El hambre en América Latina: desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria

Vivero, J.L. (2009). El hambre en América Latina: desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria. Revista Éxodo nº 97, Febrero. Pp. 10-17. Madrid.

El hambre en América Latina: Desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria Jose Luis Vivero Pol1

América Latina en un mundo en crisis: aumento de los hambrientos Vivimos tiempos de crisis, de escasas esperanzas en el corto plazo, de pesimismo e incertidumbre.

Estamos en medio de una impresionante crisis económica que destruye empleos a un ritmo vertiginoso y que ha hecho aumentar el número de hambrientos en el mundo en más de 100 millones en sólo dos años. Pero no sólo estamos ante una crisis económica sin parangón desde 1929, esta crisis se superpone y en parte es causada por una crisis del modelo político-económico neoliberal, de mercados desregularizados, globalización sin leyes, reducción del Estado al mínimo y aumento de las desiguladades entre los que ganan con la globalización (pocos) y los que pierden (muchos). Por otro lado, no olvidemos la crisis alimentaria que golpeó fuerte al mundo durante el 2008. Al igual que en 1974, ese año será analizado en los libros de historia como el año en el que el mundo se asustó de nuevo ante el alza desmesurada de los precios de los alimentos (Vivero y Pascoe, 2008). Tenemos abiertos varios frentes de crisis: financiero, inmobiliario, del petróleo, del medioambiente, y de la hegemonía Estadounidense. Y esta situación tiene lugar en un mundo donde casi la mitad de su población (2.600 millones de personas) vive con menos de 2 dólares al día, de los cuales 1.400 millones están considerados pobres extremos (Chen y Ravallion 2008); donde se anticipa una importante crisis del agua, donde el progreso agrícola necesario para producir más alimentos por unidad de área con mayor eficiencia se ha estancado; y donde se desperdician sin consumirse entre el 40 y el 60% de los alimentos producidos en el mundo desarrollado (Pascoe y Vivero 2008).

Durante el año 2008 FAO ha dado a conocer las nuevas cifras sobre el número de personas hambrientas en el mundo. Esas cifras no dejan de crecer a un ritmo que da pavor. En el 2005 eran 848 millones, en 2007 eran ya 923 y en 2008 alcanzaron 963 millones (FAO, 2008).. En tres años, los años de la crisis alimentaria y la crisis económica, ha aumentado en 115 millones el número de hambrientos, y todavía se espera que esa cifra siga creciendo.

En América Latina, la situación era mucho más positiva, pues entre 1990 y 2005 hubo una reducción del 15%, llegando a tener sólo un 8% de población subnutrida en 2005. Sin embargo, cifras recientes indican que el número de personas subnutridas habría aumentado en 6 millones entre 2005 y 2007, llegando a la cifra más actual de 51 millones (10% de la población), por lo que en dos años casi se anulan los avances realizados en los últimos 15 años (Pérez et al., 2009). El alza de los precios de los alimentos es la principal explicación, y todos esperan que esta situación sea agravada por la profunda crisis financiera y económica que estamos viviendo.

En América Latina más de un tercio de la población es pobre y cerca de un cuarto es indigente. La realidad es heterogénea, existiendo países como Honduras y Nicaragua, donde cerca del 70% de la población es pobre, y otros como Chile y Costa Rica apenas llegan al 20%. El mayor problema de pobreza e indigencia se observa en áreas rurales, donde más del 50% de la población es pobre y cerca del 30% se encuentra en niveles de indigencia (CEPAL, 2007b). Sin embargo, América Latina ganó mucho dinero exportando alimentos más caros, y sin embargo sigue teniendo a 51 millones de hambrientos en su territorio, 9 millones de ellos niños que sufre desnutrición crónica, que es una cadena perpetua de por vida. La región genera un 30% más de los alimentos necesarios para que todos 1

Jose Luis Vivero Pol es Ingeniero Agrónomo y miembro fundador de la Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba (www.cehap.org). Actualmente trabajan en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, en Santiago, Chile (www.rlc.fao.org/iniciativa). Este documento expresa exclusivamente sus opiniones e ideas, y no refleja en ningún caso la postura de la FAO con respecto a los temas tratados.

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los latinoamericanos coman bien, si el acceso a esos alimentos fuera equitativo, no es tanto un problema de producción como de acceso a los mismos.

Las personas pobres son los más afectados con la crisis de los alimentos debido a que son quienes mayor parte de su ingreso (o una mayor proporción del gasto) utilizan en comprar alimentos.

