INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad
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PROYECTOS SUSTENTABLES Y RELACIONES COMUNITARIAS
¿BUENA CONEXIÓN?
Abrimos este segmento analizando el estado actual y los desafíos de la participación comunitaria en los proyectos de generación y transmisión eléctrica.
9 a 27
PUNTOS DE VISTA
LUCES PARA LA EFICIENCIA
Representantes del Gobierno, de gremios y de empresas proveedoras debaten sobre los avances y retos en materia de eficiencia energética en los sectores productivos del país.
32 a 41
EFICIENCIA HÍDRICA
CONTROLE LA PRESIÓN
Este artículo, que aporta claves para gestionar la presión en los sistemas de tuberías y optimizar así el uso de agua, da inicio a esta sección dedicada al cuidado hídrico.
44 a 51
INFORME TÉCNICO
EXCAVAR Y ELIMINAR
Comenzamos este apartado sobre remediación ambiental, detallando las ventajas, desventajas y ejemplos de uso en Chile de la excavación como técnica para descontaminar sitios.
53 a 77
BIOPILAS PARA DESCONTAMINAR
Sepa en qué consiste la biorremediación mediante biopilas, para qué sirve, sus ventajas y cómo optimizar sus resultados. Se aplicará en Las Salinas.
58 a 60
ESTALLIDO DE SEGURIDAD
Dado el accidente fatal en Codelco El Teniente, expertos plantean soluciones para mejorar la seguridad laboral en la minería subterránea, especialmente ante estallidos de roca.
78 a 80
INDUSTRIA FORESTAL
EL APORTE DEL SERNAFOR
Especialistas se pronuncian sobre los desafíos que deberá asumir el Servicio Nacional Forestal para contribuir a una gestión más sustentable de los bienes y recursos forestales.
82 a 85
INTERNACIONAL
EL SELLO CANADIENSE
La innovación es el denominador común en las numerosas empresas de ese origen que aportan soluciones ambientales y energéticas en nuestro país.
86 a 87
PORTADA
Es sublime el riachuelo, que ligero va y mana de la roca sedada, de tan alta montaña cual azul y cual cielo. ¡Qué misterio enmaraña! Es un cauce de vida, fluye y fluye a su gana.
Va regando los suelos, no hay en él gloria vana y lo habitan los peces, y no miente, ni engaña es amigo del árbol, compañero sin maña y si hubiera tristeza, ya se viste de grana.
Autor: Alejandro Cárdenas
SECCIONES
Editorial 7
En Pocas Líneas 28
Bitácora 88-89
Agenda 90
Quién es Quién 91
Entretención 92
Pulso Empresarial 93-95
Cultura 96
COLUMNISTAS: Pablo Rojas 18
Flavia Liberona 25
Ximena Ruz 30
Eduardo Astorga 42
Andrés Ruz 57
Sebastián Videla 61
Prevención y sostenibilidad
El camino hacia la sostenibilidad requiere de esfuerzos múltiples y paralelos en diversas áreas para alcanzar el equilibrio entre el desarrollo económico y el necesario resguardo medioambiental y social.
En ese contexto, prevenir eventuales impactos en el entorno natural y humano debe ser un principio de acción básico para quienes emprenden proyectos de inversión. A eso apunta, justamente, el marco regulatorio y jurídico establecido, mediante diversas normativas e instrumentos de gestión claves como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, los conflictos socioambientales que surgen cada cierto tiempo a raíz de algunas actividades industriales dejan en evidencia que eso no es suficiente. Y advierten que es necesario y conveniente que las empresas vayan más allá del mínimo cumplimiento normativo y apunten a construir proyectos que aporten valor compartido a los territorios en que se ejecutan.
La interacción temprana, proactiva y permanente entre las empresas y las comunidades, entonces, pasa a ser un factor esencial y estratégico no solo para evitar las controversias, sino para generar iniciativas sustentables que efectivamente aporten al bien común. En ese sentido, formalizar la participación ciudadana anticipada para mejorar una iniciativa antes de ingresarla a evaluación ambiental, como pretende hacerlo el proyecto de ley que reforma la Ley 19.300 que se discute en el Congreso, o recurrir a mecanismos de conciliación entre las partes frente a demandas judiciales por daño ambiental, pueden abrir espacios de diálogo que potencien la prevención y permitan avanzar en esa dirección.
Conviene recordar lo mencionado en tiempos en que, especialmente desde el mundo empresarial, se ha puesto énfasis en que la denominada “permisología” es el gran freno para las inversiones, dando a entender incluso en algunos casos que sería además conveniente reducir ciertas exigencias ambientales. No cabe duda que esa última idea es equivocada, ya que si bien es necesario simplificar y modernizar los procesos administrativos para disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos –como se espera que lo hagan la Ley Marco de Permisos Sectoriales y también la modificación al Reglamento del SEIA recientemente aprobadas–, no se deben disminuir los estándares regulatorios, establecidos a partir de estudios, evidencias científicas y prácticas, para prevenir problemas y resguardar a las personas y el medio ambiente.
En ese escenario, los sectores productivos tampoco deben olvidar que es muy probable que la tramitación de sus proyectos se facilite si los dan a conocer con antelación y discuten abiertamente con las comunidades. Procurar que aquello ocurra es parte de su responsabilidad para así agilizar las inversiones y contribuir a seguir construyendo un desarrollo más sostenible.
PROYECTOS SUSTENTABLES Y RELACIONES COMUNITARIAS
El avance hacia el desarrollo sostenible requiere que las empresas que implementan proyectos de inversión mantengan una relación abierta, proactiva y preventiva con las comunidades que las rodean para así construir valor compartido y evitar conflictos socioambientales en los territorios. En las siguientes páginas presentamos varias herramientas y ejemplos que aportan en ese sentido.
Profundizamos en el estado actual y desafíos de la participación comunitaria en los proyectos de generación y transmisión eléctrica.
Foto: Servicio de Evaluación
El proyecto solar El Encanto no hizo honor a su nombre y generó resistencia en la comuna de Marchigüe, en la región de O’Higgins. Para la administración municipal, por ejemplo, la futura central fotovoltaica iba a ser dañina para “el medio ambiente, la agricultura campesina y la cultura productiva del territorio”
Aduciendo razones socioambientales, técnicas y económicas, en mayo pasado Colbún decidió retirar la iniciativa de evaluación ambiental.
Pocos meses antes, el Segundo Tribunal Ambiental había aprobado la conciliación alcanzada entre un grupo de vecinos de la comuna de Litueche y la empresa de Statkraft. El acuerdo estableció que los proyectos de optimización de los parques eólicos Cardonal, Los Cerrillos y Manantiales, así como todas las modificaciones realizadas a las declaraciones de impacto ambiental originales, ingresarán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
También en los últimos meses, en un sector rural de Ancud, al norte de la isla de Chiloé, la instalación de un parque eólico ha generado conflictos con científicos que estudian el cambio climático y organizaciones que resguardan la biodiversidad del sector.
En el área de la transmisión eléctrica, grandes proyectos como la línea Cardones-Polpaico, en operaciones desde 2019, también ha generado resistencia en algunos actores del territorio, lo que ha traído coletazos judiciales hasta el presente año.
Aunque son casos excepcionales, la fuerte irrupción de la generación solar y eólica ha conllevado la aparición de potenciales nuevos impactos en el entorno natural y humano, desafiando el vínculo empresa-comunidad.
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Estudio técnico encargará próximamente el Ministerio de Energía, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para desarrollar un instrumento y metodología cuantificable que facilite la toma de decisiones en la planificación energética. Buscará asegurar que los nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento de energía se desarrollen en armonía con los territorios y comunidades locales.
IMPACTOS DE LAS ERNC
Considerando ese escenario, un reciente informe parlamentario abordó los impactos socioambientales que provocaría la generación eólica, centrándose en tres:
• Gentrificación: La instalación de parques eólicos en áreas rurales puede aumentar el valor del suelo, desplazando a comunidades locales vulnerables. “Este fenómeno, aunque potencialmente positivo para los dueños de tierras, puede exacerbar desigualdades sociales”, afirma el documento.
• Empleos temporales: Aunque durante la construcción de estas centrales hay demanda por fuerza laboral, las oportunidades a largo
plazo son más limitadas debido a la automatización del mantenimiento.
• Contaminación atmosférica: Si bien la operación de los aerogeneradores no emite contaminantes, la fase de construcción puede liberar polvo y partículas finas en el aire, afectando la salud respiratoria de las comunidades cercanas.
Por su parte, el estudio “Impacto social de proyectos solares fotovoltaicos en Chile - etapa I: Valoraciones en el contexto de los procesos de participación ciudadana (PAC) medioambiental”, desarrollado por Fernanda Soler de Solar Energy Research Center (SERC Chile), estableció que los temas relacionados con ecosistemas y biodiversidad, salud y calidad de vida, y economía local y empleo son los que más se repiten en estos procesos participativos.
Explicita, además, que las referencias a la contaminación y al patrimonio cultural, histórico y de zonas de interés destacan como temas críticos, evidenciando una valoración negativa de los proyectos cuando se perciben como amenazas al entorno local.
El análisis concluye que “un desafío clave identificado es la falta de comunicación y transparencia en muchos de los procesos evaluados. La ausencia de información clara y accesible, combinada con la percepción de desigualdad en las medidas de mitigación y compensación, fomenta la desconfianza y el rechazo a los proyectos”.
En sus resultados se subraya que el impacto social de los proyectos solares fotovoltaicos va más allá de los efectos tangibles y directos, como la alteración de ecosistemas o el uso de recursos naturales. “Abarca, además, transformaciones profundas en la vida cotidiana, las dinámicas económicas locales y el tejido cultural de las comunidades”, afirma.
También se identificaron limitaciones relacionadas con la disponibilidad y calidad de los datos obtenidos en los procesos de PAC, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de registro y sistematización de las observaciones ciudadanas.
TRABAJO COLABORATIVO
Evaluando esta instancia participativa, Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, plantea que “hoy, las empresas están trabajando en establecer un trabajo colaborativo que se ha ido adaptando y robusteciendo a base de diálogos cada vez más tempranos con un enfoque integral, de respeto y que ha aportado al desarrollo de la industria. Sin embargo, aún existen desafíos y oportunidades que debiesen ser abordadas no solo desde una mirada comunidad-empresa, sino que en conjunto con el Estado
Camilo Charme revela que las empresas generadoras están estableciendo diálogos más tempranos con las comunidades.
Los proyectos transmisión eléctrica destacan por su gran extensión, gatillando en ocasiones la oposición de diversos actores de los territorios intervenidos.
proporcionando garantías, apoyo y lineamientos claros para un desarrollo más certero en las inversiones”
Con coincidencias, su par de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, expone que “en los últimos años hemos visto avances importantes en cómo se conciben los procesos de participación en el desarrollo de proyectos de transmisión. Cada vez es más común que las empresas adopten un enfoque de relacionamiento temprano, promuevan el diálogo con las comunidades y busquen medidas que aporten valor al entorno. Sin embargo, aún hay espacio para que esta participación sea más incidente y efectiva. Las comunidades valoran ser escuchadas, pero también que sus inquietudes puedan reflejarse en decisiones concretas. Avanzar hacia una participación que genere impactos reales es clave para construir confianza y dar viabilidad a los proyectos”
En ese contexto, destaca a empresas del sector que han promovido mecanismos de escucha anticipada, construcción conjunta de medidas de compensación y programas sociales diseñados junto a las comunidades. Por ejemplo, ISA Energía implementó un Programa de Desarrollo de Áreas Verdes en Freirina, entre 2019 y 2022, que transformó el paisaje
Javier Tapia apuesta por adecuar mejor las exigencias regulatorias a la naturaleza de proyectos como las líneas de transmisión.
y la vida comunitaria de esa zona de la región de Atacama. La iniciativa, que ejecutó en colaboración con la fundación Mi Parque y el municipio local, llegó a crear más de 15.000 metros cuadrados de espacios de encuentro que promueven la participación comunitaria y fortalecen las identidades locales.
Dispar es la opinión de Gonzalo Melej, coordinador del Proyecto Descarbonización de Chile Sustentable, para quien la participación ciudadana en ambos rubros “es limitada, ya que los mecanismos formales existentes bajo la evaluación de impacto ambiental o la consulta indígena (en el marco del Convenio 169 de la OIT) generalmente se aplican en etapas tardías del proyecto, sin incidencia real en la planificación y decisiones finales. Se requiere fortalecer etapas de participación temprana durante la fase del diseño de un proyecto, junto con un acceso transparente a la información respecto a los costos y beneficios que trae para las comunidades y su entorno”.
POTENCIAR EL VÍNCULO
Para el ingeniero en recursos naturales renovables, uno de los principales desencadenantes de conflictos relacionados con proyectos energéticos tiene que ver con los criterios de localización que se ocupan. De hecho, comenta que la alta concentración de plantas eólicas y solares, principalmente en zonas rurales, ha generado diversos problemas debido a su proximidad con asentamientos humanos o competencia con uso de suelo agrícola. “Las regiones de Valparaíso, Bío-Bío y Maule son algunas de las que se han visto más afectadas por la instalación de estos grandes proyectos, lo que ha generado diversas tensiones sociales y territoriales”, precisa.
Gonzalo Melej acota que esta situación se ve agravada por la ausencia de planificación territorial, por lo que “es fundamental fortalecer los procesos de participación para un diseño conjunto de las iniciativas. Se deben integrar a las comunidades en sus etapas iniciales y no solo cuando ya está definido un proyecto para ayudar a conciliar su construcción y operación de forma más armónica con las comunidades, su entorno y mitigar potencia-
El impacto social de los proyectos solares fotovoltaicos va más allá de los efectos tangibles y directos, como la alteración de ecosistemas o el uso de recursos naturales, advierte un estudio de SERC Chile.
les conflictos. Estos procesos no deben ser meros trámites consultivos, sino con posibilidades de incidencia real. Para ello, se requiere mejorar el acceso a una información transparente, clara y entendible, junto con espacios de capacitación para que cualquier persona pueda comprender los impactos y beneficios que trae un proyecto”
Javier Tapia está de acuerdo en fortalecer la PAC, pero no solo en su dimensión normativa o procedimental, sino también en su sentido de fondo. Señala: “una participación efectiva es aquella que permite a las comunidades incidir, proponer mejoras y sentir que sus condiciones de vida fueron consideradas. Eso implica reglas claras, representaciones legítimas, espacios bien diseñados y tiempos adecuados. Se requiere, asimismo, un cambio cultural sobre cómo se conciben estos procesos: no como un obstáculo, sino como una oportunidad para lograr acuerdos más sólidos, proyectos más sostenibles y relaciones de largo plazo entre empresas y comunidades”
Más que fortalecer el proceso de consulta, en Generadoras de Chile apuestan por fomentar una participación temprana, clara y colaborativa, especialmente en los proyectos que se insertan directamente en los
Para Gonzalo Melej, una causa principal de los conflictos ligados a proyectos energéticos tiene que ver con los criterios de localización ocupados.
territorios. “Esto implica evitar la fragmentación de los canales de participación, disminuir la incertidumbre y construir confianza desde el inicio, con predictibilidad y objetivos compartidos”, indica Camilo Charme.
Añade que desde su gremio y empresas asociadas están impulsando –en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile– una iniciativa de “Principios orientadores para la participación ciudadana temprana en proyectos de energías renovables”, basada en experiencias comparadas internacionales. La propuesta reconoce a esta instancia “como un elemento clave para mejorar la calidad del diálogo territorial, anticipar conflictos y aportar legitimidad al desarrollo energético sostenible del país”, especifica.
OTROS DESAFÍOS
Javier Tapia releva otro gran desafío: realizar cambios legales que permitirían adecuar mejor las exigencias regulatorias a la naturaleza de proyectos como las líneas de transmisión. En ese sentido, expresa que los plazos para procesos de participación ciudadana hoy son los mismos para una línea que atraviesa varios cientos de kilómetros y múltiples comunidades que para un proyecto acotado a un solo sitio. “Eso no solo genera una presión poco realista, sino que puede dificultar la generación de vínculos de calidad con los territorios”, manifiesta el representante de Transmisoras de Chile.
Para Gonzalo Melej, en pro de avanzar hacia una transición energética justa, también es relevante que se asuman los impactos acumulativos históricos que dejó la operación de centrales termoeléctricas en seis comunas de nuestro país: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel. “Es urgente implementar allí planes de remediación y reparación ambiental y social, ya que tras el cierre de las unidades carboneras no se están impulsando medidas de desmantelamiento de infraestructura, remediación de suelos ni planes de monitoreo y acompañamiento por los impactos en salud pública, perpetuando afectaciones sobre las comunidades y su entorno”, advierte.
CAMBIOS EN EVALUACIÓN
Detallamos los criterios y umbrales de ingreso al SEIA modificados por la autoridad y sus eventuales efectos en la sostenibilidad de los proyectos de inversión.
Hacer más eficiente la evaluación ambiental de los proyectos de inversión sin disminuir los estándares de protección del entorno natural y humano. Ese es el objetivo que persigue la actualización de los criterios y umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según lo declara el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que en lo medular exime a las iniciativas de menor envergadura de pasar obligatoriamente por este instrumento de gestión, dejando su regulación a los permisos sectoriales que corresponda.
Esta reforma al Reglamento del SEIA (RSEIA) fue aprobada a inicios de junio por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y se espera que pronto pase por la toma de razón ante la Contraloría General de la República para su posterior publicación y entrada en vigencia.
¿Cuáles son los cambios en detalle y qué efectos podrían tener sobre la sostenibilidad de las iniciativas de inversión?
MODIFICACIONES DE PROYECTOS
“Esta modificación permite que el sistema concentre su esfuerzo donde realmente importa: en los proyectos con impactos ambientales relevantes. Es una mejora regulatoria basada en evidencia, que recoge la experiencia acumulada y que moderniza criterios, algunos de ellos vigentes desde 1997”, destacó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de la sesión en que se visaron estos cambios.
Desde esta secretaría de Estado detallan que en este proceso de actualización se revisaron las 21 tipologías de proyectos o actividades
que, según la Ley 19.300, deben ingresar al SEIA y los criterios por los cuales la modificación de un proyecto de inversión requiere una nueva evaluación ambiental. “Para establecer los criterios se sistematizó la información a través de consultas a los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental y de lo recopilado a través de la tramitación del proyecto de ley que modifica el SEIA, donde identificamos que muchas problemáticas podían solucionarse a través de una modificación reglamentaria. Luego, revisamos los proyectos que han ingresado al SEIA en los últimos 5 años, con el foco en determinar qué tipologías están generando el ingreso de proyectos sin impactos ambientales relevantes. Finalmente, estudiamos los avances en la regulación sectorial, que es específica para ciertas actividades, además de avances tecnológicos en el diseño de proyectos, que permiten afirmar que en la actualidad ciertos proyectos no generan riesgos ambientales”, explican.
Como resultado de todo aquello, una de las principales innovaciones de la reforma reglamentaria aprobada es la actualización del artículo 2, literal g.1) del RSEIA, incorporando criterios diferenciados para modificaciones de proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental (RCA). De acuerdo a ello, cuando se trate del mismo tipo de proyecto original, se solicitará una nueva evaluación ambiental solo si el cambio genera nuevos impactos ambientales relevantes, lo que se determinará caso a caso.
¿Cómo y quién definirá esta situación? En el MMA responden: “De forma preventiva, los titulares de proyectos podrán presentar los antecedentes de su modificación al Servicio de Evaluación Ambiental para que éste verifique que no existen nuevos impactos ambientales relevantes. Adicionalmente, la Superintendencia del Medio Ambiente
tiene la facultad para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa y cualquier elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”
Para dar certeza operativa a este cambio, además, se modificó el artículo 60, letra d), indicando que toda RCA favorable deberá detallar las tipologías del proyecto o actividad evaluada inicialmente.
TIPOLOGÍAS DE INGRESO
El documento aprobado introduce, asimismo, cambios en siete tipologías de proyectos que deben someterse a evaluación ambiental: líneas de transmisión eléctrica y subestaciones (letra b), infraestructura de transportes (e), desarrollo urbano o turístico (g), minería (i), explotación/ proceso de recursos hidrobiológicos (n), manejo de sustancias peligrosas (ñ) y saneamiento ambiental (o). En ese marco, se establecen nuevos criterios y umbrales de ingreso en los siguientes literales del artículo 3 del Reglamento del SEIA:
b.1) Líneas de transmisión eléctrica de alta tensión: Se exime de ingresar al SEIA a aquellas con longitud menor a 2 km.
e.6) Estaciones de servicio: El umbral para someterse a evaluación ambiental aumenta de 200.000 a 850.000 litros, en coherencia con la normativa sectorial.
g.1.2) Proyectos de equipamiento y g.2) Proyectos de desarrollo urbano o turístico: Se precisa que la “superficie predial” señalada en cada caso corresponde al área “intervenida”.
i.1) Proyectos de desarrollo minero: Se incorpora excepción para iniciativas de reprocesamiento de relaves o revalorización
El almacenamiento de sustancias peligrosas y los sistemas de agua potable rural son algunos proyectos en que se subieron los umbrales de ingreso al SEIA.
Foto: Minagri-Subdere
de residuos mineros, que ya cuenten con RCA favorable para su disposición y cumplan con ciertas condiciones.
n) Cultivo de recursos hidrobiológicos: El umbral para someterse a evaluación sube a 1.000 ton/año de producción para proyectos de cultivos de macroalgas (n.1), moluscos y otras especies filtradoras (n.2).
ñ.1) Sustancias tóxicas: La cantidad mínima de almacenamiento que obliga a pasar por el SEIA se eleva de 30 a 2.500 toneladas (ton), en coherencia con la normativa sectorial (D.S. 43/2015 MINSAL).
ñ.2) Sustancias explosivas: El umbral de almacenamiento sube de 2.5 a 30 ton, en línea con el Reglamento de Control de Armas y Explosivos.
ñ.3) Sustancias inflamables: Se aumenta el umbral de almacenamiento, de 80 a 1.000 ton, en coherencia con normativa sectorial (D.S. 43/2015 MINSAL).
ñ.4) Sustancias corrosivas o reactivas: El mínimo de almacenamiento que obliga a ingresar al SEIA sube de 120 a 2.500 ton, en coherencia con normativa sectorial (D.S. 43/2015 MINSAL).
ñ.5) Transporte terrestre de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas: El umbral de capacidad de transporte que obligará a un proyecto a someterse a evaluación ambiental se eleva de 400 a 2.500 ton/día.
o) Proyectos de saneamiento ambiental: Se incorpora la definición de “eliminación” en consistencia con la Ley REP y se ajusta el concepto de “tratamiento” en el marco del SEIA.
o.3) Sistemas de agua potable rural: Deberán ingresar a evaluación aquellos destinados a 15.000 habitantes o más. El mínimo actual es de 10.000 habitantes.
o.4 Plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de origen domiciliario: Tendrán que someterse al SEIA, aquellas que atiendan a 5.000 habitantes o más, el doble del mínimo actual.
o.5) Residuos sólidos domiciliarios y rellenos sanitarios: Hoy existe un solo umbral de ingreso que corresponde a una población atendida de 5.000 habitantes. En la modificación reglamentaria se plantean los siguientes umbrales en las tasas de ingreso, diferenciados de acuerdo con el principio de jerarquía en el manejo de residuos:
-Eliminación: Igual o mayor a 30 ton/día.
-Plantas de tratamiento: 50 ton/día o más.
-Estaciones de transferencia: Igual o mayor a 100 ton/día.
o.8) Residuos industriales: Se establecen los siguientes umbrales en la tasa de ingreso, diferenciados según el principio de jerarquía en el manejo de los residuos: -Eliminación: Igual o mayor a 30 ton/día. -Tratamiento de residuos sólidos de origen animal o lodos: 30 ton/día o más. -Tratamiento de otros residuos sólidos (compostaje/biodigestión): Igual o mayor a 50 ton/día.
o.9) Residuos peligrosos: Se mantiene el umbral para eliminación en 25 kg/día para residuos tóxicos agudos y 1.000 kg/día para otros residuos. Se establece un umbral diferenciado para el tratamiento de residuos no tóxicos: 5 ton/día o más.
o.10) Residuos especiales provenientes de establecimientos de salud: Tendrán que ingresar al SEIA aquellos proyectos con capacidad de tratamiento, disposición y/o eliminación igual o mayor a 500 kg/día.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente ponen énfasis en que “los proyectos excluidos deberán obtener los permisos sectoriales correspondientes donde se analizarán variables importantes como, por ejemplo, el uso de agua, donde opera el permiso respectivo de la Dirección General de Aguas”
Además destacan que hay otros factores, como el emplazamiento de un proyecto, que también pueden hacer exigible su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “Por ejemplo, un proyecto que se ubique cerca de un humedal, un área protegida o tenga un gran consumo energético seguirá requiriendo una evaluación ambiental obligatoria”, apuntan.
APORTES Y POSIBLES MEJORAS
En términos generales, cabe preguntarse si esta reforma reglamentaria aportará de alguna manera al desarrollo sostenible de los proyectos de inversión. En el MMA responden: “En materia de modificaciones de proyecto, incentiva la mejora a través de innovación y la incorporación de tecnologías que no conlleven nuevos impactos ambientales, en cuanto éstos no requerirán una nueva evaluación ambiental”.
Al respecto, Vivian Hernández, consultora senior de ECOS Chile, empresa que entrega
Esta reforma agilizará los proyectos que quedarán íntegramente al alero de los permisos sectoriales, dice Vivian Hernández.
asesoría estratégica para el cumplimiento ambiental y social, plantea: “Si consideramos que la modificación dejará fuera proyectos de menor envergadura, podría pensarse que indirectamente favorecerá la sostenibilidad de los proyectos de mayor envergadura, que son a priori más relevantes desde el punto de vista ambiental, puesto que permitirá concentrar los esfuerzos de la evaluación en estos proyectos, apuntando así a lograr un mejor estándar en su revisión, y por ende, en las condiciones que regirán para su futura implementación”
La especialista también destaca que esta reforma agilizará los proyectos que por su contexto, ubicación y tipología quedarán íntegramente al alero de los permisos sectoriales, lo cual se articulará en el nuevo ecosistema de tramitación que generará el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales despachada a inicios de julio por el Congreso.
“No obstante, vemos que se requiere más allá de estas modificaciones seguir trabajando en conjunto con las diferentes instituciones e instrumentos que se articulan en la permisología en general, de tal forma de lograr un ecosistema favorable para la implementación de los cambios, donde los organismos interactúen y colaboren de forma ordenada y con criterios técnicos claros y transparentes”, advierte Vivian Hernández.
A su vez, Patricio Walker, socio y consultor senior de ECOS Chile, entrega su visión respecto de las modificaciones aprobadas en los criterios de ingreso al SEIA: “Vemos con buenos ojos que se generen incentivos para viabilizar los proyectos con beneficios ambientales y sociales, y que se busque destinar los recursos (siempre escasos) a los proyectos de mayor envergadura. Sin embargo, vemos necesario también fortalecer y agilizar la evaluación de los proyectos de inversión más allá de modificar los literales en relación a can-
Patricio Walker valora que se generen incentivos para viabilizar iniciativas que buscan resolver problemáticas ambientales.
tidades, dimensiones o extensiones de éstos, por ejemplo, a través de una etapa previa que permita caracterizar y analizar la factibilidad ambiental del proyecto en un determinado territorio, estableciendo ciertos criterios de manera predictiva y preventiva, que es lo que busca el SEIA. Esto se puede ver enriquecido si logramos avanzar en la Evaluación Ambiental Estratégica, que debería definir las áreas de interés especial para el país, junto con los usos compatibles”
Luego, Walker destaca algunos aspectos de la reforma reglamentaria: “Por una parte, resulta interesante el énfasis en los proyectos de manejo de sustancias peligrosas y saneamiento ambiental, ya que son proyectos que buscan hacerse cargo de problemáticas ambientales (aun cuando generan externalidades ambientales bien conocidas) y parece razonable buscar agilizar este tipo de alternativas que se traducen, en general, en beneficios ambientales. En la misma línea corren las modificaciones al literal i.1, que busca derechamente agilizar los proyectos de reprocesamiento de relaves y valorización de residuos masivos mineros, bajo ciertas condiciones. También podría considerarse la tipología g.1.2 que se relaciona con proyectos de equipamiento que generan beneficios sociales (salud, educación, seguridad, etc,)”
En cuanto a los cambios reglamentarios aprobados más apropiados y relevantes, Vivian Hernández escoge primero el hecho que se especifique que las modificaciones de proyectos no requerirán ingreso al SEIA si dichos cambios se asocian a la tipología o actividad por la que fue calificado originalmente el proyecto. “Este simple inserto tiene implicancias relevantes, puesto que permite concentrar el análisis de las eventuales modificaciones de proyectos (clave para las solicitudes de pertinencia de ingreso) en los literales g.3 y g.4 del artículo 2 del RSEIA, que se asocian a la mo-
dificación en extensión, magnitud y duración de los impactos y medidas ambientales. Importante será seguir trabajando en esos criterios y su aplicación al momento de definir dichos cambios, por ejemplo a través de instructivos específicos”, dice.
