REVISTA INDUAMBIENTE Ed. N°174 / Ene-Feb 2022

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CONTENIDO

ESPECIAL ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

¿CÓMO AVANZA LA REP?

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD. Editada por Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A.

Con un artículo sobre el avance en el desarrollo de los sistemas de gestión que se harán cargo de la recolección y valorización de neumáticos fuera de uso, envases y embalajes, abrimos este especial.

DIRECTOR GERENTE Carlos Araya Cortés caraya@induambiente.cl GERENTE DE FINANZAS Y NEGOCIOS Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl

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EDITOR GENERAL Rodolfo Bravo Galdames rodolfobravo@induambiente.cl JEFE DE INFORMACIONES Jaime Romero García jaimeromero@induambiente.cl REDACCIÓN Y SITIO WEB Horacio Acuña Barra hacuna@induambiente.cl FOTOGRAFÍA Gina Pilquimán Saavedra fotografia@induambiente.cl DIRECCIÓN DE ARTE Jorge Moraga Pedraza jmoraga@induambiente.cl

ACTUALIDAD

FRENO AL FUEGO Revisamos parte de la tecnología de vanguardia y las principales prácticas que se aplican en Chile para la prevención y control de los incendios forestales.

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DISEÑO Fabricio Basso Bertrand diseno@induambiente.cl COLUMNISTAS IN MEMORIAM Claudio Friedmann Aníbal Mege

CAMBIO CLIMÁTICO

HUMOR Orlando Lagos

CLAVES DE LA LEY MARCO

DIRECTORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD Norma Berroeta Bustos nberroeta@induambiente.cl

La pronta aprobación e implementación del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático es fundamental para afrontar la crisis climática. Revisamos sus principales aspectos, desafíos y posibles mejoras.

MARKETING Y PUBLICIDAD Roberto Vallejos Guzmán rvallejos@induambiente.cl IMPRESIÓN A Impresores, que sólo actúa como impresor.

46 a 49 RECURSOS HÍDRICOS

INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad.

SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 45.000 + IVA (Seis ediciones) DIRECCIÓN Av. Los Leones 382 - Of. 102 - Providencia Santiago de Chile Tel +56 2 2927 2000 info@induambiente.cl

ACTUALIZACIÓN VITAL Con el reconocimiento del recurso hídrico como un derecho fundamental, se despachó en enero la reforma al Código de Aguas. Representantes de tres sectores analizan los cambios y sus implicancias.

www.induambiente.com

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CONTENIDO

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN

LA OTRA LUZ VERDE Abrimos esta sección con un artículo sobre el otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales, materia clave dentro de la evaluación ambiental de los proyectos. Dos consultores entregan sus visiones.

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A “ESTRUJAR” LOS RELAVES

PORTADA

A través de recientes desarrollos tecnológicos y casos de éxito, la minería del cobre busca incrementar la recuperación de agua desde los relaves para abastecer su creciente demanda hídrica.

Aguas calmas, aguas de un atardecer; Aguas que ya no tropiezan con la roca, ni se baten por entre las rugientes olas. Desde el horizonte viajan los rayos del sol, hasta posarse sobre el manto azulado y entibiar su urdiembre.

74 a 76 ACUICULTURA

REGLAS PARA LOS SALMONES Detallamos dos nuevas regulaciones que rigen a la industria acuícola: la ley que obliga a limpiar los desechos de los fondos en las áreas de concesión y el reglamento para el control en línea de parámetros ambientales.

78 a 80 INTERNACIONAL

¡CULPABLES! En la historia reciente numerosas empresas multinacionales han sido fuertemente sancionadas por graves daños contra el entorno natural y humano en distintos países. Abordamos algunos casos emblemáticos.

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Mientras, en lo alto, las aves contemplan el espectáculo en silencio y serena quietud.

SECCIONES Editorial En Pocas Líneas Actualidad Olores Quién es Quién Internacional Salud Ocupacional Bitácora Entretención Pulso Empresarial Cultura

COLUMNISTAS: Eduardo Astorga Arturo Brandt Daniela Caulier Sebastián Videla Hernán Durán

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EDITORIAL

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Responsabilidad Urgente y Vital

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n las últimas semanas dos localidades en Chile decidieron racionar el suministro de agua potable a sus habitantes: Potrero Grande, en la Región del Maule, y El Melón, en la de Valparaíso. ¿La razón? la escasez del recurso hídrico causada, según sus autoridades, por un factor natural como es la falta de precipitaciones que se arrastra hace varios años y también por el consumo irresponsable de algunas personas. Similar es lo que ocurre en otros rincones del país que viven una situación de extrema fragilidad, especialmente en verano cuando la sequía arrecia con más fuerza y la población flotante crece con los vacacionistas, aumentando la demanda hídrica. En esos casos, la posibilidad de quedarse sin agua es algo tangible cada día. El fantasma del racionamiento, por cierto, también ronda en las grandes ciudades como Valparaíso, donde embalses emblemáticos como Los Aromos y Peñuelas han llegado a niveles de acumulación de agua menores al 1%. Y también en Santiago que en enero pasado sumó a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, a las casi 200 comunas con decretos de escasez hídrica a lo largo del país. De hecho, el gobernador metropolitano Claudio Orrego advirtió que si persiste la sequía podría haber cortes programados durante 2022. Agregue a eso, las cerca de 400 mil familias en todo el país que, según estimaciones de la Dirección General de Aguas, tienen problemas con la cantidad o calidad del agua disponible y son abastecidas habitualmente con camiones aljibe. Ahí está el emblemático caso de Petorca, en cuyos valles conviven personas que reciben 50 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas, junto a grandes plantaciones de paltas regadas por agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua que se prioriza para la actividad económica antes que para la supervivencia de la misma gente de la zona. Estos ejemplos dan cuenta de una crisis hídrica profunda que tiene múltiples causas y, por lo mismo, requiere de soluciones variadas e integradas que involucran a todos y cada uno de los que somos parte de la sociedad. En ese sentido, el punto de partida tiene un denominador común: asumir con urgencia la responsabilidad vital que nos corresponde en esta materia, desde las más altas autoridades públicas hasta los usuarios o consumidores particulares del recurso. Algunos avances relevantes se han registrado en el último tiempo, como la reciente aprobación de la reforma al Código de Aguas después de casi 11 años de tramitación en el Congreso. Una actualización que refuerza el carácter de bien público del recurso, definiéndolo como un derecho esencial; consagra un nuevo régimen para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento; prioriza el consumo humano y resguarda la función ecológica que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres. Estos aspectos podrían reforzarse con las propuestas que hoy se discuten en la Convención Constitucional que buscan, fundamentalmente, reconocer el derecho humano al agua y que ésta sea consagrada como un bien nacional de uso público, terminando así con el derecho de propiedad sobre el recurso vital y el sesgo economicista que le otorgó la Constitución de 1980. Otra señal alentadora es el avance del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en el Congreso, una herramienta clave para fortalecer la gestión pública y ordenar los esfuerzos privados para afrontar la crisis climática que tiene directa relación con la sequía extrema que golpea al país hace más de una década. Lograr su pronta aprobación e implementación es una urgencia que ha sido priorizada por el gobierno saliente como también por la próxima administración, lo que es una buena muestra de cómo se deben abordar las problemáticas ambientales que nos afectan a todos, independiente de la autoridad de turno. Esa misma línea de acción se debiera seguir para concretar la necesaria reforma y fortalecimiento de la institucionalidad hídrica en Chile o para proteger las fuentes de agua como los glaciares, dos temas sobre los cuales también existen proyectos de ley en debate que se requiere priorizar y enriquecer con otras propuestas, como la creación de organismos de cuenca para la gestión descentralizada y la gobernanza de los recursos hídricos. En la vereda privada, desde las empresas hasta la ciudadanía, la tarea también es clara: hacer un uso cada vez más eficiente del agua y evitar su contaminación, a todo nivel. Son parte de las responsabilidades urgentes y vitales que todos y cada uno de nosotros debe asumir.



ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS La adecuada gestión de los residuos y la economía circular son tendencias y prácticas que se empiezan a arraigar en las empresas y otros actores de la sociedad. Aunque es un camino largo, los siguientes artículos dan cuenta de algunos avances sustantivos en la materia.


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¿CÓMO AVANZA LA REP? Este año los sistemas que se harán cargo de la recolección y valorización de neumáticos fuera de uso, envases y embalajes deben quedar constituidos y presentar sus planes de gestión. ¿Cómo marcha este proceso?

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ábado 30 de abril de 2022. En esa fecha a más tardar, los primeros sistemas de gestión que harán efectiva la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile, debieran presentar sus planes para recolectar y valorizar los neumáticos una vez que se conviertan en residuos. Así lo dispone el Decreto Supremo (DS) Nº 8 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 20 de enero de 2021, que establece las metas al respecto y otras obligaciones en torno a ese producto priorizado en la Ley 20.920. El hecho marcará uno de los primeros hitos en un año relevante para seguir avanzando en la implementación de la REP, un instrumento clave para que nuestro país acelere el paso hacia la economía circular. “Durante 2022, los sistemas de gestión, tanto para neumáticos como para envases y embalajes, deben terminar de conformarse y presentar sus planes de gestión que será la guía específica con la cual van a trabajar. Esa es la última etapa en el papel, para el año 2023 ya pasar a la realidad y echar a andar la REP como tal, con los camiones y las plantas de reciclaje operando para cumplir las metas”, comenta Guillermo González, Jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Sobre ese escenario, cabe preguntarse: ¿cómo avanza este proceso preparatorio?

NEUMÁTICOS EN MARCHA La Ley 20.920, más conocida como Ley REP, definió seis productos prioritarios que, luego que terminen su vida útil, deben ser gestionados responsablemente por quienes los pusieron por primera vez en el mercado nacional (productores): neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías. En ese marco, a la autoridad ambiental le corresponde definir metas de recuperación y valorización, a través de la publicación de decretos, lo que hasta ahora se ha concretado sólo para los dos primeros casos, con objetivos a cumplir a partir de 2023. La regulación establece que, para cumplir dichas metas, los productores deben organizar y financiar sistemas de gestión (SG) individuales o colectivos que no podrán tener fines de lucro, y cuya constitución debe ser visada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Estos SG deberán contar con un plan de gestión aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente y licitar las tareas de recolección y valorización. Guillermo González señala que desde la autoridad están expectantes para ver cómo se

concreta todo este proceso, “y ahí es bien importante lo que ocurra con estos dos primeros productos regulados, ya que eso va a marcar la pauta de lo que sucederá con los restantes productos priorizados en la REP”. En ese contexto, el representante del MMA expresa inquietud por el cumplimiento de los plazos señalados en los respectivos decretos: “Eso es algo que nos preocupa, especialmente en el caso de los neumáticos cuyo decreto de metas fue publicado en enero de 2021 y hace muy poco que se inició el trámite formal para conformar el primer sistema de gestión”. La referencia corresponde al SG colectivo impulsado por los grupos empresariales Derco y Gildemeister, donde reconocen las complicaciones para llegar a las fechas impuestas en el DS Nº 8. Alejandro Navech, gerente general de la entidad, señala: “Queremos partir en enero de 2023, estamos trabajando para ello. Ahora

50% De recolección y 25%

de valorización son los objetivos a cumplir en 2023 en el caso de los neumáticos de un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los de 45, 49 y 51 pulgadas. Al octavo año la meta para ambas acciones será de 90%.

25% De recolección y

valorización es la meta inicial fijada para los neumáticos mineros que son los de aro igual a 45, 49 y 51 pulgadas, así como los iguales o mayores a 57 pulgadas. Al octavo año se deberá llegar al 100%.

bien, hay que decir que se ve difícil que se logre acompañar el informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al plan de gestión en abril de 2022, que es el mes en donde los sistemas de gestión deben presentar el plan de gestión al MMA. Si no tenemos ese informe no podremos presentar el plan, por lo que se deberá evaluar si esa fecha pudiera cambiarse, por ejemplo, para julio, claro que sin afectar el inicio del cumplimiento de las metas para enero de 2023”. El ejecutivo explica que, actualmente, el TDLC está revisando la documentación presen-


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ción jurídica del sistema de gestión de neumáticos –que en el mejor de los casos debiera listo en julio del 2022– como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, en la que podrá participar cualquier empresa regulada por la Ley 20.920. “Es nuestro compromiso desarrollar una coordinación transparente, participativa, ética y por supuesto siempre respetando la libre competencia, la confidencialidad de los datos y el compliance

(cumplimiento normativo)”, resalta Navech. Recuerda, además, que las metas de recolección y valorización establecidas en el decreto 8 se comenzarán a implementar en enero de 2023 sobre lo enajenado o introducido al mercado el año 2022, tanto para neumáticos de reposición como aquellos incorporados en vehículos. “En ambos mercados, las empresas fundadoras de nuestro sistema de gestión son reconocidas por

Gentileza Econeu

tada por el SG para garantizar que los estatutos de la organización y las bases de la licitación que realizará para los gestores de recolección y valorización no impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. “En este proceso también se hace parte la Fiscalía Nacional Económica para comprender, estudiar y emitir su opinión en cuanto al mercado en que participaremos”, dice. Terminada esa etapa, avanzarán en la crea-

Contar con la capacidad para valorizar neumáticos en desuso será uno de los principales retos para concretar la REP.

Costos y Tarifas Los costos de implementación de los sistemas de gestión y las tarifas que deberán pagar sus integrantes son otros temas cruciales para poner en marcha la REP. Isidro Pereda entrega algunos datos al respecto: “El 90% de los costos son logísticos y operativos. En términos globales, el primer año estos ascenderían a US$57 millones y en 10 años estarían por sobre los US$200 millones”. Y en cuanto a la cuota que ReSimple cobrará a sus miembros, el ejecutivo expone: “Aún falta para poder informar sobre las tarifas; queremos ser sumamente cuidadosos y respetuosos de las autoridades que nos están evaluando. Lo que hemos podido constatar en otros países es que el cumplimiento de la Ley REP puede llegar a representar el 1% de las ventas para algunas empresas reguladas, dependiendo finalmente del rubro en que se desempeñen”. En el caso de EcoNeu, Jesús Núñez indica: “El modelo de negocio sin fin de lucro que se va a desarrollar no tiene precedentes en Chile y los trámites legales previos a su creación son inéditos y complejos. Por tanto, la inversión necesaria para su implementación dependerá del desarrollo de todas estas cuestiones. No obstante, cabe esperar que los capítulos de costo más importantes serán los salarios de los recursos humanos empleados, los honorarios de los asesores profesionales y el desarrollo de las herramientas informáticas que serán imprescindibles para la gestión integral del sistema y el reporting legal exigido por la autoridad”. En relación a las tarifas añade que recién iniciaron un estudio detallado para estimar los costos del futuro sistema y, por tanto, el costo de gestión por unidad de neumático, también llamado Ecovalor. Algo similar ocurre con el sistema de gestión impulsado por Derco y Gildemeister, donde Alejandro Navech indica que existen innumerables factores que inciden en el cálculo de la tarifa de gestión, “y hemos determinado que la correcta forma de determinarla es acordar estas variables a través de una modelación tarifaria”. Este proceso se llevará a cabo con la asesoría de una empresa especializada.

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El cumplimiento de los plazos preocupa a la autoridad, dice Guillermo González. su anticipada responsabilidad por el medio ambiente y el uso de las mejores prácticas comerciales en sus organizaciones”, destaca. Otro sistema colectivo de gestión (SCG) para neumáticos fuera de uso (NFU) que está en proceso de formación es Econeu. “Se ha presentado al TDLC el escrito de solicitud de informe favorable para la creación de un SCG fundado por 30 productores de neumáticos procedentes de los tres gremios del sector. Por tanto, estamos a la espera de su resolución mientras preparamos el preceptivo plan de gestión para su presentación al MMA”, detalla su gerente general, Jesús Núñez. Entre los miembros fundadores hay empresas que son parte de Chile Neumáticos A.G., de la Cámara de la Industria del Neumáticos de Chile (CINC) y de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que ponen por primera vez en el mercado chileno aproximadamente el 50% de los neumáticos nuevos. “Será una entidad sin fin de lucro abierta a todo productor de neumáticos chileno que desee cumplir sus obligaciones derivadas de la ley REP de manera universal y al costo más eficiente posible. Por tanto, nuestras expectativas son atraer al mayor número posible de importadores”, sostiene el ejecutivo. Añade que los interesados pueden vincularse desde


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11% Es la meta de recolección y valorización

para los EyE domiciliarios de vidrio, que los productores deberán cumplir en 2023 en relación al total que introduzcan este año. Para los de metal es 6%; cartón para líquidos, papel y cartón, 5%; y plástico, 3%.

48% Es la meta de recolección y valorización a

alcanzar el próximo año para los EyE no domiciliarios de papel y cartón, respecto del total introducido en 2022. Para los de metal la exigencia será de 23% y para los de plástico, 13%.

ya al SCG a través de un acuerdo privado para ser socios de la futura corporación, que se concretará una vez sus estatutos sean autorizados por el TDLC. A estas entidades ya en formación, se podrían sumar otras como el sistema de gestión multiproducto que pretende impulsar la ANAC, el cual abordaría de manera integral todos los productos priorizados en la Ley REP (neumáticos, envases y embalajes, baterías, aceites lubricantes y eventualmente aparatos eléctricos y electrónicos) contenidos en los vehículos motorizados importados al país. En relación a esto, Guillermo González advierte: “Estamos bien contra el tiempo y es importante que si hay sistemas que quieren sumarse, lo hagan lo antes posible”. Agrega que la Ley también contempla la opción de que más adelante puedan surgir nuevos SG a partir de los ya existentes, pero enfatiza que cuando se empiece a exigir el cumplimiento de las metas, todos los regulados del sector deben ser parte de alguno de los sistemas de gestión disponibles. “Los productores que no se integren a algún sistema de gestión estarán incurriendo en una infracción gravísima y, de acuerdo a lo definido en la Ley, se exponen a una multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales”, sentencia. Vale decir, unos 8 millones de dólares.

ENVASES Y EMBALAJES Los envases y embalajes (EyE) son el otro producto priorizado en la Ley 20.920 que ya tiene sus metas y plazos definidos. Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 12, publicado el 16 de marzo de 2021, toda empresa que ponga en el mercado nacional más de 300 kilos al año de EyE –a excepción de las microempresas– en septiembre próximo deberá ser parte de algún sistema de gestión que financie y organice el manejo sostenible de esos productos una vez que se hayan convertido en residuos. Ese mismo mes vence el plazo para que dichos SG presenten su plan de gestión al Ministerio del Medio Ambiente, con miras a empezar a cumplir con los objetivos de recolección y valorización en septiembre de 2023. Hasta fines de enero, eran dos los sistemas de gestión que estaban tramitando su constitución: ReSimple, orientado a envases y embalajes de tipo domiciliario; y PROREP, que se concentrará en los de tipo industrial o no domiciliario. En relación a la convivencia de ambos sistemas, Guillermo González,

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comenta: “La ley y el decreto de EyE en particular permiten la existencia de múltiples sistemas colectivos de gestión. A nivel internacional las experiencias son diversas: en algunos países hay uno solo que lo hace todo; en otros existe uno que ve lo domiciliario y otro lo no domiciliario; y en otras partes hay varios para ambos casos. Por lo tanto, no está escrita cuál será la solución a la que la industria va a llegar en Chile, pero nos parece positivo que existan varias iniciativas que den más opciones a los productores. Hemos conversado con todas ellas, entregándoles el apoyo que han requerido para poder ir avanzando en la conformación de los sistemas”. ReSimple es la iniciativa que lleva más tiempo preparándose para afrontar los desafíos de la REP y, por lo mismo, es la más adelantada en su proceso de formación. Su gerente general, Isidro Pereda, destaca que este GRANSIC (Gran Sistema Colectivo Domiciliario), impulsado por la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), “fue el primero de estos sistemas en iniciar el trabajo de tramitación y hoy se encuentra en la etapa final de la evaluación de las autoridades de libre competencia. En particular, estamos a la espera de la audiencia final ante el TDLC fijada para los primeros días de marzo. Esperamos entrar en operación en el segundo semestre de este año con las primeras 25 empresas fundadoras, las cuales pertenecen a distintos rubros”. Vale decir, gestionará todo tipo de envases y embalajes de tipo domiciliario, no sólo de los que corresponden al sector de alimentos y bebidas. Para eso, ya están haciendo acercamientos con diversas empresas mediante un memorándum de entendimiento, “el cual no tiene costo, ni es vinculante y nos permite acompañarlas de manera técnica. Luego, esperamos que se incorporen formalmente, una vez que obtengamos la personalidad jurídica”, apunta Pereda. En Chile son más 14 mil empresas generadoras de EyE que deben cumplir con la Ley REP. En ese contexto, en ReSimple esperan contar con “a lo menos 1.000 empresas, que representen más del 50% de los materiales puestos en el mercado de envases y embalajes”, dice el ejecutivo. Por su parte, PROREP orientará su servicio exclusivamente a la gestión de EyE no domiciliarios que corresponden a aquellos entregados a un consumidor industrial (industrias, fábricas, comercios, bodegas o patios traseros que finalmente generan los residuos de EyE) en un esquema B2B, como cajas, bines, sacos contenedores, films, tambores y pallets. El DS 12 se aplicará sólo a los envases de ese tipo compuestos de metal, papel o cartón, y plástico, para los cuales se establecen exigencias diferentes en relación a los domiciliarios donde se suman los elaborados en vidrio y cartón para líquidos.

¿Y los Decretos Restantes? Son cuatro los productos priorizados en la Ley REP que aún no cuentan con sus decretos de metas de recolección y valorización. El más avanzado es el de aceites lubricantes, cuyo anteproyecto se publicó hace más de un año y hoy está a la espera de que la Fiscalía Nacional Económica aclare una observación que surgió en la consulta pública sobre la posibilidad de que el Ministerio del Medio Ambiente pueda restringir la existencia de sistemas de gestión individuales. “Una vez que tengamos esa respuesta podremos ir al Consejo de Ministros y después mandarlo a Contraloría para que sea oportunamente publicado”, dice Guillermo González. Las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos se están trabajando en conjunto, con la intención de dejar el anteproyecto publicado antes que termine el actual Gobierno, el próximo 11 de marzo. “Evidentemente será la próxima administración la que deberá procesar los resultados del proceso de consulta pública, pero nos parece importante dejar esta base que es el anteproyecto que vamos a presentar pronto”, acota el representante del MMA. Y en el caso de las baterías, el proceso de desarrollo del anteproyecto aún no se ha iniciado. González señala que otro desafío para la próxima administración será definir otros productos prioritarios en los que convenga aplicar la REP. “Estamos avanzando en un estudio donde vamos a tener la información comparada de una gran cantidad de productos que hemos seleccionado como candidatos. Los más firmes son los textiles y el equipamiento de pesca y acuicultura (aparejos, redes, etc.), que generan muchos problemas en algunas zonas del país, pero probablemente habrá otros más que debieran ingresar al régimen REP, entendiendo que éste es un instrumento muy potente para incrementar de forma sustancial las tasas de reciclaje en algunos sectores”, finaliza

ReSimple es el SG más adelantado y podría estar operando en el segundo semestre de 2022, destaca Isidro Pereda.

Jesús Núñez señala que Econeu ya solicitó al TDLC el informe para la creación del sistema de gestión.

La participación activa y correcta de la ciudadanía en la separación de los residuos será clave para que funcione la REP.

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Sobre ese escenario, este sistema de gestión pretende implementar un modelo de operación que permita a sus integrantes cumplir con las metas y obligaciones de la REP “al menor costo posible”. Para eso adoptará el esquema Monitoring utilizado por el SG Valipac, en Bélgica, el cual hace posible que sus ecotarifas sean en promedio 8 veces menores que la de los sistemas domiciliarios en Europa (ver artículo aparte en páginas 32 a 33). PROREP cuenta con 25 empresas fundadoras, productores de envases y embalajes 100% no domiciliarios, y está en plena proceso de constitución legal. Su gerente de proyecto, Marcos Segal, comenta que ya tienen un borrador de los estatutos, por lo que ingresarán los antecedentes al TDLC dentro de este mes, mientras trabajan en el plan de gestión que presentarán al MMA.

DESAFÍOS Aparte de concretar los sistemas de gestión, los representantes de los actores regu-

Alejandro Navech plantea la posibilidad de aplazar la entrega del plan de gestión al MMA, sin afectar el inicio del cumplimento de las metas.

lados y de la autoridad identifican otros desafíos para cumplir con las exigencias de los respectivos decretos REP. En relación a los neumáticos, por ejemplo, Jesús Núñez señala: “Es evidente que la falta de capacidad de valorización de NFU en Chile va a ser uno de los retos más difíciles y caros de solventar. Por otro lado, la organización de una red operacional capaz de recolectar en cualquier parte del territorio chileno cumpliendo determinados niveles de servicio es un reto muy relevante que va a necesitar de mucho esfuerzo por parte de los gestores de residuos”. A su vez, para el caso de los envases y

embalajes, Isidro Pereda plantea: “Los mayores desafíos son la participación ciudadana, la capacidad de clasificación operativa y la capacidad de reciclaje de algunos materiales complejos. Son temas sobre los cuales nos hemos estado preparando y justamente los pilotos que hemos desarrollado apuntan a conocer con mayor detalle los retos que implicará la implementación de la ley”. Añade que los programas implementados en las comunas de Providencia, Colina y Quilicura, han permitido poner a prueba la logística en cada etapa de la cadena, con foco en la participación activa de la comunidad. Y acota: “Nuestra marca ReSimple resume la filosofía con la cual queremos llegar al consumidor final. Si hacemos que el reciclaje sea simple, la ciudadanía nos ayudará a reciclar en sus hogares, y, por el contrario, si es muy difícil, lo más probable es que las tasas de participación sean bajas”. Desde el MMA, Guillermo González, también pone énfasis en que la activa participación de la comunidad es un desafío clave para que la REP funcione. “Podemos contar con muchos puntos limpios o camiones de recolección operando, pero si la ciudadanía no hace su parte, todo eso va a tener un alcance limitado”, sostiene. Frente a ello, enfatiza que se deben sumar esfuerzos públicos y privados para desarrollar una labor educativa y comunicacional de largo plazo. “Los sistemas de gestión van a tener que destinar una parte de su presupuesto a informar y sensibilizar a las personas para que hagan la tarea que les corresponde de manera correcta: es importante, por ejemplo, que el contenedor, la bolsa o el formato que sea, contenga solo aquello que es reciclable, porque si no habrá costos adicionales de separación y transporte. El trabajo del sistema de gestión debe ser acompañado por las municipalidades que, de acuerdo a la Ley, tienen un rol muy relevante de educación de sus vecinas y vecinos. Y también por el Ministerio del Medio Ambiente desde la mirada más país. Entre los tres actores vamos a tener que estar reforzando constantemente la entrega de información a la ciudadanía durante los próximos años”, afirma. La autoridad agrega que otros desafíos relevantes se relacionan con la capacidad para procesar algunos materiales, y para encontrarle un mercado a lo que se procesa. “Ese es un desafío externo a la REP, pero que es fundamental para su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, en Chile no tenemos problemas de demanda del vidrio, pero sí respecto de algunos plásticos. Entonces, tenemos que ir avanzando en paralelo en distintos frentes para que efectivamente lleguemos a buen puerto con la REP, que es lo que todos esperamos y queremos”, concluye.


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La valorización de los residuos de la construcción y demolición en Chile exhibe sus primeros avances, proyectos y metas. Dos especialistas abordan las oportunidades y barreras existentes para el desarrollo de este mercado.

T

odas son cifras imponentes, por no decir enormes, en la industria de la construcción. Partiendo por el consumo de materias primas: el 40% del total que se extrae a nivel mundial. En Chile, su magnitud se puede dimensionar con un dato ambiental: cerca del 34% de los residuos sólidos generados a nivel país corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD). Al año 2023, se espera que este tipo de desechos alcance un volumen similar a 15,5 estadios nacionales o tres cerros Santa Lucía. ¡Impresionante! La necesidad cada vez mayor del rubro de insertarse en la economía circular dio un paso importante en agosto de 2020, cuando se lanzó la “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035”, que lidera el programa Construye2025 –impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción– junto a los ministerios de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Medio Ambiente (MMA) y Obras Públicas (MOP). Alejandra Tapia, Coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, destaca el sueño en común que esperan alcanzar con la iniciativa: “Un país que gestione sus recursos en forma eficiente, impactando positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico. Esto, con la participación de diferentes actores públicos, privados y de la academia”. Con ese objetivo se definieron cinco ejes estratégicos que permitan impulsar la economía circular en construcción: planificación territorial e infraestructura para la gestión de los RCD y

la economía circular; coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción; ecosistemas y cadenas de valor para mercados de economía circular en construcción; información e indicadores para el desarrollo de mercados, políticas públicas e innovación; y restauración de pasivos ambientales y de riesgos.

ALGUNOS AVANCES Alejandra Tapia destaca las diversas iniciativas implementadas y en curso tras un año y meses de puesta en marcha de la hoja de ruta. Menciona las alianzas público-privadas que dieron vida al Acuerdo de Producción Limpia (APL) de esta industria en la Región de Valparaíso y al Comité de Economía Circular en Construcción, liderado por el Instituto de la Construcción. En el sector público, en particular, afirma que “se han instruido dos oficios por parte de los ministerios de Vivienda (nº 430) y Obras Públicas (nº 138) solicitando la inclusión de planes de gestión de residuos en las obras con financiamiento público considerando la norma chilena NCh3562:2019, sobre gestión de RCD. Y en 2021 se desarrolló la nueva norma NCh3727 sobre gestión de residuos en obras de demolición”. En el APL, que se extenderá hasta fines de 2023, cada compañía participante debe fijar metas cuantitativas para prevenir la generación y valorizar sus distintos tipos de desechos, aunque estas últimas no podrán ser menores a un 10% del total de residuos producidos. También contempla la elaboración de un catastro de ges-

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tores de residuos que operen en la región y de sitios de disposición final de RCD autorizados, proponiéndose una estrategia de solución a la falta de estos lugares. En otro hito, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción y Construye2025, guiados por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la CChC, lanzaron el pasado 20 de enero la Estrategia de Economía Circular en Construcción, que presenta los lineamientos para el tránsito hacia una nueva cultura del sector. Su propósito es avanzar hacia el desarrollo sostenible, social, ambiental y económico de la industria, a través del apoyo a iniciativas que involucran a los sectores público, privado y académico. En lo relativo a la institucionalidad, la especialista resalta la constitución de la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable y de comisiones regionales en la materia. Esto, “con el fin de fortalecer y desarrollar redes colaborativas en el sector público para la gestión sustentable de los RCD y la economía circular en construcción a escala regional y local. Actualmente, 11 de las 14 mesas regionales han relevado la gestión de los residuos como temática a abordar”, acota. Un nuevo avance en este ámbito fue la reciente aprobación de un proyecto para el desarrollo de perfiles y planes formativos para capacitar a trabajadores en el manejo de RCD. Gracias al impulso de Corfo, en tanto, se están desarrollando ocho iniciativas, seleccionadas en un reto de innovación en economía circular en construcción, que ayudarán a disminuir la pérdida de recursos utilizados en el rubro.