Igualmente es aquella proporción de la población que tiene menos posibilidades de sustituir en el gasto ante el alza de los precios, puesto que ya se encuentran en una situación precaria (von Braun, 2008). Y una gran parte de estos pobres extremos y hambrientos pertenecen a grupos indígenas, que se llevan la peor parte de los ciclos económicos de la región: cuando la región crece ellos apenas notan los beneficios, y cuando la región está en crisis son los que más sufren las consecuencias (Hall y Patrinos, 2004). El hambre tiene rostro de mujer joven, viste trajes tradicionales y habita en el campo. La desnutrición crónica es dos veces más común entre los niños indígenas.

El hambre es política A lo largo de la historia reciente, las explicaciones causales del hambre han pasado por varios periodos. Inicialmente se daban explicaciones naturales para el hambre, basadas en la vieja concepción malthusiana de la escasez de los recursos y el crecimiento demográfico exponencial Actualmente sabemos que el mundo produce muchos más alimentos que los necesraios para alimentar bien a toda la pioblación. Posteriormente, durante los años 80 y 90, aparecieron las justificaciones económicas del hambre como fallo del mercado y consecuencia directa de la pobreza, a través de la reducción de la capacidad de acceder al alimento, en lo que el Nobel de Economía Amartya Sen denominó la “Teoría de las Titularidades” (Sen, 1981). Finalmente, desde mediados de los años 90 están apareciendo autores que se esfuerzan por demostrar que la explicación última del hambre en el tercer milenio se debe casi siempre a causas políticas (de falta de voluntad o de falta de acciones políticas relevantes) y que está muy ligada a la realización de los derechos humanos de los individuos y al rol del Estado como garante y protector de dichos derechos.

El hambre es ante todo un fenómeno político, derivado no sólo de la indolencia e inactividad estatal, sino muchas veces de prácticas políticas directamente causantes de las mismas. En consecuencia, las víctimas se caracterizan no tanto por la pobreza como por la falta de poder político para exigir el respecto a sus derechos y para ejercer presión política ante su Estado. El hambre, según la explicación de ciertos autores, se debe a la falta o al fracaso de un “contrato político” entre los gobernantes y la población, que impondría a aquéllos unas determinadas obligaciones de cara a satisfacer a los ciudadanos ciertas necesidades básicas y derechos humanos, en particular el derecho humano al alimento (De Waal, 1997). Con medios de comunicación vigilantes y que presionan, y grupos de ciudadanos que conocen y reclaman sus derechos, el Estado se vería abocado a la necesidad de satisfacer esas demandas. En ese sentido, Amartya Sen ya indicaba con muy buen criterio que en los países donde hay democracia no ha habido nunca una hambruna (Sen, 2001).

Se ha transformado en una posición altamente aceptada, entonces, que el hambre y la desnutrición no deben ser percibidas únicamente como “problemas” sociales, humanitarios o técnicos, bien sean considerados desde el punto de vista agronómico, bien desde el punto de vista médico-nutricional, si no como auténticos “problemas” políticos y como fallos de los sistemas económicos de producción, distribución y acceso al alimento, y por tanto ha de a ser materia de lapolítica y las políticas públicas (CEHAP, 2006). La existencia de tantos millones de personas que no comen tres veces al día supone no tanto un reto técnico sobre qué hay que hacer, dónde, cuándo y cómo, si no que es sobre todo un reto político para nuestra sociedad, en este caso respondiendo a las preguntas: ¿Queremos hacerlo? ¿Vamos a hacerlo?. Un reto que parecería sencillo si consideramos que actualmente la Tierra produce mucho más alimento del que es necesario para alimentar bien a toda su población. Y un reto que debería haber sido realizado hace ya años, ya que si somos capaces de enviar costosas misiones de exploración a Marte y tratar enfermedades incurables hace algunos años, deberíamos ser capaces de alimentar a todos los habitantes del planeta.

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¿Cuántos hambrientos pueden tolerar las democracias latinoamericanas?

Se ha sostenido repetidamente que el fracaso que ha experimentado el sistema democrático-electoral para mejorar el bienestar de las poblaciones nos ha llevado a "democracias fallidas", que no atienden los verdaderos principios de la democracia, es decir, el bienestar de sus pueblos. Entre estos principios2 debería estar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que son determinantes en las vidas de todas las personas. La garantía de los derechos humanos a todos los habitantes de una nación, y especialmente los DESC, es un requisito previo para acceder completamente a la condición de ciudadanos. Y las democracias son sistemas políticos formados por ciudadanos. Aquellos que están desnutridos y con su derecho a la alimentación violado no tienen interés, ni estímulo, ni energía para desarrollar otras facetas suyas de ciudadano. No se sienten parte de un sistema democrático que los olvida hasta el punto de no cubrir sus necesidades vitales más básicas.

