Congreso y Ejecutivo aferrados a sus gollerías

Escribe: José Víctor Salcedo

DESCARADOS. Una mayoría del Congreso, a pesar del rechazo de más del 70 % de peruanos, persiste en quedarse y presentarse como los representantes del “pueblo” y los defensores de la “democracia”. Y la presidenta Dina Boluarte vive en una realidad paralela cuando considera que quienes piden su renuncia son un “grupo minúsculo” y radical.

“Hay un grupo minúsculo que pide mi renuncia”, dice la presidenta Dina Boluarte para aferrarse al cargo. Basta con mirar las calles de regiones y Lima para saber que la jefa de estado miente.

Desde hace casi tres meses miles de ciudadanos marchan cada día pidien- do que deje la presidencia y así dé paso a un gobierno de transición. Con 48 víctimas en su haber, el gobierno Boluarte se hace socialmente insostenible. Sus ministros han sido echados de varias regiones cuando intentaron dialogar. “No es posible dialogar con un gobierno que permitió que maten a nuestros hermanos y ahora nos persigue por protestar”, dice un dirigente de Cusco que pidió el anonimato.

Pero ella insiste en cada discurso público que detrás de las protestas que piden su salida de Palacio de Gobierno solo está un grupo minoritario, sectores radicales de izquierda. Su caja de resonancia es la prensa corporativa. Su guardia pretoriana es la Policía. Su único soporte es la fuerza pública, la derecha política y el empresariado.

La presidenta no hizo ningún esfuerzo para dialogar con las organizaciones que la cuestionan. Con sus declaraciones y disposiciones represivas más bien ha cerrado las puertas del acercamiento. Inclusive se distanció de los gobernadores y alcaldes a quienes acusó de azuzar las protestas y el bloqueo de carreteras.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regional, Rohel Sánchez, salió al frente y dijo que Boluarte estaba equivocada al creer que ellos convocaban las protestas con bloqueo de vías. “Nosotros fuimos elegidos para gobernar las regiones y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Corresponde trabajar por un Perú unido y reconciliado”.

A quienes sí les abrió las puertas de palacio fue a los jefes y dueños de partidos políticos que la respaldan y que además son los corresponsables de la actual crisis política y social que atraviesa el país de sur a norte.

El rechazo a Boluarte

Los resultados de tres encuestas contradicen a la presidenta Boluarte. Siete de cada diez peruanos no la quieren. Le exigen que dé un paso al costado. Están de acuerdo con que renuncie a la presidencia para que el país vuelva a la calma. En contraste, dos de una decena apuesta porque continúe en el poder.

Según el estudio de opinión de Datum realizado del 3 al 7 de febrero, el 71 % de ciudadanos considera que Boluarte debe renunciar y el 26 % dice que debe quedarse en el cargo. Además, su nivel de desaprobación asciende al 76 %. Solo la aprueba el 16 %, es decir, la mitad de la aprobación que tenía el gobierno de Pedro Castillo, antes del fallido autogolpe. Es interesante mencionar también que el 77 % de mujeres desaprueba a la jefa de estado, que se ha victimizado diciendo que la cuestionan y piden su renuncia porque es mujer.

En la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hecha a finales de enero, el 74 % estaba a favor de que Boluarte renuncie y el 24 % decía que debía quedarse en el cargo. En ese mismo estudio, la desaprobación de la presidenta ascendía a 76 % y su aprobación apenas sumaba 17 %.

La encuesta de IPSOS de febrero arroja resultados parecidos: el 76 % está de acuerdo con la renuncia de la jefa de estado, mientras que apenas el 20 % considera que debe continuar gobernando. Cuando IPSOS consultó si había participado en las protestas en contra de Dina Boluarte, nueve de cada diez peruanos dijeron que sí. O sea, el 90 % de ciudadanos marchó en rechazo a la presidenta, según esta encuesta, y aun así la mandataria insiste en que es un grupo minúsculo.

