Test_LYD Julio 2025

Actualidad LyD

PROPUESTAS PARA CHILE 2026-2030

Entrevista

El Puente: una hoja de ruta para retomar el crecimiento en Chile

Alejandro Micco: “Es posible encontrar puntos de acuerdo donde se puede avanzar”

Temas Públicos

Propuestas para la educación escolar a 10 años de la reforma

@lydchile

Tema principal

5 propuestas para Chile

Actualidad LyD

El Puente: una hoja de ruta para retomar el crecimiento en Chile

Entrevista

Alejandro Micco: “Es posible encontrar puntos de acuerdo donde se puede avanzar”

Temas Públicos

Propuestas para la educación escolar a 10 años de la reforma

En un año marcado fuertemente por el calendario electoral, y con el objetivo de aportar con ideas concretas a la elaboración de programas de gobierno, en abril iniciamos la publicación de una serie de estudios con propuestas en distintas áreas de políticas públicas.

Por eso, esta edición de Revista LyD reúne una síntesis de nuestros principales planteamientos para enfrentar desafíos urgentes como el crimen organizado, la permisología, el sistema electoral, el mercado laboral y las listas de espera en salud.

Asimismo, quisimos destacar el trabajo de más de un año realizado por 17 economistas en torno a un objetivo común: salir del estancamiento económico y retomar una senda de crecimiento al 4%. Este esfuerzo, liderado por el economista Rolf Lüders, dio origen a “El Puente: Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile”, documento al que adhirieron, desde Libertad y Desarrollo, Macarena García, Bettina Horst y Carlos F. Cáceres.

Profundizamos en esta iniciativa a través de una entrevista al economista Alejandro Micco, también autor del documento, quien destaca que el norte de la iniciativa fue plantear medidas que se pudieran implementar y que tuviesen un acuerdo amplio para lograr mayor crecimiento. En otro frente, al cumplirse 10 años desde la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar -que prohibió el lucro, la selección y el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados por el Estado-, analizamos en Temas Públicos el cumplimiento de sus objetivos y sus consecuencias en el sistema educativo. Además, formulamos propuestas orientadas a corregir el rumbo e impulsar cambios que permitan al sistema educativo enfocarse en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

Como siempre, esta edición incluye nuestras secciones tradicionales: Gimnasia Política, Congreso y Actividades. Y en Lectura Recomendada, Francisco Alcorta, Investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, comenta el provocador libro Guerra nuclear, de Annie Jacobsen. Los desafíos del país exigen ideas serias, información sólida y debate de altura. En Revista LyD seguimos comprometidos con ese propósito. Los invitamos a explorar esta edición, compartir sus contenidos y seguir atentos a nuestras próximas publicaciones. ¡Nos vemos en las siguientes páginas!

Directora

Bettina Horst

Editora

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Pablo Eguiguren

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Maureen Halpern

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5 PROPUESTAS PARA CHILE 2026-2030

En el contexto de un año electoral, a partir de abril comenzamos con la elaboración de una serie de estudios con distintas propuestas en materia de políticas públicas buscando ser un aporte en la elaboración de contenidos de las distintas candidaturas presidenciales. A continuación, se presenta una síntesis de cinco de dichos planteamientos en temas de crimen organizado, permisología, sistema electoral, mercado laboral y listas de espera.

1. CRIMEN ORGANIZADO

Chile atraviesa una grave crisis de seguridad, evidenciando un cambio cualitativo en la actividad criminal, siendo hoy los delitos más violentos.

Los robos con violencia han alcanzado niveles históricosI, mientras que los ilícitos asociados al uso de armas han experimentado un crecimiento de un 72% en 2024 en comparación a 2023II. Paralelamente, las organizaciones criminales transnacionales han identificado a Chile como un mercado atractivo, buscando consolidar aquí sus operaciones.

PROPUESTAS

1) Creación de Fuerzas de Tareas contra el Crimen Organizado

Crear de forma inmediata Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado, bajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, para mejorar la investigación criminal y

fortalecer la inteligencia policial. Estas fuerzas colaborarán con el Ministerio Público en desarticular organizaciones vinculadas a delitos violentos y mercados ilícitos y estarán integradas por policías, la Armada (Directemar), Gendarmería, la DGAC y el Servicio Nacional de AduanasIII. El Ejecutivo definirá sus objetivos, duración y liderazgo, en coordinación con el Ministerio Público y según la Política Nacional de Seguridad Pública.