En este sentido, es en rigor difícil hablar de democracias consolidadas cuando casi el 40% de la población de la región vive en la pobreza, con 71 millones de pobres extremos y 51 millones de hambrientos; con 1 de cada 4 jóvenes fuera del mercado laboral y del sistema educativo; cuando las tasas de mortalidad materna e infantil no corresponden al nivel de desarrollo económico; y cuando 120 millones de latinoamericanos no gozan de sistemas de saneamiento. ¿Cómo podemos pensar en aproximarnos al cumplimiento de la protección de los derechos humanos cuando un cuarto de la población muere antes de cumplir los cincuenta años y hay 9 millones de niños que padecen desnutrición crónica, lo que significa que su futuro como ser humano está ya hipotecado desde el nacimiento? ¿De qué manera se puede esperar, por otra parte, que poblaciones famélicas, enfermas e iletradas puedan alcanzar algún grado de participación política, manifestada a través del voto?. Se estima que una buena democracia es aquella que incorpora de manera creciente en lo político y social a sus ciudadanos y que, en toda la extensión del territorio nacional, garantiza a sus ciudadanos la protección de la ley democrática.

La cohesión social del Estado debe empezar por erradicar el hambre La cohesión social es el paradigma de desarrollo más reciente en América Latina, un paradigma que ha venido para quedarse y que actualmente monopoliza los numerosos debates sobre desarrollo económico, social y consolidación de las democracias que se están llevando a lo largo de Iberoamérica. La cohesión social se articula en torno a tres elementos que se potencian entre sí: (a) la reducción de brechas sociales, especialmente la brecha en los ingresos; (b) la garantía del disfrute de derechos de los ciudadanos, y (c) la promoción del sentido de pertenencia a la sociedad (CEPAL, 2007a). Y en este marco de desarrollo regional estamos dejando el hambre olvidada en una esquina.

Porque, muchas veces parece no tenemos presente que en Latinoamérica sí existe el hambre.

Guatemala, por ejemplo, tiene uno de cada dos niños desnutridos; en Panamá hay un cuarto de la población que pasa hambre, y en Paraguay el hambre crece a pesar de que la pobreza se reduce. El hambre es una realidad sangrante que se alterna en los países de América Latina con crecimientos del PIB anual del 7% o con concesionarios de Ferrari que cada año venden varios autos del modelo más actual.

América Latina disfruta de una situación favorable para enfrentar los desafíos vinculados con una mayor cohesión social. Una mayor preocupación de los gobiernos por los problemas sociales, una expansión del gasto público y una institucionalización democrática creciente, con procesos electorales sostenidos con regularidad, ayudan a crear condiciones para reducir drásticamente la profunda brecha económica y social que nos afecta desde hace décadas. En estas condiciones, ¿cómo puede ser que las sociedades latinoamericanas, con un mínimo de cohesión, no puedan cubrir necesidades tan básicas como la alimentación de sus ciudadanos? Es señal inequívoca de que algo no funciona en la cohesión social si los mecanismos de solidaridad y de protección, o las formas en que están instituidos, marginan a tantas personas de un umbral mínimo de satisfacción de necesidades.

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Entre los que podemos citar la representación política, las elecciones libres, los derechos igualitarios, las libertades individuales, la responsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos

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Queda claro que la erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política, y la primera urgencia temporal, en el camino hacia una mayor cohesión social y equidad en América Latina. El Derecho a la Alimentación debe ser parte de los derechos mínimos que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos. Reducir la brecha de oportunidades e ingresos, condición básica para el logro de mayor cohesión social, implica en primera instancia mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen lo elemental para vivir: los alimentos (FAO/CEPAL/PMA, 2007).

El derecho a la alimentación es un derecho humano exigible Los cambios en el sistema jurídico internacional durante la segunda mitad del siglo XX han tenido un alto impacto en la adhesión de América Latina a los principales tratados que reconocen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y específicamente el derecho a la alimentación adecuada. En 1948 se elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, donde se considera el Derecho a la Alimentación en el artículo 253. Posteriormente, en 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que manifiesta en su artículo n°11 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. El artículo 11 del PIDESC hace mención también a la dimensión urgente de no morirte de hambre, refiriéndose al derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre como un derecho básico. Estas dos dimensiones son clave, pues la primera, el derecho a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, es universal, para toda la población, y multidimensional, por lo cual es de más difícil realización y por ello se considera que su cumplimiento ha de ser progresivo. Por otro lado, la dimensión de estar libre de hambre es de aplicación inmediata y sólo afecta a un sector de la población (aquellos que padecen hambre), con los cuales se ha de actuar de inmediato. Esta dimensión tiene un ámbito más focalizado pero no puede ser de aplicación progresiva, pues en el camino se pueden morir varios miles por desnutrición.

