LEGAL EN AGUASCALIENTES APENAS EMPIEZA

ctualmente 11 de 32 entidades de Mé xico permiten la interrupción del emba razo de manera legal hasta las 12 se manas de gestación, y sólo en algunos estados se permite en caso de que se encuentren bajo ciertas situaciones causales que apunta el marco jurídico. En Aguascalientes, el aborto está totalmente pe nalizado, por lo que una mujer embarazada o una persona gestante que lo realice, puede ir a prisión por un periodo de 1 a 3 años, de acuerdo con los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Además, se sanciona a los médicos, cirujanos o parteros que practiquen el aborto doloso con la suspensión de su actividad médica por un periodo de 2 a 5 años.

Recientemente se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende declarar como inconstitucional esta penalización, a través de un proyecto de resolución, presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara. Este proyecto surgió a partir de un amparo promovido por cuatro organizaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres: CECADEC, Terfu A.C, Morras Help Morras y Cultivando Género.

Pero, ¿qué pasaría si se despenaliza el aborto en Aguascalientes?

De ser aprobada la propuesta, que sólo requiere tres de cinco votos en la Primera Sala de la Cor te, Aguascalientes sería la segunda entidad en la que el máximo tribunal elimina la sanción penal a la interrupción del embarazo en las primeras 12 se manas, después de Coahuila, por lo que se abre la posibilidad de que que activistas busquen senten cias similares en otros estados, sin esperar a que los congresos locales legislen sobre el tema.

En este sentido, la representante de la asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, argumenta que el derecho a decidir libremente es un derecho fundamental en la vida de las personas, de modo que, tras la obcecación de los diputados locales en no legislar sobre el tema, la única vía que queda es la judicial a punta de amparos.

“Sabemos que en el Congreso (lo mismo ha pasado con el matrimonio igualitario) no es agenda para ellos, aunque digan que están trabajando en ello, los derechos humanos no son agenda de los diputados. Han tenido muchas oportunidades para hacerlo y no lo han hecho porque no les interesa. Lo que pasa es que se nos está criminalizando por nuestra sexualidad y hablar del derecho a decidir es decir ´tú qué quieres´, y eso sí está en la Constitución”, aseveró.

El Congreso sí o sí tendrá que acatar lo que ordene la SCJN.

Al final, las distintas posturas de los grupos parlamentarios del poder legislativo, incluso la propia opinión de la sociedad, dejará de tener importancia, al ser una disposición del órgano supremo, aseguró el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejeda.

“Ya no habría margen de interpretación, no habría margen de omisión, es decir, de tendría que legislar sí o sí, si el nivel fuera de máxima obligatoriedad, porque si se desacata, estaría cayendo en un tema de desobediencia republicana y eso podría traer como consecuencia hasta la inhabilitación de aquellos diputados o diputadas que opten por un camino contrario a lo que opte la Suprema Corte de Justicia”, manifestó.

“Por encima de todo van los derechos humanos”, dice la bancada del PAN.

El proyecto debe de ser bien evaluado por parte de los congresistas locales, consideró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Raúl Silva Perezchica, aunque sostuvo que los derechos humanos siempre deben de ir por encima de todo.

“Hay un proceso que se tiene que hacer pero sin duda alguna se ha tratado de poner por encima de todo los derechos humanos; es importante el género y otras cuestiones, pero más importante es la parte del ser humano, de ahí se deriva la parte de la niñez, de las mujeres, el asunto de la equidad y de muchas cosas”, advirtió.

Por el momento sólo queda esperar la disposición final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de Aguascalientes pueda acatar lo que ordene el órgano supremo.

Como siguiente paso, la activista comenta que el estado deberá de garantizar y cumplir con la decisión de la Suprema Corte, dejando de criminalizar la interrupción del embarazo, para posteriormente comenzar a trabajar en torno a la legalización.

“Aguascalientes ha pasado por toda una lucha de más de 50 años en los derechos sexuales y reproductivos. La despenalización es una parte de la lucha, porque luego se viene la legislación para legalizarlo y luego hacer la parte de presupuesto y de protocolos, esto no se acaba despenalizándolo o legalizándolo; vamos avanzando y esto seguirá y seguirá hasta que realmente todos los derechos sean plenos para todas”, sostuvo.

ún en pleno 2023 existen familias que prefieren anexar a sus hijos para “curar” su homosexualidad, en lugar de brindarles todo su apoyo. Esto tiene como consecuencia que al interior de los centros de rehabilitación haya presuntas agresiones en su contra, pero desafortunadamente no se atreven a denunciar porque podría ser contraproducente.

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) consisten en la “privación de la libertad, tortura, violaciones correctivas, terapias de conversión, medicalización de los cuerpos, violencia económica y rechazo familiar”, de acuerdo con el Dossier “Por una terapia de aceptación y no de conversión”, de YAAJ México.La principal razón que tienen las familias para anexar a sus hijos es que son “adictos al sexo”, asegura Héctor Meza, presidente de Clínica Surá.

“Las familias tienden a excluir o a violentar: violencia psicológica, violencia física. Y en algunos casos recurren a pseudoprofesionistas o a algunas organizaciones como los famosos anexos, en los cuales llegan las personas y aplican estas llamadas ‘terapias de conversión’, estos ECOSIGs. La principal causa es que los anexan como si fuera una ‘adicción sexual’, dentro de los anexos se están dando casos de tortura, tortura física y psicológica, ayunos extremos”.

También menciona el Dossier que las víctimas de terapias de conversión no se atreven a denunciar porque “normalizan la violencia o sienten vergüenza de la experiencia que vivieron”, mientras que Héctor Meza subraya que los afectados tienen miedo a volver a ser anexados.

“Desgraciadamente, el tema de las denuncias es complejo porque primero la persona que lo vivió, muchas veces ya salen con ciertas ideas de que ‘si vuelvo a hablar de esto, me van a volver a anexar’, ‘si mi familia se vuelve a enterar’. Entonces salen muy lastimados y muy temerosos”.

Otro de los motivos por los que no se atreven a hablar es por el miedo a ser revictimizados en las instituciones donde presentarían las denuncias.

“Las instituciones que deberían de acompañar a la persona denunciante, estoy hablando del Centro de Justicia para Mujeres, la Fiscalía, los MPs, muchas veces son lugares altamente revictimizantes. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Las personas van a ser burladas, las personas van a ser ignoradas, van a ser descuidadas, sus denuncias pueden meterlas hoy y ver el siguiente movimiento hasta dentro de un año”.