de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil, se suma al del gerente del Hospital Delfina Torres ayer en Esmeraldas y al de la directora de la cárcel de mujeres en esa misma provincia, hace pocos días, y en el que perdieron la vida dos de sus familiares —incluyendo una menor de edad—. Esta serie de atentados contra altos funcionarios de la administración pública son parte de la lucha sin cuartel que emprende el crimen organizado para defender sus espacios de poder.

Ya el año pasado, poco antes del violento paro de junio, el país escuchaba cómo las organizaciones criminales —que ya controlaban de ciertas instituciones— estaban detrás del desabastecimiento de varios hospitales. Entonces, también cayó asesinado el director administrativo del Hospital Delfina Torres. Ello dio inicio a un proceso de militarización del centro al que, por la convulsión política y delictiva subsiguiente, no se pudo dar la debida continuidad. Es el momento de que el Estado retome la militarización y la cuidadosa fiscalización de los hospitales, tal y como en otras épocas se hizo con Petroecuador, puertos u otras áreas estratégicas. No debería resultar difícil dar con los beneficiarios de estos crímenes.

Pero se requiere también, urgentemente, un sistema de protección y compensación para los funcionarios en situación de riesgo y sus familias. El Estado debe mostrarse ahora no solo fuerte, sino también leal.

Gestión de riesgos

Losúltimos sucesos lamentables ocurridos en Alausí, pero también lo acaecido hace ya un tiempo en un barrio de Quito, o situaciones que se viven a diario en barrios que no han sido planificados, en casas levantadas en terrenos de invasión, en las cercanías de los ríos o en laderas, nos demuestran el mismo patrón: son fruto de la improvisación, de hacer las cosas sin planificación, lo que arroja desastrosos resultados, con pérdidas materiales y, lo más lamentable, de vidas humanas. No aprendemos de las experiencias. Los municipios carecen de un departamento que se preocupe de analizar y prevenir estas circunstancias o tienen en un ‘rincón del olvido’ a las áreas de gestión de riesgos.

Pero estos departamentos son cada vez más indispensables. Tienen que ver con esa capacidad de prevenir desastres, averiguar y estudiar la historia del terreno sobre el que se asienta o pretende asentarse una población, saber que los ríos siempre vuelven a sus cauces, que las casas edificadas sobre terrenos que no son firmes son susceptibles de ser arrastradas por la acumulación de las lluvias intensas.

De igual manera, no puede dejarse de lado el análisis de los efectos y los riesgos que entrañan los cambios climáticos, sobre todo a la hora de planificar o al menos de minimizar esos riesgos. Los fenómenos hidrometeorológicos son una constante con la que hay que contar; a veces sobre el mismo territorio y en el mismo año se tienen períodos de sequía y de lluvias, lo que arroja resultados que van desde agrietamiento de los suelos, erosión, pérdida de cultivos, incendios, hasta colosales inundaciones.

Vale la pena recordar y aplicar el refrán “prevenir antes que lamentar” tanto en la vida personal como en la de los colectivos, con una permanente acción de gestión de riesgos dentro de los gobiernos nacionales, los provinciales, los municipios y hasta las juntas parroquiales.

objetivo asegurar una pensión económica digna a quienes han cumplido una vida laboral, que les permita vivir con dignidad.

Para acceder a la jubilación se necesita acreditar 360 imposiciones mensuales y haber cumplido 60 años de edad, o un mínimo de 480 imposiciones mensuales sin límite de edad. La ley dispone que la edad mínima de jubilación debe ser revisada obligatoriamente cada 5 años. La esperanza de vida en el país llega a los 77 años, pero no ha mejorado su ca- lidad de vida. El IESS, en 95 años de existencia, no ha presentado un estudio serio sobre el tema, y el Estado es el responsable de la mora patronal en el régimen de pensiones, al incumplir con el pago del 40% de los aportes desde 1985.

El aumento de la edad, si bien repercute en el estado de ánimo de la gente, no es una variable que afecte a todos por igual. Se requiere un tiempo para adaptarse a una nueva vida donde se corre riesgos y también se presentan oportu- nidades. El IESS está obligado a cubrir las necesidades de salud y entregar una pensión digna a sus jubilados. Esta etapa de cambio brusco no es fácil para las personas que han permanecido en actividad toda su vida. Quiénes han vivido por y para trabajar se deprimen con cierta frecuencia y deben valorar su relación de pareja. Quienes se jubilan tienden a sufrir depresión cuando su nueva etapa de vida no se presenta como lo habían planeado.

Los jubilados que gozan de buena salud pueden seguir activos realizando algún tipo de voluntariado o realizando actividades recreativas. El IESS tiene en todas las provincias centros de recreación abandonados, que con una buena planificación pueden convertirse en centros geriátricos, con personal especializado en medicina del adulto mayor, recreación y trabajo social para impedir el deterioro físico, mental y social. Ocupar el tiempo libre fortalece la vida e impide su deterioro.