Con la primera Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se refuerzan dichas responsabilidades, ampliándolas a la seguridad alimentaria nacional y mundial a partir de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria4. Posteriormente, en 1999 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su observación general n° 12 sobre el PIDESC establece la interpretación técnica y la definición más precisa de este derecho. La segunda Cumbre Mundial de la Alimentación en 2002 reiteró el compromiso por respetar, proteger y lograr el derecho a la alimentación, así como reducir a la mitad el número de personas hambrientas en 2015. Otro acuerdo internacional, éste de carácter regional, que contempla dentro de sus disposiciones el derecho a la alimentación es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador)5, en su artículo 12. En 2004 Consejo de la FAO aprobó, a fin de promover la realización de dichos compromisos internacionales, las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Estas directrices voluntarias conforman un programa global de medidas gubernamentales y recomendaciones prácticas para que los países puedan aplicar con el fin de hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada para todos (FAO, 2005). Finalmente, en diciembre de 2009 se dio un paso significativo en la exigibilidad de los DESC, al aprobarse el Protocolo Facultativo de del PIDESC, que permitiría a las personas a las cuales les han sido violados sus derechos económicos, sociales o culturales acudir a un tribunal internacional.

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En el artículo 25 expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

4 Durante esta Cumbre, los Jefes de Estado y otros representantes de alto nivel de los países reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (en la llamada Declaración de Roma).

5 El Protocolo de San Salvador fue suscrito el 17 de noviembre de 1998 en la Asamblea General como Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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¿Qué significa que la alimentación es un derecho?

El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano a alimentarse de forma digna. Significa que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a tener acceso permanente a alimentos que no sólo sean suficientes en cantidad (energía alimentaria) sino también adecuados en calidad nutricional, inocuos y culturalmente aceptables para la persona que los consume. También es importante que el acceso estable a los alimentos y el suministro estable de alimentos sean sostenibles ecológica, económica y socialmente (Vidar, 2006). El derecho a la alimentación es multidimensional y requiere, por tanto, una respuesta coordinada desde varios ámbitos (Ministerios). Por otro lado, es importante comprender lo qué no es el derecho a una alimentación adecuada. No es el derecho a recibir alimentos, excepto si el derecho a la vida está en peligro, como en el caso de situaciones de emergencias, en las que no existen medios de obtener alimentos suficientes.

En algunos países, el derecho a una alimentación adecuada está recogido en la constitución o en la legislación nacional. En los acuerdos internacionales los Estados se definen como principales responsables de satisfacer el derecho a una alimentación adecuada. También se reconoce que en muchos países este derecho no se puede satisfacer de un día para otro debido a limitaciones de recursos y de otra naturaleza. Esto significa que los gobiernos deberían actuar de manera que cada vez menos personas padecieran hambre o no tuvieran acceso permanente a una alimentación adecuada. Por otro lado, aunque la responsabilidad principal recae en los Estados, todos los miembros de la sociedad, personas físicas, ONG y sector privado, tienen obligaciones respecto al derecho a la alimentación, cuando sus acciones puedan tener un impacto en el libre ejercicio del derecho a la alimentación de otras personas. En particular, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG ayudan a la población a realizar su derecho a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la difusión de información, el asesoramiento jurídico y la capacitación (Vivero y Scholz, 2009).

Avances políticos en la lucha contra el hambre La institucionalidad referida a la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe ha tenido un impulso notable en la última década. Varios elementos han favorecido este proceso, elementos que han actuado como catalizadores del impulso del debate en torno a una institucionalidad que promueve la protección y realización de los DESC, especialmente el derecho a la alimentación. a.- Éxito de la abogacía internacional: el hambre vuelve a los focos. Por una parte, las acciones de los organismos internacionales que han venido alertando sobre esta materia, como FAO, OMS, OPS y PMA entre otros. Merece la pena subrayar la importancia del posicionamiento reciente del Banco Mundial, posiblemente el actor internacional con mayor capacidad de incidencia, que en los últimos dos años ha contribuido mucho a reposicionar el tema del a desnutrición y la agricultura en el entro del debate mundial del desarrollo con dos publicaciones clave6. b.- Impulsos coyunturales: los dados del destino. El otro elemento son los fenómenos coyunturales, tanto externos como internos, humanos o naturales, que propician el motivo y sientan las bases políticas para la construcción de un arquitectura institucional de seguridad alimentaria y nutricional. El gran evento coyuntural que ha contribuido a posicionar el hambre y los alimentos como un tema central y prioritario de las agendas públicas nacionales e internacionales es la crisis alimentaria del 2007 y 2008. La crisis alimentaria que explotó a finales del 2007 acaparó todas las portadas mundiales durante varios meses, y seguro que dejará secuelas de alcance político-estratégico para los años venideros.

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En el 2006 el Banco Mundial publicó un completo informe sobre la importancia de la nutrición en el desarrollo, que rescataba el tema para sus políticas con los países (World Bank 2006). La seguridad alimentaria no aparecía en documentos del Banco desde que publicaron un trabajo de repercusión mundial en 1986. Por otro lado, el reciente Informe Mundial de Desarrollo 2008 trata sobre la importancia de la agricultura para el desarrollo (World Bank 2008). .