2) Fortalecimiento de los equipos investigativos Fortalecer el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) con un aumento del 20% en los fiscales de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Estos se enfocarán en la Región Metropolitana y la Macrozona Norte. El costo estimado anual del programa es de aproximadamente $2.000 millones.

La “permisología” en Chile se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo, debido al exceso de trámites, largos plazos de tramitación y deficiencias en los organismos resolutivos. Esto ha generado superposición de competencias, judicialización excesiva y captura de grupos de interés, provocando incertidumbre jurídica y dificultando la ejecución de nuevos proyectos de inversión e infraestructura.

3) Reducir los tiempos de construcción de establecimientos penitenciarios

Se propone un Plan Integral de Infraestructura Penitenciaria que utilice el modelo de concesiones para construir cárceles rápidamente, respondiendo a la creciente demanda de plazas y con altos estándares de seguridad. Se busca habilitar al menos 10.000 plazas adicionales mediante la construcción de cuatro nuevos recintos lejos de centros urbanos, además de un establecimiento de máxima seguridad para aislar a líderes del crimen organizado. Para acelerar la ejecución, se plantea el uso de técnicas modernas y modulares, junto con modelos estandarizados desarrollados en conjunto por Gendarmería y el Ministerio de Obras Públicas.

4) Régimen penitenciario especial para miembros de organizaciones criminales

Bajo un Plan Integral de Infraestructura Penitenciaria, se requiere contar con procesos de segmentación rigurosos que dispongan de regímenes especiales de máxima seguridad efectiva a aquellos reclusos pertenecientes a organizaciones criminales. Estos regímenes se caracterizan por un mínimo contacto de los internos con el exterior, limitando fuertemente las visitas, interacción con otros reclusos y ausencia de espacios comunes.

5) Repensar el rol de Gendarmería de Chile

Profundizar en la labor de seguridad de esta institución, a través de una instancia de trabajo que revise sus planes de formación, normativa interna y funciones. Para ello es necesario actualizar la legislación que rige esta institución, fortaleciendo su rol en materia de control y prevención del delito al interior de los penalesIV. Es necesario, además, cambiar la naturaleza de Gendarmería, avanzando hacia un modelo de policía penitenciaria y reubicar su dependencia desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Pública.

2. PERMISOLOGÍA

La “permisología” en Chile se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo, debido al exceso de trámites, largos plazos de tramitación y deficiencias en los organismos resolutivos. Esto ha generado superposición de competencias, judicialización excesiva y captura de grupos de interés, provocando incertidumbre jurídica y dificultando la ejecución de nuevos proyectos de inversión e infraestructura.

PROPUESTAS

1) Desmantelar la permisología

A. Consolidar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como una verdadera y efectiva “ventanilla única”. Una medida que haría más eficiente y ágil el otorgamiento de los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, es que todas las autorizaciones de carácter ambiental se otorguen en dicho sistema y se consolide a la Resolución de Calificación Ambiental como un permiso integral y contenga todas las evaluaciones ambientales, sin necesidad de un proceso posterior.

B. Explicitar que las consultas de pertinencia, a través de las cuales los titulares de los proyectos voluntariamente preguntan si su iniciativa debe someterse al SEIA, tengan efecto vinculante, pues hoy existe disparidad de criterio entre órganos del Estado. Al mismo tiempo, debieran establecerse en la ley y de manera taxativa, las causales por la cuales se podría rechazar un proyecto, de modo de reducir espacios de discrecionalidad.

C. Evaluación periódica de permisos exigidos por el Estado. A través de una mirada externa, técnica e independiente, revisar la necesidad de que se deba pedir un permiso para desarrollar un proyecto. En este sentido, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, cuya creación se está discutiendo en el Congreso, es una institución idónea para asumir este rol.