También considera relevante que se suba el criterio de corte en proyectos que apuntan a generar beneficios ambientales y sociales, como los de manejo de sustancias peligrosas, saneamiento ambiental, reprocesamiento y valorización de residuos mineros, y equipamiento. No obstante lo anterior, comenta: “Aun cuando se valoran estos cambios (y otros), vale la pena preguntarse la incidencia real que tendrá el ajuste de los criterios de corte en la cantidad de proyectos que ingresarán (o no) al SEIA. Es probable que la proporción de proyectos que se verán afectados sea menor, por lo cual deben mantenerse las expectativas acotadas en este sentido”
¿MENOR RESGUARDO?
Más allá de lo declarado por las autoridades, considerando que esta actualización reglamentaria eximirá a los proyectos de menor envergadura de la obligación de pasar por el SEIA, cabe preguntarse ¿puede implicar esto un menor resguardo medioambiental?, ¿cómo se evita ese riesgo?
Desde ECOS Chile, Vivian Hernández responde: “Esto no necesariamente es así, puesto que no implica dejar a estos proyectos exentos de regulación, sino más bien pasar del régimen ambiental al de regulación sectorial. Y en algunos casos, la regulación sectorial es muy intensa, como es el caso del manejo de sustancias peligrosas. Ciertamente es importante que se fortalezca también la revisión de permisos sectoriales, lo cual tendrá que ser garantizado bajo las nuevas condiciones que vendrá a imponer la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales recientemente despachada”
Distinta es la visión que tienen en Fundación Terram, cuya directora ejecutiva, Flavia Liberona, plantea: “Actualmente estamos presenciando un retroceso en la regulación ambiental, en la cual la actual administración de forma acelerada y por distintas vías ha modificado normativa. En este sentido nos parece que los cambios aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático van en esa dirección y que es muy discutible si estamos hablando de proyectos de menor envergadura. Pero aun si esto fuera cierto, sin duda esto generara impactos ambientales, pues la sumatoria de ‘pequeños’ proyectos en un área determinada puede generar impactos significativos, más aún considerando los cambios en los umbrales de las tipologías que aprobaron los ministros”
Para Flavia Liberona los cambios aprobados pueden implicar un menor resguardo medioambiental.
Asimismo, asegura que las normativas sectoriales que se aplicarán a los proyectos que no ingresen al SEIA no son suficientes para asegurar el resguardo ambiental, ya que “apuntan a regular aspectos específicos de los proyectos, pero su objetivo no es garantizar el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente y las instituciones que evalúan y/o sancionan incumplimientos ambientales”. En ese contexto, la representante de Fundación Terram considera que “el cambio en el artículo 2 literal g.1) es riesgoso pues permitirá que ciertos cambios en proyectos no sean evaluados ambientalmente como era hasta ahora. Por su parte, los cambios efectuados al artículo 3 del Reglamento deben ser revisados en su mérito y entender los fundamentos que llevaron a ello, pues varias de estas modificaciones implican mayor impacto ambiental en zonas habitadas y/o en ecosistemas. Para el caso de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables y explosivas se aumenta la capacidad de almacenamiento y lo mismo ocurre para su transporte terrestre, lo cual en caso de algún accidente o falla evidentemente aumenta los riesgos”.
A modo de conclusión, Flavia Liberona señala: “Muchas veces hemos señalado que para hacer cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se requiere de una mirada que recoja todos los problemas que presenta el sistema y no solo los que le afectan a un sector. Adicionalmente cuando se revisa el conjunto de cambios que ha hecho este gobierno, en materia normativa, queda claro que el resguardo del medio ambiente, la calidad de vida y salud de la población que vive en zonas donde se ejecutan proyectos de alto impacto ambiental, no es su prioridad”
Pablo Rojas
Especialista Comunidades
Gestión Ambiental Consultores (GAC)
Los asuntos que en verdad importan
En la actual sociedad del riesgo descrita por Ulrich Beck, los proyectos de inversión no se juegan únicamente por su viabilidad técnica o financiera, sino también por su capacidad de anticipar y enfrentar demandas socioambientales cada vez más exigentes. La cuestión ambiental constituye un desafío para las empresas, las comunidades, las autoridades y los consultores que intentan mediar o hacer los estudios necesarios, todo lo cual interpela la forma en cómo planificamos el territorio, evaluamos los impactos y, sobre todo, cómo nos relacionamos con las comunidades.
Las consultoras ambientales enfrentamos aquí un desafío estratégico: acompañar a las empresas y proyectos en el tránsito desde la gestión tradicional del cumplimiento normativo hacia una verdadera co-construcción de confianza. No basta con diseñar estrategias coherentes que logren encuadrar los proyectos en el marco de las normas y procesos que dicta el SEIA; se requiere asumir que habitamos tiempos inciertos donde las certezas se desvanecen y las sociedades demandan cada vez más transparencia, participación y justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, refuerza esta exigencia al garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, su implementación aún muestra vacíos: procesos participativos que siguen siendo consultivos y no incumbentes, o mecanismos de relacionamiento que privilegian la formalidad sobre el diálogo genuino. Mientras la economía busca fluir con rapidez, los territorios viven tiempos distintos, arraigados en identidades, memorias y vínculos. Desde la consultoría socioambiental, se desprenden tres recomendaciones clave. Primero, reconocer que la licencia social es tan crucial como la licencia ambiental: se debe mapear y dialogar tempranamente con actores clave, más allá del mínimo regulatorio exigido por la autoridad. Segundo, integrar saberes locales y técnicos en pie de igualdad, construyendo diagnósticos y medidas compartidas que otorguen legitimidad a los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los proyectos. Y tercero, adoptar un enfoque crítico y reflexivo que sitúe a las comunidades como sujetos activos capaces de articular el rumbo del desarrollo. Los proyectos no deben construirse desde la retórica del “triple impacto” ambiental, social y económico, sino desde los vínculos y la coherencia con los territorios. Si queremos avanzar hacia una transición ambiental justa, debemos abandonar la lógica de “gestionar conflictos” y avanzar en “gestionar vínculos”. La consultoría ambiental tiene aquí un rol clave: ser puente entre la complejidad técnica, las exigencias regulatorias y las aspiraciones comunitarias.
En un escenario global marcado por una creciente conciencia ambiental, normativas más exigentes y una ciudadanía más empoderada, el sector socioambiental ha adquirido una relevancia estratégica para el desarrollo sostenible. Consultores y especialistas deben actuar en forma estratégica para orientar a los inversionistas y escuchar las posiciones y expectativas de las comunidades, buscando colaborar para generar acuerdos basados en la buena fe, en una perspectiva de largo plazo.
CONCILIACIÓN EN JUICIO
Analizamos el funcionamiento, beneficios y limitaciones de este mecanismo para resolver controversias socioambientales.
“Fue y aún sigue siendo una experiencia agotadora, de mucha resiliencia. Destacaría que logramos alcanzar nuestro principal objetivo, el cual es que los proyectos vuelvan a ingresar al SEIA para ser reevaluados; además, logramos establecer un acuerdo conciliatorio que entrega beneficios comunitarios a los vecinos de las zonas aledañas”.
Así evalúan en el Comité de Adelanto El Espinillo su experiencia en el proceso de conciliación, facilitado por el Segundo Tribunal Ambiental, con la empresa Statkraft por la modificación de tres parques eólicos en Litueche que generó un conflicto socioambiental en esta zona de la región de O’Higgins.
¿De qué se trata esta herramienta? La conciliación es un mecanismo colaborativo de resolución de controversias, que busca “promover acuerdos voluntarios entre las partes en contextos de divergencia de intereses, necesidades, posiciones u objetivos respecto de un ecosistema o alguno de sus componentes. Este procedimiento privilegia el diálogo y cooperación entre las partes por sobre el litigio adversarial, favoreciendo soluciones consensuadas que consideren la complejidad socioambiental del conflicto” , explica la Ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy.
¿Cómo opera este instrumento?, ¿qué beneficios y desventajas puede tener para los involucrados y para el resguardo del medio ambiente?
FUNCIONAMIENTO
La integrante de la judicatura especializada señala que la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, contempla una fase obligatoria de conciliación en todas las demandas de reparación por daño ambiental.
Añade que dicho mecanismo, debe cumplir un estándar clave: la indemnidad ambiental, ya que el artículo 44 de dicha Ley “señala en forma explícita y concluyente que cualquier acuerdo alcanzado por las partes deberá asegurar, como condición esencial, la reparación efectiva del ecosistema o de los componentes específicos que hayan sido objeto de la acción judicial”
Otra condición fundamental es que sea el Tribunal Ambiental el que asista a las partes, “orientándolas en la búsqueda de medidas que resulten aceptables para los intervinientes, toda vez que son ellas quienes suscriben el acuerdo y asumen el compromiso de ejecutar las obligaciones pactadas. En este contexto, la esencia de la conciliación radica en que las partes logren aproximarse a un punto de entendimiento dentro del marco de sus posiciones jurídicas y técnicas”, dice Marcela Godoy.
Agrega que los acuerdos que el Tribunal promueva deben ser factibles y ejecutables; contemplar medidas precisas, realizables, coherentes con los objetivos de reparación ambiental, que permitan medir su impacto y cumplimiento; auditables, que admitan hacer seguimiento y control; y, sustentables, vale decir que se puedan mantener en el tiempo sin comprometer el entorno.
La presidenta del Segundo Tribunal Ambiental luego explica cómo funciona el mecanismo de conciliación para las demandas por daño ambiental: “En la primera parte del juicio, se cita a audiencia a las partes para consultarles si están en disposición de conciliar. Si la respuesta es positiva, generalmente,
Marcela Godoy indica que las conciliaciones deben cumplir un estándar clave: la indemnidad ambiental, vale decir, asegurar la reparación efectiva del daño reclamado.
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Causas en el Segundo Tribunal Ambiental se terminaron mediante algún mecanismo de resolución de conflicto, ya sea conciliación (11), avenimiento (5) o transacción (2). De éstas, 14 eran demandas por reparación de daño ambiental y 4 reclamaciones de ilegalidad.
El Comité de Adelanto El Espinillo logró un acuerdo conciliatorio con Statkraft para que los cambios a tres proyectos eólicos ingresaran al SEIA.
La primera conciliación en una reclamación de ilegalidad en Chile permitió que el “Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar” fuera reconocido como humedal urbano.
el Tribunal entrega una propuesta de bases de conciliación que es analizada y trabajada por las partes, quienes regresan al Tribunal con sus bases finales para aprobación de esta judicatura. También, hay casos en que las partes llegan al Tribunal con su propuesta de bases de conciliación”
Si las partes deciden no conciliar, se inicia el juicio propiamente tal, con la revisión de las pruebas documentales y testimoniales.
La ministra Godoy comenta también que el órgano que preside fue pionero en el país en aprobar una conciliación en un procedimiento de reclamación de ilegalidad. “Este fue un hito en la historia de nuestra justicia ambiental, pues si bien a priori podría estimarse que este mecanismo no tendría lugar en procedimientos por ilegalidad, lo cierto es que luego de un riguroso análisis acerca de su procedencia, el razonamiento que prevaleció fue aquel que estimó que más allá de la naturaleza de la acción, son, en definitiva, los hechos y particularidades del caso concreto lo que determina la viabilidad de esta vía alternativa de resolución de controversias”, resalta.
El caso correspondió a dos reclamaciones iniciadas en contra de la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que rechazó la solicitud de reconocimiento del humedal urbano “Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar”, de San Antonio, región de Valparaíso.
“Este proceso, significó la realización de audiencias para el análisis de la conciliación propuesta por los intervinientes, reuniones bilaterales y visita inspectiva del Tribunal, todo lo cual sirvió de fundamento para concretar las bases de conciliación que en definitiva el Tribunal propuso. Asimismo, convocó la participación y suma de voluntades del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, la Municipalidad de San Antonio, los vecinos reclamantes y aquellos que se hicieron parte como terceros coadyuvantes, y la Empresa Portuaria de San Antonio. El 26 de abril de 2024, a través de la Res. Ex. N° 415, el Ministerio del Medio Ambiente declaró la zona como humedal urbano. Ello, en el marco de la conciliación aprobada por el Tribunal”, detalla.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
¿Qué beneficios y desventajas puede tener el uso de esta herramienta, tanto para las partes en controversia como para el cuidado del medio ambiente?
Un aspecto positivo es que, por la forma en que se construye, aumenta la posibilidad de lograr una aplicación concreta de los acuerdos para reparar los daños ambientales. Al respecto, Marcela Godoy expone: “La conciliación, si bien es cierto exige un trabajo mancomunado con las partes –y por eso es muy importante su voluntad en esto–, también es autocompositiva, en decir, entre las partes se van creando las posibles formas de solución y se van comprometiendo para ver cómo van a ir cumpliendo con ciertos objetivos, propuestas, medidas, etc. Esto exige mayor participación de las partes en la construcción de una solución ajustada a los intereses y las capacidades, lo que no es posible efectuar en la sentencia”
La abogada pone énfasis, además, en que este instrumento posee el mismo efecto procesal de una sentencia definitiva, por lo que si alguna de las partes no lo respeta se puede perseguir su cumplimiento forzado.
Luego destaca otra ventaja: “Al ser la conciliación un producto que emana de las mismas partes, evidentemente entre ellas no se van a generar recursos y, por lo tanto, los plazos para la resolución del conflicto tienden a ser menores que la dictación de una sentencia, que sabemos que puede ser recurrida ante la Corte Suprema”.
En FIMA, organización no gubernamental (ONG) que busca garantizar el acceso a la justicia ambiental en Chile, plantean a su vez algunos matices. Su Coordinador Jurídico, Marcos Emilfork, indica: “La utilización de la conciliación puede tener beneficios a corto y mediano plazo, pero es difícil que éstos se mantengan al largo plazo, salvo que las condiciones que permitieron llegar a acuerdo se mantengan en el tiempo. Al ser un método autocompositivo de resolución de conflictos, las ventajas concretas dicen relación con las cuestiones que se pueden regular, puesto que no se refieren estrictamente al objeto del litigio, lo que permite flexibilidad y empatía en la conversación por la regulación de aspectos ambientales que en el procedimiento adversarial no sería posible obtener” Luego, advierte sobre algunas eventuales desventajas, como las relacionadas con la distribución del poder de decisión. “Si no hay garantía en esta cuestión, lo más probable es que la parte con más poder en la negociación sea quien tiene la mayor cantidad de información y capacidad económica. En los conflictos ambientales, en ningún caso es la comunidad afectada, de modo que ningún tipo de conciliación lo resuelve realmente”, apunta.
CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS
Desde una perspectiva más general, Marcos Emilfork señala que es importante distinguir entre los conflictos ambientales, que usualmente son “fenómenos multicausales que contraponen a su vez múltiples intereses en torno a un bien común”, y las controversias ambientales, que obedecen a un “problema jurídico-técnico ambiental que se produce entre dos o más partes en
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Conciliaciones ha facilitado el Tercer Tribunal Ambiental desde 2017 a la fecha, según informa su sitio web.
el marco de un procedimiento, que en el caso de los Tribunales Ambientales en Chile, puede ser una reclamación judicial o una demanda por daño ambiental” Agrega que esa diferencia conceptual es importante para evaluar el uso de los acuerdos conciliatorios, “puesto que la valoración depende de la finalidad que el Tribunal Ambiental y las partes que participan del proceso le dan al mecanismo en un caso determinado. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la conciliación entre Statkraft y los vecinos de Litueche, que reclamaron en contra de la ejecución de tres parques eólicos de su titularidad. Ésta puso fin a la reclamación judicial, con una serie de disposiciones acordadas que establecen la regulación ambiental de la modificación de los parques, así como también un programa de acceso a la energía renovable, entre otras cuestiones de inversión social que no formaban parte del litigio. Podríamos decir que es un caso felizmente excepcional, en el que las partes de la controversia resultaban ser al mismo tiempo las involucradas en el conflicto y, al mismo tiempo, contaban con las herramientas para acercar posiciones, por lo que, con ocasión de la causa en el Segundo Tribunal Ambiental, pudieron resolverlo. Sin embargo, no es una aseveración acertada, toda vez que, al ser los intereses en un conflicto ambiental de carácter colectivo, éstos varían en el tiempo, el que no se circunscribe necesariamente a los tiempos de un proceso judicial determinado. De modo que en estricto rigor no se resuelve el conflicto ambiental, sino que en el mejor de los casos, solo se contiene”.
Enseguida, el abogado asegura que en la generalidad de los casos, la identidad de las partes en la controversia ambiental no se asimila a la identidad de los intereses en el conflicto ambiental y tampoco existen las herramientas adecuadas para que las partes, con igualdad de armas, puedan acercar posiciones.
“Por ello, se valoran positivamente los casos en los que con la cautela necesaria, los Tribunales Ambientales hacen una lectura adecuada de la controversia ambiental que tienen en su conocimiento, para determinar si es siquiera posible plantear el uso de tal mecanismo, y pueda contenerse el conflicto ambiental con las garantías suficientes. En casos contrarios, no resulta adecuado que los Tribunales Ambientales planteen indiscriminadamente su uso”, opina el Coordinador Jurídico de FIMA.
Marcela Godoy, en tanto, señala que el Segundo Tribunal Ambiental “ha mantenido una disposición activa de fomento y desarrollo de mecanismos de conciliación, reconociendo su valor no solo para resolución de la controversia jurídica, sino para abordar de manera integral el conflicto socioambiental subyacente al proceso”.
Agrega que estos procesos generalmente son largos y requieren la disposición de todas las partes, “pero hemos logrado resolver puntos de conflictos que muchas veces una sentencia no lograría llegar a buenos términos”, asegura.
A modo de ejemplo también cita el acuerdo alcanzado entre un grupo de vecinos de la comuna de Litueche y la empresa de Statkraft, mediante el cual se pactó que los proyectos de optimización de los parques eólicos Cardonal, Los Cerrillos y Manantiales, así como todas las modificaciones a las declaraciones de impacto ambientales originales, ingresarán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta conciliación marcó un hito porque “también incorpora acciones dirigidas a apoyar el desarrollo de las co-
Marcos Emilfork sostiene que las conciliaciones no resuelven un conflicto ambiental, sino que, en el mejor de los casos, solo lo contienen.
1 Acuerdo conciliatorio emblemático aprobó el Primer Tribunal Ambiental en mayo de 2020, entre el Consejo de Defensa del Estado y la Compañía Minera Nevada, con el cual se cerró la demanda por daño ambiental presentada contra el proyecto Pascua Lama.
Por la forma en que se construyen, los acuerdos conciliatorios aumentan la posibilidad de concretar acciones para reparar los daños ambientales.
munidades vinculadas, dando término efectivo al conflicto socioambiental que subyace”, subraya la magistrada.
USO LIMITADO
Pese a las ventajas que puede traer la conciliación para solucionar controversias ambientales, este instrumento aún no es tan utilizado. Por ejemplo, en las demandas por daño ambiental en las que, por mandato legal, se debe llamar a las partes a conciliación, hasta mediados de agosto, el Segundo Tribunal Ambiental había resuelto solo 9 causas mediante dicho mecanismo de resolución de conflicto, mientras que otras 25 terminaron vía sentencia. Y en lo que corresponde a las reclamaciones, apenas en 2 casos se recurrió a la conciliación y otras 335 fueron sentenciadas.
La ministra Marcela Godoy comenta: “Si bien la conciliación ambiental
constituye una herramienta reconocida por el ordenamiento jurídico chileno, su uso práctico aún es limitado. Esta situación puede atribuirse, en parte, a la ausencia de una regulación específica y sistemática que otorgue certeza jurídica respecto de su aplicación en procedimientos distintos a las demandas por daño ambiental, en particular en el ámbito de las reclamaciones de ilegalidad de actos de la administración, que conoce este Tribunal”
Agrega que para incentivar su uso, “quizás sería aconsejable una reforma que de manera expresa y diferenciada regule la conciliación en los diversos tipos de procedimientos que conocen los Tribunales Ambientales, reconociendo las propias particularidades, asegurando la simetría entre las partes, acceso a la información, y en consonancia con los principios del Derecho Ambiental”
La abogada señala, luego, que en el Segundo Tribunal Ambiental están “convencidos que la conciliación es un excelente mecanismo de término de controversias socioambientales. Todas las partes involucradas, en general, van a tener un resultado. No sé si es un resultado óptimo, pero sí un buen resultado. Y lo más importante, es que las medidas que se adopten deben superar el estándar de la indemnidad del medio ambiente, que es lo que busca finalmente la legislación ambiental”
Una visión distinta tienen en FIMA. Marcos Emilfork indica primero: “La conciliación es un instrumento poco aprovechado por las comunidades y empresas, en parte, porque el diseño institucional no ha permitido que existan las condiciones necesarias para que estos acuerdos puedan tomarse adecuadamente”
Sobre ese escenario, cree que no conviene incentivar el uso de este instrumento, “porque los métodos autocompositivos de resolución no funcionan en los mismos términos en los conflictos ambientales. Éstos, al ser de carácter colectivo, no son resorte de incentivos sino que de cambios institucionales, que permitan que la conversación entre las partes pueda suceder y mantenerse en el tiempo que dura un conflicto ambiental. La conciliación podría tener un uso más frecuente si, por ejemplo, las comunidades pudieran participar adecuadamente en el diseño de los estudios de impacto ambiental, así como en el seguimiento en la ejecución de la autorización. Así, en caso de existir una controversia en torno a la operación de una actividad que no se ciñe al estudio, la comunidad que reclama tiene al menos la información necesaria para plantear su posición en una distribución equitativa del poder en las decisiones que se toman en un acuerdo de tales características. Con todo, aún faltarían, por ejemplo, condiciones institucionales que permitan contener el conflicto ambiental en el tiempo”
Desde su experiencia práctica, en tanto, en el Comité de Adelanto El Espinillo comentan que las principales dificultades que encontraron en el proceso de conciliación con Statkraft fueron “la falta de apoyo de las autoridades locales y de las instituciones del poder ejecutivo, además de la abismante brecha económica entre nosotros y la empresa, imposibilitándonos poder contratar estudios independientes que nos sirvieran para respaldar nuestra postura”
En ese contexto, mencionan algunas propuestas para facilitar el acceso de las organizaciones comunitarias a los mecanismos de conciliación: “Mejorar la comunicación periódica y la transparencia informativa de las empresas, además de brindar apoyo técnico y jurídico profesional, gratuito o asequible, a las comunidades”
Desde una perspectiva más amplia, la ministra Marcela Godoy pone énfasis en que la confianza entre las partes es fundamental para poder llevar a cabo estos procesos que, a su entender, pueden contribuir al fortalecimiento del diálogo entre las partes involucradas y a la implementación de soluciones sostenibles. “No hay que olvidar que se trata de una conflictividad socioambiental, donde hay partes involucradas, comunidades, titulares, terceros, que están compartiendo generalmente un mismo territorio y van a estar relacionados de forma permanente. Si esas partes logran conciliar los grandes problemas socioambientales, evidentemente los va a ayudar a resolver conflictos menores y generar una mejor convivencia”, plantea.
Consideraciones para tener en cuenta.
Directora Ejecutiva de Fundación Terram
OCDE: recomendaciones ambientales olvidadas
El 16 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en conjunto con elecciones parlamentarias que renovarán la Cámara de Diputadas y Diputados y 23 escaños en el Senado. Esto implica que se inicia un tiempo en el cual distintos sectores y actores del quehacer nacional generarán propuestas e intentarán establecer compromisos con quienes aspiran a la presidencia de la república o a un sitio en el parlamento.
Hasta ahora, el principal tema abordado por las candidaturas presidenciales ha sido el crecimiento, mientras que uno de los más olvidado o menos presente tiene que ver con temáticas ambientales, instalando una visión cortoplacista en la cual pareciera que no hay cabida para ambas.
Por ello resulta relevante revisar lo que ha recomendado a Chile la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en sus evaluaciones de desempeño ambiental. Este ejercicio nos puede dar luces de hacia dónde debería transitar el país, ya que como sabemos la OCDE no se caracteriza por ser una entidad ambientalista.
En su última evaluación dada a conocer el año 2024, este organismo reconoce progresos en algunas materias y recomienda avanzar en otras, entre las cuales se encuentran el aumento de precio al carbono, expresando mejor su costo social; o mejorar la gestión de los planes de adaptación fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales.
También se señala que en Chile no existen normativas sobre suelos contaminados ni una institucionalidad que se haga cargo de este problema -a pesar que había sido expresado en su evaluación anterior- y recomienda que se instaure un régimen estricto de responsabilidad por daño a la tierra y el ecosistema, además de desarrollar planes y estándares para la remediación ambiental que tenga un sistema de financiamiento.
Un tema muy importante para los habitantes del país, que se consigna en las recomendaciones, es la modernización de vertederos con estándares ambientales más exigentes y el diseño de un plan integral de largo plazo para la separación de residuos.
Respecto a protección y conservación de la biodiversidad, la OCDE indica que es necesario contar con un financiamiento adecuado para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Además, en institucionalidad ambiental recomienda fortalecer la calidad técnica de los estudios de impacto ambiental y mejorar las capacidades del Servicio de Evaluación Ambiental, asegurando que la selección de entrada al proceso de calificación ambiental sea hecha correctamente y garantice una adecuada participación ciudadana. Y advierte que hay que reforzar las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente para garantizar una adecuada fiscalización.
En fin, solo de esta evaluación de desempeño ambiental de Chile emanan 36 recomendaciones que deberían ser revisadas por las y los candidatos al sillón presidencial. Esto, porque hay un número importante de ellas que, lejos de ser caricaturas sobre la protección del ambiente que se plantean por la prensa, están relacionadas con el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas.
Flavia Liberona
ACUERDOS SOSTENIBLES
Eso busca lograr Acuerda Consultores, aplicando diversas herramientas para garantizar un crecimiento equitativo en los territorios.
Acuerda Consultores busca ser un aporte para compatibilizar el crecimiento económico del país con el bienestar socioambiental, resalta Javiera Luco.
Contribuir al logro de acuerdos sostenibles que permitan garantizar un crecimiento equitativo en los territorios. Ese es uno de los principales objetivos de Acuerda Consultores, empresa que nace de la inquietud de un grupo diverso de empresarios, asesores con larga trayectoria en la industria basada en los recursos naturales y especialistas de las ciencias sociales con experiencia en diálogo socioambiental.
“Nos une la preocupación por la clara dificultad de compatibilizar el crecimiento económico del país con el bienestar socioambiental. Esta situación genera una profunda crisis de confianza y el consecuente deterioro de la convivencia. Nos motiva aportar con nuestra experiencia a la superación de algunas de las causas que generan estos problemas” , explica su directora ejecutiva, Javiera Luco.
-¿Dónde se expresa hoy esa dificultad?
“Lo vemos en las empresas, que enfrentan cada vez más dificultades para concretar sus proyectos: exigencias ambientales más altas, evaluaciones complejas, plazos inciertos, judicializaciones, costos crecientes. Se observa también en los territorios, donde las comunidades reciben la mayor parte de los impactos de la industria sin sentirse cuidados y sin ver reflejados beneficios proporcionales. Así lo hemos constatado en nuestra experiencia, en distintos sectores productivos y zonas del país, donde pese a las buenas intenciones de las partes, los resultados no son los esperables ni deseables”.
-¿Qué experiencia tiene Acuerda y en qué sectores ha trabajado?
“Contamos con experiencia directa en sectores altamente desafiantes desde el punto de vista socioambiental. Hemos trabajado en proyectos mineros y energéticos, data centers, desarrollos inmobiliarios y procesos de diálogo con pueblos indígenas. En cada uno de estos contextos hemos facilitado espacios de conversación genuina, con metodologías adaptadas a las realidades locales que permiten identificar puntos de encuentro, construir confianza y alcanzar acuerdos sostenibles entre actores diversos. Para eso, no aplicamos recetas ni tomamos partido por ninguna de las partes, solo velamos por el resultado”.
-¿Creen necesario cambiar el modelo de relación entre empresas y comunidades?
“Sí. Chile vive de sus recursos naturales, pero si queremos seguir haciéndolo con éxito necesitamos transformar la manera en que empresas y comunidades se relacionan. Es urgente avanzar hacia un nuevo paradigma que promueva la legitimidad de los actores, la colaboración, la equidad y el desarrollo compartido. Queremos que la actividad económica sea rentable y virtuosa a la vez”.
-¿Qué caracteriza este nuevo paradigma que proponen?
“Estamos en un cambio de época. La era de la primacía de los contactos para sacar adelante los proyectos de inversión está llegando a su fin, cediendo a la necesidad de desarrollar conversaciones colectivas para lograrlo. Así lo hemos constatado en diferentes proyectos en los que participamos, que pese a las dificultades han logrado avanzar y construir relaciones basadas en la confianza, que han demostrado ser rentables para la empresa”.
TECNOLOGÍAS SOCIALES
Javiera Luco comenta que para alcanzar consensos sostenibles entre empresas y comunidades, Acuerda Consultores diseña y aplica “tecnologías sociales que nos permiten escuchar con profundidad y precisión, identificando acuerdos y desacuerdos. Entendemos que todos son parte de la comunidad –empresas, Estado y sociedad civil– y que solo a través de una escucha sistemática, respetuosa y equilibrada es posible avanzar, recogiendo los distintos saberes y sensibilidades, como parte de un diagnóstico común. La desconfianza se extiende hoy a las metodologías que reducen la relación entre ambas partes al cumplimiento de una lista de exigencias que muchas veces se resuelve en una transacción poco beneficiosa para una relación de largo plazo”
-¿Qué entienden por acuerdos sostenibles?