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La planta de Revaloriza estaría 100% operativa en marzo. Ya recepciona y valoriza hormigón y asfalto. Y en el área regulatoria, se avanza en la elaboración del “Reglamento sanitario para el manejo de residuos de las actividades de la construcción y demolición”, el cual lidera el Ministerio de Salud. ¿Desafíos? “Para este año, promover la valorización de los residuos y generar las capacidades para su gestión. Sin embargo, paralelamente es necesario trabajar en la eliminación de barreras, por lo que se está desarrollando el estudio Propuesta de Marco Regulatorio Integrado y Fomento a la Valorización de los RCD”, revela la asesora de Construye2025. Otros grandes desafíos se relacionan directamente con las metas de la Hoja de Ruta RCD 2035 (ver recuadro).

riza, empresa que implementa en Viña del Mar el primer centro de tratamiento y valorización de RCD en Chile, también desglosa las barreras que existen en este campo:

Desde Construye2025, Alejandra Tapia busca promover la valorización de los residuos y generar las capacidades para su gestión.

BRECHAS Y DESINCENTIVOS A propósito de barreras y/o brechas que existen en nuestro país para la valorización de los RCD, Alejandra Tapia asegura que “uno de los principales desincentivos es el bajo costo que tiene la disposición final de los residuos debido a su baja regulación y fiscalización. En Chile, 7 regiones no cuentan con lugares de disposición autorizados (Minvu, 2019), cuyos requisitos de funcionamiento no están definidos. Además, la normativa vigente es fragmentada, poco conocida, y no existen criterios estandarizados a lo largo del país por parte de las entidades que tienen competencias. Y no existen modelos de gestión conocidos para los RCD”. Añade otro punto muy importante y habilitante para que se puedan valorizar éstos y todos los residuos: “Su separación in situ para evitar la mezcla y contaminación entre residuos, así como para facilitar su gestión y optimizar las operaciones de manejo”. Karen Aguilera, Gerenta General de Revalo-

Falta de fiscalización.

Falta de cuerpos legales que promuevan la valorización y de subsidios para que existan lugares que realicen esta labor.

Carencias de comunicación entre los organismos públicos que tienen que incidir en la gestión de RCD, sobre todo de las direcciones de obras, seremis de salud y ministerios del Medio Ambiente y Obras Públicas.

Desconocimiento y falta de compromiso socioambiental de las empresas generadoras de residuos.

Existencia de sitios ilegales de recepción de RCD sin promover su valorización.

Falta de trazabilidad y su exigencia en las declaraciones ante el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). “Si bien hoy es una obligación, quien no declara no tiene problemas”, asegura la ejecutiva.

Plantea también que, al ser pioneros, “proyectos como el nuestro se enfrentan a la actual ‘burocracia circular´. Aunque para todos es mejor la circularidad en lugar de la linealidad, la tramitación puede tomar mucho tiempo dado que son muchos los organismos que inciden”.

OPORTUNIDADES

Flesan es una de las empresas pioneras del sector en la reutilización y reciclaje de RCD.

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Pese a las trabas, ambas profesionales ponen en relieve las oportunidades que ofrece el incipiente mercado de la valorización de RCD. Karen Aguilera expone que este nicho en


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crecimiento “complementa las directrices de la Ley REP y de otros cuerpos normativos en los cuales hoy se trabaja. Por ejemplo, durante este 2022 se publicará el Reglamento Sanitario de RCD que promoverá la valorización por sobre la disposición final. Además, en la NCh163 se incorporarán dos conceptos nuevos que nacen gracias a la valorización: los de áridos reciclados y áridos artificiales”. Sostiene también que es de vital importancia que organismos públicos como el MOP, el Minvu y el Serviu “puedan exigir en sus bases de licitación de proyectos tanto la valorización de los RCD como la incorporación de materias primas secundarias, como los áridos reciclados, como base y sub base para caminos. Con ello se daría cumplimiento cabal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ciudades sostenibles y resilientes”. Alejandra Tapia profundiza en las expectativas que genera la producción de áridos reciclados a partir del reciclaje de residuos inertes. “Según un informe del Ministerio del Medio Ambiente, si se considera una generación de 5 millones de toneladas de residuos inertes al año, valorizable en un 50%, convertida a metros cúbicos (densidad 800 Kg/m3), es posible conseguir un volumen de 2 millones de m3 de áridos reciclados. A un valor comercial de $7.000 el m3 (base estabilizadora), se podría obtener un valor de venta anual de MM$14.000 (480.000 UF aprox.), con la creación de unos 2000 empleos”, asegura. El cálculo anterior adquiere más importancia considerando que la demanda actual de áridos en Chile se estima en cerca de 11 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales las plantas formales solo tienen capacidad para aportar 4 millones, por lo que se presume que los 7 millones restantes provendrían de la extracción ilegal.

Ejes y Desafíos La Hoja de Ruta RCD 2035 incorpora cinco ejes que orientan las acciones a seguir y las metas. Alejandra Tapia subraya la importancia de los desafíos asociados a tres de ellos y que deberían cumplirse al 2035: • Planificación territorial e infraestructura para la gestión de los RCD y la economía circular. Metas: - Contar con áreas urbanas del país con zonas para la instalación de plantas de valorización, estaciones de transferencia y sitios de disposición final autorizada. - Que en todas las regiones exista infraestructura para su valorización, con plantas y estaciones de transferencia. • Coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción. Al 2035 se espera que: - El 100% de las licitaciones públicas de edificación e infraestructura incorporen una gestión sustentable de los RCD generados en obra. - Exista un marco regulatorio y normativo para las materias primas secundarias que se utilizan en la fabricación de productos de construcción. - La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones considere los requisitos mínimos –estandarizados y según diferentes escalas de proyectos– para la gestión de los RCD en obra, obtención de permisos de demolición y edificación, recepción final de obras y su implementación en línea en las direcciones de obras municipales. • Ecosistemas y cadenas de valor para mercados de economía circular en construcción. Meta: - Que el 70% del volumen de los RCD se valorice mediante reutilización y reciclaje para la fabricación de nuevos productos.

Los restos de hormigón constituyen entre el 50% a 60% de los residuos que quedan tras una demolición.

PRIMEROS EJEMPLOS Durante el último año, parte de la atención del sector construcción ha estado puesta en Revaloriza, la planta pionera en tratamiento y valorización de RCD que se está instalando en Viña del Mar. “Se encuentra con más de 50% de avance y ya estamos recepcionando y valorizando hormigón y asfalto. Lo que generamos son áridos reciclados que pueden ocuparse como carpetas de rodados para evitar el levantamiento de material particulado y el uso de camiones aljibes para humectar caminos, protegiendo otro recurso escaso como el agua. Esperamos estar al 100% en marzo próximo”, cuenta Karen Aguilera. Su máxima responsable destaca, asimismo, que la instalación valorizará no solo RCD, sino también residuos de otras industrias que no sean peligrosos ni asimilables a domiciliarios.

Esto incluye, aparte de hormigón y asfalto, metales, cartón, plásticos y maderas, principalmente. Por su parte, Flesan, empresa líder en el mercado de las demoliciones, ha ido de manera creciente recuperando, reutilizando y reciclando los materiales de las construcciones que desmantela como paso previo a la demolición. Para eso apuesta por la innovación y la tecnología de punta (ver artículo aparte en páginas 36 y 37). Otra firma del sector, Demoliciones H y L, realiza una labor similar al intentar reutilizar la

mayor cantidad de materiales que son susceptibles de recuperar. Con ese fin se apoya en la trazabilidad, pues “es la única forma de cuantificar dónde y qué tipo de residuos genera una demolición y en qué lugar serán dispuestos”, aseguran. En Reviste, a su vez, recuperan madera y otros residuos de la industria de la construcción “para hacer los revestimientos sostenibles más auténticos y socialmente responsables de Chile”, porque su manufactura está a cargo de personas privadas de libertad con la colaboración de Gendarmería de Chile.


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RETOS PARA EL COMPOSTAJE Desarrollar regulaciones e infraestructura, involucrar a la ciudadanía y apoyar a los municipios para que asuman un rol protagónico son algunas claves para impulsar esta forma de reciclar los residuos orgánicos.

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E

l compostaje es un proceso biológico que transforma los residuos orgánicos en un material rico en nutrientes para las plantas y que mejora las características del suelo. Al mismo tiempo, ayuda a combatir el cambio climático al evitar la disposición de dichos desechos en vertederos, donde su degradación genera gases de efecto invernadero. Además, es una alternativa más simple y de menor inversión inicial que otros sistemas de tratamiento. Pese a esas reconocidas ventajas y beneficios, el desarrollo de esta práctica en Chile es aún muy incipiente: según datos del Ministerio del Medio Ambiente, el 58% de la basura domiciliaria corresponde a residuos orgánicos, y de esa cifra se composta con suerte el 1%. A continuación, revisamos los principales retos para su avance y algunas propuestas para impulsarlo.

ESTRATEGIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS En junio del año pasado, el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), que busca reciclar el 30% de los residuos orgánicos municipales al año 2030 y alcanzar un 66% al 2040. Un desafío en que el compostaje aparece como principal aliado. “Esta Estrategia vino a llenar un vacío que teníamos dentro de la política pública, porque es-

tamos hablando del 58% de los residuos sólidos municipales en Chile y no había una definición de hacia dónde teníamos que ir. Por eso decidimos embarcarnos en esta tarea con todos los actores, recabando insumos desde la sociedad civil, las municipalidades, las empresas y la academia, para generar esta guía que nos indica muy claramente el camino a seguir”, apunta Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Mi-

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Municipios han recibido apoyo del programa Reciclo Orgánicos para desarrollar proyectos de compostaje: Santa Juana, Talca, Talcahuano, Rapa Nui, Ancud, Castro, Quellón, Villarrica, Puerto Varas, La Pintana, San Bernardo, Maipú y Melipilla. Con esto más otras iniciativas de biodigestión y captura de metano en rellenos sanitarios, se espera reducir unos 9 millones de toneladas de CO₂ a 2040.

nisterio del Medio Ambiente (MMA). Añade que para llevar a la práctica esta Estrategia, desde el sector público, es muy relevante trabajar de manera coordinada entre el gobierno central, regional y, sobre todo, con las municipalidades que juegan un rol clave en esta tarea. “Eso es así en todas partes del mundo. Ciertamente, los municipios pueden trabajar con las empresas también, o sea, no necesariamente tienen que construir plantas de compostaje, sino que tal como ocurre en otras áreas de la gestión de residuos, muchas veces los privados montan la infraestructura y proveen el servicio. Entonces, puede y debiera haber un trabajo público-privado, pero con el liderazgo de las municipalidades”. En ese marco, desde el MMA han asumido un rol catalizador para empujar esta transformación, impulsando diversas opciones para aprovechar los residuos orgánicos, como la digestión anaerobia y el compostaje, pero dando énfasis a esta última actividad ya que es más simple y con un costo de inversión inicial más bajo. “Eso es lo que hemos estado haciendo a través del Fondo para el Reciclaje, donde hemos introducido la dimensión del compostaje dentro de los proyectos que hemos ido adjudicando. Además, con Reciclo Orgánicos, un programa de cinco años que desarrollamos con la cooperación canadiense que culmina pronto, hemos estado impulsando la implementación de plantas de compostaje a distinta escala para comunas específicas, que también sirven como modelo para otros casos similares. A eso se suman programas piloto para la entrega de composteras domiciliarias, con la capacitación asociada, entre otras acciones”, detalla.

Gentileza Reciclo Orgánicos

REGULACIONES NECESARIAS

Peñalolén es una de las seis comunas donde se está implementando el plan piloto de compostaje y vermicompostaje domiciliario.

Guillermo González indica que un paso clave para seguir adelante es “que los lineamientos estratégicos que hay en la ENRO pasen a ser una obligación, por lo que nos parece fundamental que en la próxima administración se pueda avanzar en una ley de residuos orgánicos. Así como hoy, con la Ley REP, vamos a obligar a los productores a generar sistemas que impulsen una recolección separada de los envases y embalajes reciclables en el 80% de las viviendas del país; en un proceso gradual, necesitamos tener obligaciones de cara a las municipalidades para que también haya una recolección separada de los residuos orgánicos. Debemos ir hacia la prohibición de que éstos terminen en rellenos sanitarios. Eso es lo que han hecho otros países, con mejores prácticas al respecto”.


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Agrega que, al mismo tiempo, es clave apoyar a las municipalidades para que puedan cumplir con las exigencias, para lo cual es fundamental resolver el desfinanciamiento de la gestión de los residuos a nivel municipal. “Hoy, entre todas las municipalidades del país, se gastan anualmente 500 millones de dólares en este ítem, y se está recaudando 160 millones de dólares. Vale decir, hay un déficit al año de 340 millones de dólares que es necesario resolver”, acota. Indica que esta problemática también está planteada en la ENRO, pero falta llevarlo al plano legal. González apunta, asimismo, que es necesario contar con regulación específica para el compostaje. “Hoy cuando una municipalidad va a solicitar autorización para una planta de compostaje, la autoridad que lo revisa no tiene una regulación que defina cómo debe operar esa planta. Esa falta de claridad hace que los requisitos que se exigen sean distintos en una región u otra. Por eso, en la Estrategia también está contemplado trabajar con el Ministerio de Salud en la creación de un reglamento específico para plantas de compostaje, que es fundamental para seguir avanzando. Esa es otra acción que hemos venido desarrollando”, asegura.

INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y MÁS Representantes del sector privado que trabajan en este ámbito también reconocen el avance incipiente del compostaje y plantean su visión respecto de las trabas y los aspectos que se debieran atender para masificar esta práctica en el país. En relación a lo primero, Antonia Biggs, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), y Carolina Rivera, gerenta de marketing y asuntos corporativos de Armony Sustentable, empresa especializada en compostaje, señalan: “De un tiempo a esta parte, se han creado Pymes y emprendimientos con iniciativas locales. De a poco, se está formando una red que crea el impulso para seguir avanzando y que todos esos esfuerzos no sean en vano”. A modo de ejemplo, destacan emprendimientos como Local Compost “que llegan a los municipios y a distintos lugares del país, ofreciendo un plan integral de diseño, implementación y operación de sistemas de compostaje con municipios y actores locales, llevando el compostaje donde nadie más ha llegado”. También resaltan que siguen operativas iniciativas municipales emblemáticas como la implementada en 2005 en La Pintana y otras más recientes como la de Zapallar. Las especialistas añaden que para alcanzar la meta de reciclar el 66% de los residuos

1 Plan de Compostaje y

Vermicompostaje Domiciliario se está implementando en el marco de la ENRO, para promover ambas técnicas y dejar las capacidades instaladas en las comunas de Coquimbo, Los Andes, Peñalolén, Chillán, Pucón y Gorbea. Reciclo Orgánicos aporta 1.905 composteras y vermicomposteras para su desarrollo. Más trabajo público-privado y educación son claves para impulsar el compostaje, dice Antonia Biggs. orgánicos al 2040 planteada en la ENRO, se necesita acelerar su implementación efectiva. “La pandemia, lamentablemente, ha influido en que no se sigan desarrollando iniciativas en esa línea”, comentan. Con respecto a los obstáculos para avanzar en esta tarea, Antonia Biggs y Carolina Rivera sostienen: “Una limitante generalizada para el desarrollo del reciclaje y compostaje es su concentración en la Región Metropolitana; urge su descentralización y fomentar plantas de compostaje a lo largo de todo Chile. El norte, por ejemplo, es una zona muy abandonada en ese sentido”. Advierten, además, que la infraestructura existente hoy no es suficiente para soportar la demanda, y que la falta de plantas de compostaje genera presión sobre el medio ambiente, segregación, encarecimiento en traslados y un consecuente aumento de la huella de carbono en la gestión de los residuos. Sobre ese escenario, opinan que para impulsar el compostaje en Chile “se necesita mayor fomento y desarrollo de políticas públicas, así como mayores iniciativas público-privadas, e involucramiento de todos los actores de la sociedad civil. El esfuerzo debe ser colectivo. Hoy existe una demanda de las personas por compostar sus residuos orgánicos, por tanto, es una gran oportunidad”. También consideran clave “seguir fomentando la educación ambiental en la población junto con mayor difusión de los beneficios e impacto positivo de la aplicación de la economía circular en la vida de las personas”. En ese sentido, plantean

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acciones más específicas como fomentar el conocimiento en torno al proceso del compostaje, su uso e impacto, y el desarrollo de campañas masivas de sensibilización. Asimismo, creen prioritario: desarrollar la logística de recolección idónea para el buen aprovechamiento de los recursos, incorporar a los recicladores de base en la cadena del compostaje, y potenciar alianzas y esfuerzos mancomunados con la participación de distintos actores (gobierno, sociedad civil, academia, ONGs y sector privado).

ANÁLISIS MUNICIPAL Varios de los aspectos mencionados son también compartidos por los municipios. Desde la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA), por ejemplo, valoran la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos como un impulso clave para el compostaje. “Es, sin duda, el avance más relevante para ordenar un mercado que comenzó a prepararse plagado de proyectos piloto desde el año 2015 en los municipios que, de alguna manera, ya avizoraban esta práctica, sobre todo en comunas y áreas rurales o territorios aislados”, sostiene Rodolfo Pérez, director de estudios y proyectos de la entidad. Agrega que alcanzar las metas que propone la ENRO, como valorizar un 30% de los residuos orgánicos municipales y llegar a 5.000 establecimientos educacionales con composteras y/o vermicomposteras, es un desafío de


Gentileza Armony Sustentable

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Faltan plantas de compostaje en todo el país. La de Armony Sustentable es pionera y una de las pocas existentes.

marca mayor “dado que no existen las capacidades, la experiencia ni las estructuras financieras que soporten estas metas. Sin embargo, existe la posibilidad de que, si la Estrategia se acompaña con inversión pública que cubra estas brechas, el camino pueda ser más claro y preciso”. El representante de AMUSA indica, además, que la adecuada gobernanza y las relaciones de confianza de modelos colectivos con municipalidades, gobiernos regionales y seremis de Medio Ambiente, más la participación activa de asociaciones privadas como ANIR, “deberían sentar las bases para impulsar un nuevo modelo de gestión de residuos que dé soluciones al sector industrial y domiciliario, y que haga sinergia entre las distintas estrategias en las que se está avanzando”. Rodolfo Pérez releva, asimismo, la importancia de la educación y el conocimiento para generar conductas que permitan masificar el compostaje a nivel país. “Saber compostar, separar, entender los beneficios no es algo simple; requiere disciplina, incentivos y, sobre todo, continuidad y resultados concretos”, apunta. Y agrega que los residuos orgánicos no son todos iguales, por lo que su tratamiento y compostaje, ya sea domiciliario o industrial, necesita conocimientos distintos. En relación al financiamiento para la gestión de residuos, recuerda que los derechos de aseo no cubren los costos operativos, de logística y de servicio en los municipios. Y que una forma de enfrentarlo puede ser mediante una tarifa que se pague por domicilio o por comercio; o aplicando un adicional al pago de otros

“Nos parece fundamental que en la próxima administración se pueda avanzar en una ley de residuos orgánicos… Debemos ir hacia la prohibición de que éstos terminen en rellenos sanitarios”. Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente servicios como la cuenta del agua o luz. Estos temas también fueron abordados en un reciente estudio impulsado por AMUSA, con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la consultora austríaca WKU, con miras a optimizar el sistema de recolección de residuos sólidos, domésticos y orgánicos en la Región Metropolitana (RM). En ese contexto, una de las principales propuestas es establecer “macrozonas urbanas”, donde el servicio de recogida se gestione entre varios municipios, con una mirada territorial que contribuya a optimizar las rutas y las cargas de los camiones. Esto permitiría reducir significativamente los costos de operación y mantenimien-

to, como también disminuir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar las condiciones labores de los trabajadores del sector. El análisis recomienda, además, priorizar la prevención, la reutilización y la implementación de un sistema eficiente para el compostaje de los residuos orgánicos, para lo cual es necesario que éstos se separen en los domicilios con miras a permitir su recolección diferenciada. La consultoría internacional también considera clave generar un sistema de cobro eficiente que financie los servicios asociados a la recolección y gestión de los residuos municipales, tal como ocurre en Viena donde se aplica una tarifa domiciliaria que depende de la frecuencia de retiro y el tamaño del contenedor. Eso permite acceder a recipientes para la separación domiciliaria de los residuos, a los servicios de recolección diferenciada y reciclaje, compost gratis, entre otros beneficios. Para el caso de la RM, el estudio sugiere que el cobro se haga en una misma cuenta junto a otros servicios básicos como el agua o la electricidad. Y plantea que la tarifa debe financiar las inversiones en infraestructura y recursos necesarios para reciclar y compostar, así como en comunicación y difusión para involucrar a la ciudadanía. Al mismo tiempo, indica que es indispensable subir las tarifas que cobran los rellenos sanitarios para desincentivar la disposición de residuos orgánicos y reciclables que se pueden valorizar a través del compostaje y el reciclaje.


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ENERGÉTICAS Y VALIOSAS Según un estudio de ANIR, el reciclaje de baterías fuera de uso en el país ha aumentado, pero puede crecer aún más a partir de la capacidad técnica de gestión de la industria local.

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L

a electromovilidad está creciendo en Chile y con ello, a la par, también el consumo de baterías para vehículos que utilizan esta fuente de energía eléctrica. Tanto este tipo de acumuladores, que contienen litio, y también aquellos considerados como “tradicionales”, es decir los de plomo, son parte de las cerca de 40 mil toneladas de este material en desuso que anualmente está disponible para ser valorizado en nuestro país. De ese total, en el año 2020 se gestionaron 26.448 toneladas, según datos de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. (ANIR). Las baterías son uno de los seis productos prioritarios definidos en la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP. Por lo tanto, los importadores de estos dispositivos –ya que no hay productores en el medio local– tendrán que cumplir determinadas metas de recolección y valorización de estos productos una vez que terminen su vida útil. A diferencia de los neumáticos y de los envases y embalajes, que ya cuentan con sus respectivos decretos, las baterías fuera de uso (BFU) se clasifican como residuos peligrosos. Pese a ello, sus componentes son factibles de valorizar, ya sea en aplicaciones de segundo uso que no requieran el rendimiento de las baterías nuevas, o bien en aplicaciones de reciclaje. La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje en diciembre publicó el “Estudio del material disponible país y el reciclado de los productos prioritarios en Chile, 2020”, un informe que muestra la evolución en materia de valorización de distintos tipos de residuos, entre ellos, las baterías, durante el período 2016-2020. El desarrollo de este trabajo estuvo a cargo de Kyklos, empresa afiliada a ANIR. Incluyó datos obtenidos a partir de un análisis efectuado por la

consultora Gescam en 2017 y fue difundido en el marco de dos webinars organizados por la entidad gremial.

COMPOSICIÓN Todas las baterías que se comercializan en el mercado nacional son importadas, principalmente desde Corea del Sur, China, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. El estudio abarca las BFU provenientes de la utilización en maquinarias y vehículos industriales, herramientas y también las del parque automotor de transporte particular. Estos acumuladores poseen una vida útil de entre 2 y 6 años. El 70% de ellos hay que recambiarlos al cumplirse 2 a 4 años de uso, mientras que el 30% restante a los 6 años. Su composición corresponde a un 65%-75% de plomo; un 15%25% de electrolitos (es decir, una disolución de ácido sulfúrico); y un 5% de cajas de plástico y en similar porcentaje de separadores fabricados de dicho material. Estos últimos son altamente corrosivos, mientras que las cajas se estiman como tóxicas debido a que están en contacto con las demás partes. “Es por esto que después de ser utilizadas se consideran BFU y pasan a la categoría de residuos peligrosos, ya que presentan un riesgo instantáneo o a lo largo del tiempo para la salud pública o el medio ambiente, ya sea de forma directa o debido a su manejo”, señala el documento de ANIR.

RECUPERACIÓN DE MATERIALES Entre los indicadores más relevantes, el estudio incluye el material


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disponible país (MDP), concepto que se refiere a la “cantidad de productos prioritarios que están disponibles para ser reciclados dentro del territorio nacional en un determinado período de tiempo”. El MDP se calculó de tres maneras: a partir de un análisis de los permisos de circulación, utilizando la proyección del estudio realizado por Gescam en 2017, y considerando la importación y exportación de este elemento. Además, se menciona la cantidad de BFU que efectivamente se valoriza en Chile –o material gestionado país (MGP)–, y la capacidad técnica instalada País (CTIP) para valorización. El MGP describe la cantidad de BFU gestionada por las empresas recicladoras dentro del territorio nacional o que se exporta. El reciclaje de las baterías de plomo consiste en un proceso de tritu-

ración que permite separar sus componentes. Los electrolitos se neutralizan mediante el uso de cal; el plástico se transforma en pellet para su posterior venta, y el plomo se almacena con el objetivo de fundirlo, para obtener lingotes. Según el estudio, una sola empresa en Chile, RECIMAT, cuenta con los permisos necesarios para realizar el proceso completo de recuperación del plomo desde las BFU. Otras firmas, que están afiliadas a ANIR, también participan en la cadena de reciclaje, a través del servicio de acopio y transporte del material para su posterior valorización. En ese ámbito, la gestión de los socios de la entidad alcanza a 1.530 toneladas, lo que representa un 5,7% del total del MGP.

VALORIZACIÓN EN ALZA Al contrastar los antecedentes correspondientes al período 20162020, desde ANIR resaltan que “esto entrega luces acerca de la evolución del mercado en cuanto a la producción de baterías y a la gestión de este producto prioritario”. Entre otros datos, se observa un aumento de poco más de 8.000 toneladas en el material gestionado país, en el lapso de cinco años. Asimismo, como se puede ver en la tabla 1, al comparar el MGP con el material disponible país, en 2016 un 47,4% de este último (39.022 toneladas) fue efectivamente valorizado (18.500 toneladas). Con el tiempo, esta tasa ha crecido hasta alcanzar un 65,2% en el año 2020 (26.448 toneladas, gestionadas por RECIMAT). Vinculado con lo anterior, al determinarse la capacidad técnica instalada de los gestores respecto a las BFU, se estima un total de 49.477 toneladas anuales (t/año), guarismo que se mantiene constante entre los años 2016 y 2019, para experimentar en 2020 una leve alza, llegando a 50.677 t/año. Otro indicador que destaca en el estudio es una reducción de las baterías fuera de uso que se dispone de manera inadecuada en el país, pasando de 20.522 en 2016, a 14.118 toneladas en 2020. En el gremio de recicladores señalan que este volumen posiblemente es entregado por los generadores a los gestores informales y no autorizados, por causa del alto precio que consiguen fuera del país. Al respecto, en las conclusiones del reporte se afirma que “ANIR comparte la preocupación manifestada por organismos tales como la FNE (Fiscalía

Además de combustible, los vehículos industriales requieren de baterías para funcionar.

92%

De las baterías que ingresan al país son de plomo y un 2%, de litio (Fuente: ANIR).

Tabla 1: Comparativo MDP y MGP 2016-2020

Tabla 2:

2016

2017

2018

2019

2020

Procedencia de baterías -2020

Aduanas

Material disponible país (MDP)

39.022

42.614

42.718

41.035

40.566

Baterías de origen automotriz

30.450

Baterías de origen industrial

4.001

Material gestionado país (MGP)

18.500

Baterías de origen desconocido

6.115

Material disposición inadecuada país (MDIP)

20.522

21.336

21.006

17.312

14.118

MDP total

40.566

Material gestionado socios (MGS) no valorizado

1.480

1.846

2.502

1.956

1.530

Material gestionado otros

17.020

Capacidad técnica instalada país (CTIP)

49.477

21.278

19.432 49.477

21.712

19.210 49.477

Fuente: ANIR. Las cifras están expresadas en toneladas.

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23.723

21.767 49.477

26.448

24.418 50.677

Fuente: ANIR. Cifras expresadas en toneladas.

Tabla 3: Materialidad de baterías - 2020

Aduana

Plomo

37.399

Litio

758

Desconocido

2.409

Total

40.566

Fuente: ANIR. Cifras expresadas en toneladas.


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Paulatinamente, las baterías de litio están siendo más requeridas para su uso en vehículos eléctricos. Nacional Económica) y el MMA (Ministerio del Medio Ambiente), al tiempo de tramitar la Ley REP, en cuanto a que parte de la disposición inadecuada de BFU pudiese explicarse por la prohibición de exportación del saldo de BFU para reciclar, amparado por el D.S. 2 del MINSAL (Ministerio de Salud), que prohíbe exportar las BFU”. En la misma dirección, se añade que esto representa un factor de incremento del comercio internacional ilegal de estos materiales, “aumentando los riesgos a la salud humana y ambiental por el inseguro manejo y transporte”. Adicionalmente, ANIR estima que “el comercio internacional debiese realizarse hacia países donde se garantice el manejo ambientalmente racional de los residuos, que cuenten con regulaciones medioambientales y tecnologías similares a las de Chile, considerando las últimas enmiendas del Convenio de Basilea”. Junto a lo anterior, la organización vislumbra un crecimiento en el uso de baterías de litio, lo cual requerirá buscar nuevas vías para gestionarlas. Ya existe una compañía dedicada específicamente a estas BFU: Ecominería, que cuenta con una capacidad para tratar 1.200 t/año.

DECRETO PENDIENTE Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, afirma que aún no se ha iniciado el proceso de elaboración del decreto con las metas de recolección y valorización para las BFU, añadiendo que tampoco es posible estimar una fecha de publicación de este documento. Aunque las baterías están categorizadas como residuos peligrosos, al ser consultado por cuál es el destino principal de este tipo de pasivos ambientales en Chile, el experto responde que la cartera no cuenta con estimaciones oficiales referentes a baterías. Considerando su peligrosidad, aclara que el organismo a cargo de monitorear la gestión de este tipo de desechos es el Ministerio de Salud. En la misma línea, agrega que las regulaciones del MMA no incluirán exigencias especiales al respecto: “La correcta gestión de los residuos peligrosos se encuentra regulada en la normativa sanitaria. Los decretos supremos de metas de estos productos no buscan reemplazar dicha regulación ni menos duplicarla”.

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A FAVOR DE LA CORRIENTE Revisamos algunos ejemplos de circularidad que se están dando en la industria salmonera a través del reciclaje de residuos.

