comercial’ para captar clientes que es revelador del engaño, como el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, definió este producto financiero en mayo de 2012, cuando el escándalo ya había estallado. La crisis llevaba dos años instalada en nuestro país y el ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria atrapó a bancos y, sobre todo, a las cajas de ahorros con numerosos créditos hipotecarios a constructoras y particulares que no podían hacer frente a los pagos, generando un enorme agujero en las cuentas de las entidades, algunas de las cuales quebraron. Pese a lo evidente de la situación, la Gerencia de Marketing de Caja Madrid decía en el documento antes citado que “el sistema financiero español, del que forma parte Caja Madrid, cuarta entidad financiera nacional, es un sistema sólido y solvente”, y ponía de relieve que la venta de esos productos era una ‘práctica habitual’. En 2009 la caja emitió 2.700 millones de euros en participaciones preferentes y deuda subordinada (una cantidad similar a la que comercializó en 2004), que comparaba en su documento con los 7.000 millones puestos a la venta por el Banco de Santander en 2008, los 1.500 del BBVA, y los 2.500 millones de La Caixa, también en 2009. Para convencer a los clientes más desconfiados, la caja redactó una serie de respuestas tipo a lo que presumía iban a ser las preguntas más frecuentes de los posibles compradores. A los ahorradores les preocupa su dinero, y lo primero que había que hacer era convencerlos de que éste no corría ningún peligro porque tenía ‘la garantía 100 por cien de Caja Madrid, que en los último últimos 30 años ha presentado un historial creciente y sostenido de beneficios, incluso en épocas complejas como la actual”. Para trasladar más confianza comparaba el sistema financiero español con
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el de otros países para destacar “su solidez y solvencia”, en el que aseguraba que Caja Madrid tenía “una posición de privilegio”. Superado el primer escollo, lo más probable es que los clientes preguntaran “¿qué pasa si necesito mi dinero?”, a la que los empleados de la entidad debían responder que existía “un mercado secundario en la propia entidad (otros clientes), donde sus participaciones serán adquiridas en un plazo máximo de siete días (…) Su atractiva rentabilidad y seguridad hace esperar una demanda continua de estos títulos de los clientes que no hayan tenido la oportunidad de adquirirlos durante el periodo de suscripción”. Es decir, que tenía liquidez inmediata y que él era uno de los clientes elegidos para beneficiarse de la oferta por delante de otros, muestra de la deferencia de la caja hacia su persona. Finalmente, la entidad hacía una llamada al compromiso de sus trabajadores con la empresa ante “una emisión vital para la entidad”, en la que “todos debemos participar en la venta activa”. Este compromiso se cuantificaba en la obligación de colocar 50.000 euros diarios las oficinas grandes; 35.000 euros las mediadas, y 20.000 euros las pequeñas en los 31 días hábiles de campaña. Caja Madrid orientaba a sus empleados sobre los potenciales clientes a los que tenían que debía dirigirse: los que tenían Imposiciones a Plazo Fijo (este sí un producto seguro) con vencimientos cercanos, o depósitos sin invertir. Los casos en que los pequeños ahorradores han sido expoliados son múltiples y los tribunales vienen dando la razón con cuentagotas a los que han demandado a su banco y reclamado su dinero. El miedo al colapso en los tribunales ha llevado a los bancos y al Gobierno a habilitar mecanismos para evitar las
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La desesperación de muchos afectados ha llevado la protesta a las calles.
demandas judiciales con su canje por acciones u otros productos con vencimientos a largo plazo e intereses ridículos, o mediante arbitrajes en los que los perjudicados se juegan su dinero en una especie de lotería. Muchos clientes, asesorados por despachos jurídicos que se han hecho cargo de numerosas demandas con minutas asequibles, han llegado a la convicción de que no van a recuperar todo su dinero salvo que un juez condene al banco a que se lo devuelva.
un peligroso inversor
“Ayúdeme, señoría, no puedo pagar un abogado. Tengo 81 años y mire usted lo que han hecho conmigo”
Así lo cree Jacinta Carmen García Paredes, de 86 años, que en junio acudió al juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid para intentar recuperar todos sus ahorros, 12.000 euros, que se han quedado en 2.305,45 euros tras su conversión obligada en acciones de Bankia y su posterior venta en Bolsa. Viuda, ama de casa y sin estudios, acudió al juzgado acompañada de uno de sus seis hijos. Su sola presencia física evidenció que no estábamos ante una avezado inversor, sino ante una modesto ahorrador. La obviedad hizo que la jueza le dijera antes de comenzar la vista que estuviese tranquila y que si no entendía algo lo dijera para repetirle las preguntas tantas veces como fuese necesario. Su relato fue un calco del de Salvador Cannavo. “¿Sabía dónde metía el dinero?, ¿quería arriesgarlo a cambio de más intereses?”, le preguntó la magistrada al final de su testimonio. “¡Cómo voy a querer eso, si yo me voy a comprar el pan donde cueste más barato! Le juro que he dicho la verdad”. La letrada de Caja Madrid dejó claro que la entidad no estaba dispuesta a devolverle ni un solo euro e intentó demostrar que Carmen había sido informada correctamente. “Si no lo entendió podía haber insistido y