Revista InduAmbiente n° 180

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD.

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PROBLEMAS DE DISPOSICIÓN

Con un panorama general de los sitios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios abrimos este Especial, que también aborda temas como los avances de la Ley REP y el reciclaje de plumavit.

9 a 36

ACTUALIDAD

MEGAINCENDIOS

BAJO LA LUPA

Investigadores se refieren a cómo prevenir o minimizar la ocurrencia de incendios forestales extremos y sobre cuánto influyen las plantaciones en su propagación.

38 a

41

ESPECIAL ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS INSTITUCIONALIDAD

MEJORAS PARA EVALUAR

En el contexto del segundo rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, especialistas de distintos ámbitos hacen sus propuestas para mejorar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión.

42 a 45

ELECTROMOVILIDAD

¿CÓMO ESTAMOS

PARA LA RECARGA?

Revisamos los avances y principales desafíos para ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile, un aspecto clave para el desarrollo de la electromovilidad.

48 a 52

OLOR PORCINO BAJO CONTROL

Considerando las exigencias de la norma que acaba de entrar en vigencia, detallamos algunas soluciones técnicas para controlar las emisiones de olor en los planteles de cerdos.

54 a 56

MINERÍA SUSTENTABLE

LOS DESAFÍOS DEL LITIO

Conozca las principales brechas tecnológicas que debe superar la industria de este metal, sobre todo desde las perspectivas ambiental y social, para lograr una producción más sustentable.

60 a 62

INFORME TÉCNICO

ASESORÍA EN LÍNEA

Artículos sobre la evaluación ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y la formación en materia de cambio climático, dan forma a este apartado dedicado a la consultoría y capacitación.

63 a 77

INTERNACIONAL

EL RETO ELECTRÓNICO

Crece la urgencia en el mundo por mejorar la gestión e incrementar el reciclaje de los residuos electrónicos y eléctricos, que aumentan de manera exponencial. ¿Qué ocurre en América Latina?

78 a 80

PORTADA

Es sublime el riachuelo que tranquilo avanza Viene de tan serena y portentosa montaña Las rocas se contagian con su emoción y calma ¡Algún misterio enmaraña!

Mientras el cauce fluye y fluye a su gana Infinitos árboles lo saludan altivos El cielo y las nubes se suman sin maña Adiós riachuelo, aquí seguiremos vivos

SECCIONES

Editorial 7

Energía 58-59

Cambio climático 82

En Pocas Líneas 84

Seguridad ocupacional 86-87

Bitácora 88-89

Agenda 90

Quién es Quién 91

Entretención 92

Pulso Empresarial 92-95

Cultura 96

COLUMNISTAS:

Javier Ramírez 28

Marisol Garrido 33

Hernán Durán 36

Flavia Liberona 46

Martín Becker 53

Sebastián Videla 57

María Isabel Manzur 65

Miguel Ángel Astudillo 69

Felipe Larraín 73

Claudia Razeto 83

Intenciones y Acciones

Los megaincendios forestales que han azotado a la zona centro sur del país este verano vuelven a poner en la agenda pública una serie de temas muy relevantes sobre los cuales es necesario reflexionar para luego tomar decisiones y adoptar acciones de manera urgente y prioritaria.

Buena parte, por cierto, tiene que ver con las causas de los siniestros que, de acuerdo a los datos entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre el 1 de julio de 2022 y el 22 de febrero de 2023 habían arrasado más de 458 mil hectáreas de bosques, ecosistemas y suelos, y provocado el lamentable fallecimiento de 25 personas además de miles de heridos y damnificados. Los especialistas en estas materias coinciden en señalar que en el 99% de los casos, el origen de los incendios forestales está asociado a la acción humana, ya sea negligente o intencional. Las cifras en torno a la intencionalidad son variadas y durante los últimos días han causado controversia: mientras la Conaf ha informado que el 24% de los incendios investigados a nivel nacional durante este periodo han sido generados de manera dolosa y que ese porcentaje se eleva a un 42% en La Araucanía y a un 37% en el Biobío, desde la Corporación Chilena de la Madera han sostenido que sería de un 60% y 70% respectivamente en dichas regiones y que, incluso, alcanzaría un 90% en algunas comunas.

Más allá de estas diferencias y de los motivos que puede haber detrás los incendios intencionales (conflictos territoriales, ociosidad u otros), lo relevante es concentrar los esfuerzos en realizar investigaciones policiales y judiciales rigurosas, con la mayor celeridad posible para aclarar los hechos y aplicar las sanciones debidas. Realizar acusaciones sin base y tratar de sacar provecho político –cualquiera sea la tendencia– frente a estas situaciones no es el camino adecuado.

Tan importante como eso, además, es fortalecer las acciones para evitar las negligencias que en diversas ocasiones provocan incendios. En ese sentido, se debiera reforzar, por ejemplo, la prohibición y fiscalización de las quemas agrícolas, como también la mantención permanente y adecuada de las fajas libres de vegetación en las zonas que ocupan los tendidos de transmisión eléctrica, por parte de las empresas propietarias o encargadas de esta infraestructura.

Las investigaciones sobre los incendios forestales también concuerdan en que son múltiples los factores que inciden en su desarrollo y expansión, partiendo por condiciones climáticas como la velocidad del viento, la poca humedad y las olas de calor extremo que son cada vez más frecuentes a raíz del calentamiento global. Acelerar y profundizar los esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático es, entonces, parte de la tarea, más aún cuando cada vez que se quema un bosque se pierden importantes sumideros naturales de carbono y se libera una cantidad relevante de contaminantes atmosféricos.

En línea con eso, se requiere que en el sector público y privado se redoblen las acciones y los recursos para enfrentar y, sobre todo, prevenir la ocurrencia de los incendios. Esto implica, por ejemplo, que las empresas forestales potencien la silvicultura preventiva que básicamente apunta a gestionar los elementos combustibles que hay en los bosques y en sus alrededores, aplicando distintas técnicas de ordenación y manejo forestal –como las fajas cortafuego, corta combustible y libres de vegetación– para minimizar la vulnerabilidad ante estos eventos y reducir sus eventuales impactos. Al respecto, se requiere trabajar en una política pública que lo fomente y crear mecanismos de financiamiento que permitan a los pequeños y medianos propietarios forestales y agrícolas asumir esta tarea.

En este escenario, también es menester generar regulaciones para que las empresas forestales, sobre todo de mayor tamaño, ejecuten sus actividades considerando los efectos que producen en su entorno natural. En ese sentido, parece del todo pertinente debatir con urgencia proyectos de ley como el que busca que las iniciativas de desarrollo o explotación forestal se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se presentó en 2018 y sigue en su primer trámite en el Senado.

Esas y otras ideas debieran ser parte de la discusión del “nuevo trato” con el mundo forestal que se tiene que dar una vez que se controlen las emergencias. Su avance –como siempre– dependerá en gran medida de las voluntades e intenciones públicas y privadas. Es de esperar que sean las mejores.

ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Aunque más lento de lo que se quisiera, nuestro país avanza en la gestión de residuos y la aplicación del modelo de economía circular. Artículos sobre la disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor y el reciclaje de plumavit así lo demuestran.

PROBLEMAS DE DISPOSICIÓN

Si bien un 80% de los sitios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios tiene permisos ambientales o sanitarios, hay zonas con serias carencias y se vislumbra un futuro complejo. Conozca el panorama, región por región, las problemáticas y posibles soluciones.

Para récord Guinness: la Municipalidad de Ancud envía, desde el año 2021, los residuos sólidos domiciliarios (RSD) de sus habitantes hasta el relleno sanitario Laguna Verde de Los Ángeles, con un recorrido de ¡618 kilómetros!

¿El problema? La provincia de Chiloé, de la que forma parte, carece de rellenos sanitarios y la mayoría de sus vertederos están colapsados y debieron haber cerrado hace años.

Aunque es una realidad extrema que no se repite en otra parte de Chile, varias regiones no tienen hoy –o no la tendrán en el corto plazo– la capacidad instalada suficiente ni con un estándar adecuado

para disponer el total de RSD que generan, y que no reciclan, por lo que deben llevarlos a otras zonas del país.

AMPLIA COBERTURA

El Programa Nacional de Residuos Sólidos, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), tiene como objetivo central aumentar el porcentaje de desechos domiciliarios con disposición final en instalaciones sanitarias y ambientalmente adecuadas. ¿Cuál es el panorama al respecto? “Actualmente nuestro país cuenta con más del 80% de

cobertura en cuanto a sitios que tienen su calificación ambiental o resolución sanitaria. Sin embargo, y a la luz de la corta vida útil que les queda a algunos, nos preocupa que esta realidad pueda cambiar y nos presente escenarios de crisis sanitarias”, advierten en dicho organismo.

Desde otra vereda, Marcel Szantó, profesor del Instituto de Geografía y director del Grupo de Investigación de Residuos Sólidos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), recuerda que la función del relleno sanitario es el confinamiento de los residuos para evitar los efectos adversos que se podrían producir por la aparición de enfermedades o vectores sanitarios que las propagan desde sitios con manejo inadecuado. “Desde esta perspectiva, ese objetivo se cumple en la mayoría de las instalaciones en Chile. No obstante, existen problemáticas operacionales en los rellenos que están asociadas a la aplicación del reglamento que los rige o de normas de emisiones de aguas, olores o ruidos. En su gran mayoría tienen o han tenido procesos de sanción por incumplimientos sanitarios o ambientales, los cuales están asociados a olores, incendios, deslizamientos y mal manejo de lixiviados”, revela.

El doctor e ingeniero en caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España) ahonda en su diagnóstico: “En base a los análisis que hemos podido realizar, en las comunas que operan con rellenos sanitarios la situación está relativamente controlada. En cambio, donde hay vertederos y/o basurales se producen contingencias permanentes”

No obstante, citando un estudio que lideró en la PUCV hace un tiempo, Szantó asegura que hoy se estaría pagando a los operadores de rellenos apenas el 60% de la tarifa mínima necesaria calculada, “lo que explicaría los incumplimientos que se repiten de un relleno a otro, la mayoría de los cuales se vincula con la gestión de los lixiviados, que es una de las actividades más costosas”.

FALENCIAS Y SOLUCIONES

En relación a las brechas o falencias que impiden una mejor gestión en este ámbito, en la Subdere apuntan, sobre todo, “a la falta de planes

estratégicos en materia de residuos a nivel regional, por lo que escasamente existen a nivel local”. Además, constatan una capacidad instalada insuficiente de rellenos y creen fundamental contar con equipos de profesionales altamente calificados para evaluar cada situación en las regiones. “Se requiere mayor fiscalización por parte de las instituciones responsables. La Subdere ha definido aportar con la orgánica local visibilizando las labores y responsabilidades de los actores competentes, y ha entregado recursos para contratar asistencias técnicas especializadas para distribuirla en los territorios y colaborar con los municipios más rezagados”, añaden.

En visión de Szantó, los organismos técnicos encargados de fiscalizar realizan su labor de la mejor forma posible y la normativa existe, sin embargo, ésta no se aplica de forma estricta. Ejemplifica: “En 2008 se promulgó el Decreto Supremo 189, referido al ‘Reglamento de Rellenos Sanitarios’, y a partir de esa fecha había 18 meses de plazo para terminar con los vertederos. Casi 15 años después, tenemos aún decenas de vertederos por todo el país y pareciera que cada día aparecen más”

Otra arista del problema, a su juicio, es la falta de previsión sobre la gestión de los residuos. Afirma: “Para comenzar la operación de un relleno sanitario se requieren entre 6 y 8 años previos de trabajo y en varias regiones de nuestro país ya estamos al menos 8 años atrasados. Un ejemplo vigente es la región del Biobío, que anuncia crisis sanitaria hace más un año sin haber medidas concretas hasta hoy, cuando el plazo de resolución es marzo próximo. Otros casos similares se dan en la región de Coquimbo y en Chiloé, donde no hay rellenos. La comuna de Ancud lleva ya 2 años enviando sus residuos a más de 600 km de distancia. Entonces, el problema es que no estamos mirando de forma estratégica el futuro del manejo de los residuos de nuestro país”

Para el destacado investigador y académico, los rellenos sanitarios no desaparecerán tan fácilmente como lo expresan algunas autoridades, ya que “a lo menos la fracción de rechazo de los RSD, que en el mejor de los casos es de un 25%, debe tener como destino estos recintos. Hoy, la Unión Europea (UE) deposita en rellenos o vertederos el 31% de sus desechos, mientras que el reciclado de los residuos sólidos alcanza un 39,2%, por lo que la disposición final es el segundo tratamiento más utilizado”

Ecomaule, situado en Río Claro, es uno de los cuatro rellenos sanitarios de la Región del Maule.

El relleno Santa Marta sufrió un gran incendio en 2016. Habitantes de Talagante alegan que la empresa a cargo aún no cumple sanciones.

Por último, hace una advertencia: “Chile registra una notable evolución en esta área en comparación con América latina y el Caribe, y va en la dirección correcta que tomó la UE, sin embargo, se encuentra en un momento en el que puede perder todo lo avanzado por falta de planificación”.

PLAN DE INVERSIONES

Para mejorar la gestión y disposición de los RSD a nivel nacional, la Subdere y los ministerios de Medio Ambiente y Salud han generado una instancia para evaluar y atender de manera conjunta las situaciones críticas del país en este campo. “Se ha realizado una bajada a través de la reactivación de las Secretarías Ejecutivas de Residuos Sólidos y Economía Circular, constituidas en todas las regiones, para que colaboren con la estrategia regional que debe liderar cada Gobierno Regional. Esta labor conducirá a un plan de inversiones que recogerá las necesidades del territorio para realizar una inversión consensuada y sostenible” , precisan en la Subdere.

Las iniciativas, en general, estarán enfocadas en el tratamiento de tres fracciones de residuos: la orgánica, inorgánica y descartable, pudiendo generarse proyectos de distinta escala en los territorios, como compostaje domiciliario, plantas de compostaje, puntos limpios, centros de acopio y centros de tratamiento integral que incluyan las fracciones

Los operadores de El Molle (Valparaíso) se han comprometido a mejorar la gestión del recinto.

antes señaladas.

En el entendido de que se requieren líneas base para la formulación de los grandes proyectos y poder realizar las mediciones de cumplimientos de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), durante el año 2023 la Subdere efectuará dos licitaciones. La primera se enfocará en sistematizar la información contenida en diversos sectores para ac-

ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

tualizar el catastro nacional de residuos sólidos domiciliarios. Y la segunda apuntará a caracterizar los residuos municipales a nivel nacional usando una herramienta abreviada (métodos de muestreo probabilístico a nivel de macro zonas, tipos de comunas, cantidad de viviendas y grupos socioeconómicos).

SITUACIÓN POR REGIONES

A continuación, de acuerdo a información que pudimos obtener de la Subdere, algunas Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente (Seremis MA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), medios de prensa regionales y otras fuentes, detallamos la situación general de los sitios de disposición final de RSD y asimilables en las 16 regiones del país, incluyendo los proyectos en marcha y las necesidades en la materia.

— Arica y Parinacota

En etapa de diseño se encuentra el esperado relleno sanitario y centro de tratamiento integral de residuos para la región, que aspira a valorizar un gran porcentaje de los residuos que actualmente se desechan en un vertedero. Lo anterior, en base a la generación de productos útiles como el compost, vermicompost y artículos reciclables. El proyecto, que se emplazaría en la comuna de Arica, está en evaluación ambiental desde diciembre del 2019.

Camarones es la única comuna de esta zona que cuenta con un relleno, inaugurado en 2017.

Tarapacá

Según antecedentes de la Seremi MA de Tarapacá, en la región operan 5 sitios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables activos, los cuales atienden a siete comunas. Dos corresponden a rellenos manuales, dos a vertederos y uno a relleno sanitario. Solo los dos primeros, emplazados en Pica y Camiña, cuentan con autorización sanitaria y ambiental.

4 Cargos formuló, en febrero, la Superintendencia del Medio Ambiente contra el relleno manual de Camiña, en la región de Tarapacá. Dos de ellos son graves por incumplir obligaciones contenidas en la RCA del proyecto.

El relleno Santa Inés, situado en Alto Hospicio y que también presta servicio a la comuna de Iquique, sufrió un duro revés en septiembre de 2022, cuando la Corte Suprema acogió la reclamación interpuesta por organizaciones sociales y ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “hasta que se cuente con estudios, informes y otros antecedentes que acrediten su idoneidad”

Por lo anterior, en la Subdere comentan que se está evaluando reactivar el diseño del relleno sanitario mancomunado, que se ubicaría en el sector de Pampa Perdiz, para que exista una alternativa de disposición de RSD en caso de que Santa Inés tenga que cerrar sus puertas.

“Además, el Gobierno Regional deberá evaluar aportes en caso de que los

municipios deban trasladar sus residuos a otras regiones”, señalan en el organismo.

En Pica y Pozo Almonte, en tanto, están en fase de diseño dos rellenos que ya cuentan con RCA favorable.

Antofagasta

Desde fines de 2019 está operativo, en las cercanías de la capital regional, el relleno sanitario Chaqueta Blanca, cuya operación ha sido satisfactoria hasta ahora. Su instalación permitió cerrar, después de casi 50 años de servicio, el controvertido vertedero La Chimba, en cuyo entorno se ha generado un foco de disposición irregular de escombros y residuos, además de asentamientos irregulares. Su plan de cierre está en evaluación ambiental.

Otro relleno, el de Quebrada Ancha de Tocopilla, ha debido enfrentar incendios y un proceso sancionatorio por parte de la SMA por “manejo deficiente de residuos sólidos”, entre otros motivos.

En la provincia del Loa, en tanto, opera desde el 2017 el relleno sanitario Cerro Colorado, cuya vida útil expira el 2033.

En la región prestan servicio también cinco vertederos y cuatro rellenos manuales.

— Atacama

Quince años de funcionamiento normal (la mitad de su vida útil proyectada) cumple en 2023 el relleno sanitario El Chulo, que recibe los RSD de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. En 2021, su planta de reciclaje logró procesar más de 48 toneladas de plástico.

En Caldera, se avanza en la implementación de una planta de compostaje de residuos orgánicos que permita disminuir la cantidad de residuos y extender la vida útil del relleno comunal Cerro Montevideo. En Diego de Almagro, en tanto, se inició la construcción de un relleno sanitario y para Chañaral se tramita en el SEIA el permiso ambiental de un proyecto similar.

Coquimbo

En esta región la situación puede volverse compleja, toda vez que la vida útil del relleno sanitario El Panul –que atiende a las comunas de Coquimbo, La Serena, La Higuera y Andacollo– expirará en el segundo semestre de 2024. Por eso, “se deben agilizar las gestiones para encontrar un terreno apropiado para construir un centro de tratamiento integral de residuos”, indican en la Subdere.

El Seremi de MA, Leonardo Gros, comenta la realidad del resto de la región: “Las otras 11 comunas utilizan los 9 vertederos disponibles, la mayoría de los cuales opera fuera de las exigencias mínimas. Esto, aumenta la urgencia de encontrar soluciones que disminuyan y/o eviten la presión sobre estas instalaciones que ya se encuentran saturadas”

Valparaíso

No exentos de algunos incumplimientos y denuncias, en esta zona del país operan rellenos sanitarios de estándar adecuado. Dos ejemplos son El Molle, en Valparaíso, que cubre los requerimientos de casi dos tercios de la población regional desde el año 2013; y La Hormiga, en San Felipe, en funcionamiento desde 2015.

En el caso particular de El Molle, a sus responsables se les ha solicitado mejorar el desempeño ambiental del recinto ante el peligro de contaminación de las napas subterráneas.

Otro relleno de importancia regional es San Pedro, donde depositan sin inconvenientes sus desechos las comunas de Quintero, Villa Alemana, Puchuncaví, Quillota, La Cruz e Hijuelas.

Según

los rellenos “no desaparecerán tan fácilmente, ya que la fracción de rechazo de los RSD, que en el mejor de los casos es de un 25%, debe tener como destino estos recintos”.

Metropolitana

Tres grandes rellenos siguen cubriendo la demanda de la región, por lejos, más poblada del país. Se trata de Loma Los Colorados (Tiltil), que recibe en torno al 50% del total de residuos; Santa Marta (Talagante) y Santiago Poniente (Maipú). La RM también cuenta con el relleno Cerros La Leona (Tiltil) y el vertedero Popeta (Melipilla), cuya reconversión a relleno sanitario no fue aprobado en el SEIA.

Respecto a su vida útil, Popeta debió cerrar el 31 de diciembre de 2022, en tanto que Santiago Poniente lo debe hacer en 2024. Santa Marta puede operar hasta 2028 y Loma Los Colorados hasta 2046.

De todas, Santa Marta es la instalación que más ha sido cuestionada, recibiendo múltiples denuncias por incumplimientos a lo largo de su historia. De hecho, a más de seis años de un gran incendio que le afectó, vecinos de Talagante y una diputada afirman que sus responsables no han cumplido las sanciones ambientales impuestas.

A Loma Los Colorados, en tanto, la SMA le aplicó una multa en julio pasado por una infracción grave debido a que no cumplía con las vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados que contempla la RCA del relleno.

O’Higgins

Cerca de una veintena de municipios de esta región, entre ellos Rancagua y San Vicente de Tagua Tagua, depositan sus residuos en el relleno Colihues La Yesca, destacado históricamente como uno de los recintos de disposición de RSD de mejor operación en el país. ¿Su vida útil? Se proyecta hasta abril de 2027, por lo que ya se trabaja para extenderla.

El otro relleno de la zona, aunque de tipo manual, es Las Quilas, que recibe los residuos de Pichilemu (donde está emplazado), La Estrella, Marchigüe y Navidad.

Marcel Szantó,

San Fernando y otras 11 comunas envían sus desechos al relleno El Guanaco, en El Maule.

— Maule

Once años de vida útil, en promedio, le quedan a los cuatro rellenos sanitarios que funcionan en esta franja territorial. El principal sigue siendo El Retamo, ubicado en la comuna de Talca, que atiende a diecisiete municipios, con un 40% de participación regional. Los otros tres son El Guanaco (Teno), Ecomaule (Río Claro) y San Roque (San Clemente).

Cabe destacar que durante el segundo semestre de 2023 comenzaría a operar en Talca una de las plantas de compostaje más grandes a nivel municipal, lo que permitiría reducir el envío de RSD a El Retamo.

Biobío

Esta es otra región que enfrenta dificultades en materia de disposición de RSD: existen cuatro rellenos sanitarios, dos de los cuales dejarían de operar próximamente. La Subdere describe parte del problema: “El relleno sanitario privado ubicado en Florida (Copiulemu de Hidronor) tiene fecha de cierre en marzo próximo, por lo que muchas comunas deberán encontrar una alternativa de disposición que aumentará sus costos en transporte por las distancias a recorrer. Además, esta región recibe los residuos domésticos de municipios de La Araucanía y Los Lagos (Ancud), situación que debiera ser revisada por la autoridad competente para evaluar la vida útil del sitio”

1 Proyecto de ley presentaron hace algunas semanas un grupo de diputadas y diputados para “prohibir el traslado de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, generados en el territorio de una región distinta a la de destino, sin contar antes para ello con la debida autorización del Consejo Municipal de la comuna a la cual se produce el traslado o depósito respectivo”.

Al respecto, el proyecto de continuidad operacional de Copiulemu, presentado por Hidronor en 2020, recibió la RCA desfavorable en enero pasado.

El otro relleno que podría dejar de funcionar pronto es Nuevo Cosmito, en Penco, que presta servicios a once comunas y debería cerrar en 2025, luego que el proyecto de ampliación de su vida útil no fuera admitida a tramitación por el SEIA en agosto de 2021.

A su vez, los rellenos Laguna Verde (Los Ángeles) e Intercomunal Arauco-Curanilahue reciben los residuos de comunas del Biobío y de más al sur, incluido Ancud en el caso del primero.

A fines de diciembre, la Subdere y los alcaldes de la Provincia de

ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Concepción firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional para el manejo sustentable de los residuos sólidos de gestión municipal. Entre otras medidas, se decidió apoyar económicamente a los municipios de Hualpén, Talcahuano, Lota y Florida por el mayor costo que les implicará el transporte de sus residuos domiciliarios por el probable cierre de Copiulemu.

— Ñuble

El 100% de los RSD recolectados en la región se depositan en el relleno sanitario de Ecobío, emplazado en Chillán Viejo hace casi dos décadas. Incluso, recibe los residuos de otras regiones y, dado el potencial cierre de Copiulemu en el Biobío, debería también ser el próximo destino de los desechos de las comunas de Hualpén, Talcahuano, Lota y Florida.

En Chillán Viejo se proyectaba un segundo relleno, denominado Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable, el cual fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental regional en 2021 y por el Comité de Ministros en 2022.

— La Araucanía

En la región se producen cerca de 350 mil toneladas de RSD al año, más del 50% de los cuales son trasladados a rellenos sanitarios y vertederos del Biobío. En este ítem se incluyen los desechos de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Purén, Los Sauces, Galvarino, Lumaco y Perquenco. La capital regional, por ejemplo, los envía a Los Ángeles.

De la fracción restante, el 90% se deposita en una quincena de vertederos y sólo un 10% llega hasta el único relleno sanitario de la zona, “que está subutilizado debido a factores externos a la operación”, revelan en la Subdere. Se trata del Centro de Manejo de Residuos Sólidos Malleco Norte, situado en la comuna de Collipulli que, desde octubre de 2021, atiende a dicho municipio y a los de Ercilla, Angol y Renaico.

Los Ríos

Buenas noticias en Los Ríos: en octubre de 2022 comenzó oficialmente la construcción del relleno sanitario regional, que busca poner fin a las operaciones del vertedero de Morrompulli en el segundo semestre de 2024. La moderna instalación se emplazará a un costado del actual botadero y, al igual que éste, cubrirá las necesidades de las 12 comunas de la zona. Contará con una extensión superior a las 25 hectáreas y podría recibir cerca de 3,4 millones de metros cúbicos de desechos domiciliarios, contemplando una vida útil de 20 años.

— Los Lagos

Si no es la zona del país con mayores problemas en este ámbito, está con holgura en el podio, en especial por la situación de su territorio insular. En la Subdere explican: “Los Lagos tiene en estado crítico la Provincia de Chiloé, sin embargo, se ha conformado una gobernanza que ha permitido avanzar en conjunto con los actores públicos y la ciudadanía en la cogeneración de una estrategia que derivará en un plan de inversiones plurianual; minimización de residuos orgánicos e inorgánicos; construcción de un centro de manejo integral de residuos para la provincia y otro de menor escala en las islas de Lemy y Achao”

Tan compleja realidad queda en evidencia con el traslado que hace el municipio de Ancud de sus RSD al relleno de Los Ángeles, en el Biobío, que considera un recorrido de más de 600 kilómetros. Por lo mismo, planea construir un relleno en la comuna, pero en junio de 2022 decidió retirar el proyecto desde el SEIA.

La Subdere expresa también la urgencia de levantar una estrategia para la disposición adecuada de los RSD en la provincia de Osorno, ya que el vertedero de Curaco que la cubre cumplirá prontamente su vida útil, aunque el municipio local pretende extenderla hasta 2026.

A su vez, en el relleno La Laja, emplazado en Puerto Varas, se depositan los residuos de la provincia de Llanquihue, destacando los de la capital regional Puerto Montt. En julio de 2022, la SMA ordenó ejecutar en el recinto algunas medidas para corregir la deficiente captación de los gases generados en la masa de residuos y los afloramientos de lixiviados en ciertas zonas del relleno. Esto, junto a su mezcla con aguas lluvias, estaba causando la emanación de malos olores.

Aysén

En la capital regional, Coyhaique, desde el año 2010 opera de manera satisfactoria un relleno sanitario cuya vida útil se extendería, al menos, hasta 2040. En la otra ciudad más poblada de esta zona austral, Puerto Aysén, funciona desde comienzos de 2021 un moderno relleno.

En la mayoría de las otras 8 comunas operan vertederos, aunque algunas iniciativas buscan mejorar el estándar de disposición final de los RSD. Por ejemplo, avanza el proyecto “Centro de Gestión de Residuos Sólidos para las comunas de Cochrane y Tortel”, que se emplazaría en la primera de éstas. La Municipalidad de Chile Chico también proyecta un relleno sanitario comunal, aunque sus tres presentaciones al SEIA no han prosperado.

Magallanes

El deseo de los habitantes de Punta Arenas de contar con un relleno sanitario de alto estándar está en vías de cumplirse en el corto a mediano plazo. Desde octubre, se evalúa en el SEIA el proyecto “Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Magallanes”, que está dimensionado para satisfacer, por 20 años, la demanda de saneamiento ambiental de las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio y Cabo de Hornos. En la capital regional actualmente funciona un vertedero ya colapsado.

Por su parte, el llamado “Centro de Gestión Residuos Sólidos Tierra del Fuego”, también en calificación ambiental, buscará atender adecuadamente a los habitantes de Porvenir, Primavera y Timaukel.

Y en Puerto Natales funciona un vertedero que ha enfrentado incendios recurrentes.

La SMA se encarga de inspeccionar los sitios de disposición final de RSD. En la imagen, fiscalización a El Panul (Coquimbo).

LEY REP: EN MARCHA LENTA

Empezaron a regir las obligaciones para el sector neumáticos, con menos del 1% de los productores registrados en los sistemas de gestión y mucho qué hacer aún para poder cumplir las metas de valorización cuando se conviertan en residuos.

El pasado 20 de enero se vivió un importante hito para el avance del reciclaje y de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile: comenzaron a regir las exigencias para los sectores regulados por la Ley 20.920, partiendo por los neumáticos, el primero de los seis productos priorizados que cuenta con metas de recolección y valorización una vez que se transformen en residuos.

La puesta en marcha, eso sí, ha sido muy lenta. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 8/2019, a la fecha mencionada todos los importadores que colocan neumáticos por primera vez en el mercado nacional debían estar registrados en algún sistema de gestión, individual o colectivo, para hacerse cargo de los neumáticos fuera de uso (NFU) y empezar a responder a las obligaciones definidas en la norma. Sin embargo, menos del 1% cumplió con tal exigencia.

A eso se suma la necesidad de habilitar más infraestructura para el reciclaje y desarrollar un mercado activo para las materias primas secundarias que se obtengan de este proceso, entre otras condiciones que permitan implementar la REP de manera adecuada y alcanzar las metas propuestas. Un trabajo que, según algunos especialistas, ya está atrasado.

El presente artículo detalla el panorama actual y aporta propuestas para avanzar en esta materia clave para el tránsito del país hacia la economía circular.