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¿

Sabe lo que es un pediluvio? Es, en palabras simples, una alfombra desinfectante de calzado, que en el sur de Chile se está fabricando con boyas, flotadores y bins en desuso de la industria salmonera. En la era del Covid-19 surge como un producto que conviene tener en los accesos a lugares de alta concurrencia. Y que también va en línea con la necesaria transición hacia la economía circular en este sector productivo que, en un contexto permanente de críticas a su comportamiento ambiental y sanitario, busca desarrollarse de manera sustentable. En particular, la gestión de residuos es un área que muestra numerosas brechas y desafíos en la salmonicultura nacional. Enrique Ramírez, Gerente General del Instituto Tecnológico del Salmón, señaló en una entrevista que “debemos buscar diseñar procesos y productos que desde su concepción logren usar menos recursos, sean más eficientes y generen de por sí menos residuos. Au-

PROYECTOS CON LODOS Valorizar los lodos de pisciculturas como biofertilizantes en la agricultura, aprovechando su materia orgánica, es justamente el foco principal de un proyecto que encabezan académicos de las universidades de Concepción y La Frontera. Los investigadores trabajan para tratar con prontitud estos desechos una vez producidos, de manera de evitar la generación de olores molestos. Esto implica su rápido secado y posterior homogenización y pelletización para su aplicación directa sobre el suelo. Más avanzado está el proyecto de la empresa Ecosalmon, que maneja un centro de producción en tierra en Río Bueno, en la Región de Los Ríos. Allí cuenta con un biofiltro, con tecnología de lombricultura, para tratar los lodos de pisciculturas que planea usar próximamente como insumos de abono y fertilización en un campo de su propiedad, el cual utiliza para la engorda de ganado.

8 Toneladas de residuos

plásticos y tetrapack, provenientes principalmente de la industria salmonera, dieron vida a una pasarela-mirador en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en Los Lagos.

1 Programa de Salmones

Camanchaca permite generar vermicomposteras, a partir de la reutilización de plásticos en desuso de los cultivos del salmón (principalmente boyas), para que las comunidades aisladas y los centros de cultivo gestionen en forma sustentable sus residuos orgánicos.

Gentileza Salmonexpert

mentar las tasas de materiales eficientes, de reciclaje y valorización son nuestros objetivos”. A su juicio, uno de los retos más importantes para el rubro es el uso como fertilizantes de los lodos que genera el cultivo de los peces, lo que permitiría reciclar más de la mitad de los residuos que hoy no se puede valorizar. Al respecto, una gran noticia para esta industria fue la aprobación, por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, del Reglamento de Lodos para Pisciculturas. Sin embargo, la nueva regulación aún debe sortear algunos trámites administrativos antes de hacerse oficial. Su mayor aporte será entregar herramientas para la correcta gestión de estos residuos orgánicos, los cuales hoy en día se depositan en diferentes vertederos industriales de la zona sur. En el futuro cercano, en cambio, podrán utilizarse en el mejoramiento de suelos agrícolas por los nutrientes que contienen, sobre todo nitrógeno y fósforo. Cabe indicar que los lodos de pisciculturas están compuestos por los restos de alimentos y excrementos de los peces que se acumulan en los estanques de cultivo. Según Salmonexpert, una tonelada de smolts (salmones jóvenes) generaría entre 1,4 y 1,8 metros cúbicos de lodos, por lo que se estima que la industria del salmón produce unos 72 mil metros cúbicos anuales de estos residuos. En lo sucesivo destacamos algunas iniciativas, en distintas etapas de desarrollo, que buscan emplear estos lodos y usan otros residuos del sector salmonero en distintas aplicaciones, contribuyendo a su circularidad.

Valorizar los lodos de pisciculturas como biofertilizantes en la agricultura es el objetivo de varios proyectos. Otra compañía, Circular Solutions, que provee máquinas secadoras para estos mismos lodos, avanza en una alianza estratégica para entregar estos residuos como materia prima para desarrollar también biofertilizantes. El aprovechamiento de los lodos y otros residuos es, asimismo, uno de los focos principales del acuerdo de producción limpia (APL) “Estrategia de Cambio Climático y Economía Circular para el Sector Salmonero”, que implementan desde octubre pasado cerca de una treintena de empresas del rubro, incluyendo a proveedoras y plantas de alimentos, de Los Lagos y Aysén. Uno de los objetivos específicos del APL es el “mejoramiento de la gestión y valorización de residuos inorgánicos y lodos”. En concreto, se trabaja en el desarrollo de “proyectos o nuevos


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en un innovador software que permite asegurar la trazabilidad de los residuos y visibilizar toda la información en línea. En la comuna de Quinchao, en tanto, Salmones Austral ha impulsado un proyecto para la gestión adecuada de los residuos y, en especial, para fomentar su reciclaje. Con ese objetivo, entre otros aportes, ha entregado composteras a los vecinos y ha instalado puntos verdes para la recolección diferenciada de los desechos.

Gentileza Blumar

TAMBIÉN PROVEEDORES

A partir de residuos plásticos de la industria salmonera se fabrican racks para el transporte de botellones de agua de 20 litros.

modelos de negocios de economía circular para la prevención y valorización de residuos sólidos; en establecer un acuerdo colaborativo entre productores de salmón y agricultores para potenciar el uso de los lodos en el agro; y en la implementación de una plataforma de reporte de residuos según las exigencias del Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER), entre otras acciones”.

SISTEMA DE TRAZABILIDAD Casi un año de vigencia tiene el reglamento que establece condiciones para el tratamiento y disposición final de desechos provenientes de la acuicultura, generados en centros de cultivo, plantas de proceso, centros de acopio, instalaciones de faenamiento y centros de investigación. Para eso, la regulación propone clasificar los desechos en orgánicos e inorgánicos, los que a su vez pueden ser peligrosos y no peligrosos. Obligatoriamente, los productores de salmón y demás empresas acuícolas deben implementar un sistema de trazabilidad de los principales elementos del proceso productivo que pueden convertirse en residuos, en función de su riesgo sanitario y ambiental. AquaChile, la mayor firma salmonera del país, ya ha dado pasos concretos en ese sentido. Desde junio, en conjunto con otras empresas, desarrolla un proyecto piloto en la zona de Puerto Aysén para transformar desechos industriales en nuevos productos. Su objetivo es extenderlo a

otros 15 centros de cultivo de Cisnes y Melinka. Hasta noviembre, la pionera iniciativa había dotado de trazabilidad a más de 67 mil kilos de cabos y tuberías HPDE o PAD (polietileno de alta densidad). Además, había transformado cerca de 10.500 kilos de residuos en nuevos productos de alta calidad, como cajas de fruta, cajas para bulbos, durmientes para minería, cubos para drenes y botellas de detergente, entre otros, contando todos con un código QR que permite hacer su trazabilidad completa.

MÁS INICIATIVAS Otro de los grandes productores de salmón en Chile, Blumar, logró reutilizar, hasta fines de 2021, unas 3,5 toneladas de plástico, las cuales fueron devueltas al ciclo productivo de la empresa. Esta práctica le permitió obtener, recientemente, el tercer lugar de la categoría Planeta en los premios entregados por la Red Pacto Global Chile. Productos del Mar Ventisqueros también ha comenzado a transitar por la circularidad. Para eso, desde noviembre, tiene un acuerdo con otra empresa para abordar la gestión integral de sus residuos en el total de sus instalaciones productivas ubicadas en Los Lagos. Su plan “Zero Waste to Landfill 2026” (Cero residuos a vertederos para el año 2026) –que se enfoca en la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos generados en la producción acuícola– se apoya

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Diversas empresas especializadas en la valorización de residuos, la mayoría instalada en las regiones acuícolas, están trabajando de manera preferente con la industria del salmón. Uno de los casos más visibles es el de Greenspot, que en su planta de Los Lagos se especializa en diseñar y elaborar distintos productos con plástico reciclado. Por ejemplo, a partir de residuos plásticos que genera Blumar, fabrica racks para el transporte de botellones de agua de 20 litros, los cuales son entregados a la misma compañía. Además, confecciona composteras, pediluvios y basureros, entre otros productos. A su vez, la pesquera Landes estaba por iniciar operaciones en Punta Arenas, a través de Circular Protein, con una planta dedicada a la recuperación de subproductos de la industria del salmón para elaborar proteínas de alto valor para la nutrición animal y fertilización vegetal. La firma, en su planta Talcahuano, ya produce harinas, aceites y peptonas (hidrolizados para alimentación animal y vegetal) a partir de los subproductos de salmón. Otra proveedora de soluciones nutricionales para la industria acuícola, Salmofood, logró reciclar en su planta de la Isla de Chiloé más de 500 toneladas de residuos industriales entre fines de 2019 y de 2021. Los materiales más relevantes que ha recuperado son polietileno transparente, polipropileno y cartón. El Programa Integrado de Fiordos y Canales de Corfo también está contribuyendo a impulsar la economía circular y sostenibilidad de la salmonicultura y la industria en general. Un ejemplo es el proyecto “Sistema de trituración de plástico a bordo de embarcación para valorizar residuos”, a cargo de Pesquera Aysén y que cuenta con la colaboración de SalmonChile y otras empresas. Los residuos recolectados son enviados a Santiago, donde son tratados y transformados en nuevos productos que vuelven a la economía. A diferencia de los salmones, la industria del rubro se comienza a mover en favor de la corriente, en pro de la economía circular.


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Por Eduardo Astorga Ph.D., Profesor de Derecho Ambiental

Tareas prioritarias para el nuevo gobierno

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os principales desafíos en materia ambiental para la nueva administración, que apuntan a hacerse cargo de una serie de situaciones acuciantes en el país, corresponden a los siguientes. Poner en vigencia e implementar la Ley Marco de Cambio Climático, que persigue impulsar la acción climática en Chile. Eso significa, por una parte, asumir la carbono neutralidad como una política de Estado conforme a los lineamientos del IPCC y, por otra, incorporar metas en materia de adaptación y resiliencia. En esta línea, ordenar la institucionalidad hídrica, con un enfoque de carácter técnico y autónomo que unifique y dirija las competencias dispersas del Estado, seguido del subsidio a la inversión en obras de riego con énfasis en los pequeños campesinos, incorporando criterios ambientales en la evaluación de sus proyectos, lo que incide directamente en la protección y recuperación de suelos degradados. Lograr que la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas finalmente se despache y entre en vigencia, asegurando las condiciones laborales de los funcionarios de CONAF que serán traspasados. De la mano, aprobar la Ley de Protección de Glaciares, prohibiendo las actividades que atenten o amenacen su sostenibilidad. Hacerse cargo del desorden territorial de este país, en donde no existe una política de ordenamiento y menos una ley que aborde el tema y permita definir los valores ambientales de los territorios, sus vocaciones naturales y los planes de manejo por cuencas que regulen la coherencia o el sentido común territorial de los proyectos respecto del lugar en donde se emplazan. Para estos efectos se requiere implementar efectivamente la Evaluación Ambiental Estratégica, vigente en nuestra legislación. Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tecnificar las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos sometidos a este instrumento, incorporando estándares internacionales como la evaluación ambiental de alternativas. Terminar con las zonas de sacrificio, asegurando una acción climática justa, y comenzar a hacerse cargo de los pasivos ambientales mineros, que corresponde al paso siguiente a un adecuado cierre de faenas. Fortalecer y anticipar la participación ciudadana en el SEIA, ratificar el Acuerdo de Escazú, y establecer espacios de diálogo regulados entre los proponentes de los proyectos y las comunidades locales. Es de esperar que a estos desafíos los acompañen otros, tales como el establecimiento de delitos ambientales.


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REP: ENVASES INDUSTRIALES El sistema de gestión PROREP, en proceso de formación, busca que los productores de envases y embalajes no domiciliarios cumplan con la Ley REP al menor costo posible.

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éngalo presente: si su empresa pone en el mercado nacional más de 300 kilos al año de envases y embalajes (EyE), entonces, en septiembre próximo deberá ser parte de algún sistema de gestión que se haga cargo de financiar y organizar el manejo sostenible de esos productos una vez que se hayan convertido en residuos. Así lo señala la Ley 20.920, que incorpora la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

a nuestro marco jurídico, y en particular el Decreto Supremo (DS) N° 12/2020 que establece metas de recolección y valorización para EyE, las cuales se empezarán a exigir a partir de septiembre de 2023. La medida excluye a las microempresas y abarca tanto a los envases y embalajes de tipo domiciliario como no domiciliarios, con obligaciones diferenciadas. Estos últimos se refieren a aquellos entregados a un consumidor indus-

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trial (industrias, fábricas, comercios, bodegas o patios traseros que finalmente generan los residuos de EyE) en un esquema B2B, aplicando el DS 12 sólo a los envases de metal, papel o cartón, y plástico. Los más comunes son cajas, bines, sacos contenedores, big bags, films, tambores y pallets. Considerando que en ambos casos la realidad y las exigencias son distintas, ya se está formando en Chile el primer sistema de gestión


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(SG) exclusivo para envases y embalajes no domiciliarios, denominado PROREP, el cual apunta a entregar condiciones más favorables a sus miembros. El Gerente de Proyecto, Marcos Segal, señala: “Nuestro objetivo principal es desarrollar un SG que cumpla con las metas y obligaciones de las empresas comerciales B2B e industriales al menor costo posible, impulsando a su vez a aquellas industrias con menor grado de desarrollo de circularidad en la gestión de sus EyE como la agricultura, construcción, minería y acuicultura, entre otras”.

ECOTARIFA MÍNIMA PROREP cuenta con 25 empresas fundadoras, productores de envases y embalajes 100% no domiciliarios, y está en plena constitución legal. “El estudio jurídico Carey está a cargo del proceso de solicitud de informe al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de realizar las gestiones pertinentes ante la Fiscalía Nacional Económica. Ya contamos con un borrador de los estatutos, por lo que estaremos ingresando los antecedentes respectivos al Tribunal dentro de este mes”, apunta Segal. A la par, está desarrollando el plan de gestión que deben presentar al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en septiembre de este año. Nesko Kuzmicic, Gerente Técnico de la entidad, comenta algunas de sus ventajas comparativas: “PROREP se orienta en forma exclusiva a cumplir las metas de EyE no domiciliarias. Esto es muy importante y beneficioso para la industria en Chile, ya que el desafío de circularidad de la industria requiere de toda la atención de un SG y no que sea sólo una tarea accesoria o complementaria al cumplimiento domiciliario”. Agrega que cuentan con el respaldo técnico de RIGK GmbH, Sistema de Gestión Industrial de Alemania que tiene 30 años de operación, y de Valipac, SG no domiciliario con 7.200 empresas socias que opera en Bélgica, país que sirvió como referencia para elaborar el DS 12 y es el único junto a Chile que tiene metas para EyE no domiciliarios. En su etapa de conformación, PROREP se financiará mediante una membresía única, diferenciada de acuerdo al tamaño de las empresas según las categorías establecidas por el Servicio de Impuestos Internos: pequeña, mediana y gran empresa. Una vez que el SG esté operando, los productores pagarán de acuerdo a la cantidad de materiales que introducen en el mercado y de la ecotarifa respectiva según materialidad, establecida por el sistema. El modelo de operación adoptado por PROREP se basa en el esquema Monitoring que tie-

ne Valipac en Bélgica, el cual permite que sus ecotarifas sean en promedio 8 veces menores que la de los sistemas domiciliarios en Europa. “Por lo general, el esquema Monitoring aplica sólo a un flujo industrial o no domiciliario, partiendo del reconocimiento de que esa fracción reciclable de los EyE tiene tasas de valorización mayores que en el ámbito domiciliario, por lo que el sistema de gestión se hace cargo sólo de comprobar o monitorear el cumplimiento general de las metas de estos residuos, entregando incentivos para la separación y valorización directamente a los consumidores industriales”, explica Marcos Segal. Y complementa: “Al concentrarnos exclusivamente en lo no domiciliario le aseguramos a los productores de estos envases que van a estar pagando únicamente por el cumplimiento de sus metas y obligaciones, y no van a estar costeando,

En PROREP los productores encontrarán una organización que entiende la problemática de los patios traseros industriales, destaca Marcos Segal.

Nesko Kuzmicic sostiene que el desafío de la circularidad industrial requiere de un sistema de gestión con dedicación exclusiva al sector.

ni siquiera parcialmente, el reciclaje de otros envases y residuos”.

CUMPLIMIENTO DE METAS El ejecutivo añade que en un esquema Monitoring, la recolección queda a cargo de los mismos gestores que los consumidores industriales tienen contratados. Para asegurar el cumplimiento de las metas, el SG entregará incentivos a estos últimos para que clasifiquen y separen adecuadamente los residuos. Además, calculará cada año la provisión de EyE no domiciliarios que hagan posible alcanzar los objetivos de valorización. “PROREP celebrará anualmente convenios con los consumidores industriales para asegurar la información necesaria que les permita cumplir las metas respectivas. Esto les aliviará la carga de reportar al Ministerio del Medio Ambiente sobre las toneladas que están valorizando”, destaca Nesko Kuzmicic. Agrega que no ven una dificultad mayor para acatar las condiciones y metas establecidas en el DS 12, “ya que el cumplimiento en un esquema Monitoring depende de la información que suministren los consumidores industriales con los que se tengan convenios. A medida que aumenten las metas, aumentará también el número de convenios requeridos”. Además, comenta que, según el MMA, el sector industrial valoriza un 49% de todos los EyE, lo que corresponde principalmente a papel y cartón, por lo que el desafío mayor será valorizar el metal y el plástico. “Esto requerirá más esfuerzos e innovación tanto por parte del SG, como de los productores y consumidores industriales”, acota.

CÓMO INTEGRARSE Segal indica que todos aquellos productores de EyE no domiciliarios que quieran unirse a PROREP podrán solicitar su ingreso en cualquier momento, firmando una carta de intención no vinculante. “Esto da derecho a conocer el sistema en formación. Luego, la afiliación se formaliza mediante la firma de un contrato que establece los términos comerciales y obligaciones, además de la firma de un acuerdo de confidencialidad, que asegure el resguardo de la información sensible y de la libre competencia”, sostiene. Recuerda que la multa por no formar parte de un SG es la más grande que contempla la legislación ambiental: de hasta 10.000 UTA, es decir, más de US$ 8 millones. Y que el plazo para estar dentro de un sistema de gestión vence en septiembre próximo, por lo cual las empresas que se quieran incorporar a PROREP deben iniciar el trámite con la mayor antelación posible.


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ALIADO CIRCULAR

Hidronor aporta a la economía circular a través de la gestión adecuada de los productos priorizados en la ley REP.

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medida que avanza la implementación de la ley 20.920 que incorpora a nuestro marco jurídico la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), las empresas deben migrar progresivamente hacia un paradigma productivo más sustentable y alineado con la economía circular. En ese contexto, los gestores de residuos juegan un rol clave para que los productores puedan cumplir con las metas de recolección y valorización definidas en los decretos correspondientes a cada uno de los seis productos priorizados por la normativa. Eso bien lo saben en Hidronor, compañía con más de 25 años de experiencia en el manejo, gestión y tratamiento de residuos industriales y peligrosos, que aporta con sus servicios a gran parte de las empresas que tendrán que adecuarse al marco regulatorio vigente.

VALORIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO La ley 20.920 establece seis productos prioritarios para aplicar la REP: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías. Los dos primeros ya tienen sus decretos con metas de recolección y valorización. Hidronor juega rol clave en el ciclo del proceso del residuo, ya que provee servicios para la correcta gestión de las seis categorías definidas, incluyendo las que contienen residuos peligrosos, materia en la que tiene una reconocida expertis y trayectoria de economía circular. Un claro ejemplo es la labor que desarrolla hace más de 15 años para convertir algunos residuos con alto poder calorífico en combustible alternativo, producto que luego ocupa la industria cementera para reemplazar el uso de energía fósil. “Bajo el concepto ‘del residuo al recurso’, contamos con la capacidad de valorizar residuos con poder calorífico contaminados, para transformarlos en combustibles alternativos”, acota Jorge Stagno, Gerente General de la compañía. “Hidronor ha sido pionero y lidera este mercado en Chile. Contamos con una planta de blending para coprocesar residuos líquidos de aceites, pinturas, solventes y otros productos orgánicos que se generan en instalaciones de distintos rubros a nivel nacional”, complementa Juan Andrés Salamanca, Gerente de Ventas y Marketing de la empresa. Además, Hidronor cuenta con un portafolio de servicios que incluye distintos grados de participación en la cadena de valor de la economía circular. Es así como, además del modelo aplicado con los aceites lubricantes, la compañía ofrece asesoría focalizada en la valorización de otros productos prioritarios. “En esos casos no hacemos ningún proceso de conversión, sino que proveemos almacenamiento temporal de los residuos en nuestras plantas de Antofagasta, Santiago y Concepción, ofreciendo así cobertura de Arica a Punta Arenas. Posteriormente, entregamos esos materiales a empresas que puedan procesarlos, siempre que cuenten con los permisos ambientales necesarios”, explica Salamanca. Así ocurre, por ejemplo, con las baterías fuera de uso (BFU) de automóviles. “Las almacenamos en grandes volúmenes y, posteriormente, como no las sometemos a ninguna transformación, las derivamos a una empresa especializada para que haga un proceso de desarme, pueda recuperar el plomo y así destinarlo a la producción de cátodos para la minería”, detalla. El profesional añade que el desmantelamiento de las BFU genera como residuo una borra de ácido, la cual debe ser tratada adecuadamente para su disposición final.

PLÁSTICOS Y ELECTRÓNICOS Otro residuo que llega para almacenamiento son los plásticos en

Revisión y validación de residuos en Planta Hidronor. desuso contaminados, provenientes de instalaciones industriales. “A veces estos plásticos presentan trazas de residuos peligrosos, al proceder de tierras contaminadas. Aquí, los sometemos a un proceso de descontaminación mediante lavado. Después, los reinsertamos en la cadena productiva, como envases, o bien los chipeamos para que sean transformados en otros plásticos, por una empresa especializada”, señala Salamanca. Entre las variedades que se reciben de este material están el HDPE, PET y PVC. La compañía también consolida a nivel nacional distintos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, como celulares o placas madres de computadores. Estos residuos, en parte, son almacenados y valorizados a empresas recicladoras para que realicen un proceso de desarme, donde se extraen los metales preciosos y el aluminio de las carcasas metálicas. De igual modo, los metales preciosos (oro, platino, níquel y estaño, entre otros) se envían a Europa para ser procesados en hornos a altas temperaturas. Un procedimiento similar se ejecuta con los transformadores eléctricos fuera de uso. “Primero, drenamos todo el líquido dieléctrico que después se aprovecha para generar combustible alternativo. La carcasa de metal del aparato se corta y luego la vendemos a industrias especializadas”, precisa Salamanca. El Gerente de Ventas y Marketing de Hidronor indica que hay residuos peligrosos que, debido a que Chile no cuenta con una regulación específica que permita incinerarlos, se deben exportar para eliminarlos en instalaciones que cumplen con los estándares requeridos para su destrucción a alta temperatura. En este grupo se encuentran los compuestos organoclorados, como los bifenilos policlorados (PCB) presentes en los transformadores (prohibidos en 1982 a nivel mundial); los pesticidas, que se generan en la agroindustria; y el cianuro en altas concentraciones, procedente de la industria minera. Más allá del necesario trabajo para eliminar y disponer ciertos residuos, en Hidronor destacan que siguen explorando alternativas para apoyar el avance de la economía circular, considerando sus beneficios para el país. Jorge Stagno concluye: “Migrar hacia un modelo de producción circular, no solo contribuirá a un mayor cuidado del medio ambiente, sino que también sumará a la economía de Chile y el mundo, ya que, al dar nuevos tratamientos o revalorizar residuos, se abrirán nuevas ventanas comerciales para el país, lo que incrementará el desarrollo y crecimiento nacional”.


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ESCOMBROS CON VALOR Flesan trabaja para reutilizar y reciclar la mayor parte de los residuos que genera su operación, especialmente en el área de demoliciones.

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char abajo” la idea generalizada de que los escombros generados por la demolición de construcciones son solo residuos sin valor, y demostrar que gran parte son materiales que sí pueden tener una segunda vida a través de la reutilización o

reciclaje. Ese es un objetivo trascendental que se ha propuesto la empresa Flesan, que busca realizar este trabajo con altos estándares de sostenibilidad. Para eso, la compañía ya está dando pasos importantes en nuestro país.

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Sus esfuerzos en ese sentido partieron en el año 2016, cuando creó el Departamento de Medio Ambiente, el cual se potenció a inicios de 2022 con la puesta en marcha de una Gerencia en el área. Ambos hitos tienen en común un nombre propio: María Eugenia Ubilla, quien


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ha liderado la gestión de la compañía para reforzar su enfoque sustentable. “Nuestro trabajo ha crecido de manera exponencial porque tenemos distintas unidades de negocio que atender, que desarrollan proyectos cada vez más especializados y con muchas obligaciones ambientales, y por las distintas soluciones integrales que ofrecemos a nuestros clientes. Por eso trabajamos con empresas que son líderes en sus rubros”, destaca.

ENFOQUE EN RESIDUOS La unidad de demoliciones de Flesan genera, en un año normal, en torno a 1,5 millones de toneladas de residuos, por lo que la gestión ambiental del grupo se ha enfocado principalmente en este ámbito. Al respecto, la ejecutiva comenta: “Hace 5 años la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) se podía hacer casi en cualquier parte, porque existía poca normativa y escasa cultura sobre la responsabilidad que implica su manejo. De hecho, su definición es reciente. Antes se confundían con los residuos industriales,

que tienen la capacidad de ser reciclables, en cambio los RCD está en vías de lograrlo, porque faltan aún soluciones que lo permitan”. Para ir mejorando su gestión, la compañía ha buscado asesoría en la academia y en organizaciones como Construye2025. Además, ha ordenado y modernizado su manejo operacional, haciendo un análisis completo del proceso de demolición y estableciendo con certeza que los RCD son productos o materiales que pueden tener una nueva vida útil. La ingeniera ambiental añade: “Gracias a este trabajo nos hemos dado cuenta que la empresa hace una muy buena gestión de residuos. Esto, porque antes de la demolición hay una etapa previa de desmantelamiento, si el titular del proyecto lo autoriza, que implica el retiro de todos los materiales que pueden reutilizarse. Aquí entra la quincallería, vidrios, alfombras, muebles, puertas, ventanas, techos… todo lo que no tenga características de peligrosidad para la salud pública y el medio ambiente. Los productos recuperados se venden o se donan”. En definitiva, Flesan busca siempre demoler solo la obra gruesa de las construcciones, compuesta sobre todo de tabiques de hormi-

La empresa recupera fierro, madera, cobre y otros materiales antes de proceder a la demolición. gón armado y pisos. Para eso, antes de cerrar los contratos, hace un análisis de lo que existe y determina lo que se puede rescatar o no antes de la demolición. “Son muy pocos los RCD que se envían a lugares de disposición final autorizados. Son básicamente los áridos, el hormigón armado que casi nadie recibe porque su tratamiento es muy complicado. En cambio, todo el cobre, chatarra ferrosa, aires acondicionados, muebles y otros elementos se pueden reutilizar para mover la economía circular en este rubro”, afirma Ubilla. Para la recuperación de los materiales, la empresa apela a la innovación y la tecnología como herramientas fundamentales. De hecho, por ejemplo, emplea cizallas para desprender el fierro que luego comercializará.

RECICLAJE DE ÁRIDOS La tecnología es también su gran aliada para avanzar en un objetivo mayor: lograr el reciclaje del hormigón, que constituye entre el 50 a 60% de los residuos que quedan tras la demolición. En concreto, la compañía está comenzando un proyecto piloto que considera demoler un galpón con equipos de corte con hilo diamantado. Así obtendrá un residuo de hormigón más “puro”, que solo incorpora áridos y fierros. “Nuestra idea es asumir después desafíos más exigentes para demostrar que los RCD sí se puedan transformar en áridos reciclados, los cuales se podrían utilizar en la construcción de barreras new jersey, veredas, bermas, sillas de plazas...”, acota la especialista. Junto con impulsar ese tipo de iniciativas, Flesan ha explorado otras opciones para avanzar hacia la valorización de los residuos de demolición. De ahí sus vínculos con el Ministerio del Medio Ambiente y, en especial, con el Instituto Nacional de Normalización (INN) con el que colaboró por casi un año en la elaboración de la norma chilena 3727, sobre “Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición”. Fue la única empresa privada que lo hizo. La proactividad de Flesan en este campo tiene una explicación: “Sólo si innovamos en la demolición vamos a poder desarrollar la economía circular en el rubro. Porque este tipo de servicios seguirá existiendo mientras haya necesidad de viviendas, de crecimiento urbanístico, de ordenamiento territorial…”, plantea su Gerenta de Medio Ambiente, quien también espera un “empujón” por parte del Estado, sus políticas públicas y la normativa para ayudar a que la circularidad se afiance.

OTRAS UNIDADES Las otras unidades de negocios del grupo Flesan generan en su conjunto en torno al 30% de los residuos que resultan del trabajo del área de demoliciones, lo que hace más sencilla su gestión. “Hacemos muchas campañas de reciclaje, por ejemplo, de desechos electrónicos que aportamos a la Fundación Chilenter para que les den una segunda vida”, cuenta María Eugenia Ubilla. La compañía también recicla grandes volúmenes de madera y fierro. Y entrega a otras empresas toda la tierra residual que genera la unidad de geotecnia para su tratamiento y uso, sobre todo, como material de relleno. Estas acciones se han facilitado con la publicación de la norma técnica chilena 3562, en el año 2019, que regula la clasificación y directrices para el plan de gestión de RCD.


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Pionero en economía circular, Vicmar hoy presta servicios de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios, comerciales e industriales.

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ás de una década lleva Vicmar promoviendo la economía circular, cuando conceptos como valorización y gestión de residuos aún no estaban en la conciencia colectiva de la sociedad. Desde esa época y en la vereda del ámbito público, la empresa ha formulado, desarrollado e integrado proyectos que buscan reducir la generación de residuos municipales en todos los hogares y, de ese modo, disminuir la fracción de desechos que se dispone en rellenos sanitarios. Juan Pablo Cortés, Gerente de Desarrollo de Negocios de Vicmar, EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

destaca este aporte y comenta que la firma, entre otros contratos, es concesionaria de los servicios de gestión de residuos de las comunas de La Granja y La Pintana. “En ambas venimos haciendo recolección segregada de residuos en modalidad puerta a puerta hace ya varios años, los cuales son valorizados en base a distintos tratamientos dependiendo del desecho”, resalta. Agrega que la Municipalidad de La Pintana ha sido, incluso, objeto de reportajes periodísticos de medios internacionales como la BBC News, que han cubierto el trabajo realizado en esta comuna en materia de reci-


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claje y valorización, y del cual Vicmar ha sido protagonista. “Es reconfortante participar de un proyecto de estas dimensiones, sobre todo considerando el impacto a gran escala que tiene. Porque no estamos hablando de una empresa generadora, sino que de una iniciativa que engloba a los hogares de toda una comuna, con miles y miles de personas, lo que sin duda lo vuelve un desafío considerablemente mayor”, subraya el ejecutivo.

APOYO A EMPRESAS Si de desafíos se trata, el año 2020 Vicmar comenzó a concretar otro de sus grandes objetivos: prestar servicios a empresas del sector privado. Al respecto, Cortés expone: “Sentimos que todo el conocimiento y la experiencia que hemos logrado a lo largo de 30 años de vida debemos compartirlos con otras empresas. Estamos seguros que podemos brindar un gran apoyo a otras instituciones privadas en la implementación y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Y así lo hemos hecho hasta ahora”. Para incrementar las probabilidades de éxito en este nuevo mercado, la compañía se preparó con un potente plan de inversiones en vehículos, equipos e infraestructura. “Adquirimos una flota de modernos camiones Mercedes Benz, con distintos equipos pensados para cada tipo de cliente, y así atender específicamente los requerimientos de empresas del sector industrial y comercial”, revela el profesional. El balance, confiesa, ha sido más que positivo, puesto que “ya son cientos los clientes que han contratado los servicios de Vicmar, valorando su calidad de trabajo, responsabilidad y compromiso. Es indudable que la experiencia que nos ha dado atender a un cliente como el Estado se nota”.

