Coordinación del área de promoción y protección de derechos
Mateo Gianni
Asistente de Dirección General
Delmira Infante
Sara Cardoso
Programa de Comunicaciones para una Cultura de Derechos comunicacion@iinoea.org
ISSN: 2815-6536
Montevideo, Uruguay
Edición Junio 2025
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) es el Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos en materia de niñez y adolescencia. Como tal, asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. En este marco, el IIN destina especial atención a los requerimientos de los Estados Miembros del Sistema Interamericano y a las particularidades de los grupos regionales.
Los contenidos expresados en esta publicación son responsabilidad de cada autor. El IIN se complace en habilitar este espacio de intercambio y reflexión con la región
Niños, Niñas y Adolescentes: protección diferenciada con enfoque de derechos humanos ante el desplazamiento climático 13
Rosalía Ibarra Sarlat
Migración e impacto psicosocial en NNA 25
Francisca Gonzalez Concha y Manuela Sylleros
Niñez en Movimiento Impacto de los Vínculos Invisibles de Niñas, Niños y Adolescentes más allá de las Fronteras 39
Grecia Lizeth Moreno López
Cuando el Estado decide proteger. El caso del Régimen Especial para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Venezolanos en la República Argentina. 50
Alfredo López Rita
La persistente movilidad humana en el Paraguay contemporáneo, ¿qué rol y desafíos para la niñez y adolescencia? 60
Fabricio Vázquez
Nacionalidad, identidad y el derecho a pertenecer: la naturalización, un camino pendiente para niñas, niños y adolescentes en Uruguay 69
Julia Fonseca y Leticia Silvetti
Defensoría del pueblo de Bolivia: Acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana 86
Aldo Wilson Cortés Millán
Ruta Educativa:
Trabajando para reducir las barreras educativas que enfrentan los niños, las niñas y adolescentes y sus familias en movilidad a través de la ruta migratoria centroamericana 97
Sussana M. Urbano Hanson y Andrea Baertl Helguero
Proteger el movimiento de las infancias como derecho a la esperanza de un caballito de mar
Josué Díaz e Ivanna Hernán
109
Prólogo
El Boletín 19 nos llega habiendo transitado el primer cuarto del siglo XXI, es un hito con toda certeza este tiempo transcurrido, pensando más allá de la inmediatez y rescatando el sentido de los ciclos. Trayendo a la memoria las ideas e imágenes que nos han marcado en la infancia a las personas que somos ya adultas maduras, por decirlo así, entre los 50 y 60 años; acogimos en nuestras mentes la proyección de todo lo que se esperaba que la humanidad alcanzara al llegar el año 2000, el nuevo milenio cargaba muchas promesas y anhelos globales. Slogans como “Salud para todos en el año 2000”, “otro mundo es posible”, “hambre cero”, “que ser niño no sea un problema” son apenas algunos de los que expresaban las intenciones colectivas y de los estados congregados en los organismos multilaterales.
Con mirada optimista y crítica a la vez, vemos como las situaciones que atraviesan niños, niñas y adolescentes en nuestra región distan bastante del bienestar que se pretendía alcanzar para este tiempo. Temas que rebasan los marcos normativos que emanan de la CDN, como son: el impacto del cambio climático, la protección en el ámbito digital e internet, el crimen organizado en la captación de población adolescente e infantil, la intensidad y dinamismo de la movilidad humana, entre otros. Nos interpelan, activan la reflexión y propician el intercambio entre los actores que tienen a su cargo la responsabilidad de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia.
En esta edición, como iniciáramos en la anterior, abordamos uno de los temas que fue eje temático en el recientemente realizado XXIII Congreso Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes y el Cuarto Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes: la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana. Proponemos una serie de artículos que desde diferentes países y abordando diversas dimensiones que hacen a la complejidad del tema, puedan transmitir la importancia de incluir en la agenda de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a la población migrante y también a los agentes que desarrollan la política migratoria la atención diferenciada que ameritan niños, niñas y adolescentes. Es una doble invisibilidad -la condición infantil y el ser migrantes- que impacta al sujeto y constituye una brecha por superar, para integrarlos orgánicamente en las acciones institucionales.
Rosalía Ibarra desde México nos presenta la situación de la extrema vulnerabilidad de la infancia y adolescencia frente a los desplazamientos forzados provocados por el cambio climático, y la necesidad urgente de una protección jurídica diferenciada con enfoque en derechos humanos.
Desde Chile, Francisca González y Manuela Sylleros, nos plantean cómo la migración afecta a niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva psicosocial, destacando los impactos emocionales y psicológicos que enfrentan durante su desplazamiento.
Grecia Moreno, nos trae de la realidad hondureña, el análisis de la migración desde su país, Guatemala y El Salvador, destacando las causas estructurales que impulsan este fenómeno, los riesgos y peligros que enfrentan durante su trayecto, el impacto psicológico y emocional que sufren, así como los vínculos invisibles que establecen en su proceso migratorio. Además, se analiza la respuesta institucional y los desafíos en la protección de los niños y las niñas en tránsito.
Desde Argentina, Alfredo López reflexiona sobre la experiencia en política pública, que permitió la regularización de más de 3.900 niños venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular, otorgándoles acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la identidad. Una medida que se destacó por su enfoque en los derechos humanos y la protección de la niñez, priorizando el interés superior del niño sobre los requisitos migratorios convencionales.
Fabricio Vázquez desde Paraguay, aporta desde la mirada del desarrollo poblacional un análisis sobre el impacto de la movilidad humana en la niñez y adolescencia en su país, destacando cómo los desplazamientos internos y externos han sido históricamente estrategias de supervivencia frente a la pobreza.
Julia Fonseca y Leticia Silveti nos proponen desde Uruguay, el análisis de la distinción jurídica entre nacionalidad y ciudadanía legal, en su país y cómo esta diferenciación genera obstáculos para niñas, niños y adolescentes migrantes o nacidos fuera del país con vínculos uruguayos.
Aldo Cortés desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia, suma un actor institucional, que presente en la región a través de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano RINDHCA, nos muestra un recuento de acciones que propician las defensorías, para abordar en forma diferenciada la situación de niños, niñas y adolescentes; nos muestra la imperiosa necesidad de interactuar entre los diferentes subsistemas que atienden la vigencia de los DDHH.
Sussana Urbano y Andrea Baertl Helguero, desde Venezuela, con una mirada desde el acompañamiento del programa “Educación en la ruta migratoria” impulsada por Save The Children y en alianza con los ministerios de educación de los estados, nos comparte los logros, desafíos de una experiencia concreta de alianza entre actores estatales, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, poniendo en el centro el derecho a la educación en el trayecto migratorio.
Josué Díaz e Ivanna Herrán, desde España, pero a partir de experiencias de trabajo de la organización Ayuda en acción, en varios países de Latinoamérica, describen las conclusiones del estudio “Infancia en movilidad humana” realizado conjuntamente con el IIN-OEA y con apoyo de los estados de Colombia, Costa Rica y El Salvador. Nos proponen reflexionar sobre el derecho a la migración, a la movilidad en nuestra región, visibilizando la compleja realidad que deben enfrentar, como la separación familiar, los peligros del tránsito, la discriminación en destino y el impacto emocional del desarraigo.
Es un tema que suscita la atención de los garantes de derechos, requiere no sólo la articulación de esfuerzos y la optimización de recursos sino sobre todo el reconocimiento mutuo en la sensación compartida ante el nuevo escenario que se configuró a inicios del 2025. Cuando aprendimos las respuestas, nos han cambiado las preguntas, y particularmente las nuevas preguntas vienen acompañadas de la urgencia para las respuestas y desde rostros de niños y niñas cada vez más pequeños en contextos de alta vulnerabilidad.
Esperamos que desde los artículos compartidos se encuentren contenidos que resuenen con las personas que nos leen y aporten elementos para dialogar con las prácticas, los abordajes, proporcionen una puesta en valor de lo que se está pensando, sintiendo y haciendo con los niños, niñas y adolescentes para navegar las corrientes de la movilidad humana que viene desde los ancestros que poblaron inicialmente estos territorios, y requiere nuestro compromiso renovado con la población a la que servimos como profesionales e instituciones.
Directora General IIN-OEA
Mag. María Julia Garcete Yegros
Niños, Niñas y Adolescentes: protección diferenciada con enfoque de derechos humanos ante el desplazamiento climático
Por: Rosalía Ibarra Sarlat
Contexto en cifras
El cambio climático antropogénico conlleva múltiples impactos, siendo trascendente la movilidad forzada de poblaciones, interna o transfronteriza, como respuesta a la degradación ambiental provocada y/o exacerbada por las alteraciones climáticas (paulatinas o repentinas) en el entorno geográfico. En cuyo contexto, las serias repercusiones sociales y psicológicas que se generan a causa del desarraigo, la aculturación, la marginalización, la exclusión social, la discriminación y la desintegración familiar y social son especialmente agravadas en niños, niñas y adolescentes (NNA), sin embargo, a pesar de su extrema vulnerabilidad pasan por desapercibidos en las estadísticas con las que se cuentan, básicamente sobre movilidad interna por fenómenos meteorológicos extremos (IDMC, 2022, pp. 101 y 123; UNICEF, 2023, p. 19; UNICEF et al., 2023, p. 5), tales como inundaciones, tormentas (principalmente ciclones tropicales) y sequías, monitoreados como principales detonadores anuales de desplazamientos1 .
Al respecto, de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI), dichos fenómenos son una potente amenaza para la población infantil, pues tan solo a nivel mundial 1 de cada 6 NNA están expuestos a ciclones; 1 de cada 7 a inundaciones fluviales; 1 de cada 10 a inundaciones costeras; más de un tercio de la población infantil está expuesta a la escasez de los recursos hídricos disponibles ante el aumento de la frecuencia y gravedad de las sequías. Aunado a que casi la mitad de la población infantil mundial vive en países con un riesgo extremadamente alto, en cuanto a perturbaciones y tensiones climáticas y ambientales con un riesgo especialmente agravado para quienes viven en países con ingresos bajos (UNICEF, 2021, pp. 8 y 12; UNICEF, 2023). Cabe destacar que, en un esfuerzo para estimar el desplazamiento infantil vinculado a fenómenos meteorológicos extremos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Centro de Monitoreo
1 Véase Informes del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) y la Fundación Patrick J. McGoven realizaron un análisis estadístico y desagregado con datos globales existentes sobre desplazamiento interno entre 2016 y 2021, obteniendo como resultado que se produjeron 21,2 millones de desplazamientos infantiles por tormentas, 19,7 millones por inundaciones, y 1,3 millones por sequías (UNICEF et al., 2023).
Una realidad donde los NNA son los más expuestos al confluir, principalmente, tres vulnerabilidades: la estructural por su condición de infantes; la climática por el grado de exposición a los riesgos derivados; y la migratoria, ello debido a todos los peligros que supone cualquier desplazamiento poblacional independientemente de cuál sea su causa.
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y AGRAVADA
Estructuralmente, los NNA son considerados vulnerables debido a los siguientes factores (Ortega, 2023, pp. 31-34, 40, 48; González, 2009, p. 10; Mantilla et al., 2017, p.7):
• Minoría de edad2
• Condición física en desarrollo
• Dependientes por antonomasia
• Requieren la intervención de un tercero para el disfrute de sus derechos
• Condición de inferioridad y subordinación
• Relaciones sociales desiguales
• Invisibilidad social
• Incapacidad de decidir
• Menor experiencia
En cuanto a la vulnerabilidad climática de NNA, sin ánimo de ser exhaustivos, son identificados los siguientes riesgos:
• La salvaguarda de los derechos humanos de NNA está en riesgo por los efectos del cambio climático, con especial amenaza al derecho humano a la vida. Los NNA tienen hasta 14 veces más probabilidades de morir a causa
2 De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
de un huracán, un tifón, un ciclón o una inundación (Consejo de Derechos Humanos, 2023a, p. 6).
• Afectación desproporcionada a la salud y el bienestar de NNA. Los cuerpos en desarrollo son más sensibles (física y psicológicamente) a los efectos de la variabilidad climática (Naciones Unidas, Asamblea General, 2022a, pp. 13 y 14; UNICEF, 2021, pp. 7 y 9).
• La falta de acceso a servicios básicos debido a los efectos del cambio climático disminuye la resiliencia y la capacidad de adaptación de NNA (UNICEF, 2021, p. 11).
• Durante las crisis climáticas la violencia doméstica, la violencia de pareja, el abuso y la explotación sexual y el matrimonio forzado y precoz se incrementan, con especial afectación a las niñas (Naciones Unidas, Asamblea General, 2022a, p. 14).
• El futuro de los NNA está en riesgo al estar expuestos a un medio ambiente cada vez más degradado y a perturbaciones climáticas en aumento (UNICEF, 2024).3
Ahora bien, la intersección de la vulnerabilidad estructural y la climática se ven fuertemente agravadas cuando es detonada la movilidad poblacional, con especial afectación a NNA sobre todo para los no acompañados o separados de sus familias, pues durante el proceso y el trayecto de su desplazamiento son expuestos a diversos peligros y a la discriminación, lo cual ha sido ampliamente documentado, de manera generalizada en la migración, tanto transfronteriza como interna, cualquiera que sea su causa generadora4 .
En el caso concreto de los desplazados climáticos, el informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, titulado Ofrecer opciones jurídicas para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales debido al cambio climático; el Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, y el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno del IDMC de 2022 sobre NNA, ponen de manifiesto que todas las personas
3 Aunado a que, actualmente el futuro incierto y la falta de oportunidades han inducido, lamentablemente, a NNA al consumo y tráfico de drogas.
4 Partiendo del hecho de que “por su condición de extranjeros, los niños migrantes son construidos socialmente como sujetos subalternos situados en múltiples e interseccionadas posiciones de vulnerabilidad […] que abarcan: la condición migratoria irregular, que algunos viajen no acompañados o hayan sido separados de sus padres, el género, la preferencia sexual, la identidad de género, la etnia, la pobreza, a veces el desconocimiento del idioma o las costumbres de las sociedades de tránsito y acogida, la susceptibilidad de ser cooptados por el crimen organizado y sufrir abusos y violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado” o incluso por su propio núcleo familiar y/o comunitario. (Ortega, 2023, p. 48). Para más información véase Consejo de Derechos Humanos, 2023b.
están sujetas a que sean mermados y violentados sus derechos humanos, destacando que incluso pueden ser objeto de acoso y tortura a manos de bandas armadas, no obstante, concretamente NNA pueden estar expuestos a abusos, violencia, trata (laboral y sexual), explotación, matrimonio infantil, y otras formas de maltrato emocional, físico y sexual, donde especialmente las niñas desplazadas son las más vulnerables al verse incrementada la violencia de género, no obstante, los niños también corren un gran riesgo al ser objeto de reclutamiento por grupos armados y/o criminales. A su vez, las problemáticas económicas que enfrentan las familias ante un desplazamiento, obligan a NNA a realizar actividades denigrantes y peligrosas para obtener ingresos. También ha sido ampliamente documentado que NNA desplazados son sujetos a enfrentar mayores problemas sanitarios, de seguridad alimentaria y nutrición, así como, afectaciones inmediatas a sus derechos a la educación y a la vivienda (Consejo de Derechos Humanos, 2023a; Naciones Unidas, Asamblea General, 2022a; IDCM, 2022).
Por otro lado, el traslado y la reubicación no planificada en asentamientos informales con infraestructura precaria, sin seguridad, protección y privacidad, y sin acceso a servicios básicos, como el agua potable y saneamiento, aumentan los riesgos para NNA, con afectaciones a su salud, a su alimentación, a su bienestar, a su integridad física y emocional, y a su vida misma (Naciones Unidas, Asamblea General, 2022a, pp. 14 y 15; Naciones Unidas, Asamblea General, 2022b, pp. 8, 9 y 16). Además, es importante también tomar en cuenta la inmovilidad climática, la cual puede ser voluntaria cuando se decide quedarse a pasar de los riesgos, por factores culturales, tradicionales, económicos, geográficos, entre otros, donde en entornos familiares los adultos son quienes toman esa decisión, sin embargo, NNA son desproporcionadamente afectados; por otro lado, la involuntaria se presenta ante la incapacidad de moverse ante eventos meteorológicos cada vez más peligros, pero sobre todo por situaciones de pobreza y/o marginación, así como por desigualdades a razón de la edad, género, preferencia sexual, discapacidad, raza, etnia, etcétera, quedando personas, poblaciones y/o comunidades atrapadas, donde NNA resultan ser los más vulnerables.
PROTECCIÓN DIFERENCIADA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Ante el bosquejo de la intersección de vulnerabilidades a las que están cada vez más expuestos NNA, crece la insistencia en reforzar la protección diferenciada de este grupo poblacional con un enfoque de derechos humanos. En el caso concreto que nos ocupa, partimos del hecho de que, a nivel internacional, no contamos con un régimen jurídico específico e integral para la protección y reconocimiento de los desplazados climáticos, de ahí el rechazo a otorgar el estatus de refugiado a quien esté sufriendo las efectos del cambio climático, bajo el argumento
de que no hay fundamento legal, lo que solo puede estar sujeto a interpretación según sea el caso y el país de acogida en cuestión, sin embargo ante este panorama resulta medular la aplicación de la normativa en derechos humanos (Ibarra, 2021; Consejo de Derechos Humanos, 2023a), pues existen instrumentos vinculantes y no vinculantes que protegen a los NNA en cualquier contexto, los cuales incluso son el referente para fundamentar la normativa urgente y necesaria ante el desplazamiento climático. Es de señalar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) adoptada en 1989 es el instrumento guía para proteger los derechos humanos de todos los NNA en riesgo o en situación de desplazamiento, pues se basa en los principios de igualdad y no discriminación, sin importar su condición o estatus de refugiado. En este contexto, destacamos el interés superior del niño, estipulado en el artículo 3.1. de la CDN, pues es un derecho, un principio y una norma de procedimiento5 para salvaguardar los derechos de NNA, ya que todos los Estados parte deben hacerlo valer en la adopción e implementación de normativa, políticas públicas, y en sí en cualquier medida, acción o decisión que pueda afectar a NNA (extensible incluso a la unidad familiar)6
Por otro lado, es particularmente relevante, la obligación que tienen los Estados parte, derivada del artículo 6, de proteger el derecho a la vida y garantizar la supervivencia y el desarrollo de NNA. Derechos gravemente expuestos en la vulnerabilidad agravada ante el desplazamiento climático, y que debiera ser salvaguardado incluso sin tener reconocido un estatus conforme a la normativa internacional en materia de refugiados. A su vez, es de subrayar los derechos reconocidos en torno a la participación, información y acceso a la justica (artículo 9, 12, 13), los cuales son torales en todo proceso de traslado o permanencia, así como en el supuesto de solicitar el estatus mencionado, donde en cualquier decisión administrativa o judicial debe primar el interés superior de NNA.
En este punto, es trascendente el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitido el 7 de enero de 2020 respecto al caso Ioane Teitiota v. Nueva Zelanda7, en donde se afirma que, si bien se resolvió conforme al derecho aplicable el rechazo de la solicitud de asilo en caso de movilidad por causa climática, también se enfatiza que, los efectos del cambio climático en los estados más vulnerables pueden exponer a las personas a una violación de su derecho a la vida contemplado en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo que activaría la obligación de no devolución por parte de los
5 Vinculado con el principio pro homine reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ante interpretaciones jurídicas se deberá aplicar la que más favorezca al interés superior de NNA.
6 Para ahondar véase Ortega, 2017, pp. 24-28.
7 Se destaca que estuvieron involucrados infantes. Para ahondar en el análisis del caso véase Ibarra, 2021, pp. 147-159.
Estados receptores de migrantes por los impactos climáticos. Por lo que, en este sentido la obligación de no extraditar, deportar o transferir conforme al artículo del 6 del PIDCP puede ser más amplia que el alcance del principio de no devolución de acuerdo con el régimen jurídico internacional de los refugiados, lo que ampliaría el marco de protección para aquellos que no tienen el estatus de refugiado (Comité de Derechos Humanos, 2020). De modo que, el Comité observa que deben ser consideradas las violaciones de derechos humanos causadas por la crisis climática en el país de origen del migrante, al examinar casos de deportación. Los argumentos indudablemente conducen a la interpretación más amplia de los marcos jurídicos para la protección de los desplazados climáticos transfronterizos, y más aún en el caso de NNA, ya que, además, de acuerdo con la CDN, debe imperar el interés superior del niño, y ser tomada en cuenta la vulnerabilidad agravada a la que están expuestos, así como ser ampliamente escuchados e informados en estos procesos.
Al respecto, son importantes The Guiding Principles for Children on the Move in the Contexto of Climate Change, emitidos en 2022, ya que son derivados de los derechos humanos reconocidos internacionalmente a los NNA tanto en la CDN, como en otros instrumentos internacionales vinculantes, de modo que, delinean las directrices fundamentales que deben seguir los Gobiernos para garantizar que se respeten los derechos de NNA que estén en riesgo o en situación de desplazamiento climático interno o transfronterizo, siendo prioritario en todo momento el interés superior del NNA (principios 2 y 6), destacando la unificación familiar, la salvaguarda de los derechos consagrados en la CND (principios 1, 4, 5 y 7), así como el trato igualitario sin discriminación alguna independientemente del estatus migratorio (principio 8).
Aunado a lo anterior, la Observación general núm. 26 relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con particular atención al cambio climático, adoptada en agosto de 2023, pone énfasis en la protección basada en los derechos de NNA tanto de las presentes como de las futuras generaciones. En coherencia con los principios citados, señala la obligación que tienen los Estados de aplicar medidas que protejan los derechos de los NNA, sin discriminación alguna, ante los impactos del cambio climático, como sería en el caso del desplazamiento interno, lo que induciría a la adopción de normativa, política pública, proyectos, presupuestos, o cualquier otra medida para hacer frente a esta problemática con el enfoque diferenciado que requiere la protección de NNA. Asimismo se subraya la importancia de la cooperación internacional y la obligación de los Estados a adoptar todo tipo de medida para garantizar los derechos de NNA reconocidos en el CDN, lo cual bien hace referencia al desplazamiento transfronterizo, respecto a este último se manifiesta que, las autoridades competentes al decidir si se admite o no una solicitud de protección internacional, deben tomar en cuenta las consecuencias especialmente graves para los NNA ante la falta de alimentos o de servicios de salud. A su vez, se establece que, los Estados no deben expulsar a los niños y a sus familiares a ningún lugar
en el que corran un riesgo real de sufrir violaciones graves como consecuencia de los efectos adversos de la degradación ambiental, lo cual está muy alineado con el citado Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Por su parte, la reciente Resolución No. 2/24 sobre movilidad humana inducida por el cambio climático, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2024, determina que, ante las crisis climáticas:
los Estados están obligados a diseñar y aplicar políticas, leyes, prácticas, planes y programas integrales destinados a reducir el sufrimiento humano. Todas estas medidas deben respetar los principios de no regresividad e inderogabilidad de los derechos humanos de las personas o comunidades afectadas por los efectos adversos del cambio climático […] (CIDH, 2024, p. 11).