D. Mejorar la tramitación de las concesiones marítimas, que se han convertido en un símbolo de los permisos críticos que traban la inversión. El traspaso de la administración del borde costero y de la potestad para otorgar estas concesiones, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, como propone el GobiernoV, resulta insuficiente para garantizar una reducción efectiva de los tiempos de respuesta. Se deben racionalizar los procesos y las instancias de toma de decisiones.

En materia de permisos sectoriales, se debe contar con un registro de profesionales y entidades privadas que colaboren con el Estado en la certificación del cumplimiento de normas técnicas y requisitos normativos para agilizar los procesos y reforzar la capacidad operativa del Estado, sin afectar su rol fiscalizador.

E. Reformas al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): dado que es también uno de los permisos críticos, reformular este organismo resulta fundamental. Reducir el número de sus integrantes, de 23 a un máximo de 10, seleccionados por el Presidente a partir de ternas elaboradas por la ADP, con perfiles definidos por su experiencia y conocimientos. Esto busca simplificar la toma de decisiones, asegurar mayor imparcialidad y especialización. Además, se plantea precisar los objetos de protección bajo su competencia.

2) Medidas para incentivar el cumplimiento de plazos por parte del Estado

A. Sancionar con una multa proporcional al retraso a los responsables de otorgar autorizaciones sectoriales que incumplan los plazos. La multa se aplicaría tras una investigación sumaria o sumario administrativo realizada por la Contraloría General de la República.

B. Incluir indicadores de tiempos de tramitación en mecanismos de gestión del Estado. Se propone incluir indicadores en los Convenios de Desempeño Colectivos y en los de autoridades seleccionadas por ADP, para establecer metas específicas. Esto incentivaría a las jefaturas a modernizar sus servicios y cumplir con los objetivos establecidos.

C. En materia de permisos sectoriales, contar con un registro de profesionales y entidades privadas que colaboren con el Estado en la certificación del cumplimiento de normas técnicas y requisitos normativos para agilizar los procesos y reforzar la capacidad operativa del Estado, sin afectar su rol fiscalizadorVI.

D. Ampliar el uso de declaraciones juradas en lugar de autorizaciones en contextos de bajo riesgo para agilizar proyectos y permitir que los organismos públicos se enfoquen en la fiscalización. Esto requiere ampliar los casos en que se aplican y acelerar su implementaciónVII

3) Mayor certeza jurídica

A. Acotar los espacios de judicialización mediante la creación de un único recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental que pueda interponer tanto el

titular del proyecto, como los observantes del proceso de participación ciudadana o cualquier persona que tenga interés legítimo en el procedimiento, el que deberá ejercerse dentro de 30 días de la notificación de resolución que resuelva la reclamación administrativa o de notificada la RCA, en caso que el reclamante quiera optar por acudir derechamente a tribunales, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Junto con esto, se debe explicitar que frente a una RCA no procederá la acción de invalidación de la Ley N°19.880. Además, deben establecerse causales específicas por las que se podría reclamar de la RCA, lo que llevaría a acotar aún más los espacios de judicialización.

B. Sancionar la litigación temeraria: se proponen dos alternativas: i) Establecer sanciones económicas para quienes litigan sin fundamentos técnicos o jurídicos, con el solo fin de dilatar el proyecto ii) Avanzar hacia una fórmula de caución o garantía para poder litigar, que implique a quien busca litigar hacerse cargo de las consecuencias que conlleva su acción.

3. SISTEMA ELECTORAL

La reforma electoral de 2015 provocó una hiper fragmentación del sistema político, dificultando la gobernabilidad y trasladando el poder de decisión a minorías con baja representación ciudadana. El problema no radica solo en la fórmula electoral proporcional con distritos grandes, sino también en la existencia de requisitos laxos para formar partidos y un diseño de financiamiento público que incentiva la proliferación de colectividades sin un real anclaje político y social.

PROPUESTAS

1) Al sistema electoral

Disminuir la magnitud de los distritos actuales, pasando de un número variable entre 3 y 8, de acuerdo al tamaño poblacional del distrito, a un número más acotado, entre 2 y 6, resultando 30 distritos, en lugar de 28, pasando de un número total de 155 a 120 diputados. Una opción más ambiciosa es un redistritaje completo -que debiera ser realizado por una comisión técnica transversal- para implementar un sistema uninominal, con 100 distritos y 20 escaños adicionales asignados por votación de listas, contabilizando así 120 diputados.

