Las violaciones a derechos humanos del régimen de Boluarte

mo. Solo caminaba con dirección a su casa, según sus familiares. Un vídeo grabó su muerte.

Escribe: José Víctor Salcedo

REPRESIÓN. Organismos internacionales documentaron las muertes durante las protestas contra el régimen híbrido de Dina Boluarte y detectaron 46 posibles casos de violaciones a los derechos humanos y 12 muertes por uso de armas de fuego. Lejos de buscar la verdad de los sucesos, el sistema de justicia criminaliza a los manifestantes y retrasa las indagaciones sobre los crímenes de civiles. Ya se habla de un aparato policial y judicial politizados.

La tarde del quince de diciembre del año pasado una bala atravesó el cuerpo de Cristopher Ramos Ayme cuando cruzaba la alameda frente al cementerio en Huamanga. Poco tiempo después murió. Cristopher tenía quince años y fue una de las diez víctimas de la represión de la fuerza pública ordenada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Cuando a Cristopher le dispararon no estaba tirando piedras o participando de algún acto de vandalis-

Antes y después de ese quince de diciembre hubo masacres en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) y Juliaca (Puno), y violentas represiones con víctimas en otras regiones del país.

Casi un mes después de lo ocurrido en Ayacucho, por ejemplo, casi a las cuatro de la tarde del once de enero de este año, un proyectil destrozó el tórax y abdomen del dirigente campesino Remo Candia en Cusco. El ciudadano había llegado esa misma mañana desde la comunidad de Ccollana, en Anta, a sumarse a las protestas en contra de Boluarte. El proyectil lo alcanzó en la avenida 28 de Julio. Sus compañeros lo llevaron al Hospital Antonio Lorena. Cinco horas después murió. Al día siguiente su cuerpo fue paseado por las calles de la ciudad. Candia Guevara no era un vándalo ni un radical. Era un respetado presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana y presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta.

En el corto pero violento periodo del gobierno de Dina Boluarte han muerto 48 peruanos por proyectil de arma de fuego compatibles con las armas usadas por la Policía y el Ejército. Un policía falleció quemado en su patrulla. Y una decena de civiles falleció a causa del bloqueo de carreteras.

Violan derecho a la vida

Cada día aumentan las evidencias de asesinatos que constituyen delitos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de las evidencias documentales, fílmicas, testimoniales y periciales, la Fiscalía -salvo en el caso de Ayacucho- empezó a ralentizar las investigaciones para identificar y sancionar a los agentes responsables de los crímenes.

La República accedió a documentos fiscales que prueban que 17 de las 18 víctimas en la ciudad de Juliaca fueron abaleadas, el 9 de enero pasado. Así consta en los protocolos de necropsia. Asimismo, IDL-Reporteros reveló que al menos seis de las diez víctimas recibieron disparos en Huamanga (Ayacucho), el 15 de diciembre del año pasado. Según Infobae, los diez presentan impacto de arma de fuego.

A demás, Misiones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), documentaron las muertes durante las protestas en Huamanga (Ayacucho), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) y Lima, entre el 29 de enero y el 11 de febrero. AI recibió información de 46 posibles casos de violaciones de derechos humanos y documentó 12 muertes por uso de armas de fuego.

Según este trabajo, el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se concentra de manera desproporcionada en regiones con población indígena. “Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados”, señaló Amnistía Internacional.

Así se explica mejor: los departamentos con mayoritaria población indígena en Perú representan el 13 % de la población, pero en estos lugares ocurrieron el 80 % de las muertes. Las autoridades habrían actuado entonces con un marcado sesgo racista.

A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, hubo muchos casos en los que la Policía y el Ejército las usaron para dispersar las manifestaciones.

Esta organización señala que casi todas las protestas fueron pacíficas, pero reconoce que hubo casos con elementos de violencia focalizada, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. En contraste, señala, la fuerza pública disparó balas de forma indiscriminada y en ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y brigadistas de salud.

Policía política

Amnistía Internacional también recibió información sobre graves deficiencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia. También registró que las autoridades, desde el más alto nivel, man- tuvieron un discurso de estigmatización contra los manifestantes.

La presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otros ministros dijeron sin pruebas, para deslegitimar demandas y justificar la represión, que había vínculos de los manifestantes con el “terrorismo” y “grupos criminales”.

Desde el inicio de las protestas, las autoridades optaron por vulnerar derechos humanos y criminalizar las protestas ante el silencio de instituciones que deberían haber denunciado estos excesos. Los derechos fueron convertidos en delitos. Solo la Defensoría del Pueblo veló por los derechos de los afectados.

La Policía empoderada por el respaldo de la presidenta Boluarte, además de reprimir, empezó a construir una narrativa para incriminar a dirigentes y manifestantes como presuntos subversivos o miembros de organizaciones criminales. El jefe de la Dircote, general José Zavala, por ejemplo, salió torpemente a señalar como evidencias de la intervención del senderismo que los manifestantes piden una nueva Constitución. Incluso llegó a decir que los comités de vaso de leche son creación de Sendero. También empezaron a hacer “operaciones psicológicas antiterroristas” en colegios primarios.

Con esos argumentos burdos, la Policía empezó a detener a manifestantes. Pero la acción policial era respaldada por la Fiscalía que aceptaba los argumentos policiales y acusaba a dirigentes como si fueran parte de una organización criminal.

Un ejemplo. La profesora apurimeña Yaneth Navarro Flor y el campesino cusqueño Cirilo Jara Mamani fueron detenidos por la Policía en Lima. Los acusaron de financiar las protestas e integrar una presunta organización criminal.

La profesora Navarro tenía una mochila con S/1,916 y un cuaderno donde anotaba los gastos en pasajes, almuerzos, desayunos y medicamentos de pobladores de regiones. El dirigente campesino Jara tenía su mochila con S/2,330 y una hoja de papel bond con una relación con 11 nombres a quienes habría entregado dinero.

La Fiscalía acogió la tesis policial y pidió prisión preventiva para los dos. Alegó que integraban una organización criminal cuya existencia sin embargo no pudo demostrar. A pesar de esa insuficiencia, la jueza Margarita Salcedo ordenó 30 meses de prisión preventiva para Navarro y comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/5,000 para Jara.

A estas alturas, como escribió el periodista César Hildebrandt, da la impresión de que la policía está fascistizada, el Ejército da ultimátum a los manifestantes y el aparato judicial es una extensión de la Dircote.