El buffet cínico

Casi con el mismo guión, una mayoría en el Congreso sepultó el adelanto de elecciones para el 2023, empezó a preparar el terreno para darle el zarpazo a la Defensoría del Pueblo, a los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec), y siguió haciendo méritos para ser repudiado por la ciudadanía.

En los últimos días se ha visto a los congresistas más descarados que nunca. Se revelaron viajes de placer y con fines familiares, pagados con dinero estatal, de un grupo de legisladores. Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, defendió cínicamente haber pagado su pasaje en avión con dinero público para visitar a su pareja en Cajamarca. María del Carmen Alva, de Acción Popular, dijo que los legisladores no estaban obligados a rendir cuentas de esos gastos.

Días después conocimos que 94 congresistas solicitaron IPhone al Congreso para su uso personal y seguros para proteger sus viviendas. Pero lo que más indignación ocasionó fue la noticia sobre que desde diciembre de 2022 elevaron el costo del desayuno y el almuerzo por un servicio de buffet que cuesta S/25 mil en un solo día.

Un congresista come cada día alimentos por S/190. Lo más bochornoso fueron las justificaciones de los congresistas. “¿Qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Querrán que comamos alfalfa, seguramente”, dijo Jorge Montoya, de Renovación Popular, con una cara más dura que una piedra.

“Todos los peruanos tienen el derecho de comer rico”, respondió impúdica Patricia Chirinos, de Avanza País. “Alimentarse no es un gasto innecesario”, dijo con una sonrisa cínica Waldemar Cerrón, de Perú Libre.

Congreso rechazado

A pesar de todo, estos congresistas persisten en quedarse y se presentan como los representantes del “pueblo” y los defensores de la “democracia”. Si hay alguna institución más rechazada que la presidenta Boluarte, es el Congreso: más del 70 % de peruanos piden que sea disuelto, aunque no hay causales para hacerlo. Datum preguntó sobre el cierre del Congreso y el 71 % dijo que estaba a favor de una medida de ese tipo y 25 % se mostró en contra. Las poblaciones del centro y el sur, seguido del norte, Lima y oriente son las que más piden la disolución congresal. En cada una de estas zonas, el respaldo oscila entre 58 y 87 %. En el trabajo de IEP, el 89 % desaprobó al Congreso, mientras que solo el 7 % la aprobó. Es uno de los registros más bajos de aprobación del legislativo en las últimas décadas. De la misma forma, en el trabajo de IPSOS el 82 % de encuestados desaprobó la gestión del Congreso frente al 11 % que la aprobó. Casi nadie los quiere. Pero Dina Boluarte y una mayoría de congresistas se agazapan al poder y a sus gollerías.

Escribe: Ana Román (*)

En este contexto crítico que vive el país, se ha cuestionado mucho la participación de campesinos y campesinas en diferentes movilizaciones y protestas y a veces el desconocimiento ha llevado a que muchas personas digan inclusive que han sido obligados o pagados para participar en estas protestas. ¿Hay antecedentes de cómo surgen las comunidades campesinas? ¿Cómo están organizadas?

Podemos hablar desde 1920. Empieza la institucionalidad de las comunidades cuando son reconocidas como comunidades indígenas. Luego, ha ido cambiando en función a contextos. Recordemos, por ejemplo, que en 1969 se da la reforma agraria y las comunidades indígenas pasan a denominarse comunidad campesina. Eso se tangibiliza normativamente en la Constitución de 1979. Posteriormente sale la Ley de comunidades campesinas en 1987, Ley 24656. Esta ley aterriza mejor la estructura de la comunidad, estableciendo dos aspectos: esta ley va a normar el funcionamiento de la comunidad, pero también va a definir quienes son los comuneros, quiénes y en qué condiciones acceden a ser comunero.

Básicamente esta ley lo que hace es ayudar a estructurar cómo va a funcionar como organización, como institución una comunidad campesina. Prevé que funcione a través de la asamblea general de comuneros, la directiva comunal y comités en función a sus necesidades. Pero la máxima instancia para tomar acuerdos es la instancia de la asamblea comunal, ninguna persona, ningún comité podría atribuirse la potestad de tomar decisiones para determinados aspectos en función a intereses. Todo acuerdo pasa por la asamblea comunal.