METAS Y BENEFICIOS

Según el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) elaboró para desarrollar el mencionado Decreto, en el año 2016 en Chile se pusieron en el mercado alrededor de 6,6 millones de neumáticos y se contabilizaron poco más de 138 mil toneladas de residuos asociadas a las unidades fuera de uso, lo cual equivale al tamaño del cerro Santa Lucía de Santiago. De eso, cerca de un 17% –vale decir, 23 mil toneladas aproximadamente– se manejaba de forma ambientalmente adecuada. Información más actualizada, proveniente del propio sector, indica incluso que ese porcentaje es bastante menor, ya que la cifra de NFU gestionados adecuadamente no alcanzaría las 10 mil toneladas. Para mejorar este panorama, el DS 8/2019 estableció metas, divididas en dos categorías de NFU, que se detallan a continuación:

• Categoría A (neumáticos con un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los de 45, 49 y 51 pulgadas): A partir del primer año los productores deberán recolectar, al menos, el 50% de los neumáticos introducidos en el mercado nacional el año inmediatamente anterior, de los cuales tendrán que valorizar por lo menos el 25%.

• Categoría B (neumáticos con aros de 45, 49 y 51 pulgadas e iguales o mayores a 57 pulgadas, como los que se usan en la minería): A partir del primer año los productores tendrán que valorizar, al menos, el 25% de los neumáticos introducidos en el mercado nacional el año inmediatamente anterior. Con ello, se entenderá que se ha alcanzado también la meta de recolección.

El logro de esas metas se verificará en marzo de 2024, en los informes que los sistemas de gestión de NFU –conformados por los productores–tienen que entregar a la autoridad ambiental. Además, los porcentajes de recuperación y valorización se irán haciendo más exigentes de manera gradual, con miras a que al octavo año de vigencia se llegue a valorizar al menos un 90% de los neumáticos categoría A y un 100% en los NFU categoría B, siempre en relación a los neumáticos introducidos en el mercado nacional el año inmediatamente anterior.

En ese contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, relevó el

inicio del cumplimiento de las obligaciones de la Ley REP. “Con esta puesta en marcha estamos estableciendo una política de Estado que traerá importantes beneficios ambientales, sociales y económicos al país, y que mejorará la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Estas metas nos permitirán evitar que esta enorme cantidad de neumáticos en desuso terminen en nuestros ríos, quebradas o vertederos ilegales, afectando el entorno de las personas”, señaló la autoridad durante una visita a una planta de valorización de neumáticos mineros en Antofagasta.

Cabe indicar que, según el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES/2017) del Decreto 8/2019, los beneficios de la regulación se estiman en US$ 265,3 millones, cifra que supera en 1,7 veces los costos de la implementación.

SISTEMAS DE GESTIÓN

La Ley REP establece que, para cumplir con las metas de recolección y valorización de los productos prioritarios, los productores deben integrar y financiar sistemas de gestión, individuales o colectivos, que cuenten con planes aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Como ya se indicó, para el caso de los neumáticos esta exigencia comenzó a regir el pasado 20 de enero, pero hasta fines de ese mes había solo cuatro sistemas de gestión de NFU con planes autorizados, todos individuales: Epiroc, en la categoría A; Goodyear, Michelin y Bridgestone, en la categoría B. Aunque se trata de actores con una presencia relevante en el mercado, ese número corresponde a un porcentaje ínfimo dentro del total de productores.

“Según información recopilada del AGIES, al 2016 existían en Chile un total

8 Sistemas de gestión individuales habían presentado sus planes de gestión al MMA, hasta el 31 de enero: 4 ya habían sido aprobados (Goodyear, Bridgestone, Michelin y Epiroc) y otros

4 estaban en revisión (Anglo American Sur, en categoría B; AA Comercial, Autorentas del Pacífico y Comercializadora Neubacam, en categoría A).

Desarrollar un mercado activo para las materias primas secundarias obtenidas del reciclaje de NFU es clave para el éxito de la REP.

de 1.854 productores de neumáticos. Los cuatro sistemas individuales de gestión aprobados, representan un 0,2% del universo de año base, porcentaje que se prevé vaya aumentando rápidamente con el ingreso de los sistemas de gestión colectivos. Sin embargo, hay que considerar que dicho porcentaje no es un dato representativo, dado que la mayor parte de los neumáticos puestos en el mercado se concentran en pocos actores, concentrándose el 89% y 90% en sólo

30 productores”, señala Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Añade que, hasta el 31 de enero, otros cuatro planes de gestión correspondientes a sistemas individuales estaban en revisión por parte de la autoridad ambiental (ver datos), y se esperaba el pronto ingreso de los documentos por parte de dos entidades colectivas que ya contaban con informes favorables del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

6 Plantas de recauchaje se han certificado en la Norma NCh 3374, requerida para actuar como valorizadores en la REP. Se espera que su operación también ayude a cumplir las metas para el sector neumáticos.

¿Cuál es la situación, entonces, de los productores aún no registrados en un sistema de gestión? Están transgrediendo el artículo 39 de la Ley REP, numeral b), “no contar con un sistema de gestión autorizado”, lo cual “constituye una infracción gravísima y, según el artículo 40 de la Ley, está sujeta a multas de hasta diez mil unidades tributarias anuales”, detalla Saieg.

Más allá de eso, el representante de la autoridad ambiental indica que “lo fundamental es que los sistemas comiencen a operar prontamente para poder dar cumplimiento a las metas del primer periodo”.

MAYORÍA COLECTIVA

Incorporar caucho al asfalto para construir carreteras puede ser beneficioso, dice Magaly Pavez.

Recurso de Reclamación

En trámite en el Segundo Tribunal Ambiental aún se encuentra un recurso de reclamación presentado en febrero de 2021 por algunas automotoras que buscan eximirse de las obligaciones que impone la Ley REP en relación a la gestión de los neumáticos que traen los vehículos que importan. Los reclamantes (ANAC A.G., PSA Chile, Newco Motor Chile, Comercial Chrysler, SsangYong Motor Chile, Comercial Itala y South Pacific Motor Chile) solicitan que se declare ilegal y se anule el Decreto Supremo Nº 8/2019, argumentando que presenta importantes vicios de constitucionalidad y legalidad, que les generan un importante perjuicio.

Frente a ello, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de los ministerios del Medio Ambiente y de Hacienda, sostiene que la reclamación carece de todo fundamento, indicando que dicho decreto cumple estrictamente con la Ley 20.920 al identificar los productos prioritarios a los que aplica, entre los que se encuentran los neumáticos, “sea que se vendan como productos de reposición o formen parte de un vehículo o maquinaria de cualquier tipo”

Frente a esta controversia, Tomás Saieg comenta: “Estamos confiados en que los argumentos que han sido presentados al Tribunal Ambiental por algunas automotoras no tienen sustento y esperamos que esta causa se resuelva prontamente a favor de la postura del MMA”.

Según un documento elaborado por Aduanas de Chile, con datos más recientes, el año pasado fueron 3.492 las empresas y personas que importaron neumáticos, por lo cual la cantidad de productores en incumplimiento es mucho mayor que lo señalado por la autoridad ambiental. Asimismo, desde el sector de neumáticos indican que actualmente son un centenar de actores los que concentran el 90% de los productos que se comercializan en este mercado.

La gran mayoría de los productores de neumáticos debiera sumarse a los sistemas de gestión colectivos (SGC) que están avanzando en su conformación y en el cumplimiento de las exigencias de la autoridad ambiental para empezar a operar, lo cual podría ocurrir recién en el segundo semestre de este año.

Así lo explica Iván Villar, gerente de innovación y desarrollo de EcoNeu, uno de los dos SGC en formación que reúne más del 50% del mercado en la categoría A: “Los trámites faltantes tienen que ver con la creación de la persona jurídica que va a alojar al sistema de gestión colectivo, que será una corporación, lo cual toma aproximadamente de dos a tres meses y se gestiona a través de una municipalidad. En forma paralela, iniciamos el trámite para presentar nuestro plan de gestión al Ministerio del Medio Ambiente, don de la autorización para los sistemas de gestión indi viduales ha demorado entre cuatro y nueve meses, por lo que seguramente podremos empezar con las operaciones de recolección y valorización en el se gundo semestre de este año. Otro proceso a realizar será la licitación de los gestores de recolección y valorización”

Añade que, hasta mediados de febrero, EcoNeu tenía registradas 68 empresas, entre las que suman cerca de 55.000 toneladas de NFU categoría A y 40.000 toneladas de NFU categoría B, vale decir unas 95.000 de las 140.000 toneladas de residuos de neumáticos que se generan al año aproximadamente en el país.

El otro sistema de gestión

Iván Villar llama a crear un ecosistema que permita alcanzar las futuras metas de valorización de NFU.

La inmensa mayoría de los productores de neumáticos aún no está registrado en algún sistema de gestión de NFU.

colectivo en formación se llamará Neuvol. Su gerente general, Alejandro Navech, detalla su situación: “Si bien es cierto fueron 4 los productores que iniciaron el proceso en el TDLC, actualmente ya son más de 30 empresas interesadas en ingresar. Estamos actualmente en el proceso de inscripción jurídica en el Registro Civil y en paralelo trabajando en el ingreso del plan de gestión con el MMA. Esperamos obtener el RUT ante el Servicio de Impuestos Internos en marzo y luego iniciar las licitaciones con los gestores registrados ante el Ministerio del Medio Ambiente, para comenzar en el segundo semestre de 2023 con el retiro de NFU a generadores de este residuo”.

ECOSISTEMA DE RECICLAJE

Iván Villar lleva más de 14 años impulsando el reciclaje y la implemen tación de la Responsabilidad Extendida del Productor en el sector neumáti cos en Chile. Con esa experiencia advierte que más allá de la conformación y puesta en marcha de los sistemas de gestión de los NFU, es necesario que el sector público y privado aceleren el tranco para crear un ecosistema que permita valorizar estos residuos en los porcentajes que exige la Ley REP para los años venideros y mantener esta industria de reciclaje en el largo plazo, aportando al tránsito del país hacia la economía circular.

“Hemos percibido cierta inexperiencia respecto a la implementación de la REP, tanto en el mundo privado como en el Gobierno. En ese marco, no se está tomando en cuenta que hay desafíos mucho más relevantes que la sola creación de los sistemas de gestión. Se requiere normativas complementarias a la REP que aún no se han materializado, que aseguren un consumo proporcional a la cantidad de residuo gestionado. De nada sirve tener el mismo cerro Santa Lucía, pero en trozos o gránulos de neumáticos. Debemos crear una solución fuerte y comprometida, que utilice la materia prima secundaria y brinde seguridad a la in versión a gran escala. Estoy seguro que la infraestructura de reciclaje se instalará cuando logremos actualizar las regulaciones vigentes, que incentiven el uso del material derivado del reciclaje de neumáticos. Confiamos en contar con el apoyo del Gobierno en esto”, sostiene.

Ahondando en esto último, recuerda que se requieren al menos dos años para que una planta de valorización pueda obtener los permisos y empezar a operar. “Entonces, debemos trabajar hoy para tener las plantas que se necesitarán a futuro, algo similar sucede con las modificaciones a las normati vas, toma tiempo actualizarlas, y sin ellas no podremos incentivar la inversión en infraestructura”, insiste.

“El verdadero desafío está en establecer condiciones atractivas para impulsar un mercado que se desarrolle de forma pujante y crear un ecosistema sustentable para el reciclaje de los neumáticos en el largo plazo, proporcionando verdadero valor social y económico a la población. En ese sentido, es necesario continuar los esfuerzos para poder incorporar el asfalto-caucho en la construcción de carrete ras, proceso que incorpora múltiples beneficios técnicos y económicos. También

se requiere la firme resolución de los gobiernos regionales y municipales para implementar espacios deportivos, superficies de seguridad, parques y jardines, donde se pueden aprovechar todas las bondades del material obtenido del reciclaje de neumáticos a gran escala”, señala Villar.

Recalca que, para habilitar esas y otras condiciones necesarias para el éxito de la REP, el sector privado debe trabajar en conjunto con los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Deportes, así como con las municipalidades y otras entidades involucradas. “Este trabajo se ha descontinuado. Si no lo retomamos ahora, dentro de tres o cuatro años nos vamos a lamentar por no haber reaccionado a tiempo”, acota.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, esperan que la Ley REP promueva la inversión en más plantas que permitan valorizar los neumáticos fuera de uso.

Una de las empresas que se dedica al reciclaje de estos residuos es Resur. En relación a la infraestructura que hoy existe en el país para alcanzar los objetivos planteados en el DS 8/2019, su gerenta general, Magaly Pavez, opina: “De acuerdo a las metas establecidas en el Decreto, considero que sí se podrán cumplir, ya que son cumplimientos parciales. Sin embargo, para que esto ocurra es imprescindible que se aprueben las bases de licitación de los sistemas de gestión, tanto de valorización como de recolección de NFU”

Y en cuanto a las opciones que entrega el mercado para las materias primas secundarias derivadas del reciclaje de los NFU, señala: “En relación a la valorización por trituración, hoy en día existe mercado para utilizar este producto obtenido del tratamiento que se les da a los NFU, pero considero que podrían existir nuevas propuestas de innovación para el uso de estos gránulos y productos que se generan, como es el polvo, el cual puede ser incorporado al asfalto, que nos permitirá dar una mayor vida útil de las carreteras, entre otros beneficios”

A RECICLAR EL PLUMAVIT

Pese a su difícil valorización, surgen proyectos a nivel nacional para el reciclaje de poliestireno expandido. Un ejemplo es la fabricación de pinturas y recubrimientos.

Poliespán en España, Telgopor en Argentina, Tecnopor en Perú y Unicel en México. Así se denomina en esos países al popular plumavit criollo, conocido técnicamente como poliestireno expandido (EPS), un material plástico espumado muy voluminoso, 50 veces más que el agua, y que es ampliamente utilizado en embalajes, envasado y aislación térmica.

Su extendido uso se debe a importantes ventajas: no se pudre, no se descompone y no se genera moho en su superficie. Sin embargo, no es biodegradable y se estima que tarda aproximadamente unos mil años en desaparecer del planeta, dañando la flora y fauna y ocupando grandes espacios en rellenos sanitarios. Un problema complejo si se considera que en Chile se desechan anualmente unas 20 mil toneladas de plumavit. Su reciclaje tampoco es sencillo, toda vez que gran parte de su volumen es aire y su acopio utiliza mucho espacio. No obstante, si se tritura y compacta, el EPS se convierte en materia prima para nuevos productos plásticos. Además, en los últimos años, han surgido algunas empresas que están innovando al ocuparlo para producir pinturas y recubrimientos.

SITUACIÓN EN CHILE

Aportando más datos, Magdalena Balcells, Gerenta General de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla), precisa que

anualmente en Chile se producen cerca de 30.000 toneladas de poliestireno expandido. De ellas, alrededor de un 40% se exporta como envases y embalajes de diversos productos. Por ejemplo, la industria del salmón requiere de altas condiciones de inocuidad, higiene, protección y aislación térmica, “lo que fácilmente obtiene con las cajas de EPS”, destaca.

Otro 30% se destina a la construcción y el 30% restante se utiliza en embalaje industrial, productos para el área farmacéutica y otras aplicaciones.

Y aunque el EPS presenta diversos beneficios para la construcción, aislación térmica, ahorrar combustible –aportando a una menor huella de carbono– y menor generación de contaminantes, “su reciclaje en Chile enfrenta diversos desafíos para alcanzar su consolidación. El más importante es la cadena logística”, indica la ejecutiva.

Luego explica: “Una de las grandes cualidades del plumavit es también lo que afecta su valorización. Es que su altísimo porcentaje de aire (superior al 95%) lo hace un excelente aislante térmico –por ser muy liviano y voluminoso–, pero también atenta contra una adecuada valorización y transporte del material: en 1 m³ sólo hay, en promedio, 15 kg de EPS. En cambio, por ejemplo, en 1 m³ de cartón hay, en promedio, 200 kg de este producto. Si consideramos que el reciclaje se paga por peso, es lógico que el EPS no tenga una adecuada valorización dentro de la cadena”

Por lo anterior, se estima que a nivel nacional sólo se recicla al año un 5% del total del producto que se comercializa en el mercado, es decir, 1.500 toneladas. “Y eso es gracias, sobre todo, al esfuerzo individual que realizan las mismas empresas productoras del material y su compromiso con la economía circular”, subraya.

9,6% Del plástico consumido en Chile en 2020 se recicló, lo que equivale a 92.716 toneladas, de acuerdo al segundo estudio sobre el tema realizado por Asipla. De ese volumen, un 14% fue de origen domiciliario y un 86% de origen no domiciliario/industrial.

Federico Antico, PhD en Ingeniería Civil y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), lamenta que la valorización de este tipo de plástico sea baja y que haya muy poca información oficial al respecto. Comenta que, en términos tecnológicos, “existen actualmente varias patentes en Japón y Estados Unidos que presentan opciones de procesos para el reciclaje de EPS, que en muchos casos requieren el uso de solventes y condiciones de temperatura por encima de los 100 °C. Independiente de lo anterior, la logística es un desafío para el reciclado de plumavit, ya que requiere de grandes volúmenes para que su transporte o procesos de extracción del aire sea eficiente”

No obstante, el además director del Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UAI, plantea: “Hay positivos avances, pero que aún no tienen la escala suficiente para alcanzar las metas de reciclado declaradas en el Decreto Supremo 12, publicado en marzo de 2021, que establece metas de recolección y valorización de envases y embalajes que incluyen a los plásticos”

En ese sentido, sostiene que para ir más rápido en este ámbito no se necesita superar brechas de conocimiento, sino que hay que implementar “un marco normativo claro y sostenido que permita la inversión en equipos y recursos humanos para lograr los objetivos planteados”

ROL DE LAS IMPORTACIONES

Considerando otra arista, Magdalena Balcells revela que a Chile ingresa una cantidad indeterminada de EPS como productos de embalaje, envases de comida y otros. “Son estas aplicaciones, principalmente, las responsables de la mala imagen del material, puesto que, en general, las importadoras no se hacen cargo de éste una vez utilizado. En nuestro territorio no se producen vasos

Este producto reduce la huella de carbono del planeta utilizando residuos de poliestireno expandido y nano partículas fotocatalíticas.

Bleco es un bloque sustentable a base de cemento y residuos de plumavit triturado que no utiliza áridos gruesos en la mezcla.

o contenedores de comida de EPS, pero existen debido a su importación, generando problemas graves de contaminación, a tal punto que hoy se prohíben en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso”, especifica.

Si bien el precio de la logística es un gran escollo a superar para avanzar en el reciclaje del producto, la especialista subraya que el EPS es un plástico derivado del petróleo con un amplio espectro de usos. “Su adecuado reciclaje no sólo aporta al cuidado del medio ambiente, sino que es capaz también de generar otros productos iguales o distintos, en un amplio rango de aplicaciones. Para las empresas productoras de EPS en Chile su reciclado es fundamental como parte de su cadena productiva, pues se trata de materia prima relevante dentro del proceso de fabricación”, expone.

EJEMPLOS DE RECICLAJE

En relación a ejemplos de valorización de este material una vez que se convierte en residuo, Antico valora la producción de pinturas y revestimientos para la construcción por parte de la empresa Poliestirec, que recicla al mes unas 4 toneladas y media de EPS. También menciona el caso de Aislapol, que declara haber reciclado más de 60 toneladas de EPS a través de alianzas con otras empresas.

Agrega que hay otros usos de plumavit reciclado, como el que se da en la construcción de muros contra terreno con el empleo de sacos rellenos con residuos de la construcción. “Aunque hoy su uso e implementación sólo depende del proyecto y no es una práctica estandarizada. Existen otras opciones ya validadas en el mundo donde el EPS puede utilizarse para producir madera artificial, lo que aún no sucede en Chile, pero tiene un gran potencial”, indica el académico de la UAI.

Por su parte, la gerenta general de Asipla menciona a empresas fabricantes, y otras en alianza con ellas, que hacen investigación y desarrollo y, por medio de la innovación, están llevando adelante numerosos proyectos con el fin de buscar más y mejores alternativas de uso al poliestireno expandido.

En esa línea, destaca a la empresa Aislapol, que en 2020 y en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, desarrolló junto con el Ministerio de Salud dos cajas isotérmicas pasivas, de distinta capacidad, especialmente acondicionadas para transportar vacunas desde los centros de almacenamiento hasta los centros de salud a lo largo de todo Chile. “En este caso se aplicaron innovaciones de ecodiseño, ya que, además de ser cajas reutilizables e incorporar entre un 5% y un 7% de poliestireno

En Chile se producen cerca de 30 mil toneladas de poliestireno expandido al año: un 40% se exporta como envases y embalajes de diversos productos.

13 De febrero de 2022: fecha en que comenzó la prohibición de utilizar productos de un solo uso de plumavit como, por ejemplo, contenedores. 1% Es la participación del EPS en el mercado de envases de plástico a nivel global, según el reporte 2022 del Global Commitment.

expandido proveniente del reciclado de otros productos fabricados por la empresa, se incluyó el logo del Minsal, permitiendo una adecuada identificación del producto, sin utilizar etiquetas y otros tipos de plásticos que implicaran la generación de residuos y deterioro de la caja”, relata.

Enseguida resalta que el EPS “tiene un potencial de transformación y circularidad enorme: puede ser ampliamente reciclado por medios físicos, mecánicos o químicos; despolimerizado para volver a generar EPS; fundido para formar parte de otros plásticos para fabricar, por ejemplo, ‘ecotablas’; y tratado químicamente para elaborar pinturas y barnices. También se puede combinar con otros materiales para fabricar muebles, revestimientos, productos para la construcción y otros. Puede ser fundido y revestido para producir molduras y utensilios varios. Y a través de procesos de pirólisis se logra obtener del EPS aceites de altísimo poder calorífico, que son beneficiosos para la cadena energética al permitir una combustión más limpia y eficiente”

En el área de la transformación de descartes de plumavit en pinturas y recubrimientos, que se utilizan mayoritariamente en la etapa de terminaciones y sellado de proyectos inmobiliarios, sobresale la labor de dos empresas de upcycling, que implica crear productos nuevos y de mayor valor a partir de materiales reciclados. Son Poliestirec, en la Región de Los Lagos; e Idea-Tec, en el Biobío.

¿Cómo es el proceso? “La transformación empieza cuando el plumavit entra al proceso de picado y mezclado con sustancias que eliminan el aire desde el material y lo disuelven, generando una sustancia conocida como resina. Luego, ésta se mezcla con componentes como talco para formar la pintura

El Aporte del PCP

Transitar hacia una economía circular de los plásticos es una necesidad en el mundo actual, considerando la grave y masiva contaminación que existe en el planeta debido a la mala gestión de este material una vez que se convierte en residuo. Ese es el objetivo del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP), Circula el Plástico, una iniciativa/acuerdo liderada por Fundación Chile y el Ministerio del Medio Ambiente.

En 2020, el PCP elaboró un documento técnico sobre plásticos problemáticos y de un solo uso, entre los cuales figura el poliestireno expandido, muy utilizado para producir bandejas y embalajes en el retail. “En esta línea, el compromiso Nº 1 del Pacto es tomar acciones para reducir los envases y productos plásticos innecesarios a través del rediseño, la innovación o modelos de entrega alternativos, lo que involucra al EPS”, afirma Tania Bishara, consultora senior del PCP.

Como logro, destaca que en el marco de la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso en locales de expendio de alimentos, se prohíbe desde febrero de 2022 la entrega de productos de poliestireno expandido como vasos, tazas, tazones, cubiertos, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, y bandejas, entre otros.

sustentable que no solo permite mejorar un muro, sino que también el mundo, ya que contribuye a reducir la huella de carbono”, destacan en Idea-Tec. En Poliestirec, en tanto, resaltan que su esmalte al agua “es un producto ambientalmente amigable que reduce la huella de carbono del planeta utilizando residuos de poliestireno expandido y nano partículas fotocatalíticas. Otorgan a la superficie donde se aplique la capacidad de descontaminar el ambiente que lo rodea transformando el CO2 y material particulado fino en compuestos indefensos para la salud”

OTRAS INICIATIVAS

Otra solución constructiva que emplea EPS es Bleco, desarrollada por la empresa Maxiclaje Gestión y Reciclaje. Se trata de un bloque sustentable de 60x20x20 centímetros a base de cemento y residuos de poliestireno expandido triturado que no utiliza áridos gruesos en la mezcla. Es más liviano y más grande que materiales semejantes tradicionales, lo que produce un ahorro de tiempo en mano de obra y también de energía en la construcción. Resalta, asimismo, por su resistencia al fuego y al impacto, buen comportamiento acústico, baja conductividad térmica y ser fácil de cortar y de instalar. Cabe indicar, por último, que también han surgido alternativas para reemplazar el plumavit. Un ejemplo reciente es el desarrollo de una lámina de cochayuyo termoprensado con características mecánicas parecidas al EPS, por parte de estudiantes de ingeniería de la Universidad Católica. El objetivo del proyecto es aprovechar “un recurso natural disponible y cultivable a lo largo de nuestra costa, para sustituir un material sintético por otro producto con menor huella de carbono, biodegradable e igual de resistente”, concluyen.

SOLUCIONES CIRCULARES

Con servicios para la gestión integral de residuos y recuperación de suelos, Hidronor es facilitador en la cadena de valor de la economía circular en Chile.

Presta servicios para la gestión integral de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, lo cual incluye el manejo y la valorización de los seis productos priorizados en la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el reciclaje de residuos contaminados y la exportación e incineración de aquellos que lo requieran. Además, apoya y asesora a las empresas en la recuperación y revalorización de suelos mediante la remediación de terrenos contaminados.

Esa es parte de la amplia oferta de soluciones ambientales que ofrece Hidronor Chile, gracias a la cual se ha convertido en un facilitador en la cadena de valor de la economía circular en nuestro país.

Así lo destacan desde la empresa que lleva más de 25 años apoyando a industrias de las más diversas áreas productivas a cumplir con las normativas relacionadas con esta materia y avanzar hacia el desarrollo sostenible. A continuación, revisamos algunas de estas iniciativas.

DESAFÍOS REP Y RESIDUOS

Durante el año 2023 debieran comenzar a operar en Chile los primeros sistemas de gestión que se harán cargo de los productos priorizados en la Ley REP, partiendo por los neumáticos fuera de uso (NFU) en enero y, luego, los envases y embalajes en septiembre, para los cuales ya se han establecido metas de recolección y valorización a cumplir desde 2024 en adelante.

Nos encontramos, entonces, frente a un

cambio de panorama en el antiguo proceder de las empresas que, desde ahora, deberán migrar hacia un proceso de producción más sustentable que incorpore acciones de economía circular, haciéndose cargo de los residuos que generan.

En este marco, Hidronor ha potenciado sus capacidades y servicios, apoyando a las industrias con la entrega de una respuesta eficiente y calificada gracias al know how y gran experiencia que caracteriza a la compañía. Así lo comenta Juan Andrés Salamanca, gerente de Ventas y Marketing de la empresa: “Somos conscientes del gran desafío que Chile tiene por delante y aplicar los principios de la economía circular es muy necesario para un país que cuenta con una matriz productiva como la nuestra. En Hidronor estamos comprometidos con este concepto y buscamos opciones para valori-

poner en riesgo al medio ambiente ni la salud de las personas, y en esto somos un referente”. El ejecutivo detalla, luego, el aporte que la compañía hace al cumplimiento de las metas establecidas por la Ley REP y a la gestión adecuada de los residuos priorizados en esta normativa.

En el caso de las baterías fuera de uso (BFU) de automóviles “las almacenamos en grandes volúmenes y, posteriormente, las derivamos a una empresa especializada para que haga un proceso de desarme, recuperando el plomo que luego es destinado a la producción de cátodos para la minería. En este sentido, es importante mencionar que el desmantelamiento de las BFU genera como residuo una borra de ácido que debe ser tratada adecuadamente para su disposición final, por lo que realizar esta gestión con expertos en la industria, como Hidronor, es de vital

Todo esto bajo el concepto “del residuo al recurso”.

Bajo el mismo criterio, la compañía también recupera a nivel nacional distintos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para que empresas recicladoras realicen el proceso de desarme con el fin de extraer los metales preciosos como el aluminio. A eso se suman otros servicios asociados a la valorización de pilas.

RECUPERACIÓN DE SUELOS

Por otro lado, Hidronor también contribuye a la economía circular asesorando a las empresas para la recuperación y revalorización de suelos mediante la remediación de terrenos contaminados. “Este es uno de nuestros servicios más destacados ya que, actualmente, en Chile existen más de 3.300 sitios contaminados ubicados principalmente en el norte grande y en la zona sur del país, los cuales se deben tratar de forma correcta para alcanzar las metas que como país se están estableciendo”, añade Salamanca.

La minería toma gran relevancia en este tema ya que, a pesar de no contar a la fecha con un marco normativo para la gestión de suelos contaminados, sí existe la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas mineras. Desde Hidronor destacan que, en ese marco, han prestado un apoyo muy relevante para que las empresas mineras puedan gestionar los relaves de manera correcta.

En otro ámbito, también cuentan con la capacidad de exportar e incinerar los residuos en los casos que así se requiera, como ocurre con los pesticidas halogenados, los gases refrigerantes y los aceites con PCBs, entre otros.

En relación a esto último recuerdan que, de acuerdo a la normativa chilena, los PCBs se deberán dejar de usar en el año 2025 y eliminarse correctamente a partir de 2028. Para eso, Hidronor presta servicios que permiten gestionar estos residuos de forma responsable y también manejar productos fuera de estándar.

zar los residuos que recibimos antes de disponerlos. Sin embargo, las tecnologías de valorización tienen limitaciones y hay ciertos tipos de residuos que, inevitablemente, se deben confinar debido a su característica de peligrosidad y condiciones químicas que impiden revalorizarlo, como los que contienen metales pesados provenientes de algunos procesos mineros, por ejemplo. En ese contexto, se necesitan empresas que hagan esa labor de manera adecuada y segura con todos los tratamientos previos que se requieren para no

importancia para la sustentabilidad ambiental”, resalta Salamanca.

En cuanto a envases y embalajes, Hidronor apoya a la industria con el tratamiento, revalorización y reciclaje de estos residuos contaminados. Por otra parte, ofrece el servicio de valorización de aceites lubricantes o productos con poder calorífico que estén contaminados para convertirlos en combustibles alternativos que luego son utilizados principalmente por la industria cementera.