2) A la constitución de partidos políticos

El requisito vigente para constituir partidos políticos regionales y nacionales -afiliar a un número equivalente al 0,25% de los electores que hubieran sufragado en la anterior elección de diputados, no pudiendo ser menor

a 500 electores por región- es extremadamente laxo. Por ello se propone duplicar la exigencia, elevando el requisito a un 0,5% de electores que hubieran sufragado en la última elección de diputados, no pudiendo ser este número inferior a 1.000 electores por región.

3) Al financiamiento público a la política

Se propone que solo los partidos que obtengan al menos el 5% de los votos en la última elección de diputados accedan a financiamiento público basal (actualmente lo hace todo aquel que logre constituirse en tres regiones contiguas o a nivel nacional, en pagos trimestrales). En el caso de los partidos nuevos, debiera existir un fondo de instalación, con un pago único de 260 UFVIII, pero sin aportes trimestrales permanentes hasta no lograr el umbral antes mencionado. Además, en elecciones presidenciales, la devolución por voto se aplicaría solo a candidatos que superen el 5% de los votos a nivel nacional.

4. MERCADO LABORAL

El limitado crecimiento económico proyectado restringe la creación de empleo formal, por lo que junto a políticas que dinamicen nuestra economía, se requieren medidas que impulsen la participación y ocupación laboral.

Se propone eliminar la restricción del beneficio de sala cuna contemplado por la regulación laboral, que aplica únicamente en empresas que empleen a 20 o más trabajadoras. Para su financiamiento, se propone redestinar una parte de la cotización del seguro de cesantía que paga el empleador. En concreto, rebajar 0,25 puntos de cotización de la remuneración imponible de cargo de los empleadores.

PROPUESTAS

1) Modificar el actual financiamiento de la sala cuna y mejorar la distribución de los cupos para jardines infantiles y prekínder

A. Eliminar la restricción del beneficio de sala cuna contemplado por la regulación laboral, que aplica únicamente en empresas que empleen a 20 o más trabajadoras. Para su financiamiento, se propone redestinar una parte de la cotización del seguro de cesantía que paga el empleador. En concreto, rebajar 0,25 puntos de cotización de la remuneración imponible de cargo de los empleadoresIX. Asimismo, se sugiere focalizar el beneficio en aquellas mujeres que cuentan con menores ingresos: establecer un copago, que en el caso de las familias de menores ingresos sería asumido por el Estado, mientras que para los sectores de mayores ingresos sería financiado por la propia familia.

B. Avanzar en la ley que operativiza el Kínder obligatorio y concentrar los recursos para mejorar la dotación e infraestructura en este nivel, de manera de asegurar la necesaria calidad en este nivel educativo que dé confianza y atraiga a las familias.

2) Crear un subsidio único laboral terminando con los subsidios al empleo mal evaluados

Terminar con los subsidios empleo joven (SEJ) y el subsidio empleo para la mujer (BTM), que no han tenido efecto positivo en empleabilidad, y crear un subsidio único laboral, que funcione bajo la lógica de un impuesto negativo al ingresoX, pero manteniendo la focalización en personas de bajos ingresos y que promueva la permanencia del trabajador en el mercado formal. El subsidio deberá ser determinado en función de los recursos públicos disponibles que garanticen un financiamiento permanente, los que también pueden incorporar recursos de otros programas sociales que han mostrado un menor impacto y efectividad. Adicio-

MATERIAS ABORDADAS EN ESTA SERIE DE TEMAS PÚBLICOS A LA FECHA DISPONIBLES EN WWW.LYD.ORG:

• Crimen organizado

• Comercio exterior

• Permisología

• Sistema electoral

• Mercado laboral

• Listas de espera

• Crisis migratoria

• Disciplina fiscal

• Corrupción

• Educación escolar

• Modernización del Estado

• Sistema tributario

nalmente, se deben hacer evaluaciones periódicas de este subsidio en cuanto a su efecto en la participación y ocupación laboral.