Si han participado en protestas, movilizaciones, ¿asumimos que son acuerdos de asamblea comunal y están registrados en acta?

Efectivamente. Si nos ubicamos en este contexto tan complicado, cada comunidad ha convocado a asamblea a través de su directiva y en esta coyuntura seguramente han puesto en agenda la difí- cil situación. Además, en función a las comunidades vecinas y organizaciones vecinas que han ido adoptando este tipo de acuerdos para plegarse a esta movilización social. Lo que pasa es que el presidente convoca a una asamblea para debatir teniendo como punto de agenda este tema y es aprobado. Previamente se somete a votación. Puede suceder que alguna comunidad lo desapruebe y eso también es válido, pero seguramente por la sensibilidad y por cómo han sido aludidos, los acuerdos han sido adoptados de esa manera, a través de la asamblea.

Así hubiera un porcentaje de hombres o mujeres campesinos que estuviesen en desacuerdo, si la mayoría opta por determinada acción frente a situaciones como estas, ¿las movilizaciones tienen que ser acatadas?

Hay varias formas de adoptar un acuerdo. Acuerdo por unanimidad, donde no hay ninguna oposición a la propuesta de cualquier naturaleza y acuerdo por mayoría simple o mayoría absoluta. En este caso, los acuerdos de mayoría simple son acuerdos que no se van a inscribir en registros públicos, solamente se verifica que los que asistan a la asamblea y voten sumen el cincuenta por ciento más uno. Si han llegado a ese acuerdo, ese acuerdo tiene que respetarse como institución comunal por todos. Ese es el mecanismo, así lo establece la Ley de comunidades campesinas.

¿Cuál es el rol o papel que desempeñan en este contexto la Fartac, la FDCC, en el sentido que también pudieron haber convocado a comunidades campesinas?

Estas organizaciones representativas denominadas de segundo nivel, no solo la Fartac o la FDCC, sino también las centrales de rondas campesinas, aglutinan a comunidades y también a aquellas parcialidades que en el pasado han sido comunidades -pero que por cuestiones de seguridad jurídica en acceso a su tierra han optado ser parcialidades, asociaciones de pequeños propietarios-, pero pertenecen a estas organizaciones. Estas como pertenecen a organizacio- nes de segundo nivel son convocadas por éstas.

¿Son convocadas, pero ejercen alguna influencia al momento de decidir por una u otra acción?

No hay influencia, sino más bien cuando estas son convocadas tienen que llevar su asamblea en este nivel, o sea la aprobación no es directa. No es que el presidente de la central de rondas los convoca y van al paro, sino que ese acuerdo tiene que adoptarse en un encuentro. Este acuerdo se da cumpliendo los mismos procedimientos que lo que establece La ley de comunidades campesinas: aprobación por mayoría, se somete a debate, seguramente con mayor amplitud porque van a participar varias comunidades. Entonces, el acuerdo siempre tiene que tomarse por mayoría.

Si esta propuesta no se llevara a la asamblea comunal y la comunidad, por ejemplo, no estuviese informada o interesada en desarrollar algún tipo de propuesta o movilización frente a cualquier hecho, ¿cabe la posibilidad de que algún comunero, comunera tenga el interés en participar en dicha protesta y hacerla sin un acuerdo o cuál es el mecanismo?, ¿pide permiso a la comunidad?

Eso ya sería a título personal. Supongamos que la organización a nivel comunal o a nivel de segunda instancia ha desestimado la propuesta por ejemplo de participar de esta movilización social, entonces cada quien es libre de poder participar, pero ya a título personal sin involucrar a la organización.