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c.- Apertura de espacios de diálogo y coordinación intersectorial. Un aspecto relevante en el proceso de diseño de un nuevo esquema institucional ha sido los debates políticos y sociales que se han dado.

Esta apertura de espacios democráticos de participación y supervisión de la vida política por parte de la sociedad civil ha coincidido con la maduración del discurso de la Soberanía Alimentaria, formando ya parte del discurso político oficial de muchos países de la región e incluso siendo insertado en su ordenamiento jurídico. De esta manera se han creado espacios en la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria de Perú, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria de Nicaragua, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de Brasil, adscrito a la Presidencia de la República. d.- Las Políticas y las Estrategias: bonitos papeles que apoyan la causa. Un importante número de países han desarrollado documentos nacionales que fijan objetivos nutricionales a largo plazo. Dichos documentos constituyen un esfuerzo de convergencia en metas nacionales cuyo mérito es darle a la seguridad alimentaria y nutricional un status de relevancia en los programas de gobierno. Entre los ejemplos podemos señalar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nicaragua, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005-2015 de Honduras o el Programa para la Erradicación de la Desnutrición Crónica 2007-2012 de Guatemala. e.- Los grandes programas sociales: lo “social” al centro las agendas políticas. Otro elemento emergente en la última década son los programas de gran envergadura que intentan movilizar amplios recursos para intervenir a profundidad la problemática alimentaria. En este sentido, podemos mencionar el programa “Oportunidades” de México, el programa “Bogotá sin Hambre” y el programa “Fome Zero” (Hambre Cero) de Brasil, que durante el primer mandato del Presidente Lula invirtió 10.000 millones de dólares. f.- América Latina está a la vanguardia del Derecho a la Alimentación Esta región es, en la actualidad, la Región más avanzada en términos de leyes, instituciones y conocimiento público del derecho a la alimentación y está a la vanguardia en la implementación práctica del derecho a la alimentación. El hecho de que la sociedad latinoamericana esté significativamente sensibilizada respecto a los problemas del hambre y demande la implementación de soluciones y el respeto por los derechos humanos tiene consecuencias que van más allá de su territorio, proporcionando lecciones relevantes a otras regiones como Asia y África (Vivero y Ramírez, 2009). Algunos países de la región han incorporado el derecho a la alimentación adecuada en su ordenamiento constitucional, otorgándole el más alto nivel jurídico. Ahora bien, dicha incorporación tiene amplios matices y diferentes enunciados según los países. Algunos países otorgan rango constitucional a los tratados internacionales (por ejemplo, PIDESC) que se refieren a esta materia (Argentina y Costa Rica). La mayoría de los países reconocen, de un modo u otro, algunas de las dimensiones del derecho a la alimentación en su ordenamiento constitucional (FAO 2006).

Por otra parte, el marco legal-institucional de seguridad alimentaria y nutricional está siendo desarrollado en muchos países a través de leyes específicas. Actualmente hay 15 países con leyes SAN o proyectos del Ley en debate. Los países que ya han aprobado leyes de seguridad alimentaria y nutricional son Venezuela (Ley Orgánica Constitucional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional), Brasil (Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional), Argentina (Ley de Programa Nacional de Nutrición), Guatemala (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) y Ecuador (Ley de Seguridad Alimentaria). Actualmente existen proyectos en trámite en los congresos y cámaras de diputados de Colombia, Ecuador, México, Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. Todo esto, junto a la notable sensibilización que tiene la sociedad civil en relación al derecho a la alimentación, hace de América Latina y el Caribe la región más avanzada del mundo en este tema, estando a la vanguardia del conocimiento, el monitoreo, el desarrollo legal y poniendo los cimientos de la justiciabilidad de este derecho, una vez que entre en vigor el Protocolo Facultativo del PIDESC (Vivero y Monterroso 2008).

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La Soberanía Alimentaria como alternativa política al actual sistema agro-alimentario mundial Soberanía alimentaria es un concepto reciente, todavía en construcción, impulsado y promovido por la sociedad civil organizada. Este término ha teniendo un notable desarrollo conceptual y una importante implantación como alternativa política al sistema alimentario actual globalizado, el cual está siendo golpeado por una crisis de proporciones todavía no determinadas. En la actualidad, el sistema alimentario global está viendo como el precio de los alimentos básicos de consumo está incrementandose de forma acelerada, lo cual dificulta aún más el acceso a los mismos para amplios sectores de la población vulnerable.