“Un acuerdo sostenible es aquel que puede decirse en voz alta, que genera confianza, sin letra chica, y que puede ser verificable en el tiempo. Es una declaración honesta de los puntos en común y también de las diferencias, para gestionarlas de forma transparente y responsable. Los desacuerdos son parte constitutiva de estos acuerdos”.
-¿Qué impacto buscan generar en los territorios?
“Prosperidad y cuidado. En Acuerda coincidimos en la necesidad de crecer en forma equitativa, y eso requiere de proyectos viables que a todos les hagan sentido, que aporten valor a los territorios, de manera que empresa y comunidad reciban los beneficios de la actividad. Queremos que las industrias extractivas generen valor más allá del producto final, que instalen capacidades, fortalezcan lo local y contribuyan al bienestar compartido”.
-En ese contexto, ¿qué mensaje entregaría a los distintos actores del país?
“Creemos que los acuerdos no solo son posibles, sino indispensables. Invitamos a empresas, comunidades, instituciones públicas y actores sociales a sumarse a este camino de construcción colectiva. Porque el cuidado del medio ambiente, la cultura local y la prosperidad económica solo serán verdaderos cuando surjan de acuerdos sostenibles, legítimos, transparentes y duraderos”.
APRUEBAN NORMA DE EMISIÓN MÁS EXIGENTE PARA FUNDICIONES DE COBRE
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la nueva norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico. Este instrumento establece límites más exigentes y controles progresivos para reducir de forma significativa las emisiones al aire de contaminantes altamente nocivos para entorno natural y humano, como material particulado, dióxido de azufre, arsénico y mercurio, mejorando así la calidad del aire en zonas históricamente afectadas por la actividad industrial. En una primera etapa se congelarán las emisiones actuales y se exigirá a las fuentes existentes capturar al menos el 95% de sus emisiones de azufre y arsénico. Las nuevas instalaciones, en tanto, deberán alcanzar un 99,5% de captura.
En la misma sesión se aprobó la modificación al reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes para fortalecerlo como una herramienta moderna, flexible y estratégica para enfrentar los desafíos ambientales.
PRIMER TRANQUE DE RELAVE ENCAPSULADO Y REFORESTADO CON TECNOLOGÍA TECNOSUELO
Se inauguró en la comuna de Andacollo el primer tranque de relave encapsulado y reforestado con tecnología de tecnosuelo en Chile. La innovadora iniciativa fue financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo y ejecutada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y la Universidad de Chile. La actividad marcó un hito ambiental al transformar un pasivo minero, el relave urbano Clavelina 1 y 2, en un nuevo espacio natural, sostenible y abierto a la comunidad. El sitio, de 6.250 m², fue encapsulado con 3.500 toneladas de tecnosuelo diseñado especialmente para mitigar contaminantes, y posteriormente reforestado con 1.000 ejemplares de árboles nativos. Además, se implementó riego tecnificado y se construyó una pasarela con terraza de observación disponible para uso comunitario.
LA FLORIDA: LANZAN PLAN DE COMPOSTAJE MÁS GRANDE DEL PAÍS
Ya está en marcha en la comuna de La Florida el mayor plan de compostaje domiciliario del país, marcando un hito en la gestión sostenible de los residuos orgánicos que beneficiará a los vecinos y ayudará a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. La iniciativa contempla la entrega de 20.000 composteras y vermicomposteras –de 300 y 100 litros, respectivamente– que beneficiarán a 19.000 hogares de la comuna y a más de 55.000 personas que podrán obtener abono (compost) a partir de la valorización de los desechos orgánicos, disminuyendo además la cantidad de basura que termina en los rellenos sanitarios. El programa cuenta con una inversión cercana a los $1.000 millones.
NUEVA GUÍA PARA PDC POR INFRACCIONES A LA NORMA DE RUIDO
Dado que el 52% de las denuncias ciudadanas recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente son por ruidos molestos, y el 49% de las formulaciones de cargo entre 2013 y 2025 tienen el mismo origen, la institución elaboró una nueva guía para elaborar programas de cumplimiento (PDC) en esta materia, actualizando el documento original de 2019. Su propósito es asistir a quienes se le hayan formulado cargos por incumplimiento a la Norma de Emisión de Ruidos en la presentación de un PDC. Está estructurado en cuatro capítulos y contiene los requisitos, etapas y plazos necesarios para la elaboración, presentación y ejecución de dichos planes, promoviendo con ello una cultura de cumplimiento ambiental en un ámbito que es altamente sensible para la ciudadanía.
Ximena Ruz Espejo
Directora Ejecutiva
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo
La fuerza de lo voluntario
Siempre se ha comentado que Chile es un país legalista. A los extranjeros les llama la atención que en nuestros quioscos se vendan el Código del Trabajo, las leyes tributarias, los decretos o reglamentos. Hay una necesidad permanente de recordar nuestras obligaciones. Pero ¿qué pasa con nuestros compromisos voluntarios? La voluntariedad nos resulta más extraña, más desconocida y hasta desconfiamos de ella. Es momento de darle a la voluntariedad el lugar que merece, al menos desde el punto de vista de la acción climática. En el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) se dan claras señales de que los instrumentos voluntarios se han transformado en una potente herramienta de política para enfrentar la crisis.
En la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático hemos venido impulsando la adopción de acuerdos voluntarios desde hace 25 años. Somos una institución pública pequeña, pero con una gran misión: construir acuerdos que transformen, que aceleren decisiones y que atiendan las urgencias.
Para llevar adelante nuestra tarea, contamos con los Acuerdos de Producción Limpia (APL), que nacen del compromiso de los actores, no de la imposición, y tienen un impacto profundo y duradero. Su naturaleza voluntaria asegura un genuino interés, colaboración y el aporte de las mejores capacidades. Por ejemplo, estimamos que en los últimos cinco APL certificados, por cada peso público invertido, se generaron 10,8 pesos de beneficio social. Lo sabe el IPCC, lo saben las empresas adheridas, lo sabemos nosotros: la voluntariedad no es una debilidad, sino que en ella radica toda su fuerza.
Nuestros acuerdos no surgen solos, no se generan de forma espontánea, requieren método y rigor. Necesitan información confiable y sólida; un buen diagnóstico asegura un buen acuerdo. Exigen equipos profesionales calificados, pero sobre todo con habilidades blandas como la empatía y la comunicación efectiva. Implican educación mutua y, por encima de todo, la construcción de confianza.
Los APL permiten acercar al Estado y al sector privado para implementar, de manera estructurada, certificable y no punitiva agendas que combinan el desarrollo productivo con impactos positivos sobre el medio ambiente y las personas.
Instrumentos como los acuerdos voluntarios exitosos son una oportunidad para construir una sociedad saludable y próspera. Los acuerdos facilitan la cohesión y colaboración ante desafíos comunes, lo que aumenta las probabilidades de un desarrollo inclusivo y sostenible.
Los beneficios de este modelo han sido explorados, medidos y sus resultados hablan por sí mismos: es posible lograr sostenibilidad y progreso cuando trabajamos juntos.
LUCES PARA LA EFICIENCIA
La eficiencia energética es una herramienta clave para el desarrollo sostenible del país, más aún frente al importante aumento en los costos de la electricidad registrados en el último tiempo.
Por una parte, según datos del Ministerio de Energía, este eje de acción podría aportar con más de un 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050. Y, por otro lado, si se
aplican las medidas contempladas en la Ley 21.305 publicada en 2021 para promover esta práctica, al año 2030 se reduciría la intensidad energética en más de 10%, se lograría un ahorro acumulado que superaría US$15.000 millones y se evitaría la emisión de 28,6 millones toneladas de CO2
Para hacer realidad todo aquello, el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, oficializado en 2023, establece metas a corto, mediano y largo plazo, como también planes, programas y
INVITADOS
acciones para alcanzarlas. Dicho Plan se divide en 4 áreas, una de las cuales corresponde a los sectores productivos para los que define dos metas: reducir la intensidad energética de los grandes consumidores, con respecto al año 2021, en un 4% al 2026, y en un 25% al año 2050.
¿Cuánto se ha avanzado en este camino?, ¿qué trabas existen para consolidar esta buena práctica a nivel industrial? Seis especialistas responden estas y otras inquietudes.
JOSÉ TOMÁS MOREL
Gerente de Estudios del Consejo Minero
MARCEL SILVA Jefe de la Unidad de Sectores Productivos, División de Energías Sostenibles, Ministerio de Energía
RODRIGO RUBIO Desarrollador de Negocios en Neoelectra Chile
FELIPE GUERRERO Gerente de Ventas Industriales de Bosch
MÓNICA GAZMURI Gerente General de ANESCO Chile
EDGARDO MARDONES Industrial Energy Manager de Gasco
InduAmbiente: Para tener un diagnóstico general del panorama actual, queremos pedirles que, según su experiencia, nos digan cómo ven el posicionamiento de la eficiencia energética en los sectores industriales.
Silva: La eficiencia energética es un uno de los cuatro pilares que tiene el país para poder alcanzar la carbono neutralidad industrial al 2050 que se ha propuesto como meta y compromiso a nivel internacional. Y es un pilar súper importante, porque es también una fuente relevante de ahorro.
Tenemos una política en que diferenciamos las micro, pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas, básicamente porque los recursos con que cuentan y sus necesidades son distintas. En ese contexto, vemos que una de las grandes barreras que se encuentran en ambos casos tiene que ver con el conocimiento de la eficiencia energética. Hemos avanzado mucho en ese sentido, ya que distintas asociaciones gremiales y actores han contribuido a que se vaya conociendo poco a poco, pero igual hay harto camino por recorrer en materia de capacitación y conocimiento de los dueños, los profesionales y los técnicos de las empresas para establecer una cultura de eficiencia energética. No se trata solo de aplicar una medida puntual, también es necesario, entre otras cosas, crear hábitos de ahorro de energía y destinar recursos y financiamiento para implementar estos proyectos que, habitualmente, no se ven, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las energías renovables para autoconsumo, como los paneles solares.
Además de implementar medidas tecnológicas, hay un tema cultural que tiene que permear para evitar “efectos rebote” típicos como cuando después de instalar luces led más eficientes, nadie se preocupa de apagarlas.
Gazmuri: Creo que hemos evolucionado un tanto y yo diría que eso se debe, más que a la entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Energética, a que efectivamente empieza a “apretar el zapato”. Las industrias están siendo muy exigidas en varios ámbitos, no solamente en lo energético, y cuando eso afecta su competitividad, hay un problema. Eso ha dado una oportunidad al avance de la eficiencia energética.
La industria se podría haber subido al carro mucho antes, pero hace muchos años atrás cuando hablábamos sobre una posible
Ley de Eficiencia Energética, antes de escuchar cualquier cosa, había una negativa de las empresas que decían por ejemplo “no se metan en mi proceso”. Existía, entonces, falta de conocimiento, como dice Marcel (Silva), y además, como había plata para pagar los costos energéticos, las empresas no se interesaban en el tema. Nuestra preocupación como gremio era justamente indicarle a los distintos estamentos de las empresas que era un tema que estaban mirando por encima y que les convenía abordar con prontitud, pero hasta hoy el conocimiento sobre la eficiencia energética es algo que hay que desarrollar fuerte.
Actualmente, la industria no solo debe ser competitiva, sino que además preocuparse de no perder empleos. En ese sentido, hay que hacer un esfuerzo tremendo para apoyarla y las empresas tienen que abrirse, ayudarse unos a otros en los mismos gremios, y también con el sector público.
Como gremio especializado nosotros estamos abiertos para colaborar con las industrias y creo que estamos en un momento clave para que éstas se abran y empiecen a actuar. No basta con hacer el checklist de los sistemas de gestión de energía, sino que necesitamos implementar más acciones de eficiencia energética.
Mardones: Sumando otro tema al diagnóstico, yo diría que todavía hay una mirada muy de corto plazo en las grandes empresas.
En general, en Gasco tratamos de fomentar el modelo ESCO de venta de energía y esos son contratos de mucho más largo aliento, pero aún nos encontramos con gente que trabaja con proyectos a dos o tres años como máximo.
Por otro lado, como decían antes, también hay falta de conocimiento y cultura de eficiencia energética en las empresas. Por ejemplo, una vez un gerente de planta me decía que no sabía que el GLP era un combustible industrial. También me he encontrado con gente para la cual energía es sinónimo solo de electricidad. Eso demuestra que hay temas de base que no se conocen, en circunstancias en que la energía debería ser parte de la cultura organizacional de todas las empresas.
Rubio: Yo creo que parte del conocimiento pasa por buscar un cambio de hábito en la industria. A mi juicio, al menos la gran empresa ya ha avanzado hacia un cierto grado de conciencia, ya sea por marketing o por real convencimiento de que hay que hacer ese cambio. Luego, entre las pymes encontramos algunas que si no tienen la exigencia de bajar sus emisiones o no tienen incentivos para invertir en eficiencia energética, prefieren no hacerlo. He estado en plantas en que me han dicho que van a seguir quemando petróleo porque no tienen necesidad de cambiar de combustible, a pesar de tener la cañería de gas natural en la entrada de su predio. ¿Qué se puede hacer frente a eso, si el cliente no ha
El encuentro, realizado en el Novotel Santiago Providencia, permitió analizar las dificultades y opciones para cumplir con las expectativas de reducción de emisiones y ahorro que genera la eficiencia energética.
hecho el cambio de switch respecto de que no está bien quemar petróleo?
También hay empresas que encuentran bueno un proyecto de eficiencia energética, por ejemplo en una caldera para que sea más eficiente y tenga menos emisiones, pero te dicen que quieren instalar paneles solares porque eso “vende” más, a pesar de que su problema no está en el consumo de energía eléctrica. Entonces, hemos terminado haciendo proyectos térmicos a los que agregamos un sistema fotovoltaico de 10 kW solo para la foto, porque efectivamente eso vende más hacia afuera que cambiar una caldera, que queda cerrada en un galpón que nadie ve. Entonces, más allá del conocimiento, creo que es necesario un cambio de hábitos en la industria y, lamentablemente, la única forma de que eso ocurra es con exigencias e incentivos.
Guerrero: Concuerdo con lo planteado. Cuando visitamos a los clientes, vemos sistemas de vapor o de agua caliente que son grandes consumidores: hay algunos que llegan hasta los 1.200 metros cúbicos por hora en un equipo. Y tenemos grandes clientes corporativos que están en línea con la eficiencia energética y la descarbonización. Quizás la velocidad no es la que nos gustaría, pero las grandes empresas se están preocupando del tema y tomando acciones, no tanto por marketing, sino también por el beneficio para sus procesos. Antes eso se desconocía, pero hoy día están recurriendo mucho a buena tecnología para ser más competitivos, porque en momentos de “vacas flacas” es necesario ser más eficientes en el uso de la energía, en el mantenimiento, etc.
Después tenemos empresas medianas, de rubros muy variados, en que quizás están más lejos de implementar acciones porque falta el incentivo o “apretarlos” un poco para que tomen decisiones. Creo que el gasto en energía es un gran driver que los presiona, pero también está el tema medioambiental. Si esas dos cosas confluyen, las empresas van a empezar a hacer más cambios, sobre todo en las regiones más allá de la Metropolitana, donde yo diría que hay más avances. En regiones tienen poca regulación y eso se nota: hay algunos lugares en que, por ejemplo, todavía se sigue hablando del uso de fuel oil, porque es competitivo en términos de costo, pero no es lo que necesitamos en términos ambientales y de sostenibilidad.
Por otra parte, yo admiro mucho lo que hacemos en Chile porque el tema está en
“Estamos
en un momento clave para que las empresas se abran y
empiecen a
actuar.
No
basta con hacer el checklist de los sistemas de gestión de energía;
necesitamos implementar más acciones”.
Mónica Gazmuri
la mesa, mientras que en otros países de la región no hay nada. Y eso creo que es una buena señal para ser más competitivos.
Morel: A mí me gustaría tratar tres temas: el primero es la motivación para la eficiencia energética, lo segundo es una brecha que veo entre las expectativas de la autoridad y la realidad, y lo tercero es cómo se mide el desempeño energético.
Por ahora me voy a referir a lo motivacional, donde veo dos drivers. Uno es lo económico, que siempre ha estado. Posteriormente se sumó la reducción de emisiones como driver de política pública, lo cual claramente ha permeado en las compañías y hoy uno ve que la eficiencia energética está bajo el paraguas de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático.
Eso ha sido bueno porque ha permitido que la eficiencia energética tenga mayor visibilidad.
InduAmbiente: Llama la atención que el ahorro económico asociado al uso de menos energía no tenga suficiente fuerza como
para impulsar la implementación de más acciones de eficiencia energética.
Morel: Ese sigue siendo el driver principal, pero la realidad es que a veces se requieren inversiones en que los números no dan. Por eso también mencioné la brecha que veo entre la expectativa que tiene la autoridad y la realidad. Incluso si uno ve este tema desde la perspectiva del cambio climático, lo que deben hacer el país y las empresas es buscar las medidas más costo-efectivas para reducir las emisiones y puede que la eficiencia energética sea menos conveniente que otras acciones.
METAS
InduAmbiente: Marcel (Silva), el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026 plantea como metas para los sectores productivos reducir la intensidad energética de los grandes consumidores en un 4% al próximo año y en un 25% al 2050, respecto del año 2021. ¿Se ve posible alcanzar esas metas?
Silva: Para ser bien específicos, la Ley establece que la reducción por parte de los consumidores con capacidad de gestión de energía, o sea, todas las empresas que consumen más de 50 teracalorías, tienen que reducir su intensidad energética en un 4% al final del periodo del Plan Nacional de Eficiencia Energética que, en estricto rigor, toma vida cuando se publica. Eso ocurrió en el año 2023 por lo que es hasta 2028. Estamos viendo eso para ver cuándo se podría cumplir efectivamente. Hay otra meta de un 10% de reducción al año 2030 que está establecido en la Ley que involucra a todo el país.
Morel: Eso se refiere al consumo de energía sobre el PIB...
Silva: Claro. El nivel de avance ha costado un poco medirlo porque los primeros ejercicios que hicimos para eso no fueron muy exitosos. En el primer proceso, un 28% de las empresas reportaron al Balance Nacional de Energía, entonces hubo que hacer un acompañamiento súper fuerte. Ahora estamos con casi un 93% de reporte, lo que es un buen augurio. Se están viendo cambios, pero todavía en los informes de avance ha costado encontrar resultados concretos. En paralelo, estamos viendo maneras de comprobar que lo que nos entregan las empresas se chequea a ni-
vel país. En los años anteriores hubo una pequeña baja en el consumo, influenciada por el tema del COVID, pero después se volvió a una curva un poco más alta.
Entonces, hay trabajo que hacer todavía. Estamos haciendo algunos cambios no regulatorios, sino más bien de requerimientos. Hay un decreto que permite al Ministerio identificar qué empresas deben reportar, entre las que consumen más de 50 teracalorías y tienen que implementar sistemas de gestión de energía que son como 17 mil. Dentro de ese universo, este decreto apunta a las más grandes, que son todas las que facturan más de un millón de UF.
InduAmbiente: ¿Y qué porcentaje de las empresas que deben implementar sistemas de gestión de energía lo ha hecho?
Silva: Prácticamente el 90%. Algunas no han cumplido y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha pasado algunas multas, pero ya casi todas entendieron que sí que deben hacerlo.
Ahora estamos haciendo algunos ajustes para ver cómo finalmente logramos alcanzar las metas que tenemos en la Ley y en el Plan Nacional de Eficiencia Energética.
LÍNEAS DE BASE
InduAmbiente: Para implementar un proyecto de eficiencia energética se requiere
“Hay harto camino por recorrer en materia de capacitación y conocimiento de los dueños, los profesionales y técnicos de las empresas para establecer una cultura de eficiencia energética”.
Marcel Silva
de harta información y una buena línea de base. ¿La mayoría de las empresas cuenta con eso?
Gazmuri: Yo creo que hoy, al menos, las empresas entienden esos conceptos y hay mayor interés en contar con líneas de base. De hecho, nuestros socios están recibiendo muchos más requerimientos para realizar auditorías o derechamente para reducir el consumo energético.
Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas empresas no saben bien cuál es realmente su situación energética. Frente a eso, nuestros socios les ofrecen partir levantando información para que, a través de esa auditoría, puedan conocer su realidad y sus opciones de mejora. Con ese panorama completo, el cliente puede decidir si le conviene implementar el proyecto completo o si es mejor hacerlo por fases, mediante el modelo ESCO o por otra vía.
Cuando hemos analizado líneas de base, una de las conclusiones importantes a las que hemos llegado es que los proyectos de eficiencia energética potencian el autoconsumo. O sea, por ejemplo, instalar una mini planta de paneles solares puede ser mucho más conveniente con un proyecto previo de eficiencia energética que, a veces, puede reducir a la mitad el payback del proyecto completo.
Entonces, la línea de base es súper importante. Y creo que, con todo el trabajo de formación que se ha hecho en estos años,
Los invitados coincidieron en que la mayor difusión de los casos exitosos de eficiencia energética industrial puede impulsar su avance.
hoy las industrias algo de data tienen y para nosotros es más fácil complementar esa información.
Rubio: Es que las empresas han crecido en ese sentido. Antes era impensado que una industria tuviera un área de sustentabilidad, por ejemplo. Además, las universidades forman profesionales especialistas en temas de energía y medio ambiente que después llegan a las empresas.
Sin embargo, todavía no se entiende que el gran consumo de energía es térmico: está en el agua caliente, en el vapor, en el gas, en el petróleo, en el consumo en las horas punta. Esos son los ítems que están golpeando a nivel medioambiental y de uso eficiente de la energía.
Y se siguen confundiendo mucho las iniciativas de eficiencia energética con los proyectos con energías renovables como los de paneles solares.
Mardones: Me gustaría complementar lo dicho con respecto a las líneas de base. En nuestros proyectos, impulsamos el modelo ESCO en que las inversiones se pagan con los ahorros, y para eso necesitamos que las empresas tengan una línea de base. Y yo diría que un 70% u 80% de los clientes no cuentan con ello. O por lo menos no la tienen como concepto global de energía, sino que tienen un gasto en combustibles, un gasto en electricidad, etc. O sea, el único driver sigue siendo la plata, no la eficiencia.
Además, al ver esos ítems por separado les cuesta mucho visualizar la eficiencia energética como un asunto integral. Muchos de los proyectos que desarrollamos se pagan en buena medida con el aprovechamiento, por ejemplo, de los calores de rechazo que hay en los procesos productivos. Pero para eso tenemos que partir realizando auditorías porque, generalmente, las empresas no conocen estas formas de aprovechar energía que se está botando al medio ambiente u otros conceptos que es importante entender.
InduAmbiente: ¿El uso de gas sigue siendo competitivo para desarrollar proyectos de eficiencia energética?, ¿qué ventajas tiene?
Mardones: Sí, totalmente competitivo. Primero por el precio que es bastante estable, lo que permite a los grandes consumidores proyectar sus gastos. Además, al hacerlo en la modalidad ESCO, nosotros asumimos el
“Es conveniente mejorar la data para empezar
a
calibrar
las expectativas
del país sobre el aporte de la eficiencia energética a la reducción de emisiones y que, en algún momento, eso calce con la realidad de los sectores”.
José Tomás Morel
riesgo de las diferencias de precio y de la eficiencia. Y por otro lado, los combustibles gaseosos o que se pueden gasificar tienen la gracia que se adaptan bastante bien a las curvas de producción de las empresas, a diferencia de combustibles como la biomasa en que, por ejemplo, la caldera tiene que partir antes para que pueda estar a punto cuando se necesita el vapor o el agua caliente. El gas ofrece más versatilidad y permite ahorros que no solo van asociados al precio, sino que también al uso de la energía.
InduAmbiente: Felipe (Guerrero), ¿qué otra barrera ha percibido para implementar estos proyectos?
Guerrero: Creo que se ha evolucionado bastante, pero sigue habiendo áreas en las empresas, como las de operación y mantenimiento, a las que la información sobre cómo hacer eficiencia energética no les está llegando. Ahí es importante el apoyo de las empresas de energía o de nosotros como proveedores
tecnológicos para decirles qué alternativas existen para optimizar el uso de energía, pero hay que partir con una auditoría básica para tener una línea de base. Ahí empezamos a notar que esos clientes usualmente no tienen la información sobre el consumo de su caldera o de electricidad, o no tienen claro qué combustible utilizan y quién es su proveedor.
Hay algunos casos en que tienen todos los datos, conocen sus consumos y tienen estudiados los posibles ahorros y los retornos de inversión, donde es mucho más fácil trabajar, pero es difícil encontrar ese conocimiento base en algunas áreas para poder gestar acciones de eficiencia.
InduAmbiente: José Tomás (Morel), en la gran minería, ¿las empresas cuentan con esas líneas de base?
Morel: Sí. La minería fue el “conejillo de indias” para la Ley de Eficiencia Energética, a raíz del convenio firmado con el Ministerio de Energía para que las empresas implementaran sistemas de gestión de energía, y yo diría que el tema de las líneas de base está resuelto.
InduAmbiente: ¿Y qué ocurre con las empresas medianas y pequeñas?
Silva: Es importante considerar que la Ley de Eficiencia Energética se está implementando en las grandes empresas, entre las que hay un cierto número que está obligado a reportar al Balance Nacional de Energía. Antes, eso era voluntario y reportaban anualmente como máximo unas 800 empresas. Con la puesta en marcha de la Ley, ya vamos en 1.400, o sea, casi hemos duplicado la cantidad de las empresas más grandes que están reportando, por lo tanto ya tienen un atisbo de cuál es su línea base, cuánta energía gastan, en qué procesos, etc.
InduAmbiente: ¿Y hay una forma de medición estandarizada para uniformar estos reportes?
Silva: Sí, el Balance Nacional es un sistema informático con preguntas estandarizadas en varios formularios para entregar esa información.
InduAmbiente: ¿Y de qué manera se valida que esa información sea confiable?
Silva: Hasta el momento solo confiamos
“Admiro mucho lo que hacemos en Chile porque el tema de eficiencia energética está en la mesa, mientras que en otros países de la región no hay nada. Eso es una buena señal para ser más competitivos”.
Felipe Guerrero
en lo que declaran las empresas, pero cuando tenemos dudas, mandamos esa información a la SEC y ellos piden a las empresas lo necesario para corroborarla.
Estos reportes de los que hablo corresponden a las empresas más grandes, pero faltan miles en este mismo segmento que no sabemos si tienen esa información.
Ahora, cuando nos vamos a la micro, pequeña y mediana empresa yo creo que cerca del 90% no debe conocer su línea base. Saben cuánto pagan en electricidad o en gas, pero no saben cuánto consumen, dónde la gastan ni dónde la están perdiendo.
Llevamos años tratando de avanzar en esto a través de capacitaciones presenciales y online, y también por medio de una herramienta disponible que se llama “Potencial de eficiencia energética y energías renovables”, en donde las empresas pueden meter sus datos y conocer su línea de base y, de acuerdo a eso, se le sugieren algunas ideas de medidas de eficiencia energética que pueden implementar.
También nos dimos cuenta de que las medianas empresas tienen una realidad distinta, por lo que lanzamos un concurso para que ese segmento pueda hacer auditorías energéticas y conocer su línea de base. Esto es prácticamente gratuito, pueden postular con alguna consultora y recibir el financiamiento para hacerlo.
InduAmbiente: ¿Y los acuerdos de producción limpia (APL), que en los últimos años han puesto más énfasis en este tema, han tenido un impacto importante?
Silva: Sí, los APL son un gran instrumento que nos permite trabajar directamente con las empresas que quieren hacer algo al respecto, ya que son acuerdos voluntarios. Acá participan empresas pequeñas, medianas y grandes de distintos sectores, agrupados en asociaciones gremiales, y abordan muchos temas, entre los cuales está el desempeño energético. Ahí también estamos introduciendo como medida que reporten al Balance Nacional de Energía para que conozcan sus usos y sus consumos de energía, porque esa es la base para buscar soluciones.
InduAmbiente: Mónica (Gazmuri), ¿qué incentivos podrían impulsar a las empresas que no están obligadas por la Ley a implementar medidas de eficiencia energética?
Gazmuri: Dejando un poco de lado a las más pequeñas, yo creo que un incentivo es el tema de carbono neutralidad o de reducción de emisiones, sobre todo para las medianas empresas o para aquellas que están exportando, porque esto se valora en los mercados extranjeros.
A nivel local, nosotros como gremio estamos empujando la creación de un certificado que valide las emisiones reducidas con los proyectos de eficiencia energética. Nosotros siempre medimos y hacemos esa equivalencia, pero la idea es darle un valor a esa reducción para que esté disponible si después se quiere vender.