Modernos camiones ha incorporado la empresa para atender de la mejor manera a sus clientes industriales y comerciales. Hoy, la empresa ofrece servicios en todo el ciclo de manejo de los residuos, lo que incluye planes de minimización y valorización, recolección, transporte y disposición con los máximos estándares medioambientales. “El compromiso de Vicmar es transformarse en un eslabón de la cadena productiva de sus clientes, a través de una propuesta integral, dando cumplimiento a las políticas del mandante, y a la normativa medioambiental y sanitaria vigente”, concluye Juan Pablo Cortés.


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APUNTES ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Certifican a empresas en APL “Cero residuos a eliminación” Setenta y dos instalaciones correspondientes a 42 empresas de distintos rubros del país recibieron la certificación por cumplir el 100% de las metas y acciones contempladas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Cero residuos a eliminación”, que permitió aumentar la valorización de residuos sólidos durante el año 2020 en un 27,1% respecto a 2018 y evitó que más de 488 mil toneladas de desechos terminaran en rellenos sanitarios. Las empresas reconocidas fueron: Aguas Andinas, AZA, Bagó, Banco Santander, CapCintac, Carozzi, Casa Ideas, CCU, Cementos Biobío, Ceresita, Clínica Alemana, CMPC Planta Chimolsa, Codelpa, Colun, Dimacofi, Dimerc, Disal Chile, Embotelladoras Chilenas Unidas, Embotelladora Andina, Falabella Retail, FerradaNehme, Forsac, Gasco, GNL Quintero, Cemento Polpaico, Hipermercados Tottus, Iansa, Grupo Komatsu Cummins, Mamut, Melón, Natura, Nestlé, Sodexo Soluciones de Motivación Chile, Sodimac, Transelec, Transportes CCU, Unilever, Viña Concha y Toro, Viña San Pedro Tarapacá, Walmart Chile, Watts y WOM. El convenio público-privado liderado por Acción Empresas y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, con el apoyo de los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, y el Servicio Agrícola y Ganadero, fomentó la circularidad en los procesos productivos. Fruto del trabajo conjunto, las compañías participantes pasaron de valorizar 7.493.770 toneladas anuales de residuos en 2018 a 9.520.980 toneladas en 2020, a través del compostaje, reciclaje y la valorización energética principalmente.

Lanzan estrategia de impulso a la circularidad industrial Con el objetivo de seguir fomentando la economía circular en el país y desarrollar instrumentos para habilitar la utilización de 8,6 millones de toneladas de residuos que actualmente van a sitios de disposición final, el Ministerio del Medio Ambiente y SOFOFA lanzaron el 18 de enero pasado la “Estrategia de impulso a la circularidad mediante el fomento al uso de productos secundarios industriales y mineros en Chile”. La iniciativa público-privada busca generar incentivos para que esos residuos puedan ser reconocidos como materia prima para distintos procesos productivos, replicando en Chile la práctica de países desarrollados. Según las proyecciones de SOFOFA, sentar las bases para un mercado de la valorización permitiría alcanzar los 400 millones de dólares anuales, cifra mucho mayor que los 20 millones de dólares que se registran actualmente, y el uso de esos materiales que hoy se desechan reduciría más de 94 millones de toneladas de CO2 anuales. El convenio se enmarca en la Hoja de Ruta para Economía Circular Nacional al 2040, y entre las empresas de distintos sectores que participan en la iniciativa figuran Aceros AZA, ISA Intervial, Arauco, Anglo American, Colbún, Sodexo, Teck, Aguas Andinas, Antofagasta Minerals, Glencore, Aclara, Magotteaux, Ecometales, CMPC y Elecmetal.

Bolsas compostables a base de maíz para el comercio Innovadoras bolsas compostables desarrolla la empresa chilena Ceroplas para su uso en el comercio en reemplazo de los empaques plásticos de un solo uso que gradualmente comenzaron a salir del mercado hace tres años, cuando entró en vigencia a Ley Chao Bolsas Plásticas. Fabricadas con almidón de maíz, de donde se extrae el ácido poliláctico con el cual se produce la materia prima para su elaboración, estas bolsas pueden ser compostadas domiciliariamente para obtener humus y abono usados como fertilizantes y mejoradores de suelos. Asimismo, permiten separar la basura orgánica que se trata en las plantas de compostaje, evitando que estos residuos vayan a un vertedero y reduciendo la generación de gas metano, uno de los principales causantes del efecto invernadero y el calentamiento global. Las bolsas de maíz se biodegradan entre 90 y 180 días, según las condiciones de humedad, temperatura y microorganismos. Pueden resistir desde una carga de 10 kilos en los empaques menores, hasta 25 kilos en el caso de sacos industriales. Están en tiendas de Retail, supermercados y despachos de e-commerce, y se distinguen por su suave aroma a café tostado, producto de su proceso de fabricación.

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Ecoetiquetado será obligatorio para envases y embalajes Con la publicación a fines de enero en el Diario Oficial del decreto respectivo, el Ministerio del Medio Ambiente inició formalmente el proceso regulatorio que hará obligatorio el etiquetado con la información sobre la reciclabilidad de los envases y embalajes de los productos que se comercializan en Chile. “Con esto daremos continuidad al trabajo que hemos realizado durante este tiempo con el sello Elijo Reciclar, transformando una colaboración público-privada, que ha sido piloto, en una política pública”, dijo el Ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo. El desarrollo de una ecoetiqueta fue una de las acciones incluidas en la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040. Y para facilitar este proceso se puso en marcha un Acuerdo de Producción Limpia que dio vida al mencionado sello que hoy ya identifica a más de 2.000 productos cuyos envases o embalajes tienen al menos un 80% de material reciclable. Esta experiencia voluntaria será la base para el desarrollo de la normativa que hará obligatorio el ecoetiquetado. La primera etapa en este proceso es la recopilación de antecedentes en la que cualquier persona puede aportar información pertinente hasta el 25 de marzo próximo. La publicación del anteproyecto se espera para mediados de año, tras lo cual se abrirá la consulta pública.

Transforman relaves en materiales de construcción Un grupo de investigadores de Minería, Ingeniería y Gestión de la Construcción, y Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica (UC), lograron transformar los relaves del cobre en materiales para construcción seguros y sostenibles, a partir de innovadores procesos de fabricación. El proyecto llamado T2CM, que es apoyado por Dictuc S.A., Melón, Eral, Noracid, Metso Outotec y Ausenco, busca reducir el impacto medioambiental de los residuos de la actividad minera y contribuir al desarrollo sustentable de la industria de la construcción. “Desarrollamos diferentes productos para la construcción usando relaves: desde áridos, hasta cemento, pasando por bloques, elementos estructurales e incluso materiales para impresión 3D de casas”, detalló Mauricio López, investigador que lidera la iniciativa. Agregó que la solución diseñada también apunta a ofrecer materiales a un costo amigable y competitivo, con claros beneficios económicos y ambientales ya que generaría ingresos anuales por 227 mil millones de dólares, al procesar cinco millones de toneladas de relaves.

Buscan potenciar y expandir el sello Elijo Reciclar Un nuevo impulso al uso de envases y embalajes reciclables en el sector industrial y su preferencia por parte de los consumidores, se dio con la firma del segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) que busca dar continuidad, potenciar y expandir el trabajo desarrollado en torno al sello Elijo Reciclar que se lanzó el año pasado. Esta ecoetiqueta permite identificar los envases y embalajes que tienen al menos un 80% de material reciclable, con lo que se espera incidir en la decisión de compra de los consumidores hacia este tipo de productos y orientarlos en su experiencia de reciclaje, facilitando la gestión de los residuos post-consumo domiciliario. El convenio fue suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente, la SOFOFA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Superintendencia del Medio Ambiente, el SERNAC y la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile. Y sus principales objetivos son perfeccionar y continuar el esquema de evaluación e implementación de la ecoetiqueta diseñada y dar sostenibilidad al proyecto que se puso en marcha en el marco de un primer APL suscrito en 2019. Así se busca sumar más empresas y productos de consumo masivo al programa piloto del sello. Al mismo tiempo se apoyará el proceso de elaboración de una normativa que haga obligatoria la implementación del ecoetiquetado a nivel nacional, tomando como insumo la información recopilada en dicho piloto y en el uso de la ecoetiqueta. Se estima que cada año entran al mercado más de dos millones de toneladas de envases y embalajes, de los cuales más de un millón 200 mil toneladas se transforman en residuos domiciliarios que en un alto porcentaje terminan siendo eliminados.


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FRENO AL FUEGO

La prevención y control de incendios forestales se realiza hoy en Chile con tecnología de vanguardia y mejores prácticas. A continuación, destacamos las más utilizadas.

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n enero de 2017, cuando Chile enfrentaba los peores incendios forestales de su historia, la esperanza desplegó sus alas y surcó los cielos del centro y sur del país. Por 20 días, un Boeing 747-400, conocido como el SuperTanker, contribuyó decididamente a controlar los mega siniestros. Lo hizo por su capacidad para cargar y esparcir unos 75

mil litros de agua por viaje, en zonas de difícil acceso, y también otros elementos de combate al fuego, como retardantes, espuma o gel, o una mezcla de estos agentes. Fue una contundente demostración de que la mejor tecnología sí marca la diferencia en el control de estos eventos y en su prevención. Sin embargo, no basta con lo anterior,

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como lo afirma Aída Baldini, Gerenta de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal, Conaf: “Tenemos un personal capacitado, contamos con herramientas innovadoras y nuevas tecnologías que nos ayudan a prevenir y combatir el fuego. Pero todos estos recursos no son suficientes si no contamos con el compromiso de la comunidad, mediante acciones


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preventivas, como la preparación de las viviendas en zonas de interfaz, el uso adecuado de herramientas que generan chispas o con un comportamiento apropiado al aire libre”, plantea. Por eso indigna, por ejemplo, que la Conaf haya sorprendido, el pasado 11 de enero, a dos turistas canadienses haciendo fuego con ramas de árboles nativos en el Parque Nacional Queulat, en la Región de Aysén, pese a la prohibición de hacerlo. Malas prácticas como esa, empero, no son excepcionales. De hecho, en nuestro país el 99,7% de los siniestros forestales tiene su origen en la acción humana, ya sea por irresponsabilidad, negligencia o intencionalidad.

TECNOLOGÍAS EN USO Chile ya no cuenta con el SuperTanker para el control de los incendios forestales –que al 5 de febrero habían consumido más de 42 mil hectáreas en la temporada que se inició el 1 de julio de 2021–, pero sí con el avión C130, que entró en operaciones el pasado 20 de diciembre. Se trata de la aeronave de mayor envergadura con la que ahora cuenta Conaf, toda vez que su dotación es de 13 personas y tiene una capacidad de lanzamiento de 15.000 litros de

7 Mil incendios forestales y

fracción afectaron al país durante la temporada 2020-2021, lo cual se tradujo en más de 35 mil hectáreas dañadas y cientos de viviendas destruidas.

11 Aviones y 9 helicópteros,

además de una brigada, aporta la empresa CMPC para el combate del fuego y el monitoreo de áreas de riesgo en la zona centro-sur.

agua, con una velocidad crucero de 570 km/h y una autonomía de vuelo de 8 horas. El Plan Nacional 2021-2022 de Protección Contra Incendios Forestales, que dispone de un presupuesto cercano a los $70 mil millones, permite la operación de 62 aeronaves a cargo de Conaf, empresas privadas y las fuerzas armadas. Y también el despliegue de más

de 3.000 personas en 271 brigadas (entre las regiones de Atacama y Magallanes) convencionales, nocturnas, helitransportadas, interfaz urbano-rural, cisternas y mecanizadas. Entre los aviones en uso destacan los modelos PZL Swidnik Sokol CC-ACJ, PZL M18B Dromader CC-PZJ y Air Tractor AT-802, que son apoyados con vehículos especiales para el control del fuego, como camionetas lanza espuma retardante (PC-Code), puestos de mando móvil (PUMA) satelital para la planificación y coordinación del combate, camionetas cisterna de ataque inicial, skidders y drones. Para enfrentar de mejor manera estas emergencias, la empresa CMPC tiene operativos dos aviones de coordinación Tecnam P2006T con cámaras ópticas e infrarrojas, nueve aviones cisterna AT-802 con una capacidad individual de descarga de 3 mil litros de agua, ocho helicópteros medianos Bell 212-412 con un Bambi Bucket de 1.200 litros cada uno, y dos helicópteros pesados Chinook CH-47D, que destacan por su eficacia y precisión en zonas rurales. Cuenta, además, con otros sistemas de combate a las llamas, como drones y el Wildfire Analyst, software que permite simular el comportamiento del fuego en determinados escenarios.


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Arauco y otras empresas forestales también apoyan esta labor con aviones, helicópteros, skidders, camiones aljibes y brigadas profesionales. Para potenciar su gestión frente a los siniestros, la Conaf emplea un software para monitorear la velocidad, dirección, intensidad y altura del fuego, información valiosa para determinar la estrategia de combate de las llamas. A lo anterior se suma el programa de predicción de incendios forestales “Botón Rojo”, que muestra las zonas de riesgo por el alto índice de combustible fino muerto, considerando factores de temperatura y humedad. Bomberos de Chile no se ha quedado atrás y ha fortalecido su equipamiento para trabajar en estos siniestros incorporando moderno material mayor (carros forestales y aljibes, principalmente) y menor. En paralelo, ha capacitado a más voluntarios –especialmente a través del curso “Control de Incendios Forestales” que imparte la Academia Nacional de Bomberos de Chile–, por lo que actualmente 449 compañías a lo largo del país cuentan con personal idóneo para enfrentar este tipo de emergencias. Además, durante el último año incorporó a su operación el sistema de radios y comunicaciones basado en el estándar P25, contando ya con más de 50 equipos de comunicación satelital de emergencia para casos de catástrofes en todo el país.

MÁS SOLUCIONES Universidades y empresas también han aportado nuevas soluciones tecnológicas en el área durante los últimos años. Tequia, por ejemplo, lanzó recientemente TCAS SG, una herramienta que permite disminuir a la mitad el tiempo necesario para el control y liquidación de incendios forestales, ahorrando más de un 70% del agua que se requiere para estas labores. Se trata de un agente extintor que funciona eliminando el combustible gaseoso que origina la formación de llama. Para eso, el producto químico se diluye en agua al 1% antes de ser aplicado por carros bombas, aviones, helicópteros o simplemente introduciendo la solución al interior de un extintor. Así, “TCAS SG, que ya utiliza Conaf, actúa de manera inmediata al tomar contacto con el fuego, exterminando el humo y los gases de la combustión, evitando así su reaparición”, aseguran en la firma. Por otra parte, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, se ejecuta el proyecto “Firesense”, que busca conocer en tiempo real el comportamiento de los incendios fores-

MEDIDAS Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN

330 Kilómetros de

cortafuegos, que equivalen a la distancia entre Temuco y Puerto Montt, planea implementar para la actual temporada la Mesa de Prevención de Incendios Forestales en La Araucanía.

Los cortafuegos son fundamentales en los entornos de construcciones rodeadas de pastizales, matorrales y/o bosques.

tales y lograr su extinción más rápida. Implica el uso de un vehículo aéreo no tripulado (dron) para la captura de imágenes de los siniestros, las cuales se unen para generar una imagen general, que se transmite de manera inmediata a los bomberos para que hagan un mejor manejo de las emergencias. La Conaf y Corma iban a probar el sistema en estos meses. En la misma región, investigadores de la Universidad Católica del Maule implementan el proyecto “Identificación de modelos de combustibles mediante teledetección para el manejo y prevención de incendios forestales”. Su líder, el Dr. Antonio Cabrera, comenta que “ya hemos adquirido varios equipos para identificar correctamente los modelos de combustible y su carga con mucha precisión”. Entre los equipos destacan un GPS subdecimétrico, que tiene un error de precisión menor a un metro; y un LiDAR terrestre, el cual, mediante un escáner láser compacto, permite capturar imágenes desde un telémetro láser de 360° e imágenes panorámicas de alta definición para crear nubes de puntos 3D. Con su validación en terreno se espera facilitar el trabajo que desarrolla la Conaf.

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Incontrolables y difíciles de anticipar, los incendios forestales son una preocupación permanente. Esto motivó a Andrés Weintraub, Premio Nacional de Ciencias y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a llevar a cabo una investigación para desarrollar modelos de prevención de estos siniestros. El objetivo central de su trabajo es orientar el manejo de bosques, praderas y pastizales, de modo que cuando se produzca un siniestro se genere el menor daño posible. En esa línea, desarrolló una herramienta que integra probabilidades de ignición de incendios, mediante “machine learning”, y que identifica cómo se propaga el fuego a través de un sistema de simulación. La innovación se está implementando en Chile y en bosques de Cataluña, donde ya se ha integrado a modelos de toma de decisiones frente a estas catástrofes. Cell2Fire es el nombre del simulador, tecnología que considera casi todos los aspectos más relevantes del paisaje, como su topografía, vegetación y clima. Otros académicos y universidades se han sumado a la labor de educar a la población para prevenir la ocurrencia de siniestros. Horacio Gilabert, Profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, subraya la importancia de hacer cortafuegos en los entornos de construcciones rodeadas de pastizales, matorrales y/o bosques. Esto implica “dejar una zona de terreno alrededor de la casa o propiedad completamente despejada de vegetación o bien con pasto verde. Además, se debe disminuir la carga de combustible, llevándose el material cortado a otro lugar”, acota. Su colega Rafael Larraín apuesta por el pastoreo del ganado para reducir la ocurrencia de incendios. Lo explica: “Se deben identificar los sectores más susceptibles de ingreso del fuego a los campos y aprovechar el ganado para reducir la cantidad de pasto seco en pie, que puede ser un elemento importante en la transmisión de las llamas. Las zonas más expuestas tienden a ser los límites sur y sur-oeste de los campos (por la dirección predominante del viento en verano) y aquellos donde existen sectores con bosques o quebradas con árboles que puedan actuar como corredores para el fuego. Allí, entonces, se recomienda concentrar los animales para que coman y pisen el pasto”. Otros especialistas proponen plantar más especies de bosque nativo y menos monocultivos para prevenir los siniestros, ya que la velocidad de incineración de los árboles nativos es menor en comparación con las especies introducidas.


PUNTOS DE VISTA 45

Por Arturo Brandt Abogado y Profesor Adjunto Vermont Law School, Estados Unidos

¿Cómo descarbonizar (siendo realistas) la matriz energética?

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a crisis climática hace necesario avanzar hacia la descarbonización de la matriz energética local, ya que es la principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un 78% de participación. De ahí la urgencia del problema. Según la Agencia Internacional de Energía, para alcanzar la tan deseada carbono neutralidad al 2050 es imperioso duplicar el consumo eléctrico mundial para abastecer a los automóviles, la calefacción de hogares, edificios u otros. La idea es que podamos desprendernos de la energía generada a partir de combustibles fósiles que, en el caso de Chile, están presentes principalmente en la generación eléctrica (causante de un 38% de las emisiones de GEI) y en el transporte (responsable de un 32% de las emisiones de GEI) cuya fuente energética proviene casi completamente de elementos como el petróleo. Lo deseable es que toda esa electricidad provenga de fuentes cero emisiones como la energía solar y eólica, que representan un 87% de la generación de ERNC en Chile y que pueden proveer parte de esta energía, pero de forma intermitente. Por su parte, las baterías de almacenamiento, cuyos costos han caído drásticamente, pueden almacenar energía por horas, pero no por días o semanas. En vista de lo señalado, debemos reflexionar cómo resolver este problema. Uno de los caminos más baratos para descarbonizar la electricidad es disponer de fuentes confiables –también denominadas “generación firme”– que puedan producir electricidad baja en carbono para satisfacer la demanda. Una de estas fuentes es el gas, el cual es en promedio un 50% menos emisor de GEI que el carbón y puede generar electricidad a gran escala. Por eso, ha sido denominado como un combustible de transición. Pensar que sin el gas podremos avanzar hacia la carbono neutralidad y reducir de modo importante las emisiones de GEI en nuestra matriz energética es, por decir lo menos, utópico. Otra alternativa que ha surgido es la energía nuclear, la cual plantea un tema complejo que es material de análisis para una próxima columna de opinión. Sin embargo, esa opción dejará de serlo cuando los precios del almacenamiento de la electricidad disminuyan y puedan competir con los precios de generación, y tengamos líneas de transmisión con la capacidad de “transportar” las ERNC. Ojalá que todo esto ocurra más temprano que tarde. Por mientras, en el corto plazo, querámoslo o no, es más que necesario ser realistas y utilizar el gas por su componente de generación firme en la producción de energía.


46 CAMBIO CLIMÁTICO

CLAVES DE LA LEY MARCO La pronta aprobación e implementación del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático es fundamental para afrontar la crisis climática. Revisamos sus principales aspectos, desafíos y posibles mejoras.

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ien se puede afirmar que el cambio climático es la mayor problemática medioambiental que hoy enfrenta la humanidad. Es que este fenómeno generalizado y cada vez más intenso, según lo constató el último informe del Panel Intergubernamental de científicos expertos sobre el tema de las Naciones Unidas (IPCC), está generando impactos en algunos casos casi irreversibles que ponen en riesgo nuestra sobrevivencia y la de muchas especies en el planeta. Ejemplos patentes son el alza de temperatura a nivel global, el acelerado derretimiento de los hielos, los eventos climáticos extremos, la aguda sequía o los mega incendios forestales que afectan con creciente recurrencia a diversos rincones del mundo. La situación es especialmente preocupante para países como Chile que presentan condiciones que lo hacen altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que es necesario acelerar el paso y profundizar EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

las medidas para mitigar el problema y adaptarse al nuevo escenario. Así lo vienen advirtiendo hace algunos años diversos representantes del sector público (gobiernos, parlamentarios, municipios, entre otros) y privado (científicos, ONGs, empresas, etc.) que han impulsado, desde sus distintas veredas, acciones al respecto. También lo tiene muy presente el próximo Gobierno, encabezado por Gabriel Boric, que ha puesto la crisis climática entre sus ejes programáticos con un énfasis nunca antes visto. Y que, no por casualidad, tendrá al frente del Ministerio del Medio Ambiente a la reconocida climatóloga Maisa Rojas (ver nota aparte en páginas 52 a 53). Un paso clave para afrontar este enorme desafío es lograr la pronta aprobación e implementación del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, a cuyo contenido la futura ministra ha realizado significativos aportes y


CAMBIO CLIMÁTICO 47

“Chile necesita con urgencia esta Ley”, señala Marcelo Fernández.

Pilar Moraga destaca el aporte científico al desarrollo de la iniciativa legal.

que, según ha dicho, será una de sus prioridades de gestión. Esta iniciativa legal crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas a nivel país para enfrentar este fenómeno, en línea con la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Apunta también a fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en este ámbito, con una mirada de Estado que trascienda los gobiernos de turno. A continuación, revisamos sus principales aspectos, desafíos y opciones de mejora.

CONTENIDOS Y AVANCES El proyecto de ley fue presentado por el actual Gobierno al Congreso en enero de 2020. El Senado lo aprobó en octubre pasado y ahora está en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí, el 19 de enero, la Comisión de Medio Ambiente lo visó en particular y despachó a la Comisión de Hacienda, instancia en que se está analizando su informe financiero. Se espera que el texto sea visto por la Sala de la Cámara durante la primera quincena de marzo. El actual subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Fernández, enfatiza: “Chile necesita con urgencia esta ley que hace vinculante la meta de carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050”. También destaca que la iniciativa establece metas, obligaciones y facultades para los órganos del Estado a nivel nacional, regional y local; dispone la participación ciudadana y transparencia para todos los instrumentos; formaliza la incorporación de los jóvenes; e institucionaliza el Comité Científico como base para la toma de decisiones. “Aprobar esta ley nos permitirá contar con una pieza clave para asegurar la estabilidad y ambición de la acción climática del país, tanto en mitigación como adaptación”, sostiene. En un reciente conversatorio organizado por la Comisión de Medioambiente del Colegio de Abogados de Chile, en conjunto con la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (Achidam), tres especialistas analizaron el proyecto de ley. Una de las expositoras fue Pilar Moraga, abogada, doctora en Derecho e investigadora principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 donde trabajó muy de cerca con Maisa Rojas en el proceso de desarrollo y tramitación de la iniciativa que hoy está en el Congreso. “Esta Ley Marco entrega las bases para poder alcanzar el objetivo de la carbononeutralidad al menos al año 2050. Se estableció así porque la evidencia científica demuestra que eso es lo real y posible, de acuerdo a los distintos escenarios climáticos. Ahora bien, con esto no se descarta que las condiciones cambien y se pueda cumplir antes la meta”, explica.

Arturo Brandt sugiere abordar con más profundidad los aspectos financieros.

En relación a esto último, Marcelo Fernández, comenta: “El proyecto de ley marco de cambio climático establece la carbono-neutralidad a más tardar al 2050, tal como lo solicita la ciencia, pero, además, esta meta será revisada cada cinco años de acuerdo a la ambición establecida en el Acuerdo de París, en nuestra actualización de NDC (Contribución Nacionalmente Determinada). En este proceso de revisión, establecido en el proyecto, sí podrían existir espacios para adelantar los plazos, pero para eso es imprescindible que nos pongamos en la ruta de la carbono-neutralidad. Es decir, es necesario aumentar fuertemente la generación eléctrica en base a energías renovables, para lo que se requieren nuevas centrales; el fortalecimiento de las líneas de transmisión; la eficiencia energética; y un cambio en la manera en que producimos y consumimos”. Dos de los principales instrumentos incluidos en la Ley para avanzar hacia el objetivo planteado son la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Pilar Moraga recuerda que la NDC fijó el presupuesto de carbono de Chile para el periodo 2020-2030 en 1.100 megatoneladas de CO2e, que corresponde al máximo total de gases de efecto invernadero (GEI) que el país se comprometió a emitir en la presente década. La ECPL, en tanto, distribuye dicho presupuesto en los distintos sectores (energía, minería, transporte, agricultura, vivienda, etc.) que deben definir cómo alcanzar la meta correspondiente a través de planes sectoriales de mitigación y adaptación. “Por ejemplo, en el sector energía hay un objetivo que es alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050, con una meta concreta de retirar y/o reconvertir el 50% de las unidades generadoras termoeléctricas a carbón al 2025 y el retiro total al 2040. La tarea que tiene ahora el Ministerio de Energía es definir en su plan sectorial de mitigación cómo va a lograr esta meta, lo que podría hacerse por ejemplo a través de una regulación que disponga el cierre de las termoeléctricas”, grafica Moraga. Para llevar estas acciones a nivel local o territorial, la iniciativa legal contempla el uso de instrumentos como los planes regionales y comunales de mitigación y adaptación al cambio climático. La adecuada articulación de esas herramientas con el nivel sectorial es algo pendiente, opina la abogada: “Hay ciertas soluciones que da el proyecto de ley, pero creo que aún no está bien resuelto porque las metas son sectoriales mayoritariamente, pero a su vez hay metas y objetivos a niveles subnacionales. Eso aparece en la Estrategia Climática de Largo Plazo”. No obstante, la también Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile destaca que en general existe bastante consenso político en torno al proyecto. Y añade que el mayor desafío estará en concretar las medidas que se debieran establecer pronto para alcanzar las metas. Moraga subraya asimismo el rol del Comité Científico como una entidad


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asesora cuyos reportes no serían vinculantes, pero sí tendrían mucho peso en la toma de decisiones, tal como ocurrió con la instancia que se creó para la COP25 en que participaron alrededor de 600 científicos y que sigue funcionando hasta hoy, cuyos informes fueron la base para el contenido definitivo de la NDC y la ECPL. Este Comité estaría formado por nueve personas que actuarían ad honorem, por lo cual se les pedirá que tengan patrocinio institucional para que puedan dedicar el tiempo necesario a esta labor. Otro punto relevado por Pilar Moraga es el establecimiento de un sistema de monitoreo, reporte y verificación uniforme, con la misma metodología que se utiliza para reportar ante la Convención Marco de Cambio Climático, para seguir el cumplimiento de las metas y acciones definidas en la ECLP y en los planes sectoriales, regionales y comunales.

¿Acelerar la Descarbonización? El sector energético es responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Así, gran parte de las oportunidades para adelantar el cumplimiento de la meta de carbononeutralidad asoman en esta área. En ese sentido, una idea recurrente es acelerar el retiro de las termoeléctricas a carbón que terminaría en 2040, según al acuerdo voluntario entre el Gobierno y las empresas generadoras. De hecho, el programa de Gabriel Boric plantea una opción mucho más ambiciosa: terminar con estas centrales dentro de los próximos cuatro años, aplicando medidas como el fomento al almacenamiento energético, una mejor gestión de la demanda eléctrica y la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio afectadas por estas plantas. El Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Fernández, opina al respecto: “Si bien existen estudios que señalan que sería posible adelantar el cierre total de las centrales a carbón, eso sólo sería viable si se planifica una transición justa para los territorios y comunidades –dado que esta industria genera empleos y mejoras en las condiciones de vida, que deben seguir siendo aseguradas en el futuro como empleos verdes–, además de que existan las condiciones habilitantes que son la distribución y transmisión que son necesarias para el consumo de energía”. Por su parte, Carlos Barría, jefe de la División de Estudios y Política del Ministerio de Energía, durante el evento del Colegio de Abogados y Achidam, indicó que en la actualización de la Política Energética –que está en su fase final– “hemos establecido que hay que trabajar para generar los espacios que permitan adelantar el cierre de las centrales a carbón al 2030”. A eso se suman otras metas que, según destacó, demuestran el fuerte enfoque climático de las políticas, estrategias y acciones del Ministerio, como son: que el sector energético genere un 60% menos de emisiones anuales de GEI en 2050, en relación a lo registrado en 2018; tener 100% de energías cero emisiones al 2050 en generación eléctrica, considerando que las renovables aportarían el 80% al 2030; e integrar el hidrógeno verde para que reemplace hasta un 70% de los combustibles fósiles al 2050.