A modo de conclusión, Juan Andrés Salamanca plantea: “Migrar hacia un modelo de producción circular será un gran aporte para la economía de Chile y el mundo ya que, al dar nuevos tratamientos o revalorizar residuos que anteriormente no tenían otra solución más que ser dispuestos en lugares seguros o recibir el tratamiento disponible en el momento, se abrirán nuevas ventanas comerciales. Esto requerirá el apoyo de las autoridades, empresas privadas y las universidades o centros de estudios con el fin de incrementar el desarrollo y crecimiento nacional”.

La valorización de aceites lubricantes usados es uno de los aportes de Hidronor a la economía circular.

Javier Ramírez CEO de Green Leader Environmental & Sustainability Services

Economía Circular: cerremos el círculo

Aristóteles dijo que ‘el Todo es más que la suma de sus partes’, intentando hacernos ver que el resultado de una interacción armónica de las energías de cada una de las partes, hace que el sistema funcione bien. La Naturaleza es sinérgica, por ejemplo.

Si bien podría argumentarse que el axioma aristotélico es difícil de asir cuando se trata de concatenar procesos, interacciones y particularidades propias de una actividad compleja como es la minería –sobre todo si se necesitan alcanzar mayores niveles de sostenibilidad para hacer frente a las exigencias mundiales de producción verde al 2050– lo cierto es que esa ‘sinergia’ bien podría generarse en el proceso productivo, siempre que se logre cerrar el círculo en el uso de recursos que emplea. ¿Cómo? A través de la Economía Circular, sumando las energías de los stakeholders que conforman e inciden en el ecosistema minero.

En esa línea, destacable es el anuncio del Consejo de Competencias Mineras junto al Programa Eleva de Fundación Chile (Alianza CCM-Eleva) de incorporar la Economía Circular (EC) como una nueva competencia formativa 4.0 en los estudiantes técnico-profesionales y trabajadores del sector. No debemos olvidar que en la fuerza laboral de la gran minería en Chile más del 70% corresponde a empresas proveedoras, lo que –en clave sustentable– los convierte en socios estratégicos cruciales para el futuro sostenible del sector.

En lo regulatorio, destacable es lo avanzado con la Ley Marco de Cambio Climático (2022), la Política Nacional de Minería 2050 (2021), la Estrategia de Hidrógeno Verde (2021), la Hoja de Ruta hacia la Economía Circular (2020), y la Ley REP (2016). No obstante, se requiere de normativas y reglamentos con enfoque en Economía Circular para proveedores de la industria minera, generando incentivos tributarios y facilidades de acceso al crédito para que la oferta de servicios al sector sea sustentable desde el origen.

Hoy, el sector minero aporta cerca del 15% del PIB del país, el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales, y no cabe duda que las proyecciones son alentadoras, por lo que se requiere de una estrategia con foco en los proveedores que son la base de la pirámide. Quienes estamos en esta vereda, especialmente, con servicios de Economía Circular aplicada –como es el caso de Green Leader–, efectuamos una importante contribución a los procesos de sostenibilidad de la industria con nuestra gama de servicios. La cuestión es cómo cada una de las partes que conforman el ecosistema minero generamos una interacción sinérgica que nos lleve a ser mucho más que una suma de las partes.

Mejorar la infraestructura de recolección y pretratamiento, así como el conocimiento ciudadano son clave para valorizar los envases plásticos flexibles.

¿Qué hace usted habitualmente con las bolsas en que vienen los fideos, el azúcar o el detergente después de ocupar su contenido?

Es muy probable que su respuesta sea que las tira al basurero, ya que, aunque tenga la costumbre de separar los materiales reciclables para llevarlos a centros de acopio, en Chile son escasos los sitios donde reciben y tratan este tipo de plásticos denominados flexibles. Esa es justamente una de las principales trabas que existen para valorizar estos residuos masivos que se desechan prácticamente en todas partes, a pesar de tener un potencial importante de reciclaje.

Fernanda Valdivieso, directora del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP), señala al respecto: “Los envases plásticos flexibles son aquellos cuya forma no es definida y se pueda cambiar fácilmente. Usualmente son elaborados a partir de resinas de polietileno de baja densidad (PEBD Nº 4), polietileno de alta densidad (PEAD Nº 2), polipropileno (PP Nº 5), entre otras resinas y sus mezclas (multimateriales Nº 7). Suelen usarse para fabricar envases y embalajes de alimentos perecibles, snacks y congelados, debido a sus buenas propiedades de conservación de alimentos y comodidad para su uso y transporte. Gran parte de los envases plásticos flexibles tienen un alto potencial de valorización en la medida que sean adecuadamente diseñados, recolectados y dispuestos”.

Luego añade: “Existe hoy en día un desafío respecto de la valorización de los envases plásticos flexibles, en especial los de posconsumo domiciliario, debido principalmente a la falta de infraestructura de recolección y pretratamiento (lavado y clasificación) en el país, y a la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía del potencial de valorización de este tipo de envases”.

Considerando aquello, la iniciativa público-privada que dirige, liderada por Fundación Chile y el Ministerio del Medio Ambiente, está trabajando en un plan piloto para abordar estas problemáticas y avanzar hacia la economía circular en el uso de estos materiales. A continuación, revisamos detalles de este proyecto, sus avances y proyecciones.

PRINCIPALES TRABAS

Cada año, en el mundo, se producen aproximadamente 50 millones de toneladas de envases flexibles, lo que representa cerca de un 40% de todos los envases de plástico por peso. Son principalmente de un solo uso y muy pocos se reciclan, tal como ocurre en Chile donde los plásticos flexibles domiciliarios corresponden a más de la mitad de los empaques.

Ahondando en los obstáculos que existen para su valorización, Fernanda Valdivieso detalla primero las falencias en la infraestructura de recolección: “Aun cuando existen puntos limpios que reciben este tipo de envases

1% Es la tasa de reciclaje aproximada de los plásticos flexibles en Chile, según datos del Ministerio del Medio Ambiente.

5 Puntos limpios manejados por Triciclos reciben plásticos flexibles: las tiendas Sodimac de La Serena (Balmaceda 2885), Quilicura (Av. Manuel Antonio Matta 581), Peñalolén (Av. José Pedro Alessandri 6402) y Concepción (Av. Los Carrera 301); y Walmart Príncipe de Gales (Príncipe de Gales 9140).

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en el país y que su cantidad ha aumentado el último tiempo, ésta sigue siendo limitada. La recolección casa a casa es aún más escasa en el país y, en muchos casos, no incorpora la posibilidad de incluir dentro de los materiales reciclables a los envases plásticos flexibles”. En relación a esto último, cabe recordar que en septiembre de este año comenzará a regir la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para los envases y embalajes que, entre sus obligaciones, considera el retiro domiciliario para la gestión de estos residuos, por lo que se espera que esta cobertura vaya creciendo gradualmente.

En cuanto a la infraestructura de pretratamiento, Valdivieso comenta que para valorizar los plásticos flexibles muchas veces se requieren etapas de lavado y de clasificación automatizadas que permitan separar los distintos tipos de envases y descartar aquellos que no se pueden aprovechar.

Luego expone algunas dificultades que existen para el involucramiento ciudadano en esta tarea: “Estos plásticos, usualmente, no son reconocidos como valorizables, en parte porque su identificación es compleja (por ejemplo, un envase plástico flexible Nº 7, que no es valorizable, es muy similar en aspecto a un envase plástico flexible Nº 4, que sí se puede valorizar). Esa es una de las razones por la que las personas no suelen separar ni disponer este tipo de envases para su posterior valorización”

La Directora del PCP resalta que, actualmente, una parte importante de los envases plásticos flexibles de origen industrial sí se valorizan y en, muchos casos, existe la posibilidad de incorporarlos en el mismo proceso con los de origen domiciliario. Es por eso –recalca– que las principales barreras para su valorización están en las etapas iniciales de recolección y pretratamiento. Recuerda, además, que “las etapas están concatenadas, es decir, si los envases plásticos flexibles no se recolectan en volúmenes significativos, no se genera una oferta de material suficiente y de calidad que permita potenciar y aumentar la infraestructura de valorización, y viceversa”

PROYECTO PILOTO

Considerando el escenario descrito, en julio de 2022, el Pacto Chileno de los Plásticos, con el apoyo financiero y técnico de las entidades de Reino Unido WRAP/UKRI, inició el proyecto Piloto Flexibles, orientado a evaluar la factibilidad técnica y económica de separar y clasificar envases plásticos flexibles (tipo PP Nº 5 y PE Nº 4) posconsumo domiciliario, a partir de residuos reciclables colectados en las comunas de Ñuñoa y Lo Barnechea, y, luego, valorizarlos mediante la producción de nuevos envases y embalajes.

La iniciativa ha buscado promover la recolección a través del retiro casa a casa en dichos municipios que ya cuentan con este sistema de recogida, pero que hasta ahora no incluían este tipo de plásticos.

El proyecto finaliza en febrero de 2023 y, según explica Fernanda Valdivieso, durante los ocho meses de trabajo se han medido “las cantidades de envases plásticos flexibles posconsumo domiciliarios recolectados en las comunas que forman parte del piloto, lo cual ha sido impulsado a través de la campaña comunicacional ‘Duro con el Flexible’. Dicha campaña tiene el foco de educar a la ciudadanía en torno a la problemática asociada a este tipo de envases

3Puntos limpios administrados por municipios recolectan estos materiales: Santiago Centro (Parque Los Reyes, General Bulnes 1565), La Granja (Av. Vicuña Mackenna 0820-E) y El Monte (Ignacio Carrera Pinto 48).

y, sobre todo, ha estado centrada en impulsar a los vecinos y vecinas de estas comunas a que dispongan, junto con el resto de los materiales valorizables, los envases plásticos flexibles que se generan en cada uno de sus hogares”

Cabe indicar que el PP 5 se encuentra en envoltorios de alimentos como tallarines, galletas, hamburguesas, helados, cereales y caramelos; mientras que el PE 4 se suele utilizar para envasar pan de molde, papel higiénico, servilletas, pañales, arroz, detergente en polvo, verduras congeladas, embalajes de packs de botellas y latas, bolsas de basura, entre otros.

Los envases recolectados se llevan a una planta de clasificación manual, donde se separan para luego trasladarlos “a empresas de valorización para ser reaprovechados como materia prima en la fabricación de nuevos productos, potenciando de esta forma la economía circular. En este proceso, el PP 5 flexible está siendo valorizado por Inproplas, y el PE 4, por Cambiaso”, señala la directora del Pacto Chileno de los Plásticos.

Haciendo un balance de lo logrado hasta ahora, Fernanda Valdivieso resalta que, en materia de educación ciudadana, “los avances han sido valiosos, y la experiencia enriquecedora, tanto para la comunidad como para nosotros, al darnos cuenta que el lenguaje que se utiliza, el rol de las familias incluyendo a los niños y niñas como agentes de cambio, y las formas de acercamiento, son claves para generar cambios de hábitos”

En lo que respecta a la separación y clasificación de estos materiales, advierte que una de las limitantes para segregar volúmenes significativos de este tipo de envases es que este trabajo se realiza aún en forma manual. “Esta y otras etapas del proceso de valorización debieran mejorar significativamente en el país una vez que comience a operar la Ley REP para envases y embalajes, que entrará en vigencia en septiembre de este año”, sostiene.

FORMAS DE VALORIZACIÓN

Considerando la experiencia internacional, ¿de qué manera se podrían valorizar los plásticos flexibles en Chile?

Fernanda Valdivieso responde que esto depende de las regulaciones y de la infraestructura existentes en cada país para estos fines. Agrega que los usos que se puede dar a este tipo de materiales reciclados son similares en el mundo. “Como ejemplos específicos de aplicaciones, en India se recolectan bolsas de leche de PE 4, las que tienen como mercado final la fabricación de bolsas en Europa. En Sudáfrica, los films de PE recolectados son destinados a bolsas de basura, films estirables para pallets, entre otros”, grafica.

Implementar tecnologías como la clasificación automatizada ayudaría a valorizar los plásticos flexibles, dice Fernanda Valdivieso.

También comenta que, en Chile, “parte del PP 5 flexible es transformado en zunchos, que son cintas para embalar todo tipo de cajas y paquetes para diversas industrias como la agrícola, y el PE 4 se usa para la fabricación de bolsas de aseo. Además, ambos materiales son utilizados para fabricar madera plástica” Finalmente, la especialista concluye que para potenciar la valorización y las aplicaciones más circulares de los plásticos flexibles es clave implementar algunas tecnologías como la clasificación automatizada, el lavado y el destinte.

Marisol Garrido Directora de Operaciones Séché Group Chile

El desafío de industrializar la Economía Circular

En los últimos años y potenciado por fenómenos globales como la pandemia del Covid-19 o eventos atribuibles al cambio climático, como sequías e incendios, se han instalado la sostenibilidad y la Economía Circular como conceptos claves para la continuidad del desarrollo socioeconómico, colaborativo y sostenible, en mayor armonía con el entorno. Esta conciencia ambiental ha derivado en políticas públicas, demandas sociales, estrategias de sostenibilidad e indicadores como los ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo). Sin embargo, sigue habiendo una desconexión entre el resultado real de acciones concretas y su impacto comunicacional.

Según el ministerio del Medio Ambiente, en Chile, más del 50% de los residuos generados provienen del sector industrial y alrededor de un 20% es valorizado. Ya sea mediante iniciativas innovadoras y formales, en otros casos, el proceso enmascara mercados informales tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para el mundo industrial de encontrar reales aplicaciones de circularidad en sus modelos actuales.

Entendiendo que entre las prioridades de la jerarquía de gestión de residuos están el ahorro y el uso eficiente de los recursos, muchas veces incentivado por motivos económicos más que ambientales y que, a su vez, esas acciones llevan tiempo implementadas y sin mayor crecimiento, entonces cabe preguntarse cómo avanzar al siguiente nivel. Los residuos industriales son propios de cada actividad y, por lo tanto, no necesariamente se pueden encontrar soluciones transversales. Es necesario asumir la conversión de residuos a nuevas materias primas como procesos productivos en sí mismos, tomando responsabilidad de su generación e internalizando dentro de la actividad principal los aspectos económicos y técnicos que conlleva su procesamiento.

La buena noticia es que hemos avanzado, contamos con experiencias nacionales e internacionales que podemos transferir y adaptar según las necesidades de cada rubro. El llamado es a quienes nos importa, a quienes tenemos la capacidad de gestión, a quienes podemos acceder a recursos técnicos y tecnológicos y formar especialistas. Todos nosotros somos los convocados a trabajar colaborativamente en investigar, desarrollar y concretar soluciones con impacto a escala industrial.

CIRCULARIDAD DE ACERO

Huachipato aplica la economía circular a sus procesos productivos y a toda la cadena de valor con sus clientes.

“Nuestro propósito es innovar en acero de manera sostenible generando valor y bienestar a nuestros clientes, a las comunidades y a toda la sociedad. En este contexto, el desarrollo de un modelo de negocio circular es parte fundamental de nuestra estrategia, dando prioridad a: reducir los consumos específicos de nuestros productos y/o extender su vida útil; reducir el consumo de materias primas y energía; recuperar coproductos y residuos de la cadena de valor; y rediseñar el proceso para producir acero bajo en emisiones”

Las palabras pertenecen a Marco Carrasco, Gerente de I+D de Siderúrgica Huachipato, y

resumen cómo en la principal empresa productora de acero del país se entiende el concepto de economía circular y la relevancia que tiene en su estrategia de desarrollo, tanto a nivel interno como en la relación con sus clientes, con miras a seguir creciendo de forma sustentable.

Agrega que, en términos específicos, cada una de las propuestas de valor que la compañía hoy ofrece a sus clientes presenta un atributo de circularidad para hacer sostenible la vinculación comercial.

“Aplicamos los principios de la economía circular a toda la cadena de valor en la que estamos insertos. Eso incluye a nuestros clientes de la mi-

nería, metalmecánica y construcción, a nuestros procesos productivos con base en la excelencia operacional y la adecuación tecnológica de las instalaciones, y a nuestra gran red de partners locales, nacionales e internacionales”, asegura el ejecutivo.

INICIATIVAS DESTACADAS

Sobre el escenario descrito, Marco Carrasco describe las principales iniciativas que han implementado en el último tiempo en materia de economía circular:

• Desarrollo de soluciones en base a aceros

Los aceros fabricados por Siderúrgica Huachipato reducen el consumo de materias primas y energía.

de alta resistencia mecánica y desgaste, lo cual “tiene un impacto en la reducción del consumo de acero y en mayor eficiencia en las operaciones de nuestros clientes y consumidores finales”, indica.

Añade que estos aceros especiales permiten ocupar hasta un 30% menos de este material en las obras, tal como se ha comprobado por ejemplo en la construcción de sistemas de fortificación de túneles mineros, donde se ha “disminuido el material requerido y la huella de carbono asociada, generando al mismo tiempo otros beneficios como la mayor seguridad para los trabajadores, el resguardo de los activos y la continuidad operacional de la faena” .

• Incremento sostenido de la circularidad de scrap (chatarra) para producir acero, lo que ha permitido reducir el consumo específico de materias primas. “Hemos desarrollado la capacidad de que el scrap de nuestros clientes sea utilizado para la producción de acero para su propia aplicación, lo que significa un avance radical respecto al histórico reciclaje y valorización de este elemento”, destaca Carrasco. En ese contexto, por ejemplo, la siderúrgica recupera este residuo derivado de las bolas de molienda y otras partes y piezas de las faenas mineras, para incorporarlo a sus procesos productivos. “Consumimos alrededor de 200 mil toneladas anuales de chatarra externa, lo que supera con creces la cantidad que se genera de este residuo en la minería”, acota.

• Valorización de escorias y otros coproductos siderúrgicos para recirculación interna y también para desarrollar soluciones principalmente en el segmento construcción.

• Eficiencia energética en base a estándar ISO 50.001 y digitalización de procesos para la gestión de la energía.

• Consumo de combustible propio y/o proveniente de la recuperación y reciclaje de otras industrias.

DESCARBONIZACIÓN E HIDRÓGENO VERDE

En otro ámbito, Huachipato está impulsando varias iniciativas relevantes orientadas a avanzar en la descarbonización de la cadena de valor, considerando que se trata de una tendencia mundial en la que han detectado mayores ventajas competitivas.

Marco Carrasco explica: “Nuestra condición de proveedor local es un aspecto central de este proceso, constituyéndose en una plataforma básica que habilita beneficios en menores emisiones por transporte de productos y materias primas locales, generando una huella ambiental y social positiva en el ecosistema”

Agrega que la compañía está embarcada en un proceso de transformación de su modelo de negocio hacia una “siderúrgica boutique”, el cual se inició con el desarrollo de nuevos mercados y clientes, con productos, servicios y soluciones elaboradas a la medida de sus necesidades. Esto, sumado al potenciamiento del equipo de trabajo y de

sus capacidades productivas, “nos permiten contar con una plataforma para el desarrollo continuo de nuevas soluciones que mejoren la eficiencia de nuestros clientes. Abordar con celeridad los desafíos de la minería, garantizando su continuidad operacional, mejorando el desempeño circular de procesos tales como la explotación en depósitos más profundos, la conminución y flotación de minerales más complejos, es el eje fundamental de nuestro portafolio”, sostiene.El Gerente de I+D de Huachipato comenta también que, conscientes de los desafíos de descarbonización del planeta, la empresa se está adelantando a la que quizás sea la mayor disrupción de la industria siderúrgica de su historia: producir “acero verde”, utilizando hidrógeno verde en reemplazo del coque metalúrgico. “Hoy nos encontramos desarrollando la etapa piloto de este nuevo proceso, el cual contempla la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis a partir de energía eléctrica de fuentes renovables y en la conceptualización de un nuevo reactor de reducción de minerales de hierro. Ambos permitirán la sustitución de la histórica ruta de proceso en base a altos hornos y planta de coque”, concluye.

Otra iniciativa bien relevante en el desarrollo sostenible de la compañía es la protección y vigilancia permanente del humedal que está dentro de su terreno industrial. Este importante ecosistema ocupa 41 hectáreas y está formado por dos lagunas que dan vida a diversas especies de flora y fauna, entre las que se encuentran aves como los cisnes de cuello negro, mamíferos, peces y anfibios.

Sala de control de la calidad y trazabilidad de los procesos, en los cuales la economía circular es clave.

Humedal al interior de los terrenos de la compañía en Talcahuano, región del Biobío.

Ley REP: oportunidad para la industrialización

Alo largo de la historia, en nuestro país la aspiración para mejorar la economía ha apuntado a estimular la creación de valor agregado en la producción nacional. De ese modo, se ha buscado superar la debilidad de tener una estructura de comercio exterior exportadora de materias primas, altamente importadora, con poco valor agregado incorporado y todas las desventajas que eso significa para la inserción internacional y el desarrollo económico.

Es por esta razón que en la época de don Pedro Aguirre Cerda en adelante, seguramente presionado por el contexto bélico y la necesidad de sustituir importaciones, se crearon la CORFO, la UTE y otras entidades, empresas y organismos públicos, a través de las cuales se intentó apoyar activamente a los privados, industrializar el país, agregar valor a su producción y corregir su debilidad exportadora. Para esto fue necesario recurrir a una serie de incentivos directos e indirectos para fomentar y proteger la producción nacional y crear centros de formación técnica. Entre estos incentivos hay que considerar la aplicación de normas administrativas de tipo sanitario, ambiental y de seguridad frente al comercio internacional de productos y residuos peligrosos.

Muchos de ellos han sido fomentados por acuerdos internacionales (v.g., Basilea), dadas las nefastas experiencias vividas en distintas partes del mundo. Todo esto tomó mayor fuerza a partir de la década de los setenta, y se reforzó en 1992 con la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, y hoy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Esa política industrializadora dejó de funcionar en los años 70 y, bajo un concepto de economía subsidiaria y de libre mercado, la industrialización dejó de constituir un objetivo de nuestras políticas económicas, pasando a tener una incidencia cada vez menor en nuestra economía, con un débil aporte al valor agregado y al desarrollo tecnológico.

La ley REP abre una nueva posibilidad. Si separamos nuestra basura nos encontramos con que efectivamente de una parte de ella se pueden obtener nuevos insumos para el proceso productivo, previa selección y adaptación tecnológica donde el ecodiseño juega un papel determinante. El punto es que esos insumos, así como la tecnología para generarlos y su uso posterior tengan origen y destino en el país. Porque exportar residuos y con eso sentir que somos parte de la economía circular, no es lo mismo que industrializar el país aprovechando una excelente oportunidad.

Hernán Durán de la Fuente Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Colegio de Ingenieros de Chile

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¿Cómo prevenir o minimizar la ocurrencia de incendios forestales extremos como los de esta temporada? ¿Cuánto influyen las plantaciones en su propagación? Investigadores entregan algunas claves y recomendaciones.

Cuando lea este artículo, lo más probable es que, lamentablemente, cientos de hectáreas de bosques y tierras se sigan quemando en el centro y sur de nuestro país. Eso se sumará a las más de 451 mil hectáreas que, hasta el 21 de febrero, habían sido consumidas por las llamas en la actual temporada dejando 25 víctimas fatales, miles de heridos y damnificados. Es una pérdida solo comparable a la de 2017, cuando entre enero y febrero fueron devastadas por las llamas casi 600 mil hectáreas y fallecieron 11 personas.

En el documento de análisis “Meteorología extrema: uno de los factores tras los incendios de febrero 2023 en el centro-sur de Chile”, investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 ponen de relieve que los siniestros forestales en Chile son multicausales. “Se superponen varios factores, principalmente, la presencia de combustible (mayormente biomasa vegetal de plantaciones de especies exóticas) y eventos de ignición (iniciación del fuego) y de propagación de las llamas”, destacan.

En otro aporte a la discusión, exponen que la ocurrencia de incendios y su capacidad de expansión “está mediada no sólo por las fuentes de ignición y condiciones climáticas, sino también por el tipo, cantidad e inflamabilidad del material combustible y su distribución en el paisaje. El cambio de uso del suelo y su cobertura pueden alterar significativamente el régimen de incendios”

Además, precisan que en el centro-sur de Chile (entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos) prácticamente todos los incendios se originan por la acción humana, ya sea por causas accidentales o intencionales. No obstante, dejan en claro que “el calor extremo y la baja humedad son factores que propician el desarrollo de incendios, mientras que el viento también juega un rol de primer orden”. Por si fuera poco, estos eventos son fuentes excepcionales de contaminantes inyectados a la atmósfera. “Según el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, los registros de PM 2.5 alcanzaron valores altí-

205 Mil hectáreas y fracción se habían quemado en la región de Biobío, al 21 de febrero, en la actual temporada de siniestros. Es, por lejos, la zona más afectada del país.

El rico ecosistema que existía en el cerro Cayumanque, región de Ñuble, fue devastado por el fuego.

simos de emergencia en las regiones del Ñuble y Maule durante las primeras semanas de febrero, llegando el humo a localidades a cientos de kilómetros de distancia”, revela el documento del (CR)2.

ROL DE LAS PLANTACIONES

Como doctor en ingeniería en seguridad contra incendios, Pedro Reszka está muy de acuerdo en que las altas temperaturas han tenido incidencia en la ocurrencia de eventos extremos, que representan el 1% del total. Un ejemplo actual es el siniestro forestal denominado “Santa Ana”, que al cierre de esta edición seguía en combate en la comuna de Coronel, afectando severamente a Santa Juana y Nacimiento, en la Región del Biobío, en su primera etapa. “También puede influir la estrechez de los medios de respuesta y combate de incendios en temporadas en donde se desarrollan simultáneamente varios eventos de magnitud, aunque en otros años, con condiciones similares, no se dieron con esta severidad”, plantea el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según datos entregados por el Ministerio del Interior, al 17 de febrero, el 56% de la superficie afectada por el fuego correspondía a plantaciones forestales, el 12% a bosque nativo y el 17% a terrenos agrícolas. Cabe preguntarse, entonces, ¿tienen que ver las plantaciones forestales en la rápida expansión de estos siniestros? Pedro Reszka contesta: “Si bien nuestro grupo de trabajo se dedica a estudiar la inflamabilidad de los combustibles forestales junto con CONAF y empresas del rubro, replicando en laboratorio las condiciones encontradas durante los incendios, es muy pronto para responder con seguridad a esta pregunta. Sin embargo, es un hecho que todas las especies se queman, y quizás es una quimera pensar que algunas de ellas van a funcionar como barreras que frenen la propagación de las llamas”

A su juicio, más que apuntar solo a las plantaciones hay que analizar el sistema en su totalidad, incluyendo los bosques nativos y otras áreas silvestres, las personas que se desenvuelven e interactúan con este entorno, las áreas urbanas e industriales, y un conjunto de instituciones que regulan y responden ante los incendios.

En relación a la misma inquietud, otra investigación del (CR)2, titulado “Incendios en Chile: causas, impactos y resiliencia” –que analizó lo ocurrido con la llamada Tormenta de Fuego, del año 2017– sostiene que “los principales factores que incrementan el riesgo de incendios en la interfaz urbano-rural son la presencia de plantaciones forestales, la cercanía a los caminos (y ciudades) y la densidad poblacional”

En el mismo análisis se afirma que “los paisajes homogéneos y con gran cantidad de combustible –como aquellos dominados por plantaciones forestales– favorecen la ocurrencia de megaincendios en situaciones climáticas extremas”

Del mismo tenor es la postura de Fernanda Pérez, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC, quien expresa que “se ha demostrado que los incendios se propagan más rápido en monocultivos de pino o eucalipto que en bosques formados por especies nativas, los que mantienen más la humedad del suelo y del ambiente”.

MEDIDAS A ADOPTAR

Sobre cómo mejorar la gestión en este ámbito, que abarca distintas dimensiones, Pedro Reszka parte preguntándose qué tan conveniente es que la reconstrucción de viviendas se realice en los mismos lugares donde se quemaron. Al respecto, agrega: “A pesar de que en Chile la casi totalidad de los incendios comienza por la acción humana, estos fenómenos

tienen comportamientos que presentan cierta repetibilidad, principalmente por la topografía. Por eso, se debiera tener un poco más de calma en la toma de decisiones, y considerar el efecto de futuros incendios en el emplazamiento y el diseño de nuestros sectores urbanos”

Para evitar catástrofes similares en otros lugares del país, el experto propone aplicar el concepto de riesgo como herramienta para ayudar a la toma de decisiones de autoridades públicas y del sector privado. “Debemos incorporarlo, tanto para incendios como para otros peligros naturales, en nuestros planos reguladores y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto nos daría un marco para analizar y evaluar la exposición de la gente ante incendios forestales, y nos permitiría trabajar para mejorar el desempeño del sistema que mencioné anteriormente, minimizando el número de temporadas como la que lamentablemente estamos viviendo este año”, expone.

A su vez, Tomás Ibarra, investigador del Centro de Desarrollo Local UC y del campus Villarrica, hace hincapié en la importancia de la detección temprana de un incendio forestal para detenerlo a tiempo. “Luego de los desastrosos eventos de años anteriores, especialmente los de 2017, en Chile se han ido generando capacidades para la predicción, prevención y control de incendios. Por ejemplo, se han desarrollado herramientas de detección temprana, helicópteros equipados para la extinción de focos, junto con el desarrollo de sofisticados modelos de simulación de propagación en tiempo real”, destaca.

También para evitar la generación de siniestros y su rápida propagación, Ibarra remarca el necesario compromiso de la comunidad para evitar la quema de rastrojos (vegetación que se acumula en los cam-

Para evitar catástrofes similares, Pedro Reszka propone aplicar el concepto de riesgo como herramienta para ayudar a la toma de decisiones de autoridades públicas y del sector privado.

99% De los incendios forestales son originados por el ser humano de forma accidental o intencional. En algunos años y regiones del país, la intencionalidad ha alcanzado alrededor del 50%.

1 Millón de dólares en materiales donó el gobierno de Estados Unidos para el combate a los incendios. Resalta un estanque tipo Rancher con motobomba, que se emplaza en camionetas de doble tracción para el primer ataque a los focos de fuego.

pos), las fogatas recreativas y arrojar colillas de cigarro, especialmente en días en que el viento supera los 30 k/h, condición que contribuye al acelerado avance del fuego.

OTRAS ACCIONES

Desde la UC aportan otras medidas para minimizar la opción que se generen grandes siniestros y la quema de viviendas:

• Crear zonas de cortafuego: Se debe tener una zona de terreno alrededor de la casa o propiedad completamente despejada de vegetación o bien con pasto verde. Esto actúa como una especie de cortafuego. Hay que poner especial atención a las ramas o árboles muy grandes cerca de las casas o estructuras valiosas.