Lo anterior mediante la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, el enfoque diferenciado y perspectiva de justicia climática, englobando, por tanto, la atención a personas con especial vulnerabilidad, como es el caso de NNA. Concretamente, sobre este sector poblacional, señala que:
Los Estados […] al adoptar medidas en materia de movilidad climática deben respetar el interés superior de la niñez y su derecho a ser oído, junto con el derecho a gozar de un medio ambiente sano y a vivir en un planeta igual o en mejores condiciones que sus antepasados, facilitando su participación en la adopción de políticas de prevención, mitigación o adaptación tendientes a reducir las condiciones de vulnerabilidad que podría inducir su desplazamiento. Asimismo, ante la ocurrencia de su desplazamiento, los Estados deben procurar el acceso prioritario al derecho a la educación, a la vivienda, al agua y al saneamiento, como alojamiento acorde a su condición (CIDH, 2024, pp. 23 y 24).
Como se aprecia, hay un avance e interés en proteger a NNA en el contexto de movilidad humana por cambio climático con fundamento en la aplicación efectiva de la CDN, y con un enfoque diferenciado en atención a la vulnerabilidad agravada a la que están expuestos, pues constantemente son violentados sus derechos, aunado a que carecen del reconocimiento internacional de un estatus jurídico por causa climática, lo cual podríamos considerar una vulnerabilidad jurídica, que debería solventarse con la aplicación de las disposiciones en materia de derechos humanos y la instrumentación de principios y directrices no vinculantes, sin embargo, la leyes y políticas en materia migratorio, incluso en las de movilidad interna, al parecer no están alineados con los objetivos, naturaleza y fin de la normativa que regula y reconoce los derechos humanos de NNA, independientemente de la causa de su desplazamiento. Pues especialmente en la movilidad transfronteriza, influyen las narrativas antimigratorias basadas en la estigmatización del migrante percibido como
una amenaza a la seguridad nacional del Estado receptor, un discurso perverso para justificar la restricción a sus derechos humanos reconocidos (Ibarra, 2025, pp. 142148), lo cual lamentablemente trasciende a NNA, pues prima el trato como migrante sobre la protección integral de la niñez (Ortega, 2017, 79-86; Ortega, 2023, pp. 101, 102, 190-193), tendencia que difícilmente se vislumbra diferente ante la movilidad humana por causa climática, de ahí la importancia de reforzar jurídicamente la protección de los desplazados climáticos, con especial atención a quienes enfrentan una vulnerabilidad agravada como es el caso de NNA.
Entre varias opciones, está la adopción de un instrumento internacional vinculante ad hoc que integre de manera coherente las tres áreas involucradas --cambio climático, migración y derechos humanos-- en el que se les reconozca un estatus jurídicos que contemple los prerrogativas de las personas en riesgo o en situación de desplazamiento, basadas en los derechos humanos reconocidos, asumiendo que dicha normativa repercutirá en los ámbitos nacionales con sus respectivas disposiciones en torno al movimiento poblacional tanto internacional como interno. En este sentido, con el impulso del profesor Michel Prieur de la Universidad de Limoges (Francia) se ha propuesto un texto a modo de borrador de una posible Convención para la protección de personas desplazadas por razones ambientales y/o climáticas (Ibarra, 2021, pp. 131-147). Es de señalar que, en su quinta actualización, desarrollada en 2024, son contemplados los derechos de NNA conforme a la CDN. El borrador estará abierto a un proceso de consulta a entidades interesadas e involucradas, posteriormente será difundido para su incidencia política (URV, 2025). Un esfuerzo en el que nos hemos sumado expertos y expertas en pro de los más vulnerables, sobre todo tratándose de NNA, como lo hemos expuesto en estas breves líneas.
Referencias bibliográficas
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Autora Rosalía Ibarra Sarlat
México - ribarra@unam.mx
Doctora en Derecho Ambiental y Diplomada en Estudios Avanzados con el Reconocimiento de Suficiencia Investigadora por la Universidad de Alicante, España. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (WCEL) de la UICN en el período cuatrienal 2021-2025. Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Coordinadora del Diplomado y Seminario Permanente “Derecho del Cambio Climático y Gobernanza” en el IIJ de la UNAM. Investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona en la Universidad Rovira i Virgili, España (septiembre 2022 – marzo 2023). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Red Mexicana de Científicos por el Clima (REDCiC). Mentora y miembro del Comité Organizador del Climatón UNAM.
Migración e impacto psicosocial en NNA
Por: Francisca Gonzalez Concha y Manuela Sylleros
La migración infantil es un fenómeno social complejo y creciente en América Latina que requiere abordarse desde una perspectiva integral y multidimensional. Su incremento ha despertado preocupación en organismos internacionales y Estados nacionales, principalmente por la urgente necesidad de garantizar condiciones básicas como alimentación, vivienda, salud física y educación. Sin embargo, esta urgencia humanitaria muchas veces desplaza la atención sobre otros aspectos cruciales para el desarrollo integral de niños y niñas migrantes, especialmente aquellos relacionados con necesidades socioafectivas, tales como la salud mental y la estimulación temprana en contextos seguros y afectivamente enriquecedores.
A pesar del aumento de los flujos migratorios infantiles ya sean acompañados o no acompañados, la literatura sobre la relación entre migración y desarrollo infantil temprano o salud infantil sigue siendo limitada, particularmente debido a la falta de información suficientemente detallada sobre esta población específica (Daga, Bóo y Van der Werf, 2024). Esta situación plantea desafíos para lograr una caracterización completa y precisa del fenómeno migratorio en la infancia, especialmente en cuanto a las implicancias psicosociales a las que están expuestos estos niños y niñas. Dicha dificultad afecta la capacidad de formular políticas públicas orientadas efectivamente a su bienestar integral.
El presente texto busca aportar en esta dirección: primero, realizando una caracterización actualizada del fenómeno de la migración infantil en América Latina, destacando sus implicancias psicosociales con énfasis en las necesidades socioafectivas y de salud mental; y segundo, formulando sugerencias específicas para la elaboración de políticas públicas que aborden integralmente el desarrollo infantil temprano en contextos migratorios.
Antecedentes de migración de NNA
La migración internacional ha crecido notablemente en las últimas décadas. Para 2020, se registraban 281 millones de migrantes internacionales, representando el 3,6% de la población mundial, cifra que supera en 128 millones la de 1990 y triplica la de 1970 (OIM, 2022). De estos, cerca del 12% son niños, niñas y adolescentes, sumando aproximadamente 30 millones de niños/as que viven fuera de sus países de origen (Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC et al., 2020; UNICEF, 2018).
En Latinoamérica, el fenómeno migratorio está fuertemente impulsado por razones económicas, inestabilidad política y corrupción. Para el año 2020, los países con mayor número de emigrantes en la región eran México (11,19 millones), Venezuela (5,1 millones), Colombia (3,02 millones), Brasil (1,9 millones) y Haití (1,77 millones) (Statista Research Department, 2023).
En Latinoamérica, las estadísticas disponibles indican un crecimiento significativo en el número de niños y niñas migrantes durante las últimas décadas, especialmente en el grupo etario de 0 a 9 años, resaltando la importancia de profundizar el conocimiento sobre esta población específica (Naciones Unidas, 2020 en Daga, Bóo y van der Werf, 2024). En 2023, el número de migrantes y refugiados que transitaron por el Tapón del Darién y Panamá alcanzó un récord histórico con 520,085 migrantes, de los cuales 113,180 eran niños, niñas y adolescentes; representando el 22% del total, tres veces más que los que cruzaron en 2022 (UNICEF, 2024).
En Chile, actualmente viven alrededor de 1.625.074 migrantes. La mayoría proviene de Venezuela (32,8%), seguido por Perú (15,4%), Colombia (11,7%), Haití (11,4%), Bolivia (9,1%) y Argentina (4,9%) (Servicio Jesuita a Migrantes, 2022). Santiago concentra el mayor número de migrantes, seguida por Antofagasta y Valparaíso. Además, en 2022 se estimaron 107.223 personas extranjeras en situación irregular en Chile, lo que corresponde al 6,6% de la población extranjera total (SERMIG, 2024).
En cuanto a la niñez migrante específicamente en Chile, se estimaba que en 2021 había 210.521 niños y niñas migrantes, destacando el grupo de 10 a 14 años con 65.795 menores de edad (SERMIG, 2024). Además, se ha observado un aumento de niños y niñas ingresando por pasos fronterizos no habilitados, pasando de 6.114 en 2021 a 8.020 en 2022 (Puello, 2023).
Según el último estudio llevado adelante por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, en conjunto con Ayuda en Acción, en América Latina y el Caribe, los niños, niñas y adolescentes representan el 25% de la población migrante (Ayuda en Acción & IIN-OEA, 2025 p.6).
Impactos de la migración en niños y niñas
Como se ha señalado previamente, los procesos migratorios y de movilidad humana en América Latina presentan múltiples dimensiones que reflejan tanto sus causas estructurales como sus impactos en los sujetos involucrados. Este tipo de migraciones suelen estar motivadas por razones económicas, políticas o humanitarias, y en muchos casos constituyen decisiones tomadas bajo condiciones de alta presión y vulnerabilidad. En este contexto, niños, niñas y adolescentes no sólo quedan excluidos de los procesos de toma de decisiones, sino que también enfrentan consecuencias específicas que afectan su desarrollo y bienestar. Las complejidades del desplazamiento —así como los desafíos que implica la llegada a un país desconocido— suponen una serie de dificultades tanto para las familias migrantes como para los profesionales que en los países de origen tienen el deben de atenderlos por distintas razones. Desde una perspectiva ecológica del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987), el proceso migratorio implica una ruptura y reconfiguración de los entornos microsistémicos, mesosistémicos y exosistémicos que conforman la vida cotidiana de las niñeces. La llegada a un país desconocido, la adaptación a nuevas culturas y códigos sociales, junto con las preocupaciones de los adultos por satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, tienden a desplazar a un segundo plano las necesidades socioafectivas y de vinculación de los más jóvenes. Esto puede tener efectos significativos en su salud mental, desarrollo emocional y sentido de pertenencia.
Asimismo, desde un enfoque de derechos —tal como lo promueve la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)—, resulta fundamental reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, cuya voz, participación y bienestar deben ser considerados de manera prioritaria en todo proceso migratorio. En esta línea, Zuluaga (2002) plantea la importancia de comprender la infancia no solo como una etapa del desarrollo, sino como una construcción social que varía según los contextos y que requiere atención específica en situaciones de movilidad humana.
Es por ello que el presente artículo propone relevar algunos de los elementos clave que deben ser considerados para favorecer una incorporación comprensiva y respetuosa de los derechos de niños y niñas en contextos migratorios, promoviendo así su desarrollo integral en entornos protectores y culturalmente sensibles.
Duelo migratorio
En relación con los procesos de acompañamiento a niñas y niñas migrantes y sus familias, un elemento significativo a considerar para la intervención, es identificar las necesidades de atención a la salud mental y emocional, relevando la importancia que
tiene el abordaje del denominado “duelo migratorio”, comprendiendo este proceso como una trayectoria compleja que enfrenta la población migrante con relación a las pérdidas que surgen al momento de trasladarse de su país de origen a otro, y las dificultades asociadas a los impactos que conlleva -en términos emocionales y materiales- instalarse en un territorio nuevo y desconocido. De este modo, el duelo que experimenta la persona migrante refiere a extrañar distintos elementos tales como su país, personas significativas, redes, prácticas culturales, entre otros (Achotegui, 2012). Comprender este delicado proceso emocional es sumamente importante, sobre todo considerando que niños, niñas, adolescentes han sido invisibilizados al momento de abordar esta temática, y que, a su vez, están atravesando etapas de desarrollo social y cognitivo, aspectos que se pueden ver impactados de manera negativa si no se atienden estas consideraciones psicológicas y emocionales.
En este sentido, Achotegui (2009) señala distintas características sobre el duelo migratorio. Por una parte, plantea que es un “duelo parcial”, ya que aquello que se ha perdido (el territorio y todo lo que significa) no desaparece, sigue existiendo en un espacio tangible, a diferencia del duelo por el fallecimiento de una persona significativa, por ejemplo. El lugar de origen permanece existiendo, y, por tanto, la posibilidad de contactar con ese espacio o bien, de retornar. A su vez, es un “duelo recurrente”, este aspecto se relaciona con el anterior, ya que el proceso de “separación” no es lineal, se está en continuo proceso de elaboración respecto de dichas pérdidas, de modo que estas emociones se pueden “reavivar” producto de diversos estímulos que retraigan al sujeto migrante a su lugar de origen (comidas, llamadas telefónicas con sus familiares en el país de origen, música, etc.). Siguiendo esta línea, es también un “duelo múltiple”, ya que además de ser parcial y recurrente, implica la pérdida de diversos aspectos de la vida de una persona, tal como se ha señalado al inicio, las personas migrantes enfrentan la separación de sus familias y amistades; de su lengua; cultura en tanto costumbres, valores, creencias y/o religiones; tierra en cuanto a paisajes, clima, luminosidad, colores; estatus social entendido como papeles, trabajo, vivienda.
Todos estos elementos se encuentran presentes en las personas migrantes, en mayor o menor medida, y de manera más o menos consciente. El duelo migratorio es un duelo que acompaña a las personas a lo largo de su vida, es decir, se mantiene activo, y no necesariamente acaba con el retorno de las personas migrantes a su país de origen. A su vez, todos estos aspectos señalados, se cruzan con otros factores altamente relevantes que inciden en la elaboración del duelo migratorio: por una parte, los motivos por los que las personas han decidido migrar, en este sentido, hay personas que migran por razones de refugio político, otras por necesidad y sobrevivencia, y personas que emprenden migración para estudiar, entre muchos otros. Por otra parte, y ligado a este primer asunto, las condiciones del trayecto también se configuran como un factor determinante (personas que migran con
papeles resueltos, en avión, personas que migran realizando trayectos a pie, sin documentación, etc.), y finalmente, las condiciones del lugar de destino igualmente inciden en las posibilidades de estabilidad (Guzmán-Carrillo, González-Verduzco y Rivera Heredia, 2015). De este modo, las personas migrantes pueden experimentar emociones como, tristeza, miedo, enojo y/o alegría, irritabilidad y frustración. Debido a ello, es importante considerar que los procesos de movilidad humana se pueden desarrollar bajo condiciones de alta vulnerabilidad, por lo que es fundamental promover instancias que faciliten la inclusión, promuevan la protección y apoyen el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias y/o cuidadores legales.
Los procesos de duelo implican pérdida, pero también la reconstrucción de los mundos internos, y siguiendo la línea de estas experiencias diversas, entonces la intensidad del duelo migratorio se encontrará relacionada con los significados que cada niño/a y cuidador/a haya otorgado a dichas pérdidas, vale decir, que cada uno/a vive de manera distinta su proceso migratorio y, por tanto, el abordaje de su duelo deberá ser pertinente a esta experiencia. En relación a los procesos de duelo migratorio, es necesario también tener en consideración la dimensión del trauma que pueden implicar los procesos de movilidad humana, lo que dependerá, sin duda de los estresores que afecten este proceso.
Efectos del trayecto migratorio en niños niñas y adolescentes
El trayecto migratorio puede ser extremadamente adverso para los niños/as y adolescentes, impactando profundamente su desarrollo cognitivo, socioemocional y físico. La falta de estimulación adecuada durante el viaje, sumada al estrés constante generado por las condiciones precarias y peligros inherentes al trayecto, puede provocar problemas inmediatos como subdesarrollo del lenguaje, dificultades de aprendizaje, trastornos de memoria, conductas agresivas y trastornos del sueño. A largo plazo, estas experiencias pueden derivar en condiciones más graves, incluyendo trastornos por uso de sustancias, depresión e incluso conductas suicidas (Daga, Bóo y van der Werf, 2024; Park y Katsiaficas, 2019).
Durante el proceso migratorio, las familias enfrentan numerosos riesgos físicos y psicológicos relacionados directamente con las condiciones de desplazamiento, especialmente cuando el ingreso al país se realiza por pasos no habilitados. Los riesgos incluyen condiciones ambientales extremas como calor, frío, deshidratación, peligro de ahogamiento, entre otros. Además, las familias pueden ser víctimas de delitos graves, tales como robos, violencia sexual, explotación, asesinatos y trata de personas, situaciones que generan altos niveles de estrés y trauma psicológico (Carpio, 2019).
Estos eventos traumáticos afectan particularmente a niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, incrementándose aún más en individuos sin redes de apoyo sólidas. Otros factores agravantes incluyen barreras idiomáticas, carencia de alojamiento adecuado y escasez de recursos, así como la migración por razones políticas o humanitarias, que suelen estar acompañadas por niveles aún mayores de estrés acumulativo y trauma prolongado (Sendi, 2001).
Ante esta realidad, resulta fundamental abordar la problemática desde una perspectiva intersectorial e interdisciplinaria, que considere no solo la atención médica inmediata, prestación de servicios básicos, sino también el apoyo psicológico y socioemocional necesario durante y después del proceso migratorio (Martínez et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia de enfoques integrales que reconozcan el impacto del estrés y trauma sostenidos en el tiempo, enfatizando la necesidad de respuestas que consideren tanto las experiencias específicas del trayecto migratorio como las condiciones previas y posteriores al desplazamiento.
Desafíos en el país de destino
En el país de destino, los niños/as migrantes o hijos de padres migrantes enfrentan importantes dificultades para acceder a servicios esenciales como salud y educación, aun cuando la mayoría de los países permiten el acceso independiente del estatus migratorio (Marcus et al., 2023). No obstante, barreras como la falta de documentación, la escasez de vacantes escolares y la pobreza familiar limitan significativamente este acceso (OIM, 2020).
Las brechas en acceso a educación inicial y servicios de cuidado afectan negativamente la escolaridad futura y el potencial económico de estos niños/as. En países como Chile, Colombia y Ecuador, la asistencia y cobertura en estos servicios son considerablemente menores para los migrantes que para los nativos (Banco Mundial, 2020; IDB, 2024). Esta falta de servicios de cuidado obliga a muchos niños/as a acompañar a sus cuidadores en trabajos informales en las calles (acompañamiento laboral), privándolos de espacios educativos y recreativos esenciales para su desarrollo (Vargas & Ortiz, 2020; UNICEF, 2024). En un proyecto piloto realizado en la comuna de Santiago en Chile, se observó que la mayoría de los cuidadores/as encuestados (89%) realizaban actividades de comercio ambulante y el 90% afirmaba que sus hijos pasaban el día en la calle (UNICEF, 2024). Esta situación se enmarca en la categoría de “calle sin pernoctación,” definida por el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia (MIDESOF, 2018), que refiere a familias que sobreviven en circuitos callejeros sin necesariamente dormir en la calle, enfrentando graves riesgos. Este fenómeno se relaciona directamente con el aumento de población en movilidad humana, ya que estas familias migrantes encuentran múltiples barreras
para acceder a trabajos formales o prestaciones estatales y no cuentan con redes de apoyo efectivas. Para muchas familias migrantes, especialmente mujeres cuidadoras, la combinación del trabajo informal con el cuidado de sus hijos constituye una respuesta a la falta de redes de apoyo y la imposibilidad de costear servicios privados de cuidado infantil (Llanos & Bravo, 2020; Rojas, 2023). Esto se ve respaldado por los datos del estudio en la comuna de Santiago1 ya mencionado, donde el 90% de las personas cuidadoras con niños en situación de calle eran mujeres, y el 85% correspondía a personas extranjeras. De igual forma, según la CASEN (2017), solo el 44,8% de los hogares con niños extranjeros recibían ayuda para cuidados infantiles, comparado con el 60,6% de hogares con niños nacidos en Chile.
Cabe mencionar que es fundamental comprender que estas problemáticas se encuentran moldeadas por los contextos y estructuras sociales, económicas y políticas, en las que se sitúan las familias migrantes, por lo que en ningún caso estas dificultades deben tomarse como condiciones inherentes de quienes migran. Vale decir, que no es una condición de las personas migrantes, sino más bien una condición posible de desarrollarse debido a la exposición de todos aquellos factores de vulnerabilidad y alto estrés mencionados.
Estas barreras enfatizan la necesidad urgente de políticas públicas que no solo garanticen el acceso universal a servicios básicos y de cuidado infantil, sino que también promuevan ambientes seguros y estimulantes que aseguren un desarrollo integral, pleno y saludable para los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Darle escucha a la experiencia de la niñez migrante
Por otra parte, la experiencia de los niños, niñas y adolescentes que migran o que se separan de sus familias, también ha sido evidenciada como doblemente vulnerable, por el hecho de ser niño/a y migrante, contando con altos niveles de riesgo de ser vulnerados/as en sus derechos y con afectaciones en su salud física y mental, y sus condiciones materiales (Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC et al., 2020; Orrego & Martínez, 2016).
Por lo anterior, es que se hace relevante y necesario modificar la mirada adultocéntrica de la migración (Pávez-Soto, 2012), y profundizar no solo en la magnitud del fenómeno, sino también, en cuáles son las historias, motivaciones, experiencias, sentimientos, desafíos, vulneraciones, y formas de migrar de niñas, niños y adolescentes migrantes. Esto pues, al construir una mirada de los niños/as como sujetos dependientes,
1 UNICEF & CJS UC (2025). Identificación y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de calle a través de las oficinas locales de la niñez.
pasivos, o cargas del proceso migratorio de adultos, se ignora profundamente su voz y/o rol en dicho proceso, construyendo un imaginario de niñez de la cual se asume que las o los niños no migran (White et al., 2011; Whitehead et al., 2005). Al respecto, es de vital importancia comprender que, así como no existe una experiencia única de ser niña, niño y adolescente (la niñez y adolescencia no son experiencias homogéneas), tampoco existe una experiencia única en cuanto a los procesos migratorios de niños/as, de modo que es relevante comprender cada experiencia de niños, niñas y adolescentes de manera situada en su propio proceso migratorio.
En ese sentido la etapa del desarrollo en la que se encuentra una persona que migra se hace determinante en los efectos emocionales que tiene la movilidad. Por ejemplo, en la adolescencia, etapa que implica una crisis identitaria en la que se busca la definición de sí mismos, de identidades y de sentido, vivir los cambios culturales que vive una persona migrante, complejiza de manera importante este proceso de definición (Moro y Golse, 2019). Se ven enfrentados a construir un sentido de quienes son en el nuevo contexto, así como deben situar y representar su contexto previo como parte de su trayectoria de vida. Estas demandas de elaboración psíquica deben ser considerada en el acompañamiento a adolescentes, otorgando espacios de reflexión, de encuentro con pares y actividades que les permitan asimilar sus trayectorias y darles sentido.
Por otro lado, en el caso de niños/as y adolescentes, la decisión de vivir en otro país suele ser tomada por sus cuidadores. Lo que conlleva a que la experiencia de movilidad se viva con mucha confusión e incertidumbre que se acentúa al llegar a un contexto nuevo, con personas desconocidas y códigos nuevos (Mera, Martínez de Taboada y Costalat-Founeau, 2014; Tijoux, 2013).
Los ámbitos señalados, implican una abstracta y dificultosa elaboración para los niños y niñas migrantes en términos psicológicos y emocionales, de modo que al hablar de los impactos que todo ello conlleva para ellos/as, es relevante prestar especial atención a las afectaciones que estos procesos pueden tener en el desarrollo de sus vidas a nivel psicosocial. En este sentido, es de suma importancia que los niños y niñas puedan expresar sus sentimientos, y que aprendan a hablar de ellos para que esas emociones fluyan y no se escondan o queden bloqueadas, lo cual les ayudará a sufrir menos estrés y a construir y mantener relaciones sanas (Cotrufo y Ureña, 2018). Al identificar sus emociones, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a los retos y desafíos de manera positiva y no están siempre a la defensiva, lo que puede ayudarles a desarrollar conductas adaptativas a nuevas condiciones (Potter, 2016). Para ello, es necesario implementar estrategias de reflexión desde un enfoque intercultural, favoreciendo los procesos de participación, aprendizaje y sentido de pertenencia de los/as niños y niñas en contextos de movilidad humana. Por tanto, es
necesario implementar iniciativas de acogida integral, acompañamiento, contención y generar espacios seguros y de confianza.