POSIBLES MEJORAS Arturo Brandt, abogado y magister en Derecho Ambiental especialista en temas de cambio climático, fue otro de los expositores del encuentro organizado por la Comisión de Medioambiente del Colegio de Abogados y Achidam. Desde una perspectiva más externa, menciona otros aspectos positivos del proyecto de ley y plantea algunas sugerencias de mejora. Primero, valora que su principal objetivo –alcanzar la carbono neutralidad a 2050– esté alineado con las recomendaciones de la comunidad científica y con el Acuerdo de París. También resalta el principio de costoeficiencia que orienta al proyecto de ley, señalando “que es un gran avance que no había estado consagrado antes en nuestra legislación y que abre la puerta a sistemas de compensaciones que pueden ser muy útiles para reducir una mayor cantidad de emisiones de GEI al menor costo posible”. En esa misma línea, subraya la inclusión del presupuesto de carbono, ya que al fijar máximos de emisiones en plazos definidos “genera reglas claras, estables y conocidas por los actores que van a tener que someter su actividad a estos límites de emisión”. Asimismo, el Presidente de Achidam destaca los mecanismos de adaptación que incorpora el proyecto, como las soluciones basadas en la naturaleza. “Agregaría eso sí, que también podrían ser un mecanismo de compensación”, acota Brandt. Luego hace algunos alcances respecto de la forma en que el proyecto trata el aspecto financiero. “Acá echo de menos ciertos lineamientos, como lo hace la Ley de Cambio Climático, por ejemplo, en España. Se menciona que se van a decretar elementos financieros, pero sin dar una orientación más clara al respecto. Este sector es clave en el proceso de descarbonización: la Agencia Internacional de Energía dice que de aquí al 2035 se deben invertir 65 trillones de dólares americanos, o sea, si no hay financiamiento, no hay mucho qué hacer”. Según el abogado, lo mismo ocurre con la estrategia financiera, que solo menciona algunos instrumentos económicos que se podrían usar, pero sin profundizar en ello. “Eso es algo que se debiera regular, desarrollar y fomentar”, dice. Arturo Brandt valora también la apertura del proyecto de ley al uso de sistemas de compensación y comercio de emisiones para reducir los GEI, aunque advierte que “se da una vuelta muy larga para regular su funcionamiento. El reglamento de compensaciones y la ley sobre impuestos verdes regulan de forma demasiado detallista, innecesaria y burocrática la forma en que se pueden generar las reducciones de emisiones. Hoy existen al menos 7 u 8 estándares reconocidos mundialmente para eso y lo que han hecho otras jurisdicciones es licitar algún estándar dentro de las mejores soluciones disponibles”. Destaca que el uso de estos sistemas genera un estímulo para la participación del sector privado en la reducción de emisiones, “el cual hoy es responsable del 85% del PIB”. En cuanto al Comité Científico, considera “poco justo que sus integrantes sean ad honorem. Más aún cuando se plantea que 4 de los 9 miembros tendrán que desempeñar sus funciones principalmente fuera de la Región Metropolitana, EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

lo que implicará un gasto importante de tiempo que no debiera ser gratuito”. De manera general, el especialista sostiene además que el proyecto de ley es “un poco burocrático. Se crean cinco organismos, pero creo que parte de ese trabajo lo pueden asumir instituciones que ya existen”. Y, considerando todo lo expuesto, resume las principales mejoras que, a su juicio, se podrían hacer a la iniciativa:

Entregar lineamientos más claros y específicos en relación a los instrumentos económicos y financieros. Y también sobre el rol de los hidrocarburos, de la educación y del transporte, “que hoy en día emite 28 millones de toneladas CO2e, sobre un total de 112 millones de toneladas CO2e”.

Agregar dos principios básicos del Derecho Ambiental: “El que contamina, paga” y “Responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.

Dejar de lado el principio de la neutralidad tecnológica en materia energética y fomentar las energías renovables no convencionales de menor desarrollo, como el biogás y el hidrógeno verde.

Sumar incentivos para el sector privado.

Definir una taxonomía verde, para clarificar qué es lo que se considerará “verde” o sustentable, tal como lo ha hecho la Unión Europea. “Con


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eso evitaremos el ‘maquillaje verde’ y podremos conducir la economía hacia donde queremos sin mayor duda”, acota. Incorporar la descarbonización de los activos financieros. “La ley española, por ejemplo, exige a estos sectores que declaren lo que están haciendo en esta materia. Eso se corrige parcialmente en la norma 461 de la Comisión de Mercado Financiero, pero sólo para las grandes empresas”, señala.

FOCO EN LA ADAPTACIÓN Otro aspecto valorado de manera transversal es que la iniciativa legal proponga incluir la variable de cambio climático en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Al respecto, el Subsecretario del Medio Ambiente subraya: “Es muy relevante que los proyectos de inversión declaren sus estimaciones de gases de efecto invernadero y las medidas de mitigación. Es por eso que en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático queda establecida esta petición a través de sistemas de información y certificación de los GEI. En específico, su artículo 39 señala que los proyectos que deben ser evaluados en el SEIA deben considerar la variable cambio climático, describiendo la forma en que se relacionarían con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, así como con los instrumentos de gestión del cambio climático regionales y locales. No debemos olvidar que Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático y, por tanto, debemos fortalecer que los proyectos incluyan medidas de adaptación, transformándose en más resiliente a los impactos que tendremos”. Desde el MMA indican, además, que existen diversas alternativas para fortalecer las acciones de adaptación al cambio climático. Y citan como ejemplo la elaboración de planes de acción regionales de cambio climático, con el apoyo del Atlas de Riesgo Climático (ARClim) a nivel comunal, herramienta que presenta los impactos del cambio climático para el periodo 2035-2065 en 12 sectores, entre los que figuran energía, agricultura, recursos hídricos, bordes costeros y olas de calor en las ciudades. “Actualmente, contamos con cuatro pilotos en el proceso de participación ciudadana, que corresponden a las regiones de Atacama, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos. Invito a toda la ciudadanía a participar para que contemos con planes que sean desarrollados desde los territorios”, plantea Marcelo Fernández. La autoridad destaca también el plan de inversión pública “Paso a Paso Chile se Recupera”, donde el 30% de lo anunciado (unos US$ 2.500 millones) tiene como destino “proyectos con impacto social que contribuirán a acelerar nuestra transición hacia un desarrollo sustentable y mitigar y adaptar nuestro país al cambio climático, en línea con los compromisos adquiridos”. En materia de adaptación, el programa del próximo Gobierno plantea definir una “Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática”, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones. Y crear un “Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras, para desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible”. Frente a estas propuestas, Marcelo Fernández recuerda que la Estrategia Climática de Largo Plazo cuenta con metas e indicadores de adaptación. Y en cuanto a la creación de un fondo señala que “puede ser una alternativa”, pero al mismo tiempo destaca la existencia de instrumentos económicos y financieros muy potentes como los bonos verdes soberanos “que pueden considerarse para proyectos de adaptación, principalmente en temas de agua, por lo que el país cuenta con una gran oportunidad y esperamos que el próximo gobierno siga utilizando esta herramienta que ha dado resultados positivos. Este instrumento puede ser complementario a la creación de un fondo de adaptación, como también lo será la recientemente aprobada ley de donaciones, que permitirá entregar recursos directamente para la acción climática con un foco en soluciones basadas en la naturaleza”.

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EN VIGENCIA LEY QUE PROHÍBE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO El domingo 13 de febrero entró en vigencia la ley que regula los plásticos de un solo uso. La norma prohíbe a los establecimientos de expendio de alimentos entregar estos utensilios desechables y, además, fija obligaciones a servicios de delivery, tiendas minoristas y otros comercios respecto de la composición que deben tener los productos de este material que se empleen como parte de su actividad. El Ministro (s) del Medio Ambiente, Marcelo Fernández, explicó que los supermercados deberán contar con una oferta de bebidas en formato retornable, como también recibir este tipo de botellas que los clientes lleven al momento de comprar. La aplicación de la ley será gradual. Así, en agosto de 2023 la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables se extenderá a otros tipos de comercios, como almacenes y tiendas. Para el caso de los delivery, desde 2024 sólo podrán usar utensilios y envases de plásticos certificados, es decir, que estén elaborados a partir de recursos renovables y que puedan ser compostados.

AVANZA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. El texto, que está en su segundo trámite legislativo, crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas en los esfuerzos a nivel país para enfrentar el fenómeno climático, en línea con la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Asimismo, apunta a fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en este ámbito, con una mirada de Estado y trascendiendo a los gobiernos de turno. Tras la aprobación, la norma pasaría a la Comisión de Hacienda, instancia que se abocará al análisis de su informe financiero. Se espera que el texto legal sea visto por la Sala de la Cámara durante la primera quincena de marzo.

CALIDAD DEL AIRE: 20 COMUNAS SUPERAN RECOMENDACIONES OMS Las comunas de Puerto Varas, Peñalolén, Independencia y El Bosque superan en seis veces las recomendaciones de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo señala el Ranking Aires Nuevos 2021 de contaminación por material particulado fino (MP2,5) en Chile, estudio realizado por la Red Aires Nuevos para la Primera Infancia de la Fundación Horizonte Ciudadano y el Centro de Acción Climática PUCV. Además de mostrar un incremento de la mala calidad del aire en el país respecto de 2020, el reporte indica que los 20 municipios que encabezan la lista superaron al menos cuatro veces las guías sugeridas por la OMS. La comuna que lidera el ranking de las ciudades con mayores niveles de contaminación atmosférica en 2021 es Padre las Casas, con una media anual de 37,74 μg/m3, seguida por Coyhaique (36,9 μg/m3 media anual) y Osorno (35,78 μg/m3 media anual). Dentro de sus principales conclusiones, las mediciones revelaron que ninguna ciudad monitoreada cumple con los estándares de protección establecidos en Chile. De igual modo, las estaciones de monitoreo ubicadas en el sur del país registraron las mayores concentraciones debido principalmente a la combustión de leña. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

ALTOS ÍNDICES DE BASURA EN RÍOS Pese a las medidas que se han tomado en los últimos años, los índices de contaminación por residuos sólidos en los cauces fluviales del país siguen siendo altos. Así lo reveló la tercera edición del Muestreo Nacional de Basura en los ríos de Chile, realizado por la U. Católica del Norte a través de su programa Científicos de la Basura. Según la información recopilada en terreno, se registran 1,6 objetos contaminantes por metro cuadrado, sin mostrar señales de disminución desde el año 2013, cuando se analizó el tema por primera vez.


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LEY PARA LOS SUELOS Y “CHAO COLILLAS” Durante enero hubo avances en dos importantes iniciativas ambientales que se tramitan en el Congreso. En primer lugar, la sala del Senado aprobó en general el proyecto que establece una ley Marco de Suelos. El texto legislativo señala que los principales problemas que afectan a este recurso en el país se pueden agrupar en tres tipos de degradación: física (erosión, compactación, anegamiento); química (acidificación, salinización, contaminación), y biológica (pérdida de materia orgánica y de biodiversidad). Tras su aprobación, el texto debía volver a la Comisión de Agricultura para su discusión en particular. Por otra parte, la iniciativa legal que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y facilita su reciclaje o reutilización, también conocido como “Chao colillas”, quedó listo para su promulgación como ley. Entre otros aspectos, establece la prohibición de fumar en las playas y de arrojar filtros o colillas de cigarrillos en la vía pública, y ordena instalación de ceniceros, contenedores o receptáculos para dichos residuos.

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE AVES Entregar las herramientas para fortalecer el resguardo efectivo de más de 500 especies de aves nativas de Chile es el objetivo de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves (ENCA) 2021-2030, que presentó el Ministerio del Medio Ambiente. La ENCA define ocho líneas de acción: fomentar la investigación y monitoreo de aves, crear alianzas para la conservación, robustecer políticas públicas, promover el cumplimiento de la normativa, incentivar e innovar en prácticas sustentables del sector productivo, atraer recursos para la implementación de acciones, elaborar instrumentos de gestión en conservación, y fortalecer la vinculación con la comunidad.


52 ACTUALIDAD

CON TOTAL AUTORIDAD La reconocida climatóloga Maisa Rojas y el abogado Maximiliano Proaño encabezarán el Ministerio del Medio Ambiente en el próximo gobierno.

Maisa Rojas ha integrado durante varios años el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas.

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ACTUALIDAD 53

“Q

uiero agradecer la confianza del Presidente Electo, Gabriel Boric. Asumo el cargo de ministra del Medio Ambiente para trabajar por un gobierno que enfrenta la crisis climática: crisis hídrica, implementar la ley de cambio climático, el SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) y trabajar por zonas de sacrificio serán algunas de las prioridades”. Con ese mensaje en su cuenta de Twitter, la física y climatóloga Maisa Rojas Corradi recibió su designación y definió a grandes rasgos las tareas en que centrará su gestión cuando se haga cargo de dicha Secretaría de Estado una vez que se instale el nuevo Gobierno, el próximo 11 de marzo. A través de las redes sociales, numerosas voces nacionales e internacionales celebraron su nombramiento, toda vez que se trata de una reconocida experta en el principal desafío medioambiental que hoy ocupa a la humanidad: el cambio climático. Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido, se ha dedicado a la investigación en las áreas de paleoclima y cambio climático regional, abordando la evaluación de impactos en diferentes sectores, como la agricultura y los recursos hídricos. A nivel internacional ha integrado durante varios años el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. De hecho, fue autora líder del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC, y coordinadora de autores del siguiente reporte (AR6) publicado en agosto de 2021, en que el grupo de científicos expertos reafirmó que este fenómeno es generalizado y avanza de manera cada vez más intensa y rápida, provocando consecuencias que ya son casi irreversibles. En el plano local, en 2018 fue nombrada por Michelle Bachelet como representante de la Presidencia de la República para la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático. Al año siguiente trabajó como Coordinadora Científica de la COP25 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y fue miembro del Consejo Asesor Presidencial para dicho evento. Al momento de su designación, Maisa Rojas ejercía como profesora asociada en el departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y como directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Allí fue parte del equipo que ofició como organismo técnico asesor de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado en la discusión de las indicaciones al proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que, actualmente, sigue su trámite en

Maximiliano Proaño ha sido asesor e investigador en el área ambiental. la Cámara de Diputados y Diputadas. Lograr la pronta aprobación y publicación de esta iniciativa legal para dotar al sector público y al país de mayores herramientas para enfrentar la crisis climática será una de sus principales tareas. Días después de su nombramiento, la futura ministra –que no registra militancia política– expresó que lo ideal era que el subsecretario del Medio Ambiente fuera un abogado, “para complementar los aspectos técnicos y legales”. El Presidente Electo la escuchó y decidió entregar tal cargo a Maximiliano Proaño Ugalde, abogado de la Universidad de Chile vinculado al área medioambiental a través de estudios de postgrado y distintos desempeños en el sector público y privado. Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam, tiene formación en gestión pública para el desarrollo territorial y la transición socioecológica. Además, cuenta con experiencia como asesor, consultor e investigador en política ambiental y energética, siendo además especialista en cambio climático. Maximiliano Proaño fue pasante en la Academia de Energía de Samso (Dinamarca) y ha sido colaborador de la fundación Heinrich Böll, donde ejerció como co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad. Militante del partido político Convergencia Social, también fue asesor legislativo en materias de energía y medio ambiente, y entre 2016 y 2018 ejerció como jefe de gabinete del entonces diputado Gabriel Boric.

ENERGÍA Para liderar el Ministerio de Energía, que jugará un rol clave en la apuesta del próximo Gobierno de acelerar el proceso de descarbonización y avanzar hacia un desarrollo energético más sustentable e inclusivo, el Presidente Electo designó a Claudio Huepe Milonetti. Ingeniero comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica, con un

Claudio Huepe liderará la cartera de Energía.

El próximo subsecretario de Energía: Julio Maturana. máster en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la University College en Londres, durante su trayectoria profesional se ha especializado en economía aplicada a temas de energía, recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad. Fue Jefe de Estudios en la Comisión Nacional de Energía y director de la División de Política y Prospectiva de la cartera que a partir del 11 de marzo estará a su cargo. A la hora de su nombramiento, ejercía como coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales. En la Subsecretaría de Energía, en tanto, asumirá Julio Maturana Franca, Ingeniero Civil Hidráulico de la Universidad de Chile con un Magíster en Gobernanza de Riesgo y Recursos. El profesional tiene experiencia en gestión comunitaria de proyectos, específicamente en lo relacionado con estrategias energéticas y gobernanza de recursos a escala local, y en planificación de recursos hídricos y energéticos. Militante del Partido Comunista, entre octubre de 2015 y diciembre de 2018 ya había formado parte del Ministerio de Energía como profesional de la División de Desarrollo Sustentable. Y en el último año trabajó como Coordinador del Departamento de Planificación y Desarrollo de la empresa sanitaria SMAPA, de Maipú.


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ACTUALIZACIÓN VITAL Tras despacharse la reforma al Código de Aguas, representantes de tres sectores analizan los cambios introducidos, donde destaca el reconocimiento del recurso como un derecho fundamental.

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a sequía no da tregua en el país. Hasta comienzos de febrero, 184 comunas permanecían bajo decreto de escasez hídrica, incluidas recientemente Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, en la RM. Mientras, la situación en la región de Valparaíso continúa empeorando, tras conocerse que el embalse Peñuelas, otrora principal reserva de agua de la ciudad puerto, hoy posee un ínfimo 0,2% de su capacidad. En ese contexto, a principios de enero y tras casi 11 años de tramitación, el Congreso despachó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Esta actualización refuerza el carácter de bien público del recurso, definiéndolo como un derecho esencial, y consagra un nuevo régimen para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento. Además, resguarda la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres. Para entender la relevancia de los cambios introducidos, conversamos con representantes de tres sectores, quienes plantean los desafíos y los nuevos escenarios que se abren con esta importante modificación regulatoria.

CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO Óscar Gajardo, abogado del estudio jurídico Cuadra Gajardo y experto en derecho regulatorio, afirma que la reforma al Código de Aguas reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho fundamental. “Así, le devuelve al Estado la función esencial de intervenir efectivamente en el mercado. Esta modificación, si bien no resolverá la escasez hídrica actual, otorga un marco legal que permitirá una mejor gestión para hacer frente a los desafíos del cambio climático”, comenta el profesional. Añade que, de acuerdo con lo anterior, los derechos de aprovechamiento de agua (DAA) se constituirán en función del interés público, debiendo el Estado considerar el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad entre los distintos usos productivos del agua. Una visión complementaria aporta Eduardo Bitran, profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y ex ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Michelle Bachelet. A su juicio, al fijarse la prioridad del consumo humano y el saneamiento, se genera un derecho especial asociado a esos usos, lo que es especialmente relevante para las comunidades rurales e indígenas: “Este aspecto ha surgido en la discusión constitucional y por lo tanto esta ley se anticipa, entregando herramientas a la Dirección General de Aguas (DGA) que le permitirían asegurar al menos el derecho de aprovechamiento para este uso prioritario, que se gestiona de modo diferente que los derechos con fines productivos”. Por su parte, el abogado Jorge Castillo, Director de la Cámara Minera de Chile y Director Ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero (CAMMIN), opina que la reforma al Código de Aguas imprime un nuevo enfoque que busca asegurar un elemento de relevancia o preferencia para el consumo humano, “pero en algunos de sus mecanismos produce confusión y no brinda certeza de la forma de ejercer los derechos que podrán ser invocados en un nuevo escenario”.

EXTINCIÓN DE DERECHOS Durante la fase final de tramitación del proyecto en el Congreso, en 2021, se suscitaron diferencias entre ambas cámaras en torno a 18 tópicos. Por eso, el texto legal debió ser enviado a comisión mixta.

Eduardo Bitran recomienda avanzar en la gestión integrada de cuencas.

Un sesgo hacia la industria minera en la reforma al Código, advierte Jorge Castillo.

Óscar Gajardo destaca, como un cambio, relevante el foco en la sustentabilidad de los acuíferos. Las “aguas del minero” es uno de los temas que el Congreso debió dirimir antes de despachar la reforma.

Dicha instancia dirimió las controversias que se dividieron en cuatro grupos: consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia; aguas del minero; características de las concesiones, y asuntos de carácter misceláneo. Dentro de las divergencias, la referida a la caducidad de los DAA fue quizás una de las más duras de discutir. Al respecto, Óscar Gajardo emite su diagnóstico: “Uno de los principales problemas ha sido el acaparamiento de derechos de aprovechamiento por parte de la gran minería en el norte, de la industria forestal en las regiones sur o de la producción masiva de palta en la zona de Petorca, entre otros, lo que ha tenido como consecuencia que poblados enteros tengan que abastecerse con camiones aljibes”. Agrega que, para corregir esa situación, la reforma regula las concesiones desde una perspectiva de bien de uso público y no mercantil, como ocurría hasta ahora. “Sin embargo, un gran número de derechos inscritos se mantendrán vigentes, faltando –a mi juicio– una norma que promueva la optimización y uso racional del agua, por lo que podrían llegar a colisionar distintos derechos de aprovechamiento”, advierte. En cuanto a lo mismo, Bitran subraya que con la actualización del


56 RECURSOS HÍDRICOS

Al respecto, Jorge Castillo cuestiona el hecho de que “se grava al agua del minero con una tesis de potenciales usos de terceros, como condicionante, y bajo un concepto de exigibilidad para con su propio destino o consumo. Esto no se aprecia en otras industrias o consumidores de aguas”.

CAUDAL MÍNIMO

En Chile, al igual que en el resto del mundo, la agricultura es el principal consumidor de agua dulce. Código de Aguas “se otorga a la DGA la facultad de suspender y limitar temporalmente los derechos de aprovechamiento en caso de situaciones de emergencia hídrica”. La modificación del cuerpo legal también establece que los nuevos DAA tendrán un plazo de 30 años, renovables. Al respecto, el ex titular del MOP opina: “Esto, en el marco de la reforma, no difiere sustancialmente del derecho ya otorgado, que es indefinido, ya que en ambos casos se pierde el derecho si es que no ha habido una utilización demostrable efectiva”. Jorge Castillo, por su parte, estima que precisamente donde se concretó el cambio mayor al marco regulatorio del agua fue “sin duda, en la modificación del derecho de aprovechamiento hacia un sistema concesional liderado por la administración del Estado, de la misma forma en que se otorgan concesiones marítimas y/o mineras, salvaguardando las particularidades del caso”.

AGUAS DEL MINERO No obstante, el representante gremial acusa un tratamiento arbitrario hacia la minería en el marco de la actualización del Código: “Percibo que existe un pequeño sesgo en términos de colocarle requisitos y tenerla en un foco especial como industria, lo que no se observa hacia otros consumidores, como el sector sanitario y la agricultura, que consumen 4 o más veces de lo que consume la minería”. A juicio de Castillo, esto no considera “los esfuerzos que ha hecho la industria por cambiar la fuente de suministro a plantas desaladoras, lo cual pareciera no tener una valoración per se”. En el mismo ámbito, uno de los temas que la comisión mixta tuvo que dirimir fueron las denominadas “aguas del minero”. Óscar Gajardo explica que este concepto describe un régimen especial originado en el Código de Minería y que se ejerce sobre acuíferos que se encuentran dentro de una concesión minera, “concediéndose un amplio derecho de aprovechamiento de aguas por el solo ministerio de la ley”. Con la reforma, señala el jurista, se restringe este derecho de acuerdo con la disponibilidad del agua, limitando su uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o sobre derechos de terceros. “Este cambio permitirá asegurar de mejor manera la disponibilidad de agua, teniendo en consideración que no sólo el déficit de precipitaciones ha sido responsable de la falta del recurso, sino que también es producto de la regulación, que permitió la sobreexplotación de aguas halladas en las faenas y del mal uso de los derechos de agua sin mayor fiscalización”, afirma Gajardo. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

Junto con el reconocimiento al derecho humano al agua, el establecimiento de concesiones de uso temporal y la promoción de un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los distintos usos productivos del recurso, Óscar Gajardo resalta otro cambio gravitante: el impulso a la preservación del ecosistema y a la sustentabilidad acuífera. “Se incorpora la regulación de la función ambiental, escénica, paisajística y social de las aguas, en el sentido de que el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales”, precisa el jurista. En cuanto a este mismo tema, Eduardo Bitran destaca que en la reforma “se establece la obligación de la autoridad de velar por la sustentabilidad de los recursos hídricos, lo que es fundamental para las cuencas que van desde el centro al norte del país”. Al respecto, advierte que los acuíferos están en su mayoría con niveles de extracción superior a su recarga y que los derechos otorgados son hasta 20 veces mayores que su recuperación: “Es decir, ha existido un desproporcionado sobre otorgamiento de derechos, que no tendrán acceso efectivo a recursos hídricos”. Según el académico, la reforma supone que el criterio que debe aplicarse para abordar los problemas de sustentabilidad es reducir los derechos a prorrata (en proporción). No obstante, opina que esto podría generar inconvenientes. “Por ejemplo, en el acuífero de Copiapó, en que los derechos otorgados llegan a casi 20 veces la recarga de la reserva, la reducción a prorrata implicaría conferir los mismos derechos efectivos a aquellos que los solicitaron con fines productivos y realizaron inversiones, que en el caso de los que lo hicieron con fines especulativos. Esto tendría implicancias muy negativas para quienes están utilizando sus derechos de agua productivamente”, sostiene. Detalla que el marco regulatorio debería mandatar que primero se recurra a la nueva facultad de extinguir los derechos no utilizados; luego, establecer las reservas para usos prioritarios de acuerdo con la ley y, finalmente, aplicar la reducción a prorrata.

FORTALECIMIENTO DE LA DGA Pese a los avances que representan los cambios al Código de Aguas, Óscar Gajardo delinea desafíos emergentes hacia el futuro: “Al mantenerse vigente gran cantidad de DAA, podría generarse incertidumbre a la hora de resolverse, por parte de la DGA (Dirección General de Aguas), cuándo y en qué circunstancias solicitar información a los titulares”. Por otro lado, agrega el jurista, la actualización del Código otorga a este organismo mayores potestades, lo que implica repensar su estatus jurídico y asignarle una mayor cantidad de recursos para favorecer el cumplimiento de sus nuevas facultades de fiscalización. Por su parte, Bitran apoya la idea que la actualización normativa impulse un fortalecimiento de la DGA, dotándola de nuevas capacidades y tecnologías para aplicar efectiva y técnicamente las facultades que le confiere la ley. El ex titular del MOP concluye que, si además se desea avanzar en la gestión integrada de cuencas, la Dirección General de Aguas tendría que contar con atribuciones para contratar estudios y apoyar los esfuerzos de planificación estratégica a nivel de estos espacios geográficos.


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CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN Recomendaciones para tramitar los permisos ambientales y desarrollar los estudios de línea de base, así como orientaciones para la formación en eficiencia energética son parte de los temas que presentamos en esta sección.


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LA OTRA LUZ VERDE

El otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales es clave dentro de la evaluación ambiental de los proyectos. Consultores plantean opciones para mejorar su tramitación.

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D

esde el punto de vista de la tramitación regulatoria, para que un proyecto de inversión en Chile se pueda tramitar “con todas la de la ley”, no basta con que el titular obtenga una resolución de calificación ambiental (RCA) favorable para su Declaración o Estudio de Impacto Ambiental (DIA o EIA) por parte de los organismos evaluadores. Claro porque el Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que define el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), señala que además se debe contar con los “permisos y pronunciamientos ambientales sectoriales (PAS) aplicables al proyecto o actividad”. Estas autorizaciones pueden ser de dos tipos: las referidas únicamente a materias ambientales y las mixtas, que tienen además contenidos no ambientales.

COMO VENTANILLA ÚNICA Claudia Jara, Socia Directora y Gerente de Operaciones de la consultora Equilibrio Triangular, explica que “los PAS son obligatorios al momento de presentar un proyecto a evaluación ambiental, ya sea que éste vaya por una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto ambiental. Por otro lado, estos permisos deben ser obtenidos junto con la RCA del proyecto, para facilitar su otorgamiento como parte ‘sectorial’ del respectivo organismo al cual se presenten y que después los apruebe”. Por lo tanto, añade que es fundamental una buena tramitación previa durante el proceso de evaluación ambiental de los proyectos, “para lograr exponer en esa instancia todos sus requisitos y saber de forma temprana la posición de la autoridad competente y sus criterios de evaluación. Todo esto con el fin de alinear los objetivos de cada PAS, subsanar cualquier diferencia y dejarlo aprobado de manera que después sea más fluida la ejecución del proyecto”. Por su parte, Cristóbal Fernández, Gerente Área Legal y Gestión de Permisos de ORBE Consultores, estima que los permisos ambientales sectoriales resultan “críticos” para las expectativas de desarrollo de cualquier proyecto de inversión. “Los PAS están en el centro de la intención del legislador, de implementar a partir del SEIA una suerte de ventanilla única a través de la cual se pueda gestionar de una vez, conjunta y simultáneamente, todos los permisos de carácter ambiental que afectan a una determinada actividad”, explica el abogado. En ese rol, agrega, el SEIA coordina a to-

das las autoridades y servicios públicos competentes en el área. “Una vez que se obtiene la RCA de un proyecto, se entiende que el titular ha cumplido los requisitos para la obtención de los permisos ambientales por medio de estos organismos”, detalla.

REQUISITOS Los permisos ambientales sectoriales que otorgan los órganos y servicios de administración del Estado deben cumplir con ciertas exigencias. Esto implica considerar: •

La norma sectorial en que se fundamentan, lo que incluye el artículo y cuerpo normativo que crea el PAS.

Los requisitos para su otorgamiento, que son aquellos criterios que permiten determinar si se resguarda el objeto de protección ambiental del permiso.

Los contenidos técnicos y formales que tienen que remitirse para acreditar su cumplimiento.

cargados de su evaluación también es clave para lograr una tramitación exitosa”, acota.

EN DISTINTOS SECTORES Consultados ambos profesionales sobre si la tramitación de los PAS se complejiza o facilita dependiendo del sector productivo o económico al que corresponda un proyecto, Fernández y Jara coinciden en que eso no tiene mayor injerencia. “El sector económico per se no representa una diferencia al tramitar un permiso ambiental sectorial, ya que cada uno de ellos tiene requisitos específicos y definidos que se deben desarrollar y cumplir”, aclara Claudia Jara. A renglón seguido, Cristóbal Fernández afirma que, conceptualmente, los requisitos son similares en todos los casos: “En rigor, se les pide lo mismo a todos. Sólo que hay algunos permisos que, por su naturaleza, son más complejos que otros. Pero eso no es un problema del reglamento, sino una consecuencia derivada de la naturaleza de cada proyecto en particular”.

Cristóbal Fernández aboga por que se evite la repetición de trámites durante las gestiones para obtener los PAS.

Siempre habrá espacio para implementar una mejora continua a la tramitación de los permisos ambientales, afirma Claudia Jara.

El titular debe entregar todos esos antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que éste determine si reúne las condiciones para acceder al PAS. A juicio de Claudia Jara, la clave para obtener un permiso ambiental es la presentación completa y correcta de los antecedentes que exige, “los cuales deben ser preparados por profesionales idóneos al caso”. La ingeniera civil química añade que para lograr esto hay que seguir las guías elaboradas por el SEA en la tramitación de los PAS. “Generar contacto con los servicios en-

Un aspecto que los dos especialistas sí estiman diferenciador a la hora de tramitar los PAS es la magnitud o extensión de las iniciativas de inversión. En ese sentido, Jara sostiene que “la envergadura o la localización de los proyectos puede hacer más compleja su evaluación o hacer que se requiera mayor cantidad de información a presentar. A esto hay que sumar que el sector o autoridad competente que lo apruebe tiene sus propios tiempos de otorgamiento”. Para Fernández, en tanto, la diferencia


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20 Son los PAS de contenido

únicamente ambiental y 30 los permisos mixtos, según el reglamento del SEIA.