De un enfoque exclusivamente reivindicativo, el concepto de soberanía alimentaria, ha evolucionado a un marco de políticas articulado para abordar de una manera alternativa el problema del hambre en el mundo. Si consideramos la seguridad alimentaria como un principio ético básico, podemos luego aceptar que este principio se transforma en una obligación legal a través del derecho a la alimentación y en una alternativa política e ideológica a través de la soberanía alimentaria.

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina 7 y otras organizaciones sociales en los años 90, y surge como respuesta a diversos debates sobre el tema alimentario que tuvo lugar durante los años 70, 80 y 908 . Su presentación a nivel mundial tuvo lugar en 1996, en un evento paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), celebrada en Roma. La soberanía alimentaria surge como alternativa política elaborada por ciertos sectores de la sociedad civil determinados a acabar con el hambre en un mundo que, paradójicamente, produce alimentos más que suficientes para alimentar bien a toda su población. Estas organizaciones de la sociedad civil (ONGs, colectivos de productores y consumidores, sindicatos, etc.) se han comprometido con las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables, los modos de vida a asociados a esos sistemas de producción basados en la agricultura familiar y el derecho de los pueblos a alimentarse.

Soberanía alimentaria deriva del concepto de soberanía nacional, el cual reivindica el papel del Estado y de los pueblos de un país determinado a definir sus propias políticas alimentarias y garantizar así, que toda su población tenga para comer en cantidad suficiente y en calidad adecuada. Esta propuesta de desarrollo implica la reivindicación del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, tal y como se recoge en el PIDESC y en las Directrices Voluntarias para hacer efectivo este derecho en cada país. La soberanía alimentaria reivindica, además, al productor del alimento y al consumidor final como los elementos centrales de la cadena agroalimentaria, frente a los eslabones relacionados con el comercio y la distribución; y prioriza los mercados nacionales y los productores locales frente a la producción para exportación y la importación de alimentos subvencionados por otros países.

Cada vez más, el concepto de soberanía alimentaria está siendo incorporado como un planteamiento político e ideológico por numerosos gobiernos de la región, en la búsqueda de una alternativa exitosa para acabar con la inseguridad alimentaria de sus ciudadanos. La soberanía alimentaria está recogida como principio en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Ecuador. Además, este mismo principio se ha incorporado y desarrollado en la propuesta de Constitución que se someterá a referéndum en Ecuador a finales de Septiembre, y está también en los borradores de Constitución más actuales de Bolivia. El artículo 347 de la Constitución de Honduras reconoce que la producción agropecuaria nacional ha de orientarse preferentemente a satisfacer las necesidades alimentarias de los hondureños. Recientemente, 7

Movimiento Campesino Mundial de Hombres y Mujeres rurales El debate de los años 70 giraba en torno a la preocupación internacional ante la escasez de alimentos, en los 80 se centró sobre programas integrales de desarrollo y sobre el sujeto de las acciones (país, región, hogar o individuo); mientras que en los 90 se incorporaron al debate los modos de vida sostenibles, la desmantelación del Estado y la creación de la OMC y el mercado mundial regulado, con una cesión de la soberanía de los países hacia sistemas supranacionales (Cañada, 2006).

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Venezuela a promulgado una Ley orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria donde se le da un pleno reconocimiento como política de Estado. Además, en el momento de la redacción de este texto, hay propuestas de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria en debate en los Congresos de México, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Costa Rica.

¿Por qué debemos acabar con el hambre en América Latina?

Aunque esta pregunta no debería hacerse ante la obviedad de la respuesta y, sobre todo, ante la contundencia de las diversas explicaciones que podrían darse, si somos honestos con nosotros mismos debemos plantearla ante la cruel realidad que nos indica que, como región, no somos capaces de acabar con el hambre, ni mucho menos bajar de la cifra simbólica de los 50 millones de hambrientos.

Esta cifra parece el límite inamovible que tiene la región desde hace ya más de tres décadas. Esta manifestación más extrema de la extrema pobreza parece no querer reducirse.

En este apartado vamos a detallar diez razones por la cuales esta región no debería tener hambrientos ni desnutridos, y porqué se justifica priorizar el combate al hambre en todos los países, con el objetivo de que la región pueda estar “libre de hambre” en un plazo que todos podamos ver, tal y como el mundo logró estar libre de viruela en menos de 50 años. El número 10 es un tanto simbólico, porque seguro que hay otras diez razones que se han quedado en el tintero, entre ellas la razón ética que doy por supuesta a todos los seres humanos de buena voluntad, y las razones religiosas que son particulares de cada uno.

1.- Acabar con el hambre es una meta posible. América Latina y el Caribe tiene la capacidad financiera, institucional, de recursos humanos y naturales para erradicar el hambre en una generación.

Hay que movilizar a la sociedad en su conjunto para terminar con el hambre, pues es un objetivo moralmente incuestionable y prácticamente alcanzable en una generación.