Cabe destacar, que, para el abordaje de este fenómeno, es relevante consensuar con los niños, niñas, adolescentes y sus familias la visualización e identificación de estas problemáticas relacionadas con la salud mental y emocional. Incorporar a las figuras significativas es un elemento clave, ya que son estas quiénes representan el espacio de cuidado, afecto y contención de niños/as y adolescentes. En este sentido, es importante considerar que aquellas adultas/os posiblemente también se encuentren atravesando su propio duelo migratorio, de modo que es imprescindible fortalecer estas redes familiares para transitar el proceso de acompañamiento al duelo migratorio de niños y niñas.
Desafíos a los cuidados de niños y niñas en contexto de movilidad humana
Considerando todos los efectos mencionados, se requiere:
• Diseñar e implementar políticas con marcos de atención integral que consideren aspectos que van más allá de las atenciones más básicas (como alimentación o salud física) e incluyan el bienestar emocional, cognitivo, cultural y social de la población migrante.
• Desarrollar programas de apoyo familiar que fortalezcan los vínculos afectivos y las competencias parentales en contextos de migración.
• Promover talleres interculturales para cuidadores que ayuden a comprender el impacto del proceso migratorio en sus hijos/as y a manejar adecuadamente el estrés y los duelos migratorios.
• Crear servicios de salud mental accesibles y culturalmente sensibles, tanto para niños/as migrantes como para sus cuidadores.
• Capacitar a profesionales en psicología transcultural e intervención en crisis migratorias, incluyendo enfoques terapéuticos que consideren el contexto cultural y el idioma.
• Invertir en programas de estimulación temprana y educación emocional adaptados a la realidad migrante.
• Fomentar espacios de juego, creatividad y expresión que promuevan el aprendizaje de la lengua y el intercambio de nuevos códigos culturales en un entorno seguro.
• Fortalecer la formación docente en educación intercultural y herramientas para abordar la diversidad lingüística en el aula.
• Asegurar el acceso equitativo a la educación con materiales didácticos multilingües y acompañamiento psicoeducativo.
• Simplificar y agilizar los trámites de acceso a servicios sociales, educativos y de salud para familias migrantes.
• Establecer mecanismos de traducción e interpretación comunitaria, además de formación de mediadores interculturales.
• Luchar contra la discriminación estructural a través de campañas públicas de sensibilización y educación ciudadana.
• Promover espacios comunitarios de encuentro, contención y apoyo mutuo para familias migrantes.
• Implementar protocolos de prevención y atención de violencia o abuso, considerando la vulnerabilidad específica del niño/a migrante.
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Autora Francisca Gonzalez Concha
Chile
Es socióloga y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee diplomados en investigación cualitativa para estudios sociales y en políticas sociales, desarrollo y pobreza. Sus principales áreas de trabajo se centran en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el desarrollo de sistemas de protección integral y especializada para la infancia y adolescencia, la prevención de la violencia infantil, la intervención con adolescentes en conflicto con la ley y la erradicación del trabajo infantil.
Ha liderado diversos estudios para organismos como UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y distintas instituciones del Gobierno de Chile, entre ellas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Actualmente, coordina el área de estudios en infancia y adolescencia del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Autora Manuela Sylleros
Chile
Manuela Sylleros es psicóloga y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con formación en psicoanálisis y género (APBA). Investigadora especializada en criminología, infancia, género, psicología social y migración. Cuenta con experiencia clínica en ámbitos públicos y privados, y es fundadora y directora de la Fundación de Salud Mental Grupo Giros. Actualmente es investigadora en el Centro de Justicia y Sociedad UC. Ha trabajado como psicóloga comunitaria en COSAM Pudahuel y como psicóloga clínica en el programa de género del Centro de Salud Mental UC Christus. Ha participado en diversos proyectos de investigación con instituciones como UNICEF, COES y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abordando temáticas como la infancia en situación de calle, polivictimización, movimientos sociales y trayectorias de mujeres privadas de libertad.
Niñez en Movimiento
Impacto de los Vínculos Invisibles de Niñas, Niños y Adolescentes más allá de las Fronteras
Por: Grecia Lizeth Moreno López
Resumen: El artículo hace énfasis en los riesgos y el duelo que enfrentan los niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el momento en que abandonan su país de origen. Durante este proceso, permanecen largas horas escondidos, expuestos a las inclemencias del clima, como el sol o la lluvia, y viven con el temor constante de que algo les ocurra mientras intentan descansar. Además, carecen de una buena alimentación y corren el riesgo de contraer enfermedades diversas. Asimismo, se destaca la importancia de los “vínculos invisibles” que se convierten en un soporte emocional durante su estadía en los centros de paso. También, se subraya la necesidad de fortalecer los servicios de instituciones estatales y OSC en Honduras, Guatemala y El Salvador, para aliviar el duelo y desarraigo en el trayecto migratorio.
La movilidad humana es una característica natural del ser humano, quien a lo largo de la historia ha buscado sobrevivir desplazándose. En la antigüedad, los cambios climáticos eran la principal causa de migración, pero hoy en día se suman problemas como la pobreza, la violencia y las crisis políticas. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las NNA migran debido a guerras civiles, la separación familiar, la inseguridad y el cambio climático, enfrentando afectaciones psicológicas y emocionales graves que incluyen duelo, estrés traumático, ansiedad, depresión y pérdida de autoestima. Para sobrevivir lejos de su entorno familiar, comunitario y cultural durante el trayecto, forman vínculos invisibles en centros de paso temporales. Estas conexiones emocionales profundas, aunque no siempre son visibles, tienen un impacto crucial en sus vidas. Sin embargo, las instituciones estatales y las OSC en Honduras, El Salvador y Guatemala muestran debilidades en el acceso a derechos, justicia y servicios públicos, lo que agrava su vulnerabilidad en la ruta migratoria.
Contexto y causas de la movilidad humana en Honduras, Guatemala y El Salvador
La movilidad es un fenómeno inherente a la naturaleza humana, ya que, a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado sobrevivir desplazándose de un lugar a otro. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). En la antigüedad, los factores climáticos desempeñaban un papel predominante en este proceso. Sin embargo, en la actualidad, se han sumado diversos problemas adicionales que impulsan estos movimientos, como la violencia, la pobreza, las crisis políticas y el cambio climático. (Naturaleza Misteriosa)
El triángulo norte de Centroamérica, está compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador, estos países comparten desafíos históricos y contemporáneos en términos de desarrollo, gobernabilidad y seguridad, lo que ha generado altos niveles de migración, principalmente hacia Estados Unidos y otros países.
El común denominador de estos países es que enfrentan problemas estructurales vinculados con la pobreza extrema, la violencia e inseguridad y la asequibilidad a servicios básicos debido al cambio climático. Según CEJIL, 2020, estos desafíos sistémicos tienen un impacto directo en la caracterización de los flujos migratorios en estos países. En el Informe realizado por la Red Regional de Protección en 2024, indican un aumento de personas que migran de Honduras, Guatemala y El Salvador por México hacia Estados Unidos en los últimos cinco años, en el informe resaltan el incremento de desplazados a causa de la violencia agudizada en estos tres países. (Red Regional de Protección, 2024).
Históricamente Honduras, Guatemala y El Salvador eran considerados países de origen, Hoy, también son de tránsito de personas que salen de países del sur del continente e incluso de otros continentes. Los tres países son ejecutores de políticas de externalización de fronteras promovidas o impuestas por Estados Unidos y México, por lo que implementan prácticas de contención y, en general son omisos de las necesidades de protección internacional. (Red Regional de Protección, 2024).
Causas estructurales que impulsan la migración de niñas, niños y adolescentes en Honduras, Guatemala y El Salvador.
La migración de NNA en los tres países en mención, es impulsada por una combinación de factores históricos, sociales y ambientales. Los conflictos armados y la violencia generada por grupos criminales crean un ambiente inseguro que obliga a las familias a buscar seguridad. Por otro lado, la separación familiar y los intentos de reunificación también juegan un papel importante. Además, la explotación de
tierras, el cambio climático, la violencia familiar y los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 agravan la situación, aumentando la vulnerabilidad y la necesidad de emigrar en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. (Red por los Derechos de la Infancia en México, 2023).
En el Informe de Movilidad Humana en Niñas, Niños y Adolescentes en Centroamérica 2023, se identifican las principales causas que motivan la migración de NNA en Honduras, Guatemala y El Salvador, las causas se agrupan siguiente manera:
Fuente: Información recopilada del Informe de Movilidad en Niñas, Niños y Adolescentes en Centroamérica, 2023
Peligros y riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en movilidad
En el informe de la Red Regional de Protección, 2024, se evidencian los numerosos riesgos que enfrentan las personas en movilidad y sus acompañantes, destacando que, en la mayoría de los casos, los grupos están compuestos por familias acompañadas de sus hijas e hijos.
Una investigación reciente desarrollada por (Mixed Migration Centre MMC, 2024), indica que el trayecto migratorio hacia América del Norte, es una experiencia sumamente peligrosa para refugiados y migrantes, particularmente para aquellos con factores de vulnerabilidad como la falta de recursos económicos indispensables para cubrir sus necesidades básicas. En el estudio también se enfatiza el peligro constante al que están expuestos los NNA durante su trayecto migratorio.
Entre los principales peligros y riesgos que enfrentan los NNA en la ruta migratoria se encuentran lesiones físicas y enfermedades, que son las amenazas más comunes. Además, enfrentan otros peligros críticos como la muerte, el secuestro y el robo.
Persisten también riesgos adicionales, como la violencia física y sexual, la trata de personas, el asalto, la detención y la extorsión durante el trayecto. (Xiomara Orellana, 2024).
Mediante acuerdos diplomáticos y la cooperación entre las instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que conforman la Red Regional de Protección de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, se ha facilitado el intercambio de testimonios y vivencias de NNA provenientes de los países del Triángulo Norte, así como de Nicaragua, Colombia, Venezuela y Panamá. En su paso por estos países, los NNA adquieren enfermedades y, en algunos casos, deben permanecer por un tiempo determinado en el país en tránsito. Otros enfrentan miedos como la exposición a dormir a la intemperie, el riesgo de ser asaltados, extorsionados y engañados. Trágicamente, algunos pierden a sus familiares cercanos, como en el caso de Felipe.
Mientras realizaba un dibujo Felipe nos cuenta “Durante el viaje, aguantamos hambre, sed, estuvimos largos ratos en el bosque. Cuando llegamos a Honduras, mi mamá enfermó gravemente y no pudo continuar. Perdí a la persona más importante en mi vida mientras intentábamos llegar a Estados Unidos, junto con ella y mi hermanita. Ya llevamos dos años en Casa Alianza, que nos ha brindado un lugar seguro para dormir, alimentación, además participamos en actividades deportivas y educativas, mientras esperamos el papeleo para el regreso a nuestro país de origen.”
Impacto Psicológico y Emocional en las niñas, niños y adolescentes en Movilidad
A lo largo de la historia, se ha documentado ampliamente acerca del desplazamiento y la movilidad de las personas de un lugar a otro. Sin embargo, se presta poca o ninguna atención al duelo emocional que este proceso genera, especialmente en la etapa de la niñez y la adolescencia, una etapa crucial para su crecimiento y desarrollo.
La migración no solo trasciende fronteras, sino que también tienen un impacto social, emocional y físico en los NNA que se desplazan de un lugar a otro. Al abandonar su país de origen, enfrentan la ruptura de importantes vínculos, como los lazos familiares, las amistades y las conexiones culturales que forman parte de su identidad, lo que puede generar un profundo sentimiento de pérdida y desarraigo de su entorno físico, cultural e incluso de los sabores característicos de su hogar.
Felipe nos continúa diciendo, “mi comida favorita son las pupusas, porque tienen un sabor parecido a las arepas”
La ruta migratoria, además de provocar una profunda incertidumbre, también implica un estrés prolongado y genera traumas significativos. Esto se debe a la constante exposición física y emocional a la que son sometidos, enfrentando situaciones como el cruce de ríos, saltando bardas o viajar en lanchas inestables, atravesar lodazales o permanecer escondidos en lugares reducidos por largos periodos de tiempo. Estas experiencias no solo afectan su bienestar físico, sino que también dejan una huella emocional duradera.
Alicia Fuentes Rebolledo, 2023, expresa que los NNA expuestos a los peligros y riesgos asociados con la movilidad enfrentan diversas consecuencias que impactan directamente en su desarrollo cerebral, como la reducción en un 12% del crecimiento de la amígdala, una estructura clave para la regulación de las emociones. Por otro lado, los altos niveles de cortisol generados por el estrés crónico también contribuyen al desarrollo de conductas externalizantes, tales como trastornos de conducta y agresividad. También destaca, que los NNA separados de sus figuras parentales, así como aquellos que permanecen fuera de sus países de origen, suelen manifestar dificultades para la revinculación familiar, especialmente cuando el periodo de separación ha sido prolongado. Finalmente, los trastornos adaptativos son frecuentes, lo cual complica su capacidad de reintegrarse de manera efectiva a un entorno estable y seguro.
A partir de entrevistas realizadas a diversos profesionales de la psicología en Centros de Paso de Honduras, Guatemala y El Salvador, se identificaron cuatro factores claves que afectan de manera significativa la salud mental de los NNA en movilidad.
• Duelo por el Desarraigo “Al verse obligados a abandonar su hogar, los NNA atraviesan un proceso de duelo que incluye la pérdida de sus amigos, costumbres, tradiciones culturales e incluso de una rutina diaria que les brindaba estabilidad. Este desarraigo impacta su sentido de pertenencia y puede generar un sentimiento de desconexión con sus nuevos entornos.”1
• Estrés Traumático “Cuando los NNA llegan a los centros de paso, manifiestan situaciones de alto estrés, esto debido a la incertidumbre y el peligro constante al que se exponen, otro aspecto que contribuye es la separación de su familia en la ruta migratoria. También se ha identificado que crean memorias traumáticas que aun cuando regresan a su país de origen no logran superarlas.”2
• Cuadros de ansiedad y depresión “Presenciar actos de violencia, experimentar abuso o sufrir pérdidas personales, desencadena estrés postraumático, lo que a menudo lleva a síntomas como insomnio, pesadillas, retraimiento social y
1 Este fragmento es relatado por profesionales de la psicología de las OSC, en Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
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miedo constante. Estos síntomas no se resuelven solo con terapias, sino que requieren el uso de psicofármacos. La afectación psicológica es tan profunda que se necesita un tratamiento psiquiátrico para regular sus emociones.”3
• Pérdida de la autoestima “El trato deshumanizante que muchas veces reciben en los centros de detención puede erosionar significativamente la confianza de los NNA en los adultos y las instituciones. Además, estas experiencias pueden afectar su autoestima al hacerlos sentir insignificantes o desprotegidos.”4
Los vínculos invisibles de las niñas, niños y adolescentes en movilidad
El término “vínculo” se refiere a una estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto, y su mutua interrelación, acompañada de procesos de comunicación y aprendizaje (Jaroslavsky y Morosini, 2012). Esta noción está profundamente relacionada con el intercambio de ideas, emociones e información, desempeñando un papel esencial en la capacidad de los NNA para adaptarse a nuevas experiencias. En el contexto de la movilidad, estos procesos se entrelazan con las dinámicas que los NNA enfrentan, facilitando su conexión con nuevos entornos y promoviendo su desarrollo emocional y social.
Para muchas niñas, niños y adolescentes, los vínculos invisibles pueden manifestarse como relaciones temporales que les ayudan a enfrentar situaciones adversas, como la separación familiar o la adaptación a nuevos entornos. Los vínculos invisibles también pueden representar para ellos, esas conexiones emocionales profundas que, aunque pueden pasar desapercibidas o no ser tangibles, ejercen un impacto crucial en sus vidas. Estas relaciones adquieren especial relevancia en contextos de vulnerabilidad, donde se convierten en un soporte emocional indispensable frente a los desafíos que enfrentan.
Felipe nos cuenta: “Casa Alianza ha sido un refugio para mi hermana y para mí, desde que mi mamá no está, han cuidado de mi hermana y de mí, aquí hemos encontrado amigos y personas que cuando nos vayamos llevaré en mi corazón.”
La ruptura de los vínculos familiares en la ruta migratoria genera sentimientos de pérdida y duelo en los NNA. Sin embargo, en medio del dolor y la incertidumbre, surgen espacios de refugio temporales como Casa Alianza de Honduras, que ofrecen no solo un techo y seguridad, sino también la oportunidad de crear nuevos lazos afectivos. Para muchos NNA, estos centros de paso se convierten en un hogar
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temporal donde encuentran apoyo emocional y social.
La historia de Felipe y su hermana es un testimonio de resiliencia que, a pesar de la ausencia de su madre, han logrado construir relaciones significativas que les llena de esperanza. Estos vínculos temporales, aunque efímeros, dejan una huella imborrable en sus corazones.
Respuesta institucional y desafíos en la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad
En el artículo se destacan factores de riesgo, el impacto emocional y las repercusiones futuras de los NNA. Por ello, es crucial asegurar un entorno seguro y afectuoso que mitigue las afectaciones emocionales, fortaleciendo la capacidad institucional para garantizar su seguridad y protección durante el tránsito.
A continuación, se presentan las debilidades institucionales y los desafíos que enfrentan los NNA mientras permanecen en tránsito en estos países.
Conclusiones
• La movilidad humana, antes impulsada por factores climáticos, ahora responde a problemas como la violencia, pobreza, crisis políticas y cambio climático. En Honduras, Guatemala y El Salvador, la migración de NNA se debe a factores históricos, sociales y ambientales que incrementan su vulnerabilidad, como la separación familiar, explotación de tierras y los efectos del COVID-19, llevándolos a buscar mejores condiciones de vida. Desde el inicio de la ruta migratoria, los NNA enfrentan riesgos como violencia, enfermedades y secuestros.
• La migración produce afectaciones emocionales profundas en los NNA, generando duelo, estrés, ansiedad y pérdida de autoestima, como resultado de
Fuente: Información recopilada del Informe Acciones Realizadas 2024/Red Regional de Protección
la separación familiar y la violencia. Centros de paso como Casa Alianza ofrecen no solo refugio y seguridad, sino también apoyo emocional, ayudándoles a establecer vínculos invisibles que, aunque temporales, son fundamentales para enfrentar la separación y adaptarse a nuevos entornos en contextos de alta vulnerabilidad.
• Frente a los riesgos, el impacto emocional y los desafíos futuros que enfrentan los NNA en tránsito, es fundamental fortalecer a las instituciones estatales y a las OS, optimizando la calidad de los servicios que ofrecen los Centros de Paso, garantizando entornos seguros y afectuosos para los NNA.
Referencias bibliográficas
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• Jaroslavsky y Morosini. (2012). El vínculo en Psicoanálisis. Obtenido de https://www.intersubjetividad. com.ar/numero-6/
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• Organización Internacional para las Migraciones. (2024). Fundamentos de la Migración. Obtenido de https://www.iom.int/fundamentals-migration
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• Red Regional de Protección. (2024). Acciones Realizadas. Disponible en https://gmies.org/6625-2/
• Xiomara Orellana. (14 de Junio de 2024). Niñez Migrante en Tránsito por El Paraíso expone los Peligros de la Ruta a EE.UU, pág. Principal. Obtenido de https://www.tunota.com/mundo/ninez-migrante-en-transitopor-el-paraiso-expone-los-peligros-en-la-ruta-a-ee-uu-2024-06-14
Honduras
Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Diplomada en en Migración y Desarrollo y Magister en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo. Tiene amplia experiencia trabajando con la niñez como maestra de educación prebásica, básica y media. También fue gestora de Vínculos Solidarios y Protección de la Niñez en el norte del país con Ayuda en Acción, trabajando en proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Fue Coordinadora del Programa Global de Casa Alianza de Honduras y actualmente coordina el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Casa Alianza de Honduras.
Autora Grecia Lizeth Moreno López
Cuando el Estado decide proteger. El
caso del Régimen Especial para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Venezolanos en la República Argentina.
Por: Alfredo López Rita
En 2021 el gobierno argentino implementó el Régimen Especial de Regularización Migratoria para Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos, una medida que regularizó la situación documentaria de más de 3900 niños procedentes del país caribeño y que marcó un antes y un después en las políticas migratorias del país austral. Esta decisión no solo facilitó la regularización documentaria de este grupo poblacional específico, sino que también promovió un enfoque centrado en los derechos humanos y la protección de la niñez. De esta manera, la Argentina sentó un precedente importante en la defensa de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes migrantes, un hito que hasta la fecha no ha sido considerado debidamente, hecho que con estas líneas se pretende subsanar.
En efecto, una vez sancionada en 2003 la ley nacional de migraciones actualmente vigente en la República Argentina, se estableció una política migratoria que si bien se destaca por varias líneas de política pública, como puede ser la observancia de los compromisos internacionales asumidos para la promoción del orden internacional y la justicia, la contribución al logro de las políticas demográficas y en la distribución geográfica de la población en el país y la promoción de la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes, entre otras, muchos han recalcado especialmente sus altos estándares en materia de derechos humanos. Una agenda que, en efecto, se consolidó muy fuertemente con los propios desarrollos que desde principios del siglo en curso, tanto a nivel global como hemisférico, se han desplegado en paralelo al incremento y la complejidad de los desafíos que traen consigo la movilidad humana, en general, y el desplazamiento forzado de personas, en particular.
Esto ha comprendido, por caso, la proliferación y consolidación de numerosos foros y espacios de diálogo, el establecimiento de consensos, la producción de guías y directrices para gobiernos y actores involucrados en la temática, así como un incremento en los sistemas de financiamiento y cooperación técnica internacional, esto último con un rol crucial de los organismos internacionales, países y otros
actores cooperantes. La ineficiencia en la articulación en este último aspecto ha hecho que el financiamiento inicialmente comprometido se reduzca sustancialmente en los últimos años, tema del que hemos hablado en otro lugar (López Rita, 2024) y sobre el que no nos detendremos aquí.
Pero volviendo al punto. Este indiscutible liderazgo que la Argentina asumió desde entonces a la fecha tiene, sin embargo, una historia previa. A lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI, siempre por iniciativa de los excepcionales gobiernos cuyo origen descansaban en el sufragio universal, a pesar de un consenso generalizado respecto de la Argentina como país de brazos abiertos a la migración1, se debieron implementar diversas medidas de excepción en materia de migraciones comúnmente conocidas como “amnistías”, vocablo éste cuyo origen griego remite a nociones tales como las de “olvido” (amnesia) o “perdón”. De este modo, el gobierno olvida o perdona las faltas de esta población que hasta entonces vivía de manera irregular en el país y otorgaba una respuesta administrativa de fondo que daba una solución a ese estado de cosas.
Este tipo de soluciones, que si bien descansan en las prerrogativas soberanas del Estado, no dejan de responder a una determinada coyuntura, razón que las hace excepcionales, ni resolvían -no obstante- las cuestiones de fondo, dejando siempre la puerta abierta a replicar decisiones análogas en un futuro más o menos lejano cuando las causas que motivaban ese estado de cosas se reanudarán.