Quiero aprovechar de reforzar una idea sobre la carbono neutralidad: en las proyecciones que se hicieron antes de la COP25 que se iba a hacer en Chile, había un escenario que posicionaba a la eficiencia energética como la herramienta que permitiría disminuir un 35% de las emisiones y el otro gran porcentaje se reduciría principalmente con la plantación de nuevos bosques. ¿Dónde están esos nuevos bosques? Yo no los veo y no tienen para cuándo.
En ese escenario, creo que hay mucha más posibilidad de que la eficiencia energética sea la que proporcione medidas costoefectivas en Chile para mitigar las emisiones, en relación con todo lo demás que hoy no se está dando. Tenemos mucho más incentivos, entonces, para ir en esa línea: mientras más eficiencia no solo cumplimos con el check económico, sino también medioambiental. Y ese incentivo se puede generar, creando un instrumento que puede ser comercial, pero que también sea un reconocimiento.
“Más allá del conocimiento, creo que es necesario un cambio de hábitos en la industria y la única forma de que eso ocurra es con exigencias e incentivos”.
Rodrigo Rubio
En ese contexto, otra cosa que hemos propuesto en reiteradas ocasiones a los ministerios de Energía y Medio Ambiente, a la Agencia de Sostenibilidad Energética, es que todo ese avance en eficiencia quede disponible. Nosotros tenemos un registro interno de los proyectos ejecutados por nuestros socios, pero eso se debiera hacer a nivel nacional para ir mostrando quiénes están trabajando en esto, qué éxito tuvieron, cuánta eficiencia se logró. Eso sería un incentivo para las marcas y también para los clientes que podrían acceder a información visible y trazable sobre los proyectos y sobre quién los podría asesorar.
MODELO ESCO E INVERSIÓN
InduAmbiente: ¿El tiempo de recuperación de la inversión ha ido bajando en este tipo de proyectos?
Mardones: Sí. La verdad es que nos hemos visto un poco obligados a ir reduciendo ese tiempo, por lo que decía sobre la visión de corto plazo de algunas empresas. Y eso lo hemos logrado siendo más eficientes. Por fortuna, una caldera que funciona con GLP
es mucho más barata que una que opera con biomasa o algún combustible sólido. Eso nos permite ser más competitivos en estos proyectos.
Pero más allá de eso, hay que entender estos proyectos como una mejora continua. De hecho, parte de los beneficios que tiene este modelo ESCO, es que permite monitorear, sensorizar y contar con la información sobre el uso y consumo de energía. Nosotros, con modelos de inteligencia artificial, podemos ir analizando esos datos y viendo qué medidas pueden hacer más eficientes las salas térmicas o los procesos productivos. Con toda esa información se puede aprovechar mejor la energía y la mayoría de las veces logramos que los proyectos se paguen en menos tiempo que el estimado inicialmente.
Conviene que las empresas tomen conciencia de todo lo que hemos conversado. Tal como comentaron, hay empresas que ponen paneles solares y creen que son “verdes” y eficientes porque usan energía renovable, pero uno va a sus oficinas y la gente está con estufas para calefaccionar o los compresores están botando calor al medio ambiente. Es importante, entonces, que tomen conciencia sobre el uso de la energía o la necesidad de contar con una línea de base, conceptos que son básicos para nosotros que trabajamos en energía, pero que las empresas aún no internalizan.
Gazmuri: También hay que concientizar sobre el adecuado uso de los paneles solares y evaluar bien antes de hacer un proyecto de autoconsumo, porque la tecnología avanza tan rápido que nos estamos llenando de basura asociada a estos proyectos.
InduAmbiente: ¿Qué tan masiva se ha hecho la aplicación del modelo ESCO?
Gazmuri: No tanto. Algunos socios han logrado avanzar un montón en eso, pero ha costado. Por ejemplo, antes en el sector minero nos decían “no te metas en mi proceso” o “¿para qué aplicar este modelo si yo puedo pagar todo?”. Afortunadamente, ese paradigma ya se rompió porque se entendió que con el modelo ESCO la empresa puede ocupar sus recursos en otras cosas y puede contar con un proveedor experto que se hace cargo.
En ninguna parte del mundo esto es un boom, sin embargo, su aplicación podría ser mucho más masiva. Nosotros tenemos empresas especializadas, con experiencia que lo
podrían implementar, pero no se masifica por desconfianza y desconocimiento. Hay sectores donde efectivamente puede ser más útil, como en la mediana empresa, pero tienen que darse la oportunidad de escuchar propuestas, dejarse asesorar y ver si efectivamente los proyectos “flotan”.
InduAmbiente: Felipe (Guerrero) y Rodrigo (Rubio), ¿qué experiencia tienen respecto a la recuperación de la inversión en estos proyectos?
Guerrero: En Chile tenemos mapeado cerca de 2.000 calderas. En los últimos 10 años, como Bosch, hemos cambiado alrededor de 100 o 120. Eso es una señal de que las empresas están preocupadas e invierten. Los retornos de inversión, con la eficiencia que vendemos y garantizamos incluso por contrato, se cumplen.
En nuestro país todavía que hay muchas oportunidades de mejorar. Hay algunos lugares donde incluso aún se usa leña, carbón o heavy fuel oil, y cuando uno llega con tecnologías de gas licuado, gas natural, hidrógeno, blending, híbrida o hasta 100% eléctrica, se pueden desarrollar proyectos con retornos de inversión súper rápidos. Tenemos casos de 9 meses hasta menos de 3 años, porque no solamente hay ahorros en el consumo de combustible, sino que también en el consumo eléctrico o de químicos.
Cuando los clientes acceden a nuestra asesoría y conocen los retornos de inversión, el proceso para cerrar los proyectos con las empresas avanza bien rápido. Entonces, nosotros vemos buenas perspectivas. Más aún cuando hoy se suma el tema de la reducción de emisiones; de hecho, ahora se está discutiendo nuevamente la regulación para las calderas y eso también va a ser un driver que va a empujar el recambio.
Rubio: Nosotros nos dedicamos harto a la cogeneración, vale decir, generación térmica y eléctrica de forma simultánea. En ese contexto, las alzas de las tarifas eléctricas nos ayudan porque apostamos a generar energía en las mismas instalaciones de los clientes y desligarlos de la red eléctrica, con lo cual se logran ahorros.
En ese contexto, una de las mayores dificultades que encontramos es que, en general, la industria tiene una mirada cortoplacista y nos comparan con un contrato de suministro eléctrico a cuatro años, lo que a veces nos deja fuera del mercado. Convencer a la gran industria de firmar un contrato de ocho años o más, es súper difícil salvo que sea un proyecto fotovoltaico porque en esos casos se suele ocupar un espacio que la industria no estaba usando.
DESEMPEÑO Y PROYECCIONES
InduAmbiente: José Tomás (Morel), el hecho de que las casas matrices de la mayoría de las grandes empresas mineras sean extranjeras, ¿presiona para que sean más eficientes en el uso de la energía?
Morel: La presión viene sobre todo por reducir las emisiones, independiente de si la casa matriz es chilena o extranjera. De hecho, casi todas están bajo el paraguas del ICMM, en Lon-
dres, que también tiene metas muy ambiciosas en esa materia.
A propósito de eso, quiero referirme a la brecha que veo entre la ambición declarada por las autoridades sobre las emisiones que podemos reducir a través de la eficiencia energética y la realidad. En la última propuesta de la NDC, donde Chile establece sus compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático para el periodo 2025-2035, un estudio del Centro de Energía de la Universidad de Chile proyecta ahorros de energía de 1,9% anual. Sin embargo, los reportes de las compañías de distintos rubros consolidados por el Ministerio de Energía, indican que el ahorro proyectado es de 0,5% o 0,6%, al menos en el periodo 2024-2028. Esas cifras se alejan bastante del 1,9% al que aspira la autoridad para ser consistente con la meta de carbono neutralidad al 2050.
No sé si esa brecha se da porque las empresas no están “haciendo bien la pega” o porque la ambición es excesiva y no está basada en buenos números. Esa es una discusión que conviene tener porque si no, vamos a seguir diciendo que el potencial de la eficiencia energética para reducir emisiones es enorme y que es una de las medidas más costo-efectivas, cuando la realidad sigue mostrando que estamos en torno a 0,5 o 0,6%. Y puede ocurrir que finalmente se genere una cierta frustración con el tema y la eficiencia energética termine perdiendo prestigio y valor.
InduAmbiente: ¿Puede ser que las proyecciones de ahorro energético en el caso minero se reduzcan por la mayor demanda de energía que implica, por ejemplo, el uso de agua desalada?
Morel: Sí. El desempeño energético en nuestro caso está muy marcado por factores exógenos, como la caída inevitable de la ley del mineral, lo que implica procesar más material y eso significa más energía. Lo mismo ocurre con la sustitución del agua proveniente de fuentes continentales por agua de mar que hay que desalar y bombear hacia las faenas.
Entonces, cuando medimos la intensidad energética de la minería vemos que va aumentando, con independencia de los esfuerzos que las empresas hagan en eficiencia energética.
Esto también nos dice que hay que tener cuidado con la forma en que se presentan los datos y se agregan los números, más aún
“En nuestros proyectos, impulsamos el modelo ESCO en que las inversiones se pagan con los ahorros, y para eso necesitamos que las empresas tengan una línea de base. Y yo diría que un 70% u 80% no cuenta con eso”.
Edgardo Mardones
cuando son de distintos sectores productivos, porque esa suma no siempre refleja la realidad asociada al desempeño energético. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el gran número para indicar el nivel de eficiencia energética a nivel país es consumo de energía sobre PIB, hay que considerar que eso tiene mucho que ver con la estructura productiva: un país más cargado a los servicios es probable que tenga una intensidad energética baja, al contrario de lo que ocurre con una economía centrada en la producción de recursos naturales, como Chile. ¿Significa eso que somos más ineficientes que los demás países? No, simplemente que tenemos una estructura productiva distinta.
En síntesis, hay todo un tema relacionado con la data en que queda bastante por avanzar. En el Ministerio de Energía están conscientes de eso, porque el reglamento de la Ley de Eficiencia Energética, de hecho, permite que las empresas puedan medir su desempeño energético haciendo ajustes por estas variables exógenas.
Silva: En esto, José Tomás (Morel) tiene razón, pero siempre hay que partir por algo. Si nos queremos comparar con otros países, tenemos que ocupar los mismos índices. Luego, en una segunda derivada, tenemos que analizar los índices específicos por sector, ya que por ejemplo el comercio tiene una intensidad muy distinta a un sector productivo. En el registro de información con respecto a cuánto consumen las empresas, ya tenemos una mecánica más o menos establecida. Pero con respecto a los informes de avance que presentan las empresas, estamos recién empezando: llevamos uno solo y hay una cierta “complicidad” con las empresas para poder contar con la información que corresponde. Estamos comenzando a sistematizar la información del segundo reporte y vamos a ver con qué datos nos encontramos.
Hay otras cosas que debemos ir ajustando, ya que, por ejemplo, dentro de un mismo sector hay distintos tipos de empresas, con procesos productivos que no se pueden comparar. Entonces hay que hacer un análisis de segunda y tercera derivada para ir viendo cómo hacer la medición. Y después de eso, viene una segunda vuelta en la que hay que ver dónde se pueden aplicar medidas, que también se tiene que dar en la regulación.
Gazmuri: Concuerdo con que efectivamente cada segmento productivo es una realidad distinta, en cuanto a tamaño, naturaleza, consumo energético, etc. y no es fácil para nadie llevar esa estadística. Sin embargo, a partir de nuestra experiencia de veinte años en ANESCO, sabemos que, al final, quienes optan por la eficiencia energética lo hacen porque saben dónde les “aprieta el zapato”. Cada vez hay más exigencias, no solo normativas, sino también económicas que les hacen tomar acciones y ser más proactivos. El escenario económico ha llevado a que empiecen a abordar el tema de otra forma. A eso se suma el tema de las emisiones que, como gremio, introdujimos ya en 2012 y hoy es un driver súper potente.
Hay resultados en ahorro económico y reducción de emisiones bien positivos, y sería bueno que las empresas pudieran mostrarlos y se difundan más. Nuestra propuesta es que exista, por ejemplo, una plataforma donde podamos ir aportando esos datos online para ir alimentando de alguna forma la NDC, y así hacer más visibles los avances para cumplir los compromisos climáticos. Mostrando estas buenas prácticas se puede impactar a otros segmentos.
InduAmbiente: ¿Se pueden tener, entonces, mejores expectativas que la proyección de ahorro del 0,6% mencionada?
Gazmuri: Por supuesto. Más aún cuando el escenario también ha cambiado. Por ejemplo, como los bosques para capturar emisiones no se hicieron, el aporte de la eficiencia energética en ese sentido puede aumentar, porque las industrias sí están trabajando para contribuir a la carbono neutralidad.
Silva: Otra cosa que hay que tener en consideración es que ese 0,5%-0,6% que mencionaba José Tomás (Morel), corresponde solamente a la proyección de 91 empresas que son como un tercio de los que tienen que reportar constantemente.
Morel: Sí, es una muestra chica…
Silva: Así es. Al resto de las empresas no les tocaba reportar, así es que no ingresaron esa información. Además, estamos hablando solo de los grandes consumidores, que representan un 40% del total, pero falta conocer la realidad del resto.
Guerrero: Una pregunta para Marcel (Silva): ¿se podría pensar en medir en línea, por ejemplo, el consumo energético de las grandes empresas?
Silva: Se podría, pero el costo sería enorme porque habría que poner medidores en cada uno de los equipos, por ejemplo.
Rubio: En la telemetría hay muchas soluciones que no son tan costosas como se cree. Yo creo que hoy están todas las herramientas para poder hacer algo así.
Silva: A mí me encantaría, pero efectivamente por muy bajo que sea el costo, hay que implementar equipos y hacer todo un trabajo para su correcta operación.
Guerrero: Claro, pero creo que hay información disponible sobre el consumo de estos clientes que se podría conectar en línea mediante un sistema SCADA, por ejemplo.
Silva: Sería fabuloso…
Rubio: Yo creo que en este tipo de cosas, hay que obligar un poco a las empresas para que sean conscientes de su consumo de energía. Y eso se puede lograr con un sistema de
telemetría que registre los consumos básicos.
Guerrero: Sí, también puede ser gradual y voluntario al principio. En el área de medio ambiente, por ejemplo, las empresas que tienen que reportar emisiones tienen sus calderas con medición en línea. De hecho, la autoridad puede ver si alguien, por ejemplo, cambia de combustible y eso genera una alerta rápida. Esa podría ser una mejora sustentable y significativa hacia el futuro.
PROPUESTAS
InduAmbiente: Para terminar queremos pedirles que destaquen una propuesta para acelerar el avance de la eficiencia energética a nivel industrial.
Gazmuri: Para avanzar hay que llegar a ciertos acuerdos entre los distintos actores y eso implica conocerse y generar confianza entre unos y otros, tanto en el sector público como privado. En este último caso, tenemos que trabajar entre los gremios productivos y los que reúnen a empresas especializadas en esta materia para no darnos la vuelta larga. Faltan más instancias para conocerse y hacer alianzas de colaboración; yo creo que es la única manera de ir acelerando estos procesos.
Mardones: Yo diría que hay que seguir en la senda en que estamos. Creo que hay varios avances importantes: ya se están viendo, por ejemplo, licitaciones en hospitales en modalidad ESCO, para desarrollar proyectos de eficiencia energética. Esas son cosas que hay que difundir y, en cierto modo, instaurar, porque la especialización que tienen las empresas dedicadas a la energía permite que también las otras instituciones, ya sean privadas o públicas, se dediquen 100% a lo que ellos hacen.
Guerrero: Creo que las buenas prácticas en esta materia se tienen que compartir y difundir más. Nosotros hemos cambiado un montón de calderas y el impacto es bien alto. Por ejemplo, en Pargua, un cliente cambió de carbón a gas y ahorró cuatro mil toneladas de CO2. Tenemos muchos otros casos de éxito y los clientes que se han visto beneficiado por este tipo de mejoras tecnológicas podrían compartir sus resultados si hubiese alguna plataforma para hacerlo. Estamos en la senda correcta, se están haciendo muchas cosas positivas en este tema y mostrarlas más sería una buena iniciativa.
Morel: A mi juicio, es conveniente mejorar la data para empezar a calibrar las expectativas que tiene el país respecto del aporte de la eficiencia energética a la reducción de emisiones, para que en algún momento esa ambición calce con la realidad de los sectores.
Posiblemente nos vamos a encontrar con una heterogeneidad bastante alta, en que hay buenos casos de éxito y otros donde quizás el potencial ya no es tan grande porque ya se hizo la pega o simplemente porque la estructura productiva del sector no permite hacer muchas mejoras con la tecnología disponible.
Rubio: Creo que esto va muy de la mano con políticas públicas y con la existencia de algún incentivo para hacer eficiencia energética, ya sea por una política de gobierno, algún reconocimiento, evitar una multa o porque la casa matriz de la empresa exige que todos los años se reduzcan las emisiones o el consumo energético. Puede haber un proyecto muy bueno para reducir el consumo y las emisiones, pero si el ahorro es mínimo, la empresa no lo va a hacer. Se requiere un incentivo que sí provoque la acción.
Silva: Todas las propuestas siempre son bienvenidas y este tipo de instancias de discusión sirve para conversar y conocer las visiones de los demás sin ponernos en defensa absoluta de nuestras posturas. La colaboración es un punto importante en ese sentido.
Lo otro es que los resultados de la normativa no son instantáneos. Hay que esperar que la regulación madure y por eso también después se hacen las correcciones o modificaciones pertinentes.
Tiene que haber también un equilibrio entre el fomento, que nosotros hacemos, y la normativa frente a la cual las empresas no tienen que asustarse, porque hay casos en que es necesaria para producir cambios culturales que son beneficiosos para todos, como ocurre con el uso eficiente de la energía.
Y a propósito de la necesidad expresada de mostrar los casos de éxito, les comento que tenemos el Sello de Excelencia Energética que es un espacio para hacer un reconocimiento público a las instituciones públicas y privadas que ejecutan medidas de eficiencia energética. Las empresas pueden postular y los invito a que se acerquen para mostrar sus proyectos y casos exitosos, para que otras empresas los conozcan y les sirvan de ejemplo para sumarse a la eficiencia energética.
Transición energética y regulación ambiental
Eduardo Astorga Profesor de Derecho Ambiental
La transición energética chilena no es únicamente un desafío técnico y económico. Es, sobre todo, un proceso de transformación institucional que interpela al derecho ambiental y a la planificación territorial. Al 2024, un 70% de la generación eléctrica provenía de fuentes renovables, con inversiones proyectadas al 2030 de más de US$ 155.000 millones. Este potencial, basado sólo en recursos nacionales, abre oportunidades de soberanía energética y mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para que esta ventaja se traduzca en acceso, calidad y reducción de costos para hogares y empresas, es indispensable que el marco jurídico actúe como un catalizador de la transformación y no como un mero mecanismo reactivo.
Actualmente, la pérdida del 17% de la energía renovable generada por deficiencias en transmisión y almacenamiento, refleja la ausencia de una planificación territorial vinculante capaz de anticipar la localización de líneas de alta tensión, puntos de conexión y polos de desarrollo. En consecuencia, instrumentos como la evaluación ambiental estratégica –ya previstos en nuestra legislación– deben ser aplicados de manera obligatoria en la planificación energética nacional y regional, asegurando que las decisiones de emplazamiento y expansión de redes respondan a criterios técnicos, socioambientales y de eficiencia económica desde el origen.
Requerimos seguridad en la demanda, ya que hoy sólo el 22% de nuestra economía está electrificada, lo que obliga a desarrollar certezas de un sistema estable y confiable. Lo expuesto es posible a través de un modelo de asociación públicoprivada que garantice un sistema de concesiones de infraestructura de manera integrada y estable.
Por otra parte, la justicia ambiental, entendida como la distribución equitativa de beneficios y cargas, debe estar incorporada en la regulación tarifaria y en los criterios de acceso. El bajo costo marginal de las energías renovables, si se internaliza en el diseño normativo, puede traducirse en mayor competitividad para las empresas y en alivio económico para los hogares. La clave está en una regulación proactiva que, mediante incentivos y exigencias vinculantes, favorezca la inversión en infraestructura eficiente y la democratización del acceso a la energía.
Finalmente, el compromiso de eliminar el carbón y garantizar que el suministro eléctrico provenga en su totalidad de fuentes renovables exige un marco normativo con plazos claros, estándares verificables y mecanismos de cumplimiento efectivos. La experiencia comparada, como la alemana, demuestra que el éxito en este tipo de transformaciones radica en integrar la participación ciudadana vinculante, la planificación estratégica y la coherencia normativa en torno a objetivos de largo plazo.
CONTROLE LA PRESIÓN
La gestión inteligente de la presión en los sistemas de tuberías permite optimizar el uso de agua. Sepa cómo hacerlo.
Tomás Olivares V. Jefe Departamento Ingeniería y Desarrollo BFS Chile
Los sistemas de tuberías para transporte de agua requieren mantenimiento constante para un buen funcionamiento. Con el tiempo, es habitual que aparezcan problemas que generan pérdidas, ya sea por pequeñas fugas en bridas y conexiones, o grandes roturas, a causa de los cambios del caudal que un sistema sufre durante toda la jornada. Debido a estos cambios de caudal, la presión del sistema también cambia; y a causa del desgaste interno de las tuberías las fugas aumentan con la presión. Por ello, una gestión eficiente es clave para optimizar el uso del recurso hídrico disponible.
LA PRESIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONTROL
Una de las herramientas más efectivas y rápidas de implementar para reducir estas pérdidas es el control de presiones. El principio es claro: a menor presión en la red, menores son las fugas a través de roturas, conexiones defectuosas, válvulas o uniones deterioradas. Comprender cómo operan estos sistemas se vuelve esencial para abordar el problema de fondo y aplicar soluciones efectivas.
Para controlar la presión en la red se utili-
zan válvulas reductoras de presión. En muchos casos, la solución consiste en instalar una válvula reductora de presión de una sola etapa, que mantiene una presión constante lo más baja posible sin afectar el suministro. Sin embargo, en redes más complejas –donde existen distintos puntos de consumo– esta solución puede no ser suficiente. La presión requerida varía durante el día según la demanda, por lo que una regulación fija puede volverse ineficiente: podría limitar el suministro justo cuando se necesita más caudal, afectando directamente a los usuarios finales del agua.
TECNOLOGÍAS PARA UNA
PRESIÓN ADAPTABLE
Para responder a esta variabilidad, existen soluciones que permiten modificar la presión dinámicamente y así corregir este tipo de problemas. Una primera opción es programar los equipos de control por horarios de manera que a ciertas horas se active una salida de presión diferente. Aunque esto puede funcionar para algunos casos, su eficacia disminuye si los patrones de consumo no son predecibles. Para estos casos, la mejor alternativa es una regulación que se adapte automáticamente a la demanda: cuando ésta aumenta, también lo hace la presión, y cuando disminuye, la presión baja. Esto puede lograrse mediante válvulas de control automatizadas que varían la presión de salida en función del caudal requerido. Así, se garantiza una presión mínima suficiente para el consumo, pero sin excesos que generen pérdidas.
Desde el mundo del control hidráulico, y específicamente de las válvulas de control, una de las soluciones es usar válvulas comandadas por un piloto motorizado, las cuales ajustan la presión de salida automáticamente según parámetros definidos por el operador, como el
Combinando soluciones tecnológicas y de gestión se puede controlar la variabilidad de la presión y optimizar el uso de agua.
caudal. Este tipo de elementos combina la eficiencia y durabilidad de una válvula de control hidráulica con la inteligencia de un controla-
dor lógico programable, lo que la hace robusta para regular y, al mismo tiempo, le otorga al operador un control total del sistema. Este tipo de soluciones es compatible para diferentes tipos de protocolos de comunicación, lo que la hace adaptable incluso a las industrias más exigentes.
Complementar este control con una buena gestión del aire en las tuberías mediante válvulas de venteo para llenado, vaciado y purga continua permite reducir pérdidas de agua y minimizar pérdidas de energía. Esto redunda en mejorar el rendimiento general del sistema y los costos operativos y por mantenciones no programadas del sistema, producidas por roturas o contingencias, lo que puede traducirse en altos costos operativos, tiempos de inactividad y afectación del servicio.
En resumen, todas estas tecnologías permiten una gestión del agua más eficiente y segura, adaptándose a distintos sectores productivos. En BFS estamos comprometidos con la seguridad hídrica y lo hacemos asesorando, capacitando e implementando soluciones de soluciones de control de flujo que acompañan el crecimiento y evolución de la industria chilena.
PÉRDIDA VITAL
El 32% del agua potable producida en Chile no se factura, en parte por pérdidas en la distribución.
¿Cómo
reducirlas?
¿Sabía usted que casi un tercio del agua potable que se produce en Chile no se factura y que una parte relevante de aquello corresponde a pérdidas en las redes de distribución?
Una merma vital, considerando la escasez hídrica que afecta a nuestro país hace más de una década y que se proyecta aún más compleja por el cambio climático.
Frente a eso, revisamos el panorama en esta materia, sus causas y también las acciones y alternativas que podrían mejorar la situación.
ESTIMACIONES Y CAUSAS
Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) señalan que, en base a la información que manejan, “las pérdidas de agua en redes de distribución de las empresas sanitarias chilenas, medidas como agua no facturada (ANF), se estiman en torno al 32.2% del agua producida, lo que ubica al país en un rango levemente inferior al promedio de América Latina”
Luego indican que las principales causas de esta problemática identificadas en el sector sanitario son las siguientes:
• Crecimiento natural de las pérdidas por envejecimiento y desgaste de la infraestructura, agravado por la alta sismicidad de Chile.
• Fugas no visibles no detectadas a tiempo.
• Altas presiones en la red, especialmente nocturnas.
• Conexiones irregulares (campamentos) que generan pérdidas, roturas y afectaciones de presión.
• Errores de instalación y mantenimiento insuficiente en arranques de agua potable, válvulas y piezas especiales.
A su vez, en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) aseguran que la gestión eficiente de las redes de distribución de agua potable es uno de los objetivos de estas compañías, más aún con la presión que impone la crisis climática sobre el agua. Y en relación con esto, exponen algunos aspectos a tener en cuenta con respecto al uso del agua no facturada como indicador para evaluar la eficiencia en dicha gestión.
“El agua no facturada considera entre sus componentes las posibles pérdidas físicas en redes, las pérdidas aparentes (comerciales) y un volumen de aguas utilizadas por terceros que no están siendo contabilizadas por un medidor ni facturadas. El espectro va desde el agua que se destina al lavado de redes y al combate de incendios hasta consumos no autorizados como el que hacen de manera clandestina diferentes asentamientos irregulares en el país, con alto impacto en la gestión eficiente de redes, costos y riesgo de afectación en la calidad de servicio de los clientes”, plantean.
Enseguida señalan que, considerando todo aquello, el indicador ANF está hoy en torno al 32%, pero “eso no significa que se ‘pierde’ ese porcentaje de
agua en las redes, sino que no pasa por un medidor y, por lo tanto, no se cobra”
Sobre ese escenario, en ANDESS comentan que uno de los principales desafíos hoy es la definición como sector del mejor indicador para representar la eficiencia hidráulica de las redes y de un modelo para enmarcar los planes de acción. “Para la industria, un indicador más representativo es el agua no contabilizada, en conformidad a las recomendaciones de la International Water Association (IWA), al ser una mejor herramienta para cumplir con el objetivo de planificar las acciones necesarias para llegar a las metas sectoriales a las que nos hemos comprometido en la hoja de ruta que firmaron las empresas y la SISS”, apuntan.
ACCIONES EN MARCHA
En el contexto descrito, las empresas sanitarias han ido adoptando diversas acciones para reducir las pérdidas de agua potable.
Desde la Asociación destacan que el sector trazó e inició un camino hacia la mejora, fortaleciendo la gestión integral de las redes y alineándose con estándares internacionales en esta materia.
“Tras la firma de la hoja de ruta con el regulador, las empresas han trabajado en el diseño y despliegue de planes de acción con objetivos e iniciativas definidas según las condiciones específicas de cada localidad para abordar las inversiones que se requieran a nivel de infraestructura y gestión. Estos planes de acción por sistemas se enmarcan en un modelo cíclico de cinco capas, que integra el análisis de datos, la medición y control, y la infraestructura, entre otros. Ya estamos compartiendo los diagnósticos, los resultados de las actividades que se están realizando y la planificación de las requeridas para lograr una mejora país”, detallan.
De manera más específica, en la SISS describen las acciones más relevantes que se han puesto en marcha en el sector para abordar esta problemática:
• Sectorización en Distritos de Medición y Análisis para localizar y aislar fugas de forma más eficiente.
• Gestión de presiones mediante válvulas reductoras, boosters y controladores inteligentes para minimizar fugas y prolongar la vida útil de las tuberías.
• Gestión activa de fugas con tecnologías como geófonos, correladores acústicos, gas trazador, imágenes satelitales y análisis de big data.
• Renovación de infraestructura priorizando materiales más durables (HDPE con especificaciones avanzadas) y técnicas sin zanja.
• Implementación de macro medición y balances hidráulicos siguiendo las recomendaciones de la IWA.
• nteligencia operacional y software de monitoreo para detección temprana de anomalías y gestión preventiva.
