Capítulo 8 del libro “Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre”. Jose Luis Vivero y Ximena Erazo, eds. Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2009. Pags. 217-256
La justiciabilidad del derecho a la alimentación en América Latina y El Caribe Jose Luis Vivero Pol1 y Vera Scholz Hoss2
I. Marco conceptual del derecho a la alimentación A pesar del sufrimiento humano que conlleva la desnutrición y de ser una de las causas principales de la mortalidad infantil, la lucha contra el hambre mundial ha recibido mucha menos atención que la lucha contra la pobreza (Guha-Khasnobis et ál., 2007). En parte, este hecho explica porqué, desde 1990, el número de hambrientos del planeta no ha dejado de crecer en cifras absolutas, y muchos países no podrán cumplir con los dos indicadores relacionados con el hambre, incluidos en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.3 La reciente crisis alimentaria de 2007-2008 no ha hecho sino incrementar el número de hambrientos. Según las estimaciones más recientes proporcionadas por la FAO, a fines de 2008 había 943 millones de hambrientos en el mundo (FAO, 2008a). Estas cifras negativas se suman a la reciente revisión al alza que ha llevado a cabo el Banco Mundial sobre su cifra de pobreza extrema, la que arroja mil 400 millones de pobres extremos,4 la mayoría en inseguridad alimentaria. El derecho a la alimentación adecuada y el derecho de estar libre de hambre se recogieron desde un comienzo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. En 1999, el Comité de DESC adoptó la Observación General núm. 12, donde se interpretan con detalle sus obligaciones. Ya en el nuevo siglo, todos los estados miembros de la FAO adoptaron en 2004 las Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación. Estas contienen medidas y acciones necesarias de ser ejecutadas por los estados para conseguir hacer efectivo este derecho fundamental para todos los ciudadanos. A fines de 2008 ocurrió otro hecho trascendental en la lucha por la defensa de los DESC: se aprobó el Protocolo Facultativo del PIDESC, que permitirá elevar quejas por violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, ante un Comité Internacional de Naciones Unidas. Gracias a estos importantes avances legales se contribuye a consolidar la idea que el hambre y la desnutrición no son sólo una vergüenza moral y un desastre humanitario, sino que constituyen la violación de un derecho humano, asociado con el derecho a la vida. Hay, por tanto, unos sujetos de derecho, los ciudadanos, y unos garantes del derecho, los estados, que tienen obligaciones legales, políticas y financieras hacia los primeros.
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Anteriormente Oficial Técnico de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, www.rlc.fao.org/iniciativa. Santiago, Chile. Actualmente, Coordinador Regional de Acción contra el Hambre para Centroamérica. Managua. Email: hom-ca@acf-e.org. 2 Consultora del Derecho a la Alimentación, Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, Vera.Scholz@fao.org. 3 Reducir a la mitad el porcentaje de población subnutrida y el porcentaje de niños con desnutrición global. 4 Según la nueva línea de pobreza extrema, fijada ahora en 1,25 dólares diarios por persona, el Banco Mundial ha revisado sus estadísticas y ha “descubierto” 400 millones adicionales de pobres extremos, lo que implica que el mundo es más pobre de lo que se pensaba (Chen y Ravaillon, 2008).
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