• Aprovechar el pastoreo del ganado: “Se deben identificar los sectores más susceptibles al ingreso de fuego a los campos y aprovechar el ganado para reducir la cantidad de pasto seco en pie, que puede ser un elemento importante en la transmisión del fuego. Los sectores más propensos a incendios tienden a ser los límites sur y sur-oeste de los campos (por la dirección predominante del viento en verano) y aquellos donde existen sectores con bosques o quebradas con árboles que puedan actuar como corredores para las llamas. En esos lugares se recomendaría concentrar los animales para que coman y pisen el pasto”, explica Rafael Larraín, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC.

• Evitar especies exóticas pirogénicas: La profesora Fernanda Pérez manifiesta la importancia de remover y evitar la plantación de especies exóticas altamente pirogénicas, como monocultivos de pino y eucalipto, que aumentan la velocidad de propagación de incendios.

DISMINUIR PÉRDIDAS

En el (CR)2 subrayan que las actividades de prevención, estrategias, y políticas de manejo y ordenamiento del paisaje deben asumirse como prioritarias para evitar y/o disminuir el daño y pérdidas socioeconómicas y ambientales derivadas de eventos de incendios extremos. Algunas de sus recomendaciones al respecto son:

• Establecer un perímetro de seguridad en torno a las viviendas y áreas urbanas a través de un manejo y ordenamiento preventivo de la vegetación (combustible) circundante. Por otra parte, se debe normar y limitar la expansión de viviendas y barrios a zonas rurales cubiertas de plantaciones forestales y bosques nativos.

• Avanzar hacia socioecosistemas más sostenibles y resilientes al cambio climático, para lo cual es clave el ordenamiento territorial y diversificación del paisaje, que considere la identidad y cultura local.

• Generar políticas y acciones de manejo destinadas al control de las especies exóticas invasoras y la restauración de ecosistemas nativos para disminuir la probabilidad de eventos catastróficos.

• Implementar programas que integren la prevención, monitoreo y manejo de incendios forestales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile. Esto es clave, ya que frente a la ocurrencia de eventos extremos de incendios la brecha entre emisiones y capturas aumentará significativamente.

• Avanzar en una institucionalidad que asuma y coordine la prevención de incendios mediante el diseño de paisajes resilientes, a través de una planificación y ordenamiento territorial que permita abordar riesgos de un modo adaptativo, favoreciendo la heterogeneidad del paisaje.

MEJORAS PARA EVALUAR

Tras el nuevo rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, especialistas de distintos ámbitos exponen sus propuestas para mejorar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión.

Hay quienes postulan que la vida es cíclica, que volvemos a vivir las mismas experiencias una y otra vez. Lo pueden corroborar los ejecutivos de Andes Iron, cuyo proyecto minero-portuario Dominga que se pretende ubicar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, fue rechazado por segunda vez por el Comité de Ministros el pasado 18 de enero, luego de enfrentar el mismo fallo adverso en agosto de 2017.

La decisión gatilló los festejos de grupos ambientalistas y de otros sectores, pero también duras críticas por parte de diversos actores, partiendo por la empresa titular de la iniciativa que señaló que “el proyecto Dominga ha sido respaldado sistemáticamente en todas las

instancias técnicas. En ellas ya se estableció que su línea de base es suficiente y completa, por lo cual no caben nuevos cuestionamientos técnicos a ésta”

Para la compañía, el nuevo “portazo” a Dominga tuvo un trasfondo meramente político, lo que comparten distintas voces que abogan por terminar con el rol protagónico que hoy tiene el Comité de Ministros, en la decisión de si un proyecto debe o no llevarse a cabo. A eso se suman otras propuestas de cambios que apuntan a mejorar y dar mayores certezas al proceso de evaluación ambiental.

¿Cuáles? Cinco conocedores de la contingencia ambiental exponen sus ideas al respecto respondiendo las siguientes tres preguntas:

1- ¿Cree conveniente que un órgano político como el Comité de Ministros siga decidiendo el destino de algunos proyectos de inversión?

2- ¿Qué reformas o mejoras se debieran hacer al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para agilizar los procesos de evaluación y entregar más certezas a los titulares de los proyectos, sin descuidar su potencial impacto en el medio ambiente y las comunidades aledañas?

3- ¿Se necesitan otras reformas o mejoras a la institucionalidad ambiental para garantizar una evaluación ambiental apropiada de los proyectos de inversión?

RICARDO IRARRÁZABAL

Abogado, ex Subsecretario de Medio Ambiente, Energía y Minería, y ex Director del SEA

1.- Es lamentable y afecta al funcionamiento de la institucionalidad ambiental el que proyectos que tienen la aprobación de los órganos de la administración con competencia ambiental, o que cuentan con un Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) con recomendación favorable, sean rechazados en instancias integradas por personeros políticos como el Comité de Ministros. Ello es aún más grave en el caso Dominga, en que existe un fallo judicial que se pronunció sobre los temas ambientales de fondo. Al respecto, y siguiendo las reglas de la Ley Nº 19.880, el Comité de Ministros debió haber suspendido dicho procedimiento esperando el fallo de la Corte Suprema para evitar decisiones contradictorias.

El choque político versus técnico nunca debiera darse, ya que ya evaluación ambiental es técnica, aunque exista un margen de discrecionalidad administrativa más allá de lo estrictamente normado.

La institucionalidad ambiental ha evolucionado hacia una calificación más técnica que política, como ocurrió con la Ley Nº 20.417, que introdujo el artículo 9 bis (el cual no permite a las comisiones de evaluación rechazar un proyecto en temas normados existiendo un ICE favorable) y que también eliminó a los CORES y a los gobernadores de estas comisiones. Sin embargo, parece que actualmente estamos navegando en sentido contrario con la incorporación de los gobernadores a estas instancias, lo cual lleva a su politización.

2.- Para evitar el choque político-técnico, la reforma del SEIA también tiene que ser orgánica, en el sentido que las RCAs (resoluciones de calificación ambiental) las otorgue directamente el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), y que sean reclamables ante los tribunales ambientales. Así, se eliminarían las comisiones de evaluación y el Comité de Ministros. Ello exige un SEA que bajo las lógicas de la Alta Dirección Pública crezca en autonomía, no quedando, por ejemplo, la decisión de remover a su director en manos del Presidente de la República.

3.- Por supuesto, ya que no solo se requiere modificar la parte orgánica del SEIA, sino que se necesita una reforma de los distintos instrumentos de gestión ambiental, partiendo por las normas de calidad y su objeto, apuntándose a un bien jurídico de mayor estándar que solamente evitar la contaminación ambiental. En este sentido, hace falta una modificación de nuestro sistema ambiental que se centre en la eficiencia y focalización, y así se entienda que los instrumentos de gestión ambiental no son independientes entre sí. Cada

uno de ellos cumple una función y un ámbito de acción.

Entonces, el SEIA debe cumplir un rol residual como instrumento de tercer nivel, focalizándose en evaluar aquello que realmente genera riesgo ambiental, como lo exige la Corte Suprema. De esta manera, podría acotarse dada la preminencia jerárquica de otros instrumentos de gestión.

EDUARDO ASTORGA

Profesor de Derecho Ambiental

1.- Siempre la decisión sobre los proyectos va a tener un componente político. La cuestión es si éste lo pondera la autoridad ambiental u otra. Es un error “contaminar” a la autoridad del ramo con elementos o factores extra ambientales, ya sean económicos, políticos u otros. Esto significa que lo que el SEA aprueba debiera ser el EIA o la DIA (estudio o declaración de impacto ambiental) y no el proyecto. Y esta decisión del SEA debe ser eminentemente técnica ambiental, componente que luego otra autoridad (sectorial o central) tendrá que considerar para su decisión final multivaria-

ble. Así es como operan hoy los modelos institucionales más desarrollados.

2.- Aprovechando la experiencia comparada correspondería:

-Incorporar una segunda puerta de entrada al SEIA mediante el mecanismo de negociación de términos de referencia entre los titulares y el SEA para los EIAs antes de su evaluación.

-Incluir los plazos del SEIA y los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en los indicadores de desempeño de todos los servicios públicos que intervienen en el sistema.

-Elaborar guías metodológicas para todas las tipologías de proyectos que se someten al SEIA.

-Comenzar la elaboración de guías técnicas para todos los PAS.

-Terminar de instalar la plataforma computacional unificada para los PAS, similar a la del SEA, para dar transparencia y trazabilidad al sistema de otorgamiento de permisos.

-Realizar talleres técnicos entre el SEA, revisores y consultores en los cuales se traten en detalle cada una de estas materias.

-Completar y mantener actualizada la línea de base del SEIA.

-Diseñar una licencia integrada de contaminación.

-Eliminar la duplicidad de procedimientos y permisos.

-Crear la figura de revisor independiente para permisos sanitarios, entre otros.

-Incorporar plazos legales para responder las pertinencias.

-Instalar sistemas de trámites “on line” para municipalidades.

-Masificar el ingreso de expedientes a la Seremi de Salud a través de sus plataformas digitales, para llevar mejor la trazabilidad de la gestión y tramitación de un permiso.

-Aumentar la dotación de profesionales revisores.

3.- La gran deuda institucional del SEIA hasta hoy es la inexistencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que es parte consustancial de cualquier modelo de SEIA. Sin opciones no existe una verdadera evaluación, al menos respecto de las alternativas de localización. Todos los SEIA modernos realizan este proceso para justificar ambientalmente la opción escogida. Para eso, se requiere un conjunto de normas que regulen, ordenen y definan los valores ambientales de los territorios, en función de sus vocaciones a través de la Evaluación Ambiental Estratégica y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

ANTONIA BERRÍOS

Coordinadora General de ONG Fima

1.- La decisión sobre el desarrollo y su compatibilidad con la conservación de los ciclos naturales descansa en un componente técnico y otro político: cómo planeamos ese desarrollo es una decisión que no tiene una respuesta unívoca y que requiere tomar opciones como sociedad. Sin embargo, pese a que el componente político debe existir, no es conveniente que la decisión se tome caso a caso, con la incertidumbre y costos que eso trae. En su lugar deben establecerse lineamientos claros que permitan compatibilizar el desarrollo humano con el impostergable cuidado del medio ambiente.

2.- Para dar certezas de que los proyectos nuevos que se evalúen no significarán un

detrimento al medio ambiente, el modelo de desarrollo debe quedar definido en instrumentos de ordenamiento territorial, planes, políticas y estrategias que consideren el uso de suelo e impacto de las diferentes actividades. Estos instrumentos deben representar un enfoque nacional y, al mismo tiempo, conversar con las necesidades locales, permitiendo tanto a los titulares de proyectos de inversión como a las comunidades conocer los límites y oportunidades de desarrollo que son compatibles con la preservación de la naturaleza.

3.- Sí, es muy importante profundizar la participación ciudadana para que ésta sea vista como un aporte a los proyectos y no como un obstáculo para su evaluación. Esto significa mejorar la calidad y disponibilidad de la información y los espacios de participación e incidencia, de forma que sean vistos como oportunidades de escucha democrática en la que se mejore la distribución de las cargas ambientales. Lo anterior, implica no solo abrir procesos de participación en DIAs, sino que también mejorar los mecanismos de información y recepción de observaciones.

Por otra parte, el SEIA descansa hoy en la buena fe de los titulares, quienes deben presentar toda la información de línea de base y predicción de impactos, lo que normalmente encargan a consultoras contratadas por ellos mismos con un alto riesgo de captura. Es necesario establecer herramientas que aporten en la objetividad de los antecedentes entregados.

que proyectos con un informe técnico favorable sean rechazados en la instancia regional; o que un informe desfavorable tenga aspectos que puedan obviarse para que se apruebe un proyecto; y que la decisión pueda finalmente ser revisada por un Comité de Ministros que tiene amplias facultades para remediar todas las inconsistencias del proceso previo. Es un diseño muy complicado y que, claramente, no otorga una certeza jurídica desde el inicio.

JORGE RIESCO Presidente

1.- Nos parece que el sistema completo está influido por aspectos políticos, lo que debe transparentarse. Esto explica que haya cambios y diferencias en criterios de evaluación entre una época y otra, y entre regiones;

Lamentablemente, el Comité no ha funcionado y tampoco el SEIA en su totalidad. Por eso, es necesario revisar ampliamente el sistema. Mientras esto ocurre, es indispensable mantener la posibilidad de impugnar administrativamente una eventual RCA desfavorable. Esto, para que se puedan revisar aspectos técnicos de la evaluación ambiental con amplias facultades para ponderar el mérito de los antecedentes expuestos en el proceso, dada la posibilidad de inconsistencias en el mismo.

de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

2.- Sería relevante avanzar hacia un procedimiento administrativo altamente técnico y especializado conducido por un SEA autónomo. Debe estar fuertemente orientado por el principio conclusivo y con una clara diferenciación dependiendo del tamaño de cada proyecto. En un nuevo sistema, además, no se debieran mantener las Coevas (comisiones de evaluación ambiental), ya que agregan incerteza jurídica respecto a lo recomendado por el SEA. Otro aspecto relevante a revisar es el sistema recursivo, tanto en lo administrativo como en lo referido a la revisión judicial de las resoluciones que son dictadas en el marco del SEIA. En tal sentido, resulta especialmente relevante zanjar, a nivel legal, la discusión que se ha desarrollado en torno a la figura de la “invalidación ambiental”.

3.- Sí, se requieren varias reformas, en especial aquellas que apunten a un procedimiento de evaluación ambiental eficiente, convergente y conclusivo, en el que la discusión técnica se agote en la medida en que el proceso avanza. En este contexto, es muy importante también tener un sistema diferenciado y simplificado para empresas de menor tamaño, que generan evidentemente impactos menores o más acotados.

Una mejora importante debe tender a reducir la incertidumbre y conocer de forma anticipada los criterios técnicos a cumplir por los proyectos de inversión para tener una evaluación ambiental exitosa. También es fundamental evitar la aplicación de nuevos criterios en proyectos que ya han iniciado su tramitación, sin una estimación de costos y desatendiendo a la gradualidad en su implementación o al tamaño de la iniciativa.

Finalmente, creemos que todo el sistema debe fundarse en un servicio y en organismos técnicos potenciados, tanto en cantidad como en calidad de recursos humanos y materiales, para que la evaluación ambiental sea eficiente y adecuada.

SARA LARRAÍN

Directora del Programa Chile Sustentable

Profundizar la participación ciudadana es uno de los aspectos en los que se debe poner el acento.

ambiental que permita entregar certidumbre a la sociedad, de manera que las actividades económicas se realicen bajo condiciones de protección ambiental, de las aguas y territorios, de los servicios ecosistémicos y de las comunidades humanas.

1Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA elaboró el Servicio de Evaluación Ambiental. Su objetivo es entregar una metodología general para analizar los efectos adversos de este fenómeno sobre los componentes ambientales que busca proteger el SEIA.

1.- Un órgano político como el Comité de Ministros nunca debió actuar como dirimente en materias ambientales por sobre la función del ministro o ministra de medio ambiente. La institucionalidad ambiental en Chile nació controlada por un comité político destinado a resguardar que las condiciones de calidad ambiental, los derechos ambientales y el resguardo del patrimonio natural no condicionaran sustantivamente la inversión. De ahí que proyectos, aún con “evaluación ambiental”, hayan generado zonas de sacrificio, sobrexplotación de la naturaleza, secamiento de los ríos, destrucción de glaciares y extrema contaminación atmosférica, entre otras externalidades. Y aún existen sectores que están exentos de evaluación ambiental, como el inmobiliario, la agroindustria y el forestal, cuyas consecuencias hoy están a la vista. En tiempos de crisis ecológica y climática esta estructura de toma de decisiones constituyen suicidio y barbarie.

2.- La certeza hoy no está de parte del inversionista, sino de la protección de la naturaleza y sus servicios de los que objetivamente dependemos. Somos partidarios de una reforma profunda al SEIA y de la institucionalidad

Necesitamos urgentemente actualizar los principios, definiciones y estándares de acuerdo al avance normativo de la Ley de Cambio Climático, de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), del Acuerdo de Escazú… Así, el principio precautorio y los procedimientos e instrumentos del SEIA deberán estar basados en la ciencia, tener un enfoque ecosistémico y una exhaustiva línea de base territorial que asegure una pertinencia territorial validada por la evaluación ambiental estratégica en cuencas y valles.

3.- Sí, se requiere incorporar el ordenamiento territorial y las evaluaciones ambientales estratégicas para prevenir las zonas de sacrificio. También hay que considerar la capacidad de carga y los servicios ambientales de los territorios, además de posibilitar la compatibilidad entre actividades económicas y entre éstas y la sobrevivencia de los ecosistemas y comunidades humanas.

Se requiere, asimismo, crear una línea de base territorial pública y un mapa público de las RCA vigentes que muestre el área de influencia de los proyectos y visibilice sus impactos acumulativos sobre el territorio, así como las medidas de mitigación existentes.

También se debe crear un índice de carga por componente ambiental para conocer la posibilidad de los distintos territorios de recibir o no proyectos nuevos de determinadas características. E incluir el enfoque de cambio climático (mitigación y adaptación) en la formulación y evaluación de los proyectos, en el desarrollo normativo ambiental y de los sectores productivos, en las políticas públicas sectoriales, entre otros ámbitos.

¿Por qué sacar las salmoneras de las áreas protegidas?

os salmónidos (truchas y salmones) presentes en Chile son todas especies exóticas y carnívoras que fueron introducidas al país en distintos momentos históricos. En un principio fueron traídos para “sembrar” los ríos de Chile para la pesca deportiva, y su presencia en cursos de agua dulce se considera como responsable de la pérdida de biodiversidad, en particular, por la depredación de peces nativos.

Desde principios de los 90, hemos visto que los cultivos de salmónidos (trucha, coho y salmón del atlántico) crecen sin parar en las regiones australes de Chile, pasando de una producción anual de 29.000 toneladas en 1990 a casi un millón de toneladas a fines de 2021. Vale decir, un alza de más del 3.400% en 31 años y un incremento promedio que supera el 100% anual, lo cual evidentemente causa impactos ambientales relevantes.

Si bien los centros de cultivo de salmónidos son evaluados ambientalmente, lo hacen vía Declaración de Impacto Ambiental, lo que hace más difícil tener una visión del impacto que la industria genera en los territorios, sobre todo, en las áreas protegidas. Entre las principales afectaciones podemos destacar: el uso de químicos y antibióticos que caen al agua; la mayor carga de nutrientes en la columna de agua producto de las fecas y alimentos no digeridos en el entorno de las jaulas de cultivo, lo cual aumenta la posibilidad de florecimientos algales nocivos (FAN); un mayor tránsito de embarcaciones que transportan peces, vivos o muertos, e insumos para los centros de cultivo; y un notable incremento en la cantidad de desechos inorgánicos (cuerdas, rejas, estructuras metálicas y otros) en la zona salmonera.

Desde Fundación Terram consideramos que es importante reducir al máximo el impacto de esta industria al interior de las áreas protegidas de la Patagonia chilena, pues varios de nuestros parques y reservas nacionales terrestres contienen porciones marinas, donde incumpliendo los convenios internacionales y la legislación nacional se ha autorizado la presencia de centros de cultivo de salmones.

Una investigación periodística elaborada por Terram identificó que habría 280 concesiones salmoneras en causal de caducidad dentro de áreas protegidas de la Patagonia chilena, número que tras conversaciones y aclaraciones con autoridades de Gobierno (Subpesca, Sernapesca, SSFFAA y Medio Ambiente) solo ha podido ser reducido a 268 concesiones en causal de caducidad. Esto nos da cuenta de la existencia de un Estado negligente que no hace respetar su propia legislación y de servicios públicos que no son capaces de coordinarse entre sí. Por eso, esperamos que las autoridades de turno honren la palabra del presidente Gabriel Boric y trabajen para caducar concesiones y sacarlas de las áreas protegidas sin relocalización.

Flavia Liberona Bióloga y directora ejecutiva de Fundación Terram

Revisamos los avances y desafíos en torno a la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile.

Gentileza AgenciaSE

No emiten contaminantes atmosféricos, ni tampoco ruido ambiental y requieren menos mantenimiento. Esas son algunas de las ventajas que han impulsado el avance de los vehículos eléctricos a nivel internacional, y también en Chile, considerando el importante aporte que pueden hacer para mejorar la calidad del aire a nivel local, mitigar el cambio climático global y lograr un desarrollo más sustentable.

La apuesta por la movilidad eléctrica es fuerte. De hecho, la Estrategia Nacional de Electromovilidad propone como meta que al año 2035 todos los vehículos livianos y medianos nuevos que se comercialicen, además de los de transporte público y maquinaria móvil mayor, sean cero emisiones.

En ese tránsito, un aspecto clave es contar con la infraestructura necesaria para que los vehículos se puedan recargar y seguir operando. ¿Qué ocurre en nuestro país al respecto?

Javier Contador, profesional del área de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), responde: “El desarrollo de la infraestructura de carga en Chile ha sido considerable en los últimos años. Según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a diciembre de 2022 contábamos con 1.435 cargadores distribuidos en todo el territorio nacional. En términos concretos, pasamos de instalar 24 cargadores en el año 2018 a instalar 443 durante 2022”

El especialista advierte, eso sí, que, a pesar de estos avances, “Chile aún se encuentra en una etapa incipiente en el desarrollo de la movilidad eléctrica; de hecho, aún no superamos el 1% de ventas anuales de vehículos eléctricos”

En ese contexto, agrega que existen importantes desafíos que se deben afrontar para masificar estas tecnologías, como son la descentralización de la infraestructura de carga hacia las regiones, la capacitación de instaladores, el acondicionamiento de viviendas no adaptadas para la electromovilidad, la preparación del sistema eléctrico para cubrir el aumento de la demanda energética, entre otros aspectos que revisamos a continuación.

CARGADORES INSTALADOS

Según cálculos del Centro de Investigación de Tecnologías de Energía Eléctrica (E2Tech) de la Universidad de Santiago, el parque de vehículos eléctricos en Chile al año 2035 alcanzaría los 5 millones, lo cual requeriría que existan más de 130.000 cargadores disponibles. Una cifra muy lejana a la realidad actual.

Los datos más actualizados de la Superintendencia de Electricidad y Combustible señalan que hasta enero de 2023 se habían instalado en el país 1.567 cargadores para vehículos eléctricos. La mayor parte (625) está categorizado como privado, vale decir, se ubican en recintos particulares como empresas, edificios o viviendas. Hay otros 449 que son de acceso público, como las denominadas “electrolineras”; 413 implementados en centros de carga para buses de transporte público; y 80 que se ubican en electroterminales para abastecer otros buses (ver tabla adjunta).

Cabe indicar que el concepto de “cargador” es distinto a “punto de carga”. Así lo explica Diland Castro, quien también se desempeña en el área de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde de la Agencia de Sostenibilidad Energética: “Con punto de carga se hace referencia al número de vehículos que se pueden cargar simultáneamente. Por ejemplo, si un cargador puede cargar simultáneamente a dos vehículos eléctricos, entonces se cuenta

como dos puntos de carga”

En relación a esto, la información de la SEC detalla que, a enero de 2023, en los cargadores de acceso público se contabilizaba un total de 759 puntos de carga.

La mayor parte de esa infraestructura ha sido provista por la empresa Enel X Way. Su Head of Marketing and Sales Chile, Andrés Pizarro, indica: “Como compañía hoy contamos con una red de 392 puntos de carga pública distribuidos a lo largo de todo el país, de los cuales 274 corresponden a puntos de tipo AC (carga lenta, semi rápida) y 118 a puntos DC (carga rápida).

En infraestructura pública, estamos apuntando a ir sumando más puntos de carga rápida con unidades de hasta 150 Kw, para poder así mejorar la experiencia de nuestros usuarios en la recarga de sus vehículos y buscando siempre traer la tecnología de tope, de manera que tanto las baterías de los vehículos eléctricos como los cargadores vayan avanzando de la mano e impulsando la adherencia de más usuarios al mundo de la electromovilidad” Agrega que, en el área privada, han instalado más de mil puntos de carga en diferentes regiones del país, “los cuales son importantísimos para lograr una buena experiencia de uso de los vehículos eléctricos y complementar la red de carga pública”

Cargadores eléctricos instalados en Chile

(Hasta enero de 2023)

Fuente: https://www.sec.cl/electromovilidad/

Hasta enero de 2023, había 1.567 cargadores para vehículos eléctricos en el país, según la SEC.

DESAFÍOS Y BARRERAS

Sobre el escenario descrito, cabe preguntarse: ¿cuáles son los principales desafíos y obstáculos para seguir ampliando la infraestructura de carga eléctrica en Chile?

Jean Paul Zalaquett, head of Enel X Way Latam, responde: “Creo que los esfuerzos que ha hecho tanto el sector privado como el público para impulsar el desarrollo de la electromovilidad es un ejemplo a seguir en varios países del mundo. Hoy día somos el segundo país a nivel mundial, después de China, con más buses eléctricos funcionando en el sector público; obviamente con las soluciones de carga que una flota como ésta requiere. Es evidente que tenemos un gran desafío de ir aumentando, al ritmo del crecimiento de la demanda, la red de carga pública –sobre todo rápida– disponible a lo largo del país. Instalamos el primer cargador rápido en 2011, al mismo tiempo que se comenzaron a comercializar los autos eléctricos en Chile, y desde entonces hemos invertido todos los años en nuevos puntos de carga. Creemos que actualmente el crecimiento debe darse en regiones y estamos acompañando lo más posible las necesidades de carga que éstas demanden, tanto para flotas comerciales como para usuarios finales”

De manera coincidente, Javier Contador comenta: “Es importante avanzar en el desarrollo de la infraestructura de carga de acceso público a nivel nacional. Actualmente, existen 240 comunas sin carga de acceso público, donde difícilmente se avanzará a la velocidad necesaria para lograr las metas de electrificación que nos hemos propuesto como país”

El especialista de la AgenciaSE detalla luego algunas dificultades que existen para ampliar la infraestructura de carga:

• Desconocimiento general de las tecnologías de electromovilidad y su funcionamiento.

• Escasez de mano de obra con experiencia en la instalación y mantención de cargadores, principalmente hacia las regiones. “Este es un factor que retrasa los tiempos de instalación o rehabilitación de cargadores y suele generar un aumento en el costo de los proyectos”, sostiene.

• Para la carga de acceso público, una de las dificultades identificadas guarda relación con la rentabilidad de los proyectos en un contexto de baja penetración de vehículos eléctricos, en particular, cuando los ingresos percibidos no superan los costos operativos, que muchas veces son altos debido al pago por potencia de las tarifas eléctricas actuales. “Esta dificultad genera que la infraestructura de carga se focalice en las zonas más densamente pobladas, donde se prevé una mayor rentabilidad, en desmedro de zonas rurales menos densamente pobladas. Lo anterior, dificulta el desarrollo de una red de carga que facilite la libre circulación de los usuarios de vehículos eléctricos a lo largo del territorio”, explica Contador.

• Barreras específicas de los proyectos implementados en bienes nacionales de uso público, asociadas a la tramitación de permisos para el uso de estos espacios y aspectos regulatorios que no se adaptan a este tipo de infraestructura.

• Para expandir la infraestructura de carga residencial, una de las principales barreras es la adaptabilidad de las viviendas para la electromovilidad, las cuales muchas veces se ven limitadas por la capacidad del empalme o las características de las distintas construcciones que complican la habilitación del cargador, como ocurre en los estacionamientos subterráneos de algunos edificios.

• Dificultades asociadas a la tramitación de nuevos empalmes con las empresas distribuidoras donde no existen procesos estandarizados y suelen generarse retrasos en las solicitudes. “Generalmente, los proyectos de infraestructura de carga requieren de un aumento de empalme o construcción de un nuevo empalme. Si no se optimizan los procesos de solicitud de las empresas distribuidoras, esto puede generar retrasos importantes en un contexto de mayor penetración de vehículos eléctricos y por tanto mayor cantidad de solicitudes de conexión”, advierte Javier Contador.

A partir de la experiencia práctica, Jean Paul Zalaquett plantea los retos que debe asumir Enel X Way para seguir ampliando la red de carga para vehículos eléctricos: “Dado el crecimiento exponencial del mercado eléctrico, cada año debemos acelerar las instalaciones de infraestructura. Eso obliga a una planificación muy detallada que considera encontrar los lugares apropiados y coordinar con la empresa eléctrica correspondiente para el suministro de la potencia y energía necesaria”

Luego, menciona las principales trabas con que se encuentran en esta tarea, coincidiendo en buena medida con las señaladas desde la AgenciaSE: “Una de las grandes limitantes es la escasez de mano de obra especializada presente en regiones. Se hace indispensable capacitar mano de obra en regiones para acelerar las instalaciones a nivel regional y así avanzar en el desarrollo de la movilidad eléctrica de forma descentralizada”

También advierte que los plazos de puesta en servicio de estaciones de carga DC han aumentado, “ya que las empresas distribuidoras no están preparadas para la llegada de grandes núcleos de potencia. En este punto, se requiere de una estrategia público-privada, para proveer y promover de redes eléctricas de distribución más robustas en el corto plazo”

Javier Contador llama a acelerar el desarrollo de la red pública de carga a nivel nacional.

Capacitar a los instaladores es clave para seguir avanzando, plantea Diland Castro.

Jean Paul Zalaquett indica que el crecimiento de la infraestructura debiera concentrarse en regiones.

ACCIONES Y SOLUCIONES

Enel X Way espera instalar 1.200 puntos de carga públicos al 2026 en todo Chile, señala Andrés Pizarro.

Jean Paul Zalaquett recalca que para superar las barreras descritas es fundamental una buena planificación, ya que “se necesita tiempo para construir infraestructura de recarga eléctrica. En ese sentido, ayuda mucho coordinar con las empresas que utilizan electromovilidad en regiones, para que nuestros planes de inversión vayan en línea con la expansión del transporte limpio en el país”

Desde la Agencia de Sostenibilidad Energética, en tanto, Diland Castro comenta que para seguir avanzando se pueden generar distintas medidas en función de las dificultades identificadas anteriormente. En ese marco, recomienda:

• Implementar campañas masivas de información para la ciudadanía respecto a estas nuevas tecnologías, su funcionamiento y beneficios.

• Fomentar procesos de formación y capacitación de instaladores en materia de electromovilidad. “De la misma forma, actualizar las mallas de formación de nuevos profesionales técnicos para generar expertiz en esta materia”, plantea.

• Promover la contratación de instaladores locales al momento de implementar nuevos proyectos de infraestructura de carga, quienes a su vez pueden realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario.