Pero con la ley de migraciones de la democracia N° 25.871, no se debió recurrir más a este tipo de mecanismos a gran escala, ya que la incorporación de la categoría migratoria de nacional MERCOSUR y de Estado Asociado para acceder al beneficio de una residencia hacía que todo ciudadano nacional suramericano (esto es más del 90% de la población migrante en Argentina) tuviera un criterio de radicación en el país. Desde entonces, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), órgano de aplicación de la ley, sólo debió intervenir con regímenes ad hoc de regularización documentaria orientados a resolver situaciones puntuales vinculadas a razones humanitarias (como
1 Indudablemente se trata de un hecho histórico fácilmente comprobable. Pero no es menos cierto que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la inicial corriente inmigratoria procedente fundamentalmente de países de Europa comienza lentamente a disminuir vis a vis el crecimiento gradual de inmigración limítrofe que se sostendría, con altibajos, hasta la actualidad. La razón por la cual este tipo de medidas debía dictarse ponían en evidencia el desacople en cuestión, toda vez que el grueso de los beneficiarios era nacionales de países de la región, entre otros pequeños grupos como, por ejemplo, algunas nacionalidad de Europa del Este que llegaron a la Argentina durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la caída del bloque soviético.
el visado para nacionales sirios2, primero, y de ucranianos3, años después, afectados por la guerras desatadas en sus países) y de nacionalidades específicas (por fuera del bloque regional mencionado), destacando, en tal sentido, los regímenes para nacionales chinos, haitianos, senegaleses, coreanos y dominicanos4. Pero nunca en la historia de la política migratoria argentina se avanzó con una política pública focalizada como puede ser un programa de regularización migratoria orientado exclusivamente a resolver problemáticas específicas de grupos poblacionales que, por diversas circunstancias, se encontraban expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad como el de los niños, niñas y adolescentes migrantes específicamente, en este caso, de origen venezolano5
En los últimos años, el problema de la niñez migrante ha comenzado a llamar cada vez más la atención de los expertos, quienes desde distintos ámbitos han comenzado a ensayar posibles aportaciones para considerar respuestas asertivas. Dentro de diversos espacios de diálogo regional se han asumido múltiples compromisos en el marco de iniciativas regionales, entre los que destacan los consensos en torno de la “gobernanza de las migraciones en América del Sur desde los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Personas Migrantes y sus Familias” (2010) en el marco de la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM); el “Protocolo para
2 El denominado Programa Siria adquirió notoriedad no sólo en la región, sino en el mundo, al permitir al Estado argentino vehiculizar una respuesta humanitaria a los nacionales de ese país afectados por la guerra. Se trata de un capítulo en la historia de las políticas de reasentamiento en Argentina, que logró su corolario con otra política pública dictada en noviembre de 2023 por la CONARE, creando al Plan Nacional de Reasentamiento y Vías Complementarias de Admisión para Personas Refugiadas, Apátridas y/o Necesitadas de Protección Internacional, convirtiendo al país en el primero de la región en tener un instrumento de estas características.
3 El 7 de marzo de 2022, esto es tan sólo diez días después de iniciada la Operación Militar Especial / Operación Militar a Gran Escala de la Federación Rusa contra Ucrania, la DNM de Argentina sancionó la Disposición N° 417, con la que el Estado argentino concede un visado humanitario de tres años reconvertible a permanente transcurrido ese plazo, a todos los nacionales ucranianios como a sus familias. La inmediata respuesta del Estado logró el reconocimiento del sistema de Naciones Unidas que la incorporó de inmediato a su repositorio de buenas prácticas.
4 En el año 2022, la Dirección Nacional de Migraciones, sancionó, por primera vez, otro Régimen Especial de Regularización orientado a nacionales de países miembros del CARICOM, más República Dominicana y Cuba. Explicar las razones que motivaron esta medida exceden las de estas líneas y requeriría otro artículo de igual tenor. Baste decir que se trató, por primera y única vez, de un procedimiento que otorgó soluciones migratorias a personas cuya nacionalidad integraban un bloque regional en América Latina y el Caribe, hecho verdaderamente excepcional en la política migratoria del continente.
5 El origen del problema surge como consecuencia de la legislación venezolana en materia de documentación de niños. El ordenamiento jurídico vigente en ese país no prevé la identificación mediante un instrumento con portación de foto sino hasta los nueve (9) años de edad. Las millones de familias que debieron abandonar el país lo hicieron, en casos, sin documentar debidamente a sus hijos, los que se desplazaron por tierra por todo el continente con una partida de nacimiento que no permite su identificación, al tiempo que carecía de las legalización que normalmente se requieren para constatar su originalidad y validez. En los casos en que los adolescentes que tenían una documentación con foto (normalmente cédula de identidad), la misma no reunía los requisitos necesarios de seguridad por lo que el único documento de identidad que garantizaba estándares de seguridad y protección mínimos ha sido el pasaporte, que muy pocos tenían y que, además de resultar muy costoso, fue el propio Estado venezolano el que (por diversas razones esgrimidas) dejó de emitir durante un plazo de tiempo significativo, prolongando esta situación de indocumentación no sólo para niños, niñas y adolescentes de ese país, sino para el resto de esos nacionales.
la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo” (2011); la “Opinión Consultiva OC-21/2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la “Guía Regional del MERCOSUR para la identificación y Atención de Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes” (2016); los “Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Contexto de Migración”, esto último en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración del año 2016; “La Observación General Conjunta sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno” (2017); y las previsiones que sobre la materia se encuentran incorporadas en el “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” (2018), entre otras. A todos estos instrumentos, en los que se exhorta a los actores participantes a aplicar políticas migratorias con enfoque de niñez, deben añadirse las obligaciones asumidas como país signatario de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (CDN - 1990) y la “Convención de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares” (CTM - 1990).
Por su parte, en 2019, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) publicó el Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos titulado “Protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración”, con el objeto de proveer elementos que fortalezcan la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de flujos migratorios. Perfectamente informados de esto, la Red de niñez y adolescencia migrante6, presidida durante la presidencia pro tempore que la Argentina a partir de septiembre de 2020 desempeñó en la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM) por quien estas líneas escribe, fue otro de los elementos que fueron considerados al momento de redactar la norma que es objeto de este artículo.
Entonces se partió de la siguiente premisa: la noción de que los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable que posee una tutela especial por parte del Estado. A esto se agrega (al menos en teoría, ya que luego no siempre se acompañan estos consensos con una voluntad correspondiente para avanzar en medidas del tipo como la que estamos enumerando) el consenso internacional sobre la importancia de priorizar la protección de los derechos de la infancia. Esto cobra mayor trascendencia cuando la condición de la niñez migrante (entendiendo
6 Al asumir en septiembre de 2020 la presidencia de la CSM, la Argentina puso en funcionamiento, por primera vez desde la creación de la Conferencia, “Redes regionales de trabajo”, cada una de ellas con una orientación temática; estas fueron: la Red de gestión de fronteras; la Red de migración, medioambiente, desastres y cambio climático; la Red de trata y tráfico ilícito de migrantes y la Red de Niñez y adolescencia migrante. Al finalizar el mandato argentino, todas las Redes presentaron la creación de un producto final.
esta noción como un todo en sí mismo) es una de las tantas circunstancias que pueden agravar la situación de vulnerabilidad que es inherente a la de la niñez y la adolescencia.
De esta manera, las autoridades argentinas interpretaron que la realidad de este grupo en el país se encontraba dentro de las previsiones consideradas, en particular, en el caso de aquellos niños que no teniendo la documentación que establece la legislación para acceder a una residencia legal en el país, requieren algún tipo de protección especial o complementaria que dé una solución a este estado de cosas. Es decir, se pasó de una noción que, en principio, establecía que por el hecho de no poder garantizar los extremos legales previstos en la legislación vigente para la obtención de una residencia, línea de razonamiento que, sostenida así, naturalizaba de facto ese estado de cosas, a una que consideraba que precisamente por esa razón, correspondía al Estado garantizar el acceso a ese derecho que era la residencia legal en la República Argentina para los niños migrantes venezolanos.
Se dijo entonces que “la puesta en marcha de un mecanismo de protección especial para la niñez implica el reconocimiento de una situación de desigualdad en la que pueden encontrarse ciertos grupos, en particular los niños, niñas y adolescentes migrantes, debiéndose, en tales circunstancias, dar prioridad al marco normativo e institucional de protección de la infancia antes que al de la situación migratoria, lo que demanda un tratamiento prioritario, diferenciado y acorde por parte del Estado” [el énfasis es propio] (DNM, 2021). Aquí queda cristalizado el pensamiento original e innovador de las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina cuando se decidió abordar sin más cálculo el delicado problema de la situación de los niños venezolanos en el país.
Pero hay una historia más, dentro de esta historia, que merece ser contada y que tiene que ver con la creación, contenida en el artículo 4° de la Disposición 1891/2021, de una “Mesa de Trabajo para la Regularización Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos”.
En efecto, a continuación, en el artículo subsiguiente, se establece que: “La ¨Mesa de Trabajo para la Regularización Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos¨ convocará a organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado Nacional competentes en niñez y adolescencia, y organismos internacionales especializados en la materia, a fin de establecer y garantizar los mecanismos para la tramitación y obtención de la documentación requerida a los fines de alcanzar su residencia permanente en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Una vez sancionado el Régimen, la Dirección General de Inmigración, órbita dentro de la cual la Mesa de trabajo desempeñó sus funciones, convocó a diversos
representantes de organizaciones de la colectividad de venezolanos en Argentina; de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); de la Cruz Roja; de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia; de autoridades de el área de Derechos Humanos, de Asuntos Consulares y de Asuntos Latinoamericanos de la cancillería argentina y, en especial, de la sección consular de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Buenos Aires, en lo que fue el inicio del deshielo entre las relaciones de todos estos actores con los representantes del gobierno venezolano, luego de varios años.
Es en el marco de estos encuentros, realizados mensualmente en instalaciones de la DNM, que no sólo se monitoreó el seguimiento del programa, actualizando mes a mes los números de residencias que se iban otorgando, por ejemplo; sino que se lograron llevar a cabo una serie de buenas prácticas, entre las que se destacan el análisis de la casuística acumulada que se iba registrando, la construcción y el fortalecimiento de la confianza para la presentación, por ejemplo, de casos por parte de la sociedad civil a las autoridades de los organismos en materia de niñez, el diseño de una estrategia comunicacional común que difundiera y orientara a los progenitores y responsables legales de los niños a abocarse a informarse sobre el Régimen, así como los pasos que debían observar para la obtención de una residencia permanente en el país de los chicos beneficiados con el mismo7
El Régimen migratorio para niños venezolanos no solo tuvo un impacto directo sobre la población migrante de ese país en general, sino que también representó un hito en la política de niñez a nivel regional. La implementación de esta política pública se destaca por su enfoque en la protección, convirtiéndola en una referente en la región. Esto ha sido así porque, en primer lugar, al permitir la regularización sin condiciones previas, Argentina demostró un firme compromiso con los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que estos pudieran acceder a la educación y a la salud sin importar su estatus migratorio. Y en segundo lugar, porque este régimen desafió las normativas migratorias convencionales, que generalmente no consideran la situación de la niñez migrante de forma autónoma, sino que la acoplan a la de los adultos que los acompañan. A través de esta medida,
7 La lectura del Anexo I de la Disposición 1891/21 permitirá conocer las características de la medida. Sin embargo, hay que recalcar que el mecanismo en cuestión eximió la documentación que en el contexto de entonces era de imposible cumplimiento (Cfr. art. 11, Dto. 616/10), ya sea por los volúmenes que hacían muy difícil que la sección consular venezolana pudiera dar respuesta (más allá del compromiso asumido con el éxito del Programa), como las demoras que podía presentar el correo diplomático que trasladaba documentación oficial desde los organismos nacionales en Caracas hasta la misión en Buenos Aires, además del hecho de que, en muchos casos, las familias no podían hacer frente al costo de la documentación (costo que el Estado venezolano no exoneraba ni para el cual se pudo activar líneas de financiamiento de los cooperantes en el marco de la Mesa de Trabajo), esta debía ser presentada en forma diferida al momento del inicio del cambio de categoría a residencia permanente, ello transcurrido el plazo de dos años de la residencia inicial.
Argentina estableció un modelo de política migratoria centrado en el bienestar de los niños, reconociendo que su situación no puede depender de las circunstancias de sus padres o cuidadores. Se crea así no sólo un antecedente original e innovador en cuanto al enfoque desde el cual diseñar una respuesta para niños migrantes, sino un caso de éxito demostrable y fácilmente replicable.
A lo largo de estas líneas se ha intentado presentar un caso de éxito poco conocido en nuestra región que, cuando se lo analiza con un mínimo detenimiento, destaca por varios aspectos, pero fundamentalmente por dos. Se trata, por un lado, de una experiencia exitosa de trabajo entre todos los actores que participan de la migración: gobiernos (con agencias diversas que van desde la cancillería del país huésped a la representación consular, además de los organismos responsables en materia de niñez, y su Defensoría, que en Argentina constituye un órgano extra poder); distintas organizaciones de la sociedad civil de migrantes venezolanos (y entre ellas, hay que decirlo, con agendas y pertenencias políticas partidarias diversas y, a veces, encontradas); organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas (como el ACNUR y la OIM); así como agencias humanitarias, tal el caso de la Cruz Roja.
Y por otro lado, porque casi 4000 niños pudieron resolver su situación migratoria luego de años de intentarlo infructuosamente, enfrentando numerosos obstáculos que recorren cuestiones administrativas, de falta de creatividad y decisión de las autoridades, así como una politización de la problemática del desplazamiento de la población venezolanos sobre el que no diremos mucho más, pero que es una realidad.
Esperamos que la exposición de esta política pública, que antepuso el bienestar de los chicos a los trámites burocráticos o a los temores infundados de un más o menos generalizado sentido común, puedan inspirar a otros países de la región a adoptar medidas similares, contribuyendo a la creación de una zona común más inclusiva y solidaria para todos los niños migrantes que viven y se desplazan por toda América Latina.
Referencias bibliográficas
• Corte IDH, (2011), “Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo”
• Corte IDH, (2014), “Opinión Consultiva OC-21/2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”.
• Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), (2016), “Guía Regional del MERCOSUR para la identificación y Atención de Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes”.
• Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), (2019), “Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos”: Protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración
• Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM), (2016), “Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Contexto de Migración”.
• Organización de las Naciones Unidas, (2017), “Observación General Conjunta sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno”, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23.
• Organización de las Naciones Unidas, (2018), “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”.
• UNICEF, (1990), “Convención sobre los Derechos del Niño”.
• Organización de las Naciones Unidas, (1990), “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares”.
• Lopez Rita, A. (2024), “El Proceso de Quito, un espacio de diálogo para los Estados huéspedes”, Anuario Mexicano de Asuntos Globales (AMAG), Vol. 2, Núm. 2., pp. 141-160.
Autor
Alfredo López Rita
Argentina - alfredo@suradvising.com
Graduado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es Magíster en Relaciones Internacionales (FLACSO). Realizó posgrados en Gestión y Políticas Migratorias Internacionales; en Asilo, Migraciones y Derechos Humanos; y en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional.
Publicó artículos en revistas académicas especializadas de Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, tarea que desempeñó simultáneamente a la docencia en importantes casas de altos estudios como la UBA, UNR, IPMA/UNTREF, la Universidad Austral, FLACSO, el ISEN, así como la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, el Instituto Diplomático de El Salvador, el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Italia) y la OIM.
Durante 20 años se desempeñó en la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Entre 2019 y 2023 sirvió como Director General de Inmigración y como Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Actualmente reside en la ciudad de Washington DC, donde se desempeña como consultor ante el BID.
La persistente movilidad humana en el Paraguay
contemporáneo, ¿qué rol y desafíos para la niñez y adolescencia?
Por: Fabricio Vázquez
Introducción
Paraguay ha experimentado en las dos últimas décadas un conjunto de transformaciones sociales, demográficas, económicas e institucionales de notable intensidad, diversidad y profundidad, donde la movilidad humana ha sido un factor constante. Hasta fines del siglo XX Paraguay era un país de bajos ingresos y con una población joven, con niveles de desarrollo humano bajo, con escasa infraestructura y con un esquema de servicios públicos disociado de su estructura demográfica. Históricamente, la pobreza se resolvía migrando, de las áreas rurales a las urbanas, fundamentalmente Asunción y al exterior, principalmente a Argentina. Durante varias décadas del siglo XX, migrar, moverse, fue la casi única alternativa de una población que debía establecer estrategias individuales y familiares para escapar de la pobreza, debido a que el Estado no ofrecía mayores alternativas. Recién a inicios del siglo XXI comienzan a implementarse las primeras políticas sociales con orientación específica. En este trabajo se presentan los aspectos sociales más relevantes de los recurrentes movimientos de población y su impacto en la niñez y los adolescentes paraguayos, en el marco de procesos demográficos y económicos mayores.
También, se discutirá brevemente al arraigo rural como política para administrar mejor las necesidades de la población.
La dimensión territorial de las intervenciones dirigidas a la población de niñez y adolescencia hace parte de una muy necesaria mirada integral del ciclo de las políticas públicas, así como de la articulación de las instancias institucionales que la implementan en ese sentido se aporta algunos elementos de reflexión sobre la situación en Paraguay.
Los constantes y recurrentes movimientos de población en la historia paraguaya
La antropóloga Susnik señala que una de las conductas más relevantes de los primeros pobladores del Paraguay era el movimiento continuo de los grupos indígenas guaraníes, tanto que esta especialista caracterizó como “ethos del oguata” (conducta del caminar, del recorrer, de la movilidad) que atribuía a los habitantes primigenios de la actual región oriental del país. En efecto y como resultado de una estrategia económica y social, estos habitantes basaban su subsistencia en el control de los cazaderos y, cuando estos se agotaban, se movían y migraban a otra zona.
El posterior mestizaje no logró modificar del todo estas prácticas sociales, culturales y económicas, que siguieron funcionando como estrategias de subsistencia, ante la inexistencia de otras modificaciones estructurales.
El periodo independiente no introdujo rupturas de relevancia. Paraguay era un país situado en los confines del Río de la Plata y con menores niveles de integración e intercambios, lo supuso el refuerzo de los patrones culturales heredados de la colonia.
Las dos guerras internacionales, una a finales del siglo XIX y la otra a inicios del XX dejaron profundas heridas demográficas, desestructurando los grupos de edades, disminuyendo la cantidad de hombres y sobre todo manteniendo altos los niveles de pobreza. En este contexto, los movimientos de población seguían siendo una de las estrategias más utilizadas para buscar nuevos horizontes.
Como resultado directo de ambas guerras internacionales y del escaso nivel de desarrollo social, los indicadores demográficos señalaban que en la década de 1950 la tasa de fecundidad era de 6,5 hijos por mujer. El país era eminentemente rural, pobre y sin mayores dotaciones de infraestructuras, con servicios básicos concentrados especialmente en la capital Asunción y casi totalmente inexistentes fuera de esta área. Para el contexto regional, estos niveles de fecundidad eran relativamente altos, pero medianamente similares a los países de la región.
Sin embargo, en las décadas siguientes varios países latinoamericanos, y especialmente los vecinos Argentina y Brasil, implementaron políticas de sustitución de importaciones, lo que se tradujo en un crecimiento económico considerable que, a su vez, aceleró los procesos de urbanización, impulsando el progreso que, aunque no siempre inclusivo, favoreció a un segmento importante de la población.
Paraguay por su parte mantuvo su perfil rural durante las décadas del 70, 80 y 90, con un desarrollo urbano lento y centrado en la macrocefálica Asunción. En este
contexto, se entiende que las políticas públicas eran muy limitadas y poco eficientes para atender las demandas de los segmentos poblacionales de niñez y adolescencia. Casi toda la atención del Estado estaba puesta en la colonización rural interna y en la instalación de infraestructura en la porción este del país.
La implementación de operaciones de desarrollo rural integrado, con mecanismos de facilitación a la tierra y la apertura de la frontera agrícola mediante la reforma agraria, tuvo como objetivo dotar a las familias rurales de tierras, sentando las bases materiales mínimas para el arraigo rural, lo que facilitaría la implementación de otras políticas públicas vinculadas. Sin embargo, estos esfuerzos estatales no se coronaron de éxito, debido principalmente al escaso efecto de la atracción por la tierra propia en los agricultores familiares. Así, los movimientos de población al interior del país y las migraciones al exterior fungían como pistones que movían el engranaje de familiar rural.
En términos demográficos, durante estas décadas la tasa de fecundidad fue disminuyendo lentamente, dando como resultado una alta participación de niños y adolescentes en la estructura demográfica, pero sin el acompañamiento debido para que estos tengan un desenvolvimiento equilibrado. En este periodo las orientaciones de las políticas públicas invisibilizaron a los niños y los jóvenes, estando más centradas en infraestructuras y desarrollo rural.
Muy posteriormente, ya en las primeras décadas del siglo XXI los paradigmas regionales logran permear las políticas públicas y las temáticas de niñez y la adolescencia se modernizan y sobre todo estos grupos se vuelven visibles y merecedores de mayor presencia en las líneas estratégicas de los estados.
Para Paraguay estos grupos adquieren una dimensión aún mayor a pesar de que disminuye su peso demográfico. En efecto, la tasa de fecundidad baja a 2,4 hijos por mujer en 2022 (INE, 2024).
Así, las estadísticas oficiales indicaban que para 2023, los niños y adolescentes tenían un peso del 31% en el total de población del país, distribuidos de la siguiente forma:
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua 2023. (INE, 2024)
Crecimiento económico y mejora significativa de los indicadores sociales, pero con migraciones
La corriente migratoria paraguaya hacia Argentina, que durante muchas décadas fue la válvula de escape de la pobreza, pero también de la inestabilidad política interna desde mediados del siglo XX, ve emerger a partir de 2002 un nuevo destino: España. En efecto, justo cuando la pobreza afectaba a casi el 70 % de la población, más de 150.000 paraguayos, con mayoría femenina exploraron nuevos horizontes en una España que crecía y ofrecía oportunidades laborales. Hombres y mujeres jóvenes se insertaban en los sectores de la construcción y labores domésticas, dejando a sus hijos, niños y adolescentes, al cuidado de abuelas y tíos, tías y otros parientes. El problemático desmembramiento de los núcleos familiares nunca fue abordado por políticas específicas lentas y poco eficientes. Los niños y adolescentes fueron el eslabón más débil de una solución que solo fue económica y de los padres.
La economía paraguaya tuvo un notable desempeño desde inicios de la década del 2010 hasta la pandemia, donde el país aprovechó el super ciclo de commodities agrícolas que impulsó el crecimiento y apalancó el consumo. En efecto, la pobreza pasó de del 57,7% en 2002 a 23,5% en 2019, mientras que la pobreza extrema afectaba al 16,2 % de la población paraguaya en 2002, reduciéndose luego a solo el 4% en 2019. El resultado fue no solamente una mejor performance del producto interno bruto, sino que se tradujo principalmente en una fuerte disminución de los niveles de pobreza total y extrema, especialmente en zonas rurales, disminuyendo la brecha histórica existente entre ellas. Paradójicamente, el mejoramiento de las condiciones nacionales no se tradujo en un retorno sistemático de connacionales, probablemente porque el crecimiento económico fue resultado de factores externos que no se internalizaron suficientemente como para absorber a una masa tan importante de población.