3) Aumentar gradualmente la flexibilidad laboral

A. Modificar el régimen de indemnización por años de servicio, reduciendo su cobertura en una primera etapa a un máximo de 5 años, en línea con la recomendación realizada por la OCDE a nuestro país, avanzando hacia su eliminación en el mediano plazo, y fortaleciendo el seguro de cesantía. Para ello se propone elevar las tasas de reemplazo durante los primeros tres meses de desempleo a niveles superiores al 80%, garantizando así una adecuada y mejor protección de ingresos durante la transición laboral.

B. Flexibilizar las causales de término de contrato laboral y avanzar hacia un modelo que permita a los empleadores poner término a la relación laboral por razones económicas, organizacionales o de desempeño, sin necesidad de justificar causales específicas ante la autoridad administrativa.

4) Rediseño al sistema de capacitación

A. Establecer un copago mínimo para las grandes empresas que lleven a cabo acciones de capacitación para sus trabajadores, lo que ayudará a que las empresas se involucren más activamente, pues están comprometiendo recursos en las acciones de capacitación y exigirán una mejora en la calidad de la oferta de los cursos.

B. Establecer una regulación sobre la cantidad de horas mínimas que debe poseer un curso para que pueda ser financiado con cargo a la Franquicia Tributaria, pudiendo existir excepciones. En cuanto a los cursos financiados mediante el Fondo Nacional de

Capacitación, se debiese establecer un porcentaje máximo de cursos que cuenten con una duración por debajo de la mínima establecida.

C. Incorporar que el requisito primario para graduarse de los cursos de capacitación sea una evaluación -ya sea práctica o teórica- sobre los conocimientos entregados.

D. Generar incentivos para que los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades tengan un rol más activo como organismos ejecutores de las acciones de capacitación del sistema.

E. Evaluación y reevaluación constante de los programas, tanto ex ante como ex post.

5. LISTAS DE ESPERA EN SALUD

El alza de los chilenos que esperan por ser atendidos en la salud estatal no cesa de aumentar: creció 9% durante 2024 y acumula un alza de 35% desde 2019. Si bien el sistema de salud chileno tiene una serie de fortalezas, requiere de ajustes -especialmente a nivel de la gestión de los hospitales del Estado- para entregar una atención oportuna a los pacientes.

PROPUESTAS

1) Crear un sistema de información en línea que mejore la atención y optimice los recursos

Contar con información en tiempo real sobre los tiempos de espera permite priorizar la atención médica según la urgencia, identificar a quienes no han sido atendidos y mejorar la transparencia, reduciendo la incertidumbre y evitando abusos. Para su implementación, es clave un centro de contacto que coordine citas y procedimientos necesarios para las operaciones.

2) Derivación automática a segundo prestador GES

Asignar automáticamente un segundo prestador GES cuando el primero incumpla los plazos garantizaría una atención oportuna, incentivando al prestador original a cumplir y permitiendo a Fonasa derivar pacientes a centros con capacidad. Esta medida, incluida en la reforma a Fonasa que se discute en el SenadoXI, no implicaría costos adicionales según el EjecutivoXII

3) Incentivar asociaciones público-privadas que resuelvan listas de espera

Además de continuar con las licitaciones para que Fonasa compre soluciones médicas a prestadores

Además de continuar con las licitaciones para que Fonasa compre soluciones médicas a prestadores privados, se debe facilitar la creación y expansión de asociaciones público-privadas que pongan a disposición de la salud estatal, la capacidad de gestión privada. Ello no requiere de reformas ni mayores recursos.

privados, se debe facilitar la creación y expansión de asociaciones público-privadas que pongan a disposición de la salud estatal la capacidad de gestión privada. Ello no requiere de reformas ni mayores recursos.

4) Abordar la escasez de especialistas en el sector público

Permitir que Fonasa pueda contar vía contratos de honorario, en forma ocasional y transitoria, con médicos especialistas que trabajen en el sistema de salud privado, pero que estén disponibles a realizar atenciones de especialidad. Asimismo, se debe permitir que ciertos procedimientos médicos simples y específicos puedan ser llevados a cabo por otro personal de la salud como médicos generales, enfermeras o técnicos en enfermería.