• Generar incentivos económicos para fomentar el desarrollo de la carga de acceso público en zonas rurales menos densamente pobladas.

• Implementar tarifas eléctricas permanentes o de transición diseñadas para la electromovilidad.

• Construir ordenanzas municipales adaptadas a los requerimientos de este tipo de infraestructura, para estandarizar y agilizar los procesos de solicitud de espacios públicos.

A su vez, Javier Contador describe algunas iniciativas y acciones que la Agencia de Sostenibilidad Energética ha desarrollado para ampliar la infraestructura de carga:

• Red de carga pública para vehículos eléctricos de la Región Metropolitana: “Busca impulsar la implementación de la primera red de infraestructura de carga pública con una perspectiva regional habilitando al menos 2 puntos de carga de 22 kW en cada una de las comunas de la región”, explica.

• Programa “+ Carga Rápida”: El especialista destaca que es el primer programa de cofinanciamiento público para acelerar la instalación de cargadores rápidos a nivel regional. “Se habilitarán 28 puntos de

carga de 60 kW en 14 ciudades, logrando que todas las regiones de Chile cuenten con al menos un cargador rápido de acceso público”, subraya.

• Imagina Nueva Movilidad: Corresponde a un programa de innovación que busca desarrollar el primer cargador de bajo impacto para bien nacional de uso público, integrando el sistema de carga en el mobiliario urbano.

• Implementación de cargadores residenciales de 7 kW de potencia en las viviendas de los taxistas beneficiarios del programa “Mi Taxi Eléctrico”. “Mediante esta experiencia se ha generado experiencia práctica de la instalación masiva de cargadores, la cual es compartida con el ecosistema”, indica Contador.

• Desarrollo de estudios y difusión de aprendizajes, a través de una serie de publicaciones relacionadas con las barreras para implementar la infraestructura de carga, guías para la toma de decisiones y evolución de los precios del mercado.

• Retroalimentación de políticas públicas y regulación.

Desde el sector privado, en tanto, Enel X Way también está ejecutando acciones relevantes para seguir fortaleciendo la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos en Chile. “Lo primero es poder comunicar de mejor manera a nuestros clientes sobre la red de carga pública ya existente. Creemos que hay muchos puntos de carga en ubicaciones muy estratégicas que no están siendo utilizadas simplemente por desconocimiento que existen”, sostiene Andrés Pizarro.

También resalta la participación de la compañía en instancias de consulta pública gubernamental para apoyar a instituciones como “la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Energía que son los que determinan las reglas del juego y cuyas decisiones impactan fuertemente en cómo los entes privados y públicos se desenvuelven en el crecimiento de la capacidad de carga pública y privada”, indica el ejecutivo.

PROYECCIONES

Considerando el escenario descrito, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento en este ámbito?

Diland Castro contesta: “Resulta complejo aventurarse sobre cuánto aumentará la infraestructura de carga en el corto y mediano plazo. Sin embargo, debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos, así como las ambiciosas metas de adopción adoptadas por Chile, es de esperar que el desarrollo de la infraestructura de carga siga al alza y de forma acelerada. En ese contexto, la planificación y coordinación de los actores es indispensable para avanzar en un despliegue real, eficiente y seguro que facilite una correcta transición tecnológica”.

En Enel X Way, en tanto, ya han definido metas concretas al respecto: “Nos pusimos el gran desafío de instalar 1.200 puntos de carga públicos al 2026 a lo largo de todo Chile. Esto, sumado a los cargadores que estamos comprometidos a instalar en domicilios y a aquellos proyectos de infraestructura particulares para clientes comerciales específicos”, especifica Andrés Pizarro.

Enseguida, Jean Paul Zalaquett concluye: “Queremos demostrar a nuestros usuarios que su vehículo eléctrico puede ser considerado como su primer vehículo y que les permita recorrer el país con la tranquilidad que necesitan. Para esto, hemos enfocado nuestros esfuerzos en hacer alianzas con actores estratégicos que nos permitan tener presencia en sectores de buen acceso a lo largo de Chile y lograr que estos presten servicios donde realmente se necesitan”

COLINA: PIONERA EN ELECTROMOVILIDAD

Colina se convirtió en la primera comuna urbano rural del país en sumar vehículos eléctricos a sus servicios municipales. Se trata de tres buses para trasladar estudiantes de los establecimientos que dependen del municipio y un camión recolector de residuos domiciliarios.

“El camión recolector se suma a un servicio que además tiene un programa de reciclaje en el hogar, así que con todos estos vehículos seguimos reduciendo nuestro impacto sobre el medio ambiente”, destacó la alcaldesa Isabel Valenzuela.

La incorporación de esos vehículos cero emisiones fue posible gracias al trabajo conjunto del municipio de Colina con la Gobernación Regional, Corfo, las empresas Enel y Starco, y la fundación Sé Santiago.

Se estima que con los buses eléctricos se logrará una reducción anual en las emisiones de CO2 equivalente a lo que capturan más de 1.500 árboles en su plena capacidad, mientras que el vehículo de recolección de residuos se asimila a la plantación de 200 árboles.

INVESTIGADORES DE LA UC CREAN CARGADOR INTELIGENTE

Investigadores de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica (UC) presentaron un innovador cargador capaz de almacenar energía que permitiría maximizar el uso de la infraestructura eléctrica, ayudando a resolver uno de los grandes desafíos para el avance de la electromovilidad.

La tecnología pionera en el mundo da una segunda vida al litio, al recuperar el 70% de este tipo de baterías desechadas, con lo que además se podría disminuir la tasa de extracción de este mineral. Javier Pereda, profesor de Ingeniería Eléctrica UC que lidera el proyecto junto al académico Félix Rojas, explicó que el cargador inteligente permite distribuir el consumo durante el día, optimizando la infraestructura eléctrica. “Con un cargador sin baterías, sólo se puede entregar la energía que da el empalme. En cambio, con un cargador con baterías, se puede almacenar energía en horarios de baja demanda y entregarla cuando la demanda aumenta”, señaló.

Estos cargadores inteligentes podrían instalarse en edificios y casas, donde hoy se ocupan sistemas lentos que completan la carga de un vehículo eléctrico liviano en 8 a 16 horas, reduciendo ese tiempo en cinco veces. Además, se podrían emplazar en centros comerciales y oficinas, donde se pueden encontrar cargadores semi rápidos (potencia 3-22 kW) que demoran entre 2 y 4 horas en abastecer a los vehículos; y también en electrolineras y puntos de carga públicos, donde suelen haber cargadores rápidos (potencia 45 kW) que completan dicha tarea en 15 a 16 minutos.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL MERCADO CHINO SE PODRÁN HOMOLOGAR EN CHILE

Una nueva medida para el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país implementó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Se trata de la actualización del Decreto 26, que facilitará la homologación de vehículos eléctricos

que se venden sólo en China, los que se podrán sumar a los modelos fabricados en ese país para mercados internacionales que ya se comercializan en Chile.

El subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, explicó que esta decisión se tomó

tras una exhaustiva revisión de los estándares existentes en China, desarrollada por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del MTT, la cual demostró “que los elementos de seguridad vehicular de dicho origen cumplen con niveles comparables a otros mercados ya autorizados en nuestro país, como el europeo”. Añadió que esta medida muestra el compromiso del Gobierno “para acelerar la electromovilidad en el país más allá del transporte público, a través de una agenda que busca facilitar el recambio a vehículos cero emisiones”

Hoy, China fabrica el 60% de los autos eléctricos a nivel mundial y según Andrés Vergara, gerente general de Voltera, una de las empresas que busca iniciar la homologación de estos vehículos, su presencia en el mercado chileno “es fundamental ya que no sólo son más asequibles para la población por su menor costo, sino también, porque incorporan grandes avances en cuanto a tecnología y seguridad”

Martín Becker

Líder Área de Economía Regenerativa Gestión Ambiental Consultores

Cambio climático y evaluación ambiental

La Ley Marco de Cambio Climático (Ley Nº 21.455), promulgada el 30 de mayo de 2022, establece que “los proyectos o actividades que se sometan a evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley considerarán la variable cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo” (art. 40).

Si bien este reglamento se encuentra todavía en proceso de elaboración, la reciente publicación de la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” presenta un avance importante en cuanto a los lineamientos a seguir en esta materia.

Resulta destacable que la incorporación del cambio climático en la evaluación ambiental se realiza en forma transversal en distintos capítulos de estudios y declaraciones de impacto ambiental, incidiendo desde las descripciones de proyectos hasta los planes de prevención de contingencias y emergencias. Esto da cuenta de la necesidad de incluir esta variable desde la conceptualización de los proyectos, evaluando oportunamente los riesgos asociados al cambio climático y sus efectos sobre los diferentes objetos de protección del SEIA.

Respecto de las características y el emplazamiento de los proyectos, la nueva guía aporta herramientas para identificar la exposición al cambio climático de la zona en que se emplaza el proyecto, a partir de proyecciones futuras de un conjunto de variables climáticas para el período 2035-2065. Estas proyecciones incluyen variables de precipitación, frío, calor, viento, humedad e insolación, entre otras categorías, y están disponibles en una plataforma de acceso público habilitada por el Ministerio del Medio Ambiente (ARClim).

El énfasis de la evaluación de cambio climático está puesto en proyectos con una vida útil mayor a 20 años o que contemplen obras que permanezcan en el sitio por al menos este período. Asimismo, adquieren una importancia particular las singularidades ambientales en el área de influencia del proyecto y su posible evolución en el tiempo. La predicción de impactos y la evaluación de su significancia deberá realizarse considerando el escenario de cambio climático más desfavorable.

La incorporación del cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos representa un gran avance para promover una mayor adaptación a este fenómeno global, y un desafío que impulsará a empresas de distintos sectores hacia una gestión ambiental con una mirada de futuro.

OLOR PORCINO BAJO CONTROL

Conozca algunas soluciones técnicas para controlar las emisiones de olor en los planteles de cerdos, de acuerdo a lo que exige la norma que acaba de entrar en vigencia.

Un importante hito para el mejoramiento ambiental en Chile se produjo el pasado 6 de febrero: se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 9/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la primera norma de olores en el país. La regulación está orientada específicamente a controlar las emisiones odorantes del sector porcino, con el objetivo de proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la población cercana a los planteles de cerdos, estimada en unas 40 mil personas.

Sus exigencias ya están vigentes para todos los criaderos emplazados en el territorio nacional que tengan 750 animales o más, a los cuales se les impone límites de emisión de olor, así como la necesidad de implementar buenas prácticas operacionales y tecnologías de control en las principales fuentes odoríferas, como son las lagunas de purines (mezcla de agua, excrementos y otros residuos) y las áreas de compostaje.

Los límites de emisión definidos distinguen a los planteles por tamaño y hacen la diferencia entre las instalaciones nuevas y existentes.

Para calcular estos umbrales en las fuentes emisoras pequeñas (aquellas con 750 a 25.000 animales) y medianas (más de 25.000 y hasta 50.000 cerdos) existentes, el titular deberá medir, durante el primer año de entrada en vigencia del decreto, la Tasa de Emisión de Olor (TEO) a través de un muestreo en laguna si se trata de un plantel pequeño, o un muestreo en laguna y/o en el área de compostaje si es un plantel mediano, considerando la condición más desfavorable. Los resultados se deben reportar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que verificará si la medición se hizo según las metodologías autorizadas y establecerá, mediante resolución, la Tasa de Emisión de Olor para la unidad emisora que aplique, en base a la cual se podrá calcular su límite de emisión de olor, conforme a la Tabla 1 (ver adjunta) mencionada en la norma.

El límite indicado para el área de compostaje no se aplicará a las fuentes medianas que cuenten con tecnologías que permitan cumplir con los porcentajes de reducción indicados en la tabla 1.

En tanto, los emisores medianos y pequeños se podrán eximir de lo dispuesto en la tabla 1, si acreditan una TEO total –vale decir, de todas las unidades generadoras de olor de la fuente emisora– que permita cumplir un impacto odorante máximo de 8 unidades de olor europea por metro cúbico (UOE/m3) percentil 95. Esta misma condición es la que se dispone como límite de emisión para las fuentes grandes (más de 50.000 cerdos).

Tabla 1: Límite de emisión de olor para fuentes emisoras existentes pequeñas y medianas

Fuente emisora Límite de emisión, en TEO (UOE/t)

% de reducción asociado límite de emisión

Pequeñas TEO laguna medida año 1 x (1- XLP/100) XLP = 70% en lagunas

Medianas TEO laguna medida año 1 x (1- XL/100) TEO área de compostaje medida año 1 x (1- XC/100)

XLP = % de reducción asociado a laguna para fuente emisora pequeña.

XL = 75% en lagunas

XC = 60% en área compostaje

XL = % de reducción asociado a laguna para fuente emisora mediana. XC = % de reducción asociado a área de compostaje para fuente emisora mediana.

La modelación

1 Anteproyecto de norma para la emisión de olores del sector pesquero comenzó su etapa de consulta pública el pasado 13 de febrero. Se pueden ingresar observaciones hasta el 10 de mayo en el sitio: consultasciudadanas.mma.gob.cl

El plazo para cumplir con los umbrales señalados será de cuatro años contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Para las fuentes emisoras nuevas, la regulación exigirá desde su inicio lo siguiente: en los planteles grandes, una TEO total que permita cumplir un impacto odorante máximo de 8 UOE/m3 percentil 98; y para los medianos y pequeños, una TEO total que permita cumplir un impacto odorante máximo de 10 UOE/m3 percentil 98.

Además, a todos los planteles se les exige implementar prácticas operacionales para prevenir y controlar las emisiones odorantes, como también entregar reportes periódicos a la SMA que tendrá a cargo el control y fiscalización de la norma.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Con la norma en plena vigencia, conviene conocer algunas soluciones técnicas que permitan a los planteles de cerdo cumplir con las exigencias regulatorias.

En relación a ello, Alberto Piel, gerente de ingeniería de Proterm –empresa que ha apoyado a diversas industrias en el diagnóstico, im-

plementación, seguimiento, control y gestión de olores–, destaca primero que cada plantel porcino es diferente, “por lo que se requiere un diagnóstico y asesoría especializada, con experiencia para comparar las distintas alternativas tecnológicas” y encontrar la opción más adecuada desde el punto de vista técnico-económico.

En ese contexto, comenta que Proterm es una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) que cuenta con laboratorio de olfatometría NCh 3190:2010, está acreditada ISO/IEC 17025:2017, y tiene especialistas en modelaciones de dispersiones atmosféricas, sistemas de monitoreo en línea con inteligencia artificial de variables ambientales, operacionales e identificación de olores, y asesoramiento en tecnologías de reducción de estas emisiones.

Con todo ese background, entrega algunas orientaciones técnicas a tener en cuenta: “Las soluciones para fuentes de área se seleccionan en base al tipo de emisión, es decir, composición química, temperatura, concentración de olor y estimación de caudal. En base a estos parámetros, se determina que las tecnologías más apropiadas para este tipo de fuente son las siguientes: encapsulamiento, filtro de lecho fijo (distintos tipos de adsorbentes), biofiltros, incineración, biotrickling, entre otras”

de las dispersiones atmosféricas es uno de los servicios especializados con que Proterm ayuda al cumplimiento normativo.

Luego, Alberto Piel agrega: “Debido a que estas fuentes se caracterizan por ser pasivas, recomendamos no aumentar el caudal de emisión innecesariamente ya que produce un aumento en la generación de olor. En el caso de la laguna de purines, por ejemplo, se puede utilizar un tratamiento anaeróbico en conjunto con un incinerador que actúe luego de haber acumulado un cierto volumen de gases o, también, un filtro que actúe continuamente por diferencia de presiones”

Con respecto al costo de este tipo de soluciones, el ejecutivo de Proterm indica que “tanto el monto de inversión como los costos operacionales se deben determinar mediante un estudio de factibilidad que evalúe las alternativas posibles”

Otra empresa especializada en el control de olores industriales es Ecolife, compañía del grupo Nicolaides que ofrece un servicio de gestión integral “que incluye, entre otros, cortinas de atomización para neutralizador de olores, totalmente automatizadas y controladas de manera remota (celular, página web, etc.). Estas pueden ser accionadas por dirección y velocidad de viento e incluso por niveles de concentración de gases, ya que también contamos con monitoreo en línea de gases odorantes. Con esto el cliente puede monitorear en línea todos los parámetros necesarios para hacer mejoras de sus procesos detectando los puntos de emisión y cumplir cabalmente con la normativa actual entregando datos en línea e históricos de sus emisiones de olor”, asegura su gerente general, Eduardo Morel.

El ejecutivo agrega que el rango de inversión en estas soluciones dependerá de los requerimientos y la modalidad que prefiera el cliente, “pero Ecolife puede realizar el 100% de la inversión

para ser absorbida mediante la prestación del servicio. De esta manera, tiene la ventaja de contar con asistencia técnica en todo momento, mejoras y actualizaciones periódicas de los componentes y finalmente un mejor control de sus emisiones”.

DESCOMPOSICIÓN ORGÁNICA

Otra alternativa para controlar los olores en los planteles porcinos es la que ofrece la empresa Agranco, a través de su producto biorremediador denominado Oxynova, el cual actúa introduciendo una mezcla especializada de bacterias beneficiosas y enzimas que descomponen eficazmente la materia orgánica de los residuos animales, reduciendo así la generación de los principales compuestos odorantes. En el caso de los planteles de cerdos, se puede aplicar en las fosas de purines y otras zonas propensas a los olores.

Así lo explica Adrián Acuña, ingeniero medioambiental de la compañía: “Se activa cuando el polvo se mezcla con agua y se aplica pulverizándolo mientras se lavan los corrales, permitiendo que las bacterias y enzimas de Oxynova descompongan rápidamente la materia orgánica. Este proceso no sólo reduce la producción de amoníaco, que es el principal compuesto oloroso en las explotaciones porcinas, sino que también ayuda a descomponer otros compuestos nocivos y causantes de olores, lo que conlleva una disminución considerable de las emisiones y fomenta un entorno más saludable para los cerdos y los trabajadores”

El especialista destaca que este producto es natural, tiene certificación USDA de base biológica y está al alcance de las pequeñas y medianas empresas. “Oxynova es una mezcla hiperconcentrada de bacterias y enzimas, que requiere cantidades relativamente pequeñas para tratar grandes superficies, por lo que un poco rinde mucho. Aunque trabajamos con los clientes para personalizar un protocolo de dosificación que mejor se adapte a sus operaciones, como punto de referencia general, recomendamos aplicar un kilogramo de Oxynova por cada 1.000 cerdos en cada ciclo de lavado. Además, su aplicación es un proceso flexible y adaptable. Está diseñado para no desentonar con las operaciones existentes y no requiere inversiones adicionales en maquinaria especializada”

BUENAS PRÁCTICAS

La norma también exige a los productores implementar prácticas operacionales para reducir y controlar las emisiones de olor. ¿Qué medidas se podrían aplicar en estos casos?

En Proterm responden que para apoyar esta tarea realizan auditorías operacionales y confeccionan planes de gestión de olor. En ese marco,

Alberto Piel indica que algunas de las medidas habitualmente recomendadas son las siguientes: “Monitoreo continuo de emisiones e inmisiones de olor, asesoría profesional en la implementación de soluciones, auditoría especializada para identificar oportunidades de mejora, inspecciones periódicas a los equipos de abatimiento y a las fuentes emisoras, segregación y tratamiento óptimo de los residuos, plan de acción de seguridad ante episodios críticos, y capacitación de personal”

Desde Ecolife, en tanto, mencionan otras medidas como “la limpieza constante en pabellones, el cierre de puertas cuando se ingresa a trabajar, el manejo adecuado de los purines y no sólo acumulación en lagunas, entre otras”, indica Eduardo Morel. Añade que el sistema de gestión integral que ofrece la empresa “permite, mediante el monitoreo en línea, identificar claramente las áreas de mayor emisión de olores. De esta manera, el cliente puede enfocar las medidas de mejora en aquellos sectores de mayor emisión y ver los resultados de sus acciones en esas áreas haciendo mucho más efectivas las acciones tomadas”

Por su parte, Adrián Acuña recuerda que el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco son los dos principales compuestos causantes de olores en la industria porcina y se crean como resultado de condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno). En ese contexto, como buenas prácticas para reducir los olores recomienda:

• Estimular la descomposición aeróbica: El ingeniero medioambiental explica que esto “es importante porque promueve la conversión de amonio en nitritos y nitratos, compuestos valiosos en fertilizantes que pueden ser reutilizados en la economía circular. Oxynova es un catalizador orgánico que facilita la descomposición aeróbica al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas y aumentar los niveles de oxígeno en los desechos”

• Alimentar a los cerdos con un suplemento que contenga una mezcla de probióticos y otras bacterias beneficiosas. Al respecto, recomienda usar un aditivo para forraje producidos por Agranco denominado Hydroyeast, el cual “mejora la salud intestinal, la utilización del alimento y la absorción de proteínas, y la calidad fecal, lo que a cambio reduce las excreciones tóxicas y disminuye la producción de amoníaco. Al aumentar la cantidad de nitrógeno absorbido por el animal, se reduce la cantidad de nitrógeno disponible en los desechos”, sostiene.

• Hacer una limpieza frecuente de los purines y mantener una ventilación adecuada para limitar la descomposición anaeróbica y reducir la formación de compuestos olorosos.

Eduardo Morel destaca el sistema de gestión integral de olores que ofrece Ecolife.

Adrián Acuña describe las cualidades de Oxynova que permiten reducir emisiones de olor.

Sebastián Videla Decano Facultad de Ingeniería Universidad Católica de Temuco

Planes de descontaminación lacustre y cambio climático

La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente establece en su párrafo 6º los Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación (PDA). En su Art. 45 se señala que éstos se relacionan con niveles de emisión totales y los niveles de contaminantes a ser regulados, lo que determina referencia a parámetros y no al estado del medio ambiente, una reducción de enfoque algo cuestionable cuando se sostiene su carácter eco sistémico y holístico. Por su parte, la Ley 21.455 de Marco de Cambio Climático del 30 de mayo de 2022 adopta otra perspectiva, de contenido sistémica, introduciendo modificaciones a la 19.300 sin afectar mayormente el concepto restringido de los PDA.

Si se observa qué está ocurriendo en los lagos de Chile, se podría concluir que están siendo afectados principalmente por el cambio climático, acelerando múltiples efectos que son consecuencia del desarrollo inmobiliario no regulado hasta las descargas fijas y difusas, todo lo cual conduce a aumentos de contaminantes, mayor eutrofización, disminución de aguas embalsadas y otros efectos de carácter preferentemente antrópico.

En La Araucanía, los lagos Villarrica, Caburgua y Budi se encuentran cada uno en distintos niveles de deterioro. En el Villarrica, el 2018 se dio inicio al respectivo PDA por clorofila “a”, transparencia y fósforo disuelto declarando la zona saturada, pero no tiene referencia a la dinámica de sistemas del cambio climático (CC).

Si no existiera dicha variable las propuestas de un PDA como el mencionado serían perfectamente válidas, sin embargo, no es así. La diferencia se produce en la apreciación del tiempo. El cambio climático se expresa en dinámicas de alta intensidad en corto tiempo. Ello conduce a pensar que un PDA es ajeno a dos factores críticos del CC, como son la regeneración y la resiliencia que debe desarrollarse en plazos muy breves.

Lo más probable es que un PDA tradicional se vea superado por efectos del CC; basta observar que hay medidas a 5 o más años, muy lejos de la dinámica del cambio climático. Recomendable sería ampliar los PDA con medidas eco sistémicas de inmediata aplicación y, por otra parte, impulsar estudios de modelación dinámica de los cuerpos lacustres, una herramienta actualmente restringida al espacio académico, que se necesita en el mundo real.

CRECE CON ENERGÍA

Neoelectra firmó contratos para suministrar electricidad a la Cía. Chilena de Fósforos y la U. de Las Américas, aumentando en un 15% su cartera de clientes industriales.

Grupo Neoelectra continúa creciendo en nuestro país como partner energético global para industrias y empresas, tras la creación de Neoelectra Energía Chile, unidad de negocio que arrancó este 2023 con la adjudicación de dos licitaciones y la firma de los correspondientes contratos de provisión de energía (PPA). Uno, para suministrar 7,8 GWh de electricidad al año a la Compañía Chilena de Fósforos (CCF), desde 2023 hasta 2029; y otro con la Universidad de Las Américas (UDLA), para entregar 1,8 GWh al año a dos de sus sedes

ubicadas en Santiago Centro y en Providencia (Región Metropolitana), durante el periodo 2023-2028.

Ambas operaciones suponen un incremento del 15% en la cartera de la comercializadora de electricidad en Chile, que actualmente engloba el suministro de 74,6 GWh/año. El objetivo es alcanzar los 110 GWh/año de cara al 2024, según el Plan Estratégico & Desarrollo Corporativo de Neoelectra, lo que supondrá un 25% del negocio del Grupo en el país.

“La adjudicación de ambos PPA se enmarca en una propuesta energéti-

ca integral, con contratos de energía eléctrica a largo plazo. En el caso de la Compañía Chilena de Fósforos tenemos perspectivas para desarrollar proyectos enfocados en mejorar la eficiencia energética de la fábrica, tanto en el área eléctrica como térmica”, explica Eduardo Rodríguez, Business Manager de Neoelectra Energía Chile.

El especialista añade: “Nuestra propuesta cobra especial valor para la industria, en el contexto de los requisitos que exige la Ley de Eficiencia Energética, el número actual de clientes libres y la futura implementación de la Ley de Portabilidad. Ofrecemos un amplio abanico de soluciones energéticas sostenibles y renovables, con la garantía que nos da ser parte de un Grupo con más de 20 años de experiencia en el mercado, como partner de clientes industriales que apuestan por la eficiencia energética”.

En este contexto, Rodríguez destaca que “los acuerdos de largo plazo contribuyen a asegurar un suministro energético estable a los clientes que forman parte del régimen libre, a los que Neoelectra ofrece precios competitivos y condiciones favorables respecto al mercado, con una atención preferencial ajustada a sus necesidades”. A raíz del escenario que hoy enfrenta el mercado eléctrico chileno, el ejecutivo recomienda a los clientes del régimen libre, mirar con meses de anticipación las ofertas para renovar contratos y poder conseguir las mejores condiciones.

PARTNER ENERGÉTICO GLOBAL

El modelo de Business Intelligence que está implementando Neoelectra en Chile es el mismo que aplica en la Península Ibérica, a nivel de partner energético global para industriales, a los que suministra servicios de alta eficiencia energética para mejorar rendimientos, reducir costos y aumentar los beneficios en los procesos que conllevan altos consumos energéticos (electro-intensivos), en sectores como alimentación, química, farmacéutico, azulejero, entre otros. Esto cobra especial relevancia en el contexto actual debido a la elevada volatilidad de precios.

“Neoelectra Chile ofrece suministro eléctrico altamente competitivo a clientes de mercado libre desde Arica a Castro con una oferta muy completa, ya que además de suministro eléctrico y servicios industriales para activos energéticos, contamos con capital propio para la ejecución de proyectos. A eso sumamos un amplio expertise en eficiencia energética, auditoría, operación, mantenimiento y energías renovables, proporcionando un servicio 360º a clientes industriales”, destaca Marcos Pérez, Country Manager de Neoelectra Chile.

En la compañía subrayan que, desde la llegada del Grupo al país en 2017, el crecimiento ha sido exponencial. En estos cinco años resaltan los siguientes hitos: la adquisición de un activo de cogeneración a biomasa que suministra vapor y energía eléctrica a Masisa (Cabrero); en 2021 terminó de comprar el 100% de las acciones de Energika Conade, filial de servicios industriales para activos energéticos; y durante 2022 lanzó su propia comercializadora de energía eléctrica con el objetivo de reforzar su oferta para clientes industriales con actividades electro-intensivas, replicando el modelo aplicado en España.

Desde la empresa también destacan que el desarrollo y crecimiento de la comercializadora cuenta con el “know how” de Eduardo Rodríguez, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, diplomado en Mercados Eléctricos del Futuro y su Regulación, que ha desarrollado su carrera en compañías como Atria Energía, Enel o IMELSA. “La puesta en marcha de la comercializadora de Neoelectra Energía en Chile es un gran desafío. Sin duda, un reto con un gran potencial de crecimiento para aportar una mejora sustancial a los contratos de suministro de energía eléctrica de clientes industriales”, plantea.

A su vez, Antonio Cortés Ruiz, CEO y Consejero Delegado de Grupo Neoelectra, concluye: “De acuerdo al plan estratégico de la compañía, los próximos pasos están enfocados hacia las energías renovables y a la adquisición de nuevos activos”.

EXPERTOS EN MEDICIÓN Y GESTIÓN DE OLORES

• Muestreo de olor (NCh3386:2015)

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LOS DESAFÍOS DEL LITIO

La industria nacional de este cotizado metal debe superar algunas brechas tecnológicas para lograr una producción más sustentable, sobre todo desde los puntos de vista ambiental y social.

Hace unas semanas, investigadores de la Universidad Católica presentaron un innovador cargador de vehículos eléctricos que permitiría maximizar el uso de la infraestructura eléctrica, impulsando la electromovilidad a nivel nacional y mundial.

Gracias a la pionera tecnología se podría recuperar el 70% de las baterías de litio desechadas, con lo que disminuiría la tasa de extracción de este metal, que es el más liviano y con menor densidad de la tabla periódica.

Según indica el documento surgido de la iniciativa “Roadmap: Estrategia Tecnológica del Litio en Chile”, liderada por la Corporación Alta Ley, en la última década el uso de litio en la industria de las baterías provocó

un fuerte y continuo aumento en su demanda. “Se espera que esto se mantenga así en los próximos años, puesto que el grupo de las baterías basadas en litio es el candidato más promisorio para impulsar las aplicaciones ligadas a la electromovilidad, artículos electrónicos portables y aplicaciones en almacenamiento de energía”, añade.

Lo anterior, precisa el texto, convierte al litio en un material crítico para la fabricación de baterías, siendo “un elemento fundamental en la transición hacia una economía más verde, desde la actual economía basada en combustibles fósiles hacia otra con mayor participación de energías renovables”

Gentileza Albemarle

PRODUCCIÓN EN CHILE

En el informe se destaca que la extracción de litio en el mundo proviene principalmente desde dos fuentes: depósitos de “roca dura”, llamadas pegmatitas, que concentran minerales de litio como espodumeno; y salmueras con alta concentración de iones de litio, potasio, magnesio, boro y otros, las que se emplazan subterráneamente en cuencas continentales formando los denominados salares.