Los proyectos de defensa fluvial o de modificación de cauces requieren de PAS para su ejecución.

Existen permisos que han estado en el centro del debate respecto a su definición, desde el punto de vista ambiental. Tal es el caso de PAS requeridos en el rubro construcción.

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CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 61

entre los PAS se genera también en función del nivel de impacto de los proyectos. “En rigor, debiera suceder que un permiso de corta de bosque o de sala de manejo de residuos pudiera ser más o menos típico y tener determinadas características que son habituales, versus un proyecto de tranque de relave o de flotación minera, o de un sitio para el acopio de estériles, porque son diferentes entre sí en términos de la complejidad de las actividades productivas o industriales que los requieren”, comenta el abogado.

COMPLEJIDADES En opinión de Cristóbal Fernández, los permisos que suelen dilatarse son los que se tramitan a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Según explica, esto se debe “en parte, al tiempo de tramitación y porque este organismo en ocasiones requiere el otorgamiento previo del mismo permiso, por ejemplo, para hacer excavaciones arqueológicas”. A su juicio, esto, además de suscitar “ambigüedades y zonas grises” durante el proceso de tramitación, hace que se tomen tiempos extraordinariamente largos que a veces ponen en peligro la viabilidad de los proyectos. De igual modo, advierte que existen permisos que siempre han estado en el centro del debate respecto de su definición desde el punto de vista ambiental, como es el caso de los informes favorables de la construcción, conocidos antiguamente como autorización de cambio de uso de suelos. Junto con ello, señala que hay problemas que vienen de larga data, como las dificultades en la comprensión de qué representan, para la Dirección General de Aguas (DGA), las modificaciones de cauces o los proyectos de defensa fluviales. “Históricamente ha existido una especie de doble procedencia de los permisos, porque no está clara su naturaleza, desde el origen. Por más que ha habido guías del SEA que intentan dilucidar cuándo procede uno y cuándo aplica el otro, a la larga las guías repiten lo mismo que dice el reglamento del SEIA y el tema no se logra aclarar en el fondo”, puntualiza el consultor. Agrega que lo mismo ocurre con relación a la calificación industrial. “Más que un permiso, esto es un pronunciamiento que dice que una actividad industrial es, según sus características, molesta, peligrosa, contaminante o inofensiva”, explica Fernández. Dicha calificación, que nació con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, posteriormente se fue replicando para

otras actividades que no son industriales, tales como las infraestructuras. “Esto, un poco quizás por comodidad, simpleza o economía mal entendida de parte del legislador, ha hecho que con el tiempo le apliquen la misma norma de calificación a los parques eólicos y a una turbina que convierte la fuerza del viento en energía, tratando así a este tipo de instalaciones como una industria”, advierte. Así, según la actual normativa, se solicita calificar esa actividad como molesta, peligrosa, contaminante o inofensiva. No obstante, Fernández estima que eso es innecesario, “si es que ese proyecto no tiene que ver con ningún permiso de edificación ni tampoco está emplazado en una zona en que se haga la distinción al respecto”.

PLANES MAESTROS Con el propósito de asesorar a los proponentes de iniciativas de inversión, ORBE Consultores desarrolla planes maestros de permisos. Estos permiten reunir sistemáticamente las indicaciones de los procedimientos, requisitos, autoridades y plazos de cada uno de los PAS asociados a una actividad determinada, en un solo programa unificado. Según Fernández, el plan comienza con la identificación de aquellos PAS que inciden en una iniciativa de inversión. “La idea es dar certezas a los proponentes respecto de todas aquellas intervenciones de autoridades que concurren en un determinado proyecto. Asimismo, señalar cuáles son los requisitos de cada PAS, qué servicios públicos los otorgan, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los plazos involucrados y cómo se concatenan unos con otros. Por ejemplo, se indica qué permisos son pre requisitos para otros PAS que están en la cadena”, explica el abogado. De este modo, los planes maestros generan toda la matriz de permisos “y permiten al titular saber qué se necesita saber en términos de ingeniería, de planos y de pronunciamiento de otros servicios para obtenerlos”. Todo lo anterior, destaca el consultor, se traduce en una optimización de los tiempos para la gestión de los proyectos y sus plazos. Por su parte, Claudia Jara comenta que la asesoría de Equilibrio Triangular consiste en “preparar la tramitación de los permisos según las guías del SEA; coordinarse con el especialista respectivo –que es parte de la consultora–; revisar que los contenidos de dichos PAS se ajusten a los requisitos solicitados en cada guía del Servicio, y que se encuentren de acuerdo con lo que cada autoridad está solicitando en cada región, para

adjuntarlos en la tramitación ambiental del proyecto, ya sea como DIA o EIA”.

OPCIONES DE MEJORA A juicio de la experta, considerando la cantidad de organismos públicos que intervienen en la evaluación ambiental de los proyectos y la tramitación de los PAS, en los que cada organismo competente posee leyes, normativas y regulaciones diferentes, siempre habrá espacio para implementar una mejora continua. “Por ejemplo, así como existen guías del SEA para cada sector, cuando éstas se encuentran en proceso de modificación de sus requisitos y criterios de evaluación, hemos notado que se produce un vacío para nosotros, como consultores, ya que se desconocen los temas a cambiar. Debido a ello, solamente dentro de la evaluación cuyas instancias están reguladas, nos vamos enterando de las modificaciones que se piensa hacer, las cuales incluso algunas regiones y sus autoridades aplican antes de que cambien las guías, por lo que el trámite de aprobación de esos PAS se frena”, afirma Jara. En consecuencia, la consultora añade que se podría mejorar la forma en que se informan e implementan esos cambios para no generar vacíos o dificultar la aprobación de los proyectos. “Hemos participado en algunos sectores mediante talleres u otras formas de retroalimentación temprana con las autoridades respectivas. Eso ha permitido incorporar los cambios en el momento de tramitación del proyecto y lograr aprobarlos con las nuevas modificaciones, sin tener que llegar a la instancia de rechazo del proyecto por parte de algún sector”, comenta. Por su parte, Cristóbal Fernández aboga por que se busquen fórmulas para evitar que la tramitación sectorial se duplique. “A los titulares les cuesta creer que después de haber hecho la tramitación en el SEIA, de cumplir los requisitos y de entregar toda la documentación solicitada –por ejemplo, a la DGA y Sernageomin–, tengan que volver a tocarles la puerta y a veces incluso a empezar de nuevo, lo que implica que los trámites se repitan”, señala. En esa dirección, plantea que el sistema debiera perfeccionarse, asegurando de forma efectiva que la tramitación sectorial de los permisos, que ya se completó dentro del SEIA, se acote a un número de temas identificados y precisos, a fin de que no se aborde nuevamente las materias que ya se revisaron. “Hay espacio para clarificar varios aspectos, pero el problema es que el Reglamento no puede precisar ambigüedades que deben ser aclaradas por los organismos sectoriales de los cuales depende la entrega del PAS, en cada caso según corresponda, y no del SEIA”, concluye el abogado.


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EVALUACIÓN CON BASE Tras casi 25 años de aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se exponen los avances, deudas y desafíos de uno de sus pilares: la línea de base.

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ilipendiando, temido, alabado, denostado… Todo tipo de trato ha recibido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde su entrada en vigencia en Chile: el 3 de abril de 1997. En los casi 25 años que suma de historia uno de sus componentes clave ha sido la línea de base (LB), que consiste en la “descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución”. Así lo explican en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que administra un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al SEIA, georreferenciado y de acceso público. La LB constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto permite evaluar los efectos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del entorno natural y humano, que son los siguientes: el medio físico; los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales y marinos; los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y religioso, en general; el paisaje; las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación; los atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones; el uso del territorio y su relación con la planificación territorial; el medio humano; y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente aun cuando no se encuentren operando.

MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN En Gestión Ambiental Consultores (GAC), una de las empresas más reconocidas del rubro, coinciden en la positiva evolución de los estudios de LB que incorporan los proyectos que se tramitan vía EIA. Felipe Bravo, Subgerente de Especialidades Ambientales de la empresa, subraya que sus contenidos “han ido perfeccionándose. La profundidad y suficiencia de la información de las LB actuales son mucho más extensas y específicas que las de los primeros años. En el último tiempo, con el nuevo reglamento, la autoridad ambiental demanda la entrega de mayor y mejor información, incorporando nuevos componentes a la evaluación ambiental, como hongos, líquenes, insectos, briófitas, por nombrar algunos. Y también exige campañas más representativas de las variables que posee cada componente para verificar los impactos ambientales de los proyectos que se someten al SEIA”. Pone de relieve, asimismo, el aporte de los Órganos de la Administración del Estado con Competencias Ambientales (Oaecas), “los cuales han publicado diversas guías de evaluación ambiental que han servido para uniformar criterios, pero también para marcar precedentes sobre los contenidos mínimos necesarios para la evaluación de cada componente”.

EVOLUCIÓN POSITIVA Sobre la evolución que han tenido los informes de línea de base de los proyectos, en el Departamento de Estudios del SEA recuerdan que antes de la creación del SEIA cada consultor presentaba los contenidos de las LB “considerando criterios de directrices y normativa de otros países en función de las condiciones argumentadas por cada especialista”. Con posterioridad a 1997, con la entrada en vigencia del primer reglamento del SEIA, se definió dentro del artículo 12 un listado de componentes ambientales que debían considerarse en cada EIA. Así se estandarizaron sus contenidos, incluyendo las LB, que se podían ajustar a cada proyecto de acuerdo a su tipología de ingreso o área de afectación. En 2001, cuando entró en vigencia el segundo reglamento del SEIA, se incorporaron nuevos componentes, aunque su descripción quedó limitada a un área de influencia general del proyecto determinada en función de su emplazamiento y de la extensión de sus impactos relevantes. Y en 2013, con la puesta en marcha del tercer reglamento, actualmente vigente, se incorporó el término “atributo” para describir aún con mayor detalle técnico cada componente ambiental. Y “se exige el criterio de definir y describir áreas de influencia por cada componente del medio ambiente con potencial de afectación, tomando en consideración aquellos impactos ambientales potencialmente significativos y no sólo el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto o actividad”, destacan en el SEA. Además, se incorporó dentro de los contenidos mínimos de las LB (artículo 18) el literal e.11 que establece la exigencia de levantar un listado con proyectos o actividades que cuenten con RCA vigente dentro del área de influencia del proyecto en evaluación. Lo anterior, para evaluar eventuales impactos sinérgicos. El Servicio también releva que, a partir de 2012, ha publicado diferentes guías de evaluación –como las que hacen referencia a la descripción de las áreas de influencia– que permiten unificar criterios y exigencias técnicas o antecedentes mínimos que se deben presentar para la correcta evaluación ambiental. En paralelo, se han ido optimizando las diferentes técnicas, modelos o metodologías que se emplean para la justificación, evaluación y predicción de impactos.

El posible patrimonio arqueológico presente en un sitio forma parte del estudio de línea de base de un proyecto.

50 Guías ha publicado el SEA para aclarar los

criterios de evaluación ambiental de los proyectos. Cinco de ellas apuntan a la descripción de sus áreas de influencia.

El especialista valora la tecnificación que han demostrado los Oaecas durante los últimos años, “lo que se traduce en que los pronunciamientos son actualmente mucho más objetivos de lo que eran en el pasado, contribuyendo a mejorar la calidad final de los estudios ambientales”, sostiene. Tan importante como lo anterior ha sido, a su juicio, la evolución técnica de los estudios de línea de base, lo que “ha permitido establecer puntos de control más robustos para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la ejecución de proyectos”. También destaca los cambios positivos introducidos en la temporalidad de las campañas bióticas para el desarrollo de las LB. “Anteriormente bastaba


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sólo una campaña para demostrar la suficiencia de la información, sin embargo, hoy se solicitan al menos 2 campañas de terreno para capturar la mayor diversidad biológica, sobre todo de aquellas especies migratorias que podrían encontrarse en una época en particular”, comenta.

ALGUNAS FALENCIAS Pese a los avances, ¿los estudios de LB presentan aún falencias? Según el SEA, si bien las mejoras reglamentarias que describen con mayor detalle y precisión cada componente del medio ambiente que puede verse afectado por un proyecto facilitan el análisis, “se requiere de mayor trabajo por parte de los titulares y consultores”. Además, manifiesta las limitantes que se generan tras el reemplazo de un reglamento por otro, concretamente por el paso de impactos acumulativos a sinérgicos, “siendo los primeros de mucho más alcance y más probables que los segundos”. Por su parte, Felipe Bravo expresa que, aunque el Estado ha uniformado los criterios sobre los contenidos y alcances mínimos necesarios de los estudios de LB, “persiste una asimetría en la profundidad con la que se aborda el análisis de un componente dado, por ejemplo, entre proyectos similares con ubicaciones igualmente similares”.

NUEVOS DESAFÍOS Aunque parezca un contrasentido, los avances siempre traen aparejados nuevos desafíos. Lo saben muy bien en el SEA, especialmente respecto a la adaptación de los diseños de proyectos al cambio climático, las implicancias de los impactos sinérgicos en los proyectos que se ubican en un territorio, y la evolución en los análisis necesarios para abordar los potenciales impactos en los ecosistemas. “Por eso el Servicio está en constante trabajo para unificar criterios en el proceso de evaluación de proyectos que permita su ejecución con el cumplimiento de las

“En las LB suelen aparecer registros de especies de flora y fauna en zonas que previamente no se habían reportado, así como nuevas especies”, asegura Felipe Bravo de GAC.

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Aporte de las Consultoras Para Felipe Bravo, las consultoras ambientales han contribuido fuertemente a enriquecer las líneas de base “con el levantamiento de información de terreno en zonas remotas y muy extensas. A menudo es posible encontrar interesantes registros patrimoniales (arqueológicos y paleontológicos) y naturales que no habían sido reportados previamente por la academia. En las LB suelen aparecer registros de especies de flora y fauna en zonas que previamente no se habían reportado, así como nuevas especies”, resalta. Añade que el aporte de GAC, en particular, ha estado marcado “por el desarrollo de metodologías cuantitativas que entregan certeza a la evaluación ambiental, justificando con datos el criterio experto de nuestros profesionales. Además, los proyectos que hemos desarrollado junto a nuestros clientes han permitido registrar diversas especies, como la avifauna que nidifica en el desierto”.

normas ambientales vigentes, y con medidas apropiadas a los impactos ambientales cuando así corresponda”, sentencia la Dirección de Estudios del organismo. Por su parte, Felipe Bravo también vislumbra grandes desafíos en el área, “ya que el empoderamiento de las comunidades y el reconocimiento del espacio natural como parte del patrimonio cultural, hacen que la puesta en marcha de nuevas iniciativas cumpla con estándares mucho más altos. Esto implica para titulares y consultores seguir trabajando en la mejora continua del proceso”. En ese sentido, asegura que “la materialización de las medidas ambientales debe ser parte del proyecto de inversión durante toda su vida útil. Al respecto, hemos visto cómo ha tomado más relevancia la incertidumbre que genera el cambio climático para el éxito de las medidas vinculadas al medio biótico. Por ejemplo, las reforestaciones o las habilitaciones de hábitats para fauna deberán considerar estas nuevas condiciones”.


PUNTOS DE VISTA 65

Por Daniela Caulier Abogada Gestión Ambiental Consultores (GAC)

Humedales urbanos

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a se han cumplido 2 años desde la entrada en vigor de la Ley 20.202 que vino a modificar diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. Once meses después, entró en vigencia el Reglamento de esta ley a través del Decreto Nº 15 de 2020, que permite ejecutar las diversas disposiciones que pretenden darle una protección legal a estos cuerpos de agua. ¿Qué sabemos acerca de los humedales urbanos? Para muchos, constituyen un tema de moda; para otros, son un ecosistema que merece una adecuada regulación por su importancia para el desarrollo sustentable de las cuidades. Históricamente, los humedales han albergado a las más diversas especies de flora y fauna. Muchos de ellos han permitido que especies endémicas de nuestro país hayan sobrevivido a la intervención del hombre en las ciudades y, además, en el caso de humedales urbanos, podemos concebirlos como áreas de relevancia cultural, social y turística que entregan un beneficio directo a la comunidad. Gracias a la actual regulación, los proyectos o actividades que pretendan emplazarse dentro del área de influencia de un humedal urbano deberán ingresar al SEIA. Pero la autoridad ha ido más allá en su protección, ya que no solo están afectos a la protección legal los humedales urbanos declarados como tal por la autoridad (Ministerio del Medioambiente, MMA), sino también aquellos cuyo reconocimiento o declaratoria se encuentre en tramitación. Este avance se originó en dos dictámenes contradictorios emanados de la Contraloría General de la República, donde en un primer momento se exigía la declaración formal de humedal urbano; y luego se planteó que no se requería dicho reconocimiento por parte de la autoridad para aquellas actividades indicadas en el literal “s” del artículo 10 de la Ley 19.300 - Ley General de Bases del Medio Ambiente (LGBMA), el cual se refiere a la “ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano…”. Lo anterior quedó de manifiesto con el último instructivo elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con fecha de 17 de enero de 2022, donde se entregan diferentes instrucciones para la aplicación de los literales p), q) y s) del artículo 10 de la LGBMA. La definición de humedal urbano que establece la ley 20.202 fue recogida de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental suscrito en 1971 para la conservación de los humedales de importancia internacional. Cincuenta y un años después, Chile ya ha reconocido 16 humedales de importancia internacional (convención Ramsar), y 58 humedales urbanos que abarcan en total una superficie aproximada de 4.225,81 hectáreas de nuestro país.


Gentileza Agencia de Sostenibilidad Energética

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CON EFICIENCIA Y ENERGÍA Crear capacidades en eficiencia energética es clave para el desarrollo sostenible. ¿Cómo distinguir un buen programa de estudio en la educación superior?

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egún el Ministerio de Energía, un 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero que se ha planteado Chile para lograr la carbono neutralidad al 2050, se puede alcanzar a través de acciones de eficiencia energética (EE). Esa sola cifra da cuenta del enorme aporte que esta práctica puede hacer al país para afrontar los desafíos que plantean

el cambio climático y el desarrollo sostenible. Por lo mismo, contar con profesionales y técnicos capacitados en esta materia resulta clave. Bien lo saben en las Instituciones de Educación Superior (IES) que en los últimos años han ido incorporando esta temática con más fuerza en sus ofertas de pregrado y postgrado. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿cómo

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distinguir un buen programa de estudios sobre la materia?, ¿qué contenidos mínimos debiera entregar? A continuación, presentamos algunas orientaciones al respecto.

CONTENIDOS BASE “Durante los últimos años las Instituciones de


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Gentileza IDMA

Educación Superior de nuestro país han experimentado cambios significativos en sus programas de estudios, ya sea creando o ajustando sus programas para incorporar líneas temáticas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética. Sin duda, esto es un avance ante el desafío que nos impone como sociedad el cambio climático y la necesidad de hacer las cosas de una manera distinta. Si mantenemos las capacidades actuales, los resultados seguirán siendo los mismos, por lo que debemos lograr que todas las instituciones formen profesionales y técnicos con habilidades cada vez más demandadas en estos ámbitos. En este sentido, el rol de la formación técnica profesional y las Instituciones de Educación Superior es clave, tanto como centros de investigación, como también para crear capital humano con visión de futuro, flexible y abierto a nuevas tendencias, que permitan alcanzar las metas de carbono neutralidad que tanto el país como las empresas han empezado a definir”. Las palabras pertenecen a Ester Espinoza, profesional de la Línea Educación de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), entidad que ha participado de diversos proyectos para apoyar a las IES en esta tarea. Un ejemplo es la asesoría y acompañamiento a equipos docentes en más de 40 programas de estudios, “en los cuales hemos contribuido entregando una mirada externa para actualizar propuestas formativas, con la finalidad de fortalecer técnica y curricularmente la formación de técnicos y profesionales que luego de nuestra asesoría podrán incorporar dentro de su quehacer laboral criterios y competencias en energía”, comenta. En relación a las materias esenciales que debiera considerar un programa de estudios sobre eficiencia energética en la educación superior, la profesional señala: “Contenidos sobre sistemas consumidores de energía, medidas de eficiencia energética, auditorías energéticas, medición y verificación de ahorros y sistemas de gestión de la energía. Estos tres últimos aspectos están vinculados directamente con la Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética, promul-

Medidas de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía son algunos temas que debieran tratar los programas de estudio. gada en febrero de 2021 y que se espere entre en régimen en unos meses más con la promulgación del reglamento (aún en trámite). Estas bases conceptuales permitirán a quienes logren los aprendizajes propuestos y correctamente articulados, entender el contexto energético nacional y estar preparados para asumir los compromisos que la nueva ecuación del desarrollo hoy nos impone para ser sustentables”. A juicio de Ester Espinoza, todas las áreas de pregrado deberían integrar la mirada energética, con más o menos intensidad, dependiendo del foco del desempeño profesional. “Se hace evidente que áreas como las ingenierías, las ciencias, arquitectura y construcción deben asumir ‘ya’ el desafío de incorporar en sus currículum o planes de estudios temas normativos, de eficiencia energética, de innovación y de energías renovables; que permitan formar el capital humano y gestionar el talento que la transición energética necesita. Sin embargo, como sociedad requerimos de más ciudadanos que promuevan la sostenibilidad energética, y eso determina que las nuevas ge-

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Ester Espinoza indica que todas las IES debieran formar profesionales y técnicos con habilidades en eficiencia energética.

El IDMA fue pionero en incorporar este tema a sus planes de estudio, resalta Rodrigo Valdovinos.

neraciones entiendan y lleven a la práctica, desde sus distintos oficios o profesiones, aspectos vinculados con los criterios de desarrollo sustentable, los cuales no discriminan personas, carreras ni tipo de formación técnica o profesional”, plantea. En ese contexto, sostiene que todas las IES debieran comenzar a impartir asignaturas transversales que promuevan aprendizajes vinculados con la energía. “El mejor ejemplo lo podemos demostrar con la gran tarea que hoy realizan técnicos/as y educadoras/es de párvulos quienes desde la formación inicial logran enseñar a nuestros hijos el cuidado del medio ambiente y concientizar sobre el uso de la energía”, grafica.

POSTGRADOS Son numerosas las Instituciones de Educación Superior que también ofrecen postgrados especialmente dedicados a la eficiencia energética. ¿Cómo se puede distinguir un buen programa al respecto? La representante de la AgenciaSE responde: “Desde nuestra visión externa, un buen programa de postgrado es aquel formulado por una IES que esté muy vinculada al desarrollo de proyectos de energía, donde el equipo docente posea experiencia actualizada en la implementación de proyectos en energía y en el trabajo hacia nuevas tendencias; y cuyo equipo de formadores no sólo esté integrado por académicos, sino también por mujeres y hombres que hoy lideren el tema a nivel de empresas u organizaciones vinculadas al sector”. Añade que otro aspecto a considerar es el diseño curricular, el cual debe ser construido de manera socializada con actores del sector y permitir que los estudiantes aprendan lo que el

En la UAI la enseñanza de la EE está orientada al análisis técnico y financiero de las distintas tecnologías, dice Dafne Crutchik.

mercado necesita, mediante acciones formativas y didácticas que promuevan la vinculación con el mercado, la innovación y el emprendimiento en función de aprendizaje colaborativo. “La creación de redes entre pares y con empresas permitirá abrir oportunidades laborales que constituyen un valor agregado al plan curricular”, acota. También pone énfasis en que los programas de postgrado integren los contenidos que hoy son claves para nuestro país y entreguen espacios para abordar nuevas tendencias. Y que las IES tomen en cuenta la diversidad de recursos energéticos que dispone Chile y desarrollen las competencias sociales que la transición energética necesita, ya que detrás de cada cambio tecnológico siempre hay personas o comunidades que podrían ser impactados.

ALGUNOS EJEMPLOS Como entidad de educación superior especializada, el Instituto del Medio Ambiente (IDMA) fue uno de los pioneros en la incorporación de esta temática a sus planes de estudio. “Cuando lanzamos la carrera Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética en el año 2008, sabíamos que un tema clave para potenciar las energías renovables era la eficiencia energética, y que para todo sistema energético lo primario es hacer un uso eficiente de la energía”, comenta Rodrigo Valdovinos. El jefe de la carrera mencionada agrega que, desde un principio, ésta se planteó como unidades de contenidos y no sólo como una asignatura, “pues creíamos que la eficiencia energética debe ser algo intrínseco en el quehacer diario a nivel residencial, comercial e industrial”.

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Tras la promulgación de la Ley 21.305, incorporaron a la malla dos módulos específicos (Introducción a la Eficiencia Energética y Gestión Energética), mediante los cuales preparan a los estudiantes para iniciar un plan de acción de EE orientado a usuarios comerciales e industriales y les entregan las competencias técnicas referidas a los Sistemas de Gestión Energética (SGE). Otro contenido importante que la carrera del IDMA sigue manteniendo se relaciona con la edificación eficiente, el cual integra el área de acondicionamiento térmico de viviendas e infraestructura. “Acá la premisa es cómo, de forma pasiva, se pueden lograr ahorros considerables en energía, sobre todo en calefacción en invierno y climatización en verano, desde la pre construcción de las infraestructuras, y cómo obtener mejoras a través del reacondicionamiento térmico”, detalla Rodrigo Valdovinos. El académico concluye que, según su plan de estudios 2022-2024, los egresados de la carrera deben ser capaces de implementar diagnósticos energéticos, identificar y proponer medidas de eficiencia energética, y llevar a cabo los planes de acción y los SGE que llevarán a los usuarios a mejorar el desempeño energético de las organizaciones. Las universidades tradicionales, por cierto, también han ido incluyendo esta temática a sus planes de estudio, tanto a nivel de pregrado como postgrado. El profesor Julio Vergara describe el caso de la Universidad Católica: “La Escuela de Ingeniería mantiene cursos de sistemas térmicos, conversión de energía, sistemas eléctricos, energía sustentable, transporte y otros afines donde se revisan los fundamentos de la energía, aplicada sectorialmente. La eficiencia energética se ha abordado mediante cursos optativos en programas de postgrado para profesionales como el Magíster en Ingeniería de la Energía y en varios programas de educación profesional. En nuestro caso, destaca el Diplomado en Eficiencia Energética creado hace más de cinco años, aunque también se revisan temas de eficiencia energética en áreas sectoriales en otros diplomados, como son Energía en la Minería y Energía en la Industria”. El Jefe de Programa del Magíster en Ingeniería de la Energía agrega que la enseñanza de esta temática ha avanzado junto con el progreso tecnológico, los requerimientos de las empresas y las políticas públicas. “Siempre realizamos actualizaciones al currículum; por ejemplo, este año se incorporó la Ley de Eficiencia Energética, que ya antes se había revisado como proyecto de ley, junto con los sistemas de gestión de energía de los grandes consumidores y el plan nacional. Otros ejemplos son la incorporación de temas relacionados con la eficiencia en el transporte, en par-


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APL, Capacitación y Competencias Laborales La Agencia de Sostenibilidad Energética apoya la incorporación de la eficiencia energética en las Instituciones de Educación Superior (IES) por varias otras vías. Primero, ha participado desde sus inicios en los Acuerdos de Producción Limpia (APL) “Campus Sustentables”, que buscan elevar los estándares de sustentabilidad dentro de la actividad educativa y tienen como uno de los objetivos específicos “reducir el consumo de energía equivalente en el total de las instalaciones adheridas”. Además, la institución mantiene convenios de colaboración con la Red Campus Sustentable (asociación integrada por 34 IES y profesionales dedicados a la promoción de la sustentabilidad) y con el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, a las cuales les entrega cupos gratuitos a cursos de capacitación para que sus integrantes puedan fortalecer sus conocimientos sobre la materia y aprovechar el aprendizaje colaborativo con consultores y profesionales expertos del sector. También mantiene vinculación estrecha con la Red Futuro Técnico y la Red de CFT Estatales, lideradas por el Ministerio de Educación. La AgenciaSE también forma parte de la Mesa + Capital Humano del Ministerio de Energía e impulsa el Marco de Cualificación Técnico Profesional en Energía, herramienta que busca fortalecer las competencias laborales de los futuros trabajadores en las nuevas tendencias energéticas. Además, desde 2019, ha implementado diplomados en 7 regiones del país, 100% financiados con recursos públicos, que han permitido a 160 personas especializarse como gestores energéticos en instalaciones de bajo consumo o como auditores energéticos.

ticular la electromovilidad a baterías y a hidrógeno, aplicada a sectores como la minería, redes urbanas y vehículos particulares”, grafica. Julio Vergara menciona luego los objetivos del Diplomado en Eficiencia Energética, en particular, que apuntan a lograr que el alumno adquiera un dominio de las temáticas relacionadas con este concepto, que pueda aplicar herramien-

tas para el uso eficiente de la energía y generar habilidades para responder a los requerimientos de distintos sectores industriales, incluyendo el transporte, la minería y la generación eléctrica. Además, se enseñan aspectos relacionados con las políticas públicas en la materia, así como con la medición y verificación, y evaluación de proyectos. “Un aspecto relevante es la realización de un proyecto de eficiencia energética que permite a los alumnos llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en clases”, resalta. Otra IES que ha sumado la EE a sus planes de estudio es la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Dafne Crutchik, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, expone: “Desde la creación de la carrera de Ingeniería Civil en Energía y Medioambiente, en 2015, la Universidad Adolfo Ibáñez comenzó a incorporar el tema de eficiencia energética (EE) en los niveles de pregrado. Específicamente, esta carrera tuvo un curso sobre el tema, el cual hoy se mantiene en la carrera de Ingeniería Civil en Energía, que se comenzó a ofrecer desde el año 2021, luego de un proceso de rediseño de la anterior”. La directora de dicha carrera también destaca el postgrado Magíster en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables No Convencionales que imparte la misma Facultad, donde se introducen algunas de las herramientas y técnicas de gestión de energía, incluida la auditoría energética y el análisis de datos, junto con la evaluación de opciones para mejorar la gestión de energía en locales comerciales e industriales de diversas áreas. Dafne Crutchik plantea que en la UAI “la enseñanza de la eficiencia energética tiene una orientación clara al análisis técnico y financiero de las diferentes tecnologías que se agrupan bajo el alero de este concepto”. En ese contexto, los principales objetivos son que los estudiantes de pregrado y postgrado: conozcan y modelen las distintas formas que puede tomar la eficiencia energética en una actividad productiva; aprendan a identificar oportunidades de EE en distintos sectores e instancias; analicen cuantitativamente la conveniencia de aplicar criterios de eficiencia energética; conozcan las distintas tecnologías y prácticas asociadas a este tema, reconociendo sus ventajas y desventajas; comprendan la dualidad entre energías renovables y eficiencia energética en una aplicación real; sepan cuáles son las barreras que existen para su aplicación y las medidas disponibles para superarlas; estén al tanto de las iniciativas en políticas públicas que permiten el avance de la eficiencia energética; y puedan comparar, desde los puntos de vistas técnico y económico, las más importantes iniciativas en EE y sus potenciales.


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SOLUCIONES INTEGRALES Zarey desarrolla herramientas innovadoras para que las empresas resuelvan en conjunto problemáticas ambientales, operacionales, de seguridad y comunitarias, entre otras.