La pandemia de Covid-19 volvió a mover estos niveles ligeramente hacia arriba. Justamente, uno de los efectos más sensibles de la pandemia fue el cierre de las fronteras, modificando las prácticas migratorias y circulatorias entre Paraguay y Argentina.
Sin embargo, a pesar de estos avances socioeconómicos formidables, las condiciones estructurales de pobreza, vulnerabilidad y fragilidad social heredadas del pasado y profundamente ancladas a los sistemas sociales, no pueden ser superadas fácilmente, requieren esfuerzos focalizados y adecuados a cada contexto para poder superarlas totalmente. El perfil movedizo de la población dificulta la gestión tradicional del desarrollo social, exigiendo formas más creativas para asegurar los menores impactos directos e indirectos para los miembros menos preparados para estos eventos: los niños y adolescentes.
La población se mueve, siempre…
La diáspora venezolana, las recurrentes crisis económicas argentinas y cualquier otro evento sin mayor relevancia global pero que mueve los finos y sensibles hilos del tejido socioeconómico mundial, termina impactando en el confín del Río de la Plata. En primer lugar, la pandemia tuvo un efecto de sensibilización sobre los proyectos individuales y familiares. No pocos migrantes paraguayos ya instalados en Argentina y España retornaron al país, algunos con proyectos definitivos y otros dentro del esquema de movimiento continuo, el ethos del oguata (caminar) al cual se hacía referencia antes. El economicismo global fijó el centro de discusión pandémico en el crecimiento, los intercambios, en refundar y realimentar la globalización, donde un mundo quieto era una amenaza.
Las escasas y no siempre eficientes medidas nacionales no pudieron reequilibrar la balanza, quedando los temas sociales como secundarios y dentro de estos, dominados por el empleo y la reactivación económica, la niñez y adolescencia se redujeron a una cuestión tecnológica de acceso a internet para dar “continuidad” al proceso educativo a distancia, sin profesores y casi siempre sin padres.
A esto se le suman los migrantes venezolanos que agregan complejidad a la cuestión social. Este proceso ha sido abordado principalmente bajo la luz de la inserción laboral de los adultos, mientras los niños y adolescentes, con sus problemáticas y desafíos particulares, estaban casi invisibilizados.
Los migrantes paraguayos en Brasil también han experimentado situaciones sociales y económicas que agregaron vulnerabilidad a sus medios de vida
Entonces, ¿qué (de novedoso) hacer?
La afectación de los niños, niñas y adolescentes según las condiciones en las que se dan las migraciones internas e internacionales, es significativa, tanto como potenciadora de factores de riesgos o factores de protección para su desarrollo. Debido al momento en el ciclo de vida en el que se encuentran, la transformación que conlleva la movilidad del microsistema familiar, y su inserción en espacios educativos y la gestión de las necesidades básicas, marcan en la construcción de la identidad e inciden en el futuro del ciclo de vida.
Pensando en la población de niñez y adolescencia, siendo Paraguay un país de origen y tránsito en los procesos de movilidad humana de la región, sería auspicioso adoptar una perspectiva de abordaje en contexto y viendo las oportunidades de mejorar las condiciones para el arraigo, la construcción de ciudadanía y la inclusión
socioeconómica, el involucramiento progresivo de niñas y niños en la vida social y cultural.
Las consabidas y repetidas recetas de mayor inversión en salud y educación ya no son suficientes. La solicitud de un incremento de las inversiones en niñez y adolescencia como parte del PIB terminan siendo efectivas trampas presupuestarias, pero que rara vez se traducen en resultados concretos y esperados en las políticas concretas y cotidianas.
El avance institucional para atender a estos grupos ha sido formidable. Paraguay dispone de un Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia y de una Secretaría Nacional de la Juventud. El músculo que todavía debe ser desarrollado es la implementación inteligente de las políticas y las acciones específicas de estas instituciones.
Una estrategia para utilizar mejor los recursos financieros del sector es la utilización de la información estadística para el análisis y la toma de decisiones. Con la implementación del Censo de Población y Viviendas de 2022, el Censo Agropecuario Nacional de 2022 y la serie de Encuestas Permanentes de Hogares continuas, se dispone de un set de información estadística desagregada por departamentos y distritos. Esto permitiría un conocimiento exhaustivo, profundo y sobre todo localizado de las necesidades y potencialidades.
Movilizar estos datos posibilitará crear áreas específicas de intervención prioritarias, allí donde las inversiones tendrán mayor impacto para escapar de la pobreza, mediante una coordinación, nunca fácil, con las entidades territoriales (gobernaciones y municipalidades).
A partir de este abordaje las inversiones tanto públicas como de la cooperación internacional tendrán un camino crítico, enriqueciendo la gestión gracias a la inclusión de la dimensión territorial, ahorrando allí donde no se necesita, para focalizar e intensificar las acciones donde más se precisen.
De forma paralela, habrá que combinar esta mirada con una comprensión del funcionamiento territorial en su conjunto: zonificación social, identificación de ciudades de porte medio que funjan de plataformas para la oferta de servicios, análisis de la conectividad vial. Actuar en temas de niñez y adolescencia debe estar profundamente imbricado con las lógicas territoriales, esto es, con las condiciones particulares de la zona, compañía, barrio, distrito o departamento. La estrategia es comprender los procesos migratorios en su propia dinámica, ofreciendo intervenciones que aseguren la correcta protección social de niños y adolescentes en los distintos lugares donde residan, se muden o se movilicen.
Referencias bibliográficas
• Instituto Nacional de Estadística. (2024) Censo de Población y Viviendas: Resultados preliminares. Asunción.
• Instituto Nacional de Estadística. (2024) indicadores de la niñez y adolescencia (0 a 17 años) EPHC 2023. Asunción.
• UNICEF. (2021) Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Paraguay 2018. Asunción.
Paraguay
Geógrafo, observador de las dinámicas sociodemográficas en áreas urbanas y rurales de Paraguay. Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT
Autor Fabricio Vázquez
Nacionalidad, identidad y el derecho a pertenecer: la naturalización,
un camino pendiente para niñas, niños y adolescentes
en Uruguay
Por: Julia Fonseca y Leticia Silvetti1
“Mi vida es el fútbol, soy feliz por el fútbol y todo lo que hago es para triunfar en el fútbol (...) era un sueño poder representar a la selección y cuando me dieron la noticia se me cayó el mundo abajo”, dijo Mariana en una entrevista con un medio local (Subrayado, 2025).
Ella llegó a Uruguay desde España teniendo dos años de vida. Desde su niñez juega a este deporte y hoy, a sus quince años, es parte de uno de los equipos más populares del país: Peñarol. Su talento y esfuerzo la llevaron aún más lejos ya que fue convocada para integrar la selección uruguaya de fútbol sub 17 para jugar los partidos clasificatorios al mundial.
Su madre, al ser entrevistada, expresó: “Nunca he sentido tan claro como en mi hija lo que es una pasión. En el fútbol es donde vibra, donde crece, donde se planifica” (Subrayado, 2025).
Sin embargo, el sueño de participar en la selección y jugar el torneo más importante a nivel global se tornó imposible dado que para Uruguay es considerada extranjera. El caso de Mariana pone en evidencia una situación que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes en Uruguay: la falta de disposiciones específicas y procedimientos adecuados que les permitan acceder a la nacionalidad2 por naturalización3 de forma efectiva.
1 Las opiniones expresadas en este documento son de sus autoras y no reflejan necesariamente las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).
2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1984) definió a la nacionalidad como el vínculo jurídico y político entre una persona y un Estado.
3 La nacionalidad por naturalización implica que una persona extranjera pueda adquirir la nacionalidad de un Estado luego de un procedimiento específico, basado en su voluntad de integrarse y en el cumplimiento de ciertos requisitos que establece la ley nacional.
A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en el país y estar plenamente integrada en su comunidad, no puede representar a Uruguay en competencias internacionales por no ser nacional uruguaya.
En Uruguay, la interpretación actual de las autoridades distingue entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía legal. La nacionalidad uruguaya por nacimiento se adquiere de acuerdo con dos criterios: 1) el ius soli, es decir, el nacimiento en el territorio nacional, y 2) el ius sanguinis, a través de la ascendencia de padres o abuelos uruguayos. El artículo 74 de la Constitución de 19674, interpretado por la Ley 16.021, reconoce como nacionales tanto a las personas nacidas en el territorio (art. 1°), así como a los hijos de padre o madre nacidos en el territorio, aun cuando hayan nacido en el extranjero (2°). Posteriormente, la nacionalidad se extiende a nietos de nacionales uruguayos nacidos fuera del país (art. 3°)5
Por su parte, la ciudadanía legal está prevista en el artículo 75° de la Constitución. Esta figura permite a personas extranjeras, tras cumplir determinados requisitos — como residencia y arraigo, entre otros—, obtener la condición de ciudadanos legales, formalizada mediante la expedición de una “carta de ciudadanía” regulada por la Ley 8.196 de 1928.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, Uruguay no permite la naturalización de personas con residencia legal en el país. Quienes acceden a la ciudadanía legal no son considerados nacionales. Como resultado, Uruguay se configura como el único país en las Américas que no ofrece un procedimiento de naturalización pleno a personas extranjeras residentes (Vink, Maarten Peter et. al., 2023).
Esta interpretación no solo afecta a las personas adultas, sino que también impacta especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes en Uruguay no pueden iniciar el trámite de ciudadanía legal hasta cumplir los 18 años.
En el caso de Mariana —y de otras niñas, niños y adolescentes— esta distinción tiene consecuencias concretas. Aunque su madre es ciudadana legal uruguaya y ella ha residido de forma continua en el país desde muy temprana edad, Mariana no tiene acceso a la nacionalidad uruguaya, ni por su propia residencia ni a través de su madre.
4 La Constitución refiere a dichas personas como ciudadanas naturales.
5 Esta extensión a nietos/as de personas uruguayas nacidas en el territorio nacional aún cuando hayan nacido fuera de Uruguay la da el artículo 1° de la Ley 19.362 del año 2015.
Esta situación plantea desafíos relevantes desde una perspectiva de derechos humanos ya que condiciona el ejercicio del derecho a la identidad y genera vacíos de protección incompatibles con los estándares internacionales aplicables, a detallar.
Impactos humanitarios y vulneraciones de derechos
En primer lugar, la imposibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan adquirir la nacionalidad uruguaya por naturalización provoca una tensión con la normativa referente a protección internacional en cuánto a las personas refugiadas y apátridas. En Uruguay, las Leyes 18.076 sobre Refugiados (art. 6°) y 19.682 sobre Apatridia (art. 15°) establecen que ambos estatutos cesan en cuanto la persona adquiere la ciudadanía legal por razones de protección y con el objetivo de brindar una solución duradera6 (Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH], 2025).
Sin embargo, en tanto niñas, niños y adolescentes no pueden obtener la ciudadanía legal, deberían mantener los respectivos estatutos de refugiados o apátridas hasta cumplir la mayoría de edad, aún si sus padres o familiares adultos sí han comenzado con su trámite de ciudadanía legal.
Particularmente, la incongruencia normativa se profundiza en ciertos casos. Una persona apátrida que obtiene la ciudadanía legal no adquiere la nacionalidad uruguaya, por lo que continúa siendo apátrida. En el caso de las personas refugiadas, la situación también implica riesgos relevantes: al cesar sus estatutos, podrían quedar expuestas a situaciones de desprotección (INDDHH, 2025), por ejemplo en casos de extradición, si otros Estados no reconocen la ciudadanía legal uruguaya como una nacionalidad efectiva y consideran vigente su nacionalidad de origen.
En suma, aquellos niños, niñas y adolescentes refugiados/as y apátridas no pueden acceder a soluciones de nacionalidad ya que deben mantener dichos estatutos hasta cumplir 18 años. Además, si luego optan por la ciudadanía legal, su obtención puede implicar riesgos de protección ya que tampoco Uruguay les extendería la nacionalidad.
Un segundo posible inconveniente está vinculado a la documentación de viaje. De acuerdo al artículo 12° del Decreto 129/014 (2014) relativo a la expedición de pasaportes uruguayos, tienen derecho a solicitar dicho documento personas con ciudadanía legal y sus hijos/as menores de edad residentes permanentes en el
6 De acuerdo con el ACNUR (s.f.) son soluciones duraderas aquellas alternativas que permiten a las personas refugiadas y desplazadas reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad y estabilidad. Estas soluciones incluyen el retorno voluntario a su país de origen, la integración local en el país de acogida o el reasentamiento en un tercer país.
país7. Por consecuencia, la emisión del pasaporte uruguayo para niños, niñas y adolescentes migrantes queda vinculada a la condición legal de sus padres, es decir, solo si estos últimos son ciudadanos legales, sus hijos podrán obtener el documento de viaje de Uruguay que tampoco indicará la nacionalidad de este país.
Si sus padres no han tramitado la ciudadanía legal, los niños, niñas y adolescentes migrantes dependerán de la posibilidad de obtener un pasaporte emitido por su país de origen. Por este motivo, en caso de que no logren acceder a dicho documento, niños, niñas y adolescentes encontrarán limitado su derecho a la libre circulación por carecer de un documento hábil para dicho fin. Esto puede suceder, por ejemplo, en Estados con crisis institucionales o humanitarias.
En línea con la imposibilidad de obtener la nacionalidad uruguaya, otra eventual consecuencia puede implicar el no recibir protección diplomática, ya que, en los términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961, art. 3°) las misiones diplomáticas brindan asistencia a sus nacionales. Aquí de nuevo, niñas, niños y adolescentes dependen de un Estado de origen que quizás no habiten hace años y del que no se sienten parte.
Por base a lo último mencionado, la inexistencia de mecanismos de naturalización para infancias y adolescencias trae también afectaciones emocionales, psicológicas y simbólicas en tanto impacta de forma directa en el derecho a la identidad y a la pertenencia. En el caso de Mariana, al haber vivido trece de sus quince años de vida en Uruguay, es fácil creer que se siente parte del país o que tiene un vínculo más profundo que con el país en el que nació (INDDHH, 2025).
En línea con el impacto en el derecho a la identidad, también fueron evidenciados efectos en la integración social de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, al detectarse que en algunas escuelas no habían podido ser elegidos/as como abanderados/as, así como lo sucedido con Mariana: no poder representar a Uruguay —el país con el que se identifica desde su niñez— en competencias deportivas internacionales (INDDHH, 2025).
Para aquellos/as niños, niñas y adolescentes que no se identifican con su país de nacionalidad, se mantiene la exigencia de conservar un vínculo formal con ese Estado, por ejemplo, a través de la obtención de documentación de viaje.
Por último, a raíz del trabajo de la sociedad civil, se han identificado también afectaciones intrafamiliares derivadas de posibles diferencias en el acceso a la nacionalidad, por ejemplo, en familias donde un niño o niña no puede obtener la
7 Disposición introducida por el Decreto 126/018.
nacionalidad uruguaya, mientras que su hermano o hermana, por haber nacido en el territorio nacional, sí es considerado nacional (INDDHH, 2025). Esta situación puede generar consecuencias prácticas, especialmente en el momento de viajar al exterior, al enfrentar distintos requisitos de ingreso a otros países.
Garantizar el derecho a la nacionalidad: buenas prácticas regionales
Frente a los obstáculos normativos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad en varios países de la región para acceder a la nacionalidad, algunos Estados han impulsado medidas legales, administrativas y judiciales que permiten superar las restricciones del derecho interno y garantizar el derecho a la identidad desde una perspectiva de protección integral. Estas experiencias, aunque con distintos alcances y niveles de institucionalización, evidencian una tendencia regional hacia la expansión del acceso a la nacionalidad como forma de prevenir la apatridia y asegurar el ejercicio pleno de derechos desde la infancia.
Un caso particularmente relevante es el de Brasil, que ha incorporado en su legislación la figura de la naturalização provisória —naturalización provisional— prevista en la Ley de Migración 13.445/2017 (2017) y su reglamentación mediante el Decreto 9.199/2017 (2017). Esta figura permite que los representantes legales de niños, niñas y adolescentes nacidos fuera del país con residencia permanente en él, soliciten la naturalización hasta los diez años de edad, sin necesidad de cumplir los requisitos exigidos a los adultos. Una vez alcanzada la mayoría de edad, la persona puede optar por confirmar o renunciar a la nacionalidad brasileña. Este mecanismo, refleja un enfoque basado en el principio de protección integral y en el interés superior del niño8, tal como lo establece el Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
Por otro lado, Colombia ha implementado algunas medidas de carácter excepcional y casuístico para enfrentar situaciones concretas de riesgo de apatridia. Una de ellas fue el programa “Primero la Niñez” (Cancillería Colombia, 2019) creado mediante la Resolución 8.470 de 2019, que permitió reconocer como nacionales colombianos, por nacimiento, a niñas y niños nacidos en territorio colombiano de padres venezolanos en situación migratoria irregular. Esta medida respondió a un contexto de riesgo masivo de apatridia, generado por la imposibilidad de muchos padres venezolanos de transmitir su nacionalidad debido a encontrarse en situación irregular. Gracias a esta decisión administrativa, más de 66.000 niñas y niños fueron
8 En la Observación General Nº 14 (2013), el Comité de los Derechos del Niño define el interés superior del niño como un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se construyen a partir del análisis de todos los factores relevantes para el interés de uno o varios niños en una situación específica. Su finalidad es asegurar el pleno y efectivo disfrute de los derechos consagrados en la Convención, así como el desarrollo integral del niño.
registrados con nacionalidad colombiana entre 2019 y 2021, accediendo así a derechos fundamentales como salud, educación e identidad (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2021). Aunque su aplicación estuvo limitada temporalmente y dirigida a un grupo específico de niños y niñas nacidos en Colombia dentro de un marco normativo definido, el programa fue ampliamente reconocido como una respuesta de protección integral de niños, niñas y adolescentes (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2019).
Otra experiencia relevante en la región es el programa “Chile Reconoce”, una iniciativa impulsada desde 2014 por el Estado chileno, con apoyo técnico del ACNUR, para dar solución a un grave problema de denegación de nacionalidad a niñas y niños nacidos en Chile (Organización de Estados Americanos [OEA], 2017). Pese a que la Constitución chilena consagra el jus soli, durante años se negó el registro como nacionales a hijos e hijas de personas extranjeras en situación migratoria irregular, bajo una interpretación administrativa que los consideraba “hijos de extranjeros transeúntes” (ACNUR, 2019). Esta práctica dejó a muchos niños y niñas en situación de apatridia de facto, al no poder acceder tampoco a la nacionalidad de origen de sus madres o padres. El programa Chile Reconoce promovió una revisión sistemática de estos casos, permitió el registro retroactivo como nacionales chilenos de cientos de niñas y niños, y modificó los criterios administrativos aplicados por el Registro Civil (ACNUR, s.f.; ACNUR, 2017). Esta experiencia ha sido destacada como una buena práctica regional en la prevención de la apatridia (ACNUR, 2017).
Asimismo, la Sentencia SU-180/22 (2022) de la Corte Constitucional de Colombia constituyó otro hito importante, al ordenar al Estado garantizar los derechos a la personalidad jurídica, identidad y nacionalidad de una niña migrante venezolana no acompañada. En esta decisión, el Tribunal destacó la obligación de las autoridades de adoptar medidas eficaces y coordinadas para evitar que niñas y niños permanezcan indocumentados o en situación de apatridia, especialmente cuando no cuentan con representantes legales que puedan iniciar los trámites correspondientes.
El programa Primero la Niñez, Chile Reconoce y la Sentencia SU-180/22 muestran cómo los Estados pueden ampliar el acceso al derecho a la nacionalidad incluso en contextos donde el marco jurídico interno presenta restricciones. Estas medidas, aunque distintas en alcance y permanencia, reflejan una tendencia regional hacia la adopción de soluciones innovadoras para prevenir la apatridia y garantizar el derecho a la identidad desde la infancia. En particular, el caso de Brasil se destaca como un ejemplo de la incorporación de un mecanismo permanente de naturalización de niños, niñas y adolescentes en su legislación migratoria, constituyendo una buena práctica que podría inspirar reformas en otros Estados.
La identidad y la nacionalidad como derecho: estándares regionales e internacionales
La nacionalidad es un derecho humano fundamental, indispensable para el pleno ejercicio de otros derechos. A nivel universal, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por todos los países de América Latina, establece en su artículo 7 que todo niño o niña tiene derecho a ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer y ser cuidado por sus padres (CDN, 1989). Este derecho se vincula estrechamente con el artículo 8 de la misma Convención, que obliga a los Estados a respetar y preservar la identidad del niño o niña, incluidos su nacionalidad, nombre y relaciones familiares.
El derecho a la nacionalidad es también un componente esencial del derecho a la identidad, entendido como el conjunto de atributos y vínculos fundamentales que definen la personalidad de una persona, incluidos su nacionalidad, nombre y relaciones familiares (Gelman vs. Uruguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2011). La falta de reconocimiento de la nacionalidad —ya sea por omisión legislativa, obstáculos administrativos o interpretación restrictiva de las leyes— puede generar situaciones de apatridia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana. Esto tiene graves consecuencias para su desarrollo integral (ACNUR, 2015).
Desde una perspectiva regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido contundente en afirmar que la nacionalidad no es una prerrogativa absoluta de los Estados, sino que está sujeta a límites derivados del respeto a los derechos humanos (Corte IDH, OC-4/84, párr. 33). En su Opinión Consultiva OC-4/84, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que el derecho a la nacionalidad se encuentra protegido por el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969), el cual reconoce que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. Este derecho es inderogable y “permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos” (Corte IDH, 2006). La Corte también sostuvo que la negación arbitraria de la nacionalidad puede constituir una violación al principio de igualdad ante la ley y al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Corte IDH, 1984).
Asimismo, en la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay (2011), la Corte reafirmó que el derecho a la identidad incluye el conocimiento del origen y la preservación de vínculos familiares y personales, con especial importancia en la infancia. Más
específicamente, en el caso Dilcia Yean y Violeta Bosico vs. República Dominicana (2005), se estableció un precedente clave al declarar que la negación arbitraria de la nacionalidad a niños, niñas y adolescentes nacidos en un territorio y con vínculos sólidos con un Estado constituye una forma de apatridia contraria al principio del interés superior del niño.
En el ámbito de la apatridia, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, así como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, imponen obligaciones concretas a los Estados para evitar que una persona —especialmente un niño o niña— carezca de nacionalidad.
Estos estándares internacionales y regionales dejan claro que el derecho a la nacionalidad es inseparable del derecho a la identidad y del interés superior del niño, y que su garantía requiere acciones normativas, administrativas y políticas que eliminen cualquier forma de exclusión o discriminación, asegurando el reconocimiento pleno y efectivo de todos los niños y niñas como sujetos de derecho.
Naturalización de niños, niñas y adolescentes
Si bien la mayoría de los estándares internacionales se concentran en la nacionalidad por nacimiento, el acceso a la nacionalidad mediante la naturalización reviste particular importancia para los niños, niñas y adolescentes refugiados, apátridas y migrantes. Esta dimensión plantea desafíos adicionales que es necesario abordar desde un enfoque de derechos.
La regulación de los requisitos y procedimientos de naturalización forma parte de la discrecionalidad estatal. Como señala Mondelli (2019, p. 200), “los Estados tienen amplio margen de discreción para establecer los criterios sustantivos y procedimientos para la naturalización de personas extranjeras”. Sin embargo, esta potestad no es absoluta: está limitada por los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben la discriminación y establecen la obligación de prevenir, evitar y reducir la apatridia (Corte IDH, 2005).