Agrega al respecto: “En Chile, los recursos de litio corresponden en su totalidad a depósitos de salmueras asociadas a salares preandinos y andinos, ubicados en la Precordillera y Cordillera de los Andes, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Entre los factores determinantes que explican la masiva presencia de salares en el norte chileno están las extremas condiciones de aridez que se han mantenido en el área desde hace millones de años, lo que ha permitido altas tasas de evaporación y bajas precipitaciones”

El documento también da cuenta que la minería de litio se desarrolla hoy en Chile en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, que es catalogado como la mejor y más grande reserva de litio a nivel mundial. La zona se caracteriza, además, por tener bajos costos de producción operacionales debido a que reúne las mejores concentraciones de litio del

mundo e inmejorables condiciones ambientales, como una alta radiación solar y bajas precipitaciones. “Estas ventajas convierten actualmente a Chile en el principal productor de litio desde salmuera”, destaca.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Por un lado, la iniciativa de Alta Ley valora que la industria del litio en Chile tenga una baja huella de carbono y reducidos consumos de energía eléctrica y de agua fresca. Pero, por otro, manifiesta el surgimiento en los últimos años de diversos reparos por el impacto medioambiental que provocarían los procesos en el salar y, en general, de todas las operaciones de producción a partir de salmueras ubicadas en el Triángulo del Litio.

Expresa: “Esto, porque cada salar, así como la cuenca en donde se encuentran inmersos, son sistemas complejos desde el punto de vista hídrico y generalmente tienen asociados ecosistemas protegidos, con flora y fauna de interés ecológico, por lo que las comunidades aledañas han manifestado también su preocupación”

Luego resalta algunas iniciativas y programas impulsados por las compañías mineras, y también por otros actores, “para medir y monitorear el impacto de los procesos productivos en el Salar de Atacama. Sin embargo,

10,5 Millones de toneladas de litio, aproximadamente, son las reservas de Chile, de las cuales alrededor de 10 millones se encuentran en el área de propiedad minera de Corfo en el Salar de Atacama (1.638 km²).

El uso de litio en la industria de las baterías ha provocado un fuerte y continuo aumento en su demanda.

aún no existe consenso sobre los impactos y riesgos de la minería del litio y otras actividades económicas en la región, por lo que es de importancia para todos los actores del ecosistema, industria privada, comunidades, gobierno y sociedad civil incluidos, continuar con investigaciones que apunten a disipar estas dudas. Por otro lado, se debe buscar un mejoramiento constante y/o alternativas a los procesos actuales de extracción y procesamiento de salmuera, en línea con los avances tecnológicos”

En concreto, el reporte plantea que las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la minería del litio “se enfocan en las incertidumbres asociadas al conocimiento y evaluación de los impactos en la hidrología local, riqueza de flora y fauna, biodiversidad y bienestar social”

Además, puntualiza que, en el marco del impulso global a una minería verde, el sector debe considerar indicadores de desempeño ambiental relevantes para los mercados de destino, sobre todo de eficiencia energética, emisión de gases de efecto invernadero, gestión hídrica y gestión de residuos.

En este contexto, el documento hace mención a las brechas asociadas a la producción sustentable de litio y plantea, de manera genérica,

las siguientes oportunidades para superarlas:

• Optimización (eficiencia) de procesos de producción a partir de evaporación solar: Existe la oportunidad de recuperar agua evaporada en la salmuera, y aumentar la recuperación de litio. Se propone buscar alternativas que lo permitan en el proceso de evaporación, nuevas tecnologías y/o configuraciones que eleven la eficiencia del proceso y, a la vez, sean competitivas en el desempeño económico y ambiental.

• Nuevos procesos más sostenibles y amigables con la biodiversidad y el medio ambiente: Hay oportunidades para una gestión más sostenible en la explotación del Salar de Atacama, basada en asegurar que las funciones ecológicas de los sistemas naturales allí existentes puedan mantenerse en el tiempo, considerando aspectos sociales, económicos y ambientales. Esto debe alinearse con los requerimientos sociales y de los mercados de destino, como los fabricantes de baterías, los cuales prefieren productos de fuentes con menor impacto ambiental.

• Trazabilidad del ciclo productivo completo del litio: Se reconoce la importancia de contar con una plataforma en línea para monitorear el proceso productivo del litio, específicamente sus variables de trazabilidad ambiental: desde la extracción hasta su lugar de destino final. Esta plataforma aportaría a la gestión interna de las compañías, asegurando la trazabilidad de los insumos y emisiones del proceso en sus alcances 1, 2 y 3. También permitiría obtener indicadores relevantes de sustentabilidad para transparentar a la comunidad y, por otro lado, gestionar de forma ágil y costo eficiente el seguimiento de metas, regulaciones y certificaciones asociadas a la producción.

• Mejorar el posicionamiento internacional del litio chileno: Los mercados internacionales y destinatarios finales apuntan a favorecer el desarrollo de productos basados en minerales y materiales que provengan de procesos sostenibles, con el menor impacto ambiental e idealmente certificables desde el punto de vista de la sustentabilidad, ya sea con bajas emisiones de GEI, con reducida huella hídrica y sin

conflictos socio-económicos. Existe una oportunidad para la industria del litio de mejorar su posicionamiento internacional demostrando y resaltando los atributos diferenciadores en estos ámbitos.

TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Fruto del trabajo realizado, la Corporación Alta Ley priorizó cinco iniciativas estratégicas para su desarrollo táctico. Una de ellas es “Desarrollo y adopción de tecnologías sostenibles para optimizar la relación costo/beneficio del proceso productivo del litio”. Se orienta a la implementación de proyectos de I+D+i, o de transferencia tecnológica, que permitan incrementar la eficiencia y sostenibilidad actual de los procesos productivos de esta industria, así como su relación costo/beneficio. En esa dirección, propone las siguientes soluciones tecnológicas de extracción y producción sustentables:

• Tecnologías que permitan obtener tasas de recuperación de litio a partir de salmuera de 90% o superior, para extraer menor cantidad de salmuera del salar.

• Tecnologías de producción de carbonato de litio a partir de procesos en menores plazos y etapas, acortando el ciclo actual de meses a horas y mejorando los costos de operación.

• Tecnologías que contribuyan a la flexibilidad productiva ante escenarios climáticos adversos y fuentes con concentraciones variables, inicialmente entre 300 a 2.000 ppm.

• Tecnologías para aumentar la producción de hidróxido de litio a través de mejoras incrementales en los procesos actuales reduciendo sus costos de producción en un 10% al 2025, y un 20% al 2030.

• Tecnologías para elevar la tasa de recuperación de agua desde la salmuera extraída a un 90% para reinyección al salar, o utilizarla en otros procesos para disminuir el uso de agua continental.

• Procesos productivos con menor evaporación de salmuera tendientes al 0% de evaporación, avanzando en la recuperación de agua contenida en la salmuera extraída en un 100% al 2035.

Existe la oportunidad de recuperar agua evaporada en la salmuera y aumentar la “cosecha” de litio.

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN

Recomendaciones de consultores y especialistas para la evaluación ambiental de los proyectos de transmisión eléctrica, así como para fortalecer la participación ciudadana en el SEIA y crear capacidades para afrontar los desafíos del cambio climático, son parte de lo que encontrará en las siguientes páginas.

ASESORÍA EN LÍNEA

La evaluación ambiental de proyectos de transmisión eléctrica tiene diversas complejidades técnicas, sociales y territoriales que ameritan un apoyo de alto nivel por parte de las empresas consultoras. Especialistas las analizan y proyectan los desafíos.

El proyecto atravesará cinco regiones, entre las de Antofagasta y Metropolitana, abarcando unas 28 comunas con una extensión cercana a los 1.350 kilómetros. Y no se trata de una nueva línea de tren y tampoco de una carretera. Los datos aportados pertenecen al proyecto de transmisión eléctrica (PTE) de mayor envergadura que tendría Chile: la línea de corriente continua Kimal-Lo Aguirre, cuyo estudio de impacto ambiental se presentaría en 2023, proyectándose su puesta en marcha para 2029. Para dimensionar la importancia de este tipo de infraestructura, Javier Tapia, Director Ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación que reúne a las empresas del rubro, expresa: “La transmisión eléctrica es la principal condición habilitante para lograr que nuestro país cuente con una matriz renovable en el menor plazo posible. Existe un amplio consenso en la industria acerca de la importancia crucial de este sector para los procesos de descarbonización y electrificación hacia los cuales como país queremos avanzar”

En ese marco, en un reciente seminario, la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, indicó que “en el SEA nos estamos preparando de manera proactiva para enfrentar los desafíos que implica evaluar proyectos de transmisión de diversa complejidad técnica, social y territorial. La evaluación ambiental debe ser de excelencia y las empresas y las comunidades necesitan tener reglas claras y certezas. Debemos ser dialogantes, ágiles y eficientes, sin que ello signifique sacrificar el necesario cuidado de nuestro medio ambiente”

PLAZOS, CRITERIOS, TRAZADOS

Como se puede suponer por su amplia extensión, los proyectos de transmisión eléctrica presentan complejidades no solo técnicas, sino que también socio-ambientales. De ahí que la asesoría especializada que prestan las empresas encargadas de la elaboración de las declaraciones (DIAs) y

María Isabel Manzur Bióloga, PhD Chile Sustentable

Proyecto SBAP y concesiones en áreas protegidas

Chile posee una biodiversidad única en el mundo, pero la legislación vigente es incompleta y dispersa. En 2014, Michelle Bachelet ingresó al Senado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que lleva casi 9 años sin poder ser promulgado. Sus objetivos son: 1) Crear una institución pública, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, radicado en el Ministerio del Medio Ambiente, con lo cual se completa la institucionalidad ambiental del país; 2) Establecer regulaciones para la conservación de la biodiversidad; y 3) Crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas públicas y privadas, terrestres, marinas y acuáticas. El actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado a cargo de CONAF, sería trasladado al Servicio de Biodiversidad. El proyecto SBAP fue aprobado por el Senado donde pasó por una consulta indígena. Luego pasó a la Cámara de Diputados a las Comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Hacienda y fue aprobado el 24 de enero de 2023.

Para evitar conflictos en etapas posteriores, los PTE deben socializarse en forma oportuna y participativa con la comunidad.

estudios de impacto ambiental (EIAs), para su calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sea fundamental para sortear con éxito esta crucial etapa.

Sobre el tema, Carolina Giacaman, Líder del Área Cumplimiento Ambiental de Gestión Ambiental Consultores (GAC), sostiene que “las líneas de transmisión eléctrica son proyectos que generan cargas ambientales, ya que suelen extenderse por una diversidad de ambientes y territorios. Por eso, pueden acarrear impactos sobre la avifauna y el paisaje; intervienen de manera permanente bosques y vegetación que requiere ser removida para la habilitación y mantención de la faja de seguridad; generan molestias y preocupación por emisiones

Unos de los temas claves del proyecto ha sido las concesiones dentro de áreas protegidas. El proyecto solo permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala, lo cual está muy bien. Pero adicionalmente, el texto del Senado permitía concesiones sectoriales para actividades industriales en áreas protegidas, como minería, salmonicultura, centrales hidroeléctricas, que destruyen la biodiversidad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara logró excluir dichas concesiones, pero la Comisión de Agricultura las aprobó. Estas dos versiones fueron votadas en la Sala de la Cámara y se aprobaron textos contradictorios, que permiten y que no permiten actividades industriales en áreas protegidas. Asimismo, aprobaron textos que reconocen y que no reconocen los 334 sitios prioritarios establecidos antes de esta ley. Por esta razón el proyecto deberá pasar a una comisión mixta para resolver estas incoherencias.

Este proyecto representa un tremendo avance que nos permitirá contar con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Chile Sustentable espera que la Comisión Mixta pueda resolver las incoherencias y que la Ley SBAP definitivamente excluya actividades productivas dentro de áreas protegidas.

66 Kilovoltios (kV) es el voltaje mínimo con el que operan los sistemas de transmisión en Chile, llegando a un máximo 500 kV. Sus componentes principales son subestaciones eléctricas y líneas de transmisión.

de ruido y campos electromagnéticos; y suelen ser mal recibidos por los grupos humanos que han observado problemas en la tramitación, construcción u operación de otros proyectos similares”

No obstante, asegura que el mayor problema son los acotados plazos que se imponen para todas las etapas de su desarrollo, “incluida la tramitación ambiental, la cual, en ocasiones, debe desarrollarse incluso antes de tener un acceso garantizado a todos los predios que albergarán la infraestructura del proyecto”

Coincidiendo en varios puntos, Javier Tapia asevera, en primer lugar, que las complejidades socio-ambientales de los PTE derivan de su propia naturaleza: infraestructuras lineales que, a diferencia de otras (como las de

generación eléctrica o de un proyecto minero), generalmente se extienden en una gran dimensión de territorio y se relacionan con una enorme cantidad de comunidades.

“Además, los sistemas de evaluación no son adecuados a su infraestructura, sino que están pensados para proyectos de inversión localizados en un sitio determinado. Esto se manifiesta en distintos aspectos, como que los plazos resultan muy acotados y casi imposibles de cumplir en el caso de la transmisión. Por ejemplo, es muy difícil para los equipos del SEA abarcar en 60 días de participación ciudadana todos los sectores y localidades por donde estos proyectos pasarán”, indica.

Otra dificultad para los PTE, a su juicio, es la obtención de permisos sectoriales, toda vez que se presentan “disparidades de criterios entre unidades regionales de un mismo servicio o iteraciones excesivas, lo que dificulta y ralentiza toda la evaluación. Sin bajar estándares, debemos ser capaces de hacer un esfuerzo conjunto por reducir los tiempos de tramitación”

También lamenta la imposibilidad que existe en el SEIA de priorizar algunos proyectos de transmisión eléctrica que, por su envergadura, producen un beneficio e impacto muy alto para el país. Más aún si la infraestructura de transmisión, a diferencia de la de generación, es planificada y mandatada por el propio Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, resalta el anuncio del SEA sobre la formación de un equipo interno especial para efectuar el proceso de calificación de la línea Kimal-Lo Aguirre, así como la creación, en el Coordinador Eléc-

Las complejidades socio-ambientales de estos proyectos derivan de su propia naturaleza: infraestructuras lineales que suelen extenderse por amplios territorios y se relacionan con una enorme cantidad de comunidades.

trico Nacional, de una subgerencia enfocada en los grandes proyectos de transmisión.

Iván Honorato, socio de ECOS Chile, aporta otro dato al debate: entre el 2020 y 2022 solo se evaluaron y aprobaron 30 proyectos del rubro en el SEIA, muy lejos de los 285 visados entre 2011 y 2019. “Los motivos de tal reducción pueden ser variados, sin embargo se ha reconocido que hoy existe una mayor complejidad en los procesos de diseño, evaluación y construcción de líneas de transmisión debido a conflictos con comunidades y otros sectores económicos por el uso del territorio”, plantea.

Añade que las principales preocupaciones de los desarrolladores de PTE están relacionadas con la identificación, en etapas tempranas de prefactibilidad y en plazos acotados, de los trazados que tengan el menor impacto sobre las comunidades y las áreas con alto valor en biodiversidad y/o de desarrollo turístico.

Lo anterior, considerando que los proyectos de transmisión al ser mandatados por el Estado y estar definidos en el plan de expansión por el Coordinador Eléctrico, “ya tienen indicados desde las bases de licitación los puntos referenciales a considerar para la o las conexiones de la línea de transmisión, debiendo configurar en base a éstas las alternativas posibles de trazado. Además, los plazos exigidos para el funcionamiento de los proyectos son generalmente difíciles de cumplir, puesto que se deben considerar todas las etapas asociadas a la evaluación ambiental, obtención de permisos, construcción y puesta en marcha”, especifica.

DIFICULTADES EN TRÁMITE

Respecto a las dificultades específicas que enfrentan las iniciativas de transmisión durante la evaluación ambiental y cómo se suelen resolver, Carolina Giacaman las atribuye, justamente, a que no se considera la variable socioambiental en las etapas tempranas de los PTE. Esto, “ya sea como información de entrada para la definición del trazado o cuando no ha sido socializado en forma oportuna y participativa con la comunidad, o cuando la ralentización de los procesos de concesión y negociación de servidumbres dificulta el adecuado desarrollo de los estudios ambientales que nutrirán el instrumento que se someterá a tramitación en el SEIA, pues no se contará con la autorización de acceso a predios por parte de los propietarios, mermando la representatividad espacial de las líneas de base respecto del trazado total de la línea. Es algo que aumenta el riesgo de que durante la tramitación sea necesario complementar estudios y, en casos más extremos, puede llegar a traducirse en que EIAs o DIAs no satisfagan todos los requerimientos mínimos que establece el Reglamento del SEIA para evitar su no admisión a trámite o el término anticipado del proceso”, advierte. Por lo mismo, la profesional de GAC asegura que los titulares de los proyectos deben contemplar la realización de estudios socioambientales en etapas tempranas del diseño “que puedan aportar información adicional valiosa a aquella de índole técnico-económico, todo lo cual podría contribuir a la definición de trazados viables. Además, deben integrar a la comunidad en la optimización de éstos mediante procesos de relacionamiento oportunos y participativos, lo que ayudará a disminuir los riesgos de oposición, conflictividad y judicialización una vez emitida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”

Por su parte, Vivian Hernández, senior de ECOS Chile, enumera los principales problemas que, de acuerdo a su experiencia, surgen durante la calificación de los PTE:

• Largos procesos de levantamiento de información de líneas de base, los que además suelen presentar falta de precisión, ya que en la mayoría de los casos no se logran obtener los permisos para acceder a la totalidad de los predios por donde se extenderá el proyecto. Esto provoca que se busque apoyo en antecedentes referenciales o de menor rigurosidad, sobre todo en aspectos asociados a los sistemas de

Iván Honorato revela que el 88% de los proyectos de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones se han evaluado en el SEIA a través de una DIA.

Largos procesos de levantamiento de información de líneas de base están entre los principales problemas que deben enfrentar los titulares de proyectos, comenta Vivian Hernández.

Las empresas del rubro “deben tender, tras la firma del Acuerdo de Escazú, a generar mejores y más procesos de participación temprana”, asegura Javier Tapia.

vida y costumbres de grupos humanos, recursos naturales renovables y patrimonio cultural. “Tal inconveniente se suele resolver, durante la tramitación ambiental, con la obtención de los permisos a los accesos faltantes y ejecución de nuevas campañas que levanten información. Así se fortalecen los antecedentes, aunque en algunos casos se extrapola la información a las áreas donde definitivamente no se logra entrar”, revela la geógrafa.

• Falta de entendimiento de los proyectos por parte de las comunidades: por su extensión, abarcan usualmente más de una región, dificultando los procesos de participación ciudadana, cuyos plazos son acotados y complejos para el desarrollo y presentación de los PTE a todas las comunidades y grupos presentes en su área de influencia. Esto genera altos niveles de rechazo, toda vez que las personas no quieren líneas de alta tensión cerca de sus hogares. Para contrarrestar los inconvenientes, los titulares buscan difundir y ampliar los canales de información de las iniciativas, así como optimizar una parte del trazado a partir de las observaciones que levanta la ciudadanía. Lo anterior incide en los plazos de la evaluación y, en algunos casos, gatilla la presentación de compromisos ambientales voluntarios por parte de las empresas.

• Falta de análisis preventivos mediante prefactibilidades ambientales y sociales que permitan definir estratégicamente corredores o franjas. Esto impide reconocer todos los riesgos potenciales del proyecto, los que luego son relevados en el proceso de evaluación ambiental a través de las observaciones de las comunidades, lo que hace que el titular

Carolina Giacaman cree necesario incluir la variable cambio climático en el diseño de los PTE.

deba comprometerse a un número importante de compromisos y costos no considerados.

• Dificultad para definir los sectores donde se ejecutarán las medidas de compensación a causa de la gran extensión de los proyectos: muchas veces no se pueden realizar dentro de la misma franja de intervención, lo cual se va definiendo en la tramitación de los mismos y en el proceso iterativo y de consulta con los organismos administradores del Estado con competencia ambiental.

SUPERANDO FALENCIAS

Iván Honorato pone de relieve que el 88% de los proyectos de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones que han pasado por el SEIA (541 de 610 a diciembre de 2022) se han evaluado a través de una DIA, “por lo que uno de los principales problemas que han presentado los procesos de evaluación es la falta de información precisa de las componentes que potencialmente pueden impactar los PTE. Esto ha hecho que los tiempos de tramitación, en algunos casos, sean más largos que otros, y que luego se presenten varias dificultades durante la construcción, las que han sido identificadas y relevadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través del inicio de procesos de fiscalización y sanción”

El ingeniero ambiental manifiesta, sin embargo, que hoy muchos desarrolladores de líneas de transmisión se están preocupando de definir varias alternativas para someterlas a una evaluación de riesgos preliminares, y de esta forma reducir incertidumbres en las etapas posteriores. “También se ha visto un interés en establecer contrapartes técnicas y legales en los procesos de evaluación ambiental (preparación de DIAs y EIAs) que desempeñen un rol de test de admisibilidad previa, para mejorar tanto el robustecimiento de la información a presentar como los tiempos de elaboración y tramitación de los procesos de evaluación de impacto ambiental”, afirma el experto de ECOS Chile.

APOYO EXPERTO

¿De qué manera las empresas consultoras desarrollan las capacidades necesarias para asesorar adecuadamente los PTE?

Carolina Giacaman responde asegurando que GAC “cuenta con un amplio equipo de profesionales altamente calificados, que abarca gran parte de los alcances requeridos para el desarrollo óptimo de la evaluación ambiental. Ellos son responsables de mantenerse al día de los criterios, metodologías y técnicas que permiten un adecuado asesoramiento a proyectos de diversa índole. Además, dispone de un área legal y un Comité Directivo de Proyectos, que sesiona sema-

nalmente, los cuales contribuyen al resultado exitoso de su evaluación ambiental”

En el caso de ECOS Chile, Iván Honorato explica que “focalizarnos en la gestión del cumplimiento ambiental y social en toda la vida de un proyecto, desde que es una idea hasta su cierre, nos ha puesto la tarea de sistematizar, revisar y analizar los procesos de evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Esto ha permitido fortalecer el conocimiento de nuestro equipo”

Resalta, asimismo, la expertis de los profesionales de la consultora en materia de evaluación y cumplimiento ambiental, “lo que nos permite tener una mirada objetiva, estratégica y sistémica de este tipo de proyectos. Así apoyamos a nuestros clientes en la identificación de riesgos y toma de decisiones, reduciendo las incertidumbres en los procesos de evaluación ambiental”

Javier Tapia, a nombre de Transmisoras de Chile, subraya que las consultoras “son nuestros socios estratégicos, una pieza central para el desarrollo adecuado de los proyectos. Mientras más unido, coherente y coordinado sea el trabajo entre la empresa y su respectivo consultor, más probabilidades habrá de tener una experiencia exitosa en la evaluación que se haga de un proyecto, tanto por parte de la autoridad como de las comunidades involucradas”

Enseguida comenta: “Actualmente, nos parece que hay bastante conocimiento, experiencia y seriedad dentro del mercado. Esperamos, por cierto, que la oferta se siga ampliando a futuro; que se diversifique y especialice más aún; y que la competencia genere más y mejores productos e innovación. Como industria, nuestro foco es contar y operar siempre con los estándares más altos posibles e ir empujando hacia una mejora continua”

NUEVOS DESAFÍOS

¿Qué nuevos criterios o aspectos socio-ambientales se deberían considerar o reforzar en la evaluación de estos proyectos?

Carolina Giacaman ve necesario, primero, incluir la variable cambio climático en el diseño, “por ejemplo, desde la perspectiva de la seguridad de las instalaciones y respecto a la cantidad y estacionalidad óptima de esfuerzos de terreno para línea base de fauna”. Asimismo, espera “una mayor tecnificación de la evaluación ambiental, lo que obligará a los titulares y consultores a implementar nuevas metodologías y herramientas para robustecer tanto los estudios de caracterización ambiental como la evaluación de impacto ambiental de los proyectos”

Iván Honorato concuerda con la importancia de incorporar el factor cambio climático y reitera la necesidad de que las líneas de transmisión inicien su desarrollo mediante análisis de prefactibilidad ambiental y social, “para poder reconocer en base al análisis de una serie de información y criterios cuáles son las opciones de trazados que presentan menores niveles de riesgo ambiental y social”, sentencia. Además, plantea la relevancia de potenciar el análisis de variables sociales (mapa de actores), de conflictividad y potencial desarrollo poblacional.

4 Clasificaciones de líneas de transmisión existen en nuestro país de acuerdo a la Ley 20.936 del año 2016: nacional, zonal, polos de desarrollo y dedicados.

98% De la población que habita entre Arica y Chiloé es iluminada por la energía eléctrica que transporta Transelec, el principal proveedor de sistemas de alta tensión del país con 10.045 km. de líneas y 69 subestaciones de 500 kV y 220 kV.

Javier Tapia, junto con valorar el que se incluya la variable cambio climático en la evaluación, comenta que las empresas del sector deben tender, tras la firma del Acuerdo de Escazú, “a generar mejores y más procesos de participación temprana, velando porque las comunidades puedan conocer los alcances de los proyectos y estar permanentemente informadas sobre sus etapas”

En relación al Convenio 169 de la OIT, señala que si bien es un instrumento implementado hace una década por el sector privado, “aun nos desafía a entender las dinámicas sociales y culturales propias de los pueblos indígenas, las que no deben verse afectadas producto de la llegada de los proyectos de transmisión. También nos llama a analizar iniciativas que permitan una mejor convivencia de la infraestructura con las personas que viven en los territorios donde se instalan”

Por último, el ejecutivo considera fundamental que “la visión y los lineamientos que impone la autoridad ambiental sean incorporados en los procesos de licitación de obras. Las bases hoy no recogen estas variables y, por tanto, los plazos exigidos siguen sin conversar con los lineamientos ambientales”.

Miguel Ángel Astudillo Socio y Director de proyectos

La ruta de evaluación de proyectos

Chile presenta condiciones favorables en términos de “infraestructura administrativa de evaluación de proyectos”, sin embargo, durante los últimos 20 años, ha existido una brecha digital y procesal entre la evaluación ambiental y la evaluación sectorial de proyectos. Hoy, esta diferencia ha disminuido con la implementación de la Plataforma SUPER (Sistema Unificado de Permisos), herramienta lanzada en junio de 2019 por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), perteneciente al Ministerio de Economía. Este hito ha hecho posible, de forma paulatina, digitalizar los procesos de evaluación de algunos permisos sectoriales. Contar con una “Ruta de evaluación de proyectos” contribuye a incentivar y potenciar su ejecución. Hoy los tiempos de desarrollo permisológico y la obtención de los permisos ambientales y sectoriales de un proyecto mediano varían entre los 3 y 5 años en promedio, lo que hace que, sin duda, el concepto de “Ready to build”, sea una meta cada vez más compleja y difícil de alcanzar.

Como se mencionó anteriormente, la digitalización de los procesos de evaluación de los permisos sectoriales es un paso importante, pero no es suficiente. Existen otras variables no tecnológicas que permitirán contar con una “Ruta de evaluación de proyectos” de alto estándar. Entre éstas destacan la uniformidad de criterios y la definición de plazos reales de evaluación, por mencionar sólo aquellas demandas que históricamente han sido exigidas entre los usuarios de los sistemas.

Desde la vereda ambiental, también existe una discusión abierta respecto a las modificaciones que se deben implementar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Vincular la evaluación y opinión técnica de las OECAs (Órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales) en las decisiones de las Comisiones de Evaluación Ambiental, es una tarea prácticamente ineludible, sobre todo, si el país quiere dar señales de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.

La conclusión positiva de estas discusiones públicas y privadas permitirá avanzar hacia una “Ruta de alto estándar”, abriendo mayores oportunidades en el desarrollo y materialización de proyectos.

de AMBEC

Durante 2022 hubo participación ciudadana en el 11% de los proyectos presentados al SEIA. Revisamos estrategias para elevar esa cifra y mejorar estos procesos.

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo sostenible de todo proyecto de inversión es contar con la denominada “licencia social”, lo que en términos simples significa lograr la aprobación de la comunidad con la que convive.

En ese contexto, los procesos de participación ciudadana (PAC) en las iniciativas que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) juegan un rol muy relevante.

A continuación, revisamos el alcance de este instrumento, así como algunas estrategias y acciones para ampliar y mejorar estos procesos.

PAC EN ALZA

De acuerdo a la Ley 19.300, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es el organismo encargado de coordinar el desarrollo adecuado de la PAC en el SEIA, lo que incluye el establecimiento de los mecanismos necesarios para asegurar que la comunidad tome parte de manera informada en los procesos de calificación de los estudios de impacto ambiental (EIA), y también de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) con carga ambiental en las que se solicite abrir espacio para la consulta pública.

¿Cuánto se ha avanzado en esta materia?

Juan Cristóbal Moscoso, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, responde: “En los últimos años, han aumentado los niveles de participación en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Por ejemplo, durante 2022, hubo participación ciudadana (PAC) en el 11% de los proyectos presentados a evaluación en el SEIA. Esta cifra es mayor que los años anteriores donde, desde 2014 a 2021 en promedio, se realizó PAC en el 8% de los proyectos”

Esta evolución se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Porcentaje de PAC en relación a proyectos al SEIA

Según el abogado, esta mejoría se podría explicar, en parte, por “la publicación del Instructivo PAC N° 202299102470, de fecha 2 de junio de 2022, el cual amplía la interpretación sobre cargas ambientales, lo que permite solicitar PAC en declaraciones de impacto ambiental (DIA), reconociendo una demanda creciente, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema”

En este escenario, se espera que el porcentaje de participación ciudadana en los proyectos de inversión siga al alza, para lo cual en el SEA ya se están preparando. “Durante enero de 2023, realizamos una reestructuración que implicó, entre otras cosas, crear un nuevo Departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta Indígena. Esto es un paso de transformación institucional muy importante, porque vamos a poder contar con profesiona-

En los últimos años, ha aumentado la PAC en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos, señala Juan Cristóbal Moscoso.

les dedicados, exclusivamente, para fortalecer estas instancias y cumplir con los estándares comprometidos por Chile al adherir al Acuerdo de Escazú, y su mejora continua dentro del SEIA”, comenta Moscoso.

Añade que las principales funciones de dicho Departamento serán generar y mantener estadísticas de participación ciudadana y consulta indígena a nivel nacional, y velar por la adecuación de la gestión documental apegada a la normativa y de manera transparente. “Contar con estas estadísticas de participación más detalladas, nos permitirá diseñar e implementar mejores metodologías para realizar actividades acordes con las características de la comunidad”, explica.

