Opinión
Reforma a Ley minera exige amplio debate participativo
L
as reformas a la Ley de Minería enviadas por el Gobierno el pasado 16 a al Asamblea como proyecto económico urgente deberían aprobarse hasta el 16 de junio; y si no se las aprueba en ese corto lapso, entrarían a regir por el ministerio de la Ley. La vía económica urgente elegida para la reforma presenta un doble problema: 1) No es compatible con la exigencia constitucional de la consulta prelegislativa, que reclaman los representantes de los pueblos y comunidades indígenas por medio de sus organizaciones y al amparo de la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. La Constitución les otorga el derecho por el art. 57, numeral 17, a “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. Y el fallo de la Corte Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de minería fijó las normas para esa consulta. 2) La trascendencia de la reforma exige explicar su contenido y un amplio debate ciudadano. Este proceso, al que “la revolución ciudadana” bautizó como “socialización”, implica un calendario que sobrepasa los 30 días perentorios – más de un tercio de ellos se agotó ya- de los proyectos con carácter económico urgente. En el tema minero no caben los extremos de cerrar las puertas a la actividad extractivista, pero tampoco lo contrario, abrirlas sin beneficio de inventario de los pasivos ambientales y las afectaciones a las comunidades. Un justo medio pasa por proceso de debate participativo y democrático. Este será sin duda más lento, pero los resultados serán más estables, procurando conciliar el bien común y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la comunidad en general, a la cual la Constitución, en el art. 398, obliga también consultar “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente”. Las reformas a la Ley minera ponen a prueba si se toma en serio lo que aprobaron los asambleístas de Gobierno en Montecristi o quedará otra vez solo en el papel.
La pregunta de ¿Cree que el Presidente puede ignorar las leyes y los acuerdos internacionales para aprobar la Ley minera?
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30 de mayo de 2013
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