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enemos más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos para solucionar problemáticas ambientales, integrando aspectos de seguridad, riesgos y comunidades como parte de una visión integral y holística del medio ambiente y el entorno como un gran todo. Esto, sin excluir todas las particularidades y especialidades que derivan de ello, como el componente humano, la arqueología, la flora, la fauna, la hidrología, el paisaje, el aire y el uso del suelo; pero además considerando que todas ellas y sus impactos se articulan en distintos sistemas de gestión ambiental. Esta particular visión del medio ambiente nos ha permitido ser parte de las soluciones de problemas pequeños y específicos, como también de problemáticas mayores que requieren de una mirada transversal, pero a la vez específica en los riesgos ambientales, operacionales, regulatorios y financieros”. Las palabras pertenecen a Karina Zárate, gerente general de Zarey

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Consultores, compañía que presta asesoría y desarrolla soluciones integrales para el desarrollo sostenible de las empresas. “En ese contexto, nuestro trabajo es y ha sido aliviar la carga intelectual de análisis de procesos, generar regularidad de información y disminuir los riesgos de los impactos ambientales y de cada negocio”, acota. La ejecutiva indica que en los últimos cuatro años se han posicionado como una empresa experta en materias de seguridad química y cumplimiento normativo en sustancias peligrosas, incorporando un enfoque globalizado de sus riesgos en la minería, agroindustria, energía y otros procesos productivos. Además, destaca que, para cumplir con su labor de consultoría, Zarey cuenta con un equipo humano hábil y capacitado para el análisis duro de información, con miras a entregar soluciones simples a problemas comple-


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Karina Zárate destaca la capacidad innovadora del equipo de Zarey.

jos para el pronto uso del cliente. “Las visitas a terreno son esenciales para lograr la más alta calidad de gestión normativa y un buen resultado. Es primordial entender ‘donde duele’ para generar una solución más precisa. No obstante, esto ha sido complejo o imposible en estos dos años de pandemia”, comenta.

PLATAFORMAS EVA Y HERMES Karina Zárate señala que en los últimos años Zarey ha expandido sus servicios, saltando la valla de la linealidad de la consultoría para ir al ámbito de la transformación digital, a la inteligencia artificial y a la automatización, con miras a generar herramientas que contribuyan a la sostenibilidad de las empresas que asesoran. Así formaron una división de desarrollo de soluciones tecnológicas y lanzaron al mercado la Plataforma EVA en su versión 1.0, “que permite autogestionar la normativa aplicable, independiente del rubro al que pertenezca la empresa, de forma rápida, medible y segura. Y, por si fuera poco, el cliente puede divisar sus hitos ‘físicos’ mediante georreferenciación satelital”, resalta. No conforme con eso, en 2021, Zarey marcó un nuevo hito: se adjudicaron un fondo CORFO para la creación de la Plataforma Hermes. “Esta solución permite gestionar las sustancias químicas y sus riesgos en todo su ciclo de vida: desde su origen, su almacenamiento, su proceso logístico, hasta que es un residuo. Esto se logra mediante la creación de redes neuronales artificiales que distinguen la naturaleza de la sustancia química y como ésta debe de ser almacenada, y además comparte la particularidad de EVA que todo puede ser georreferenciado. Es apta para clientes de gran bodegaje y movimiento de bienes”, explica Karina Zárate. Añade que pronto se implementarán algunos proyectos piloto para probar la Plataforma Hermes en terreno con clientes del área minera y almacenamiento de sustancias químicas, aunque esto no cierra su futuro uso logístico en otros rubros y ámbitos industriales. “Nos encanta resolver problemas complejos de forma distinta, ‘pensando fuera de la caja’, y en el viaje a la solución generar relaciones humanas duraderas con nuestros clientes y de total confianza con nuestros colaboradores”, concluye.

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72 OLORES

CONTROL PARA LOS OLORES

El Consejo de Ministros aprobó la norma que regula las emisiones odoríferas en planteles porcinos, con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

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l 17 de enero pasado marcó un hito relevante para la legislación ambiental en Chile y, más importante aún, para gran parte de las personas que viven cerca de algún plantel de cerdos en nuestro país. Claro, porque ese día el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la primera norma ambiental de olores en Chile, la cual regula específicamente la emisión de este contaminante en los criaderos porcinos con miras a resguardar la calidad de vida de quienes habitan alrededor de estas instalaciones. “Después del ruido, los olores son la segunda causa más denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente”, señaló el Ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, al momento de anunciar la noticia. Al mismo tiempo, destacó: “Queremos potenciar y mejorar la sustentabilidad en la producción del sector porcino, por lo que esta norma ampliamente esperada por la comunidad, busca también aumentar la tecnología y asociatividad de los planteles para disminuir sus impactos, tanto en sus vecinos como en el medio ambiente”, añadió.

SOBRE 750 ANIMALES Esta regulación rige para todos los criaderos de cerdos emplazados en el territorio nacional que tengan sobre 750 animales, para los cuales se establecen límites de emisiones, así como la necesidad de implementar mejoras tecnológicas y buenas prácticas operacionales para el control odorífero en las actividades que desarrollan. Así, por ejemplo, aquellos planteles EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

porcinos que aún posean lagunas de purines sin tratar deberán implementar tecnologías para reducir los olores que allí se generan. Además, exige reportar las prácticas operacionales que ayudarán a disminuir los eventos odorantes y mejorar la comunicación entre autoridades, establecimientos regulados y comunidad. La normativa se desarrolló en el marco de la Estrategia para la Gestión de Olores que se puso en marcha en el año 2012 y, según resaltan desde el Ministerio del Medio Ambiente, cuenta con robustas técnicas de medición, con estándares similares a los de Holanda y está homologada por el Instituto Nacional de Normalización (INN). La norma entrará en vigencia una vez que se publique en el Diario Oficial, lo que hasta el 10 de febrero pasado aún no ocurría. La Superintendencia del Medio Ambiente velará por el cumplimiento de los estándares establecidos en la regulación, y coordinará un sistema de reportes que permita el autocontrol de las empresas y la disposición de información actualizada. Cabe señalar que esta es la primera de una serie de normas que elaborará el Ministerio del Medio Ambiente para el control de olores en diversos rubros priorizados en la mencionada Estrategia. En ese contexto, ya están en etapa de anteproyecto otras regulaciones para el sector de procesamiento de productos del mar y para las plantas de celulosa. A eso se debieran sumarán luego los sitios de disposición final de residuos y las plantas de tratamiento de aguas servidas.


PUNTOS DE VISTA 73

El fin de la era hídrica

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Por Sebastián Videla Decano Facultad de Ingeniería Universidad Católica de Temuco

esde las épocas antiguas hasta nuestros días hemos vivido un ciclo de lo que podemos llamar la civilización hídrica, donde la sociedad solucionaba la relativa escasez de agua para consumo humano asentándose en sitios con suministro permanente, luego construyendo obras hidráulicas, mejorando la gestión del recurso y desarrollando diversos procesos tecnológicos para asegurar su abastecimiento. Se puede discutir si han existido 3 o 4 periodos históricos distintos en este ciclo, pero todos se basaban en aprovechar recursos de agua dulce existentes y en épocas más actuales usar agua de mar. El cambio climático nos conduce inexorablemente al fin de la era hídrica. Los recursos hídricos fáciles de usar para el consumo humano hace tiempo entraron en fase terminal. La contaminación de las aguas se suma a esta difícil situación. Para países como Chile los escenarios hídricos no son auspiciosos, menos aún con la tardanza en desarrollar acciones estructurales que den algo de holgura. Nos hemos acostumbrado a ver camiones aljibes llevando agua a poblaciones, decretos de escasez hídrica y ahora se nos informa de racionamientos del agua potable junto con incipientes acciones para reducir consumos en riego de plazas y áreas verdes. Desde el punto de vista normativo se ha modificado el Código de Aguas y se proponen cambios constitucionales que pongan el consumo humano como prioridad, iniciativas que apuntan en la dirección correcta, pero que son tardías y posiblemente no permitan enfrentar con éxito la grave crisis hídrica. El cambio de paradigma es necesario, pero no suficiente cuando se trata de situaciones urgentes. Necesitamos acciones inmediatas, el tiempo a favor se ha consumido sin avances. Implementar proyectos estructurales requiere no menos de 10 años, periodo en que la población no resistirá la ausencia de agua y esto abrirá espacio a conflictos muy graves. Por ello es urgente iniciar un proceso más exigente, con acciones administrativas de carácter nacional, regional y local. La aceleración de programas y proyectos a nivel urbano y rural debe ser armonizada con acuerdos ciudadanos y con mejoras sustanciales de comunicación, capacitación y desarrollo de proyectos a toda escala. Esperamos que se haga un cambio de objetivos y estrategias, centrado en soluciones de largo plazo, pero sin olvidar que necesitamos acciones inmediatas que nos hagan entrar con esperanzas de éxito en un nuevo paradigma hídrico.


A “ESTRUJAR” LOS RELAVES La minería del cobre sigue incrementando la recuperación de agua desde los relaves para abastecer su creciente demanda hídrica. Conozca algunos ejemplos, proyectos y desarrollos tecnológicos para mejorar este proceso.

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a minería del cobre, muy demandante de recursos hídricos, está en medio de una especie de tormenta perfecta en Chile. Por un lado, le afecta el cambio climático, la sequía y la cada vez menor disponibilidad de agua fresca. Y por otro, enfrenta una caída sostenida en las leyes de los minerales y una transformación en su matriz productiva –apostando por los minerales de sulfuros que son procesados por flotación– que la obliga a demandar mayores volúmenes del vital elemento. Tan complejo escenario ha provocado, especialmente a partir de la última década, que la mayoría de las grandes empresas del rubro esté alimentando sus procesos con agua de mar. Es una realidad que, de acuerdo al estudio “Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 20212032”, se intensificaría en los próximos años. El análisis de Cochilco proyecta que la demanda de agua del sector sería de 20,9 m3/s en 2032, de los cuales el 68% (14,2 m3/s) provendría del mar, con un alza anual promedio del 9%. Y el 32% (6,7 m3/s) restante lo aportarían las aguas continentales, con un decrecimiento por año en torno al 5%. A su vez, la tasa de aumento anual en el consumo de agua de esta industria sería del 2% promedio, toda vez que “en la próxima década el incremento del procesamiento de minerales sulfurados en plantas concentradoras pasará de 692,5 millones a 1.046 millones de toneladas, con un crecimiento de 51,1%”, señala el informe.

FUENTE ALTERNATIVA Según se precisa en un boletín del Programa de Mejoramiento Institucional en Recursos Hídricos de la Universidad Católica del Norte, la disponibilidad de agua es una limitante importante en la expansión de los yacimientos de cobre en Chile. Más aún considerando que la mayoría de las operaciones mineras están ubicadas en el Desierto de Atacama, “lo que hace necesario la recuperación de agua en el proceso de concentración del mineral”. En ese contexto, plantea que actualmente existen diferentes opciones para la recuperación y recirculación de agua desde relaves, como el espesamiento de relaves convencional, el de alta densidad y en pasta. Agrega el documento: “Cada cual tiene asociado un cierto nivel máximo de recuperación de agua en términos de potencial. Es así como para un mineral con contenidos razonables de arcilla, a través de un espesamiento convencional es posible alcanEDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

zar densidades del orden del 60% en la descarga. Sin embargo, al espesar a niveles de alta densidad y/o pasta, los porcentajes de sólidos que se pueden lograr son del orden del 68% y 75%, respectivamente. La aplicación de los relaves espesados, empero, requiere equipos, energía y mano de obra calificada que actualmente no son técnica ni económicamente factibles de aplicar a la gran minería”. También destaca que se puede recuperar agua desde los relaves mediante el proceso de filtrado. “Su ventaja es que, independiente del contenido de arcillas, es posible alcanzar queques con humedades residuales entre 15% y 22%, con la consiguiente mayor recuperación de agua. No obstante, al igual que los relaves espesados, esta tecnología no logra procesar la totalidad de la producción de relaves, por lo que su aplicación en la gran minería del cobre a gran escala no es posible en la actualidad”, afirma. Lo ratifica Cecilia Riveros, Gerente de Relaves de Arcadis Chile: “Hoy se ve más conveniente extraer el agua del relave mediante algún proceso de desaguado, que puede ser mediante filtrado o espesamiento de alta densidad. Sin embargo, en el proceso de filtrado aún no hay experiencia probada para un gran tonelaje como se requiere para nuestra minería nacional. Podríamos llegar al absurdo de tener una planta de filtros más grande y compleja que una planta de procesos de mineral”. No obstante, resalta que en relaves donde se aplican técnicas de desaguado se puede recuperar más del 60% del agua allí contenida. A su juicio, uno de los grandes desafíos de la minería nacional, y también de las empresas proveedoras de equipos y de servicios como Arcadis, es contribuir a evitar grandes pérdidas de agua y optimizar el uso del recurso. “Para eso se requiere el desarrollo de tecnologías capaces de operar con grandes producciones e innovaciones para extraer el agua remanente retenida en los relaves que ya están operando”, comenta.

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO Una de esas tecnologías podría surgir del proyecto “Desarrollo de un producto biotecnológico en base a principios biocementantes para la recuperación de agua en relaves mineros”, que busca promover el efecto de biocementación para conferir geoestabilidad a los relaves depositados y aumentar la cantidad y calidad de agua recuperada. En la iniciativa, apoyada por Corfo, participan SUEZ Chile, Cetaqua Chile y las universidades Técnica



Federico Santa María (USM) y Católica de Valparaíso. Claudio Acuña-Pérez, académico de la USM, aporta más antecedentes: “La tecnología que se plantea en este proyecto se basa en la bioprecipitación de calcita inducida por microorganismos, permitiendo la formación de carbonato de calcio, que es la principal materia prima utilizada en la producción del cemento. Se induce así un efecto cementante que permite modificar las características reológicas de la pasta residual que constituye el relave, pudiendo mejorar la estabilidad fisicoquímica de este pasivo ambiental y, a su vez, la recuperación de agua en faena”. ¿Avances? Ya se han evaluado biocementantes combinados con floculantes y coagulantes tanto a escala de laboratorio en condiciones controladas como a nivel piloto, por lo que continúan los trabajos para el desarrollo tecnológico final del producto dados los buenos resultados obtenidos hasta la fecha. Por otra parte, un estudio sobre recuperación de agua en relaves mineros mediante el uso de drenaje electro osmótico (DEO) –realizada por dos estudiantes y un académico del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la USM– demostró que este sistema logra retirar el agua retenida capilarmente en el relave de una manera económica, puesto que permite generar un flujo de agua independiente de la permeabilidad del medio. Otra ventaja de esta alternativa es que reduce el volumen de los tranques de relaves, “lo cual disminuye la contaminación que producen éstos al escurrirse hacia las napas subterráneas”, asegura el informe.

PROYECTOS Y TASAS DE RECIRCULACIÓN

de un proyecto piloto desarrollado en alianza con el Centro Nacional de Pilotaje para la Minería. Tendrá una duración aproximada de 12 meses y cubre un área de prueba inicial de 300 hectáreas (ha) al interior de la cubeta del tranque, que posee a la fecha una extensión superficial de 1.000 ha. A su vez, Minera Centinela, que agrupa a las faenas Esperanza y El Tesoro de Antofagasta Minerals, obtuvo recientemente la aprobación ambiental para ampliar la capacidad del depósito de relaves ubicado en la Región de Antofagasta. Esto permitirá ralentizar su tasa de llenado y optimizar la tasa de recuperación de agua para uso industrial. Respecto a las tasas de recirculación de agua desde relaves, Escondida, para su depósito de Laguna Seca, informó al Consejo Minero que en 2020 alcanzó los 1.200 l/s “a través de torre de captación y estaciones de bombeo booster”. Y también mediante “cortina de pozos y sistema de drenaje”. Codelco Chuquicamata, para el mismo periodo, detalló que el relave proveniente de las concentradoras se deposita en sectores del tranque Talabre donde se optimiza la recuperación de agua. Luego, mediante sistemas de bombeos móviles y canalizaciones, el recurso se envía a la laguna principal y desde allí se deriva a los procesos industriales. Así, logró un promedio de recirculación de agua de 660 l/s.

Gentileza Rodrigo Sáez/Greenpeace

Con “bombos y platillos”, Anglo American anunció en octubre pasado la incorporación del primer equipo “Mud Master” en el país. La tecnología permite acelerar el proceso de compactación de los relaves de forma mecánica y mejorar así la eficiencia en el manejo del agua ahí contenida. El equipo, que ya opera en el tranque de relaves Las Tórtolas, es parte

10%

Como máximo, del consumo de agua de la minería nacional deberá provenir de fuentes de aguas continentales al 2030. Esa es una de las metas propuestas por el anteproyecto de la Política Nacional Minera 2050.

“Hoy se ve más conveniente extraer el agua del relave mediante algún proceso de desaguado, que puede ser filtrado o espesamiento de alta densidad”, afirma Cecilia Riveros, Gerente de Relaves de Arcadis Chile. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022


PUNTOS DE VISTA 77

Derechos y deberes para el buen vivir

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Por Hernán Durán Presidente Ecoingeniería Sustentable e Inversiones

stamos próximos al cambio de gobierno y muy expectantes acerca de lo que se configurará con esta renovación que no sólo será de presidente, sino también de época. Todo esto en el complejo contexto mundial del avance del COVID y del cambio climático, por señalar apenas los aspectos trascendentales, cuyas evoluciones y perspectivas son inciertas y peligrosas, por decir lo menos, si no adoptamos una postura ética, generosa y coherente. La respuesta a la problemática es esencialmente política. Y la pregunta que surge es: ¿hasta dónde deben llegar los cambios ambientales que se requieren en esta etapa para contribuir a enfrentar los dos grandes temas planteados? Esto, en un escenario con nuevos enfoques y una gran participación ciudadana. Se trata también de un peligroso juego de actores en que cada uno tiene que ceder y convencer. La ciudadanía expresa su sentir y no tiene por qué ser responsable de que su opinión esté técnica o científicamente sustentada. Su derecho es, por ejemplo, a exigir agua potable para todos, ambiente limpio con recolección y cero residuos a rellenos, buena calidad del aire, protección de la naturaleza, vivienda de calidad, etc. Los técnicos y científicos tenemos que ser capaces de diseñar y delimitar las posibilidades, proponiendo lo que se puede hacer, en qué plazo y a qué costo. Los políticos y empresarios tienen que tomar las decisiones acerca del camino a seguir y asumir los costos sociales y no sólo los beneficios personales. El primer desafío es, entonces, resolver la ecuación de cómo cada cual puede opinar con independencia de los impactos que generan sus aspiraciones, con honestidad y seriedad. El punto central es cómo se incorporan los deberes a los derechos y las decisiones a la realidad. El ciudadano es naturalmente el centro y se debe responder a sus aspiraciones con soluciones de forma tal que las asuma convencido. Su conformidad o disconformidad la manifestará por los caminos democráticos. Los científicos y técnicos tenemos que ser capaces de evaluar muy responsablemente las alternativas, sin pretender copiar esquemas importados; y cuando no sabemos, debemos preguntar y convocar al trabajo colectivo. Los políticos arriesgan su base electoral y su prestigio profesional. Podrán inventarse distintos modelos participativos y punitivos, pero lo principal que debe estar presente es el aspecto ético, tan bien definido en el interés común por el buen vivir o “Sumak Kawsay”.


78 ACUICULTURA

REGLAS PARA LOS SALMONES Conozca dos nuevas regulaciones para la industria acuícola: la ley que obliga a remover los desechos de los fondos en las áreas de concesión y el reglamento para el control en línea de parámetros ambientales.

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ACUICULTURA 79

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n las últimas dos décadas, Chile se ha convertido en un importante exportador de productos del mar a los mercados mundiales. El ejemplo más claro es que nuestro país es el segundo productor de salmón a nivel global y el volumen de envíos al exterior de esta industria es superado sólo por el cobre. De acuerdo con cifras del Consejo del Salmón, esta actividad produce en torno a un millón de toneladas de salmónidos al año, con exportaciones que bordean los US$5.000 millones en el mismo período. En ese contexto, esta industria –cuyas prácticas ambientales y sanitarias son constantemente cuestionadas– debe preocuparse de cumplir con las crecientes exigencias que imponen destinos como Estados Unidos, Rusia, Japón o China; y más importante que eso, contar con estándares de operación que le permitan seguir desarrollándose de manera sostenible. Apuntando a esa dirección, durante el mes de enero se publicaron dos regulaciones que atañen al sector, cuyos principales aspectos revisamos a continuación: la Ley Nº 21.410, que exige la limpieza de los fondos en las zonas de concesiones acuícolas, y el reglamento para el control en línea de parámetros ambientales en los centros de cultivo.

FONDOS MÁS LIMPIOS El 27 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.410, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (N° 18.892), para exigir a los titulares de una concesión acuícola –o quien tenga un derecho sobre esa área para el ejercicio de la actividad– que adopten medidas para evitar o reducir el depósito de desechos en el fondo de esas zonas.

Cuando se trate de residuos orgánicos, se deberá presentar ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) un plan de recuperación para mejorar las condiciones del área de sedimentación y acelerar la incorporación de la materia orgánica al ambiente, ya sea mediante mecanismos físicos, químicos o biológicos. Esto se tendrá que complementar con un plan de investigación que contribuya a desarrollar métodos y tecnologías para recuperar los fondos marinos. Esta Ley entrará en vigencia el 28 de enero de 2024, y los planes de recuperación e investigación se deberán presentar dentro de los seis meses previos a esa fecha. El texto legal también obliga a los concesionarios acuícolas a aplicar medidas para evitar que se depositen desechos inorgánicos en los fondos de estas áreas. Si se constata su existencia, el infractor tendrá que realizar los trabajos de limpieza correspondientes en un plazo de seis meses, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder. Dicho lapso corre desde la fecha de publicación de esta Ley. Para transportar y disponer los residuos extraídos se deberá recurrir a medios y lugares autorizados. En caso de incumplir lo establecido, la Ley 21.410 impone sanciones como la suspensión de operaciones durante dos años, o por el doble de tiempo si es que el infractor no hubiese retirado los desechos inorgánicos en el plazo establecido. Incluso abre la opción de caducar la concesión a quien sea sancionado por segunda vez.

VISIÓN GREMIAL Esteban Ramírez, Gerente General del Instituto Tecnológico del Sal-


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La Ley Nº 21.410 establece que los titulares de concesiones deberán presentar un plan de recuperación para mejorar las condiciones del área de sedimentación. món (Intesal) de SalmonChile, comenta que la nueva ley va en la línea de los objetivos de sustentabilidad del sector. “Valoramos que estimule y propicie la generación de planes e investigaciones respecto al fondo marino, ya que acelerará el desarrollo de soluciones. Es algo en lo que hemos venido trabajando y las empresas del gremio están preparadas para llevar adelante la ejecución de la ley, no sólo por cuanto es una obligación, sino porque desde antes de la regulación se había trabajado en buscar las vías que resguarden los fondos”, afirma el representante gremial. Añade que numerosas compañías han efectuado el retiro de residuos inorgánicos, incluso antes de que se discutiera el proyecto de ley. Respecto a la presencia de sedimentos en el fondo marino, Ramírez puntualiza que “llevamos años buscando sistemas que minimicen la generación de residuos”. Según el ejecutivo, algunas de esas innovaciones son el uso de sistemas de control automático equipados con análisis de comportamiento, imágenes e inteligencia artificial; y el aumento de la digestibilidad del alimento, lo que minimiza el transporte de fecas hacia el fondo. “Últimamente, estamos incorporando sistemas tecnológicos físicos no invasivos, como el uso de oxígeno en burbujas o nanoburbujas, para facilitar la degradación natural en los sedimentos de la materia orgánica y permitir condiciones químicas y físicas óptimas para la vida del fondo marino”, agrega.

MONITOREO EN LÍNEA Por otro lado, tras publicarse en el Diario Oficial el 5 de enero, comenzó a regir el reglamento de control en línea de parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones de acuicultura. En su articulado se establecen los requisitos y condiciones que deberá tener el sistema de monitoreo o control en línea de los centros de cultivo. Esto, considerando aspectos relevantes como las variables meteorológicas y oceanográficas, la recepción y transmisión de las mismas, así como el almacenamiento y procesamiento de la información. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

Al respecto, Ramírez entrega la visión del gremio salmonicultor: “Esta iniciativa se convierte en algo inédito a nivel país y global, ya que permitirá contar con una red de monitoreo sobre variables oceanográficas desde el sector privado, contribuyendo así con una mayor intensidad espacial y temporal de información”. En esa dirección, detalla que, “sumando las variables espacio temporales del monitoreo en línea se podrá potenciar y robustecer la base de información existente en tiempo real, lo que será clave para decisiones, discusiones y manejos del sector localizado al sur de nuestro país”. En el decreto, asimismo, se describen las distintas especificaciones técnicas que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura definirá mediante resolución. Estas se refieren a los estándares que deberán cumplir los equipos a utilizar: ubicación (lugar, altura y profundidad), frecuencia de registro de información, estándares para la certificación de los instrumentos y el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones que impone el reglamento, entre otros aspectos. El representante de SalmonChile explica que los monitoreos y herramientas que documenten información en tiempo real posibilitarán un mayor desarrollo de conocimiento, ciencia y tecnología frente a futuros escenarios de cambios globales que la industria salmonera está enfrentando. “También se complementará con una base de datos de buena calidad para investigaciones relacionadas con esta actividad”, acota. En ese sentido, plantea que este reglamento es un gran paso para la ciencia “y, desde lo técnico, creemos que en el futuro también deberá considerar otras tecnologías de monitoreo no estáticas, sino instrumentos móviles que pasen sucesivamente por los mismos puntos y usen algoritmos que permitan ensamblar los datos”. Adicionalmente, añade Ramírez, se pueden esperar posibles avances en el monitoreo satelital de algunas variables que por ahora se tomarán in situ. “Es decir, aún hay mucha innovación por desarrollar en el ámbito del monitoreo ambiental”, concluye.


María Eugenia Ubilla Flores

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ntensos y muy desafiantes han sido los primeros 11 años de actividad laboral de María Eugenia Ubilla, tras titularse de Ingeniero de Ejecución en Ambiente. Más de la mitad de ese tiempo lo ha dedicado a la empresa Flesan, de la que actualmente es su Gerenta de Medio Ambiente. Con diplomados en Gestión Ambiental y Comunitaria en la Construcción, Recursos Naturales y Medio Ambiente, además de otro en curso sobre Economía Circular, se encarga hoy de gestionar “la documentación necesaria para controlar los aspectos ambientales en terreno de las faenas de responsabilidad de Flesan y de su grupo de empresas”. También verifica el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable y la implementación de sistemas de gestión ambiental en los procesos ejecutados en terreno. Asimismo, comprueba la adecuada instrucción en temas de manejo de materiales con contenido de asbesto friable y no friable, principalmente. María Eugenia Ubilla se ha propuesto que “cada vez más personas entiendan que el cuidado del medio ambiente es un pilar de trabajo para que cada obra se ejecute con sustentabilidad y progreso verde”. Además, espera “innovar hacia técnicas que permitan generar procesos en obras previas y construcción que potencien la economía circular; que los proyectos tengan la misma importancia que cualquier área de backup, para así prever posibles problemas en obra y no cuando el impacto ambiental ya fue hecho; e involucrar a los titulares de proyectos como encargados del cuidado y respeto del medio ambiente, con responsabilidad legal por la normativa aplicable. Es un camino que recién comienza pero que tiene buen avance”. En paralelo, participa en el Programa Construye 2025 de Corfo como integrante del Comité Gestor de Gestión de Residuos de la Construcción. Y desde el 2018 dicta clases en el módulo Demolición y Desmantelamiento de Instalaciones del Postítulo en Cierre de Faenas Mineras del Centro de Minería de la PUCV.

Mariela Orellana Corrotea

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osicionar a Mathiesen SAC como una empresa reconocida en el mercado de las aguas. Ese es el principal objetivo profesional que se ha puesto a corto plazo Mariela Orellana, como Product Manager en esta nueva área de negocios dentro de una compañía que lleva más de 80 años en Chile entregando soluciones para sectores como celulosa, farmacéutica, cosmética, minería y mantención industrial. Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un Magister en Medio Ambiente, mención ingeniería de tratamiento de residuos de la Universidad de Santiago, suma más de 18 años de experiencia en empresas de los rubros alimentario, minería, producción e industrial. En ese contexto, se ha desempeñado principalmente en las áreas técnica, comercial y de compras, adquiriendo conocimientos específicos que le permiten prestar asesorías integrales en materia de tratamiento de aguas. Hoy en Mathiesen su tarea principal es desarrollar dicha área, “en el plano de aplicación de productos químicos para aguas crudas o frescas, aguas servidas y riles; como también el desarrollo de las membranas de osmosis reversa”. Además, tiene a su cargo: la negociación con proveedores locales e internacionales para implementar el portafolio de la empresa; la validación de los productos en clientes, así como la venta y post venta de los mismos; el desarrollo de procedimientos de laboratorio y pruebas en planta para la aplicación de productos; y la realización de evaluaciones económicas para ofrecer alternativas reales para sus clientes. Responsable, perseverante, metódica, empática, asertiva, resiliente, con capacidad para trabajar en equipo y objetivos claros, a mediano plazo Mariela Orellana espera consolidar el área de tratamiento de aguas de Mathiesen, contando con una cartera fidelizada y creciente de clientes.


82 INTERNACIONAL

¡CULPABLES! En la historia reciente numerosas empresas multinacionales han sido fuertemente sancionadas o demandadas por graves daños contra el entorno natural y humano en distintos países. Los siguientes son algunos de los casos más emblemáticos.

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INTERNACIONAL 83

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n inolvidable inicio del siglo XXI tuvo Julia Roberts. En el 2000, la actriz estadounidense se convirtió en la mejor pagada entre sus pares al cobrar unos 20 millones de dólares por el rol protagónico en la película “Erin Brockovich”. Por su elogiada actuación recibió, además, los premios Óscar y Globo de Oro al año siguiente, entre otros reconocimientos. Por si fuera poco, puso en el tapete una problemática de larga data, y sin solución aún en muchos casos, en Norteamérica y otras extensas latitudes: el importante daño a la salud de las personas y al medio ambiente que llega a generar en ocasiones la actividad industrial. El filme, en particular, se basa en la historia real de una empleada en una oficina de abogados que logró ganar un importante juicio contra Pacific Gas & Electric Company. Esta empresa contaminó con cromo hexavalente, un compuesto altamente cancerígeno, las aguas subterráneas de la localidad de Hinkley, en California, desde mediados del siglo pasado. Después de varios años de disputas judiciales, los afectados consiguieron una indemnización de más de 330 millones de dólares. En Chile, uno de los eventos de contaminación ambiental de mayor connotación pública, ligado a empresas que finalmente fueron sancionadas, ocurrió en 2004, cuando cientos de cisnes de cuello negro murieron sin que existiera una razón natural en el Santuario Río

Cruces, en Valdivia. El Primer Juzgado Civil de la ciudad determinó que la responsable era Celulosa Arauco, específicamente los residuos industriales líquidos provenientes desde su planta local. La empresa decidió no apelar y aceptar el pago al Estado de $2.600 millones y de una suma similar para establecer programas de desarrollo comunitario, además de otras medidas. Otra sanción de alta notoriedad es la que recibió el proyecto minero Pascua Lama, que Compañía Minera Nevada (perteneciente a la canadiense Barrick Gold) pretendía poner en marcha en la comuna de Alto El Carmen, región de Atacama. En 2020, la iniciativa fue clausurada de manera definitiva por el Primer Tribunal Ambiental que además ratificó la multa de más de $7.000 millones impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente, a raíz de los daños provocados a los glaciares y a los cursos de agua de la zona como el río Estrecho, entre otras infracciones. Una apelación a la Corte Suprema mantiene aún en vilo el cumplimiento del fallo. A esos casos se suman numerosas denuncias ciudadanas contra diversas empresas, como las ubicadas en zonas altamente contaminadas por actividades industriales como Coronel, Huasco o QuinteroPuchuncaví, aunque en ninguno de esos casos se han determinado sanciones severas o condenas judiciales para alguna compañía en particular por los evidentes daños provocados a la población y al medio ambiente.