(*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Katatay es un colectivo de artistas independientes de la región Apurímac. Este colectivo gestionó un mural de memoria en honor a las movilizaciones sociales que se dieron a partir del contexto político que atravesamos en el actual gobierno. Este mural está ubicado en el pasaje peatonal Miscabamba, Abancay, que es la calle más antigua de la ciudad.

En la intervención del mural se observa a dos mujeres del campo con sus llicllas, acompañadas de un camión, que transporta campesinos con unas banderas alzándose, entre ellas una wiphala. Además, se representa un verso del tayta José María Arguedas que dice: “Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo”, que es parte de un canto en honor a la lucha de Tupac Amaru. Para entender mejor el proceso de esta muralización, se hizo una entrevista con Iván Tutaya, miembro de Katatay, quien diseñó y participó activamente de esta intervención artística

¿Qué motivó este mural?

Como colectivo queríamos responder al contexto y ser partícipes de este cambio que se está dando. Y cuestionar al Estado corrupto en el que estamos. Además, teníamos la necesidad de apoyar a los hermanos, de identificarnos con ellos. Son nuestros hermanos luchando en la capital y también en nuestros territorios del sur, centro y norte. Nos emocionó la idea de hacer un mural, ya que los muros dicen mucho de sí a personas que no están muy acostumbradas a visitar galerías o no están relacionadas con el arte.

¿Cómo ha sido el proceso creativo para tener el diseño final?

El diseño es algo que yo venía trabajando en bocetos de mamitas y señoras identificadas en el mercado. Luego, hablando con los compañeros, decidimos poner a las mujeres que se identifican con el mercado, las luchas y mamitas en luto. Utilicé la tableta digital con el programa Photoshop. Y también pensamos en la cosmovisión andina: los colores tenían que ser intensos para que podamos encontrarlos en la naturaleza o diversidad peruana. Fusionamos algunos diseños que teníamos para el fondo azulado con estrellas.

Escribe: Aprodeh Apurímac

Es interesante que representen a mujeres del campo como protagonistas principales en esta presentación visual, ¿cuál fue la razón detrás de ello?

Nos inspiramos en aquellas madres que han quedado en luto y también en aquellas madres que están guerreando y luchando en la capital. Como es el caso de la compañera ayacuchana, Aida Aroni, la famosa mamá que flamea su bandera frente a los policías. Me inspiré en ella para dibujar a la mamita que no lleva el luto.

Sobre la frase de Arguedas, ¿por qué resaltan particularmente este verso?, ¿qué representación histórica nos vincula en la actualidad con ello?

El verso es relevante por el hecho de extender las protestas desde el sur andino hacia la capital, una capital que es percibida como indiferente y aislada del resto del país.

Se ha podido observar que gran parte de esta movilización popular está impulsada por personas del campo, ¿por qué consideran importante plasmar la frase

“De

la tierra comemos y gozamos”?

La frase salió de la mamita Aida Aroni que fue discriminada por dos sujetos frente a la policía, [quienes] le dijeron “métele bala webón”, y ella respondió “de la tierra comes y te gozas”. Queríamos plasmar su frase ya que habíamos hecho un choclito dorado para resaltar lo que viene del campo, revalorar los productos y a quienes trabajan la tierra.

¿Qué lugar tiene el campesinado en las movilizaciones?

Las movilizaciones son temas distintos en la capital y en las regiones. En la capital es muy difícil llevar a cabo este tipo de movilizaciones, los campesinos están siendo reprimidos de manera más violenta ya que están fuera del hogar. En cambio, en las regiones están más organizadas.

Se puede observar que hay un camión que transporta gente, quienes sostienen una wiphala, ¿qué significa esta bandera?, ¿por qué está incluida dentro del mural?

La wiphala es símbolo de resistencia cultural que unifica a las naciones de componente indígena históricamente relegadas y discriminadas. En momentos como este no se puede guardar equidistancia ante la injusticia que llega al extremo de masacrar a gente que hace uso de su legítimo derecho a protestar y exigir una representación política auténtica. Surge la necesidad de identificarnos con esta lucha democratizadora en contra de la tiranía rancia, racista y brutal.