2.- La razón moral y mediática está con el hambre a cero no con el hambre a la mitad. Eliminar totalmente el hambre es la meta, reducir a la mitad como establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un objetivo intermedio, un indicador de avance. La experiencia del programa “Fome Zero” de Brasil indica que los objetivos que aglutinan a toda la población, y en la cual todos y cada uno de los ciudadanos se sienten parte, cuentan con más apoyo popular. Son menos cuestionados y mejor entendidos.

3.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son de desarrollo. Los ODM son muy pertinentes para el mundo como unos objetivos de mínimos, pero no parecen estar justificados como unos objetivos de pleno desarrollo humano. Si consideramos que un individuo alcanza su plenitud como ciudadano cuando tiene cubiertas su necesidades básicas, satisfechos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se siente parte de la colectividad nacional, no podemos aceptar como “desarrollo pleno” la reducción a la mitad de las muertes por desnutrición, la falta de acceso a la salud y la educación o la carestía de un hogar habitable.

4.- Desafío Latinoamericano en la escena del desarrollo mundial. Tener un espacio “libre de hambre” puede convertirse en un elemento dinamizador de la cooperación en la Región, un componente de su “marca” político-estratégica que implique un “desafío latinoamericano” diferenciador de África (elevados porcentajes) y Asia (elevadas cifras absolutas). Además, se está consolidando un liderazgo mundial de Brasil para erradicar el hambre. La Iniciativa “América Latina y el Caribe sin Hambre” apoya a los países a posicionar la región en la agenda del desarrollo mundial.

5.- Toda reducción de la pobreza pasa inevitablemente por la eliminación del hambre. En América Latina y el Caribe, la población en extrema pobreza en 2004 representaba el 18% (96 millones) mientras que la población subnutrida alcanzaba el 10% (52 millones). La diferencia entre ambas cifras refuerza la tesis de que el hambre y la pobreza extrema no son equivalentes. La escasez de recursos de los hogares está lejos de dar cuenta por sí sola del nivel de la desnutrición infantil, pues factores como las condiciones higiénicas del hogar, los conocimientos y el cariño de la madre, o las tradiciones

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Vivero, J.L. (2009). El hambre en América Latina: desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria. Revista Éxodo nº 97, Febrero. Pp. 10-17. Madrid.

culturales sobre cuidados son tanto o más importantes que los ingresos económicos. Así, combatir el hambre no es lo mismo que combatir la pobreza. Esto implica que la lucha contra el hambre, prerequisito del combate a la pobreza, puede llevarse a cabo mediante programas nacionales poco complejos. El hambre es una dimensión de la pobreza, pero es la cara más cruel y extrema.

6.- Momento político adecuado. América Latina vivía hasta el 2008 un momento de crecimiento económico que no experimentaba hace cuatro décadas, con un crecimiento medio superior al 4% anual durante cinco años consecutivos. Este crecimiento se vio afectado, desde el lado de la inflación, por la crisis alimentaria, pero fue compensado para muchos países de la región por un aumento de ingresos por exportación de commodities alimentarios. Por otro lado, las elecciones de los últimos tres años colocaron nuevos gobiernos al frente de sus países, gobiernos que están revalorizando las cuestiones sociales, colocándolas en muchos casos por delante de los temas económicos o de seguridad.

7.- Lo social como eje central de las políticas públicas del Estado. Desde hace ya un tiempo, se está produciendo un giro de largo alcance en el papel del Estado como conductor de la política y la economía del país, y no como mero ente regulador, tal y como se establecía en las políticas emanadas del Consenso de Washington. Y la crisis multicausal en la que está el mundo inmerso actualmente (financiera, energética, medioambiental y alimentaria) está forzando a replantearse el rol de los Estados como reguladores y protectores de sus ciudadanos, frente a unos agentes transnacionales que operan sin transparencia en el libre mercado. El Estado está recuperando espacios perdidos en los años noventa con una mayor participación para garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, y como responsable de una mayor cohesión social (mejor reparto de beneficios y red de protección social más inclusiva).

8.- La alimentación es un derecho de las personas. Este aspecto ya se ha visto con detalle anteriormente. Para cumplir con esto, se necesita un marco institucional y legal adecuado que cree las condiciones adecuadas y mantengan las iniciativas de lucha contra el hambre a través de los años, sin depender de la voluntad de los gobiernos de turno.

9.- El hambre impide el desarrollo pleno de la democracia y la ciudadanía. Con el estomago vacío no se participa. Tal vez, es el hecho de que muchas democracias latinoamericanas no satisfacen las necesidades primarias de los ciudadanos (comer, hogar, agua potable, salud) por lo que éstos prefieren un modelo donde prime el desarrollo económico que los valores inherentes a democracias, tal y como destapó un informe del PNUD en 2004. Y como el disfrute de los beneficios económicos no llega a todos, estas “democracias hambrientas” no cuentan con la legitimidad de sus ciudadanos.

