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MARBELLA
Lunes 16.11.15 SUR
Las instituciones cuentan con recursos para evitar que el urbanismo de Marbella se paralice HÉCTOR BARBOTTA @barbotta
Expertos coinciden en que las sentencias del Supremo que anulan el PGOU no debe suponer un bloqueo para el sector de la construcción MARBELLA. Las tres sentencias del Tribunal Supremo conocidas la semana pasada y que anularon el Plan General de Ordenación Urbana de Mar-
bella aprobado en 2010 han supuesto un jarro de agua fría para la ciudad, que comenzaba a recuperar el sector de la construcción que tradicionalmente ha sido puntero en la Comunidad Autónoma. Marbella se ha visto abocada a recuperar el PGOU de 1986 como marco normativo y tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía ha salido el compromiso de dotar cuanto antes a la ciudad de una norma transitoria que permita que la actividad no se paralice. Sin embargo, aunque existe coincidencia en este objetivo, hay discrepancia en cuanto a los instrumen-
tos disponibles para hacerlo. La ciudad se enfrenta ahora a dos desafíos: el más inmediato consiste en arbitrar medios para desarrollar el Plan General de 1986 mediante instrumentos transitorios; el segundo es más ambicioso, comenzar a trabajar en un nuevo PGOU que diseñe esta vez sin contratiempos los desafíos de la ciudad futura. SUR convocó para debatir sobre esta situación a Hipólito Marín, del bufete GVA&Atencia, abogado del Estado en excedencia; a Jorge Muñoz Cortés, de Martínez-Echeverría y magistrado del TSJA en excedencia, y a
Los tres especialistas reunidos por SUR el pasado viernes en Marbella. :: JOSELE-LANZA
Hipólito Marín GVA&Atencia
Jorge Muñoz Cortés Martínez-Echeverría
Francisco Romero Asociación de Constructores y Promotores
«El PGOU de 2010 es nulo, pero no las licencias de obras y de primera ocupación concedidas a su amparo»
«Desde el punto de vista de un urbanismo justo y sostenible la sentencia sí es una buena noticia»
«No debe esconderse el golpe que suponen las sentencias para el sector. Se necesitan soluciones rápidas»
«No pasa nada porque se hagan aprobaciones rápidas como avance del futuro Plan General»
«El suelo urbano consolidado no puede degradarse, es el punto fundamental de la sentencia»
«La principal demanda del sector es la información. La incertidumbre genera desconfianza»
«El deber de informar caso a caso a los afectados es la primera tarea que deben asumir las instituciones»
«Las licencias de primera ocupación pendientes deben concederse. Sería disparatado no hacerlo»
«Sería absurdo pensar que esta situación de Marbella puede beneficiar a un municipio vecino»
Francisco Romero, en representación de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Del debate planteado surgen como conclusiones que, tal y como sostiene la sentencia, la regularización de las viviendas fuera de ordenación no podrá abordarse desde el nuevo PGOU, y que no es necesaria una nueva norma autonómica específica para Marbella, sino utilizar los instrumentos legales que ya existen. Las sentencias
Cómo interpretar la decisión del Tribunal Supremo Para Francisco Romero, de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, es necesario desterrar la idea de que la posible situación de parálisis que podría sufrir Marbella sería beneficiosa para otros municipios. «Eso no es así –subraya–, porque Marbella es el buque insignia de la Costa del Sol y la punta de lanza del mercado inmobiliario en la provincia». Para el representante del sector empresarial, si bien es cierto que se presenta la oportunidad de hacer un Plan mejor para Marbella, lo que en todo caso no sería una oportunidad sino una obligación, no debe esconderse el durísimo golpe que han supuesto para el sector las sentencias que han anulado el PGOU vigente hasta la semana pasada. Romero sustenta esa postura en datos. Desde que estalló la crisis, los parámetros en el sector de la construcción han ido bajando y sólo se estabilizaron a partir del año pasado. Desde entonces, más del 30 por ciento de las viviendas visadas en la provincia lo fueron en el término municipal de Marbella. Asimismo, el año pasado la mitad de las viviendas vendidas fueron al mercado extranjero, un sector especialmente sensible para el que la anulación del PGOU ha supuesto ya un golpe durísimo. El magistrado del TSJA en excedencia Jorge Muñoz Cortés, del bufete Martínez-Echeverría, incide en la trascendencia que han tenido las sentencias. «No atañen solamente a Marbella, inciden en toda Andalucía sobre todo a la vista de cuál ha sido la posición de la Junta de Andalucía en orden a exigencia de obligaciones urbanísticas a los propietarios». En su opinión, no es la mejor noticia, sobre todo porque los mercados son muy sensibles a la incertidumbre, aunque desde el punto de vista de un urbanismo justo y sostenible, la sentencia sí es una buena noticia, ya que ofrece parámetros claros acerca de cómo se debe actuar para salvaguardar al mismo tiempo los intereses públicos y los intereses privados. «Y ofrece además parámetros de seguridad jurídica que las instituciones municipal y autonómica tienen que observar». Destaca en ese sentido uno de los aspectos más importantes recogidos por el Supremo, que establece que una vez que un ciudadano adquiere