CAPACITACIÓN, GUÍAS Y MÁS

Al fortalecimiento institucional mencionado anteriormente, el SEA suma estrategias y herramientas para fomentar la participación ciudadana.

En ese marco, uno de los lineamientos principales es la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú suscrito por Chile en 2022. Al respecto, una de las primeras acciones que adoptó el Servicio “fue realizar un diagnóstico para evaluar su incorporación en el SEIA junto con una encuesta en el servicio. Estos son insumos relevantes a la hora de tomar decisiones y poder llevar a cabo un plan de acción concreto para mejorar los estándares en la participación pública, acceso a la información y justicia ambiental”, dice Juan Cristóbal Moscoso. Agrega que ya se han dado pasos importantes para facilitar el acceso a la información, con el uso de algunas herramientas como las capacitaciones: “Durante 2022, se capacitaron más de 7.000 personas, a través de las plataformas del SEA y partimos el año 2023 con un buen pie, porque luego de la publicación de la ‘Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA’ hicimos, inmediatamente, dos capacitaciones iniciales, tanto a las y los funcionarios del servicio, como a la ciudadanía. En total participaron más de 1.000 personas”, detalla.

El especialista asegura que estas instancias permiten entregar insumos importantes para que titulares, consultores, organismos con competencia ambiental y la ciudadanía en general, sean parte activa de los procesos de la evaluación ambiental y de las instancias de participación ciudadana. “Esperamos seguir creciendo en esta línea de acción y, para lograrlo, por ejemplo, tendremos una oferta de alrededor de 13 cursos, a través de la plataforma elearning ‘SEA Capacita’ que incluye uno de consulta indígena en el SEIA”, acota.

Moscoso añade que, en paralelo, el Servicio está desarrollando dos guías: una con estándares para la participación ciudadana y otra para impulsar la participación anticipada de la comunidad en los proyectos que se presentan al SEIA. En relación a ello, recuerda de manera más general que “estamos recibiendo comentarios a las guías y documentos técnicos, a través de comentarios.documentos@sea.gob.cl, lo cual nutre nuestro quehacer, unificando criterios y actualizando estos documentos”

Luego concluye: “Estamos diseñando estrategias de participación acordes a las características de la ciudadanía y estamos enfocados en atender a la población

El acercamiento temprano de la autoridad a las comunidades podría facilitar el proceso, sostiene Mónica Reyne.

En línea con el Acuerdo de Escazú, el SEA está diseñando estrategias de participación acordes a las características de cada comunidad.

en la temática, y prepararlo permanentemente para que domine la legislación pertinente (como el Acuerdo de Escazú), la normativa del Servicio de Evaluación Ambiental, así como las técnicas, metodologías y perspectivas adecuadas a aplicar en estos casos, entre otros aspectos.

“Además, durante la investigación de línea base en terreno hacemos capacitación a las comunidades de los mecanismos formales de participación. Del mismo modo, informamos a los clientes de los beneficios de la participación temprana, con tecnologías sociales adecuadas y abierta a la incorporación de los tópicos de consenso que se abren como oportunidades”, detalla.

Otra consultora conocedora del tema es Equilibrio Triangular, que reúne a profesionales que han gestionado más de 100 proyectos ante el SEIA con una calificación ambiental favorable. A partir de esa experiencia, su gerente general y socia directora, Mónica Reyne, no duda en señalar que la principal dificultad que han enfrentado con respecto a la PAC es “el desconocimiento de la comunidad respecto a los temas ambientales que se tratan en este tipo de consulta, su alcance y cómo deben participar. Muchas veces, la comunidad confunde este proceso con una negociación con el titular del proyecto para entregar solicitudes de diverso tipo, cuando en realidad, es una reunión informativa de difusión del proyecto, sus partes y obras, para colocar en antecedentes, aclarar dudas e informar, en el caso de una DIA, que no se afectarán aspectos ambientales del área de influencia del proyecto o, en el caso de un EIA, explicar el mismo alcance más los aspectos afectados y cómo el titular los compensará o mitigará”

más vulnerable para que se sientan parte de este proceso, que tiene que ver con los estándares que exige Escazú. Por lo mismo, facilitaremos, anticipadamente, los cronogramas de participación, usando un lenguaje comprensible, simple y claro. Es decir, estamos haciendo los monitoreos y mejoramientos para garantizar una participación efectiva en la evaluación ambiental”

DIFICULTADES Y SOLUCIONES

Otros actores relevantes que pueden aportar al adecuado desarrollo de los procesos de participación ciudadana son las empresas consultoras que asesoran a los titulares de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental.

Un ejemplo es Orbe Consultores, compañía con 30 años de experiencia y más de 200 proyectos aprobados en el SEIA, desde donde comentan las principales dificultades que han enfrentado en los procesos de consulta a las comunidades: “El desconocimiento por parte de los ciudadanos de los mecanismos institucionales, sus plazos e instancias formales. Las personas usan los medios locales, las redes sociales, asambleas y otros mecanismos para expresar sus preocupaciones e inquietudes. Muchas veces los procesos de evaluación ambiental terminan y las comunidades interpretan que aún no han comenzado el proceso de evaluación”, señala Javiera Luco, jefa del área de comunidades de la empresa.

Al mismo tiempo, advierte que los mandantes de los proyectos desconocen las oportunidades que abre para la legitimidad del negocio una participación oportuna y abierta al co-diseño y la participación efectiva de las comunidades. “Lo anterior lleva muchas veces a enfrentar los procesos de participación como un check list instrumental, en vez de una acción estratégica”, plantea.

La especialista comenta también que como la participación ciudadana no es vinculante y la data social, de tipo cualitativa (aunque científicamente producida), suele tener menor valoración que la data cuantitativa o exacta, muchas conclusiones de estos procesos son desechadas en perjuicio de los proyectos y las comunidades.

Javiera Luco indica que para intentar superar estas trabas y concretar una adecuada participación de las comunidades en dichos procesos, Orbe Consultores decidió tener un equipo interno de comunidades, especialista

¿Cómo abordar esta problemática? “Primero, lograr una coordinación y definir bien los objetivos de cada consulta junto al SEA, que son los responsables de convocar, organizar, dirigir y dar los contenidos para este tipo de consultas”, responde la ingeniera civil químico, con un diplomado en medio ambiente y conflictos ambientales. Agrega que la capacitación y/o acercamiento temprano de la autoridad a las comunidades también podría facilitar el proceso.

Luego, Mónica Reyne sostiene: “De acuerdo al conocimiento que hemos desarrollado en nuestros más de 25 años de experiencia en los procesos de tramitación ambiental, se trata de realizar una presentación más bien educativa del proceso en sí, lo más gráfica y visual posible, que introduzca los conceptos de forma simple y visual, de manera que el proyecto se explique por sí solo y a la vez se dejen establecidos y repasen los conceptos básicos, el alcance de la consulta, las definiciones y regulaciones del proceso de tramitación ambiental. De este modo, las personas que participan de la consulta se pueden ir capacitando y entendiendo mejor el proceso en que están involucrados y, al mismo tiempo, se pueden ir respondiendo sus dudas, incorporando sus observaciones y aportes. Todo ello facilita el diálogo, genera confianza y cercanía, y permite colocar el foco en el tema ambiental y su tramitación”

Desde el SEA, Juan Cristóbal Moscoso plantea que más que dificultades, existen múltiples desafíos para seguir avanzando. Según señala, esto parte por dejar de ver la participación ciudadana solo como una etapa y entenderla más bien “como un proceso que debe generar espacios de diálogo, transparentes, con información accesible e inclusiva y considerando la perspectiva de género, de manera de implementar de forma gradual, pero sostenida el Acuerdo de Escazú en Chile”

También considera necesario preguntarse cuánto tiempo nos vamos a demorar en cumplir con esos estándares. Y en relación a eso, concluye: “Para responder a dichos desafíos, estamos mejorando la diversidad de herramientas que tenemos como SEA. Por ejemplo, estamos actualizando plataformas electrónicas, revisando procedimientos de procesos participativos, y fijándonos fechas concretas y realistas para, por una parte, cumplir con la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y, por otra parte, entregar certeza jurídica y técnica dentro del SEIA. Como he señalado en otras oportunidades, la implementación del Acuerdo de Escazú debe ser progresiva y debemos avanzar paso a paso, responsablemente, y, al mismo tiempo, sin retroceder en los estándares de derechos humanos a los que nos hemos comprometido”

Felipe A. Larraín Director Asociado de Investigación del Centro de Transición Energética Universidad Adolfo Ibáñez

Innovar reduciendo emisiones de CO2 en Chile

La realidad nos indica que no dejaremos de emitir CO2 en el corto ni mediano plazo, lo que nos exige implementar medidas que compensen esas emisiones de manera costoefectiva para provocar el impacto deseado. ¿Cómo hacerlo?

Para responder aquello, lo primero es saber cuántas emisiones debemos compensar. Según la comunidad científica, el calentamiento global no excedería los 1,5 °C si se emiten, como máximo, 510 giga toneladas de CO2 adicionales (1 giga tonelada son mil millones de toneladas). Si en vez de 1,5 °C permitimos que la Tierra se caliente hasta 2 °C, el número se incrementa a 890 giga toneladas. ¿Podemos respetar estos límites en el tránsito a las cero emisiones netas? Difícil.

Consideremos por un momento sólo la operación –hasta el final de su vida útil– de la infraestructura actual basada en combustibles fósiles. Esta infraestructura emitiría 660 giga toneladas de CO2. Si sumamos toda la infraestructura comparable en construcción, aprobada y en planificación, las emisiones totales se incrementarían a 850 giga toneladas. Es decir: no tenemos presupuesto para emisiones adicionales de CO2

¿Será que las consecuencias de la crisis climática no son tan catastróficas?

El calentamiento global de hasta 1,5 °C en las próximas décadas acarreará un incremento en la frecuencia, severidad y duración de eventos climáticos extremos. Chile se enfrentará a crecientes riesgos en seguridad hídrica y alimentaria debido a sequías extremas y degradación de ecosistemas costeros. Esto sin contar los daños por inundaciones, aluviones, erosión costera, etc.

En este panorama, ¿podemos generar valor económico y, al mismo tiempo, reducir emisiones? Chile es responsable de alrededor del 0,3% de las emisiones globales, pero es líder regional en acción climática. Adhirió al Acuerdo de París, se comprometió a reducir emisiones de CO2 con la ONU y está clasificado por dicha organización entre los 20 primeros en el indicador de “protección del clima”. Esto nos pone en buen pie para ejecutar acciones que crean muchísimo valor.

Acciones de mitigación que cuestan 100 dólares/tonelada o menos pueden reducir la mitad de las emisiones de efecto invernadero al 2030. De hecho, medidas que cuestan 20 dólares/tonelada o menos representan más de la mitad de dicho potencial, y su implementación suele generar ahorros. Ejemplos son la implementación de energía solar fotovoltaica y eólica en gran escala, medidas de eficiencia energética y otras similares.

La innovación no se queda atrás. El uso de combustibles limpios, ya sea hidrógeno verde o hidrocarburos sintéticos, podría reducir las emisiones en hasta 2 giga toneladas por año, a partir del 2030, con precios competitivos en el mediano y largo plazo. Considerando la envergadura de la tarea y el potencial de creación de valor, desde el Centro de Transición Energética de la U. Adolfo Ibáñez les invitamos a explorar ideas disruptivas y atreverse a innovar.

Revisamos cómo está en Chile la formación y desarrollo de capacidades para comprender y enfrentar adecuadamente el cambio climático y sus efectos.

Mujeres y hombres; adolescentes, de mediana edad y ancianos; de Estados Unidos, Australia, España, Argentina, Japón… Una gran mayoría de los habitantes del mundo opina igual: el cambio climático es una emergencia global y, por lo tanto, se debe enfrentar con medidas urgentes y efectivas.

Así lo reflejó una mega encuesta, que consultó a 1,22 millones de personas en 50 países, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford en 2020.

En Chile, la percepción de los entendidos y de aquellos que no saben tanto del tema es similar, aunque no hay datos concretos respecto a la comprensión que se tiene del problema y sus consecuencias. En ese escenario, cabe preguntarse, ¿cuánto se ha avanzado en la formación y desarrollo de capacidades, principalmente en la educación superior, para entender y enfrentar adecuadamente al cambio climático y sus efectos?

A juicio de Macarena Salinas, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, el progreso es muy limitado, ya que “si bien existen programas de postítulo, como aquellos vinculados a temas de energía, estas iniciativas son escasas y están orientadas a la mitigación del cam-

bio climático, por lo que es importante avanzar más y poner especial foco en la adaptación. En los programas de pregrado se han comenzado a impartir asignaturas sobre este fenómeno, pero los esfuerzos son aún insuficientes. En todas las carreras se debería incorporar información de este tipo, puesto que el cambio climático es un problema que afecta e involucra a todas las profesiones”

Cristian Salas, director del Centro de Cambio Global UC, valora que a nivel de pregrado se observen avances en la formación en esta materia, “con mayor oferta y énfasis en carreras con un enfoque más interdisciplinario para entender los desafíos y buscar soluciones para enfrentar el cambio climático”.

En un análisis global, Francisco Urquiza, presidente de la Red Campus Sustentable (RED) y académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica (PUC), resalta “los múltiples esfuerzos que buscan formar a nuevas generaciones con nociones esenciales de sustentabilidad, con el cambio climático como contenido ineludible. En ese sentido, sobresalen iniciativas como el curso sobre cambio climático, uno de los más antiguos del país, que han impartido académicos del Centro de Cambio Global UC a miles de alumnos. En la Universidad Tecnológica Metropolitana hay avances similares, incorporando el tema en su modelo educativo a través de un curso mínimo, además de un Magíster en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático. Y a nivel de educación continua ya son varias las instituciones que han creado diplomados que abordan este fenómeno, lo que da cuenta de un interés creciente y una oferta

ÉNFASIS Y HERRAMIENTAS

Respecto a los aspectos de la formación en que se debiera poner énfasis en las instancias de capacitación en esta área, Rocío Riveros, Vicepresidenta de la RED y coordinadora del

académica que permite satisfacerlo”

Los especialistas coinciden en que los programas de formación y capacitación deben centrarse tanto en la adaptación como en la mitigación al cambio climático.

Los incendios forestales extremos tienen entre sus causales el calentamiento global.

Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Educación Superior Sustentable” en la Universidad de la Frontera, plantea tres aspectos clave:

• Se debe hacer entender la gravedad de la emergencia climática en base a la evidencia científica, reconociendo las principales fuentes de emisiones, las posibilidades de mitigación y los impactos socio-ecológicos que se generarán inevitablemente, así como aquellos que pueden aún evitarse con una respuesta adecuada de la sociedad. “Un tema clave es el pensamiento sistémico para abordar la complejidad socio-ecológica del problema. En este sentido, la herramienta Endroads es muy interesante para entender y proyectar los escenarios climáticos que vienen y como éstos se relacionan a distintas estrategias que podemos promover como sociedad”, expone.

• Hay que centrarse en las dificultades socioeconómicas, políticas y culturales que han impedido hasta ahora articular respuestas adecuadas en escala y pertinentes a distintos contextos, para orientarnos hacia una sociedad carbono neutral. También es fundamental abordar en conjunto los desafíos de desigualdad y pobreza, los cuales son determinantes para dar la estabilidad institucional que demanda la transición a una sociedad carbono neutral.

• Proveer herramientas para dilucidar de qué forma cada institución y las personas pueden contribuir a avanzar hacia una sociedad carbono neutral, que sea simultáneamente más justa y equitativa.

Por su parte, Anahí Urquiza, también investigadora del CR2, afirma que las iniciativas de formación deberían centrarse en las consecuencias del cambio climático, que ya son visibles en la actualidad, para luego comprender los escenarios

Ejemplos de diplomados y magister sobre cambio climático

Centro de Educación Superior Nombre

Universidad Adventista de Chile Diplomado en Educación Ambiental para el Cambio Climático

Universidad Adolfo Ibáñez Diplomado en Hidrología e Impactos del Cambio Climático

Universidad Alberto Hurtado Diplomado en Cambio Climático

Universidad Católica de Valparaíso Diplomado en Acción Climática

Universidad de Chile Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono

Universidad de Chile Diplomado en Cambio Climático y Gestión Local Universidad de Concepción Diplomado en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario

Instituto del Medio Ambiente Diplomado en Cambio Climático, Marco Normativo y Planes de Acción Comunal

Universidad de La Frontera Diplomado en Cambio climático y Redd+ Universidad Tecnológica Metropolitana Magíster en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio climático

Universidad Viña del Mar Diplomado en Mitigación y Adaptación al Cambio climático

Nota: Algunos de estos programas aún no confirman su realización durante el 2023.

39 Instituciones de educación superior agrupa la Red Campus Sustentable, cuyo objetivo mayor es la promoción de la sustentabilidad en la educación superior.

La experta releva, además, la importancia de generar competencias para que los estudiantes desarrollen capacidades en la interpretación de documentos científicos y contribuyan a la disminución de las brechas de desigualdad y del riego de desastres, entre otros aspectos.

proyectados al corto, mediano y largo plazo. Agrega: “Se deben establecer, asimismo, sinergias entre estos temas y la formación de profesionales, de manera que cada estudiante pueda comprender cuáles son las consecuencias que traerá el cambio climático en su quehacer profesional. Y se deben entregar herramientas que contribuyan a que los profesionales desarrollen un pensamiento crítico, colaborativo, con capacidad de trabajar colectivamente y de adaptarse a contextos de incertidumbre”

Para Cristian Salas, en tanto, “hay que poner énfasis en el enfoque interdisciplinario para enfrentar la problemática del cambio climático. La formación debe tener un componente de ciencias básicas, ciencias sociales y aspectos económicos-financieros. Se deben entregar conocimientos adaptados al segmento de la población que se quiere capacitar, ya que el nivel de profundidad en contenidos requerido para una carrera de pregrado o un magíster es distinto que para un diplomado, que está pensado para personas que trabajan en una empresa, por ejemplo”

EJEMPLOS DE INICIATIVAS

Si de resaltar iniciativas de formación se trata, en el (CR)2 mencionan el Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono, “el cual constituye un hito en temas

La Universidad de Chile es una de las instituciones que ofrece diplomados en la materia.

Para Cristian Salas, “hay que poner énfasis en el enfoque interdisciplinario para enfrentar la problemática del cambio climático”.

de mitigación y adaptación a este fenómeno, ya que anteriormente no existía ningún programa que capacitara en estos asuntos. Alrededor de 100 personas de los sectores público y privado lo han cursado, y este año se impartirá su séptima versión”, revela Macarena Salinas.

Añade que el Centro también ofrece una escuela de verano, cuyo foco son los estudiantes de magíster, doctorado y postdoctorado que comienzan su carrera científica, así como también investigadores y profesionales con experiencia e interés en las temáticas que trate la escuela, las cuales van cambiando cada año.

En la Universidad de Chile, los investigadores del CR2 realizan cursos de cambio climático y guían tesis de estudiantes de pre y posgrado de diversas carreras. También se dicta el curso de formación general “Cambio Climático y Sustentabilidad”, que cualquier estudiante de pregrado puede tomar.

El mismo CR2 forma parte de la iniciativa UAbierta de la Casa de Bello, la cual ofrece un curso de cambio climático de manera gratuita, abierto a todo público y en formato virtual. Lo han completado ya más de 8.500 personas.

También ha realizado capacitaciones enfocadas en organismos públicos y ha entregado herramientas para fortalecer capacidades en la implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, entre otras iniciativas.

A su vez, el Centro de Cambio Global UC dicta desde el año 2010 el Curso Interdisciplinario sobre Cambio Climático, dirigido a alumnos de pregrado de la PUC. “Aborda las causas de la problemática y sus efectos e impactos en el largo y corto plazo. Tiene una mirada desde distintas disciplinas y sectores, poniendo énfasis en el rol de cada una de éstas, las maneras de mitigar los efectos y causas del fenómeno, y en las posibles medidas de adaptación al mismo”, detalla Cristian Salas.

Tomando como base la experiencia recogida en el curso, el Centro publicó el libro “Cambio Climático en Chile, Ciencia, Mitigación y Adaptación”. Además, pretende impartir próximamente un diplomado sobre el tema.

También dentro de la PUC, la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales busca “formar profesionales capaces de desarrollar análisis de impactos y adaptación al cambio climático, seleccionar acciones de mitigación que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluar el desempeño de la sustentabilidad de un sistema basado en recursos naturales, considerando aspectos sociales, económicos y ambientales”, especifica el especialista.

Aparte de las instancias formales de capacitación existentes, Salas valora aquellas que se ofrecen durante el desarrollo e implementación de políticas públicas vinculadas al cambio climático. Además, pone de relieve todas las actividades de difusión más informales, como seminarios, charlas o entrevistas “que contribuyen a levantar y orientar inquietudes sobre este tema”, asegura.

COMUNIDAD Y DOCENTES

Desde su vereda, la Red Campus Sustentable busca incentivar a las instituciones socias a generar instancias de formación para toda su comunidad, poniendo el foco en la integración de la sustentabilidad a los planes de estudio.

En ese sentido, Francisco Urquiza cree que este proceso formativo debe abarcar a los docentes, administrativos y profesionales que son parte de las casas de estudio. “Por eso realizamos actividades de vinculación con el medio asociadas a sustentabilidad, incorporando temas de perspectiva de género, inclusión y trabajo justo”, resalta.

Otra iniciativa destacada de la RED, en colaboración con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, es el segundo Acuerdo de Producción Limpia: Educación Superior Sustentable, que al año 2024 permitirá que 29 establecimientos de educación superior implementen cursos transversales de sustentabilidad para los alumnos nuevos, así como cursos y capacitaciones para académicos y colaboradores.

EL RETO ELECTRÓNICO

Estudios y especialistas alertan sobre la urgencia de mejorar la gestión y aumentar el reciclaje de los residuos electrónicos y eléctricos a nivel global, que crecen de manera exponencial.

¿Qué ocurre en América Latina?

Ala Gran Muralla China se la considera, por amplia ventaja, como la mayor construcción humana de la historia. No en vano tiene más de 21 mil kilómetros de longitud, considerando sus ramificaciones y edificaciones secundarias. ¿Podrá haber algo más voluminoso? Sí, el acumulado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en tan solo un año, de acuerdo al foro WEEE, asociación formada por los principales sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para la gestión de estos desechos en todo el mundo.

Según el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de la ONU, en 2021 se produjeron en torno a 57,4 millones de toneladas métricas de basura electrónica a nivel global. Lo anterior, principalmente, por los altos niveles de consumo y los ciclos de vida cortos y las pocas opciones de reparación de estos artefactos.

Si no se adoptan medidas con celeridad, se espera que la cantidad de RAEE se duplique para 2050, sobre todo por la obsolescencia programada de los equipos.

El informe de la ONU plantea la amenaza que esto supone para la sustentabilidad ambiental del planeta y, por cierto, para la salud de las personas, toda vez que en los dispositivos eléctricos y electrónicos pueden encontrarse hasta 69 elementos químicos, incluidos materiales potencialmente tóxicos como plomo, cadmio, mercurio, cromo, arsénico y antimonio.

Estudios han revelado, por ejemplo, que

13 Países participan en el proyecto ONUDI sobre residuos electrónicos de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

un solo tubo de luz fluorescente puede contaminar 16 mil litros de agua; una batería de níquel-cadmio, usada en telefonía móvil, unos 50 mil litros; y un televisor hasta 80 mil litros del recurso.

EN AMÉRICA LATINA

El último informe elaborado en el marco del proyecto de la Organización de las Na ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) sobre residuos electrónicos en Amé rica Latina y el Caribe es lapidario: sólo el 3% de los residuos electrónicos de esta zona del planeta se recoge a través de canales forma les y se trata de manera ambientalmente ra cional. “No hay certeza sobre el 97% restante, que puede incluir 1.700 millones de dólares en materiales recuperables al año”, revela el docu mento.

En 2021 se produjeron en torno a 57,4 millones de toneladas métricas de basura electrónica a nivel global.

La iniciativa ayuda a 13 países, incluido Chile, a afrontar los retos de una adecuada gestión de los residuos eléctricos y electrónicos en la región, con actividades de desarrollo de capacidades, sensibilización, asesoramiento sobre políticas y reglamentos, participación pública y mejora de las instalaciones de reciclado, principalmente.

“Los residuos electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos físicos de más rápido crecimiento en el entorno mundial actual y son una amenaza para el desarrollo sostenible”, advierte el reporte.

Ahí se precisa que los residuos electrónicos aumentaron en los 13 países involucrados en un 49% entre 2010 y 2019, de manera similar a la media mundial, pero solo el 3% se recogió y gestionó de forma segura, bien lejos del 17,4% del promedio mundial. “Mientras que los recicladores informales seleccionan algunos elementos valiosos de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, la mayor parte del 97% restante se gestiona de forma inadecuada”, señala.

En 2019, los RAEE generados por 206 millones de ciudadanos en esos 13 países alcanzaron 1.300.000 toneladas (de las cuales casi el 30% era plástico), “lo que equivale al peso de una línea de 670 km de camiones de 40 toneladas completamente cargados. La cifra comparable en 2010 fue de 900 mil toneladas, generadas

por unos 185 millones de ciudadanos”, acota el informe.

El documento indica, además, que las sustancias peligrosas de los residuos electrónicos de la zona comprenden al menos 2.200 kg de mercurio, 600 kg de cadmio, 4,4 millones de kg de plomo, 4 millones de kg de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero (debidos a los refrigerantes).

Según el estudio, “existe una mala gestión de estas sustancias en la región y es probable que no se traten, generando diversos riesgos para la estabilidad de un medio ambiente sano”

También se estima que los RAEE que produjo la región en 2019 contenían un gran valor económico: 7.000 kg de oro, 310 kg de metales de las tierras raras, 591.000 kg de hierro, 54.000 kg de cobre y 91.000 kg de aluminio, lo que equivale a unos 1.700 millones de dólares de materias primas secundarias.

MARCOS LEGALES

En algunos países participantes en el proyecto de la ONUDI existen marcos legales y reglamentarios para la gestión de residuos, “pero sólo Costa Rica, Ecuador y Perú han instaurado una legislación específica para los residuos electrónicos y sistemas RAP centrados en la re-

gulación de los residuos electrónicos”, destaca el reporte.

Expresa, asimismo, la necesidad de que todos los países de la región introduzcan y apliquen un marco jurídico y político sólido centrado en la gestión ambientalmente racional de los residuos electrónicos y los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que contienen. O bien, supervisen y refuercen los sistemas existentes para hacerlos más eficientes y eficaces.

Agrega que el desarrollo de políticas es uno de los pilares de la intervención de la ONUDI en materia de residuos electrónicos en América Latina, con dos nuevas propuestas de política presentadas, y otras cuatro en desarrollo. Además, en el marco del proyecto, dos países están redactando enmiendas a la normativa existente y se está apoyando un nuevo proyecto de ley sobre residuos electrónicos.

ALGUNOS PAÍSES

En relación a Chile, el informe señala que durante el año 2019 se introdujeron en el mercado unas 282.400 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, generándose 213.810 toneladas de RAEE. De esos desechos, la gran mayoría terminó en rellenos sanitarios y solo un 4,1% se recicló, muy lejos de las tasas promedio de los demás países de la OCDE. Ante ese escenario, el Ministerio de Medio Ambiente fijó una meta de reciclaje de un 45% para estos residuos en un plazo de una década desde la entrada en vigencia del decreto que establece metas para su recolección y valorización en el marco de la Ley REP. El anteproyecto de esta regulación se publicó y sometió a consulta pública en el primer semestre de 2022.

Respecto a otros países en particular, el estudio señala que Brasil lleva la delantera en la generación de RAEE, con una proyección al año 2021 de 2,26 millones de toneladas; en tanto que Argentina produjo en torno a 480 mil toneladas en ese mismo periodo. En el país trasandino no existe una legislación específica sobre la materia, aunque ocho provincias cuentan con una normativa local.

En Colombia y Perú, en tanto, la generación de basura tecnológica habría superado las 340 mil y 217 toneladas, respectivamente, en 2021.

Los RAEE tienen un gran valor económico, ya que contienen oro, tierras raras, hierro, cobre y aluminio, principalmente.

Próxima Edición Nº 181

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IDEAS PARA MITIGAR

Conozca algunas propuestas para que Chile acelere la reducción de GEI.

Si de transparencia en la información de cambio climático se trata, Chile se ha posicionado como un país que cumple los compromisos adquiridos. De hecho, a través del Ministerio del Medio Ambiente, recientemente publicó su Quinto Informe Bienal de Actualización (5IBA) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Así se convirtió en el segundo país en dar a conocer los cinco reportes en este ámbito y en el plazo correspondiente.

Los documentos dan cuenta de los esfuerzos que el país está realizando para adaptarse a la crisis climática y las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), así como el efecto que han tenido las medidas en la tendencia de las emisiones y en la absorción de estos gases.

El 5IBA contiene el Inventario Nacional de GEI actualizado al 2020, cuando el balance de emisiones registró 55.825 kilotoneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente (kt CO2 eq), con una reducción del 4% respecto del 2018, lo que no ocurría hace más de 20 años.

Tal disminución puede explicarse por los efectos de la pandemia, que provocó un descen-

so en la movilidad de las personas, y por una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica en detrimento del carbón.

Si se consideran las emisiones totales por tipo de gas, el CO2 representa un 76%, seguido del metano (CH4) con un 14%, el óxido nitroso (N2O) con un 6% y los gases fluorados (utilizados como gases refrigerantes) que suman un 4%.

ENERGÍA Y TRANSPORTE

Con el nuevo informe a la vista, Arturo Brandt, abogado y consultor en cambio climático, asegura que para avanzar en la mitigación de los GEI y cumplir con la Contribución Nacional Determinada presentada ante la ONU, Chile debe concentrarse en los tres grandes sectores emisores de GEI: generación de electricidad y calor (que aportan un 26%), transporte (26%), manufactura y construcción (14%).

En relación al primero de ellos, plantea que “se debe corregir con urgencia el mal llamado impuesto verde, que grava con USD5 por tonelada de CO2 a industrias que emiten dióxido de carbono. El impuesto debiera impactar en el costo del despacho

que rige nuestro mercado eléctrico, para terminar así con la compensación que las renovables tienen que hacer a las carboneras. Además, debiera fomentar mecanismos de mitigación que ofrezcan incentivos a los regulados. Sin embargo, el impuesto al carbono no hace nada de eso, demostrando en la práctica ser un fracaso”

En relación al transporte, el experto propone terminar lo antes posible con el MEPCO, ya que se trata de un subsidio al diésel que es responsable de un 88% de las emisiones del rubro.