Las personas apátridas y refugiadas, en muchas ocasiones enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos para la naturalización, lo que hace necesario que los Estados adopten medidas especiales que faciliten este proceso (Mondelli, 2019).
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) establece en su artículo 32 que los Estados deberán “facilitarán, en todo lo posible, la naturalización de los apátridas”. Por su parte, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 dispone en su artículo 34 que los Estados “facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados” (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951).
Los instrumentos que prevén facilidades para la naturalización de personas refugiadas y apátridas no introducen distinciones etarias, por lo que dichas facilidades resultan igualmente aplicables a niños, niñas y adolescentes.
En el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes, facilitar el acceso a la nacionalidad puede ser considerado una buena práctica en línea con el principio del interés superior del niño (Botero, Mondelli y Mora, 2024). Adoptar procedimientos accesibles que permitan su naturalización puede constituir una forma de proteger su desarrollo integral y asegurar su inclusión en la sociedad de acogida.
El Comité de los Derechos del Niño, en sus Observaciones Generales, ha subrayado que los Estados deben eliminar obstáculos innecesarios o discriminatorios al acceso a la nacionalidad y considerar medidas que otorguen estabilidad jurídica a los niños y niñas migrantes a largo plazo (Comité de los Derechos del Niño, 2005; Comité de los Derechos del Niño y Comité de Trabajadores Migratorios, 2017). En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2019; 2023) ha establecido que la naturalización de personas migrantes debe realizarse conforme a condiciones y procedimientos previstos en la ley que no sean discriminatorios ni arbitrarios.
En este sentido, la naturalización temprana de niños, niñas y adolescentes migrantes no solo puede contribuir a su inclusión plena en la sociedad, sino que también constituye una medida coherente con el principio del interés superior del niño, reconocido en el artículo 3 de la CDN. Como señalan Botero, Mondelli y Mora (2024), cuando resulta en el interés superior del niño o niña en movilidad, puede ser apropiado reconocer su derecho a naturalizarse en el país de acogida, incluso antes de alcanzar la mayoría de edad, a solicitud de su representante legal. En determinadas circunstancias, la naturalización puede contribuir a asegurar su protección y facilitar la integración local como solución duradera (Botero, Mondelli y Mora, 2024).
Permitir que niños, niñas y adolescentes arraigados en un país accedan a la nacionalidad a través de procedimientos sencillos y razonables implicaría una expresión concreta del compromiso estatal con su derecho a la identidad, su sentido de pertenencia y su desarrollo pleno.
Conclusiones y recomendaciones
El caso de Mariana pone en evidencia las barreras que pueden enfrentar niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento efectivo de la nacionalidad, incluso cuando han desarrollado lazos de arraigo profundos en el Uruguay. La nacionalidad constituye un cimiento legal de la identidad, la pertenencia y el pleno ejercicio de derechos. La ausencia de procedimientos adecuados para la naturalización genera vacíos de protección que afectan su derecho a la identidad, al desarrollo y a la participación en la vida pública.
Frente a este escenario, y tomando como referencia los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, se identifican dos líneas de acción complementarias: 1) la creación de las vías de naturalización para niños, niñas y adolescentes refugiados y apátridas como una obligación jurídica y 2) la promoción de procedimientos accesibles para la naturalización de niños, niñas y adolescentes migrantes como una buena práctica orientada a su plena inclusión y desarrollo.
1) Facilitar la naturalización de niños, niñas y adolescentes refugiados y apátridas: una exigencia del derecho internacional
El derecho internacional exige a los Estados facilitar el acceso a la nacionalidad de personas refugiadas y apátridas, sin establecer distinciones de edad. En este marco, corresponde asegurar que los niños, niñas y adolescentes en tales situaciones puedan beneficiarse de procedimientos accesibles, ágiles y no discriminatorios, en línea con su interés superior. Garantizar vías efectivas de naturalización para niños y niñas refugiados o apátridas es, por tanto, una manifestación concreta del cumplimiento de las obligaciones asumidas por Uruguay en materia de derechos humanos y protección internacional.
2) Naturalización de niños, niñas y adolescentes migrantes: una buena práctica
Facilitar el acceso a la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, incluidos aquellos no acompañados o separados, que no se encuentran en situación de refugio y apatridia, constituye una buena práctica orientada a proteger su interés superior. La adopción de procedimientos razonables, accesibles y adaptados a la infancia, que reconozcan el arraigo efectivo en el país, puede fortalecer su inclusión social, su estabilidad jurídica y su sentido de pertenencia. En ese marco, resulta recomendable considerar experiencias regionales que habilitan mecanismos específicos de naturalización para la niñez migrante, atendiendo a su situación individual, y, en su caso, considerando también la condición de ciudadanía legal de sus madres, padres o representantes legales. Asimismo, avanzar hacia la armonización de la legislación interna para reconocer a las personas ciudadanas legales como nacionales
uruguayos fortalecería el acceso a derechos de las personas naturalizadas y podría, en determinados supuestos, abrir vías más ágiles de adquisición de la nacionalidad para sus hijos e hijas, en coherencia con el interés superior del niño.
Para finalizar, esperamos que este artículo contribuya al camino que desde hace años viene recorriendo Somos Todos Uruguayos9, un colectivo integrado por ciudadanos legales que lucha por el reconocimiento de su identidad uruguaya y por que no existan más situaciones como las de Mariana10
9 Sitio web de Somos Todos Uruguayos: https://www.somostodos.uy
10 Agradecemos a Juan Ignacio Mondelli por sus generosos aportes y las enriquecedoras conversaciones que contribuyeron al desarrollo de este artículo.
• ACNUR (2015). Un informe de ACNUR revela las nefastas consecuencias de la apatridia sobre los niños. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/news-releases/un-informe-de-acnur-revela-lasnefastas-consecuencias-de-la-apatridia-sobre#:~:text=Los%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20 ap%C3%A1tridas,mantenerse%20durante%20la%20edad%20adulta.
• ACNUR (2017). Presidenta Bachelet encabeza lanzamiento del proyecto “Chile Reconoce”, para rectificar nacionalidad chilena de hijos de extranjeros transeúntes. Disponible en: https://www.acnur.org/ noticias/news-releases/presidenta-bachelet-encabeza-lanzamiento-del-proyecto-chile-reconoce-para
• ACNUR (2021). “Ellos ya son colombianos.” Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/stories/ ellos-ya-son-colombianos
• Atala Riffo y niñas vs. Chile. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de febrero de 201) Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
• Botero Navarro, Álvaro; Mondelli, Juan Ignacio; Mora Montañez, Laura. (2024). Visibilizando lo invisible: Avances, desafíos y recomendaciones para garantizar la identidad legal, la nacionalidad y el nombre de la niñez en movimiento en las Américas, Primera Edición. Diálogo Interamericano. Disponible en: https://bit.ly/3Xo9NTV
• Cancillería Colombia (2019). Estado colombiano concede la nacionalidad a niños nacidos en Colombia, hijos de migrantes venezolanos, para proteger sus derechos. Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/ newsroom/news/estado-colombiano-concede-nacionalidad-ninos-nacidos-colombia-hijos-migrantes
• CIDH (2017). CIDH celebra avances en la protección de derechos humanos de hijos e hijas de migrantes y en la lucha contra la apatridia en Chile. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/ comunicados/2017/082.asp
• Constitución de la República. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/ constitucion/1967-1967
• Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH] de 1969. (22 de noviembre de 1969). Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_ Humanos.pdf
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• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. (28 de setiembre de 1954). Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0006.pdf
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. (28 de julio de 1951). Disponible en: https:// www.acnur.org/sites/default/files/2023-05/Convencion_1951.pdf
• Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. (30 de agosto de 1961). Disponible en: https:// www.acnur.org/sites/default/files/legacy-pdf/5b43d0e44.pdf
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• Corte Constitucional de Colombia: Sentencia SU180/22. Derecho a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y a la identidad de menores de edad migrantes no acompañados y/o separados de su familia, Colombia: Corte Constitucional; 26 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.refworld.org/es/jur/jur/colcc/2022/ es/134689
• Decreto 129/014 reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos-reglamento/129-2014
• Decreto 9.199 regulamenta a lei nº 13.445 que institui a lei de migração de 2017. [Presidência da República] (20 de noviembre de 2017). (Brasil). Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/decreto/d9199.htm
• Gelman vs Uruguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de febrero de 2011). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf
• INDDHH (2025). Grupo de trabajo Ciudadanía Legal y Nacionalidad. Informe diciembre 2024. Disponible en: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/ informe-ciudadania-legal-nacionalidad
• Lei 8.069 de o estatuto da criança e do adolescente dá outras providências de 1990. (Brasil). Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
• Lei 13.445 de Institui a Lei de Migração de 2017. (Brasil). Disponible en: https://www.refworld.org/es/ leg/legis/pleg/2017/pt/127032
• Ley 16.021 de Consideración de ciudadanía natural. Interpretación del art. 74 de la Constitución de 1989. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16021-1989
• Ley 18.076 de Refugiados de 2006. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/ leyes/18076-2006
• Ley 19.362 de 2016. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyesoriginales/19362-2015
• Ley 19.682 de Apatridia de 2018. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/ leyes/19682-2018
• Mondelli, Juan Ignacio (2019). El derecho humano a no ser apátrida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en XLVI Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLVI_curso_ derecho_internacional_2019.pdf
• Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (8 de septiembre de 2005). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf
• Observación general núm. 6: Trato de los menores no acompañados y separados fuera de su país de origen (CRC/GC/2005/6). (2005). Comité de los Derechos del Niño. Naciones Unidas. Disponible en: https:// www.refworld.org.es/leg/coment/crc/2005/es/38046
• Observación General núm. 14: El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (CRC/C/ GC/14). (2017). Comité de los Derechos del Niño. Naciones Unidas. Disponible en: https:// www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
• Observaciones generales conjuntas núm. 4 y núm. 23 sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno. (2017). Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares & Comité de los Derechos del Niño. Naciones Unidas. Disponible en: https:// www.refworld.org.es/pol/obspais/cmw/2017/es/128419
• OIM (2019). La OIM celebra la decisión del Estado colombiano de reconocer la nacionalidad por nacimiento a las niñas y niños nacidos en el país desde 2015, hijos de padres venezolanos. Disponible en: https:// www.iom.int/es/news/la-oim-celebra-la-decision-del-estado-colombiano-de-reconocer-la-nacionalidad-pornacimiento-las-ninas-y-ninos-nacidos-en-el-pais-desde-2015-hijos-de-padres-venezolanos
• Opinión Consultiva OC-4/84 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (19 de enero de 1984). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf
• Resolución 04/19 de 2019. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las víctimas de trata de personas. (7 de diciembre de 2019). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principio s%20 ddhh%20migrantes%20-%20es.pdf
• Resolución 02/23 de 2023. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia. (4 de diciembre de 2023). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2023/Res-2-23-ES.pdf
• Subrayado (10 de abril de 2025). “Todos somos uruguayos” lucha para que niños y adolescentes puedan obtener la ciudadanía legal uruguaya. https://www.subrayado.com.uy/todos-somos-uruguayos-luchaque-ninos-y-adolescentes-extranjeros-pueden-obtener-ciudadania-uruguaya-n974128
• Vink, Maarten Peter; van der Baaren, Luuk; Bauböck, Rainer; Džankić, Jelena; Honohan, Iseult; Manby, Bronwen. (2023). GLOBALCIT citizenship law dataset, v 2.0, Country-Year-Mode Data ([Acquisition]/[Loss]). Global Citizenship Observatory. Disponible en: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/73190
Autora Julia Fonseca
Uruguay - julifonhu@gmail.com
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República (Uruguay) y magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Sussex (Reino Unido), donde cursó como becaria Chevening. Actualmente se desempeña como Senior Protection Assistant en la oficina de ACNUR en Uruguay. Anteriormente trabajó como especialista técnica en derechos de la niñez y movilidad humana en el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA). Cuenta con experiencia en fortalecimiento de capacidades, diseño e implementación de proyectos, formación, producción académica y asesoría técnica, con enfoque en derechos humanos, niñez y movilidad humana, incorporando una perspectiva regional.
Autora Leticia Silvetti
Uruguay - leti.silvetti11@gmail.com
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República (Uruguay) y diplomada en Género y Políticas Públicas por FLACSO Uruguay. Actualmente se encuentra cursando la Especialización en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte (México). Su formación se ha centrado en políticas migratorias, estudios de género y relaciones internacionales. Desde 2018 trabaja en el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU), organización de la sociedad civil integrante de la Comisión de Refugiados, donde brinda asistencia técnica de elegibilidad en el proceso de determinación de la condición de personas refugiadas y orienta en documentación y regularización migratoria a personas solicitantes de refugio, refugiadas y migrantes. Integra el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y cuenta con una diversa trayectoria en actividades de investigación, producción académica y extensión universitaria.
Defensoría del pueblo de Bolivia: Acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana
Por: Aldo Cortés Millán
Contexto regional y llamado institucional frente a la movilidad humana
La migración es un fenómeno social, político y económico que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. En la actualidad, este proceso ha adquirido nuevas dimensiones y complejidades, derivadas de factores estructurales como las desigualdades económicas, la violencia, la crisis climática y los conflictos políticos. América Latina no está exenta de estas dinámicas; por el contrario, se ha convertido tanto en región de origen, tránsito y destino de flujos migratorios diversos, donde niñas, niños y adolescentes (NNA) figuran entre los grupos más vulnerables.
La movilidad humana infantil plantea desafíos urgentes para los Estados, las instituciones y la sociedad civil, particularmente en lo que respecta a la garantía y protección integral de los derechos humanos de esta población. La migración irregular, la separación familiar, la trata de personas, y la carencia de documentos son apenas algunos de los múltiples riesgos que enfrentan los NNA en situación de movilidad. Frente a esta realidad, es imprescindible adoptar un enfoque centrado en la niñez, la no criminalización y la corresponsabilidad estatal.
En este contexto, el presente artículo expone las principales acciones de incidencia de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia —en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH)— para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana. Estas acciones, desarrolladas en ámbitos nacionales e internacionales, reflejan el compromiso institucional con un enfoque de derechos, la articulación interinstitucional, la expansión territorial de los servicios en zonas fronterizas, y la promoción de respuestas humanitarias coordinadas que sitúan en el centro a la niñez migrante.
La participación activa de la Defensoría del Pueblo en espacios regionales como la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) o la Federación Iberoamericana del
Ombudsperson (FIO) ha permitido visibilizar la problemática de la niñez migrante desde una perspectiva de justicia social. Asimismo, se han fortalecido mecanismos de atención directa en frontera, procesos de repatriación y restitución de derechos, y protocolos de atención conjunta, en coordinación con organismos internacionales y redes consulares.
En tal sentido, en el marco del Congreso Internacional sobre Movilidad Humana y Derechos Humanos y la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), realizadas en la República de Panamá los días 29 y 30 de abril de 2025, el Dr. Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en su calidad de Secretario General de la RINDHCA, hizo un llamado a la comunidad internacional y a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) para no estigmatizar la migración irregular y actuar conjuntamente ante las vulneraciones de derechos de las personas en situación de movilidad humana, especialmente de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
En su intervención, señaló:
“Las cifras que observamos respecto a personas en situación de movilidad humana —donde miles cruzan la selva del Darién, millones se desplazan por la crisis climática y niñas y niños son separados de sus familias— son situaciones que no pueden naturalizarse. Es un llamado a actuar de forma conjunta por parte de todos.”
Participación del Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana y Derechos Humanos.
Fuente: Archivo institucional de la Defensoría del Pueblo, 2025.
Durante el evento, se presentaron buenas prácticas en materia migratoria implementadas por las INDH de ocho países, que incluyeron la ampliación territorial de
servicios en zonas de frontera, alertas tempranas ante crisis migratorias, programas de defensores voluntarios y propuestas normativas sobre migración y protección internacional.
Presencia institucional en frontera: una estrategia para la atención directa a NNA en tránsito
Desde 2019, la Defensoría del Pueblo cuenta con un área de Movilidad Humana en la Oficina Nacional, dedicada a la atención de personas extranjeras en tránsito y a la protección de bolivianas y bolivianos en el exterior. Asimismo, se creó la Coordinación Regional en Desaguadero, zona fronteriza con Perú, que registra un alto flujo migratorio.
A fines de 2023, con el apoyo de ACNUR, OIM y UNICEF, se habilitaron tres nuevas oficinas en Pisiga (frontera con Chile), Bermejo y Villazón (frontera con Argentina), que han registrado una alta demanda de atención a casos de NNA migrantes en tránsito.
Durante la gestión 2024, estas oficinas fronterizas atendieron aproximadamente 450 casos relacionados con NNA en situación de movilidad humana, tanto extranjeros como nacionales en zonas de frontera1
Inauguración de la Unidad Regional de Pisiga octubre de 2023
Fuente: Archivo institucional de la Defensoría del Pueblo, 2023.
Incidencia internacional: posicionamiento y liderazgo regional en la protección de NNA migrantes
En la gestión 2023, Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo titular del Estado Plurinacional de Bolivia, durante la Quinta Cumbre de Movilidad Humana de la
1 Datos extraídos de los registros del Sistema de Servicio al Pueblo – SSP de la Defensoría del Pueblo.
Federación Iberoamericana de Ombudsperson – FIO2, resaltó la importancia de la atención de las personas vulnerables en procesos de movilidad humana. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba – Bolivia y albergó la presencia de representantes de 17 Instituciones Nacionales y Locales de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo (2023) realizó la Quinta Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos denominada “De la Palabra a la Acción”, dentro de los temas tratados, que implicaron una especial atención sobre la protección de NNAs, destacaron:
• Los riesgos de la separación familiar en los casos de madres que viajan acompañadas de sus hijos e hijas menores de edad; ponencia presentada por el Dr. Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados de sus padres con necesidades de protección internacional; ponencia presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Paraguay, Dr. Rafael Ávila Macke.
• Acciones de colaboración para la protección y defensa de los DDHH de las personas situación de movilidad humana: caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados; Ponencia desarrollada por Raúl Arturo Ramírez, Director General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
• Procesos de reunificación familiar, buenas prácticas; Ponencia desarrollada por Juan Enrique Pi, Encargado Internacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
Representantes de las diferentes INDH y otras instituciones invitadas a la Quinta Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos de la FIO. Fuente: Memoria Quinta Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos FIO, 2023.
2 Memorias de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana, Derechos Humanos y Trata de Personas de la FIO “DE LA PALABRA A LA ACCIÓN”.
Coordinación binacional para la restitución de derechos y repatriación de NNA
En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha fortalecido mecanismos de atención binacional para la repatriación de niñas, niños y adolescentes bolivianos que se encuentran en centros de acogimiento en el extranjero, especialmente en Chile y Argentina.
En el caso chileno, desde 2023 hasta la fecha, se ha trabajado de forma coordinada con el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia “Mejor Niñez”, entidad encargada de la tutela legal y el cuidado de NNA en ese país, logrando gestionar más de 140 repatriaciones.
Los motivos por los que NNA bolivianos son ingresados a centros de acogimiento en Chile incluyen la detención de sus padres, situaciones de violencia, el ingreso al país sin compañía o sin documentos, entre otros. Ante estos casos, la Defensoría del Pueblo de Bolivia es requerida para realizar la búsqueda de familiares directos o extendidos en el país. Si no se logra identificar a la familia, se gestiona la asignación de un centro de acogimiento en Bolivia que cumpla con condiciones adecuadas para su protección.
Una vez ubicada la familia o identificada la institución de acogida, se solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia3 (DNA) del municipio correspondiente la elaboración de un informe psicosocial, a través de profesionales especializados, con el fin de determinar si existen condiciones favorables para la repatriación del NNA.
Asimismo, cuando es necesario, se coordinan acciones con las representaciones consulares de Bolivia en el exterior para la emisión de documentos de identidad o salvoconductos que habiliten el retorno del NNA al país.
Apoyo consular para el retorno asistido de NNA extranjeros a sus países de origen
La Defensoría del Pueblo también brinda acompañamiento en procesos de retorno asistido de NNA extranjeros que se encuentran en territorio boliviano y requieren ser repatriados a sus países de origen.
Para ello, se coordina con las representaciones diplomáticas de países vecinos acreditadas en Bolivia, principalmente en la ciudad de La Paz, facilitando la emisión de documentos de viaje u otros trámites necesarios. Estas acciones se activan a partir
3 Servicio de protección de la niñez y adolescencia, conforme lo señala la Ley Nro. 548, articulo 184.
de solicitudes presentadas por las Delegaciones Defensoriales Departamentales o por las Unidades de Coordinación Regional ubicadas en distintas regiones del país.
De igual manera, se llevan a cabo gestiones ante la Dirección General de Migración, a fin de evitar obstáculos administrativos que impidan o retrasen la salida del país de estos NNA, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para su protección.
Atención integral en frontera: articulación con instituciones del Estado y sociedad civil
Con la implementación de nuevas oficinas de atención en zonas fronterizas, la Adjuntoría para el Análisis y Defensa de los Derechos Humanos y Madre Tierra (ANDEF) de la Defensoria del Pueblo ha puesto en marcha un Plan de Fronteras que prioriza la atención a personas en situación de movilidad humana y necesitadas de protección internacional.
En este marco, y en coordinación con organismos como la OIM, ACNUR y UNICEF, se han desarrollado procesos de capacitación sobre normativa migratoria, procedimientos de refugio, atención a población vulnerable y protección específica para niñas, niños y adolescentes.
Las capacitaciones han estado dirigidas a servidores públicos de las Unidades Regionales de Pisiga, Bermejo, Villazón, Yacuiba y Desaguadero, así como a personal consular de Bolivia en zonas fronterizas, funcionarios de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y otros actores institucionales vinculados a la protección de NNA.
Capacitación desarrollada sobre Derechos de NNA desarrollar el Tarija con personal de la Defensoría del Pueblo, consulados de Bolivia en el exterior coma mayúscula DNA y expertos nacionales e internacionales.
Fuente: Archivo institucional de la Defensoría del Pueblo., 2024
Protocolos y formación especializada para la atención de NNA no acompañados o separados
Ante la identificación de un problema estructural en las zonas fronterizas —la presencia de NNA que migran sin compañía o separados de sus padres o tutores legales— la Defensoría del Pueblo, en coordinación con UNICEF, elaboró una propuesta de protocolo de atención para estos casos.
El objetivo del protocolo es establecer criterios y pautas claras de actuación para los servidores públicos que atienden a NNA no acompañados o separados, garantizando su acceso a derechos fundamentales como la protección estatal, la reunificación familiar, el acceso a la salud, entre otros. Este instrumento busca fortalecer la respuesta institucional ante una problemática creciente en contextos de movilidad humana.
Proyecciones y fortalecimiento institucional para la atención de NNA en movilidad humana
En coordinación con la Adjuntoría para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, y con el apoyo técnico de UNICEF, se prevé la implementación de cursos certificados dirigidos a fortalecer las capacidades de atención y cuidado de NNA nacionales y extranjeros en contexto de movilidad.
Asimismo, se tiene planificado desarrollar talleres, seminarios y otras actividades formativas centradas en temas como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, problemáticas estrechamente vinculadas a la movilidad humana.
Paralelamente, se trabaja de manera articulada con instituciones del Estado, como la Cancillería, el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y el Ministerio de Justicia, en la documentación de NNA apátridas nacidos en Bolivia que no han sido formalmente registrados, lo cual constituye una barrera para el ejercicio pleno de sus derechos.