“Todas las acciones indicadas tienen un distinto nivel de madurez en las
Equipo de teleinspección usado para detectar fugas en las redes de agua potable.
distintas empresas, pero siguen los lineamientos de recomendaciones internacionales de la IWA, AWWA y la Smart Water Network, basadas en el modelo de cinco capas. Todas estas medidas involucran grandes inversiones y su ejecución en la mayoría es a mediano y largo plazo”, comentan en la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
DIFICULTADES
Más allá de los avances mencionados, los especialistas advierten que existen diversas dificultades para reducir las pérdidas de agua potable. En la SISS sostienen que las principales son:
• Limitaciones normativas y reglamentarias que impiden a la Superintendencia generar un control mayor en el mercado, sobre los productos y materiales a instalar, con el objetivo de evitar ineficiencias o incumplimientos de calidad.
• Falta de estándares técnicos homogéneos a nivel nacional para los Distritos de Medición y Análisis y sus componentes, para garantizar un buen control de los sectores y niveles de pérdidas. “Esto es un tema en donde la SISS y las empresas están trabajando, para definir los lineamientos necesarios que permitan alcanzar los objetivos planteados”, acotan.
• Un mayor control de los laboratorios especializados para garantizar la calidad de las tuberías y piezas especiales.
• Reconocimiento tarifario: “El concepto de empresa modelo eficiente sólo reconoce niveles de pérdidas de 15%. Todo nivel por sobre ello, es considerado ineficiencia de la empresa”, dicen en la SISS.
• Baja tasa de renovación de infraestructura de redes del orden de 0,4% anual a nivel del sector.
• Factores externos no controlables como la sismicidad y el crecimiento de campamentos.
Por su parte, en ANDESS indican: “La experiencia internacional muestra que abordar el desafío de la gestión integral de redes de manera efectiva siempre requiere ajustes en aspectos técnicos, políticos y regulatorios”. Luego detallan que, desde el punto de vista técnico, existe consenso en el sector en que es necesario revisar las especificaciones técnicas de los materiales utilizados en las redes sanitarias, por ejemplo a nivel de arranques, así como los estándares exigibles a las redes aportadas por terceros. “Eso implica revisar y modificar normas chilenas relacionadas a estas materias, incluyendo normas de fabricación, almacenamiento e instalación”, acotan.
En materia regulatoria, en la Asociación también consideran imperioso “definir estándares para acuartelamientos más pequeños, que aseguren un adecuado monitoreo y análisis del compartimiento de la red. Eso permite, por ejemplo, focalizar los esfuerzos en una detección eficiente de las fugas y disminución de pérdidas. La regulación también debe considerar que los planes de acción para cumplir estos estándares cuenten con recursos técnicos y financieros de manera permanente, haciéndose cargo de las restricciones legales vigentes”
Y en la esfera política, plantean que es imprescindible abordar la problemática de los asentamientos irregulares, “una situación que escapa por completo a las competencias del sector y que está afectando seriamente la operación de las empresas en ciertos sistemas y poniendo en riesgo la calidad del servicio a los usuarios formales”, recalcan.
ALTERNATIVAS DE MEJORA
Sobre el escenario descrito, cabe preguntarse qué otras medidas aún no aplicadas en el sector sanitario chileno podrían ayudar a reducir las pérdidas en las redes de distribución de agua potable.
Desde la SISS postulan las siguientes:
• Certificación obligatoria de instaladores, con un modelo similar al existente en la industria del gas, para asegurar la calidad en la ejecución de obras.
• Normas más estrictas para materiales y piezas especiales, con trazabilidad y control de calidad en origen.
• Presiones mínimas diferenciadas en horario nocturno para reducir fugas sin afectar el servicio, lo cual requiere de un estudio y modificación de la norma técnica NCh 691.
• Regular las conexiones en edificios (diámetro y estanques) para evitar sobrepresiones.
• Ampliar el uso de inteligencia artificial y analítica predictiva en la detección de fugas no visibles.
• Políticas público-privadas para el reemplazo masivo de materiales defectuosos instalados históricamente.
• Abordar el tema tarifario, evaluando las inversiones realizadas, los beneficios y cómo pueden ser consideradas en la empresa modelo.
En ANDESS, en tanto, entregan una reflexión más general al respecto: “En la conversación habitual con diferentes agrupaciones de sanitarias del mundo, hay consenso en que la gestión integral de las redes y la reducción de las pérdidas es unos de los grandes desafíos, más aún bajo el escenario de cambio climático y su efecto sobre las fuentes de agua. Hay una evolución desde la idea anticuada de que todo se resuelve con el recambio de tuberías, dado que la evidencia internacional muestra que los mejores resultados se obtienen con un conjunto de acciones que se adecúan a cada sistema”
Agregan que el intercambio de mejores prácticas les ha permitido valorar lo avanzado en Chile y “confirmar que este es un camino de largo aliento que debe ser abordado como alianza pública y privada con participación de diversos actores, con perseverancia, con recursos financieros permanentes, redes altamente digitalizadas y estándares técnicos adecuados, así como personal especializado y dedicado. Este desafío no se resuelve con medidas cortoplacistas, requiere un enfoque de largo plazo. Por eso la hoja de ruta es tan importante, porque traza el camino hacia adelante, establece metas intermedias y permite recabar la información necesaria para la toma de las mejores decisiones de manera oportuna”
Foto: Aguas Antofagasta
EFICIENCIA EN CONSTRUCCIÓN
Con la incorporación de materiales y soluciones que reducen el uso de agua, el sector construcción sigue avanzando en eficiencia hídrica.
¿Cuánta agua se consume en un proceso constructivo? Difícil imaginarlo, pero aquí se lo contamos: para una vivienda de 100 m², el gasto hídrico total puede superar los 130 mil litros. Esta cifra se multiplica en el caso de edificaciones en altura, donde el volumen de hormigón utilizado –y, por ende, el agua necesaria para mezclas, curado, limpieza y control de polvo– aumenta de forma significativa, según datos del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable (Cipycs).
Un artículo del organismo también revela que, a nivel de fabricación, materiales como el cemento, ladrillo o yeso concentran un alto consumo hídrico en sus cadenas productivas. “Por ejemplo, producir una tonelada de cemento requiere cerca de 1.500 litros de agua. A esto se suma el uso en obra, donde una sola losa de gran superficie puede consumir varios miles de litros solo en el proceso de curado”, asegura.
Siguiendo con los datos, según el Manual para el Uso Eficiente del Agua en Obras de Edificación”, editado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en 2024, en Chile se estima que la operación de edificaciones comerciales, públicas y residenciales “representa el 6% del uso total de agua potable del país. Además, el empleo de agua en obras de construcción se encuentra en un rango de 0,5 a 1,0 m³ por metro cuadrado construido”
MAYOR CONCIENCIA
Con esos números a la vista, Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC, plantea que, en los últimos años, “se ha generado una mayor conciencia respecto a la urgencia de incorporar la eficiencia hídrica como parte integral del quehacer de la industria de la construcción. Esto ha venido acompañado de acciones concretas, impulsadas en el marco del Compromiso Pro, la iniciativa estratégica de la CChC para promover la sostenibilidad en el rubro”
Agrega que uno de los avances más relevantes ha sido la creación de grupos de trabajo territoriales, que permiten abordar esta temática desde las particularidades de cada región. “Por ejemplo, el Grupo de Escasez Hídrica de la Zona Norte ha promovido activamente la transformación del sector, instalando capacidades y conciencia entre los actores locales para una gestión hídrica más responsable y contextualizada”, acota.
Sobre el citado Manual, afirma que este trabajo “incluyó la validación de modelos en obras reales, los que hoy han sido adoptados como parte
“La sostenibilidad hídrica no puede depender solo de la voluntad individual: requiere de un entorno normativo que facilite, promueva y acelere
su integración
como parte estructural de la industria”.
Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC
habitual de los procesos constructivos de algunas empresas. Y más recientemente se presentó el estudio ‘Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión eficiente de recursos hídricos en la industria de la construcción de la Región de Valparaíso’, que propone enfoques innovadores y sostenibles para enfrentar el uso de este insumo en el sector”
Entre las opciones ahí propuestas está la infiltración para reducir la escorrentía, el almacenamiento para disminuir la explotación de fuentes acuíferas y la conducción de agua a baja velocidad. Concretamente, los sistemas urbanos de drenaje sostenible emergen como una estrategia eficiente que replica el ciclo hidrológico natural a través de técnicas como los pavimentos permeables y los jardines de lluvia. Alejandra Tapia, coordinadora de sustenta-
bilidad del programa Construye 2025, impulsado por Corfo, destaca la publicación del manual sobre eficiencia hídrica en la construcción porque “contiene una serie de recomendaciones para reducir el consumo de agua en sus procesos, las que se enfocan en buenas prácticas para reducir y reutilizar aguas de otros procesos, ocupar equipos más eficientes y en cuidados en las faenas húmedas”
Además, releva la exigencia de generar planes de gestión de hídrica en las bases de licitación de proyectos de construcción, incluyendo el monitoreo y control de la ejecución, optimización y reutilización de agua; la capacitación de los trabajadores en la materia; y los acuerdos de producción limpia (APL) interregionales en Antofagasta, Los Lagos y Magallanes, que han abordado la economía circular y el consumo sustentable del recurso hídrico y de la energía.
Resalta, asimismo, el Compromiso y Sello Pro de la CChC, iniciativa que considera la eficiencia hídrica en el pilar medio ambiente y define una ruta que permite implementar herramientas estratégicas y técnicas; las certificaciones Edificio Sustentable y LEED, las cuales abordan requisitos relacionados al uso eficiente del agua; y el Certificado Azul, que al igual que los APL es promovido por la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, y que reconoce a las empresas de los distintos rubros que implementan medidas para reducir su huella hídrica.
AVANCES NORMATIVOS
En Cipycs, en tanto, centran su evaluación en los avances a nivel normativo, destacando dos hitos: la publicación del Reglamento para Sistemas de Reutilización de Aguas Grises, que habilita formalmente su implementación en edificaciones nuevas y existentes; y la reciente incorporación de criterios de eficiencia hídrica en los estándares nacionales de certificación de vivienda sustentable, como CES y EDGE, “los cuales permiten cuantificar y verificar ahorros efectivos en consumo de agua potable a escala de proyecto”, detalla Roberto Luna, gerente general del Centro.
El ejecutivo manifiesta que, en los últimos años, Chile ha registrado progresos en eficiencia hídrica en el sector construcción “impulsados por la creciente escasez del recurso, la presión regulatoria, la evolución de estándares internacionales y una mayor conciencia ambiental en la cadena de valor de la edificación. Esta transformación se ha generado debido a factores estructura-
Alejandra Tapia destaca la exigencia de generar planes de gestión de hídrica en las bases de licitación de proyectos de construcción.
1 Herramienta gratuita y abierta promueve la CChC para que las empresas monitoreen indicadores clave como consumo de agua y generación de residuos de construcción y demolición, tanto a nivel de proyecto como corporativo: el Dashboard Ambiental CDT.
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Focos tienen los criterios cuya incorporación apoya Cipycs en las Especificaciones Técnicas (EETT) de los proyectos constructivos públicos y privados: la selección de artefactos eficientes, la inclusión de sistemas de monitoreo, y el uso de soluciones de captación y reutilización de agua.
les, como la prolongada crisis hídrica que afecta a gran parte del país y una evolución en la mirada del sector, que comienza a integrar la gestión del agua como una variable importante desde las etapas tempranas del diseño”
Añade que, desde una perspectiva técnica, este cambio se ha traducido en una adopción progresiva de soluciones pasivas y activas orientadas a la reducción del consumo hídrico en edificaciones, tanto en su fase de construcción como de operación. “Entre las medidas más implementadas están los artefactos sanitarios de bajo caudal, los sistemas de doble descarga, la recirculación de agua caliente, y las tecnologías para la captación, filtrado y aprovechamiento de aguas lluvias en usos no potables. Estas soluciones se han ido integrando gradualmente en proyectos públicos y privados, especialmente aquellos que buscan certificaciones ambientales”, especifica.
Roberto Luna resalta, además, avances en el desarrollo e implementación de metodologías para la cuantificación del consumo hídrico en distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto, lo que ha permitido disponer de indicadores específicos aplicables en diseño, construcción y postventa.
EN LOS MATERIALES
Para que la eficiencia hídrica en esta industria se siga expandiendo, uno de los grandes desafíos es avanzar en la incorporación de materiales y soluciones constructivas que reduzcan significativamente el uso de agua, tanto en el proceso de fabricación como en obra. Así lo deja en claro Marisol Cortez, para quien “existen oportunidades claras en el desarrollo de elementos prefabricados, sistemas constructivos industrializados y nuevos materiales con menor huella hídrica y de carbono”
La representante de la CChC sostiene, además, que “es necesario fortalecer los procesos de diseño con criterios de eficiencia hídrica desde el origen, favoreciendo un enfoque sistémico que contemple todo el ciclo de vida del inmueble. Esto requiere una colaboración estrecha entre proyectistas, constructores, proveedores y mandantes, así como una actualización del marco normativo que permita viabilizar nuevas soluciones”
Coincidiendo con la necesidad de abordar ese reto, sin comprometer la calidad técnica ni la productividad de las obras, Roberto Luna plantea que el rubro “aún enfrenta brechas en la evaluación del comportamiento de materiales como hormigones optimizados con menor contenido de agua o con aditivos especiales, los cuales requieren ensayos de desempeño que consideren tanto condiciones locales como exigencias normativas”
El ejecutivo de Cipycs explica, asimismo, que “la transición hacia modelos de construcción más industrializados, como la edificación modular
“Es indispensable avanzar hacia modelos de gestión hídrica que consideren el ahorro en el punto de consumo y también la reducción del impacto acumulado del sector construcción sobre las cuencas y ecosistemas donde opera”.
Roberto Luna, gerente general de Cipycs
o el uso de componentes prefabricados en madera y hormigón, representa tanto una oportunidad como un reto. Estos sistemas permiten una mejor trazabilidad del consumo de agua durante la fabricación, pero requieren ajustes en los diseños hidráulicos, en las soluciones de abastecimiento y evacuación, y en las normativas aplicables. A esto se suma la limitada disponibilidad de datos estandarizados sobre consumos reales en obra, lo que dificulta establecer líneas base, monitorear avances y justificar inversiones en tecnologías más eficientes”
Según Alejandra Tapia, en tanto, otro desafío en la materia es contar con una hoja de ruta para la gestión y eficiencia hídrica de la construcción considerando el ciclo de vida de los materiales y la vida útil de los activos construidos. Y formar trabajadores que se especialicen en el uso eficiente del agua y de aguas residuales para prevenir las pérdidas y monitorear el consumo.
REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Con una descripción de las técnicas de excavación, biopilas y capping para remediar sitios contaminados o sedimentos marinos, abrimos este apartado en el que también destacamos los servicios que prestan algunas empresas en este ámbito.
EXCAVAR Y ELIMINAR
Conozca las ventajas, desventajas y ejemplos de aplicación en Chile de esta técnica para descontaminar sitios, así como la maquinaria y equipos usados.
Foto: Séché Group
“La excavación de suelo contaminado implica extraerlo para tratarlo fuera del lugar (en la superficie) o desecharlo en un vertedero. También puede significar extraer barriles viejos de sustancias químicas y otros escombros enterrados que puedan estar contaminados”
Esa es la definición que aporta la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre esa técnica de remediación de sitios contaminados, una de las más utilizadas en Chile.
Cristóbal Girardi, líder de Monitoreo y Remediación Ambiental de Fundación Chile, explica que previamente a la excavación se requiere realizar un estudio de Fase II y Fase III, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes. “Estas etapas consideran la toma de muestras y análisis de suelos para identificar la
presencia de sustancias o elementos contaminantes que representan un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente, y delimitar la contaminación en el sitio o en la zona en estudio. En el marco de estos estudios, se propone un plan de remediación que puede incluir labores de excavación y disposición final de los suelos contaminados. En general, los suelos sometidos a este método de remediación son aquellos que presentan niveles de contaminación que no son fáciles de abordar por métodos más sustentables, como la biorremediación”, expone.
Según los resultados de la caracterización química del suelo, se identifican los sectores que deberán excavarse y enviarse a disposición final, se cubica el suelo en cuestión y se realizan las excavaciones por métodos manuales y/o mecánicos. Girardi agrega: “Los suelos son almacenados temporalmente en el sitio utilizándose geomembranas o cubiertas de HDPE que impidan la contaminación de suelo no afectado y de otras matrices ambientales. Posteriormente, el suelo es transportado por empresas que cuentan con los permisos requeridos por la autoridad ambiental y dispuestos en sitios para la disposición final de residuos peligrosos”.
Para Maurice Menadier, gerente de Servicios Ambientales de Séché Group Chile, si bien existen tecnologías de remediación in situ, “la excavación y remoción de suelos puede otorgar mayor flexibilidad al proceso de remediación, ya que los materiales excavados pueden acondicionarse para que la tecnología elegida (biorremediación, tratamientos térmicos, lavado de suelos, inertización o disposición final) alcance una mayor eficacia”
¿MEJOR ALTERNATIVA?
El ejecutivo empresarial asegura que ex-
cavar y remover suelos es “la mejor alternativa ante la identificación temprana de un evento de contaminación cuando el área impactada es acotada y es posible eliminar por completo la fuente, evitando su migración a través del suelo o de las aguas subterráneas”
Deja en claro, asimismo, que no todos los contaminantes pueden tratarse in situ, ya que algunos requieren tiempos de tratamiento considerables. “En esos casos, conviene excavarlos para lograr una recuperación más rápida del terreno. Adicionalmente, la excavación controlada permite clasificar los suelos según su nivel de impacto y tratar de forma óptima solo aquellos volúmenes que se encuentran fuera de norma o que presentan alto riesgo para la salud humana”, precisa Menadier.
Resumiendo las ventajas y desventajas de esta solución, Cristóbal Girardi comenta que es un tratamiento rápido que elimina la contaminación o su fuente en el sitio, y que permite realizar un saneamiento efectivo en sitios o sectores de difícil acceso, donde otras tecnologías son inviables. Sin embargo, “no constituye una alternativa sustentable, ya que el suelo contaminado no es tratado y se traslada de un lugar a otro, donde se dispone asegurando su condición estable. Otra desventaja relevante es su costo. En ciertos casos, la excavación de grandes volúmenes de suelo y su posterior disposición puede ser más cara que opciones más sustentables como la remediación en biopilas, el landfarming o la fitoestabilización” , especifica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Los especialistas detallan la maquinaria pesada y/o equipos especializados que se utilizan en la excavación y remoción de suelos
La excavación y remoción de suelos puede otorgar mayor flexibilidad al proceso de remediación.
Foto: Séché Group
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Factores se deben considerar en la elección entre una técnica de remediación con excavación y otra in situ: las condiciones del sitio, el tipo de contaminante y su movilidad/ biodegradabilidad, la magnitud y geometría del impacto (volumen, profundidad y hot spots), los plazos, el presupuesto y las restricciones operativas y comunitarias.
contaminados, dependiendo de la magnitud del proyecto:
• Cargadores frontales para el traslado interno, la conformación de pilas de acopio y la carga a camiones.
• Retroexcavadoras: Se utilizan para realizar las excavaciones.
• Excavadoras hidráulicas para efectuar la excavación, corte, perfilado y carga de suelos.
• Bulldozers y motoniveladoras para el extendido, la conformación de biopilas y bermas, y la habilitación de caminos.
• Camiones tolva cerrados con membrana de contención: Transportan los suelos excavados con sistemas de encarpado (lona) manual o automático, evitando la dispersión eólica de partículas contaminadas durante el traslado.
• Compactadores para estabilizar el suelo una vez terminada su reposición.
• Equipos de monitoreo in situ para medir las concentraciones de contaminantes en el suelo que se va excavando o en su fracción gaseosa. Un ejemplo son los detectores PID para hidrocarburos, los cuales permiten verificar la zonificación de las áreas más afectadas y la clasificación de los suelos que deben gestionarse como residuo peligroso para su disposición final.
• Rodillos compactadores para el proceso posterior de relleno de la zona excavada.
Además, se pueden emplear:
• Sistemas de tamizado móvil (trommel o mallas) para la clasificación de suelos según granulometría.
• Equipos de mezcla (pugmill/mezcladoras) para dosificar agentes de tratamiento.
“Las técnicas de remediación que implican excavación no son mejores ni peores que las alternativas in situ: son herramientas distintas para problemas diferentes” .
Maurice Menadier, gerente de Servicios Ambientales de Séché Group Chile
• Básculas móviles para asegurar la trazabilidad de los materiales clasificados.
• Arcos o plataformas de lavado de ruedas para evitar el arrastre de suelos contaminados fuera del sitio.
Y para los controles ambientales del proceso se ocupan:
• Sistemas de nebulización o aspersión para el abatimiento de polvo y el control de olores.
• Equipos de monitoreo ambiental para la medición de compuestos orgánicos volátiles (COV), olores y material particulado (MP 10/MP 2,5).
• Unidades móviles de descontaminación para los trabajadores.
CASOS DE APLICACIÓN
Sobre ejemplos de aplicación de esta técnica, Cristóbal Girardi resalta dos a cargo de Fundación Chile desarrollados en Quebrada Blanca y Quebrada Maní en la Región de Tarapacá.
“Estas quebradas fueron afectadas por un derrame de hidrocarburos pesados que se originó en la cabecera de la cuenca, contaminando más de 35 km. Correspondió al primer plan de cumplimiento por un incidente ambiental a nivel nacional. La excavación y disposición final de los suelos y sedimentos afectados surgió como la alternativa más adecuada, debido al difícil acceso a las quebradas y a la premura con que se debían remediar los suelos. Además, se privilegió la excavación manual en la mayor parte de los tramos saneados no solo por las restricciones de acceso, sino también para minimizar el impacto en el ecosistema asociado a la quebrada, la que
Referente en la materia
Casi 20 años dedicada al monitoreo, evaluación y remediación de sitios contaminados suma Fundación Chile. “Hemos impulsado la discusión y acción en torno a la problemática asociada a sitios/ matrices ambientales contaminados y su gestión, desde distintos roles, en proyectos de alto impacto o de referencia a nivel nacional. Hemos realizado más de 100 evaluaciones de riesgo ambiental, ejecutado 28 proyectos de remediación y participado como tercera parte independiente en 22 auditorías. Y también hemos elaborado estándares y herramientas de referencia nacional para el monitoreo, la evaluación y remediación de suelos contaminados”, destaca Cristóbal Girardi.
La entidad ha implementado la técnica de excavación y disposición final de suelos contaminados, como medida única o complementaria, en más de un tercio de los proyectos de remediación que ha ejecutado o participado.
Agrega: “Actualmente, estamos apoyando al Ministerio de Minería en el marco de la Agenda de Relaves 2025-2026, en el diseño de propuestas de gestión de depósitos de relaves abandonados, siendo la reubicación una de las alternativas más interesantes para avanzar en su gestión. Justamente esta opción se basa en la excavación de los relaves y su disposición segura en los depósitos de relaves o rajos de faenas mineras activas”
presentaba un alto valor ecológico”, describe el especialista.
Maurice Menadier, en tanto, destaca la actual ejecución, por parte de Séché, del proyecto de saneamiento del terreno de Las Salinas, en la región de Valparaíso, que cuenta con resolución de calificación ambiental favorable. Contempla la extracción de suelos de acuerdo con un programa de excavación, su clasificación según el nivel de impacto de la contaminación y posterior tratamiento mediante biopilas de los volúmenes con mayores concentraciones de hidrocarburos totales (TPH). Todo en el mismo sitio.
Añade: “Mediante el proceso de biopilas se reducirán las concentraciones de hidrocarburos hasta niveles compatibles con el uso previsto, lo que permitirá reutilizar el material como relleno de las propias excavaciones”
Andrés Ruz
Subgerente de Tecnología y Nuevos Servicios
Jaime Illanes y Asociados
Propósito, eficiencia y ética en la era digital
El uso de herramientas como extensión de nuestras capacidades, desde la generación de herramientas líticas para desarrollar tareas específicas hasta la actualidad, en donde incorporamos herramientas digitales, han moldeado la forma de interactuar con nuestro entorno.
La relativamente reciente irrupción de la inteligencia artificial en la esfera pública con modelos basados en deep learning, o chats que usan IA generativa, ponen a nuestro alcance herramientas que pareciera que todo lo pueden resolver. Actualmente, podemos desarrollar muchas tareas: aplicaciones a partir de un prompt, revisión de documentos o columnas de opinión escritas con IA, entre otras. Por otro lado, hay límites que no hemos traspasado. Por ejemplo, aún no es posible realizar una caracterización ambiental o línea de base diseñada y ejecutada por un sistema IA. Sin embargo, la tecnología avanza rápido y, sin duda, estos límites se moverán. Entonces, si el límite no es tecnológico es válido preguntarse: ¿cuál es el límite de irrupción e incorporación de estas tecnologías en nuestras tareas?, ¿se puede determinar cuál es el uso correcto de éstas?
En Jaime Illanes y Asociados (JIA) buscamos dar respuesta a estas preguntas desde tres pilares fundamentales: propósito, eficiencia y ética.
Primeramente, es importante tener claro nuestro propósito: buscamos constantemente la calidad y excelencia, que es lo que nos motiva a la hora de diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas.
En segundo lugar, se debe procurar siempre la eficiencia en los procesos apuntando a mejorar la productividad. Extendiendo nuestras capacidades, alcanzamos un mayor rango de acción. Esto es especialmente importante en un mundo donde se valora la rapidez de los resultados, por lo que las herramientas deben apuntar a reducir tiempos de ejecución, mejorar la calidad y atender lo medular del problema a resolver.
El tercer pilar, que viene a complementar los dos anteriormente mencionados, es la ética empresarial y la de quienes lideramos el desarrollo de estas herramientas. Debemos tener siempre en mente qué es lo correcto y cómo impactamos al negocio, a nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto. Con esto presente podemos terminar de configurar el rayado de cancha en donde debemos movernos.
En JIA, estamos convencidos que la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías es fundamental para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Su uso debe facilitar procesos, aportando en la gestión y desarrollo de nuestros proyectos. El diseño e implementación de las herramientas debe orientarse a resolver problemáticas concretas, poniendo siempre el foco en el propósito, la eficiencia y la ética. Con esto contribuiremos, desde nuestro ámbito de acción, al progreso de la sociedad.
Especialistas explican en qué consiste la remediación mediante biopilas, para qué sirve y cómo optimizar sus resultados.
Foto: ERM
Ponga atención: si lo que necesita es rehabilitar un sitio contaminado con hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, puede que una buena opción sea recurrir a las biopilas.
¿De qué se trata? En términos generales, es un proceso en que se aplica biorremediación aeróbica para tratar suelos afectados por compuestos orgánicos biodegradables en esas condiciones, “tales como hidrocarburos de petróleo (propano, octano, nonano), compuestos orgánicos volátiles no halogenados (propilbencenos, trimetilbencenos, xilenos) y algunos semivolátiles”
Así lo explica Gustavo Boria, licenciado en Ciencias Químicas y especialista en Ingeniería
Ambiental con amplia experiencia en proyectos de este tipo, quien detalla que “las biopilas se utilizan frecuentemente para tratar productos más
El diseño simple y los costos relativamente bajos son algunas ventajas de las biopilas, según Gustavo Boria.
1Proyecto con biopilas que logró rehabilitar un terreno ocupado por una planta de combustibles de ESSO en Puerto Montt, se ejecutó en 2007. Para eso, se excavaron alrededor de 5.300 m3 de suelo que se distribuyeron en 12 biopilas, con tiempos de tratamiento entre 45 y 113 días, según carga de contaminante.
bien livianos derivados del petróleo como gasolina, diesel, kerosene”.
CÓMO OPERA
El especialista, que actualmente se desempeña como Director de Proyectos del área de Manejo de Sitios Contaminados de la empresa ERM en Argentina, explica que para implementar la biorremediación con biopilas, “el suelo contaminado se tiene que excavar, se dispone en formas de pilas y se airea para estimular la actividad microbiana para degradar aeróbicamente los contaminantes, al sumar oxígeno y otros nutrientes”, como nitrógeno, fósforo y potasio. Eduardo Ortega, investigador postdoctoral en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, entrega más detalles al respecto: “A menudo luego de un desastre medioambiental es posible encontrar microorganismos que se han adaptado a estas condiciones. No obstante, el proceso natural de remediación de estos suelos suele ser lento dado que las condiciones para el crecimiento de estos microorganismos adaptados no son óptimas. A partir de esto surge el concepto de las biopilas. El suelo contaminado se extrae y se coloca en pilas sobre una base impermeable. En esta pila se monitorea y controla humedad, aireación y temperatura que son fundamentales para acelerar el proceso de biodegradación natural de los contaminantes a través de microorganismos nativos. Una vez degradados los contaminantes, el suelo puede ser devuelto al medio ambiente eliminando el riesgo para las personas”
VENTAJAS Y OPTIMIZACIÓN
¿Qué ventajas y desventajas tienen las biopilas frente a otras alternativas de remediación?