Además, plantea promover la generación de electricidad a partir de residuos domiciliarios y así acabar con su traslado por largos tramos, que en algunos casos llega a más de 600 kilómetros, con los costos financieros y ambientales que ello implica. También aboga para que la evaluación ambiental de la mega línea de transmisión Kimal- Lo Aguirre sea expedita para evitar los vertimientos de electricidad por falta de capacidad en este sistema; y para que se baje el límite de potencia en los clientes regulados y, de esa manera, puedan escoger su proveedor de energía eléctrica, lo que favorecerá el desarrollo de las fuentes renovables.

Claudia Razeto Directora Programa Caletas Sustentables Fundación Chile

Todos ganan con una pesca artesanal sostenible

Más allá de la imagen de postal y de la historia que tienen muchas caletas pesqueras, que en algunos casos se remonta al período pre hispánico, lo cierto es que se trata de un sector productivo vigente, que sigue siendo fundamental para la subsistencia de las comunidades de su entorno.

Le evidencia más clara es que el 40% de los desembarques pesqueros (incluyendo pesca industrial, artesanal y acuicultura) proviene de esta acti vidad, a veces considerada “menor” dentro del espectro productivo nacio nal, pero que suma cerca de 500 caletas, donde ejercen 97 mil pescadores artesanales.

Se trata, no obstante, de un ámbito que enfrenta las amenazas del cam bio climático y de la sobre extracción de recursos. La conciencia de que los recursos son finitos ya está instalada en muchas comunidades de la pesca artesanal, que tienen la decisión –aunque no siempre los medios– de ace lerar la trayectoria hacia una pesca más sostenible, que permita conservar la diversidad biológica y garantizar la actividad pesquera a las futuras ge neraciones. Inquietudes que hizo propias el programa Caletas Sustenta bles, que impulsamos desde el año 2019 en Fundación Chile.

A la fecha, son más de 4 mil personas las beneficiadas, directa o indirectamente, por los 12 proyectos que Caletas Sustentables ha apoyado a lo largo de todo Chile.

Para este año, el Programa está iniciando su tercera etapa, en que se busca generar nuevas alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con organismos públicos, junto con incluir líneas de trabajo adicionales a la productividad pesquera artesanal, tales como educación ambiental e incidencia en políticas públicas relacionadas al mar y sus recursos.

Uno de los focos será apoyar a organizaciones de pescadores lideradas por mujeres, que son reconocidas como buenas dirigentes por parte de sus pares masculinos. Ellas ejercen un importante rol tanto en la recolección de recursos como en su procesamiento, constituyendo un eslabón relevante en la agregación de valor de la pesca artesanal. A pesar de ello, tienen una baja representatividad en el sector.

Pero, sobre todo, seguiremos apoyando iniciativas que avancen hacia una pesca sostenible, aportando a la economía local y resguardando los ecosistemas marinos. Todos ganamos con esa combinación virtuosa, que significa reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, resguardo de la biodiversidad y descontaminación de los océanos.

NUEVA NORMA LIMITA LA CONCENTRACIÓN DE BENCENO EN EL AIRE

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó, a mediados de enero, la norma de calidad primaria para el benceno, la cual establece límites de concentración en el aire para este compuesto orgánico volátil (COV) que puede tener efectos cancerígenos en quienes estén expuestos por un largo periodo a este contaminante.

En concreto, la norma aprobada fija un valor de 3 microgramos por metro cúbico (ug/m3) como concentración anual promedio para proteger a la población de los impactos crónicos del benceno que en Chile se genera principalmente por la calefacción residencial a leña, los vehículos a gasolina, la combustión incompleta de rastrojos agrícolas y las industrias petroquímicas. Se considera un año para evaluar el cumplimiento normativo de este límite.

Además, para evitar los efectos a corto plazo se establecen tres niveles de episodios críticos, con los siguientes valores de concentración promedio en 1 hora: Alerta, de 30 a 59 ug/m3; Preemergencia, de 60 a 119 ug/m3; y Emergencia, de 120 ug/m3 o más. Asimismo, se considera el desarrollo de planes operacionales para abordar eventuales situaciones de emergencia asociadas a estos episodios.

Desde el MMA enfatizaron que al reducir el benceno también se disminuye la producción de otros COV y de contaminantes relevantes como el ozono y el material particulado. Añadieron que se decidió regular solo este compuesto orgánico volátil y no otros como el tolueno, etilbenceno y xileno, ya que es el único catalogado como inductor de cáncer y que ha sido objeto de normas de calidad a nivel internacional.

APROBADA LEY PARA EVITAR EL ESCAPE DE SALMONES

El Congreso aprobó y despachó el proyecto que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, estableciendo más controles para evitar el escape de salmones desde los centros de cultivo con miras a mitigar los impactos que la fuga de estas especies depredadoras causan en el ecosistema marino.

En ese marco, la iniciativa fija las sanciones para esos casos, así como para el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los titulares de los centros acuícolas. Así, señala por ejemplo que cuando se registren escapes de salmones se suspenderán las operaciones en el centro de cultivos entre uno y cuatro años, periodo que se determinará según el número de salmones escapados, recapturados, y eventos anteriores, además de otros criterios relevantes de la autoridad competente. A eso se sumará una multa equivalente al valor de cosecha de todo lo no recapturado.

Además, la nueva ley permite a los pescadores artesanales debidamente inscritos en el registro, capturar especies que se hayan fugado de centros de cultivos, previa solicitud de prestación de estos servicios por parte del responsable de la instalación acuícola afectada.

La norma también regula la información sobre el uso de antiobióticos, mortalidades y producción, para hacerla más transparente; sanciona la ruptura maliciosa de las jaulas y la sustracción de especies; y prohíbe la liberación de ejemplares desde los centros de cultivo, entre otras materias.

GUÍA PARA CONSIDERAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SEIA

El cambio climático plantea nuevas amenazas y vulnerabilidades para los componentes ambientales que se deben tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto de inversión. Consciente de ello, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó una nueva guía metodológica que entrega orientaciones para integrar adecuadamente el análisis de los efectos adversos que este fenómeno puede tener sobre las iniciativas que se deben presentar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

“Estamos seguros de que este documento será de mucha relevancia para el trabajo que, diariamente, realizan titulares de proyectos, consultores y evaluadores, como también entregará herramientas a la ciudadanía para su participación en los procesos del SEIA”, comentó la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, en relación a este instrumento que servirá para la elaboración de declaraciones y estudios de impacto ambiental por parte de las empresas, como también para los servicios públicos que tienen la tarea de evaluarlos.

La guía se puede revisar en el sitio web del SEA (www.sea.gob.cl).

122 Proyectos ciudadanos financiará el Ministerio del Medio Ambiente durante 2023, a través del Fondo de Protección Ambiental que en su versión XXVI entregará en promedio 6 millones de pesos a cada iniciativa.

EN EL CAMIÓN DE LA BASURA

Exponemos los riesgos laborales más comunes a los que están expuestos los recolectores de residuos domiciliarios y algunos consejos para prevenir los accidentes.

La noticia conmocionó a los habitantes de Salamanca, en la Región de Coquimbo, un caluroso día de noviembre de 2022: un recolector de residuos domiciliarios, de solo 23 años, sufrió la amputación de parte de su brazo izquierdo al quedar atrapada la extremidad en la prensa del camión que lo transportaba.

Pocos meses antes, en Los Lagos, otro trabajador del rubro perdió un pie cuando el vehículo de carga, en cuya parte trasera se desplazaba, impactó con otro vehículo en una maniobra de retroceso.

Peor suerte tuvo un colega suyo que perdió la vida en agosto de 2021, cuando un automóvil chocó por atrás al camión recolector en el que prestaba servicios de aseo.

RIESGOS Y PREVENCIÓN

Como queda en evidencia con los casos descritos, los denominados recolectores de basura están expuestos a numerosos riesgos en su quehacer diario. A continuación, se presentan los peligros más importantes y recurrentes, seguidos de las correspondientes medidas preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes, de acuerdo a lo que indica la “Guía para el control de la exposición a diferentes riesgos de trabajadores del sector de recolección de residuos domiciliarios”, elaborada por el Instituto de Salud Pública de Chile.

• Agresiones de perros que merodean la basura o que atacan cuando el recolector ingresa al antejardín de una casa o toma las bolsas desde la reja en altura: Frente a esto, se recomienda estar calmado y atento, alejándose de perros. No ingresar a las viviendas a retirar bolsas de basura.

• Contacto con elementos cortantes y/o punzantes (como agujas, jeringas, vidrios, metales y alambres) presentes en las bolsas de basura: Para no sufrir algún problema, se aconseja trasladar las bolsas alejadas del cuerpo. Si ocurre una herida, lavar la zona afectada con abundante agua.

• Contacto con químicos, como restos de pesticidas, cloro, ácido muriático y otros: Esto se puede prevenir utilizando siempre guantes. Si se da el contacto, lavar la zona afectada con mucha agua. Utilizar siempre los materiales de trabajo en buen estado.

• Contacto con sustancias biológicas como

4 Son los elementos básicos de protección personal que deben utilizar estos trabajadores: calzado de seguridad, guantes, gorro legionario (en los meses más cálidos) y chaleco reflectante (sobre todo en horario nocturno).

adecuada y bloqueador solar en las partes sin resguardo.

• Aprisionamiento de extremidades al introducirlas al capacho del camión recolector cuando se acciona el compactador: Para evitar este riesgo se aconseja nunca subir sobre el capacho cuando el camión está en movimiento, ni ayudar a la compactación con los pies o manos.

sangre, restos de animales muertos, orina, heces y otras: Para evitarlo, usar siempre guantes y ropa de trabajo. Si ocurre contacto, lavar la zona afectada con abundante agua.

• Exposición a aerosoles, gotitas y salpicaduras de los contenidos de los desperdicios al compactarse, como orina, heces y animales muertos: Se recomienda realizar esta labor alejándose a más de 1 metro del camión durante la compactación, debido a que las bolsas o botellas plásticas se rompen y producen salpicaduras y derrames de contaminantes biológicos.

• Caídas a distinto nivel al subir a las rejas de las casas a retirar bolsas de basura: Para no exponerse, evitar subir a las rejas de las viviendas. Si requiere hacerlo debe solicitar ayuda.

• Sobreesfuerzo al retirar bolsas de basura pesadas y a una altura mayor que la del recolector, o al levantar incorrectamente contenedores o tambores: Prevenga estos problemas aplicando las técnicas de manejo manual de materiales, al levantar los bultos. Los hombres mayores de 18 años no deben operar cargas superiores a los 25 kg. Los menores de 18 años y las mujeres no pueden llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilos. El empleador debe implementar medidas de seguridad y mitigación, como rotación de trabajadores.

• Exposición a radiación UV de origen solar: Ante esto, se recomienda implementar horarios de colación entre las 13 y 15 horas en lugares con sombra. Proteger la superficie de la piel con ropa de trabajo

• Caídas a distinto nivel al viajar en la parte trasera del camión: ¿Cómo prevenirlas? Nunca trasladarse en los estribos traseros del camión en distancias superiores a 100 metros o cuando el camión supere los 30 km/h. Si se sitúa en la parte trasera del camión hacerlo siempre en la pisadera sujeto de manos y/o cuerpo. Mantener las pisaderas libres de obstáculos. La subida y bajada se realiza mirando a la cabina del camión y con el vehículo parado.

• Atropellos al transitar en zonas de tráfico vehicular. Las medidas preventivas en este caso son: mantenerse siempre atento a las condiciones de tráfico vehicular en el lugar de recolección; cuando el camión retrocede mantenerse en sitio visible para el conductor; estar muy atento al cruzar las calles y no correr a través de ellas; mirar hacia ambos lados al cruzar para recoger bolsas o recipientes de basura; y verificar visualmente el estado del camino, teniendo especial cuidado con hoyos o desniveles.

• Atrapamientos. Para no correr este riesgo, se recomienda no ingresar las manos ni el cuerpo dentro de la tolva del camión; después de introducir objetos rotos, vidrios, maderas, latas u otros buscar protección lateral al costado del camión para activar la prensa; no sujetar los extremos que sobresalgan mientras son prensados.

• Dolores lumbares y problemas osteomusculares. Para evitar que se produzcan estos inconvenientes físicos, se aconseja capacitarse sobre los métodos correctos de levantamiento manual de materiales para mantener los pies separados (aprox. 50 cm), uno más adelantado que el otro, colocando el pie más avanzado junto a la carga. Luego, mantener la espalda recta y la barbilla entrada para prolongar la columna vertebral recta. Enseguida, agarrar con la palma de la mano el contenedor por la parte posterior y con las piernas flectadas impulsarse para realizar el levantamiento.

Expomin 2023

Con el eslogan “El Centro de la Minería Mundial en Chile” se desarrollará entre el 24 y 27 de abril próximo, en el nuevo Parque FISA, la 17ª Exhibición y Congreso para la Minería Latinoamericana. Se espera que la visiten unas 70 mil personas y participen más de un millar de expositores y 35 países en unos 75 mil metros cuadrados destinados a la muestra y los encuentros, donde la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente tendrán un espacio relevante. Entre las actividades paralelas destacan un congreso de cuatro días, charlas técnicas y ruedas de negocios. Portal oficial: expomin.cl

WATEC 2023

Más de un millar de autoridades, profesionales y miembros de la academia, organismos internacionales e industria tecnológica se espera que lleguen a Centro Parque, en la comuna de Las Condes, entre el 21 y 23 de marzo para dar vida a Watec 2023. El evento anual será el epicentro de la discusión mundial sobre temas hídricos, de residuos y medioambientales en general, ofreciendo congresos, foros, charlas, mesas redondas, workshops, masterclass y visitas a terreno. Los detalles en: watec-chile.com/es/espanol/

Sustainable Mining 2023

Conocer y compartir estudios, prácticas y soluciones sobre los temas ambientales y sociales más relevantes de la industria minera global. Ese es el objetivo del 8º Congreso Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad Social en Minería, a efectuarse entre el 10 y 12 de mayo en el Hotel Sheraton Santiago. Abordará tópicos como tecnologías emergentes de monitoreo; gestión del riesgo de residuos mineros; y cambio climático: vulnerabilidad y adaptación.

Más antecedentes en gecamin.com/sustainablemining/

Tailing 2023

Entre el 14 y 16 de junio, en el Hotel Sheraton Santiago, se realizará la 9ª Conferencia Internacional en Gestión de Relaves, que permitirá conocer y analizar los últimos desarrollos y mejores prácticas en el transporte, disposición, control y monitoreo de depósitos de relaves mineros convencionales, espesados, en pasta y filtrados. Entre los temas que tratará están: geotecnia y seguridad de presas; hidráulica y transporte; filtración y gestión hídrica; relaves espesados y en pasta. Toda la información en gecamin.com/tailings

Carbono Neutralidad y Metano

En la semana del 3 de abril se celebrará, en Viña del Mar, la primera Conferencia Ministerial de Carbono Neutralidad en los Sistemas Alimentarios, que contará con el apoyo de la organización internacional Global Methane Hub, que encabeza el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

La cita reunirá a secretarios de estado de esta cartera y de Agricultura de más de 20 países, para debatir en torno a la reducción global de emisiones de dióxido de carbono y metano provenientes de los sectores agroalimentario y residuos.

Transición Energética

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile desarrollarán, en el Salón Azul de esta última institución, la conferencia “La Política de la Transición Energética”.

El evento está agendado para el 14 de marzo en horario diurno. Expondrán especialistas de esas y otras organizaciones.

Entérese de más en www.coes.cl

La minería sustentable, el medio ambiente, la energía y el cambio climático serán temas protagónicos de los eventos post vacaciones. A continuación, algunos de los más importantes:

Marie Claude Plumer Bodin

Más de 29 años de experiencia, gran parte en la administración pública en el área ambiental, tiene Marie Claude Plumer, abogada que desde enero recién pasado dirige la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Titulada en la Universidad de Chile y máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris I-II PanthéonSorbonne, cuenta con estudios de especialización en Gestión Económica del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y un diplomado en Competencias Directivas Genéricas para la Alta Dirección Pública.

Antes de asumir como Superintendenta ejerció durante 14 años como abogada de la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Fiscal de la SMA (2011-2012), Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA (2014-2018) y Jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente.

Hoy tiene la responsabilidad a nivel nacional de organizar y coordinar la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental que establece la Ley Orgánica de la SMA. En ese marco, una de sus prioridades es avanzar en una estrategia integral de cumplimiento ambiental. “Para cumplir ese objetivo, son pilares centrales disponer de una fiscalización estratégica, entendiendo por aquella la que se focaliza según vulnerabilidad ambiental, maximizando las capacidades y recursos institucionales. Y, por otro lado, el uso de herramientas tecnológicas que permitan ampliar la cobertura, identificar alarmas, dar avisos, disponer de la trazabilidad del comportamiento del regulado, automatizar procesos y, en definitiva, gestionar con inteligencia la información ambiental referida al cumplimiento ambiental. El objetivo será avanzar en eficacia en el ejercicio de las competencias de la SMA”, dice. Añade que la estrategia de cumplimiento ambiental será con una visión territorial y local, con un enfoque ciudadano y relevando la protección de las aguas y de la biodiversidad, en un contexto de crisis climática.

En ese marco, ha definido algunas metas y acciones como seguir fortaleciendo la gestión de las denuncias ciudadanas; ejecutar los programas y subprogramas de fiscalización establecidos para 2023, en coordinación con los otros servicios públicos que integran la Red Nacional de Fiscalización Ambiental; y avanzar en el cumplimiento del estándar Escazú en la gestión de la SMA, con el objetivo de acercarla a la ciudadanía.

Rodrigo Parra Rojas

Un hombre de laboratorio. Cuatro palabras que resumen de buena manera el perfil profesional de Rodrigo Parra, quien suma más de 20 años de trabajo en laboratorios de servicios de ensayo, ejecutando, supervisando y planificando distintas labores de gestión técnica, administrativa y comercial. En ese periodo ha participado activamente en la implementación de sistemas de gestión integrado, que abarcan temas de calidad, seguridad y medio ambiente. Además, ha compartido en extensos programas de capacitación y trabajo fuera de Chile con especialistas japoneses, españoles, canadienses y australianos, entre otros.

Químico de la Universidad de Chile y Magister en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor, ha dedicado su vida laboral a las áreas de medio ambiente, gestión de proyectos y dirección de laboratorios.

De hecho, hoy es gerente comercial del Área Medio Ambiente del Laboratorio AGQ, empresa en la que colabora desde el año 2014. Como tal, se encarga de planificar y dirigir las actividades comerciales del establecimiento, gestionando y prospectando nuevas oportunidades de negocios en distintos ámbitos del quehacer nacional, como energía, ciclo del agua, industrial y servicios. A la par, apoya a las empresas en sus necesidades de cumplimiento ambiental y de desarrollo sustentable.

¿Próximos objetivos? “Me gustaría profundizar en la robotización de los laboratorios para que sus servicios se adapten a los nuevos tiempos, lo que implica tomar decisiones rápidas y eficientes”, declara.

Para ser consecuente y dar el ejemplo, en su vida cotidiana se preocupa, junto a su familia, “de hacer un uso más eficiente del agua y de mejorar las conductas de reciclaje, incentivando a nuestra comunidad a seguir estas prácticas”, destaca.

Se considera una persona muy rigurosa en lo profesional y que valora mucho el trabajo en equipo. Asegura, asimismo, “ser un lector entusiasta de toda la literatura técnica de energías renovables que aparece en la actualidad”

Para la mayoría de los chilenos, la gestión de sus residuos sólidos domiciliarios no va más allá de disponerlos en bolsas y sacarlos a la calle el día que pasa el camión que los recolecta. El otro “aporte” es pagar por este servicio en las contribuciones o a través de los derechos de aseo municipal, aunque las cuotas impagas en este último caso son cuantiosas. En resumen, nos falta cultura para minimizar los desechos que generamos y para su reciclaje, además de políticas públicas, normativas e inversiones que incentiven y obliguen a estas prácticas. Por ahora, seguimos desperdiciando valiosos recursos y colapsando los rellenos sanitarios y vertederos. Un tema sobre el cual lo interrogaremos a continuación.

Antes, revelamos el sistema de puntaje: si logra 7 aciertos es todo un experto ambiental; con seis o cinco puntos buenos también debe sentirse halagado; con 4 no tuvo ni su mejor ni peor día; pero con 3 y menos respuestas correctas tiene que ponerse a estudiar y leer cuanto antes sobre temas ambientales. Ahora, a responder:

1.- ¿Cuántos sitios de disposición final de RSD operan hoy en la Región Metropolitana?

2.- ¿Entre qué ciudades se da el traslado más extenso de residuos en Chile para su disposición final?

3.- ¿Con qué producto priorizado comenzaron a regir en enero las exigencias de la Ley REP?

4.- ¿Qué proyecto minero-portuario fue nuevamente rechazado por el Comité de Ministros?

5.- ¿Qué gran meta propone la Estrategia Nacional de Electromovilidad al año 2035?

6.- ¿Cómo se llama la línea de transmisión eléctrica que se proyecta como la más larga de Chile?

7.- ¿Qué porcentaje de los proyectos sometidos al SEIA contaron con participación ciudadana en 2022?

SMA formuló cargos graves contra proyecto hidroeléctrico Alto Maipo

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio, a través de una formulación de cargos, contra la empresa Alto Maipo SpA a causa de una serie de incumplimientos ambientales en su “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, ubicado en la comuna de San José de Maipo, en la RM. “La investigación a cargo del fiscal instructor concluyó en el levantamiento de cuatro infracciones calificadas de graves, principalmente debido a que la empresa habría incumplido el compromiso de construir una bocatoma complementaria para el canal El Manzano, conforme a un convenio previo suscrito por la titular del proyecto con las comunidades de la zona”, reveló la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Teck ingresó a evaluación ambiental proyecto por US$3.000 millones

La Dirección Regional de Tarapacá del Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Aumento de Capacidad de Molienda QB2”, presentada por la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca. Con una inversión cercana a los US$3.000 millones, la iniciativa tiene como objetivo incorporar una tercera línea de proceso en la planta concentradora de QB2, para aumentar la capacidad de procesamiento de mineral hipógeno de 140.000 a 210.000 t/día promedio anual. Debido a que el proyecto no incrementa las reservas mineras a explotar (1.260 Mt), el aumento de la tasa de procesamiento implica reducir su vida útil de 25 a 18 años.

Minera Spence busca extender vida útil de proceso hidrometalúrgico

Minera Spence, de propiedad de BHP, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental un estudio de impacto ambiental que busca extender la vida útil de su proceso hidrometalúrgico de lixiviación hasta 2039, año hasta el cual cuenta con el permiso ambiental para su proceso de producción de cátodos de cobre. El proyecto contempla una inversión de US$1.600 millones y permitirá proyectar la producción actual de Spence en aproximadamente 200.000 tpa de cobre fino en los próximos catorce años. Su desarrollo no interferirá con la continuidad de la faena, la que seguirá operando con normalidad durante la tramitación del permiso.

Rechazan proyecto de residuos en Tiltil pese a informe técnico favorable

ENAP será distribuidor mayorista en el mercado del GLP domiciliario

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) acordó comercializar su producción de gas licuado de petróleo (GLP) domiciliario en cilindros propios, a partir de distribuidores minoristas, posicionándose como el cuarto actor mayorista de este mercado. La iniciativa comenzará a funcionar próximamente en las comunas de San Fernando, Linares y sus alrededores. La compañía adoptó esta decisión luego de evaluar el plan piloto no comercial que inició en julio de 2022 para aportar una solución frente al alza desmedida en los precios del gas licuado registrada en el pasado invierno. “Nuestro nuevo modelo de negocio debiera aumentar las condiciones competitivas del mercado de distribución minorista”, señaló Julio Friedmann, gerente general de ENAP.

Confirman permiso para ampliar PTAS de Rancagua, Machalí y Graneros

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta contra el Servicio de Evaluación Ambiental, que pretendía dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Optimización planta de tratamiento de aguas servidas Rancagua, Machalí y Graneros”, descartando potenciales impactos asociados a la generación de lodos y olores molestos que tendría la iniciativa. Con esto, la empresa de servicios sanitarios Essbio podrá seguir adelante con su plan de ampliar esta infraestructura depuradora para responder a la demanda de servicio proyectada al año 2030 en dichas localidades de la región de O’Higgins.

Pese a contar con un informe técnico del Servicio de Evaluación Ambiental que recomendaba su aprobación, el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), que pretende emplazarse en la comuna de Tiltil, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana el pasado 13 de febrero.

La decisión se tomó considerando que en dicha comuna ya operan numerosas industrias que generan una alta carga contaminante y han transformado este territorio en una “zona de sacrificio”.

Por el contrario, en la empresa Ciclo, filial del conglomerado francés Séché Group y titular de la iniciativa, pusieron énfasis en que se trata de un proyecto de descontaminación ambiental y anunciaron que presentarán un recurso de reclamación para hacer valer los argumentos técnicos y revertir el fallo. “Nos sentimos profundamente decepcionados y sorprendidos. Es lamentable que a pesar de contar con el ICE favorable y la conformidad de todos los organismos con competencia técnica en el proceso de evaluación, sean representantes de otras reparticiones del Estado los que en definitiva decidan rechazar el proyecto”, declaró Damián Tomic, gerente general de Ciclo.

Según destacan en la compañía la idea es invertir 85 millones de dólares para desarrollar una instalación con altos estándares tecnológicos que permitirá valorizar, reciclar, recuperar, tratar y disponer residuos industriales peligrosos y no peligrosos de manera segura y, sobre todo, contribuir al tránsito del país hacia la economía circular.

Photio creó aditivo para capturar gases contaminantes

Un emprendimiento chileno con foco en medio ambiente llamado Photio lanzó un innovador aditivo que al mezclarse con pintura, asfalto, plástico, textiles, cuero y otros materiales permite capturar gases de efecto invernadero. La vida útil del producto es de 3 a 4 años en pintura, y más aún en el caso del hormigón. Photio ya realizó con éxito pruebas en tramos de asfalto en la Autopista Central, y posee validaciones en cuero y textiles para muebles y zapatillas. En la empresa, que espera expandirse en 2023, acaba de invertir el seleccionado nacional de fútbol Guillermo Maripán, quien compró parte de sus acciones.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?

1.- Son 5: Loma Los Colorados, Santa Marta, Santiago Poniente, Cerros La Leona y Popeta.

2.- Entre Ancud (Los Lagos) y Los Ángeles (Biobío), abarcando más de 600 km.

3.- Con los neumáticos.

4.- El proyecto minero-portuario Dominga, que se pretende emplazar en La Higuera, Región de Coquimbo.

5.- Que todos los vehículos livianos y medianos nuevos que se comercialicen, además de los de transporte público y maquinaria móvil mayor, sean cero emisiones.

6.- Kimal-Lo Aguirre.

7.- El 11%, por sobre el 8% promedio de entre 2014 y 2021.

Tiendas Corona se sumó al Forest Stewardship Council

Para seguir impulsando su estrategia de sostenibilidad y ser una protagonista activa contra el cambio climático, Tiendas Corona firmó un acuerdo con Forest Stewardship Council (FSC) a través del cual adquirió el compromiso de que todos sus productos de madera y papel procedan de fuentes sostenibles. De esa manera pretende ayudar a cuidar los bosques y sus comunidades relacionadas. El convenio contempla la incorporación progresiva a las tiendas de productos que tengan la certificación FSC en su operación, como etiquetas, cajas, bolsas de papel, muebles y rollos de boletas, entre otros. Estos implementos tendrán la certificación que asegura que provienen de bosques manejados responsablemente.

Certifican avances sustentables de industria del mejillón en Los Lagos

La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático certificó a 31 empresas con 44 instalaciones de la industria del mejillón en la región de Los Lagos, tras culminar un acuerdo de producción limpia que les permitió implementar procesos productivos más eficientes que generan un menor impacto ambiental. Mediante esta alianza público-privada articulada por la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), las empresas adheridas incorporaron medidas de eficiencia energética e hídrica, control de olores y mejoras en la gestión de residuos sólidos. Además, se comprometieron a mantener las playas limpias de manera permanente.

Colbún y Sumitomo analizarán proyectos de hidrógeno verde

Sumitomo Corporation Group y Colbún anunciaron la conformación de una alianza para estudiar la factibilidad de desarrollar proyectos de hidrógeno verde destinados a producir amoniaco verde en las regiones de Antofagasta y Magallanes. En el caso de la primera, para la producción de H2v se evaluará la factibilidad de proveer parte del suministro de energía renovable con el proyecto solar fotovoltaico Inti Pacha de Colbún. Para la exportación del amoniaco se analizará la opción de usar las instalaciones logísticas y portuarias de Interacid, filial portuaria de Sumitomo ubicada en Mejillones. Y en Magallanes, el acuerdo apunta a un proyecto de amoniaco verde con un potencial de producción de 1.000.000 de toneladas anuales.

AGQ Labs

www.agqlabs.cl 29

Agranco - Oxynova

https://es.useoxynova.com 17

Agrolawen

www.agrolawen.cl 21

AGRU

www.agru.cl 37

Aguas Andinas

www.aguasandinas.cl Tapa 2

Ambec www.ambec.cl 2

Ambiental y Sectorial www.ambientalysectorial.cl 73

Ambiente y Tecnología www.ayt.cl 28

BION www.bioconservacion.com 25

Coinsa www.coinsa.cl 88

Conade www.conade.cl 31

Ecolife www.nicolaides.cl 57

Enel X Way

Tribunal Ambiental acogió parcialmente reclamo de minera NX de Peine

El proyecto de producción de sales de potasio de la empresa minera NX de Peine podrá nuevamente ser evaluado para obtener el permiso ambiental que requiere para su funcionamiento. Así lo determinó el Primer Tribunal Ambiental, luego de la sentencia que decidió acoger parcialmente la reclamación de la compañía. La causa fue presentada luego que el Servicio de Evaluación Ambiental no diera el visto bueno para ejecutar la iniciativa que pretende desarrollarse en el Salar de Atacama, Región de Antofagasta. Los ministros condicionaron la obtención de la resolución de calificación ambiental a la presentación de un nuevo modelo hidrogeológico.

www.enelxway.com/es 48

Expomin

www.expomin.cl Tapa 3

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