Finalmente, como miembros activos de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) y de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), la Defensoría del Pueblo mantiene una interacción constante con sus pares en la región, lo que permite activar mecanismos de protección inmediata para niñas, niños y adolescentes migrantes en situaciones de riesgo.
Consideraciones finales
Las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito de la movilidad humana reflejan una estrategia integral de atención, protección e incidencia para la defensa de los derechos de NNA migrantes. Estas iniciativas no sólo han visibilizado las múltiples vulnerabilidades que enfrenta esta población, sino que también han promovido respuestas concretas, articuladas y sostenibles, tanto a nivel nacional como regional.
En el plano interno, la expansión territorial de los servicios defensoriales en zonas fronterizas ha permitido una atención más oportuna y especializada para NNA migrantes, fortaleciendo mecanismos de protección, restitución de derechos y procesos de reunificación familiar. El trabajo conjunto con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las representaciones consulares, la Dirección General de Migración y otros actores clave ha sido fundamental para garantizar procesos de repatriación respetuosos de los derechos humanos.
A nivel internacional, la participación activa en foros multilaterales y redes de INDH ha potenciado la capacidad de incidencia de la Defensoría del Pueblo, generando espacios de reflexión y construcción de buenas prácticas en torno a la niñez en movilidad. Destacan las propuestas normativas, el intercambio de experiencias y la elaboración de protocolos conjuntos como herramientas efectivas de coordinación y actuación.
Finalmente, el enfoque transversal de derechos humanos, género, generacional e intercultural que orienta la labor defensorial ha permitido abordar la movilidad humana infantil desde una perspectiva integral, reafirmando el rol de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Ante los desafíos actuales y futuros, se hace necesario consolidar estas acciones, ampliar las alianzas estratégicas y seguir promoviendo una respuesta estatal que reconozca la dignidad, agencia y derechos de cada niña, niño y adolescente en situación de movilidad.
Referencias bibliográficas
• Compendio de buenas prácticas sobre derechos humanos, migración y refugio de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. (2024, octubre). Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano – RINDHCA. https://www.rindhca.org/ images/publicaciones/redes_indh/buenas_practicas/compendios/Compendio_de_buenas_pr%C3%A1cticas_ sobre_migracion_y_refugio.pdf
• Defensoría del Pueblo. (2023). Memoria de la V Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos
“De la palabra a la acción”. Federación Iberoamericana del Ombudsperson – FIO.
• Defensoría del Pueblo. (2023, octubre 20). RINDHCA fortaleció protección de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en América Latina y el Caribe. https://www.defensoria.gob.bo/noticias/ rindhca-fortalecio-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-personas-migrantes-y-refugiadas-en-americalatina-y-el-caribe
• Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley N.º 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Autor Aldo Wilson Cortés Millán
Bolivia -
Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Migratorio, actualmente desempeñando el cargo de Responsable de Movilidad Humana de la Adjuntoría para el Análisis y Defensa de los Derechos Humanos y Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.
Dentro de su trayectoria profesional, destaca su participación en la creación de las normas bolivianas sobre migración (Ley 370, Decreto Supremo 1923 y los reglamentos vigentes en materia migratoria), participante en representación de Bolivia en foros de especialización migratoria y reuniones de CONARES del MERCOSUR, Comunidad Andina de Naciones, CELAC, UNASUR.
Actualmente, representante de la Defensoría del Pueblo de Bolivia en el Grupo de Trabajo sobre Población Migrante y Refugiada de la RINDHCA y de la Red sobre Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.
Trabajando
Ruta Educativa:
para reducir las barreras educativas que enfrentan los niños, las niñas y adolescentes y sus familias en movilidad
a través de la ruta migratoria centroamericana
Por: Sussana M. Urbano Hanson y Andrea Baertl Helguero 1
El problema: Un camino sin una ruta para el aprendizaje
América Latina y el Caribe (ALC), particularmente Centroamérica y México, se ha consolidado como una de las regiones con mayor movilidad humana del mundo. En los últimos 15 años, los flujos migratorios se han incrementado significativamente, duplicándose el número de migrantes internacionales (World Migration Report, 2022). Solo en Honduras, en 2023 se registraron más de 495.000 personas en situación migratoria irregular, el doble que en 2022. Este fenómeno afecta de manera creciente a la niñez: en ALC, los niños, niñas y adolescentes (NNA) ya constituyen el 25% de la población migrante, muy por encima del promedio global del 15% (UNICEF, 2023a). Además, la migración en ALC es más feminizada que el promedio global, con un 49,5% de mujeres migrantes (World Migration Report, 2024). Los flujos son multidireccionales y cambiantes, con múltiples países actuando simultáneamente como origen, tránsito y destino. Los NNA cruzan fronteras solos o acompañados, en busca de protección y oportunidades, exponiéndose a peligros como violencia, enfermedades, explotación y desastres. En puntos críticos como la selva del Darién, se registró en 2022 el paso de casi 250.000 personas, incluidas 40.000 menores de edad (UNICEF, 2023b).
El acceso a la educación para NNA en movilidad representa uno de los desafíos más urgentes y desatendidos. Persisten barreras legales, lingüísticas, sociales y tecnológicas, así como una baja disponibilidad de servicios educativos estandarizados. Los materiales suelen carecer de coherencia curricular y no responden a marcos de competencias reconocidos. Para menores de cinco años, la situación es aún más crítica, al no ser el aprendizaje temprano una prioridad para muchos cuidadores (R4V, 2023). A esto se suman la baja conectividad y el acceso limitado a dispositivos digitales.
1 El programa “Educación en la ruta migratoria” es impulsado por Save The Children. Esta organización independiente de Cooperación Técnica Internacional, desarrolla actividades para la promoción y defensa del niño. Save The Children tiene convenio vigente con el IIN-OEA.
La Educación en Emergencias (EeE) no ha sido adecuadamente priorizada por gobiernos ni actores humanitarios. Aunque existen iniciativas puntuales, se enfrentan a limitaciones de capacidad institucional, falta de coordinación intersectorial, debilidad en la formación de facilitadores y poca integración con servicios esenciales como salud, nutrición y protección. Esta falta de articulación impide una atención integral que responda a las múltiples dimensiones del desarrollo infantil (Save the Children, 2024).
La duración del tránsito migratorio, la escasa reintegración a los sistemas educativos nacionales y el bajo interés institucional por la educación como derecho esencial provocan largos períodos sin escolarización, en algunos casos superiores a un año. Muchos adolescentes, al quedar rezagados, no logran reincorporarse, lo que impacta su alfabetización, desarrollo socioemocional y oportunidades futuras de aprendizaje (UNESCO, citado en Save the Children, 2024).
Las niñas enfrentan barreras específicas relacionadas con normas de género, riesgo de matrimonio infantil, violencia sexual y falta de condiciones seguras e higiénicas en los entornos escolares (UNICEF, 2019; Girls Not Brides, 2020). En países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se ha documentado cómo la violencia de pandillas obliga a muchas niñas a casarse como forma de protección (Save the Children, 2020).
Además, las condiciones socioeconómicas de las familias, especialmente aquellas lideradas por mujeres solas, limitan la posibilidad de priorizar la educación frente a necesidades urgentes como alimentación, vivienda o transporte. La falta de información clara sobre servicios disponibles también contribuye al abandono escolar. El acceso limitado a la educación incrementa el riesgo de que los NNA sean víctimas de explotación laboral o reclutamiento por grupos criminales.
Frente a esta realidad, urge una respuesta coordinada que coloque la educación como eje central de las políticas migratorias y humanitarias, integrando el principio del interés superior del niño y la niña y articulando los servicios educativos con la protección, salud y bienestar integral de los NNA en movilidad.
El programa: Una ruta coordinada para garantizar el acceso a la educación
Para abordar este problema y asegurar la educación continua de niños, niñas y adolescentes en movilidad en Centroamérica, Save the Children y su socio HIAS, entre otros desarrollaron el programa “Ruta Educativa”. Para lograrlo, el programa identifica las necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes para
ayudarlos a mantener y mejorar las competencias básicas durante su travesía, así como facilitar su reincorporación al sistema educativo en el país de destino. A través de acciones técnicas pedagógicas, de coordinación y de incidencia, el programa refuerza una respuesta humanitaria coordinada a través de las fronteras, permitiendo a los proveedores de educación mejorar sus capacidades y la coordinación entre ellos. Además, el programa brinda información que promueve la educación de NNA en movilidad que se encuentran en tránsito o situación de retorno o en una situación de desplazamiento interno. Así también, colabora con socios humanitarios, gubernamentales y regionales para abogar por la implementación y el fortalecimiento de acuerdos y políticas públicas que garanticen el acceso a la educación de los niños en tránsito. Save the Children lidera esta iniciativa y, junto con HIAS, la ha implementado en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México desde abril de 2023, con el apoyo técnico del Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe (GRE-LAC)2 y la articulación con la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana (CECCSICA)3. La iniciativa ha sido posible gracias a la contribución de ECHO4 y los Fondos Humanitarios de Save the Children.
Evaluación y atención educativa
Para conocer las necesidades de aprendizaje particulares de los niños, niñas y adolescentes migrantes, particularmente en tránsito o retorno, se desarrolló la herramienta “HALDO en Movimiento”5 que permite identificar a través de un instrumento de diagnóstico el nivel de desarrollo de las competencias básicas
2 Creado en 2011, se dedica a apoyar a los Ministerios de Educación y los Mecanismos de Coordinación Humanitaria del Sector Educación en la gestión de riesgos, respuesta a desastres o fenómenos migratorios en América Latina y el Caribe. Este grupo trabaja para promover estrategias educativas que atiendan a los niños, las niñas y los adolescentes vulnerables o afectados por crisis en la región. Compuesto por 19 organizaciones, incluyendo entidades de la sociedad civil y de Naciones Unidas, el GRE-LAC colabora estrechamente con aliados internacionales como la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Resiliencia en el Sector Educativo (GADRRRES) y el Clúster Global de Educación (GEC). Actúa como miembro coordinador del sector educativo para el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres (REDLAC) y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) para más información consultar: https://grelac.org/
3 Es una secretaría técnica del Sistema de Integración Centroamericano, que vio su origen en la VIII Reunión de Ministros de Educación en Nicaragua, el 13 de noviembre de 1982, responsable de la articulación, fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas en materia de educación y cultura. Para más información consultar: https://ceccsica.info/
4 Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO por sus siglas en inglés), creada en 1992 como expresión de la solidaridad europea con las personas necesitadas de todo el mundo que provee programas de cooperación financiera y técnica. Para más información sobre ECHO consultar: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/index_en
5 con base en una herramienta desarrollada por nuestra organización, llamada Evaluación holística de los resultados del aprendizaje y el desarrollo (HALDO por sus siglas en inglés) para más información sobre la herramienta base: https://resourcecentre.savethechildren.net/document/holistic-assessment-of-learning-and-development-outcomes-haldo-administration-and-adaptation-guidance-external-partners-email-learningassessmentsavechildren-org
en lecto-escritura, habilidades numéricas, funciones ejecutivas y aprendizaje socioemocional, en niños de 5 a 17 años. La herramienta identifica los requisitos de aprendizaje y esboza acciones de desarrollo que deben seguir los proveedores de educación, padres, madres o cuidadores. Adicionalmente, para atención particular de adolescentes de 14 a 17 años se desarrolló un instrumento adicional para la identificación de aptitudes vocacionales.
Para dar seguimiento de la atención realizada los niños, niñas y adolescentes atendidos en cada punto de la ruta migratoria, se desarrolló una base de datos que permite registrar y monitorear la trayectoria de aprendizaje de cada niño o niña y la atención recibida, que también puede incluir información sobre protección, salud o cualquier otro factor que afecte al niño, permitiendo asimismo identificar casos para su derivación a lo largo de la ruta. Los padres y cuidadores tienen acceso a los resultados de los niños, niñas o adolescentes, así como recomendaciones para contribuir en el fortalecimiento o desarrollo de nuevas competencias a través de una plataforma en línea con acceso directo, exclusivo y protegido para las familias, que pueden consultar y descargar en cualquier momento.
Acceso a la información
Esta línea de acción del programa Ruta Educativa tiene como objetivo garantizar que los padres, madres y cuidadores reciban información sobre la importancia del aprendizaje durante el trayecto y dónde acceder a la atención a lo largo de la ruta migratoria o en el país de retorno, además del nivel de competencia real de sus hijos en lectoescritura, habilidades numéricas, funciones ejecutivas y aprendizaje socioemocional, para apoyar la reintegración y mejorar los resultados educativos. Durante la primera fase de implementación del programa se realizaron esfuerzos coordinados con el GRE-LAC para articular una campaña conjunta de comunicación, evitando la duplicación de esfuerzos para sensibilizar sobre la importancia de la educación para los niños, niñas y adolescentes en tránsito en Centroamérica. Por otra parte, a través del programa se elaboró guías para las familias sobre los lugares y tipos de servicios donde los niños, niñas y adolescentes podían ser atendidos en la ruta migratoria, con cuya información además se fortaleció el mapa de servicios web del del Grupo de trabajo Espacio de Apoyo de la Plataforma R4V6 logrando una entrega online.
6 La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) está conformada por más de 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG, entre otras) que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe, para más información:
Incidencia
y coordinación
El programa trabajo con Ministerios de Educación y organizaciones humanitarias de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, actores regionales clave para articular esfuerzos y garantizar una atención integral, oportuna y efectiva de la población objetivo. Las principales acciones de incidencia se centraron en el reconocimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en tránsito por parte de los ministerios de educación y otros actores relacionados, desde una revisión documental previa de la política pública educativa donde se puedo evidenciar vacíos sobre esta población en particular. El trabajo conjunto permitió construir estrategias de incidencia para cada país y para el ámbito regional y priorizar acciones en esta materia. Se desarrolló un plan de trabajo con la CECCSICA, estableciendo responsabilidades de los diferentes actores para ampliar y mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes en tránsito.
Logros destacados
Desde su inicio, el programa ha mejorado el modelo y ha obtenido logros en su objetivo de garantizar que los niños, niñas y adolescentes en movilidad ejerzan su derecho a la educación aun en condiciones de alta vulnerabilidad.
• Espacios para la atención integral de la niñez: Una ruta hacia el aprendizaje y el bienestar
Una cuestión clave que detectó el programa fue la necesidad de ofrecer espacios adecuados y seguros en la ruta para garantizar bienestar de los niños, niñas y adolescentes y lograr una experiencia de aprendizaje positiva. Además de ofrecer espacios amigables se distribuyó a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, kits de hidratación y nutrición básica, antes de la evaluación, lo que mejoró enormemente la disposición de la población objetivo hacia las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje y complementarias de juego y recreación durante la estancia en estos espacios tuvo un impacto positivo en el bienestar socioemocional de los de los niños, niñas y adolescentes, pues allí encuentran un lugar para volver a jugar y aprender. Como mencionaron los facilitadores de la herramienta: “Los migrantes entraban en el espacio, y los niños salían”.
• Herramientas y materiales: Trazando la ruta de aprendizaje “HALDO en movimiento” proporciona información valiosa sobre las necesidades educativas de los niños migrantes y sirve para registrar su nivel de competencias, lo que permite medir los progresos a lo largo de la ruta. Estas evaluaciones también han ayudado a adaptar las intervenciones a las circunstancias específicas de cada país
y han permitido una mayor coordinación en la respuesta educativa de los distintos actores involucrados a lo largo de la ruta. El programa está trabajando en un paquete estandarizado de materiales adaptados a las recomendaciones pedagógicas desarrollas en el marco de la herramienta de diagnóstico, así como ha desarrollado y entregados kits de material educativo adaptado a las diferentes etapas de la ruta migratoria para que contribuir aún más a que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir aprendiendo según sus resultados y medir sus progresos a medida que avanzan en su viaje. Hasta la fecha, se han realizado más de 3.320 evaluaciones educativas a niños y adolescentes en tránsito en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
• Colaboración entre países, socios y partes interesadas
“Ruta educativa” tiene un enfoque transfronterizo y multisectorial que abarca toda América Central. El modelo de colaboración flexible ha permitido una respuesta articulada, que permite a los actores capitalizar sus puntos fuertes y conexiones, logrando así más para los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, Save the Children México lo ha utilizado para apoyar la reintegración de los niños en el sistema educativo. En El Salvador, se ha prestado especial atención a las plataformas de atención integral a los migrantes, y en Honduras se ha mejorado la coordinación intersectorial a través de redes humanitarias, incluido el trabajo coordinado con UNICEF. En Panamá ha habido una importante colaboración con organizaciones humanitarias y el Ministerio de educación, participando directamente en la implementación de la aplicación del diagnóstico. En Guatemala, ha participado el Instituto Guatemalteco de Migración, mientras que, en Costa Rica, UNICEF y otras organizaciones humanitarias han desempeñado papeles cruciales. Estos esfuerzos han dado lugar a un alto nivel de compromiso y participación, mejorando la reintegración de los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar y garantizando que reciban la educación y el apoyo que necesitan para prosperar. Esto demuestra el potencial de la intervención y las diferentes formas en que puede escalarse.
• Posicionando la educación en emergencias para los niños en movilidad
Uno de los principales retos a los que se ha enfrentado el proyecto es la falta de priorización de la Educación en Emergencias para los niños en movilidad. Para abordarlo, los actores del programa se han comprometido activamente con las plataformas locales para integrar el tema en su agenda, han organizado talleres de sensibilización y han promovido el interés de los principales socios. Las actividades de incidencia destacaron la importancia de la continuidad educativa, lo que impulsó a otros actores y organizaciones a dar prioridad a la educación.
A nivel regional, desarrollamos una agenda de incidencia y colaboramos con la CECC-SICA logrando el compromiso de los ministerios de educación de los países
de Centroamérica, mismos que fueron. reconocidos y asumidos en sus Consejos de Ministros y Ministras de El Salvador en noviembre de 2023, donde se firmó un acuerdo para implementar el programa en los ámbitos nacionales y de Honduras en junio de 2024, aprobando el plan de trabajo conjunto, consolidando nuestro compromiso de seguir adelante.
Mediante la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el programa ha creado conciencia, ha desarrollado estrategias de defensa de los niños en movilidad y ha posicionado el tema entre las principales partes interesadas.
• Campaña de comunicación por una educación sin fronteras
La campaña de comunicación “Educación sin límites: aprendo aquí o allá”, desarrollada en coordinación con GRE-LAC, llegó a 300.000 personas usuarias de la región en 2024, sensibilizándoles sobre el derecho a la educación y su real importancia para la vida de los niños, niñas y adolescentes en movilidad. El éxito de las prácticas de comunicación del programa ha involucrado a padres, profesores y líderes comunitarios. También se usaron otras estrategias de comunicación eficaces han sido la colocación de mensajes de concientización en botellas de agua, la distribución de mochilas u otros implementos útiles durante el viaje y la difusión de testimonios a través de entrevistas y videos con las familias beneficiarias. Además, la distribución de insignias y pulseras de Ruta Educativa a las autoridades educativas y gubernamentales, así como a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, atendidos por el programa aumentando la visibilidad y su identificación en la ruta migratoria.
Próximos pasos para fortalecer la ruta educativa
La iniciativa ha recibido reacciones positivas de la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de la región, tanto por su innovación como por poner sobre la mesa la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en las principales plataformas de coordinación humanitaria.
Actualmente, Save the Children busca activamente fondos para continuar la implementación de este programa, continuamos en el desarrollo de informes de evidencia y otros productos que muestren el impacto de la iniciativa, productos de difusión para diferentes audiencias, estudios de caso, un marco práctico común para apoyar la implementación de la Política Educativa Centroamericana, y un paquete metodológico para replicar el modelo y para facilitar su escalabilidad y el trabajo con socios y actores clave.
Ahora buscamos garantizar la continuidad de los servicios prestados, capitalizar los logros conseguidos y garantizar su sostenibilidad. Estamos planificando y desarrollando propuestas de financiamiento para:
• Implementar/rehabilitar más espacios para seguir ofreciendo servicios educativos (evaluación y atención) en tránsito (ahora en contraflujo) o en retorno según las necesidades identificadas, incluida la entrega de kits estandarizados.
• Consolidar la capacitación y transferencia a los socios locales, así como de los ministerios de educación para la implementación de aplicación del diagnóstico y procesos de atención en el territorio.
• Articular un paquete educativo con otros actores para ofrecer materiales normalizados y estandarizados, a partir de un mapeo de recursos pedagógicos y de enseñanza de los actores claves para atender las necesidades educativas.
• Ampliar los esfuerzos para la sensibilización e información sobre los servicios educativos prestados para mejorar el acceso de las familias en movilidad.
• Mejorar y ampliar las funciones de la base de datos en línea para garantizar que más socios puedan trabajar con ella para ofrecer un servicio educativo coherente y continuado a lo largo de la ruta.
• Organizar actividades para intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas, hacer hincapié en la interseccionalidad y supervisar los avances en la coordinación humanitaria en materia de educación con la sociedad civil y otros actores.
• Consolidar la coordinación con los clústeres nacionales de educación y de otros sectores como protección y salud para reforzar la integralidad de la atención.
• Apoyar el Plan de Trabajo Conjunto con CECC-SICA
• Participar en espacios de alto nivel para defender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y garantizando que estos puedan influir en las políticas educativas en movilidad.
Referencias bibliográficas
• Save the Children. (2020). Girls on the Move in Venezuela & Colombia. Save the Children Research Series.
• Save the Children. (2024). Access to Education of Children in Mobility [informe sin publicar].
• UNICEF. (2019). A Profile of Child Marriage and Early Unions in Latin America and the Caribbean.
• UNICEF. (2023a). El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe: Una región como ninguna otra. Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. https://www.unicef.org/lac
• UNICEF. (2023b). El desafío educativo de los niños y adolescentes en movilidad en América Latina y el Caribe. Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
• World Migration Report. (2022). Migration Trends in Latin America and the Caribbean. OIM.
• World Migration Report. (2024). International Migration Highlights. OIM.
• R4V. (2023). Refugee and Migrant Needs Analysis. Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
• Girls Not Brides. (2020). Child, Early and Forced Marriage and Unions in LAC.
Autora
Sussana M. Urbano Hanson
Asesora Senior de Educación en Emergencias para América Latina y el Caribe en Save the Children y colíder del Grupo Regional de Educación (GRE-LAC). Arquitecta (UCV) con MSc. en Gestión Ambiental (ULACIT) y diplomados en Derecho Internacional de Refugiados (Universidad de Panamá) y en Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas (Fundación Henry Dunant). Con más de 20 años de experiencia en gestión del riesgo y respuesta a crisis en el sector educativo, ha colaborado con gobiernos, ONG Internacionales como RET International o World Vision y agencias del Sistema de Naciones Unidas como UNICEF, PNUD y UNDRR. Miembro de INEE y exasesora regional de GNDR para Centroamérica. Ha desarrollado herramientas prácticas de formación y abogacía para fortalecer la protección y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia y movilidad.
Autora Andrea Baertl Helguero
Insights and Learning Advisor para América Latina y África Oriental en Save the Children, donde lidera procesos de monitoreo, evaluación y generación de evidencia en proyectos relacionados con educación y cambio climático. Licenciada en Psicología Social por la PUCP y magíster en Bienestar y Desarrollo Humano por la Universidad de Bath. Su trabajo se enfoca en el uso estratégico del conocimiento para la transformación social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada, aprendizaje organizacional y gestión de programas en América Latina, África, Europa y Asia. Ha trabajado con ONG, centros de pensamiento y organismos multilaterales, coordinando equipos internacionales y liderando evaluaciones organizacionales. Fue directora de investigación y aprendizaje en On Think Tanks, donde fortaleció capacidades institucionales y promovió redes globales de colaboración. Ha desarrollado herramientas para el fortalecimiento institucional, liderado conferencias internacionales y promovido comunidades de práctica.