Gustavo Boria destaca varios puntos a favor: “Diseño simple, tiempos de remediación moderados (algunos meses a 2 años), costos relativamente bajos, son efectivas con compuestos con baja tasa de degradación, menor requerimiento de superficie que otras tecnologías como landfarming, y es una tecnología sustentable de bajo consumo energético y que permite que el suelo remediado pueda ser reutilizado”. Como aspectos desfavorables, menciona que las altas concentraciones de hidrocarburos y metales podrían inhibir el crecimiento microbiano, las elevadas concentraciones de volátiles requerirían un tratamiento previo, se necesita una membrana plástica en la base para evitar la infiltración de lixiviados y no es una técnica apta para hidrocarburos más pesados (lubricantes, fondos de tanques, etc.).
Enseguida, el representante de ERM indica que para que las biopilas sean efectivas, “se debe considerar la densidad microbiana, el pH del suelo, el contenido de humedad, la temperatura del suelo o material a tratar, así como temperatura ambiente (la baja temperatura disminuye mucho la actividad bacteriana), la concentración de nutrientes, la concentración de hidrocarburos ≤50.000 ppm y metales ≤2.500 ppm. Estas son las principales variables, pero cada sitio en particular puede tener características adicionales. Si alguna de las variables operativas está fuera de parámetros propicios, se pueden implementar acciones correctivas”
Similares conceptos plantea Eduardo Ortega, quien sostiene que para optimizar los resultados de las biopilas se tiene que tomar en cuenta “la cantidad de contaminante a tratar y su concentración en el suelo, la extensión del suelo contaminado, la presencia de los microorganismos y considerar un pH óptimo para su funcionamiento (generalmente de 6 a 9)”. Añade que conviene establecer un control de humedad óptima (por sobre el 70%), condiciones de aireación y necesidad de nutrientes, asegurar un bajo contenido de metales tóxicos, considerar las proporciones de arcilla y limo en el suelo, como también la colección y el tratamiento de posibles lixiviados.
APLICACIÓN EN LAS SALINAS
Un proyecto emblemático en Chile donde se utilizará esta técnica es la biorremediación del terreno de Las Salinas, en Viña del Mar, el cual albergó durante décadas plantas de almacenamiento de combustibles de empresas distribuidoras que abastecían este recurso a toda la zona central del país y operaron hasta el año 2000. Entre 2009 y 2013 se ejecutó una primera etapa de saneamiento en este sitio, en la que se retiraron 47 mil toneladas de suelo contaminado y se desmantelaron las instalaciones de superficie y subsuelo. “Luego de la primera fase de remediación, estudios posteriores establecieron que la mayor contaminación del terreno está asociada a compuestos de hidrocarburos, alojados entre los 5 y 8 metros de profundidad y es la contaminación que ahora resta por remediar. La técnica seleccionada para llevar a cabo este saneamiento definitivo es la biorremediación, ya que
permite finalizar la remediación completa del terreno de manera segura y efectiva. Actualmente, nos encontramos iniciando la fase de operación del proyecto de saneamiento, que implica la excavación de los suelos para llegar hasta los sectores más contaminados y la implementación de las biopilas, con lo que a fin de año podremos contar con los primeros suelos remediados”, explica Stephanie Rotella, Gerente de Medio Ambiente de Las Salinas.
Stephanie Rotella indica que en el terreno de Las Salinas (abajo) ya se trabaja en la excavación de los suelos para llegar hasta los sectores más contaminados y luego implementar las biopilas para la remediación.
La especialista subraya que la biorremediación es una técnica basada en la naturaleza que utiliza la propia microbiota presente en el ecosistema para restaurar sus condiciones. Y añade que, para optimizar su aplicación, uno de los pasos clave ha sido realizar una completa caracterización del suelo y del agua del terreno, para luego definir las acciones necesarias frente a la contaminación remanente. “Los resultados indicaron que ésta se concentra principalmente en las capas más profundas del subsuelo, junto con algunas áreas que requieren remediación del agua subterránea debido a la presencia de hidrocarburos. Este análisis y la forma de abordarlo mediante biorremediación fueron parte del proceso de evaluación ambiental, en el que se analizaron cuidadosamente los efectos sobre el entorno y la pertinencia de las medidas propuestas”, asegura.
Stephanie Rotella resalta además que, desde el inicio, la selección de tecnologías consideró como variable central el contexto urbano en el que se ubica el proyecto. Así, se optó por una estrategia de biorremediación en dos etapas: la excavación y tratamiento del suelo en biopilas, y el tratamiento in situ del agua subterránea.
Luego, detalla que el uso de biopilas permite “mantener ambientes controlados donde se regulan el aire, la humedad y los nutrientes, para estimular la actividad de la microbiota y acelerar la degradación natural de los contaminantes. Una vez finalizado este proceso, el suelo tratado se reincorpora al terreno de manera ordenada”
Añade que durante la excavación, el trabajo se organiza en frentes acotados y controlados, aplicando medidas como la humectación y el monitoreo con instrumentos de terreno, lo que minimiza el impacto en el entorno.
“A diferencia de otras tecnologías, la biorremediación es especialmente adecuada para entornos urbanos, ya que se basa en procesos ‘bio’ que respetan y recomponen los ciclos naturales. En esencia, transforma compuestos químicos contaminantes en sustancias más simples e inocuas, contribuyendo a la recuperación ambiental de manera segura y sostenible”, concluye Stephanie Rotella.
Normas Secundarias de Calidad Ambiental: desarrollo lento con interrogantes
Sebastián Videla Hintze Consultor de Ingeniería
Entre los años 2010 y 2025 se han dictado 5 Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) correspondientes a las cuencas hidrográficas de Aconcagua, Maipo, Biobío, Valdivia y Serrano. Considerando que en Chile existen 101 cuencas, con este ritmo de elaboración de NSCA se necesitarían 300 años para completar el trabajo regulatorio.
Es evidente que el proceso requiere atención no solo por la velocidad de su desarrollo, sino que por la calidad de las propias normas. Sobre esto último cabe mencionar algunos aspectos que resultan del mayor interés para lograr reforzar el desarrollo normativo.
En primer lugar, la fuente primordial de información es la Dirección General de Aguas (DGA), que aporta la data de sus estaciones de monitoreo, generalmente concentradas en ríos principales. La baja densidad de ellas es un obstáculo insalvable para los estudios de calidad de agua, con una estación por cada 1.000 km2, aproximadamente. Por ello, resulta discutible validar, entre otros criterios, la selección de zonas homogéneas de cada norma. Si bien se dispone de esta data analítica, no se informa de los métodos, equipamiento y laboratorios que las han realizado, aspectos cruciales para validar los monitoreos.
En segundo lugar, cabe revisar los fundamentos metodológicos de las NSCA, que si bien tienen estructura común difieren en la visión que guía toda su elaboración. Un déficit muy notable es la ausencia de bioindicadores, y en general, de aquello que permite el seguimiento de la biota. Tienen un marcado acento físico-químico, posiblemente condicionado por su dependencia de las estaciones DGA. Este hecho debiese ser rectificado, apegándose al mandato legal que da origen a las normas: la protección del medio ambiente natural.
Otro aspecto que merece un análisis de mayor alcance es identificar cuánto contribuyen las NSCA al logro de objetivos estratégicos en las cuencas hidrográficas, tema tratado tangencialmente en su elaboración. En próximas columnas analizaremos esto más a fondo.
SANEAMIENTO SUBMARINO
Conozca de qué se trata la remoción de sedimentos marinos contaminados y una de las tecnologías más usadas para hacerlo in-situ: el sellado o capping.
En Chile, más de un cuarto de la población vive en zonas costeras, las que de una forma u otra dependen de los recursos que provee el mar. Lamentablemente, la actividad industrial, la recreación y el cambio climático, principalmente, están causando un deterioro creciente en sus playas de arena, de las cuales los sedimentos son componentes integrales de su funcionamiento ecosistémico.
Así lo señala el estudio “Remediación de sedimentos marinos en territorios con Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS)”, desarrollado en 2024 por la empresa EnSoil por encargo del Ministerio del Medio Ambiente.
Ahí se precisa que los materiales depositados en el fondo de los cuerpos de agua ejercen las siguientes influencias:
• Reciclamiento de nutrientes: Almacenan y liberan nutrientes como el nitrógeno y fósforo que son esenciales para la producción primaria en los ecosistemas, incidiendo en el crecimiento de plantas y algas que forman la base de las tramas tróficas marinas.
• Calidad del agua: Filtran y atrapan material actuando como un buffer al absorber e inmovilizar contaminantes como metales pesados y compuestos orgánicos.
• Provisión de hábitat para una amplia variedad de organismos como invertebrados enterradores, crustáceos, pequeños peces y microbios, que a su vez contribuyen al reciclaje de nutrientes y forman parte esencial de las tramas tróficas.
• Sedimentación y control de erosión: El balance entre estos elementos afecta la geomorfología pudiendo alterar las condiciones de hábitat. Absorben y disipan la energía mareal reduciendo la erosión.
• Almacenamiento de carbono: Contienen materia orgánica, como plantas y animales, que puede ser una importante fuente de carbono. Esto contribuye a su reciclaje, con implicancia en los presupuestos de carbono y cambio climático.
“Por consiguiente, el entendimiento del rol y estado de los sedimentos en los ecosistemas es esencial para un manejo ambiental efectivo y los esfuerzos de conservación”, asegura el texto.
INFORMACIÓN BASE
El informe expone que, debido al aumento en la contaminación de los sedimentos a
causa de la actividad industrial, minera, agrícola y de otras fuentes cercanas a cuerpos de agua, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) cuenta, desde 1993, con un documento técnico con lineamientos para seleccionar técnicas de remediación para sedimentos contaminados.
En lo medular, indica que, para una adecuada elección, se debe contar primeramente con información de base sobre la caracterización del sitio, las particularidades y dinámica del sedimento, y los rasgos de los contaminantes.
Agrega que la caracterización del sitio es necesaria para identificar el tipo y grado de contaminación. De manera resumida, plantea que es vital identificar y localizar las fuentes potenciales de contaminación cercanas al lugar, además de recolectar información detallada del área, incluyendo profundidad (batimetría), ancho, corriente, altura de ola y propiedades del sedimento, entre otros aspectos.
También menciona que es fundamental caracterizar adecuadamente el sedimento, debido a que su composición –incluyendo cantidad de materia orgánica, hierro, óxidos de manganeso… y propiedades como el tamaño, pH y salinidad– impacta en la forma en que interactúa con los contaminantes. Estos últimos, en tanto, entran a los cuerpos de agua, se hunden y luego se adhieren a las partículas del sedimento. De ahí que, en sistemas acuáticos, el sedimento de la capa superficial usualmente tiene una mayor concentración de contaminantes que la columna de agua.
La USEPA identifica 8 categorías principales de contaminantes presentes en los sedimentos: hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), pesticidas (ej. dicloro difenil tricloroetano), bifenilos policlorados (PCBs), hidrocarburos aromáticos monocíclicos (benceno y sus derivados), ésteres de ftalato, metales y metaloides (ej. mercurio y plomo), nutrientes, y otros contaminantes, como cianuro y compuestos organometálicos.
Además, el informe de EnSoil resalta que en los últimos años han adquirido relevancia los llamados contaminantes emergentes, entre los que están las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los microplásticos, los productos cosméticos y farmacéuticos, entre otros. Y acota que se deben tomar en cuenta las variaciones de los parámetros fisicoquímicos de los sedimentos (pH, redox, oxígeno disuelto), los que pueden estar influenciados por la presencia de contaminantes.
Internacionalmente, diversas legislaciones (como las de Australia, Canadá y Estados Unidos) han establecido valores de referencia para elementos o compuestos para indicar cuándo un sedimento estaría “contaminado”, vale decir, que causaría riesgo a la biota o salud humana.
MEJORES TÉCNICAS
Luego de obtenerse antecedentes relativos a la caracterización del sitio, condiciones ambientales y estado de contaminación, el reporte plantea que se puede realizar una evaluación
Entre
Cap Pasivo
Descripción gráfica de los 3 tipos de capping
Capa de material inerte (ej. arena) que aísla el sedimento contaminado desde el ambiente.
Cap Activo (enmienda única)
Material reactivo que neutraliza o estabiliza los contaminantes in-situ.
Cap Activo + Enmienda Múltiple
Enmendar con una mezcla en un solo paso o capa se traduce en menores costos y mejor remediación.
Problemas:
• Sujeto al transporte de contaminantes
• Solución no-permanente
de la mejor técnica de remediación: in-situ, que trata el sedimento sin extraerlo, o ex-situ, que requiere de su remoción para su posterior tratamiento. También existen técnicas que pueden aplicarse tanto ex-situ como in-situ, y la alternativa de recuperación natural monitoreada, que se basa en la capacidad natural del medio ambiente de repararse a sí mismo.
El documento añade: “Aun con esa información recopilada y analizada rigurosamente, y bajo un enfoque precautorio, el escenario de base o la hipótesis nula es de no tratar el sedimento contaminado. Esto podría recomendarse cuando los procesos naturales, como la sedimentación y degradación biológica, pudiesen ser apropiados cuando la descarga de contaminantes ha cesado, los procesos de enterramiento o dilución son rápidos, o no accesibles físicamente, y el impacto ambiental de su remediación es considerado más nocivo comparado con dejar el sedimento como está”
CAPPING
Dentro de las tecnologías de remediación in-situ más empleadas está el capping o sellado. Según el estudio, “se refiere a la operación de cubrir o tapar el sedimento contaminado para mantenerlo química y biológicamente aislado del medio acuático. En general, el material de recubrimiento puede diseñarse con diferentes capas,
Problemas:
• Sujeto a la erosión
• Trata pocos contaminantes
• Podría ser tóxico para organismos bentónicos a menos que se diluya con otros materiales
como material granular (sedimento limpio, arena o grava) o también con materiales permeables e impermeables. La idoneidad de la cobertura in-situ para un emplazamiento de sedimentos contaminados se ve menos afectada por el tipo o nivel de contaminantes presentes, ya que aísla físicamente los sedimentos y sus contaminantes asociados”
Esta solución puede involucrar la colocación de capas de enmiendas reactivas que enlazan o absorben los contaminantes del agua capilar del sedimento para reducir su dispersión y movilidad, lo que se conoce como capping activo o reactivo (ver figura). Una de sus grandes ventajas es que no requiere extraer el sedimento, previniendo una contaminación mayor de las otras matrices.
En el reporte se destacan sus principales funciones:
• Separación del área con sedimento contaminado desde el ambiente bentónico.
• Prevención de la resuspensión o transporte de sedimentos contaminados.
• Reducción de flujos de contaminantes disueltos hacia la columna de agua.
Luego revela que “la literatura muestra avances importantes en nuevos materiales para el sistema capping, aunque los conocimientos de la ingeniería asociada a esta técnica son aún
Beneficios:
• Amplio rango de acción
• No tóxico
• Crea zona de influencia
• Resistente a la erosión
• Puede ser mezclado con sustratos naturales sin perder potencia
• Es costo efectivo
limitados. Dentro de sus ventajas y desventajas están todas aquellas asociadas a una técnica insitu, y una gran efectividad para remediar PAHs. Sin embargo, es necesario el monitoreo de largo plazo de respuestas a contaminantes en recursos biológicos para demostrar la eficacia de este tipo de remediación”
Otros de los beneficios que registra son su bajo costo relativo, efectividad para secuestrar contaminantes orgánicos e inorgánicos, y lograr que disminuya más rápidamente la exposición de biota y humanos a sedimentos contaminados en comparación con las técnicas de dragado y biorremediación.
El documento releva, asimismo, la percepción positiva de esta alternativa por parte de la comunidad, ya que está ampliamente desarrollada, habilita espacios y disminuye el riesgo de salud para la población por presencia de elementos tóxicos.
Sus desventajas más importantes son: los contaminantes permanecen en el sitio, con migración de largo plazo de sustancias tóxicas persistentes hacia la columna de agua y aguas subterráneas; hay escasas experiencias de largo plazo (de más de 30 años) que permitan verificar la integridad del capping, incluyendo durante tormentas e inundaciones; posible incertidumbre en variabilidad de las condiciones ambientales naturales (ej. pH, nutrientes), y falta de monitoreo de largo plazo.
SUELOS EN RIESGO
Chile cuenta con más de 9 mil sitios identificados como potencialmente contaminados. Hidronor ofrece servicios para afrontar este desafío.
Nuestro país enfrenta un desafío ambiental significativo: la contaminación de suelos. Según el Ministerio del Medio Ambiente, a nivel nacional existen 9.271 sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC), de los cuales un 40% se atribuye directamente a la actividad minera. Esta cifra evidencia la necesidad urgente de identificar, caracterizar y remediar estos espacios para proteger tanto la salud de las personas como el equilibrio ambiental del país.
Las regiones más afectadas son Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde la contaminación de los suelos se asocia principalmente a la actividad minera. En tanto, en la zona centro del país, la disposición inadecuada de residuos constituye la principal fuente contaminante, al igual que en el sur donde además este problema se asocia al sector industrial manufacturero.
Sobre ese escenario, la remediación de suelos contaminados se ha transformado en un imperativo nacional, que requiere la colaboración activa de entidades públicas, privadas, técnicas y académicas. En ese sentido, una de las principales tareas es identificar adecuadamente los sitios contaminados y analizar sus características fisicoquímicas. Este diagnóstico permite evaluar no solo su peligrosidad, sino también su potencial de remediación o incluso de revalorización, dependiendo del tipo y concentración de los contaminantes presentes.
SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN
El primer paso en un proceso de remediación es realizar un muestreo en terreno que permita determinar la peligrosidad y los principales contaminantes presentes. Esto es clave para definir el tratamiento más adecuado y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en
Hidronor facilita el saneamiento y recuperación de terrenos contaminados.
particular del Decreto Supremo N° 148 (DS 148) que regula el manejo de residuos peligrosos en Chile.
Una de las metodologías más utilizadas para la recuperación de suelos es la confinación del contaminante y su posterior remoción. Este material es luego trasladado a un depósito de seguridad, donde se realiza su tratamiento y disposición final, asegurando que no represente un riesgo para el entorno.
Los sitios contaminados pueden contener diversos agentes peligrosos, como hidrocarburos (HC), metales pesados, ácidos, entre otros. Por eso, es fundamental definir claramente el área involucrada, el volumen de suelo comprometido, la metodología de extracción a emplear y realizar un muestreo final que permita comparar los resultados obtenidos con la línea base del sitio. Esta comparación es crucial para certificar la efectividad de la remediación y determinar si el terreno puede volver a ser utilizado de manera segura. Denisse Triviños, subgerente de Ventas Industriales de Hidronor, compañía especialista en remediación de terrenos contaminados para la recuperación de espacios, destaca que “el proceso consiste en la remoción de contaminantes del medio ambiente, los cuales son trasladados
para su posterior tratamiento y disposición final de manera segura”. La empresa también participa activamente en la asesoría de proyectos de saneamiento, ayudando a definir las opciones más viables y seguras para cada caso particular, ya sea en relaves, depósitos, terrenos contaminados o instalaciones siniestradas.
Sobre ese escenario, desde Hidronor aseguran que, gracias a su experiencia, se han convertido en un socio estratégico para muchas industrias que buscan cumplir con las normativas y operar de forma responsable frente a sus pasivos ambientales.
MARCO REGULATORIO: DEUDA PENDIENTE
Uno de los principales obstáculos para abordar este problema de forma estructural es la falta de una legislación específica sobre suelos en Chile. A pesar de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país es uno de los pocos entre sus 38 integrantes que aún no cuenta con un marco normativo nacional que regule de forma clara y directa la calidad del suelo y su remediación.
Esta ausencia genera una serie de desafíos. Por un lado, dificulta el control efectivo de los sitios con potencial contaminación. Por otro, limita la elaboración y ejecución de planes de trabajo estandarizados que permitan actuar con eficiencia en cada caso. Aunque existen múltiples estudios y colaboraciones entre universidades, entidades técnicas y el sector privado, la falta de una normativa impide consolidar estos esfuerzos en una política pública robusta. En 2023 se dio un paso importante con la presentación del anteproyecto de la “Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos
en Chile”, que busca establecer los valores de concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos o sustancias cuya presencia en el suelo pueda constituir un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Esta normativa podría convertirse en un punto de inflexión para el país, sentando las bases para una legislación específica en la materia.
Según Denisse Triviños, “Chile es uno de los pocos países OCDE que no posee una legislación específica de suelo. Además, hay más de 10.000 m² de proyectos de remediación específicos que requieren ingreso al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)”. La falta de esta regulación genera incertidumbre tanto para los proyectos en curso como para las futuras inversiones en recuperación ambiental.
TAREA COMPARTIDA
La magnitud del desafío requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo. Desde la identificación temprana de los sitios contaminados, pasando por el análisis técnico de los residuos, hasta la definición del tratamiento más adecuado y su monitoreo posterior, cada etapa del proceso demanda coordinación entre los distintos actores involucrados.
En este contexto, el rol de empresas como Hidronor resulta clave. “Nuestra experiencia en remediación y recuperación de terrenos contaminados, sumada a la capacidad de análisis, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, nos permite ofrecer soluciones integrales y seguras para enfrentar la contaminación de suelos. Además, nuestro compromiso con la normativa ambiental y colaboración activa con laboratorios acreditados, fortalecen la confianza de las industrias que requieren gestionar de manera responsable sus pasivos ambientales”, explica Denisse Triviños.
Por otra parte, contar con un marco normativo claro permitirá establecer estándares nacionales que orienten y fiscalicen adecuadamente estos procesos, incentivando la adopción de buenas prácticas ambientales en todo el país. La creación de una legislación específica no solo representa una deuda pendiente, sino también una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo más sustentable.
En suma, proteger nuestros suelos no es solo una tarea técnica, sino una responsabilidad compartida. Requiere visión de futuro, compromiso con la salud pública y con el entorno, y una decidida voluntad política para convertir la remediación de sitios contaminados en una prioridad nacional.
Remediación de una quebrada en la selva amazónica.
ALIADO ESTRATÉGICO
INERCO gestiona los riesgos por contaminación de suelos y aguas, tarea clave en la sostenibilidad y continuidad operacional de las empresas.
Carolina Fonseca Guerrero Coordinadora Suelos y Aguas Subterráneas Chile www.inerco.cl
La presencia de contaminantes en suelos y aguas subterráneas es un riesgo significativo a nivel económico, legal y reputacional para diversos sectores productivos, desde la industria y la minería hasta la construcción de viviendas. La existencia de contaminación ya sea histórica o derivada de eventos contingentes, puede comprometer la viabilidad de nuevos desarrollos, implicar altos costos de remediación o derivar en sanciones regulatorias severas en caso de delito ambiental.
Desde los años 80, se han establecido metodologías internacionales
para la gestión técnica y sistemática de sitios potencialmente contaminados, destacándose los lineamientos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, que iniciaron su desarrollo a partir del programa Superfund.
En Chile, tales metodologías han sido adaptadas en instrumentos como la “Guía Metodológica Para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes”, promoviendo un enfoque pragmático basado en la gestión de riesgos.
Muestreo de suelos y aguas subterráneas previo a un proyecto inmobiliario.
El núcleo de la metodología consiste en el análisis cuantitativo de riesgo (ACR), el cual permite determinar si un sitio con presencia de contaminantes representa un riesgo aceptable o inaceptable para la salud humana y el ambiente, considerando las condiciones geológicas e hidrogeológicas del emplazamiento, los contaminantes presentes, las rutas de migración y las vías de exposición hacia receptores actuales o futuros.
Este enfoque no solo orienta la toma de decisiones, sino que permite optimizar recursos, definiendo metas de remediación acordes con los riesgos identificados. La ejecución del análisis de riesgo sigue las directrices de documentos de referencia como la “Risk Assessment Guidance for Superfund” (U.S. EPA), la “Soil Screening Guidance” (U.S. EPA) y guías técnicas de otros países.
Cuando se identifican riesgos inaceptables, se requiere intervención mediante tecnologías de remediación adecuadas. Algunas de las más utilizadas incluyen la extracción de vapores, bombeo y tratamiento, biorremediación, lavado de suelos, oxidación química, confinamiento, desorción térmica, inertización, entre otras. La selección de tecnologías depende de la naturaleza del contaminante, la profundidad del acuífero, el tipo de suelo y el objetivo de remediación.
DIAGNÓSTICO Y REMEDIACIÓN
Con más de 30 años de experiencia en este campo, INERCO ha liderado procesos de diagnóstico y remediación en América Latina y Europa. Su intervención abarca desde auditorías ambientales en procesos de fusión y adquisición hasta la intervención en contingencias ambientales.
Hoy más que nunca, las empresas que incorporan criterios de sostenibilidad y prevención en su gestión de riesgos ambientales aseguran no solo el cumplimiento regulatorio, sino también la continuidad de sus operaciones y su aceptación social. INERCO se posiciona como aliado técnico estratégico en este desafío.
Sistema de tratamiento in situ, con tecnología Bioventing.
La desorción térmica destaca por su eficiencia y versatilidad para afrontar con éxito los desafíos de la remediación ambiental.
Maurice Menadier Gerente de Servicios Ambientales Séché Group Chile
El panorama actual de la remediación se caracteriza por matrices más heterogéneas, mezclas de compuestos de difícil degradación y ventanas de intervención cada vez más cortas. Este último fenómeno responde a una combinación de factores regulatorios, sociales, financieros y operativos que exigen ejecutar los saneamientos en menos tiempo.
A lo anterior, se suma la creciente escasez y valorización del suelo –en especial el urbano–, que vuelve prioritaria la recuperación de sitios con pasivos ambientales, ya sea para habilitar futuros proyectos o por la presión de comunidades y autoridades por restituir el espacio.
Para abordar estos desafíos existe un portafolio de técnicas que se selecciona según el riesgo y el contexto del sitio y de la contaminación: biorremediación cuando la biodegradabilidad lo permite; tratamientos térmicos,
destacando la desorción térmica por su rapidez y trazabilidad; y alternativas fisicoquímicas e hidráulicas como la oxidación química in situ, la extracción de vapores del suelo, el lavado de suelos y la estabilización/solidificación para inmovilizar metales.
En ese marco, la desorción térmica se integra como una solución eficaz y versátil, ya sea como tratamiento principal o combinada con etapas de pulido biológico para cerrar brechas de cumplimiento en sitios exigentes.
ALTA EFICIENCIA
La desorción térmica es una tecnología de tratamiento que aplica calentamiento controlado a suelos impactados para volatilizar y extraer conta-
Proyecto de Harnes: vista general de la termopila.
Red de inyección de calor de la termopila en proyecto desarrollado en Harnes.
minantes orgánicos, preservando la matriz mineral (no hay combustión del suelo). Según el tipo de contaminante y la estrategia operativa, las temperaturas de proceso suelen situarse entre 100 y 600°C. Los gases generados se conducen a un tren de abatimiento que puede incluir filtración de partículas, condensación, oxidación térmica o catalítica y carbón activado, asegurando el cumplimiento de emisiones.
En la experiencia de Séché, esta técnica ha mostrado altas eficiencias frente a TPH, BTEX, HAP, solventes clorados, pesticidas y otros compuestos volátiles y semivolátiles, tanto in situ (calentamiento del subsuelo con extracción de vapores) como ex situ (plantas móviles o fijas). El diseño incorpora monitoreo continuo de la temperatura en la matriz, del caudal y de la composición de los gases extraídos; encapsulamientos para controlar olores y ruido; y, cuando corresponde, preacondicionamiento del material (trituración, cribado o reducción de humedad) para optimizar el rendimiento.
Esta tecnología constituye una alternativa eficaz para remover contaminantes orgánicos, incluso cuando el suelo presenta alta humedad. Si bien implica una inversión inicial en equipos y un consumo energético importante (gas, diésel o electricidad), puede alcanzar altos rendimientos cuando se opera en las condiciones adecuadas.
Por eso, la desorción térmica suele emplearse como una estrategia de “ataque rápido” en los sectores más impactados (hot spots) del terreno, mientras que el resto del material se deriva a biopilas para un pulido costoeficiente y cumplir los criterios de aceptación establecidos. Esta combinación permite cumplir metas exigentes en plazos acotados, reduciendo volúmenes a disposición final y la huella logística del transporte. Cabe destacar que su uso se dirige principalmente a contaminantes orgánicos, pues la volatilización de metales pesados solo es factible en casos muy puntuales. El uso de tecnologías térmicas requiere un control ambiental riguroso.
En nuestras operaciones se implementan sistemas de captura de gases, filtración de partículas, postcombustión y monitoreo continuo de compuestos orgánicos volátiles (COVs), medidas indispensables para cumplir la normativa vigente y sostener una relación responsable con las comunidades.
CASOS EXITOSOS
En Francia, Séché ha ejecutado casos exitosos de desorción térmica con distintas configuraciones: en Harnes (norte), la recuperación de 34 hectáreas de un antiguo sitio petroquímico incluyó la excavación, clasificación y tratamiento on site de más de 30.000 m3 de suelo con una termopila durante tres años, cumpliendo los objetivos de remediación; en Saint-Nazaire (oeste), un ex depósito petrolero con HAP se trató ex situ mediante una planta temporal, recuperando 12.000 m3 en dos años; y en Pantin (área parisina), se aplicó un esquema in situ, sin excavación previa, con más de 200 pozos en 800 m2 para inyectar calor y volatilizar HAP, TPH y BTEX. Los vapores se capturaron para su tratamiento (oxidación térmica/catalítica y carbón activado) y el área se encapsuló para mitigar olores, ruido e impacto visual en un entorno sensible.
