¿HAY UN VERDADERO COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO?

A) ¿QUÉ HACEN LOS PAÍSES QUE TIENEN LOS MÁS BAJOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN?

México, con 29 puntos sobre 100, está catalogado como un país corrupto. Ocupamos el lugar 130 de 180 países de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción en 2019 de Transparencia Internacional.1

El combate a la corrupción ha sido la bandera del gobierno del Presidente López Obrador, quien repite todos los días que está empeñado en erradicar la corrupción de los altos niveles del gobierno, pues afirma que las escaleras se barren “de arriba para abajo”. Pero más allá del discurso político, conviene analizar qué se necesita en la práctica para que México sea menos corrupto. Ciertos países muy distintos en tamaño, historia, forma de gobierno, ubicación geográfica y cultura, se sitúan permanentemente en los primeros lugares en cuanto a bajos índices de corrupción. Entre ellos: Nueva Zelanda 87, Dinamarca 87, Finlandia 86, Suiza 85, Suecia 85, Singapur 85, Noruega 84, Holanda 82, Luxemburgo 80, Alemania 80, Islandia 78, Reino Unido 77, Canadá 77, Austria 77, Australia 77, Bélgica 75, Irlanda 74, Estonia 74, Japón 73 y Uruguay 71.

Holanda 9.0, Luxemburgo 8.8, Alemania 8.7, Reino Unido 8.5, Uruguay 8.4, Austria 8.3 y España 8.3.

México tampoco está bien posicionado en esta clasificación, con un puntaje de 6.1, pues ocupamos el lugar 73 de 167 países, lo que muestra que nuestra Democracia es aún débil.

Conviene analizar qué se necesita en la práctica para que México sea menos corrupto. Ciertos países muy distintos en tamaño, historia, forma de gobierno, ubicación geográfica y cultura, se sitúan permanentemente en los primeros lugares en cuanto a bajos índices de corrupción.

Vale la pena indicar que la solidez democrática se evalúa por medio de 5 categorías y 60 variables. Las 5 categorías son: a) proceso electoral y pluralidad-diversidad; b) libertades civiles; c) funcionamiento del gobierno (que, entre otros, incluye la transparencia, el acceso a la información y la obligación de la declaración de patrimonio e intereses de los servidores públicos); d) libertad e intensidad permitida de participación política sin riesgos; y e) cultura política de tolerancia a la divergencia y a las minorías.

Lo primero que destaca como elemento común es su correlación con valores democráticos. De acuerdo al índice de Solidez Democrática2 los primeros lugares corresponden a: Noruega 9.8, Islandia 9.6, Suecia 9.4, Nueva Zelanda 9.3, Finlandia 9.3, Irlanda 9.3, Dinamarca 9.2, Canadá 9.2, Australia 9.1, Suiza 9.0,

Es importante mencionar que por solidez democrática, también se entiende que no existen tentaciones o intentos autoritarios de quienes detentan el poder, o de abusar del mismo para controlar, limitar o entorpecer el trabajo y funciones de otros Poderes legítimos del país respectivo. De existir ese tipo de situaciones en un país determinado, su calificación de solidez democrática se vería severamente castigada.

En suma, significa que la prensa es libre y no es sistemáticamente atacada, amenazada o criticada al presentar o publicar divergencias de opinión con quienes detentan el Poder en turno. Asimismo, los ciudadanos pueden expresar libre y abiertamente sus ideas y preferencias políticas (sin represalias de ningún tipo). También significa que hay periódicamente elecciones libres y competidas que no están controladas por el Poder Ejecutivo (y/o ningún otro poder), donde la Justicia es eficiente, accesible, efectiva y totalmente autónoma, profesional, meritocrática e independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o cualquier otro poder fáctico.

Esto es, que los otros Poderes no tienen forma real, directa o indirecta, de influir en las decisiones del Poder Judicial o de otras instituciones importantes para la salud y bienestar democrático de un país.

