Falta de suelo urbano y excesiva burocracia en la factibilización de terrenos rurales

Ralentizan el avance del plan de emergencia habitacional en el Maule.

La región del Maule tiene un déficit habitacional de 25.000 viviendas (fuente: goremaule. cl) y el Gobierno ha implementado un Plan de Emergencia Habitacional que pretende hacerse cargo de un 60% a 2025, construyendo 16.000 unidades. Sin embargo, uno de los principales escollos que las empresas constructoras deben sortear a la hora de embarcarse en proyectos de vivienda social, es la falta de suelo urbano que tienen las comunas, especialmente rurales, para la construcción de viviendas.

La falta de suelo urbano mantiene a diversas comunas sin ver materializado algún proyecto enmarcado en los programas habitacionales gubernamentales hace más de 10 años, obligando muchas veces a que las familias tengan que migrar a otras comunas en busca de mejores oportunidades habitacionales , dejando así su red de apoyo y fuentes de trabajo.

¿Cómo lo ha hecho Independencia hasta hoy? Solicitando Informes Favorables de Construc- ción (IFC) que aprueben un cambio de uso de suelo en terrenos rurales, próximos a ser integrados en el plan regulador de la comuna. Sin embargo, a pesar de que esta tramitación no debiese extenderse por más de un par de meses, la experiencia de la empresa señala que puede pasar más de un año antes de conseguir la aprobación. Lo que incluso, en ciertos casos, se ha dado posterior a la actualización del plan regulador que impedía la construcción, perdiendo con ello meses de trabajo y gestión.

“La falta de terreno para la construcción de viviendas sociales afecta directamente a las familias más vulnerables de la región, las que ven como se diluye su sueño de convertirse en propietarios, truncado por la excesiva burocracia del aparato estatal que entrampa la postulación a proyectos por parte de las constructoras. En Independencia hemos sido testigos de como proyectos se han parado hasta por 18 meses a la espera de IFC que permitan el inicio de las obras en comunas con planes reguladores obsoletos o inexistentes; Retiro, Molina, San Javier, son casos emblema en el Maule”, explica Martín Fernández, Sub Gerente de Arquitectura en Independencia.

Para aprobar un IFC, Independencia se guía por las normas que el futuro plan regulador de la comuna en cuestión propone, es decir, se solicita permiso para construir en terrenos rurales que en un futuro pasarían a ser urbanos con la aprobación de un plan regulador comunal. Los IFC deben ser aprobados interinstitucionalmente por el Ministerio de Agricultura, y su Servicio Agrícola Ganadero, así como por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el SERVIU.

25.000

Hoy en día, Independencia tiene 2 IFC aprobados en las comunas de Molina y Curicó (en trámite de firma de certificado), 4 en tramitación en las comunas de Villa Alegre, Molina, Curicó y Retiro y 3 por iniciar la solicitud de IFC en las comunas de Molina y Curicó. Lo anterior se traduce en 600 viviendas a la espera de poder ser construidas en el Maule para aportar al déficit habitacional regional.

Actualmente la filial Maule de la Cámara Chilena de la Construcción ha implementado una Mesa de Nudos Críticos liderada por el Gerente de Desarrollo de Independencia, Fernando Leiva C., en conjunto con el Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Rodrigo Hernández y la Directora Regional de SERVIU, Nebenka Donoso, donde se ha intentado destrabar algunos casos puntuales, sin embargo las autoridades locales necesitan del apoyo del nivel central para generar herramientas permanentes que permitan materializar con mayor rapidez proyectos en los sectores rurales.

“El crecimiento urbano de las ciudades del Maule, ha dejado rápidamente obsoleto los planes reguladores, especialmente en localidades rurales donde la superficie de terreno urbano es muy menor a las necesidades de su población. Es de esperar que el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno agilice la tramitación de los IFC, o bien, la actualización de los planes reguladores comunales que ahorren a las constructoras meses y/o años de tramitación previa para la ejecución de proyectos sociales”, explicó Fernández.