Con base en nuestra experiencia, la desorción térmica no solo es eficaz, sino que también estratégica. Su aplicación demanda ingeniería y planificación a la medida de cada sitio, pero su desempeño –en plazos, eficiencia y gestión del riesgo– la posiciona como una herramienta sólida para los retos actuales de la remediación.
Frente al aumento de las exigencias regulatorias y sociales, disponer de soluciones versátiles como la desorción térmica reafirma nuestro compromiso con una recuperación ambiental segura, eficiente y sostenible.
Foto: Séché
Foto: Séché
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Séché
Los análisis de laboratorio son claves para conocer los contaminantes a tratar y definir soluciones eficaces y costo-eficientes.
Thiago Freitas
Business Development Manager Environmental LATAM ALS
La gestión adecuada de sitios contaminados es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrentan las industrias, los desarrollos inmobiliarios y los organismos públicos. Más allá de una obligación legal, la identificación y el tratamiento de pasivos ambientales representan un compromiso con la salud pública, la sostenibilidad y la valorización territorial.
En este contexto, los análisis de laboratorio asumen un papel central. Desde la etapa de investigación preliminar hasta el monitoreo posterior a
la remediación, el conocimiento preciso de los contaminantes presentes (sus tipos, concentraciones y comportamiento en el medio) es fundamental para definir estrategias técnicas eficaces y costo-eficientes.
SOPORTE INTEGRAL
ALS, con amplia experiencia en el sector ambiental, es un referente en análisis aplicados a proyectos para remediar sitios contaminados. Su
ALS es un referente en análisis aplicados a proyectos para remediar sitios contaminados.
laboratorio cuenta con tecnología de punta y un equipo especializado, ofreciendo un soporte analítico completo para todas las fases del proceso, cumpliendo con normativas nacionales e internacionales.
Entre los analitos más críticos en este contexto, destacan los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), metales pesados, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Semi-Volátiles (COSV), como los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(PAH). La detección precisa de estos compuestos permite comprender la extensión de la contaminación y los riesgos asociados, orientando el plan de intervención más adecuado, ya sea contención, remoción, tratamiento físico-químico o biológico.
Además de las matrices tradicionales como suelo, aguas subterráneas y aguas superficiales, cobra relevancia el monitoreo de vapores del suelo, esencial para evaluar la migración de contaminantes en fase gaseosa y el riesgo a la salud humana por intrusión de vapores. ALS realiza este monitoreo con alta sensibilidad mediante la técnica EPA TO-15, utilizando Bottle Vacs, además de ofrecer soluciones con muestreadores pasivos WMS, que permiten campañas de larga duración con excelente relación costo-beneficio y mínima intervención en campo.
Estos datos son indispensables para la construcción de modelos conceptuales robustos y para la elaboración de planes de remediación eficientes. La confiabilidad de los análisis permite tomar decisiones acertadas y cumplir con normativas ambientales cada vez más exigentes.
EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Con infraestructura de laboratorio moderna y presencia regional estratégica, ALS reafirma su compromiso con la excelencia técnica y el desarrollo sostenible, apoyando a consultoras ambientales, industrias, empresas mineras y organismos públicos en su misión de recuperar sitios impactados por la contaminación.
Con datos confiables, es posible transformar pasivos en activos y garantizar un futuro más seguro para las próximas generaciones.
Esa es la misión que ALS comparte con sus clientes.
RECUPERA SUELOS Y AGUAS
GB CINCO Ambiental restaura pasivos ambientales combinando experiencia, innovación y soluciones adaptadas a los retos del territorio chileno.
Chile enfrenta un desafío estratégico para recuperar suelos y aguas contaminadas, con más de 10.000 sitios que tienen potencial presencia de contaminantes. Esto se debe a los pasivos de la industria extractiva, la expansión urbana desordenada y la intensificación de las prácticas agrícolas. La minería es foco de preocupación principal por la liberación de metales pesados, pero el problema se extiende a otros sectores, como la industria en general, con contaminaciones orgánicas e inorgánicas. La agricultura intensiva también ha dejado una huella profunda por el uso de plaguicidas y fertilizantes que se filtran en la tierra y las napas subterráneas. Además, el desarrollo inmobiliario se enfrenta al desafío de construir en zonas con potencial de contaminación, lo que requiere una evaluación ambiental rigurosa.
SOLUCIONES INTEGRALES
Frente a ese escenario, con más de una década dedicada a la recuperación de pasivos ambientales, la compañía chilena GB CINCO Ambiental se ha consolidado como un actor clave en este sector, combinando trayectoria, innovación y soluciones adaptadas a los desafíos del territorio nacional.
Así lo destaca su gerente general, José Manuel Bellalta: “GB CINCO Ambiental se posiciona como un actor relevante en la remediación ambiental, ofreciendo soluciones integrales que combinan tecnología, conocimiento técnico y compromiso ambiental. Su enfoque se basa en la debida diligencia, la caracterización de sitios, la gestión de residuos y la aplicación de técnicas de remediación innovadoras, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
El ejecutivo plantea que la contaminación es un problema nacional que requiere una respuesta integral. Y enfatiza la necesidad de establecer una cultura preventiva desde el inicio de cualquier proyecto en vez de solo
El equipo de GB CINCO Ambiental ofrece soluciones integrales de acuerdo a las necesidades de los clientes.
abordar los pasivos ambientales. En ese contexto, GB CINCO Ambiental “se enfoca en la prevención a través de monitoreos ambientales y desmantelamiento industrial para gestionar residuos peligrosos en industrias que han cesado su actividad. Los planes de remediación robustos son cruciales para la viabilidad y financiamiento de proyectos, ya que mitigan costos imprevistos, sanciones y litigios”, explica.
La remediación ambiental es un proceso técnico que requiere diagnóstico, gestión y tecnologías específicas, por lo que la empresa realiza una evaluación ambiental inicial con estudios Fase I y II para identificar contaminantes, su extensión y concentración. Con esta información, sus especialistas diseñan un plan de remediación adaptado a las condiciones del sitio. Utilizan diversas técnicas: métodos fisicoquímicos como la extracción de vapores del suelo y ozonización; sistemas de bombeo y tratamiento para aguas subterráneas; biorremediación con bacterias y hongos; y fitorremediación con plantas. También aplican enmiendas orgánicas y micorrizas para restaurar la funcionalidad biológica del suelo y, en casos complejos, técnicas de solidificación y estabilización para encapsular contaminantes.
Este enfoque tecnológico se complementa con una visión territorial, ya que las soluciones deben adaptarse a las condiciones locales, como las del norte árido, la zona sur húmeda o la macrozona central.
EFECTOS EN EL TERRITORIO
La remediación ambiental tiene implicancias directas en la planificación urbana y el desarrollo territorial. En ciudades como Antofagasta, Copiapó o Coronel la recuperación de terrenos contaminados habilita espacios para viviendas sociales e infraestructura pública, promoviendo un crecimiento ordenado y sostenible. En el ámbito agrícola, la restauración de suelos degradados mejora la productividad y protege las fuentes de agua, lo cual es vital en un país con sequías prolongadas.
Al respecto, José Manuel Bellalta afirma que “el futuro de la remediación en Chile requiere un marco normativo robusto, como la Ley Marco de Suelos, para establecer estándares y fomentar la recuperación. Es fundamental incorporar tecnologías adaptativas como inteligencia artificial, promover la participación comunitaria y educación ambiental, e integrar la remediación con las políticas de desarrollo urbano y ambiental”
GB CINCO Ambiental trabaja con normativas internacionales, como la de Alberta, Canadá, reconocidas por la autoridad ambiental chilena. El ejecutivo concluye: “Si bien existe una obligación legal de remediar, falta un marco que regule cómo se debe hacer. La recuperación de suelos y aguas es una inversión en salud, productividad y sostenibilidad, transformando pasivos ambientales en activos para el desarrollo. En este camino, nuestra empresa se presenta como un aliado esencial para un modelo de desarrollo más equilibrado y respetuoso con el entorno”
INTELIGENCIA AMBIENTAL Y URBANA
Remedia Green Tech trabaja con una estrategia integral de recuperación territorial para convertir pasivos en sitios con valor.
En todo el mundo, la recuperación de suelos contaminados se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en La Confluence, en Lyon, la remediación ambiental ha demostrado que puede ser mucho más que un proceso técnico: es una forma concreta de reactivar comunidades, ordenar el territorio y proyectar ciudades resilientes.
Cuando existen normativas claras, incentivos adecuados y soluciones confiables, los terrenos degradados pueden reincorporarse al tejido urbano, industrial o natural. Son espacios con historia –muchas veces invisibilizados– que, bien gestionados, pueden convertirse en base para nuevos modelos de desarrollo.
En Chile, existen más de 10 mil sitios con potencial presencia de contaminantes. Esta cifra no solo revela la magnitud del desafío, sino también una oportunidad para recuperar terrenos subutilizados y liberar su valor. Recuperarlo requiere algo más que capacidad técnica: requiere visión, gestión y articulación.
Es ahí donde, justamente, se origina el diferencial de la empresa Remedia Green Tech, según explica su gerente de Desarrollo, Carlos Correa: “Remedia Green Tech nace para desbloquear el valor de terrenos postergados, acercando a propietarios e industrias a soluciones técnicas y regulatorias que les permitan transformarlos en activos estratégicos. Conectamos el diagnóstico ambiental con la planificación de usos futuros, trazando rutas viables que permiten avanzar en procesos que muchas veces permanecen estancados”
Nacida al alero del proyecto de Las Salinas en Viña del Mar –uno de los casos más emblemáticos de remediación ambiental y
urbana en América Latina–, esta filial de Empresas Copec “combina inteligencia ambiental y urbana con una estrategia integral de recuperación territorial” , destaca el ejecutivo.
Actualmente, Remedia Green Tech (GT) lidera proyectos en Antofagasta y San Antonio, donde asesora a propietarios de terrenos con pasado industrial en el diseño e implementación de estrategias de remediación que integran diagnóstico ambiental, análisis de riesgos, cumplimiento normativo y planificación del uso futuro. Cada sitio tiene un potencial oculto que puede activarse mediante un enfoque técnico riguroso y una visión urbana integrada.
Además, la compañía está desarrollando un observatorio medioambiental que integrará información técnica, normativa y territorial en una plataforma única de análisis. “Estamos trabajando en una herramienta analítica que permita priorizar con precisión los proyectos de regeneración y anticipar oportunidades de desarrollo sostenible”, comenta el gerente de Desarrollo de la compañía. Y añade que este enfoque basado en datos refuerza el rol de Remedia GT como articulador estratégico y habilita una toma de decisiones más eficiente, informada y trazable.
“Impulsar la recuperación de estos terrenos e integrarlos al tejido urbano, industrial o recreativo es el corazón de nuestro trabajo”, agrega. Y complementa: “Todo parte por comprender a fondo el contexto del terreno, luego trazamos una hoja de ruta viable y acompañamos cada etapa con rigurosidad técnica, conocimiento técnico y visión territorial”
IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO
Remedia GT trabaja con una metodología que busca generar impacto ambiental y económico. Su enfoque combina dos capacidades complementarias que le permiten abordar cada proyecto con una mirada in -
En la empresa resaltan que su mirada integral permite diseñar soluciones adaptadas a cada territorio, anticipar riesgos y activar oportunidades.
tegral: “Por un lado, la inteligencia ambiental garantiza que los procesos de remediación sean técnicamente sólidos, trazables y eficientes. Por otro, la inteligencia urbana permite proyectar el futuro del terreno, guiando decisiones que maximizan su integración, vocación y aporte al entorno urbano” , explica Carlos Correa.
La propuesta se despliega en tres líneas de acción: la revalorización de terrenos urbanos, transformando suelos industriales en espacios para la vivienda, naturaleza o servicios; la remediación para una minería sostenible, incorporando sitios abandonados en los planes de sostenibilidad del sector; y la gestión preventiva industrial, que permite anticipar riesgos ambientales y demostrar debida diligencia ante autoridades y comunidades.
MIRADA INTEGRAL
Desde la empresa subrayan que en un contexto donde el conocimiento técnico suele estar disperso, Remedia GT ofrece una visión estructurada y multidisciplinaria que habilita decisiones informadas y sostenibles. La regeneración de suelos no solo sana el medio ambiente, sino que también activa economías locales, dinamiza proyectos detenidos y construye confianza entre comunidades, empresas e instituciones.
“Remedia aporta una propuesta concreta al integrar variables técnicas, normativas y territoriales en decisiones claras, trazables y alineadas con el desarrollo futuro del terreno. Por eso, clientes industriales, inmobiliarios y del mundo público nos eligen para acompañarlos en procesos complejos, donde muchas veces no existen recetas previas” , resalta Carlos Correa.
Y concluye: “Con inteligencia ambiental y urbana desde el origen, Chile tiene la oportunidad de transformar desafíos invisibles en oportunidades reales de desarrollo. Y ese futuro más sostenible, inclusivo y responsable comienza por el suelo que hoy estamos llamados a recuperar”
Remedia GT conecta análisis de riesgo, trazabilidad legal, tecnologías y estrategia de habilitación futura, dice Carlos Correa.
ESTALLIDO DE SEGURIDAD
Asumiendo que el accidente fatal en Codelco El Teniente lo causó un estadillo de rocas, especialistas aportan recomendaciones para mejorar la seguridad laboral en la minería subterránea.
Los números son duros, pero a la vez decidores: entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2025, un total de 202 trabajadores mineros, en 181 accidentes, fallecieron golpeados por rocas, la principal causa de muerte en el sector con un 31% de los casos.
Dentro de esa cifra están los 6 mineros de la división El Teniente de Codelco que perdieron la vida, el pasado 31 de julio, mientras cumplían labores en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte de la faena cuprífera (a unos 900 metros de profundidad) debido, presuntamente, a un “estallido de rocas” derivado de un sismo (de 4,2°, según el Centro Sismológico Nacional) o viceversa. En marzo de 1990 otros 6 trabajadores de El Teniente murieron por una razón similar, mientras que julio de 2023 un evento de las mismas características afectó también a Andes Norte, pero sin consecuencias fatales.
El trágico suceso de hace unas semanas motivó al presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, a anunciar que se encargaría “una auditoría internacional con los mejores expertos para determinar qué hicimos mal”, proceso que ya se puso en marcha. Y también gatilló la salida del gerente general de la división, Andrés Music.
EXPLICACIONES TÉCNICAS
Respecto a cómo se originó el accidente, José Luis Fernández, director de la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad de Las Américas, sostiene que los antecedentes recogidos “apuntan a un estallido de roca, fenómeno geomecánico que ocurre cuando los esfuerzos acumulados en el macizo superan su resistencia. Esta liberación súbita de energía provoca fracturamientos violentos y proyecciones que comprometen la estabilidad de las labores subterráneas, con consecuencias que, como en este caso, resultaron devastadoras”
Añade que, aunque este tipo de eventos es difícil de predecir, “la experiencia minera demuestra que pueden existir indicios previos: crujidos, grietas visibles, deformaciones estructurales. La pregunta inevitable es si esas señales estuvieron presentes: ¿el cerro avisó? ¿se tomaron medidas oportunas? La investigación en curso deberá esclarecer lo ocurrido y entregar respuestas”
Juan Rayo, empresario y presidente de Voces Mineras, respalda la hipótesis del estallido, agregando que la liberación de energía se produce “por el desplazamiento de las placas de la corteza terrestre, que también originan los sismos tan frecuentes en nuestro país. La ocurrencia de eventos similares en el pasado en El Teniente, también con víctimas fatales, avalan esta teoría”
7 Mineros fallecieron golpeados por rocas entre el 1 de enero y 31 de julio de este año en Chile. Una cifra similar de trabajadores del rubro murió por caídas desde altura (3), alcanzados por tronaduras (3) y por impacto de un vehículo motorizado (1), totalizando 14 víctimas fatales en dicho periodo.
El especialista va más allá: “La minería subterránea profunda tiene desafíos técnicos que hoy están en el umbral del conocimiento y la tecnología, sobre todo de carácter geomecánico y sísmico. Vale decir, a pesar de los avances incorporados, aún no se tienen las certezas técnicas que sí existen en otros campos de la ingeniería. Entendemos y valoramos todos los esfuerzos que Codelco y División El Teniente han realizado, en particular para tratar de simular los procesos geomecánicos de su hundimiento, así como del diseño de labores subterráneas de gran tamaño, pero creemos que aún no se logra una cabal comprensión de los fenómenos de presiones locales extremas, en sectores críticos con roca profunda. Esto incluye la cinética y dinámica de los eventos, dada la ocurrencia de accidentes fatales como el reciente”
RECOMENDACIONES
Para José Luis Fernández, cuando el “cerro avisa” sobre la posibilidad de un derrumbe, se pueden adoptar varias medidas preventivas, sobre todo de reforzamiento. Las detalla: “Realizar un análisis geotécnico para identificar debilidades en el macizo rocoso y determinar la estabilidad del terreno, para luego aplicar refuerzos estructurales. También verificar la magnitud de las estructuras geológicas y, por ejemplo, utilizar pernos de fortificación e instalar mallas de acero en áreas propensas a deslizamientos para contener rocas sueltas. No obstante, si se estima necesario o conveniente, hay que reforzar con hormigón armado o implementar soportes para mantener la integridad de las paredes y techo del túnel (dóbelas). Simultánea-
Uno de los sectores afectados por el derrumbe en El Teniente.
“Aunque un estallido de roca es difícil de predecir, la experiencia minera demuestra que pueden existir indicios previos”, afirma José Luis Fernández.
mente, si corresponde, se pueden implementar sistemas de drenaje para reducir la presión del agua en el terreno”
Además, considerando que la premisa básica debería ser prevenir la caída de rocas, afirma que “se debe establecer sí o sí un sistema de monitoreo constante de las condiciones del terreno, utilizando tecnologías como sensores de movimiento o inclinómetros. Y capacitar a todos los trabajadores respecto a la identificación de señales de advertencia, reforzando la importancia y trascendencia de reportar cualquier anomalía en el terreno”
En la misma línea, Juan Rayo comenta que “se deben redoblar los esfuerzos técnicos y de innovación para poder continuar la explotación de tan importantes recursos minerales, pero prioritariamente asegurando la vida y salud de los trabajadores mineros. Los riesgos geomecánicos de la minería profunda pueden ser mitigados, pero aún no eliminados completamente, si existe una contraparte experta y efectiva, que brinde una asesoría permanente en las definiciones geomecánicas, modelos y análisis de data”
Una recomendación concreta hace Enrique Calderón, jefe de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María (sede Viña del Mar): “Es urgente incorporar de manera real y sistémica el enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en la planificación minera. La RRD no es un eslogan ni una moda, es un marco que exige identificar amenazas, analizar vulnerabilidades, fortalecer capacidades y generar una cultura de prevención en todos los niveles. Aplicarlo permitiría que las
Manuel Viera propone crear un instituto de investigaciones de accidentes en faenas mineras que utilice métodos científicos.
operaciones mineras dejen de actuar de forma reactiva frente al riesgo, y pasen a una gestión integrada que priorice la vida y la sostenibilidad de los territorios”.
SIETE METAS
Frente al desafío de mejorar la seguridad en la minería, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, plantea siete propuestas con metas concretas:
• Crear un instituto de investigaciones de accidentes en faenas mineras que utilice métodos científicos.
• Enfrentar la seguridad con enfoque de prevención proactiva en el que “la vida está primero”.
• Aplicar masivamente la tecnología digital 4.0 para prevenir accidentes.
• Modernizar y actualizar el reglamento de seguridad minera, aplicando principios de la psicología industrial y las neurociencias para controlar emociones y conductas de los trabajadores del rubro.
• Modernizar las instituciones del Estado encargadas del tema, como Sernageomin.
• Implementar enfoques de producción limpia y cero fatalidad.
• Contar con un equipo de rescate minero de alto nivel, especializado, que dependa del Sernageomin y sea financiado, en parte, con dineros del royalty.
Fortificación y acuñadura
En el diseño de grandes túneles mineros como los de El Teniente, ¿qué soluciones de fortificación y acuñadura del macizo rocoso se suelen utilizar?, ¿cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo?
José Luis Fernández responde: “Se emplean diversas técnicas de fortificación del macizo rocoso: desde marcos de acero para sostener las labores hasta sistemas perno-malla-shotcrete para estabilizar áreas inestables. En general, las tecnologías de fortificación y acuñadura han evolucionado considerablemente y los materiales usados han mejorado en resistencia y durabilidad, permitiendo que las estructuras sean más seguras y ligeras. Además, se han incorporado sistemas avanzados de monitoreo que, en la práctica, permiten detectar cambios en la estabilidad del terreno en tiempo real, facilitando la toma de decisiones. Por ejemplo, se ocupan softwares de modelado 3D que facilitan el diseño y análisis de túneles, optimizando las soluciones de fortificación”
Añade que la construcción y monitoreo automatizados de estas soluciones “ha incrementado la precisión y seguridad en la ejecución de trabajos mineros, previniendo accidentes derivados de derrumbes”
Como reflexión final, señala que “aunque existen eventos impredecibles en la actividad minera, como estallidos de rocas, sismos y formación de ambientes con atmósferas cuya concentración de polvo y gases son peligrosos, se está avanzando en la construcción de túneles con equipos de transportes teledirigidos o autónomos. Existe, además, una buena reglamentación de seguridad que debe modernizarse acorde a nuestros tiempos. Para eso, se deben aplicar tecnologías de inteligencia artificial, robotización, automatización y monitoreo en línea de los signos vitales de cada trabajador, ya sea propio o contratista, para saber exactamente su ubicación en caso de derrumbe o atrapamiento. Y realizarse auditorías forenses para investigar las causas de los accidentes mortales y frecuentes. Cumplir las regulaciones en la materia en Chile es otro de los focos a tomar en cuenta”
EL APORTE DEL SERNAFOR
¿De qué modo el nuevo Servicio Nacional Forestal contribuirá a una gestión más sustentable de los bienes y recursos forestales? Especialistas responden y plantean los desafíos para cumplir con las expectativas.
“El Servicio tendrá por objeto la protección, el fomento, la conservación, la preservación, la recuperación, la restauración y el manejo y regulación del uso sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas, así como el desarrollo de nuevos bosques y otras formaciones vegetacionales en suelos de aptitud preferentemente forestal”
Esas son las trascendentales tareas que deberá cumplir el flamante Servicio Nacional Forestal (Sernafor), según el artículo 2 de la Ley 21.744, oficializada el 23 de mayo pasado.
Una institución que viene a fortalecer las atribuciones y funciones que por 52 años desempeñó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con miras a garantizar la provisión continua de servicios ecosistémicos en esta área y el desarrollo sostenible de la actividad forestal, así como velar por la protección contra incendios forestales, entre otras relevantes tareas.
GESTIÓN MÁS SUSTENTABLE
“El Sernafor está diseñado para promover la conservación, manejo sustentable y restauración de los bosques y formaciones vegetales, con un enfoque en equidad intergeneracional y protección de servicios ecosistémicos. Su estructura descentralizada y sus funciones integrales (como fiscalización y coordinación interinstitucional) facilitarán una gestión más eficiente y sostenible”, asegura el director ejecutivo de la Conaf, Rodrigo Illesca.
La estructura descentralizada y funciones integrales del Sernafor permitirán una gestión más eficiente y sostenible, sostiene Rodrigo Illesca.
aportarán a la sostenibilidad del sector: “El objetivo principal del Sernafor es la protección, fomento, conservación y preservación de los bosques y formaciones vegetacionales de todo el país, a través de planes de manejo sustentable y la restauración ecológica, siendo lo que le permitirá gestionar de manera más directa estos recursos”. Recuerda, asimismo, que entre sus objetivos está la prevención y mitigación de incendios forestales, y resalta que, con este nuevo Servicio, se facilitará el acceso inmediato a fuentes de agua y a sitios privados, disminuyendo la espera de autorizaciones y ganando tiempo valioso durante el combate de estos siniestros.
SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL
Viviana Pincheira destaca los planes de manejo sustentable y la restauración ecológica como herramientas del nuevo Servicio.
En la industria también tienen una visión positiva sobre este nuevo organismo estatal que depende del Ministerio de Agricultura. Antonio Minte, gerente general de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), señala: “Estamos convencidos que efectivamente la creación del Sernafor era una necesidad imperante para el desarrollo del sector forestal y esperábamos hace varios años que el proyecto de ley terminara su tramitación. Lo que tenemos actualmente es el resultado de varios intentos por crear una Conaf pública, que sea un servicio público, descentralizado y no sólo una corporación de derecho privado, que limitaba las funciones y el actuar de una entidad muy relevante para el sector forestal”
Añade que este Servicio estará focalizado en la legislación sectorial, “que regula tanto a los bosques plantados como nativos, aspecto que es de especial relevancia, desde el punto de vista productivo y ambiental. La legislación forestal tiene un fundamento productivo que es clave para las comunas con vocación silvícola, pero es también ambiental porque regula la forestación de suelos expuestos a la erosión y que no tienen otro uso posible”
Por su parte, Viviana Pincheira, líder de medio biótico en la consultora Jaime Illanes y Asociados, pone en relieve otros aspectos que, a su juicio,
Una tarea clave del Sernafor será impulsar el desarrollo sostenible de la industria forestal, lo cual se pretende lograr a través de varias líneas de acción: la promoción de buenas prácticas de manejo, la actualización de catastros de suelos con aptitud forestal y la emisión de informes técnicos vinculantes para planes de manejo sustentable.
Así lo destacan en la Conaf, donde también subrayan que este Servicio fomentará la innovación mediante colaboración en investigación y transferencia tecnológica, asegurando que el sector avance equilibrando productividad y conservación. De igual modo, “deberá mediante una nueva ley de fomento articular los diferentes actores, para promover la industria secundaria de la madera, promover la construcción en madera provenientes de plantaciones forestales y bosques nativos manejados”, resalta Rodrigo Illesca.
Esta última facultad también es relevada por Viviana Pincheira, ya que “permitirá gestionar de manera transversal y sostenible el desarrollo de la cadena productiva forestal, contribuyendo a la generación de empleos y, con ello, a la economía del país. Dicho lo anterior, será fundamental que se asegure alcanzar un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo productivo mediante su gestión”
En Corma, en tanto, la expectativa es que el Sernafor tenga un enfoque amplio en los distintos tipos de bosques del país, y que formule estrategias conjuntas para el desarrollo sostenible del sector forestal, agrupando visiones productivas, sociales y medioambientales. Antonio Minte detalla: “Específicamente, esperamos que se actualicen y promuevan estrategias e instrumentos de forestación renovados, que permitan reactivar regiones y localidades importantes de la macrozona sur, contribuyendo a la recuperación económica, la recuperación de los suelos y los compromisos ambientales asumidos por Chile, tanto en sus NDC (Contribución Nacional Determinada) como en alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, como establece la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455)”.
En Corma esperan que el Sernafor aporte instrumentos para mejorar el manejo del bosque nativo, señala Antonio Minte.
La asociación gremial, además, espera que con este nuevo Servicio “se establezcan instrumentos orientados a aumentar y mejorar el manejo de bosque nativo, ya que existen actualmente una serie de dificultades que obstaculizan su aprovechamiento, y se requieren varias modificaciones legales y reglamentarias”, sostiene el gerente general de la Corporación Chilena de la Madera.
Asimismo, en la asociación gremial consideran clave avanzar hacia una regulación más flexible y adaptativa, que distinga entre tipos de propietarios, escalas productivas y estados del bosque.
BOSQUE NATIVO Y FISCALIZACIÓN
Fortalecer la conservación del bosque nativo es otro objetivo al cual pretende aportar el Sernafor. Rodrigo Illesca destaca que para cumplir con eso el Servicio dispone de herramientas concretas como “la promoción de planes de ordenación forestal a una mayor escala de impacto ecológico para buscar cumplir los compromisos de Chile, como la Contribución Nacional Determinada (NDC); la fiscalización del cumplimiento de normativas como la Ley 20.283; y la coordinación de políticas para prevenir incendios forestales, una de las mayores amenazas para estos ecosistemas. Además, su rol en la generación de catastros actualizados y su colaboración con otros servicios públicos aseguran una gestión integrada y basada en datos”
El director ejecutivo de la Conaf también resalta que la puesta en marcha de este Servicio robustecerá la función fiscalizadora que ha cumplido hasta ahora la Corporación. Con la publicación en el Diario Oficial
Reforzar la prevención y respuesta ante incendios forestales será otra tarea clave del nuevo organismo.
de la Ley 21.744, “la fiscalización se establece como una función legal y central de este nuevo servicio. Esto es un cambio significativo, ya que anteriormente la labor de fiscalización forestal era de carácter nominativa y se distribuía entre diversas leyes sectoriales, como la Ley de Bosque Nativo o la Ley 19.561 que modificó el Decreto Ley N° 701, las cuales designaban a la Conaf para que ejerciera estas tareas”, expone.