Un segundo elemento, que llama mucho la atención, es que los países con menos corrupción y mayor solidez democrática impulsan de forma decidida las siguientes políticas públicas desde hace varias décadas:

• Educación de alta calidad gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta estudios universitarios.

• Cobertura Universal de Salud.

• Flexibilidad laboral en contrataciones y despidos.

• Impulso al desarrollo tecnológico e investigación científica.

• Sólido e independiente Instituto Fiscal y de Recaudación de Impuestos.

• Muy bajos índices delictivos.

• Libertad Económica, legislación antimonopolios y apertura comercial.

• Promoción de las exportaciones e impulso a la participación de las empresas nacionales en mercados internacionales.

• No discriminación entre sus habitantes.

• Servicios Civiles meritocráticos de carrera en las áreas importantes de Gobierno con estrictos y obligatorios códigos de conducta en los que se enfatizan valores como:

Libertad de Expresión, imparcialidad e independencia.

Actitud positiva para ofrecer servicios de alta calidad a la población y derechohabientes, con calidez y con agilidad, pues han entendido que su labor es esencial para mejorar las condiciones de la población y la cohesión social.

• Toma de Decisiones, no por la disposición autoritaria de una persona, sino por el consenso de grupos de trabajo, que se apoya en el análisis de información obtenida de forma científica y profesional.

• Obligación de delatar/denunciar actos de corrupción ante Organismos Independientes (protección de los denunciantes de los superiores jerárquicos y de los Poderes).

Altos estándares éticos de conducta de los Profesionistas de todas las carreras y de los Directivos y Accionistas del Sector Empresarial.

• Participación activa de la ciudadanía, de forma individual o colectiva (OSCs) en asuntos de interés público.

La consecuencia de estos dos elementos: sólida madurez democrática y políticas públicas que promueven la educación, salud, conocimiento, desarrollo tecnológico y apoyo a las empresas, ha permitido que los derechos sociales y niveles de ingresos de la población no sólo sean garantizados y elevados, sino también homogéneos, lo cual se mide con el indicador o índice de Gini (cero o cercano a cero significa que NO existen discrepancias severas y que el total de la población goza de un mínimo de ingresos o bienestar comunes). Existen diversos estudios de la ONU3 y el Banco Mundial4 entre 2000 y 2020

Cálculos realizados con esta información, ubican a México con un índice de GINI de 24.5, mientras que los países con menos corrupción y mayor madurez democrática presentan índices de GINI inferiores, lo que significa que existen menos discrepancias en los ingresos de la población en los siguientes países: Japón 4.5, Finlandia 5.6, Noruega 6.1, Suecia 6.2, Luxemburgo 6.8, Alemania 6.9, Austria

6.9, Dinamarca 8.1, Bélgica 8.2, Suiza 9.0, Holanda (Países Bajos) 9.2, Canadá 9.4, Irlanda 9.4, Estonia

10.8, Nueva Zelanda 12.4, Australia 12.5, Reino Unido 13.8.

Un caso muy interesante del que México podría aprender es Rumania. En 2005 Rumania, con una calificación de 30 sobre 100, ocupaba el lugar 85 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, y lo ubicaba 20 lugares por debajo de México que, con una calificación de 35, ocupaba el lugar 65. Han pasado 15 años y

3 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ income_equality

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Rumania con una calificación de 44 está en el lugar 70. Esto es, 60 lugares arriba de México.

Qué ha hecho Rumania diferente que le ha permitido ascender 80

lugares respecto de México

Rumania cuenta con dos Instituciones Autónomas dedicadas al combate a la corrupción: la ANI, Agencia Nacional de Integridad, que es responsable de recibir las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de todos los Servidores Públicos de Rumania; y el DGA, Directorado General Anticorrupción, que es una Fiscalía Anticorrupción autónoma de todos los poderes. En ambas Instituciones, todos los funcionarios y empleados (desde el más alto al más bajo nivel) son de carrera y electos por procedimientos 100% meritocráticos, en los que no intervienen las autoridades gubernamentales o políticas del país. La ANI y el DGA han logrado muchos y muy sonados éxitos en el combate a la corrupción, incluso han logrado procesar y enjuiciar a un Ex Primer Ministro. Tanto la ANI, como el DGA reciben denuncias de la población y protegen a los denunciantes. El DGA fue diseñado siguiendo los modelos organizacionales de las Fiscalías más prestigiadas y exitosas de Europa, como son las de Alemania, Italia y España.