5) Modificar los incentivos que enfrentan los médicos que se desempeñan en los hospitales del Estado

Rediseñar las actuales asignaciones salariales de los médicos para dar mayor preponderancia a la activi-

dad productiva versus otros factores no vinculados a desempeño, como la antigüedad. Estos cambios deberían ser obligatorios para las nuevas personas que se incorporan a los servicios de salud y voluntarios para quienes ya son parte de ellos. De manera complementaria, se debe pilotear la concesión de la prestación del servicio clínico, de modo que los hospitales del Estado tengan mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y un mejor marco de incentivos para el uso de los recursos, aprovechando experiencias internacionales exitosas.

6) Reforma a la institucionalidad de Fonasa

Dar mayor autonomía a Fonasa para exigir eficiencia a los hospitales y contratar libremente servicios médicos, sean públicos o privados. Para ello, se sugiere mejorar su institucionalidad para que fortalezca su independencia, mediante un Consejo Directivo independiente, propuesto por ADP y ratificado por el Senado, con atribuciones clave como nombrar al Director Nacional y supervisar planes y presupuestos.

7) Mayor control sobre el uso de pabellones quirúrgicos

Mientras no exista una mayor gestión de los hospitales del Estado, contar con un visualizador de uso de pabellones que permitiría a las autoridades del Minsal controlar el nivel de uso de los pabellones, de manera de que se tomen medidas cuando hospitales persistentemente están realizando menos intervenciones por problemas de gestión, permitiría una mejora sustantiva.

I. Mal balance 2024 en seguridad: récord de crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria y pendientes legislativos. Temas Públicos 1675. Libertad y Desarrollo.

II. Subsecretaría de Prevención del Delito- CEAD. Informe casos policiales 2024.

III. Actualmente existen las Unidades de Coordinación Estratégica en distintas macrozonas, donde participa Aduanas con policías y otros organismos para la cooperación e intercambio de información, sin embargo, no cuentan con un enfoque operativo (Subsecretaría del Interior Res Ex N° 4959-2018).

IV. Actualmente está en tramitación un proyecto de ley que crea un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería. Boletín N°17.007-07.

V. Indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (boletín 8.467-12).

VI. Adicionalmente, la CNEP (2019) recomienda aplicar estos mecanismos, pues son utilizados en países desarrollados para hacer frente a las brechas de recursos humanos sin elevar el costo fiscal y que ayudan en lograr mayor eficiencia en el sistema.

VII. Si bien parte de estas propuestas están recogidas en el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N°16.566-03), el principal desafío es que la regulación reglamentaria incorpore la mayor cantidad posible de supuestos en los que procede el uso de declaraciones juradas, evitando una posición normativa restrictiva en esta materia.

VIII. Monto equivalente a, aproximadamente, el 50% del financiamiento permanente que se entrega anualmente a los partidos nuevos.

IX. En base a estimación que considera una cotización promedio de 1,9% de trabajadores plazo fijo e indefinido.

X. Un impuesto negativo al ingreso consiste en que el Estado paga a quienes están por debajo de cierto umbral de ingresos un subsidio, el que se va reduciendo gradualmente en la medida en que la persona aumenta su nivel de ingresos.

XI. Boletín N° 17.375-11. Aunque debe precisarse que la asignación al segundo prestador se realice de manera automática, cosa que no es clara en el texto que ingresó el Ejecutivo.

XII. Ver Informe Financiero N°47/31.01.2025, Dirección de Presupuestos.

EL PUENTE:

Una hoja de ruta para retomar el crecimiento en Chile

En un esfuerzo por superar las divisiones y contribuir con propuestas concretas al desarrollo del país, 17 economistas chilenos de amplia trayectoria y diversas miradas se unieron para elaborar el documento “El Puente. Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile”. La iniciativa busca abrir un espacio de encuentro, reflexión y acción en torno a uno de los principales desafíos que enfrenta el país: el estancamiento económico.

El grupo -compuesto por académicos, exautoridades económicas y expertos del mundo público y privado- plantea una hoja de ruta con medidas concretas orientadas a recuperar una tasa de crecimiento sostenida en torno al 4% anual. El análisis, en el cual trabajaron desde enero de 2024, se centra en seis áreas clave para el desarrollo: ahorro e inversión, mercado laboral, educación, modernización del Estado, productividad y política social.