MONSANTO Y MÁS

Norilsk Nickel debió pagar 1.900 millones de dólares por derramar unas 21 mil toneladas de petróleo en el Ártico ruso.

14.745

Unidades tributarias anuales (más de $9.700 millones actuales) es la mayor multa histórica aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente a una empresa en Chile. Recayó en la minera Lumina Cooper, en 2015, principalmente por una serie de incumplimientos de su proyecto Caserones asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del río Copiapó.

De manera periódica se conocen en el mundo nuevas sentencias o denuncias contra empresas multinacionales por cometer daños o delitos ambientales, los cuales, sin embargo, no están tipificados como tales en muchos países. Es lo que ocurre en Chile, donde un proyecto de ley, en trámite desde hace más de 3 años, pretende revertir esa situación. Por citar un ejemplo, el pasado 24 de diciembre el estado de California, en Estados Unidos, anunció que había demandado a la cadena Walmart por eliminar millones de residuos tóxicos de forma ilegal. Una autoridad local reveló que en la revisión de 58 compactadores de basura de las tiendas de la compañía, entre 2015 y 2021, se encontraron desechos que requerían manejo especial al momento de arrojarlos, como baterías, insecticidas, artículos de limpieza y desechos electrónicos, entre otros. Basado en los registros de Walmart, el estado asegura que la cadena de tiendas se deshace ilegalmente de más de 72 mil kilos de residuos tóxicos cada año en millones de estos artículos. La empresa, en sus descargos, exhibió antecedentes que demostrarían la efectividad de su programa de eliminación de desechos tóxicos. El debate judicial promete extenderse por años. Muy prolongados han sido también los juicios, en distintos países, contra Monsanto, gigante agroindustrial de propiedad de Bayer desde 2016. Su operación ha generado y sigue produciendo controversia por el peligro potencial de algunos de sus productos sobre la salud humana y el medio ambiente. Sin ir más lejos, en junio de 2019 el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, presentó una demanda civil contra la compañía por la presunta contaminación de diversos cuerpos de agua con productos cancerígenos como los bifenilos policlorados (PCB). Dos años antes, a instancias de más de mil organizaciones no gubernamentales (ONGs), el Tribunal Internacional Popular de La Haya (Holanda) –entidad judicial simbólica que utiliza los mismos procedi-


84 INTERNACIONAL

La comercialización del agroquímico Roundup, elaborado a base de glifosato, ha recibido muchos cuestionamientos por sus posibles efectos tóxicos en la salud humana.

mientos de la Corte Penal Internacional (CPI) que sesiona en la misma ciudad– emitió una dura sentencia en contra de Monsanto. Luego de analizar su historia, encontró a la empresa culpable de los delitos de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, y a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Lo anterior, sobre todo, por comercializar desde hace más de un siglo productos altamente tóxicos, como PCB; el 2,4,5-T; el herbicida Lasso; y el muy cuestionado Roundup, elaborado a base de glifosato. Aunque solo se trató de una sanción ética, las conclusiones del fallo han sido usadas en demandas en diversos países, y se están ocupando para incluir la figura del ecocidio en el Estatuto de Roma de la CPI.

OTROS CASOS Otras compañías de alcance global, como Barrick y Texaco-Chevron, también enfrentan juicios y han sido apuntadas con el dedo por ONGs, pueblos originarios y otros sectores de la sociedad por su huella contaminante en distintas partes del planeta. En los últimos meses, dos onerosas sanciones a empresas mineras han tenido amplia difusión por su monto y el daño ambiental que las provocaron. Una de ellas, la canadiense Mina Tucano, fue multada con

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unos 10 millones de dólares por su responsabilidad en la mortandad de peces en el extremo norte de la Amazonía, en Brasil. Allí contaminó dos arroyos con cianuro de mercurio, que emplea para la extracción del oro. Peor le fue al gigante minero ruso Norilsk Nickel, que debió pagar en 2021 una multa récord de 1.900 millones de dólares tras ser condenado por la justicia rusa por un gran derrame de petróleo en mayo de 2020. En el dictamen se aseguró que unas 21 mil toneladas de crudo de la compañía contaminaron varios cursos de agua en el Ártico. La limpieza del combustible tomará años. Grandes repercusiones tuvieron también los resultados del último estudio anual que elabora Greenpeace sobre las empresas que más contaminan con plásticos a nivel mundial. El análisis arrojó que Coca-Cola, Pepsi, Unilever y Nestlé, en ese orden, son las que más lo hacen. La organización asegura que Coca-Cola, que ha encabezado el ranking en los cuatro años del informe, produce alrededor del 10% de los envases plásticos asociados a marcas que se desperdician en el planeta, lo que equivale a unas tres millones de toneladas. En el “top 10” de la lista figuran, además, Procter & Gamble, Mondelez, Philip Morris, Danone, Mars y Colgate-Palmolive. El reporte se realizó a partir del trabajo de unos 11 mil voluntarios que limpiaron las playas de 45 países y recogieron más de 330 mil envases.


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Derrame de petróleo causa el peor desastre ecológico en Perú Desde el 15 de enero, debido a un gigantesco derrame de petróleo, Perú vive el que ha sido catalogado como el peor desastre ecológico de su historia. Un daño que, según los expertos, parece imposible de revertir, considerando su magnitud y la duración de meses y hasta años que podría tener. Inicialmente, la multinacional Repsol informó que se habían derramado sólo siete galones de petróleo (unos 26 litros), cerca de su refinería La Pampilla, cuando descargaba el combustible de un buque frente a las costas del Callao. Según la empresa, el desastre habría tenido su origen en el fuerte oleaje provocado por la erupción de un volcán submarino en Tonga. A los pocos días, el Ministerio del Ambiente peruano aseguró que el vertimiento de crudo al Pacífico involucraba unos 6.000 barriles (casi un millón de litros), cifra que posteriormente actualizó a por lo menos 11.900 barriles (casi dos millones de litros). La compañía, por su parte, fijó los barriles diseminados en 10.396. La inmensa mancha de petróleo se ha seguido expandiendo hacia el norte de Perú, contaminando más de una veintena de playas y cinco reservas naturales. Como resultado del “ecocidio” han muerto miles de peces, aves y nutrias, y han quedado sin trabajo más de 3.000 personas entre pescadores, artesanos y comerciantes. Mientras continúan las investigaciones fiscales por el delito de contaminación ambiental, que por ahora impide a los principales ejecutivos de Repsol abandonar el país, la compañía y el Gobierno no coinciden en las causas y la responsabilidad del derrame.

MP 2,5 también tiene alto impacto en zonas rurales

Aprueban construir cementerio nuclear en Suecia

Una investigación de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, demostró que la contaminación del aire en entornos rurales es tan peligrosa, y en algunos aspectos más, que la contaminación atmosférica en zonas urbanas al analizar el material particulado fino (MP 2,5). “Nuestras muestras rurales tenían menos masa que las de los entornos urbanos, pero el potencial oxidativo era igual al de las muestras de estos últimos. Además, el potencial oxidativo de las muestras rurales fue mayor en el verano que en el invierno, lo que sugiere que la actividad agrícola en verano puede producir partículas de MP 2,5 que son tan tóxicas como las de los entornos urbanos”, comentó el profesor y autor del proyecto, Vishal Verma.

El gobierno sueco aprobó construir una instalación de almacenamiento para mantener a salvo el combustible nuclear gastado por el país durante los próximos 100 mil años. Las centrales nucleares suecas han producido unas 8.000 toneladas de residuos altamente radiactivos, incluido el combustible utilizado, desde que empezaron a funcionar en la década de 1970. El plan consiste en enterrar los desechos y el combustible que usarán los reactores hasta su cierre, durante la década de 2040, a 500 metros de profundidad en el lecho rocoso cerca de la central nuclear de Forsmark. Al cabo de unos 70 años, cuando los túneles completen su capacidad, se rellenarán con arcilla bentonita para evitar la entrada de agua y se sellarán.


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CONSEJOS A LA VISTA

Las siguientes recomendaciones y ejercicios buscan evitar la fatiga ocular, un problema de salud laboral muy común en estos tiempos por la exposición prolongada a pantallas de computadores.

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¿

Trabaja muchas horas diarias frente a la pantalla de un computador? Si es así, y últimamente ha presentado síntomas como ojos rojos y llorosos, visión borrosa, sensación de pesadez de los párpados, cefalea y/o dificultad para enfocar o fijar la mirada, su padecimiento puede tener un diagnóstico inequívoco: fatiga ocular o visual. Es un síndrome, condición o enfermedad profesional muy común y, de acuerdo a estudios, una de las menos tratadas pese a que en muchas ocasiones se vuelve crónica. El Dr. Felipe Valenzuela, oftalmólogo de la Clínica Universidad de los Andes, señala en un artículo institucional que “la exposición de muchas horas y de forma continua frente a las pantallas nos puede producir fatiga visual. Esto se produce fundamentalmente porque la tasa de parpadeo de nuestros ojos disminuye en forma muy significativa, lo que tiene como consecuencia una pérdida de la lubricación y con ello una peor calidad visual. En ese contexto, esta patología se manifiesta habitualmente con ardor, sensación de quemazón, picazón o lagrimeo de forma compensatoria. En algunos casos, se produce una visión borrosa o nublada, y genera intolerancia a la luz fuerte o brillante”. En otras publicaciones se menciona que este problema puede desencadenarse, junto con la exposición permanente a pantallas de computadores, por condiciones de iluminación inadecuada o mala regulación del contraste de las pantallas. “O puede deberse a la existencia de algún defecto de refracción leve como miopía, astigmatismo o hipermetropía que no ha sido diagnosticado y tratado”, asegura un artículo de la Universidad de San Sebastián. Su aparición suele asociarse también a personas mayores de 40 años que sufren presbicia, condición que dificulta el acomodo de los músculos del ojo.

levantarse del puesto para que la pausa laboral beneficie tanto a los ojos como a otros segmentos corporales que han estado estáticos durante la jornada.

Enfocar posteriormente la vista en un objeto un poco más alejado que el que se acaba de observar. Visualizar por 10 segundos y pestañear.

Trabajar en condiciones de buena iluminación y lo más ergonómicas posibles, con la altura de la pantalla al nivel de los ojos y aproximadamente a un brazo de distancia (unos 60 cm.).

Repetir el ciclo unas 15 veces.

— Hacer recorrido con la vista Mantener la vista fija en un objeto es fatigante para los ojos, ya que restringe el flujo sanguíneo. Por el contrario, mantener la vista activa ayuda a una mejor circulación sanguínea en los ojos, por lo que se aconseja observar todo lo que está a alrededor, durante un minuto, moviendo suavemente la vista de un lado hacia otro.

Evitar el brillo directo en la pantalla o los reflejos que caigan sobre ella. No es recomendable usar una pantalla brillante en un lugar oscuro. Es importante que el brillo sea sutil y se adecúe a la luz ambiental.

Usar gotas lubricantes que permitan mejorar la humectación en la superficie de los ojos si así lo indica el oftalmólogo.

— Realizar elongación visual

Ajustar el tamaño de los textos a las necesidades personales. Por ejemplo, si se trabaja con una pantalla pequeña es preferible agrandar la letra para que los ojos no tengan que hacer un gran esfuerzo.

Fijar la vista en un punto fijo y luego comenzar a girar los ojos en el sentido de las agujas del reloj.

Realizar, una vez completado el círculo, la misma serie hacia el otro lado. En ambos casos hay que repetir cuatro veces la rutina de manera lenta, sin forzar los ojos.

Estas elongaciones aportan relajo, coordinación y tonicidad a la musculatura visual. Para hacerlo se recomienda:

CINCO EJERCICIOS Desde la Mutual de Seguridad, en tanto, sugieren realizar a diario los siguientes ejercicios para prevenir la fatiga visual: — Desenfocar lejos-cerca Este ejercicio mejora la coordinación de los ojos y hace que los músculos que controlan los movimientos visuales recuperen la flexibilidad. Consiste en: •

Enfocar la vista en un objeto cercano, visualizándolo por unos 10 segundos y luego pestañear.

— Pestañear Cuando se está frente al computador se reduce notoriamente el número de pestañeos por minuto. Esto disminuye la lubricación de los ojos y aumenta el esfuerzo que la vista realiza durante el día. De ahí que se deba: •

Pestañear rápidamente varias veces por un periodo de 10 a 20 segundos.

A medida que se realizan los pestañeos, inclinar la cabeza hacia la izquierda y derecha para estimular la lubricación ocular y la circulación sanguínea en los ojos.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

— Poner las manos sobre los ojos

Para ayudar a mantener a raya la fatiga ocular, y que no entorpezca el desempeño laboral, los especialistas coinciden en que los trabajadores deben poner en práctica las siguientes recomendaciones básicas: •

Cuando se colocan las manos sobre los ojos se produce una gran sensación de descanso, tanto visual como mental. Los ejercicios, que se pueden repetir periódicamente durante la jornada laboral, implican:

Aplicar la regla del “20-20-20”: Realizar pausas de 20 segundos cada 20 minutos de trabajo frente a la pantalla, mirando un objeto a unos 20 pies (6 metros y fracción) de distancia, lo que permite relajar la musculatura de los ojos. Descansar, por cada hora de trabajo, 5 a 10 minutos. En este caso lo ideal es

Poner las manos sobre los ojos ayuda a descansar la vista.

Poner las manos sobre los ojos sin ejercer mucha presión sobre ellos. El peso de la cabeza debe descansar sobre las manos para contribuir a relajar la región del cuello.

Respirar profundamente para permitir que la vista se oscurezca y se relaje.




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ENTRETENCIÓN

Lo más probable es que este prolongado confinamiento ciudadano, originado por la pandemia del Covid 19, haya permitido a nuestros lectores profundizar su lectura de contenidos ambientales y sumar muchos conocimientos sobre las materias que tratamos habitualmente en este espacio de entretención. Por lo tanto, deberían tener más opciones de alcanzar puntajes tal vez nunca vistos con anterioridad. Veamos pues si efectivamente es así. Repasemos, en todo caso, el sistema de ponderación: Con siete aciertos, considérese un notable especialista en la materia; con seis a cinco famas, indudablemente está entre los que más saben; con cuatro respuestas correctas, aún forma parte del grupo de “los de arriba”; con tres y menos puntos buenos, debe transitar por el sendero de la inquietud y aumentar su lectura ambiental. Comencemos entonces esta contienda: 1. En materia de residuos, se han clasificado un gran número de éstos. Al respecto, ¿podría indicar, pues, cuál es el significado de la sigla RAEE? 2. ¿Tiene una idea aproximada de la cantidad de RAEE que se generaron el año pasado en el mundo? 3. Y en cuanto a su reciclaje, señale qué porcentaje de éstos se somete a este proceso. 4. ¿Podría mencionar las principales cinco regiones del país en las que se concentra la mayor generación de residuos peligrosos? 5. En relación a la electromovilidad, ¿qué cantidad de automóviles eléctricos se estima que tendrá el país al año 2050? 6. Mencione cuál es la relación actual de generación de gases efecto invernadero entre un vehículo eléctrico y uno a combustión. 7. Ecap se denomina una nueva tecnología creada en Chile para mejorar las condiciones de seguridad y medio ambiente en procesos cupríferos. Señale de qué se trata. Solución en página 94

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24 empresas chilenas en el Sustainability Yearbook 2022 S&P Global, entidad estadounidense especializada en análisis e inteligencia financiera, presentó los resultados del Sustainability Yearbook 2022, ranking que distingue a empresas líderes en sostenibilidad en el mundo. Para elaborar esta clasificación fueron evaluadas más de 7.500 empresas, de las cuales 78 son latinoamericanas y 24 corresponden a compañías chilenas, liderando la lista a nivel regional. Entre las firmas nacionales en la lista destaca, por ejemplo, el Grupo CAP que está reduciendo su huella de carbono a través de iniciativas como la instalación de precipitadores electrostáticos en la planta de Pellets (ver foto adjunta) que la Compañía Minera del Pacífico tiene en Huasco, donde además reemplazará el uso de carbón por gas natural. Otras empresas incluidas son: CMPC, AES Andes, Colbún, Viña Concha y Toro, SQM, ENAEX y Enel Chile. Para ser parte del Yearbook, las empresas deben estar dentro del 15% superior de su sector y alcanzar una puntuación considerada en el 30% de las firmas con mejor desempeño de su industria, tanto en materia ambiental como social y de gobernanza.

Destacan bono verde de ISA Interchile La empresa de transmisión eléctrica ISA Interchile fue distinguida por la prestigiosa publicación internacional LatinFinance en sus “Deals of the Year Awards 2021”, con el premio a la mejor operación financiera sostenible del año (ESG Deal of the Year) por la emisión de su primer bono proyecto verde por un monto de USD 1.200 millones a un plazo de 35 años. El instrumento emitido por la compañía tiene como objetivo refinanciar los compromisos de deuda adquiridos durante la fase constructiva de la Línea de Transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico, infraestructura clave para impulsar el plan de descarbonización de la matriz energética.

Codelco se incorpora a The Copper Mark Codelco anunció que todas sus operaciones participarán en el programa The Copper Mark, primer y único sistema global desarrollado en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, para asegurar que la producción de cobre se realice de manera responsable. Para alcanzar este sello internacional, cada división de la cuprífera debe corroborar el cumplimiento total de 32 criterios de sustentabilidad. Entre ellos, aspectos de gobernanza, transparencia y ética en los negocios, y temáticas asociadas a derechos laborales, discriminación y género, cambio climático y tratamiento de residuos.

Idrica abre oficina en Chile Idrica, empresa de soluciones tecnológicas y servicios para la transformación digital del ciclo integral del agua, abrió oficinas en Santiago de Chile (comuna de Providencia). Esto, como parte de un proceso de expansión internacional que en 2021 consideró, además, la apertura de nuevas sociedades filiales en Hong Kong, Canadá, Brasil, Arabia Saudí. Así, estas sucursales se suman a las de EE.UU., México, Colombia, Ecuador, Perú, Qatar y Rumania, operativas desde 2020.

5º Acuerdo de Electromovilidad Un total de 142 empresas e instituciones adhirieron a la 5ª versión del Acuerdo Público Privado de Electromovilidad, iniciativa promovida por el Ministerio de Energía. Esta instancia apunta al desarrollo de acciones y proyectos que en el corto plazo contribuyan a desarrollar en Chile las ventajas de la movilidad eléctrica y, de esta forma, promover su incorporación en el transporte nacional. Las empresas e instituciones adherentes se comprometen a desarrollar acciones concretas en pos de la electromovilidad durante este año, agrupándolas en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional: medio de transporte sustentable y financiamiento; infraestructura de carga y regulación; investigación y capital humano; y difusión, información y articulación.


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Aguas Andinas inaugura matriz de grandes dimensiones Con el objetivo de combatir la extrema sequía y los efectos del cambio climático que vive la Región Metropolitana, Aguas Andinas dio el vamos al funcionamiento de la matriz de agua potable de gran envergadura que recorre Providencia entre las calles Seminario y Román Díaz. La obra se suma a los más de 13.000 km de red de agua potable, y permitirá mejorar los índices de continuidad y seguridad operacional del sector, beneficiando a más de un millón de personas de las comunas de Santiago, Estación Central, Lo Prado, Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos y Quinta Normal. Consideró una inversión de $3.250 millones.

Programa Giro Limpio certificó a 87 empresas El programa Giro Limpio, impulsado por el Ministerio de Energía y desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, certificó a 87 empresas de transporte de carga, generadores de carga y operadores logísticos que cumplen con altos estándares en materia de eficiencia energética y sustentabilidad. “Este programa busca que el transporte de carga sea más eficiente, competitivo y sustentable en términos ambientales y económicos. Se estima que, gracias a la iniciativa y sus más de 200 empresas transportistas participantes, en estos últimos dos años se ha evitado el consumo de 32 millones de litros de diésel, equivalentes a 91 mil TCO2eq”, destacó el subsecretario de Energía, Francisco López.

Lipigas probará mezcla de combustibles limpios Suburban Propane Partners, el tercer distribuidor minorista de propano de Estados Unidos; Empresas Lipigas, líder en la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en Chile, Colombia, y Perú; y Oberon Fuels, el único productor comercial de dimetil éter renovable (rDME) a nivel mundial, están evaluando y validando la compatibilidad de los materiales, la seguridad y los parámetros de rendimiento de una mezcla de rDME y GLP para su uso en aplicaciones de calefacción y cocina residenciales y comerciales en América Latina. Esta mezcla se puede almacenar y transportar utilizando la infraestructura existente de GLP y se usa en muchas aplicaciones, como el transporte, la cocina, la calefacción, las grúas horquillas y la generación de electricidad.

Lanzan fondo concursable “Impulsa Agua” En un contexto de sequía y menor disponibilidad de agua, Agrosuper y Fundación Amulén crearon el fondo concursable “Impulsa Agua”, cuyo objetivo es apoyar a aquellas localidades que presenten dificultades para acceder al agua potable. “Tenemos un compromiso con las zonas vecinas donde estamos insertos, por eso buscamos la manera de contribuir con soluciones concretas, confiables y eficientes para ellas. Y en ese marco, debemos trabajar en conjunto para superar la escasez y brecha hídrica”, afirmó Rodrigo Torres, Subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022

Aprueban APL para los puertos de Chile La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático aprobó la “Manifestación de Interés” para generar un Acuerdo de Producción Limpia (APL), ingresado recientemente por el Sistema de Empresas Públicas, titulado “Estándar de Sostenibilidad para los Puertos de Chile”. Su objetivo es optimizar las operaciones portuarias en materia ambiental, social y económica. Además, busca integrar en un solo instrumento el procedimiento para obtener distintas certificaciones ambientales que existen a nivel nacional e internacional, otorgadas por distintas entidades de prestigio. Desde marzo, una vez suscrito el convenio, las empresas podrán adherir a la iniciativa.

Lider Bci recibe sello de cuantificación El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través de su Programa Huella Chile, entregó a Lider Bci Servicios Financieros el sello de cuantificación de sus gases de efecto invernadero (GEI), una acción voluntaria que reconoce el compromiso de la compañía con la medición de estos indicadores. La iniciativa busca fomentar el cálculo, reporte y gestión de las emisiones de GEI en organizaciones del sector público y privado, con miras a que en un siguiente paso las organizaciones se planteen acciones de reducción. En esa misma línea, la empresa lanzó recientemente el programa de sostenibilidad “Conciencia”, cuyo objetivo es crear valor para sus distintos grupos de interés, promoviendo el bienestar económico, social y ambiental.


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Codelco Andina inaugura mega proyecto sustentable Mediante una comunicación radial, el Presidente Sebastián Piñera autorizó, el pasado 19 de enero, el primer vertimiento de material en la nueva área de descarga de camiones que construyó Codelco en la División Andina. Ésta es parte del “Proyecto de Traspaso Codelco Andina”, que además de modernizar sus procesos y hacerlos más sustentables, apor-

tará a extender la producción en 30 años. Esto, gracias a un domo de 52 metros de altura que se construyó para cerrar dicha área de descarga y que protegerá al chancador primario –el más grande que hoy existe en el rubro– de las bajas temperaturas, además de evitar la emisión de material particulado al ambiente.

Orizon operará con energía 100% renovable Hace poco más de dos años que Orizon, compañía perteneciente al grupo de Empresas Copec, comenzó a trabajar en un plan que derivaría en la incorporación de energías renovables en su operación. Hoy, la empresa puede celebrar el logro de este objetivo tras cerrar un contrato con Emoac, compañía que le entregará energía 100% renovable por un período de, al menos, 4 años. De esta forma, en abril próximo su planta de Coquimbo será el primer empalme donde se implementará el servicio. Luego, entre enero de 2023 y enero de 2024, Emoac comenzará a abastecer los otros 3 empalmes restantes de Orizon en el complejo pesquero industrial Coronel.

Proyecto para controlar emisiones de COVs Tecam, proveedor líder de tecnología ambiental, anunció la adjudicación de un nuevo proyecto de recuperación de vapores de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en una planta petroquímica de almacenamiento de tanques en Chile. Según los términos del acuerdo, la empresa y su socio Cool Sorption suministrarán una unidad para recuperar los vapores que se conectará a un sistema existente de oxidación térmica regenerativa para controlar las emisiones de COVs.


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Estándar de sustentabilidad en planteles porcinos La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático firmó con la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (Asprocer), un Acuerdo de Producción Limpia (APL) para implementar el Estándar de Sustentabilidad, en el marco del Programa Chile Origen Consciente del Ministerio de Agricultura. La iniciativa busca aumentar el reconocimiento a nivel nacional y global de las buenas prácticas que se aplican para la obtención de los productos en el sector, aportando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podrán adherir las instalaciones que cada empresa designe.

Respuesta a ¿Cuánto Sabe Ud? 1. Así se denominan a los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos. 2. Nada menos que un total de 53,6 millones de toneladas. La cantidad es dos veces más que el año anterior y nueve más que en el 2014. 3. Muy poco; apenas un 17,4 % en todo el mundo. 4. Las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Biobío. 5. Cinco millones de automóviles eléctricos se espera que existan en Chile al 2050, de acuerdo a las proyecciones de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. 6. Tres veces menos de gases de efecto invernadero genera aproximadamente un vehículo eléctrico en Chile, con la actual matriz eléctrica, en comparación con uno a combustión. 7. Esta tecnología es capaz de capturar hasta un 98% de la neblina ácida que se emite en las plantas de electro obtención de cobre, reduciendo los costos y mejorando las condiciones de seguridad y ambientales en que se realiza este proceso.

Sistema para purificar aire en equipos mineros Kinross La Coipa incorporó un innovador sistema que purifica y mejora la calidad del aire al interior de las cabinas de los equipos mineros del área de operaciones mina. La iniciativa surgió de la necesidad de dar solución a la alta exposición a material particulado a la que estaban expuestos los trabajadores por la inhalación de estos elementos perjudiciales para su salud. De ahí que, tras seis meses de evaluaciones a diferentes sistemas de limpieza, se decidió implementar la tecnología Respa, que proporciona –con un 99,95% de efectividad– aire limpio mediante el doble filtrado.

Neumático con 70% de materiales sostenibles Goodyear Tire & Rubber Company anunció el lanzamiento de un neumático de demostración desarrollado en un 70% con materiales sostenibles e implementando innovaciones líderes en la industria. “Nos fijamos el ambicioso objetivo en 2020 de crear un neumático hecho completamente de materiales sostenibles en 10 años, y nuestros científicos e ingenieros han hecho grandes progresos hacia ese objetivo”, destacó Chris Helsel, Vicepresidente Senior de Operaciones Globales y Director de Tecnología. El producto cuenta con 13 ingredientes distribuidos en nueve componentes diferentes, entre los que se cuentan carbono negro, aceite de soya, sílice y poliéster.

Denuncian a Fundición en Paipote

Solución Puzle

Una grave denuncia contra la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, por superar casi seis veces la norma de dióxido de azufre (SO2) el 23 de mayo pasado e informar valores menores a las autoridades, realizó el entonces Superintendente de Operaciones de la planta de Empresa Nacional de Minería (Enami), Carlos Fernández. En un reportaje de Ciper Chile, el profesional indicó que alrededor de las 9 de la mañana de esa fecha, las emisiones de SO2 en la planta emplazada en la Región de Atacama alcanzaron un promedio horario de 2.027,8 microgramos por metro cúbico (µg/m³), mientras que el límite normativo es de 350 µg/m³. La empresa, en un comunicado, señaló que “toda referencia pública que se ha efectuado en relación con este tema no corresponde a los hechos reales”. EDICIÓN 174 ENERO-FEBRERO 2022


AGQ Labs www.agqlabs.cl

Minera Teck removerá emblemático relave en Andacollo La empresa minera Teck asumió el compromiso voluntario de remover uno de los pasivos ambientales más emblemáticos del país: el relave Whittle, ubicado a un costado de la Iglesia de Andacollo, en la Región de Coquimbo. Así lo anunció el Subsecretario de Minería, Edgar Blanco, quien destacó que la iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Relaves impulsado por el Gobierno, que a través de la colaboración público-privado busca soluciones integrales para estos depósitos de residuos mineros, algunos de ellos abandonados y heredados de antiguas faenas, como ocurre en Andacollo. La compañía trasladará el relave hacia una zona segura alejada del radio urbano como parte de una medida de mitigación comprometida ante la autoridad ambiental.

Cultivos de moluscos elaborarán informes ambientales Un total de 371 centros de cultivo de moluscos deberán realizar en 2022 los Informes Ambientales para la Acuicultura (INFA), de acuerdo con la Ley N° 21.183. Recientemente, el Sernapesca publicó la lista de estas instalaciones productivas que tendrán que cumplir con tal obligación a lo largo del país. Según informó el organismo, la modalidad bajo la cual estos documentos tendrán que desarrollarse “consiste en que el titular del centro de cultivo contrata directamente a alguna de las entidades de análisis acreditada por el Servicio”. El catastro de proveedores correspondiente está disponible en www.sernapesca.cl

Reciclan más de 12 millones de colgadores de ropa Más de 670 toneladas de ganchos de ropa ha reciclado Falabella Retail desde sus tiendas de la Región Metropolitana en el marco del plan de economía circular que inició en 2019 como parte de su estrategia de sostenibilidad. La cifra equivale a 12 millones de colgadores que han sido derivados a una planta gestora de residuos. ¿Cómo es el proceso? En la primera fase los ganchos son categorizados por color, modelo y estado de conservación. Aquellos que están en buen estado son sanitizados y ordenados para su reintroducción en las tiendas. Y los deteriorados se transforman en materia prima (pellets) para fabricar nuevos colgadores, o usarlos para la confección de otros productos en base a material reciclado.

Hidronor 31

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8 - Tapa 4

Agranco - OXYNOVA

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Aguas Andinas

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www.aguasandinas.cl Tapa 2

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Ambiente y Tecnología

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BION

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Coinsa www.coinsa.cl

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Sierra Gorda

Conade www.conade.cl

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Zarey Consultores

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