B) ¿Por qué México continúa siendo un país con altos niveles de corrupción e impunidad?

México sigue siendo un país con muy altos niveles de corrupción e impunidad, porque si bien, por décadas fue intrínseco y concomitante a la política, ahora el tema se ha banalizado y se está utilizando como bandera para tomar ventaja sobre los adversarios políticos. Pero infortunadamente se queda en sólo eso: discurso que dista mucho de impulsar las acciones necesarias para combatir la corrupción e impunidad, no sólo en el corto, sino en el mediano y largo plazos.

Con muy pocas excepciones, el Presidente de la República, los Gobernadores,

Presidentes Municipales, etc. en el mejor de los casos aportan soluciones coyunturales y de corto plazo, que no corresponden a lo que se necesita para dejar un legado positivo en el combate a la corrupción estructural, pues eso implicaría autolimitarse y crear contrapesos a su influencia, como lo sería impulsar la independencia y profesionalización de los órganos de seguridad, de fiscalización y de administración, procuración e impartición de justicia.

La obsesión por cooptar y contar con lealtades personales, no han permitido que el país, a nivel federal, estatal o municipal, desarrolle y consolide instituciones independientes que verdaderamente lleven a cabo funciones profesionales e imparciales en el ámbito de la seguridad pública, el combate a la corrupción y la administración, procuración e impartición de justicia.

El Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, y sus respectivos Comités de Participación Ciudadana han sido, hasta ahora, un intento muy débil para crear los contrapesos referidos.

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Las instituciones integrantes de los Sistemas Estatales y el Sistema Nacional podrían poner en acción múltiples acciones de coordinación conjunta, pero simplemente no lo hacen, salvo limitadas y honrosas excepciones como en Coahuila, donde se llevó a cabo, a principios de 2019, el reto de los 100 días para hacer efectivo y agilizar el trabajo coordinado de las 7 instituciones integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

C) El estratégico papel del INEGI

Siendo un Organismo Constitucional Autónomo e Independiente de la actuación de los otros Poderes y niveles de Gobierno, el INEGI es la institución idónea, desde la perspectiva técnica, para evaluar de manera objetiva a las 256 instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción. La ciudadanía necesita conocer la actuación de dichas instituciones, y la forma y los criterios con los que fueron elegidos quienes encabezan las Secretarios de Contraloría o de la Función Pública, las Auditorías Superiores, Tribunales de Justicia Administrativa, Tribunales Superiores de Justicia, Órganos Garantes de Transparencia, Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Secretarios Técnicos, integrantes de Comisiones de Selección y de los Comités de Participación Ciudadana.

En materia de calidad de servicios públicos, y de medición de actos de corrupción que afectan cotidianamente a ciudadanos y empresas, el INEGI hace una muy importante aportación con su encuesta ENCIG (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental).

Esta encuesta, en su versión 2019, arroja resultados reveladores al compararla con la encuesta anterior de 2017. Por ejemplo, si bien la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo y pasó del 91.1% al 87%, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó, al pasar de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019. También se incrementó la incidencia de actos de corrupción al pasar de 25,541 actos de corrupción por 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.

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La ENCIG 2019 también muestra que sí es posible articular políticas públicas positivas que disminuyan significativamente los niveles de corrupción de las instituciones públicas o gobiernos estatales y municipales. Así lo revelan las diferencias entre las encuestas de 2017 y 2019, ya que los actos de corrupción se redujeron en Chihuahua y Tabasco 40%, en Zacatecas 38%, en Baja California Sur y Colima 35%, en Tamaulipas 32%, e Hidalgo 25%. Sin embargo, las diferencias en las encuestas de 2017 y 2019 muestran que los actos de corrupción aumentaron 80% en Guanajuato, 64% en Puebla, 58% en Durango, 42% en Oaxaca, 40% en Nayarit, 37% en Coahuila, 30% en el Estado de México y 25% en Veracruz.