10.- El hambre repercute negativamente en el crecimiento económico y la competitividad. La desnutrición infantil es irreversible y afecta a la capacidad física y mental de las personas, disminuyendo su capacidad profesional. Todo esto afecta a la competitividad de un país, puesto que con un cuarto de población desnutrida, como pasa en muchos países de América Latina, cuando se transforman en fuerza laboral, su desarrollo físico e intelectual les impide dar lo mejor de si en las actividades económicas desempeñadas. El hambre tiene unos costos incalculables. ¿Cuáles son los efectos de la carencia nutricional que ha sufrido un niño, a lo largo de toda su vida? ¿Cuántos años escolares perdidos? ¿Cuántas visitas médicas y hospitalizaciones? Y, de adulto, ¿cuántas ocasiones perdidas de acceder a un trabajo productivo? Existe cada más consistencia en los trabajos que establecen la relación económica entre la desnutrición y la falta de crecimiento del Producto Interior Bruto de un país determinado (CEPAL/PMA, 2007). El costo del hambre en Centroamérica y República Dominicana supone 6.659 millones de dólares del 2004, lo que representa el 6.4% del PIB de la región. En algunos países como Guatemala, este costo económico del hambre supone el 11.4% del PIB. Si todo ello se compara con las inversiones necesarias para reducir o erradicar la desnutrición, se llega a la conclusión de que la inversión necesaria para acabar con el hambre en el mundo es, al menos, diez veces menor que los gastos derivados de su mera existencia. Es por eso que la reducción del hambre ha de ser vista como una buena inversión económica a corto, medio y largo plazo porque repercute en un mayor crecimiento económico y en una mayor competitividad. Y los fondos asignados a la lucha contra el hambre han de ser vistos como inversión, no como un gasto social.

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Vivero, J.L. (2009). El hambre en América Latina: desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria. Revista Éxodo nº 97, Febrero. Pp. 10-17. Madrid.

Estas diez razones requieren de una voluntad política a alto nivel para materializarse en acciones concretas. Se requiere el liderazgo personal de individuos notables para convencer a la población y a los burócratas que manejan las maquinarias del Estado y poner en marcha programas nacionales de lucha contra el hambre que cuenten con fondos adecuados, una institucionalidad sostenible, apoyo de diversos sectores, ayuda financiera internacional y que sea, finalmente, una “Política de Estado”. No vamos a acabar con el hambre en América Latina y el Caribe en 10 años, pero si debemos estar convencidos que con los medios adecuados, podemos hacerlo, sabemos hacerlo y, por tanto, debemos hacerlo.

Epílogo de esperanza: La Iniciativa “América Latina y Caribe Sin Hambre” y la agricultura Brasil y Guatemala han cumplido un rol importante en la promoción del combate al hambre como prioridad política a nivel regional. Estas gestiones se concretaron con la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre (ALCSH)9, proyecto al cual se han sumado otros países y cuya secretaría técnica está a cargo de la oficina regional de FAO, con el apoyo financiero de España. Esta secretaría impulsa la consolidación de los objetivos de la Iniciativa en las instancias regionales y en todos y cada uno de los países, con el objetivo de que la nuestra sea la primera Región en desarrollo libre de hambre. El objetivo de erradicar el hambre de la región ha sido también manifestado expresamente en declaraciones políticas en reuniones regionales. Por ejemplo, en la declaración final del la XVI Cumbre Iberoamericana de Uruguay10, que tuvo lugar en Octubre de 2006; en el comunicado conjunto de los presidentes del MERCOSUR difundido al final de la 34a Reunión del Consejo (diciembre 2007), en la que también participaron los presidentes de Bolivia y Chile11; o en la declaración final de la reciente Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que tuvo lugar el 16-17 de Diciembre en Salvador de Bahía. Los países creen que acabar con el hambre en América Latina es posible. Nosotros también.

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La iniciativa ALCSH fue lanzada por el Presidente Lula y el Presidente Berger de Guatemala en Septiembre de 2005 en Guatemala, y persigue sensibilizar a tomadores de decisiones, formar a gestores de Gobierno y comunicar información a toda la población sobre el hambre en la región, con el objetivo de posicionar el tema en las agenda políticas de los países y de la región en su conjunto. La Iniciativa ha recibido el respaldo político de todos los presidentes de la región, tanto de manera individual como en declaraciones regionales. http://www.rlc.fao.org/iniciativa 10 http://www.oei.es/xvicumbredec.htm 11 http://www.mercosur.coop/recm/IMG/pdf/comunicado_conjunto_mercosur.pdf

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