Proteger el movimiento de las infancias como derecho a la esperanza de un caballito de mar
Por: Josué Díaz e Ivanna Herrán1
Quizás una de las notas más universales y consubstanciales a la infancia, a todas las infancias, sea el movimiento. Wawas, chamacos y pulguitas se mueven por doquier, se mueven en todas partes, se mueven todo el tiempo. Se retuercen en salvajes contusiones cuando el papá les busca las cosquillas, se contraen en la cama o se arrechuchan contra el cuerpo del hermano mayor cuando la oscuridad trae los monstruos de la noche. Se mueven cuando corretean incansables en la cancha, cuando laboran en el conuco, entre cafetales y maizales, cuando trepan a las copas de ceibas, molles o bellasombras o pastorean con los camélidos familiares por laderas y cimas, cuando se zambullen y bracean en el río de aguas mansas que atraviesa la comunidad, cuando persiguen al carrito de los helados o juegan a la rayuela. Se mueven incluso cuando están sentados en el pupitre de clase: mover el lapicero, mover la punta del pie, mover el dedo para arrancar un moquito. Hay quienes son muy movidos, quienes no paran quietos. Hay, en cambio, de quienes por tanto moverse se dice —dicen los manuales médicos redactados por adultos que ya tanto no se mueven— que son hiperactivos, así, como si moverse fuese una patalogía; y hay a quienes, si no se mueven o se mueven poco, les toca pasar el chequeo médico porque preocupa mucho un pequeñajo o pequeñaja que no se mueve.
Moverse es señal de alegría, de bienestar. El movimiento da consistencia, da significancia a los cuerpos y genera entidad propia: los niños y niñas se mueven porque aprenden a caminar, se mueven para jugar, se mueven para materializar lo que su cabeza no para de imaginar, se mueven para alcanzar lo que desean, se mueven para abrazar y abrazarse con los otros, y ya entonces, con su movimiento, construyen un espacio propio, desarrollan autonomía y palpitan la vida.
1 Este artículo fue desarrollado en base al estudio realizado en el marco del convenio vigente del IIN-OEA con Ayuda en Acción. Ayuda en Acción es una organización de cooperación de dimensión internacional. Su tarea primordial es mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, propiciando cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
El movimiento como derecho a la esperanza.
Por eso, porque la infancia es movimiento, hay infancias que se mueven también entre ciudades, regiones y países, que van y vienen dentro del vasto territorio de las Américas. Sin embargo, a este movimiento de las infancias, a su movilidad en contextos de migración, se le ha dedicado históricamente poca atención, mucho menos de la que importa.
Los datos del informe de la OIM (2024) confirman una tendencia mundial de movilidad humana en aumento, tanto en número de personas como de ampliación de las rutas migratorias, las causas de la emigración y los destinos. En las Américas, donde el 22,5% de sus habitantes tienen menos de 15 años (CEPAL, 2024), 1 de cada 4 personas que se mueve entre estados tiene menos de 18 años (UNICEF, 2023).
La comparativa respecto a las cifras globales no deja lugar a dudas: el 25% de las personas migrantes de la región son niñas, niños o adolescentes, mientras que a nivel mundial representan el 13% del total de las personas migrantes (OIM, 2024).
Las Américas son, más que en ningún otro continente, un territorio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se mueven. Pero ese movimiento, que es la expresión de la mutación y la energía, de la esperanza y la salvación, es también el movimiento de la huida, la resistencia y la desesperación.
El fenómeno de la movilidad humana de las infancias en el continente no es unívoco ni estático. Al contrario es complejo, polisémico, diverso, cambiante, en aumento y con un elemento común: la doble condición de vulnerabilidad, por la minoría de edad y por el estatus migratorio, de las infancias migrantes
En la última década, hay dos comportamientos migratorios muy importantes que ayudan a entender el fenómeno en su complejidad: el éxodo venezolano y la migración centroamericana. Junto a ello, algunos de los factores catalíticos que ayudan a explicar el aumento de la movilidad humana de las infancias son: las crisis políticas y diásporas, los contextos de violencia localizados en algunas regiones y estados, los efectos del cambio climático sobre la inseguridad y pérdida de medios de vida, y un elemento constante y presente en casi todos los territorios del continente: la pobreza y la desigualdad estructural que afecta en torno al 45% de las niñas, niños y adolecentes del continente.
Dentro de la magnitud de este fenómeno, es esencial reconocer y abordar las diversas formas que adopta la infancia en contextos de movilidad humana. A menudo, se limita la categoría de infancia migrante a la niñez extranjera en países de destino o a la no acompañada. Sin embargo, para tener una visión integral de la infancia migrante es necesario considerar todas las posibles situaciones del proceso migratorio (Ceriani et al., 2014). Partiendo de aquí, en nuestro análisis, como parte
del Estudio Infancias en Movilidad Humana (Ayuda en Acción & IIN-OEA, 2025), hemos destacado al menos cinco perfiles diferenciados: infancias separadas en origen de sus cuidadores/as o dejadas atrás, infancias en tránsito acompañadas, infancias en tránsito no acompañadas, infancias en destino e infancias retornadas o deportadas. Cada uno de estos perfiles requiere de respuestas individualizadas y enfoques diferenciales, ya que en función de su estatus migratorio verán afectados en mayor o menor medida el ejercicio de sus derechos. Pero lo cierto es que no es común encontrar estadísticas y abordajes diferenciados, consolidados e integrados en las políticas públicas de los estados de la región.
El movimiento, sólas o acompañadas, transitando a través de fronteras y países, les sitúa ante contextos a menudo de riesgo y fragilidad, donde se viven experiencias altamente humanas, tan reales como las picaduras de insectos de la selva que atravesaron, el barro de la ciénaga aquella en la que hundieron sus piés o los relinchos del caballo percherón a cuyos lomos cruzaron corredores de montañas peladas. Durante el viaje, portan y afrontan con sus cuerpos el cansancio de las largas caminatas, el frío de la montaña, la humedad de la selva o el golpeteo de los huesos contra el acero de la vagoneta donde viajan tan apretados, la incertidumbre y el pavor a la oscuridad cuando toca franquear las líneas de los mapas por esos puntos ciegos —decimos ciegos para significar que son invisibles, que lo que ahí sucede queda ocultado y silenciado—, los recelos hacia ese señor desconocido, de mirada esquiva y afilada, que inventa su nombre y finge ser un pariente lejano dispuesto a conducirles hacia el Norte para el reencuentro ansiado con la familia, el quejido de las tripas vacías y el estómago que se ahueca tras días de poco o nada comer, el estrés cuando no se logra descifrar la preocupación en la cara de la mamita que conversa con agentes extraños en la frontera, cuando la ves negar con la cabeza mientras derrama unas lágrimas confusas en medio de una atmósfera abrasante de calor, gasolina y rugido de camiones, acusada por palabras que suenan tan feas y atemorizantes, o la ansiedad por no saber contar ya en días, semanas o meses, el tiempo que pasó desde que nos separamos del papá en el país aquel al que tanto costó llegar.
(Durante 2022, 1.148 personas migrantes fallecieron o desaparecieron en rutas migratorias de las Américas; el 7% eran niñas, niños o adolescentes (OIM, 2023).
Casi 100.000 niñas, niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en 2023 y más del 90% de las infancias en movimiento que transitan por lugares peligrosos son menores de 11 años (Unicef, 2023, 2024)).
Cargan también con el recuerdo de lo que quedó allá y añoran a sus panas, a los compañeros del equipo de fútbol, al grupo de baile, a las abuelas, a las hermanitas pequeñas, el patio del colegio y a Firulais, el perrito lanudo del director, y el bosquecito amarillo donde tan fresco se jugaba. Y no siempre entienden los porqués de ese viaje, porque rara vez sus mayores les preguntan su opinión.
Durante el trayecto y también en destino, experimentarán la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, a ser rechazados. Serán discriminados a menudo, sin entender por qué les esquivan, les miran mal y les hablan feo, por qué les falta para comer, para asearse o para dibujar, por qué no pueden ir a la escuela o a la cancha, por qué no pueden decir lo que sienten, y por qué sus mayores les enseñan que es mejor callar y que, a veces, no decir la verdad no es del todo una mentira y que eso, que no está bien, a veces también te puede salvar. No entenderán tampoco por qué tienen que aprender a ser fuertes y caminar lejos del hogar, si ellos sólo quieren volver a casa, a alguna casa, parar y tener más tiempo para jugar, más que nada jugar, jugar como una estrategia para olvidar o evocar lo que quedó en origen, lo que se perdió en el camino, lo que tanto se extraña.
Su movimiento nos habla con los cuerpos, con la energía de lo vivido, de lo resistido, de lo dejado atrás, pero también con la autoridad y la fuerza de una mochila que se va llenando de nuevos aprendizajes, habilidades y destrezas que fueron surgiendo con cada nuevo desafío que afrontaron, con cada dilema que se vieron forzados a resolver: contar la verdad sobre el extraño que me aprieta la mano o callar y seguir reviviendo ese dolor que tanto encadena; elegir entre libros-colores o botellas de agua-latas de atún cuando preparo la mochila para el viaje; salir a pedir limosna junto a papá o quedarme a jugar en el parque de esta nueva ciudad donde llevamos varios días acampados; telefonear a la mamá que quedó atrás, decirle que todo está bien o romper a llorar y anunciarle que no puedo más, que quiero regresarme, aunque a veces regresar sea la peor de las opciones.
Como una prolongación de la vida siempre en movimiento, las infancias moldean y transforman los territorios y las comunidades por las que transitan. Sus experiencias, prácticas y testimonios son una partitura moral que registra lo mejor de nuestra naturaleza, un legado de resistencia basado en la solidaridad y el vínculo con los otros. Y es precisamente en esos encuentros, en esos diálogos vivenciales con los otros iguales, tan plurales y diversos, en tránsito, destino o retorno con quienes resistieron y anduvieron camino, donde el movimiento de las infancias migrantes despliega toda su capacidad de agencia, de protagonismo, de capacidad afirmativa: vencer el miedo atávico a la oscuridad de las selvas prendiendo una linterna para leer cuentos hasta dormir a los vecinos más pequeños y asustadizos que acampan en la tienda de al lado; compartir juegos y leyendas populares con otros iguales africanos, asiáticos, andinos, caribeños; inventar con ellos canciones para dar sentido, ritmo y relato a la epopeya; compartir la exigua comida, cargar con la mochila de los más pequeñitos o incluso asumir el riesgo de prestar una parte del capital reservado para el viaje tras escuchar el relato de otro compañero caminante que lo tiene peor que tú o que viene de regreso, exánime y sin recursos, de ese mismo Norte hacia el que tú te encaminas.
Estas experiencias, estas convulsiones de la vida propia a temprana edad, influyen de manera determinante en la personalidad. Por ello, migrar durante la niñez o la juventud es una experiencia transformadora que puede tener un impacto positivo, profundo y duradero en las personas, sus familias, las comunidades de acogida y de origen. Migrar debiera ser una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a entornos protectores y de seguridad, a nuevos conocimientos que permitan despelgar sus talentos y potencias, y debiera hacerse, siempre, en condiciones de seguridad y protección.
Lejos de la retórica del odio, del miedo, la criminalización o el victimismo, las infancias migrantes son sujetos con plena agencia que con su movimiento enriquecen y humanizan los territorios y contextos que transitan. Su movimiento, sus movilidades, son una acción performativa que contribuye a generar y enriquecer nuevos vínculos comunitarios, nuevas maneras de resistir, nuevas maneras de vivir y experiementar lo en común, lo cultural, lo social, lo político, impregnando y aportando una carga simbólica que resignifica el valor de la esperanza, de los sueños, el futuro y las aspiraciones por una vida mejor que anhelan con la ilusión intacta o recalibrada, pero siempre latiendo y en movimiento, defendiendo el derecho a la esperanza.
No están solos: amigos en el camino o el valor de los chalecos todoprotectores.
Pero al afrontar toda esta maraña de emociones, dilemas e injusticias, las infancias no están solas durante su movimiento. En los rincones más insospechados, allá donde se pliegan los mapas, siempre hay un agente local o comunitario dispuesto a escuchar, a acoger, a contener y tender la mano, a poner su cuerpo para dar auxilio, calma y paz. La humanidad siempre al rescate.
En medio del sopor, los grises y la confusión de los puntos fronterizos, siempre brilla, sobresaliente, el todoprotector chaleco de los agentes locales de protección amigos de las infancias. Con distintos nombres, mandatos, acentos, dejes y vocablos, los profesionales sociales de un amplio número de instituciones públicas y ONG ejercen su labor, con ternura y compasión, poniendo calor a los protocolos, dignificando la atención y humanizando el derecho y las políticas.
Las necesidades a menudo desbordan las capacidades de respuesta de los sistemas locales de protección, pero es entonces cuando el compromiso y la creatividad de los operadores del territorio da sentido a la proclama aquella de la Agenda 2030 “de no dejar a nadie atrás”. Y es entonces cuando, fruto de la coordinación multi-actor y de la solidaridad de la comunidad internacional y las comunidades locales, surgen experiencias sociales tan bellas y valiosas como las salas lúdicas y recreativas para las infancias ubicadas en frontera; las “tienditas humanitarias” de los puntos fronterizos,
donde las familias migrantes pueden hacer acopio de necesidades para el camino en un entorno de dignidad y ternura que se siente como una caricia al corazón; los kits educativos humanitarios que permiten dar continuidad a sus aprendizajes en lecto-escritura y matemática durante la ruta migratoria; los albergues para personas migrantes en ruta, con sus habitaciones infantiles separadas y decoradas, recreando una atmósfera tan acogedora y cálida como el regazo del hogar; o los espacios de participación infantil donde, a través de la cultura, el arte o el deporte, se promueve la integración social, la igualdad, la tolerancia y la diversidad.
Son sólo algunas de las buenas prácticas y valiosas experiencias de protección que se replican a lo largo y ancho de las Américas, basadas en la fuerza de lo local y lo comunitario, que confieren dignidad y humanidad al movimiento de las infancias que se desplazan entre países, que sostienen y dan textura, color y aliento a ese derecho a la esperanza que guía a quienes caminan en la búsqueda de un mayor bienestar y bienser.
¿Cómo mejorar la protección de las infancias en movimiento? Algunas recomendaciones para las políticas públicas desde la experiencia local.
Tanto o más que las respuestas locales, importan los marcos normativos y de políticas públicas que configuran la gobernanza de las migraciones, la protección de los derechos humanos de las infancias y su correcta implementación. Por eso, de la misma manera que mutan los flujos migratorios, debieran actualizarse y enriquecerse estos marcos con las experiencias, las voces, los interrogantes —y los gritos a veces— que nos profieren las infancias que se mueven. Y para ello, debiéramos saber hallar las respuestas en el derecho internacional de los DD.HH. y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que, a 35 años de su adopción, sigue siendo plenamente vigente.
Con este propósito, en el Estudio Infancias en Movilidad Humana, elaborado en colaboración con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, recogemos algunas de las recomendaciones que nos parece importante destacar.
En primer lugar y a modo transvesal sería importante contar con diagnósticos, políticas y abordajes diferenciales según las necesidades de protección de los distintos perfiles de infancias en movilidad humana antes descritos; aumentar las capacidades territoriales de los agentes locales y potenciar la articulación multi-actor y multinivel; desarrollar campañas de sensibilización en comunidades de acogida y tránsito, para promover una cultura de paz, tolerancia y no discriminación, que promueva una narrativa positiva de la migración; generar espacios de participación
y escucha a las infancias y explicarles sus derechos; seguir promoviendo acuerdos y espacios intergubernamentales de abordaje regional.
En segundo lugar, y atendiendo a los diferentes perfiles de infancias en movimiento, sería importante:
(1) Infancias separadas en origen: desplegar programas público-privados que promuevan condiciones de arraigo, desarrollo socio-económico y sostenibilidad ambiental, a fin de que migrar no sea una decisión forzada; y promover condiciones para una migración informada y segura que privilegie el principio de unidad familiar.
(2) Infancias migrantes en tránsito: dotar a los puntos fronterizos de espacios lúdicos, recreación, esparcimiento y atención educativa y psicosocial; desarrollar programas de continuidad educativa durante la ruta migratoria; aumentar la capacidad de los centros de acogida provisional, garantizando el acompañamiento y no separación de sus familiares adultos.
(3) Infancias no acompañadas: reconocer sus derechos desde un enfoque de protección especial, considerando la triple condición de vulnerabilidad (minoría de edad, estatus migratorio y separación familiar); actualizar los protocolos, basados en estándares de protección internacional y derechos de infancia, con un marco competencial claro y bien delimitado para los distintos agentes gubernamentales y un liderazgo predominante del ente rector de protección de la infancia; en los procesos de identificación, derivación y adopción de la acción protectora, velar por la observancia y aplicación de los derechos de la infancia y los principios de: presunción de minoría de edad, primacía de cuidados, reintegración familiar, no retorno y no devolución, no detención arbitraria, interés superior del niño/a, escucha y consideración de la opinión del niño/a; asegurar medios de transporte y espacios de acogida inmediata y provisional seguros y amigables, separados de adultos, dotados de candidez emocional, y que brinden asistencia psicológica, jurídica, educativa y social cuidando no re-victimizar ni invadir la intimidad.
(4) Infancias en comunidades de destino: promover políticas públicas de regularización, y remover los obstáculos de gestión y acceso a la documentación administrativa que limitan en la práctica el goce y ejercicio del derecho a la educación; extender el acceso a la sanidad universal gratuita, con independencia del estatus migratorio; acompañar la inclusión económica para los padres, madres y jóvenes migrantes, a fin de generar acceso a un empleo digno e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y de cuidado; promover entornos locales seguros, protectores y de buen trato para las infancias con abordaje basado en
la comunidad, dotados de áreas recreativas, seguras y amigables y con programas de inclusión y participación a través del juego arte, la cultura y el deporte.
(5) Infancias retornadas: atender las necesidades de ayuda humanitaria, de asistencia jurídica y administrativa, con prioridad en las medidas de reintegración familiar; desplegar planes comunitarios de integración socioeducativa y familiar, así como de inclusión económica y emprendimiento para jóvenes retornados; ofrecer asistencia psico-social y acompañamiento emocional para el desarrollo de planes de vida que promuevan la re-apropiación de sus comunidades de origen y la puesta en valor de los aprendizajes desarrollados durante el periplo migratorio.
En un momento histórico como el presente, donde parece que el tiempo se acelera y cambian los paradigmas de forma vertiginosa, quisieramos pensar que en la tensión latente entre el universalismo abstracto de los derechos y el particularismo de las naciones, existen múltiples vías y matices para el entendimiento. Es en esos matices, en esas vías intermedias, donde debiéramos ser capaces de encontrar un lenguaje común, una narrativa basada en la ternura y una dialéctica de la esperanza que active lo mejor de cada Estado y cada pueblo, y, con ello, se haga de las Américas un territorio donde las infancias puedan moverse, en libertad y con seguridad, y ejercer su derecho a la esperanza de vivir una vida que merezca la pena ser vivida.
Tenemos ante nosotros un un reto mayúsculo y complejo, que en ocasiones puede parecer que se desborda, pero también se cuenta con los instrumentos, las capacidades y la voluntad para abordarlo de manera ejemplar. Por ello, lejos de caer en la parálisis o la regresión, toca actuar con base en las muchas experiencias positivas y buenas prácticas que existen en esta región del mundo.
La esperanza y el movimiento son el lienzo y el lapicero con el que las infancias diseñan sus sueños. Tal vez, mientras leen esto, en este justo momento, una mano infantil de sonrisa intacta recien parida dibuja, desde alguna comunidad remota del continente, el trazo emancipador de un caballito de mar, como anhelo de un pasaporte único y singular para una América unida, sin mapas ni fronteras. Tal vez sea sólo un garabato, pero no se nos ocurre razón más justa por la que seguir enarbolando las virtudes todoprotectoras de ese chaleco amigo de las infancias. Proteger su movimiento es cuidar la esperanza. Hagámoslo posible, después de todo, es siempre esa fuerza de los débiles la que permite imaginar nuevos mundos y futuros.
Referencias bibliográficas
• Ayuda en Acción & Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. (2025). Infancias en Movilidad Humana: Estudio en zonas de frontera de El Salvador, Costa Rica y Colombia, Madrid. Disponible en http://novedades.iinadmin.com/wp-content/uploads/2025/05/Infancias-en-movilidad-humana.pdf
• Ceriani, P. (2014). Niñez y adolescencia en el contexto de la migración: principios, avances y desafíos en la protección de sus derechos en América Latina y el Caribe. REMHU: Revista Interdisciplinar de Movilidade Humana, 22, (42), 9–28.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Demográfico. (2024) (LC/PUB.2024/22-P). Perspectivas poblacionales y cambios demográficos acelerados en el primer cuarto del siglo XXI en América Latina y el Caribe, Santiago, 2024.
• Levinas, E. (2000). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad (trad. A. Neira). Editorial Sígueme. Salamanca.
• McAuliffe, M. y L.A. Oucho (eds.). (2024). Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra.
• UNICEF. (2023). La infancia en peligro: La niñez migrante en América Latina y el Caribe. New York.
• UNICEF. (2023, 12 de octubre) El número de niños, niñas y adolescentes en movimiento en América Latina alcanza un nuevo récord [Comunicado de prensa]. https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ numero-ninos-ninas-adolescentes-movimiento-america-latina-alcanza-nuevo-record
Autor
Josué Díaz
España - adiaz@ayudaenaccion.org
Responsable de protección y buen trato en la Fundación Ayuda en Acción.
Trabaja desde hace 20 años en programas de desarrollo y acción humanitaria en América Latina y Caribe para la promoción y protección de los derechos de las infancias, combinando estancias largas como expatriado y misiones de monitoreo y evaluación.
Ha participado en el examen periódico del Comité de los Derechos del Niño a España como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño. Ha estado involucrado en diversas redes nacionales e internacionales de derechos de infancia como Child Rights Connect, la Coordinadora española de ONGDS o la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, máster en Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en DDHH y Políticas Públicas por la UNED y Diplomado en Infancias y DDHH por CLACSO.
Coordinado el estudio “Infancias en Movilidad Humana” (2025) de Ayuda en Acción y el IIN-OEA.
Autora Ivanna Hernán
España - ipherran@ayudaenaccion.org
Profesional en Relaciones Internacionales con una destacada trayectoria en organizaciones de la Sociedad Civil y humanitarias enfocadas en movilidad humana, derechos humanos y desarrollo institucional. Desde Ayuda en Acción fortalece estrategias regionales en Mesoamérica, articulando conocimiento, incidencia y cooperación técnica en favor de las personas en movilidad. Ha liderado diversos procesos de formulación de proyectos y ha gestionado equipos interdisciplinarios con enfoque de derechos, género y cuidado colectivo.
Con un máster en administración y gestión de proyectos, e impulsada por una convicción profunda de justicia social, representa un liderazgo joven, feminista y transformador, comprometido con construir entornos más dignos y equitativos en América Latina para todas las personas.