D) La Ruta hacia adelante y lo que se puede hacer la sociedad civil

Si bien no hay una fórmula única para que los ciudadanos y la sociedad civil sean capaces de articular iniciativas exitosas que impulsen los valores democráticos y poner límites a los Poderes Ejecutivos Federal, Estatal y Municipales, y a los otros Poderes (Legislativo, Judicial) o Instituciones Autónomas que tienen también la obligación de rendir cuentas y actuar en apego a la ley, las circunstancias suelen presentar oportunidades de avanzar en determinadas agendas legislativas o de actuación de las instituciones y servidores públicos.

En México existe la oportunidad de avanzar con una obligación que ya tienen todos los organismos públicos del país a nivel Federal, Estatal y Municipal. Me refiero a la obligación de transparentar y publicar información relevante en la Plataforma Digital Nacional (PDN), como se establece en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y, en particular, existe la coyuntura, para que los medios de comunicación, los ciudadanos y las OSC levanten la voz para que todos los organismos gubernamentales suban a la PDN dos tipos de información: a) las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los servidores públicos del país; y b) las adquisiciones de bienes, servicios o de obra pública que están ejerciendo todos los Poderes y niveles de Gobierno en el país. En ellas, se debería privilegiar las licitaciones, como lo estipula el articulo 134 de nuestra Constitución. Lamentablemente las asignaciones directas y las simulaciones en las invitaciones de 3 participantes siguen siendo la regla a nivel Federal y en múltiples Estados de la República, lo cual es un retroceso muy lamentable.

Otra lucha que la sociedad civil tiene que seguir dando, y en la que ha habido éxitos, aunque también fracasos, es seguir insistiendo a que los Congresos en todo el país, hagan, sin excepción, nombramientos por medio de concursos públicos abiertos y transparentes, con perfiles que garanticen profesionalismo e imparcialidad, para que quienes ejerzan los cargos públicos de los Sistemas Anticorrupción Estatales y Federal, sean personas idóneas para los puestos, y no como ha sido infortunadamente la costumbre, de personas a modo, que son electas NO para hacer un trabajo profesional e imparcial, sino para proteger los intereses de los Altos Funcionares Federales, o de los Gobernadores, Congresistas o miembros de la clase política.

De particular importancia son los nombramientos de las Fiscalías Anticorrupción, creadas con la reforma constitucional de 2015, que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Muy pocos Estados han otorgado autonomía técnica y presupuestaria a sus Fiscalías Anticorrupción, solo: Campeche, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Y ningún Estado brinda protección al Titular de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que los Fiscales Anticorrupción del país podrían ser removidos por situaciones baladíes o pretextos de orden político.

Las Naciones más avanzadas en combate a la corrupción, en solidez democrática y políticas públicas que promueven la educación, salud, conocimiento, desarrollo tecnológico y apoyo a las empresas (en las que también existe mayor homogeneidad de ingresos entre sus habitantes), cuentan con Instituciones de Fiscalización, Seguridad, Combate a la Corrupción y de Administración, Procuración e Impartición de Justica, que gozan de servicios civiles de carrera meritocráticos, con plena autonomía e independencia de los otros Poderes. Pero esto sigue sin suceder en México.

@eduarlet6526

Es titulado en Derecho por la UNAM y cuenta con acreditaciones en Educación Financiera, Contabilidad Gubernamental y Auditoría Forense Empresarial.

Con experiencia profesional en el litigio privado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la dictaminación de tesis de la Primera Sala.

Actualmente se desempeña como Editor del Diccionario Jurídico (diccionariojuridico. org) y Director de Análisis Estratégico del Instituto Mexicano para la Evaluación de Disciplina Financiera (IMDFIN).

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