Apuntes para la reflexión
Iglesias y Estado, una distinción indispensable para la convivencia social En el año 2014 y por iniciativa de Guido Manini Ríos, entonces director nacional de Sanidad Militar se crea una repartición dentro del ejército llamada Departamento de Asuntos Religiosos, que tiene como objeto “coordinar y regular las actividades religiosas en el ámbito de la Sanidad Militar, asegurando la asistencia espiritual a quienes así lo requieran”, según la resolución citada por el semanario Brecha.i Una iniciativa que desde el funcionariado del Estado transgrede la abstención que éste debe tener en asuntos religiosos e incluso, sin la atenuante que podría haber sido al menos considerar la diversidad religiosa de las personas que integran la institución estatal. Aunque de todas maneras la asistencia espiritual de las personas no le corresponde al Estado. El 23 de setiembre de 2015 con la presencia de los comandantes de las tres fuerzas militares, la primera dama Sra. María Auxiliadora, el Cardenal Daniel Sturla bendijo la capilla del Hospital Militar, cuya construcción había comenzado el año anterior siendo el director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas el Sr. Guido Manini Ríos. El hecho no solo ignoró la laicidad de la institución estatal, sino que además con el amueblamiento y bendición mencionada parcializó el local a la sola denominación católico-romana, como en el caso anterior.ii El 18 de mayo de 2016 conmemorando el aniversario del Ejército Nacional un grupo de oficiales de las fuerzas Armadas, encabezados por el entonces comandante del Ejército y la Fuerza Aérea, General Guido Manini Ríos y el General Alberto Zanelli respectivamente, participaron en una misa en la Iglesia Matriz, presidida por el arzobispo Daniel Sturla.iii Para la invitación dichas jerarquías militares habían utilizado sus sistemas institucionales de mensajería y concurrieron con sus respectivos uniformes de gala entregando al Cardenal Sturla un obsequio “en nombre del Ejército Nacional”, en clara transgresión al respeto y la abstención que las instituciones estatales deben tener en relación a cualquier credo o expresión religiosa. El lunes 17 de febrero de 2020 se realizó una misa de acción de gracias, en la iglesia de La Aguada donde se invitó a legisladores, funcionarios del Palacio y a todo el pueblo a celebrar la Eucaristía en el templo de la Aguada, dado que allí a fines de 1828 y comienzos de 1829 funcionó la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado Oriental del Uruguay.iv Concurrieron el Cardenal Daniel Sturla y entre muy pocos legisladores, el Sr. Guido Manini Ríos, pero ahora como nobel senador del Partido Político Cabildo Abierto.v Si bien dicho evento no debe considerarse contrario a la laicidad del Estado, sí es una señal – al decir del sociólogo Néstor Da Costa en la entrevista que sobre el tema brindara en radio Sarandívi, que repetida, según mi opinión, da lugar a una tendencia que supone una concepción y principios que sí son contrarios a ella y que según los tiempos y las oportunidades, en mayor o en menor medida, se manifiestan. Se trata de una relación muy especial de lo religioso con el Estado y viceversa, donde desde lo jerárquico, se establece una identificación entre ambos.vii Al estilo del cuius regio, eius religio, frase latina del siglo XVI que significaba que la confesión religiosa del príncipe (es decir, del superior y patriarca) se aplicaba a todos sus súbditos del territorio, en este caso ignorando la diversidad eclesiológica. Principio empleado en el Sacro Imperio Romano Germánico entre luteranos y católicos para terminar con los enfrentamientos, bastante antes de la Revolución Francesa y del surgimiento de las repúblicas y de la conformación de las democracias como hoy las conocemos. Nadie pone en tela de juicio que cualquier persona pueda profesar o no una religión o la que desee. Y más aún, que aunque ocupe un cargo en la cámara alta o la cámara baja, o sea presidente de la República u ocupe cargos públicos en cualquieras de las áreas del Estado y sus correspondientes dependencias, que por cierto son muchas, está plenamente aceptado que tiene todo el derecho de practicar su religión, su filosofía o su espiritualidad. Al menos siempre y cuando sepa distinguir los ámbitos donde se mueve y reconocer límites, no solo por respeto a un ordenamiento jurídico republicano que así lo establece, sino y sobre todo porque 1