Adicionalmente, la entrada en vigencia del Sernafor otorga a los funcionarios fiscalizadores la calidad de ministros de fe respecto a las infracciones que competen al Servicio. “Esto significa que los hechos registrados en las actas de fiscalización gozarán de una presunción legal de veracidad, un estatus que, antes de esta ley, solo aplicaba en el ámbito de la Ley de Bosque Nativo”, acota Illesca.
CONTROL DE INCENDIOS
Otro aporte crucial que se espera del Sernafor es que contribuya a reforzar la prevención y respuesta ante incendios forestales.
Al respecto, la autoridad de la Conaf sostiene que el nuevo Servicio podrá abordar los siniestros “con mayor eficacia gracias a facultades excepcionales, como acceder a predios y cauces de agua para controlar emergencias, contratar servicios de manera ágil durante crisis y coordinar acciones mediante un Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales. Además, su Plan Nacional para la Reducción del Riesgo –de cumplimiento obligatorio para actores públicos y privados– establecerá metas claras en prevención, mitigación y respuesta, integrando esfuerzos a nivel nacional”
Desde la Corma, en tanto, Antonio Minte plantea que las nuevas atribuciones que fortalecerán efectivamente el combate contra los incendios forestales son “fundamentalmente, las normas que establecen el trabajo conjunto a desarrollar entre Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) y Sernafor, que implican aspectos de coordinación y acciones relacionadas con la anticipación presupuestaria que requiere una emergencia estacional, cuya ocurrencia en muchos casos se puede anticipar”. Asimismo, enfatiza que es conveniente que en este tema se produzcan sinergías entre las instituciones estatales y el sector privado.
En sintonía con lo anterior, Viviana Pincheira cree que será importante la elaboración del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales y la coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para asegurar una respuesta efectiva y coordinada ante emergencias. “También será transcendental tener acceso inmediato a fuentes de agua y predios afectados sin contar con una autorización previa, lo que agilizará la respuesta ante incendios forestales. Por otro lado, los funcionarios del Sernafor tendrán la calidad de ministros de fe y podrán, gracias a ello, constatar infracciones y aplicar sanciones a quienes no cumplan con las normas de prevención y mitigación de incendios forestales”, apunta.
Asimismo, la representante de Jaime Illanes y Asociados enfatiza la importancia de la educación ambiental y la concientización sobre la protección de la vida humana, la fauna y los recursos forestales para afrontar esta problemática que en los últimos años han ocasionado daños irreparables, incluyendo la pérdida de la vidas humanas y recursos naturales.
Más allá de las atribuciones entregadas al nuevo Servicio en esta materia, desde la Conaf comentan que seguirán impulsando el proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, que se encuentra en el Congreso, para contar con una normativa que refuerce aún más la prevención, en especial en las zonas de interfaz urbano rural. Por el contrario, en la Corma consideran que esa iniciativa es “un mal proyecto” ya que “no resuelve y no se hace cargo de los principales factores que podrían contribuir a prevenir los incendios forestales”, dice
Foto: Corma
El Sernafor estará muy vinculado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y será importante que defina bien sus atribuciones en esta área y trabajen en conjunto para fomentar un uso sustentable de los recursos forestales, señalan desde Corma.
Antonio Minte. En particular señala que hay aspectos relevantes que no aborda, como la intencionalidad en la generación de los siniestros, respecto a lo cual en la Corporación Chilena de la Madera piden que “se consideren nuevas atribuciones a las policías que les permitan investigar no solo post incendios, sino herramientas intrusivas preventivas”. También critica la carencia de normas que establezcan un despliegue climático preventivo, frente a lo cual solicitan que la acción de Carabineros pueda ser reforzada con el actuar de las demás Fuerzas Armadas en días de condiciones climáticas extremas. “Tampoco entrega facultades investigativas a las autoridades judiciales, que permitan conducir investigaciones que terminen en condenas efectivas”, advierte.
EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS
Actualmente, el Servicio Nacional Forestal está en pleno proceso de implementación. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿cuáles serán los principales desafíos para cumplir con las expectativas cifradas en su funcionamiento?
Rodrigo Illesca responde: “Los mayores retos incluyen gestionar una transición eficiente desde la Conaf, implementar instrumentos clave (como el catálogo de especies), como también el catastro de arborización, en plazos acotados y coordinar múltiples actores para alinear metas de conservación, que significa el uso y la protección de los recursos vegetales. Además, deberá asegurar recursos suficientes para cubrir sus amplias competencias, especialmente en prevención de incendios, donde la escalada de riesgos climáticos demanda acciones urgentes y financiamiento sostenido”. Luego, el director ejecutivo de la Conaf sentencia: “Estamos muy convencidos que el Servicio Nacional Forestal permitirá la modernización del sector forestal, potenciando el fomento, el manejo y regulación del uso sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país”. Por su parte, Antonio Minte recuerda que aún se requiere crear una
serie de reglamentos y protocolos que orientarán el funcionamiento del nuevo Servicio y que, históricamente, la Corma ha trabajado de manera estrecha con las diversas áreas de la Conaf. “Esperamos que este trabajo conjunto se mantenga y mejore con el Sernafor, para potenciar esfuerzos público-privado, en un sector esencial para la sustentabilidad y bioeconomía de Chile”, acota.
Agrega que para cumplir con las expectativas hay desafíos importantes y requieren, sobre todo, de una buena articulación entre el sector privado, la academia y el sector público vinculado a estas temáticas. De igual modo, plantea que “es fundamental que el Servicio mejore la coordinación interna entre las áreas de fomento y fiscalización, y entre oficinas regionales y provinciales, reduciendo tiempos de respuesta, y entregando certezas técnicas”. Y que otro reto relevante será “contar con una institucionalidad forestal que promueva y ponga en valor un sector productivo fundamental para la economía del centro sur del país y para mitigar los efectos del cambio climático”.
Además, recuerda que el Sernafor estará fuertemente vinculado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que “será importante que defina claramente sus atribuciones en estos ámbitos y que exista un trabajo conjunto, fomentando un uso sustentable que considere lo económico, lo social y lo medioambiental”
Este último aspecto también es puesto en relieve por Viviana Pincheira, quien concluye: “Es primordial que este nuevo Servicio tenga una relación de coordinación y cooperación con todos los servicios dependientes del Estado con énfasis en la protección del medio ambiente, pero en especial con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para lograr una gestión adecuada de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, tal como lo indica la Ley N° 21.600, donde se establece que el SBAP deberá trabajar juntamente con el Sernafor, para asegurar una adecuada coordinación en la elaboración e implementación de planes de manejo de ecosistemas amenazados y planes de restauración ecológica”.
Foto: Corma
EL SELLO CANADIENSE
Numerosas empresas de ese origen aportan soluciones ambientales y energéticas a nuestro país con un denominador común: la innovación.
Posee más de la mitad de los lagos del mundo, sobre 50 mil islas y es el segundo país en extensión territorial. Características que hacen único a Canadá, que desde hace décadas prioriza su gestión ambiental con iniciativas tanto públicas como privadas. De hecho, por ejemplo, actualmente ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Innovación en Tecnologías Limpias y, desde el 1 de enero de 2025, su provincia más poblada, Ontario, prohíbe enviar desechos orgánicos a vertederos o incineradores en virtud de la Ley de Protección Ambiental.
Pese a los más de 8 mil kilómetros que separan a Canadá de Chile, ambos países mantienen una sólida cooperación ambiental que se remonta a febrero de 1997, cuando, como parte de un tratado de libre comercio, suscribieron un acuerdo en este ámbito.
En específico, comparten una visión común sobre la urgencia climática. “Esta afinidad ha fortalecido la cooperación bilateral en sustentabilidad, no solo a nivel empresarial, sino también académico y gubernamental”, afirma Verónica Guzmán, gerenta general de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio.
IMPRONTA INNOVADORA
De las decenas de empresas canadienses con operaciones en Chile, un porcentaje importante ofrece tecnologías, productos y servicios para los sectores de medio ambiente y energía.
La ejecutiva de la Cámara destaca que este grupo de proveedores se caracteriza por ofrecer soluciones innovadoras. “Han desarrollado ampliamente tecnologías ‘cleantech’, enfocadas en industrias como la minería y energía, en áreas relacionadas a la desalación de agua, transición energética en las operaciones, gestión de residuos industriales, monitoreo ambiental, captura de carbono,
El aporte de EBI Chile
EBI Chile ha contribuido activamente a modernizar la gestión de residuos en Chile, tanto industriales como domiciliarios, integrando nuevas tecnologías en cada una de sus operaciones.
Su gerente general, José Luis Navajas, detalla: “Un ejemplo concreto es la implementación de sistemas de generación de biogás, que permiten capturar y valorizar los gases que se producen por la descomposición de residuos, transformándolos en energía limpia. Además, hemos desarrollado plataformas de trazabilidad y monitoreo ambiental para controlar en tiempo real las variables críticas de nuestras operaciones, garantizando un manejo seguro y sostenible. Estos avances elevan los estándares de la industria y refuerzan nuestro compromiso con las comunidades y con la reducción de la huella ambiental del país”
Sostiene, además, que el origen canadiense de la empresa es parte esencial de su ADN, toda vez que este país “es un referente mundial en sostenibilidad y gestión responsable de residuos, y ese enfoque lo hemos trasladado con convicción a Chile. Desde el inicio, hemos promovido estándares ambientales exigentes, relaciones transparentes con las comunidades y una visión a largo plazo en nuestras inversiones. La cultura canadiense nos inspira a actuar con rigurosidad técnica, pero también con sensibilidad social, fomentando una economía circular real y efectiva en los territorios donde operamos”
José Luis Navajas apunta a “consolidar en Chile el desarrollo de centros integrales de gestión de residuos para abordar de forma global e innovadora el ciclo completo de los residuos. Estamos impulsando un modelo que combina la recolección diferenciada, separación, valorización de envases y embalajes, compostaje de residuos orgánicos y generación de energía a partir de biogás”
A nivel país, EBI Chile pretende ser un aliado estratégico para avanzar hacia una economía circular efectiva, con estándares exigentes y soluciones concretas, abarcando desde los residuos domiciliarios hasta los industriales peligrosos y no peligrosos.
José Luis Navajas
la implementación de sistemas de generación de biogás por parte de EBI Chile.
reducción de emisiones y digitalización de procesos ambientales. Estas soluciones tienden a adaptarse a distintos entornos geográficos, por lo que son altamente valoradas”, señala.
Valora, asimismo, el compromiso con la sostenibilidad y enfoque colaborativo de estas empresas, lo que se traduce en la aplicación de buenas prácticas en materia de relacionamiento con los pueblos originarios y comunidades, gobiernos corporativos transparentes, inclusión y equidad, principalmente.
En el área de los servicios energéticos, incluyendo la distribución y transmisión, resalta el trabajo desplegado en Chile por el Grupo Saesa,
40.000 Millones de dólares, aproximadamente, es la inversión directa actual de Canadá en Chile. Beneficia a sectores e industrias como minería, energía, infraestructura, servicios sanitarios y financieros, acuícola, ingeniería y construcción.
Transelec e Innergex, entre otras compañías, que, “a través de plantas eólicas o solares, o sistemas de baterías BESS, contribuyen a la transición energética del país”, indica Verónica Guzmán. En la minería, releva la gestión de empresas como Teck, Kinross, Capstone Copper, Barrick, Pan American Silver, Lundin Mining, Fenix Gold, Los Andes Copper y Minera Valle Central, que han implementado diferentes tecnologías para tener operaciones más sustentables. “Por ejemplo, apuestan por la eficiencia energética en sus faenas, por el uso de agua de mar desalinizada, y por el monitoreo operacional y ambiental remoto, reduciendo así emisiones y cuidando la vida de sus
colaboradores”, asegura.
Añade que otras empresas canadienses de ingeniería en Chile, como Hatch y WSP, ofrecen consultoría y soluciones sustentables, provenientes de su país de origen, en sus proyectos a nivel nacional. Otro caso destacado es el del Grupo EBI Chile, que se encarga de la gestión de residuos a nivel domiciliario e industrial, desde su recolección hasta su valorización (ver recuadro).
También pone de relieve a Oneka Technologies, que implementó una tecnología de desalinización, impulsada por la energía de las olas, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, aportando una solución de agua potable sostenible sin depender de combustibles fósiles.
INTERCAMBIO VALIOSO
Verónica Guzmán cuenta que la Cámara impulsa diversas iniciativas que contribuyen a intercambiar prácticas y políticas con Chile en materia de sustentabilidad. “Esto, a través de relacionamiento con gremios, centros de innovación y organismos públicos y privados, tanto chilenos como canadienses”, precisa.
En concreto, por cuatro años consecutivos, ha organizado junto a Endeavor y AndesMets una misión empresarial a la feria de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, en Toronto, con participación de compañías chilenas que brindan soluciones innovadoras para la minería y que buscan ampliar sus negocios a mercados como el canadiense. “La instancia permite intercambiar experiencias, aprendizajes y conocer tecnología en diferentes áreas, incluyendo la de sostenibilidad”, acota.
La entidad también apoya fuertemente la Red Eureka, liderada por CORFO en Chile y el National Research Council de Canadá, cuyo objetivo es conectar a empresas de ambos países para impulsar de manera colaborativa la investigación, el desarrollo y la innovación.
resalta
Chile y Canadá “comparten una visión común sobre la urgencia climática”, plantea Verónica Guzmán.
Tres importantes encuentros internacionales, que abordarán tópicos de medio ambiente, energía y sustentabilidad, se realizarán próximamente en Chile. A continuación, el detalle de estos y otros eventos en la materia.
Congreso RedLAC
Con Chile como país anfitrión, el Congreso de Fondos Ambientales RedLAC 2025, bajo la organización del Fondo Naturaleza Chile y RedLAC, ultima los preparativos para su desarrollo entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Contempla actividades en Santiago, Frutillar y Puerto Varas, estas últimas ciudades de la región de Los Lagos. Promete ser un encuentro de alto nivel que reunirá a actores clave de los sectores financiero, privado y público, además de representantes de comunidades y pueblos originarios comprometidos con la conservación y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Más antecedentes en https://redlac.org/
XXVI Congreso Chileno de AIDIS
Bajo el lema “Sostenibilidad, Innovación y Resiliencia”, entre el 3 y 5 de noviembre próximos se efectuará la XXVI edición del Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. El lugar elegido es el hotel Ritz Carlton de Las Condes, en Santiago, donde también se realizará una exposición (ExpoAidis). Los temas que se abordarán son recursos hídricos, agua potable, aguas servidas, residuos líquidos y sólidos, gestión de servicios sanitarios, cambio climático y gestión de riesgos de desastres, gestión ambiental pública y privada. Su sitio web es www.aidis.cl
XV Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo
La Serena será el epicentro, entre el 27 y 30 de octubre, de este encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Su objetivo es fortalecer y difundir el conocimiento de todas las ramas de la ciencia del suelo, a través de investigaciones de vanguardia, en relación con la producción silvoagropecuaria y el medio ambiente. Por eso, será un punto de encuentro de profesionales, académicos, investigadores y estudiantes de pre y postgrado comprometidos con este tema. Información adicional en: https://laplatina.inia. cl/schcs2025/
X Semana de la Energía
De alto nivel se vislumbra este evento que congregará a ministras y ministros de los 27 países miembros de la Organización Latinoamericana de Energía, además de líderes, expertos y tomadores de decisiones del sector público y privado. Entre el 30 de septiembre y 3 de octubre, en Santiago, se debatirá sobre el futuro energético de la región respecto a tópicos clave como estrategias integrales para la descarbonización, trazabilidad de energéticos de bajas emisiones, tecnologías emergentes para la reducción de emisiones, el rol de los consumidores y el mercado en la transición energética, y transformación sostenible del sector de petróleo y gas. Preinscripción en: www.olade.org
Cumbre Mundial de Lácteos 2025
En Chile se realizará, por primera vez, la Cumbre Mundial de Lácteos, uno de los encuentros más importantes del sector que en 2025 está agendado entre el 20 y 23 de octubre en el hotel InterContinental de Santiago. El evento permitirá visibilizar el trabajo conjunto entre productores, industria, academia, servicios públicos y consumidores en torno al desarrollo de una lechería sostenible. Abordará cuatro ejes principales: sistemas alimentarios sostenibles, inteligencia artificial, seguridad alimentaria y cambio climático (mitigación y adaptación). Detalles en https://www.idfwds2025.com/es/
María José Bravo Morales
Rigor técnico, capacidad analítica para integrar múltiples variables en el estudio de impactos odorantes, y constante preocupación por la precisión en la determinación de parámetros y valores normativos. Esos tres atributos resaltan en el desempeño laboral de María José Bravo.
Ingeniero Civil en Geografía, se ha especializado en gestión de la calidad del aire, con énfasis en emisiones y olores industriales. De hecho, desde 2012 se dedica a la gestión ambiental de instalaciones de alto impacto por emisión de olores, diseñando y ejecutando, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, planes de gestión odorante y evaluaciones de eficiencia de sistemas de remoción de olores. “He trabajado con un amplio abanico de sectores, como celulosas, refinerías, pesqueras, plantas de tratamiento de aguas servidas, rellenos sanitarios, rendering, agroindustrias y plantas de alimentos”, detalla.
En los últimos 11 años, específicamente, se ha centrado en las emisiones odorantes de la crianza intensiva de cerdos y aves, realizando muestreos y análisis olfatométricos conforme a las normas chilenas en la materia y a referencias internacionales.
Como Jefa de Proyectos Ambientales del Laboratorio Salimax, dirige y supervisa el trabajo de los equipos de terreno y muestreo y del laboratorio de olfatometría. “Debo asegurar que cada proyecto cumpla con los objetivos técnicos y con los requisitos de las normas de referencia (incluida la acreditación ISO 17025 del laboratorio), promoviendo buenas prácticas de muestreo, análisis y gestión de datos”, asegura.
¿Desafíos? Fortalecer la línea de investigación de Salimax mediante la publicación de artículos técnicos sobre el impacto de los olores en la industria alimentaria y el desarrollo de tecnologías que complementen el muestreo y la olfatometría convencional. Y profundizar en el estudio de los gases precursores de olores para diseñar estrategias de mitigación basadas en la identificación y control de los compuestos causantes.
“También estamos trabajando en la expansión de nuestros servicios hacia distintos países de Sudamérica para contribuir de manera activa al fortalecimiento y generación de normativas odorantes en la región”, comenta.
Javier Fuentes Christie
Trabajar por la sostenibilidad con foco en la eficiencia operativa es algo que bien sabe hacer Javier Fuentes, gerente general de la corporación ReSimple, primer sistema de gestión para el reciclaje de envases y embalajes.
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, en su actual responsabilidad le corresponde articular iniciativas, definir estrategias, coordinar un gran equipo de trabajo y realizar seguimiento de resultados e impacto de manera continua para reforzar e implementar mejoras.
“El foco es poder llevar el reciclaje a una implementación exitosa y armónica en el territorio nacional. Hoy, ReSimple cuenta con 1.117 socios y 125 convenios con municipios, realizando recolección domiciliaria en 44 comunas. Y en materia de soluciones de reciclaje ya hemos implementado 40 instalaciones de recepción y almacenamiento, 2.410 campanas para la gestión de vidrios y una cobertura logística que impacta a 1,45 millones de hogares en el país”, destaca.
Más allá de los buenos resultados, Javier Fuentes sostiene que un desafío permanente es la coordinación y la evaluación constante de múltiples equipos de trabajo para lograr resultados operativos, legales y comunicacionales que aporten al cumplimiento de lo que mandata la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). “Y también ayudar a instalar y fortalecer una cultura del reciclaje en la ciudadanía. Un objetivo clave es que las personas tengan la conciencia para comprender la problemática de la contaminación, conocer las ventajas de reciclar, dimensionar su aporte, motivarse, aprender y poner en práctica la costumbre del reciclaje”, afirma.
En términos personales, se asume muy metódico y analítico. “Además, me gustan mucho los datos y con esa base armar estrategias que puedan tener un alto impacto en los objetivos planteados. Bajo esta misma lógica, tengo una gran facilidad para articular y guiar equipos de trabajo multidisciplinarios”, resalta.
Como señala la Guía de Relacionamiento Comunitario de Acción Empresas, este proceso de interacción entre titulares de proyectos de inversión y comunidades ha pasado de ser algo accesorio a ser un factor muy necesario y estratégico. Y que ha evolucionado en las últimas dos décadas desde un enfoque reactivo, ante el surgimiento de conflictos, a uno más bien proactivo y preventivo por parte de las empresas. “En muchos casos se ha transitado desde lógicas asistencialistas hacia un enfoque de construcción de valor compartido”, destaca el documento. Este tema, junto al de los proyectos sustentables, nutren el primer segmento de la presente edición y también las primeras preguntas de esta sección. Antes de ponerlo en aprietos, le recordamos el sistema de puntaje: 7 correctas lo encumbran al sitial más alto del podio de los sabiondos ambientales; con 6 o 5 aciertos puede sentirse orgulloso de lo que sabe; con 4 puntos es mejor que no se confíe ni se achaque; y con 3 o menos buenas debe urgentemente ponerse a estudiar. Ahora, lea con atención y demuestre su conocimiento:
1. ¿Qué temas son los que más preocupan a las comunidades en los procesos de participación ciudadana de proyectos solares fotovoltaicos?
2. Según la reforma al reglamento del SEIA, ¿qué proyectos de plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) deberán someterse a este instrumento?
3. ¿Qué es la participación ciudadana temprana?
4. ¿Qué porcentaje del agua producida en Chile no se factura?
5. Mencione al menos tres maquinarias y/o equipos especializados que se utilizan en la excavación y remoción de suelos contaminados.
6. ¿Qué se entiende por estadillo de roca?
7. De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cuántos sitios con potencial presencia de contaminantes hay en Chile?
Solución en página 94
Ratifican proyecto de remediación ambiental de Las Salinas
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó por unanimidad las cinco reclamaciones que buscaban anular la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas”, en la región de Valparaíso. Tras analizar toda la información disponible y luego de inspeccionar en terreno la zona, concluyó que tanto el Comité de Ministros como el Servicio de Evaluación Ambiental realizaron un adecuado proceso de evaluación.
En relación con los cuestionamientos a la metodología de remediación propuesta para el saneamiento del lugar, la sentencia acreditó que “las técnicas de biorremediación seleccionadas (bioaumentación-bioestimulación y biorremediación mejorada) son apropiadas en consideración a la caracterización del sitio, los mecanismos de transporte de los contaminantes allí presentes, el modelo conceptual diseñado que da cuenta de las fuentes, vías de exposición completas, y receptores; y la evaluación de riesgo en función del uso de suelo residencial que determinó los valores objetivo de remediación para los contaminantes orgánicos persistentes”
Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas, indicó que “este fallo unánime entrega tranquilidad y certeza a la comunidad. Confirma que el proyecto de remediación se está ejecutando con los más altos estándares, bajo supervisión y fiscalización permanente y con estricto cumplimiento de las exigencias técnicas y ambientales”
EBI Chile anuncia nuevos gerentes de negocios
En el marco de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento organizacional, EBI Chile anunció la incorporación de Ernesto Ly como gerente de Negocio Industrial y Minería, y de Alejandro Keller como gerente de Negocio Tratamiento y Energía. Ly es ingeniero civil y cuenta con una destacada trayectoria en la dirección de empresas, desarrollo de negocios y liderazgo de equipos en sectores industriales y mineros, mientras que Keller es ingeniero constructor y posee amplia experiencia en proyectos de energía renovable y gestión de residuos.
WEG Chile presentó su portafolio de productos y servicios
En un concurrido seminario realizado en el Hotel Antofagasta de la misma ciudad, el equipo de expertos de WEG Chile presentó las líneas de productos y servicios que ha diseñado para maximizar la eficiencia en cada operación: desde reductores, motores y sistemas de energía y sus servicios, hasta soluciones en media tensión, salas eléctricas y servicios especializados.
El evento fue una instancia para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y construir alianzas entre los especialistas de WEG y representantes de sus clientes y otras empresas.
Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?
1. Los temas relacionados con ecosistemas y biodiversidad, salud y calidad de vida, economía local y empleo.
2. Aquellas PTAS que atiendan a 5.000 habitantes o más, el doble del mínimo actual.
3. Corresponde al involucramiento activo de la ciudadanía en las etapas iniciales de la elaboración de un proyecto o actividad antes que sea sometido al SEIA.
4. Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las pérdidas de agua en redes de distribución de las empresas sanitarias chilenas, medidas como agua no facturada, se estiman en torno al 32,2% del agua producida.
5. Cargadores frontales, retroexcavadoras, bulldozers, motoniveladoras, camiones tolva y compactadores, entre otras.
6. Es un fenómeno geomecánico que ocurre cuando los esfuerzos acumulados en el macizo rocoso superan su resistencia. La liberación súbita de energía provoca fracturamientos violentos y proyecciones que comprometen la estabilidad de las labores subterráneas.
7. Un total de 9.271, de los cuales un 40% se atribuye directamente a la actividad minera.
Aguas Andinas pide agilizar obras ante crisis climática
En el marco de la 5ª versión de Expo Agua, el encuentro de seguridad hídrica más importante del país, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, hizo un llamado urgente a ajustar los plazos actuales de ejecución de obras, haciéndolos compatibles con la rapidez con que avanza la crisis climática. La empresa busca así fortalecer la resiliencia de la Región Metropolitana ante los desafíos de la escasez hídrica y los eventos climáticos extremos, garantizando el suministro de agua potable para la ciudad.
El evento tuvo más de 4 mil asistentes y cerca de un centenar de expositores, presentando unas 200 soluciones innovadoras para la gestión hídrica, más de 30 charlas, talleres y el XVIII Foro de la Economía del Agua.
Línea Kimal-Lo Aguirre presentó adenda complementaria de EIA
Conexión Kimal-Lo Aguirre presentó al Servicio de Evaluación Ambiental la adenda complementaria del estudio de impacto ambiental del proyecto, en el marco del proceso de tramitación del principal permiso para iniciar su construcción. Esta será la primera línea HVDC que se implemente en Chile, con una extensión de 1.346 kilómetros entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. Considera una inversión referencial de USD 1.480 millones, la instalación de 2.692 torres, un trazado que cruza 28 comunas del país y una capacidad de transporte de hasta 3.000 MW.
Santander Chile avanza en su plan de electromovilidad
En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono de sus operaciones, Santander Chile renovó su flota de vehículos, incorporando 83 autos eléctricos e híbridos que permitirán una disminución estimada de 188.756 kg de emisiones de CO2e al año. Esta iniciativa fue posible gracias a una alianza con BYD y Astara, líderes en electromovilidad, y Copec Voltex, que instalará 25 puntos de carga en diferentes sucursales del banco a lo largo del país, las cuales se sumarán a los 24 ya existentes en la red de sucursales y en edificios centrales de Santander.
ENAP: premios por proyectos de H2v y diésel renovable
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue premiada por el desarrollo de iniciativas emblemáticas en el marco de la transición energética: la planta de hidrógeno verde (H2v) que instalará en Magallanes y la producción de Diésel Renovable Enap que lanzó en enero de este año. El primer reconocimiento lo recibió en el congreso de energía renovable Renmad Chile, mientras que la segunda distinción le fue otorgada, en la categoría Ambiental-Energía y Cambio Climático, por el Ranking de Sostenibilidad Empresarial, a cargo de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca.
AES Andes inicia construcción de 1.325 MW renovables
AES Andes anunció el inicio de la construcción de dos nuevos proyectos de generación renovable, que suman 1.325 MW, con sistemas de almacenamiento en la Región de Antofagasta. Se trata de los proyectos Pampas y Cristales. El primero cuenta con un parque eólico con una capacidad instalada de 128 MW y un parque solar fotovoltaico de 229 MW, sumando un sistema de almacenamiento de energía en base a baterías de 340 MW. Y el segundo contempla un parque fotovoltaico de 288 MW y un sistema de almacenamiento por 340 MW. La inversión total supera los $1.100 millones de dólares.
Metrogas amplía planta de regasificación
Tras más de ocho meses de trabajos, Metrogas inauguró hace unas semanas la ampliación de su planta satélite de regasificación en Puerto Varas. El nuevo diseño de la instalación –que consideró una inversión superior a $800 millones– extiende significativamente su capacidad operativa y de producción, en línea con el crecimiento demográfico y la expansión de la actividad industrial y turística en la ciudad, que ha generado un incremento progresivo en el uso de gas natural. Hoy, la red de clientes de la empresa en esta urbe incluye residencias, comercios, colegios, clínicas e instituciones municipales.
Apueban EIA de proyecto de adecuación de minera Caserones
Lundin Mining obtuvo la aprobación del estudio de impacto ambiental de su proyecto “Adecuación Operacional Faena Minera Caserones”, ingresado en mayo de 2020, que regulariza un conjunto de modificaciones requeridas para el funcionamiento de la instalación minera, manteniendo la producción y vida útil actualmente aprobadas. De esta forma, la empresa puede seguir avanzando en sus planes de expansión en Chile, donde sus operaciones en la Región de Atacama, Candelaria y Caserones, juegan un rol estratégico para la firma.
Aguas Andinas www.aguasandinas.cl Tapa 2
ALS www.alsglobal.com/es/ 52
Ambiental y Sectorial www.ambientalysectorial.cl 42