Suscriben este documento Rolf Lüders, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile e impulsor de la iniciativa; Soledad Arellano, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez; Raphael Bergoeing, académico de la Escuela de Negocios de la misma casa de estudios; Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC; Carlos F. Cáceres, Presidente Emérito de Libertad y Desarrollo; Hernán Cheyre, Presidente del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo; Cecilia Cifuentes, profesora e investigadora del ESE Business School de la Universidad de Los Andes; Vittorio Corbo, director de empresas, asesor económico y ex Presidente del Banco Central; Kevin Cowan, profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez; Juan Andrés Fontaine, socio principal de Fontaine Consultores; Macarena García, Economista Senior de Libertad y Desarrollo; Pablo García, profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez; Bettina Horst, Directora Ejecutiva de Libertad y

Desarrollo; Luis Felipe Lagos, consultor de empresas; Alejandro Micco, profesor asociado de la Universidad de Chile; Tomás Rau, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Claudio Sapelli, profesor titular de la Universidad del Desarrollo.

Tal como se señala en el prólogo, el nombre “El Puente” simboliza el espíritu de esta iniciativa: unir visiones diversas que, desde sus propias orillas, buscan coincidir en un propósito común: construir un Chile mejor.

“Un puente no solo conecta -dice el texto-, también permite avanzar, cruzar obstáculos y superar estancamientos”. Hoy, uno de los principales obstáculos que enfrenta Chile es el estancamiento económico, que impide alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar.

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El informe parte de la premisa de que, luego de más de tres décadas de importantes reformas económicas y sociales, que permitieron elevar el ingreso per cápita y reducir la pobreza, Chile perdió el rumbo. Desde hace más de una década se observa una sostenida caída en la inversión, la creación de empleos y las ganancias de productividad, lo que ha frenado el crecimiento económico.

“Desde entonces, la economía chilena atraviesa por una situación de virtual estancamiento en el ingreso per cápita, lo que causa justificada preocupación por cuanto está limitando severamente las posibilidades de progreso y desarrollo de los chilenos. (…) la economía se ha empantanado en una fase de muy bajo crecimiento per cápita, inferior al 1% anual, lo que resulta absolutamente insuficiente para satisfacer las aspiraciones de la población”, señala el prólogo.

El trabajo se basa en principios fundamentales, tanto en lo político-social, como en lo económico. Más allá del diagnóstico y las propuestas, el documento representa una señal concreta de que el diálogo y la colaboración entre personas con visiones distintas no solo es posible, sino necesario para lograr acuerdos amplios y duraderos que permitan retomar la senda del crecimiento que Chile necesita con urgencia.

ALEJANDRO MICCO:

“Es posible encontrar puntos de acuerdo donde se puede avanzar”

El ex subsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, es uno de los autores de “El Puente. Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile”. En esta conversación con Revista LyD aborda las principales ideas que recoge el documento y la forma en que trabajaron para llegar a su redacción.

¿Cómo surge este proyecto?

Esto parte con una invitación que me hace Rolf Lüders. Me llamó y me contó quién iba a participar. Me pareció interesante esta idea de tratar de hacer un análisis económico con gente que hubiese estado en el gobierno, en distintos gobiernos, con una visión práctica de lo que es estar en él, más algo teórico. Eso fue lo que me llevó a participar. Me llamó la atención, sobre todo en un momento que el país estaba tan polarizado en términos de posturas y me pareció que podía aportar, no haciendo un programa de gobierno, obviamente todos ahí teníamos posturas distintas, pero planteando que es posible encontrar puntos de acuerdo donde se puede avanzar.

¿Sobre qué diagnóstico partió el trabajo que derivó en este proyecto?

El diagnóstico que todos compartíamos era el de una economía que desde el 2012 tuvo un quiebre importante en su crecimiento. Siempre se planteó que el rol principal era cómo se podía retomar el crecimiento. Entonces ese fue el norte: plantear medidas que se pudieran implementar, que tuviesen un acuerdo más amplio para lograr mayor crecimiento.

¿Valora el hecho de que el trabajo lo hayan realizado un grupo de economistas con distinta mirada?

Yo creo que es importante que fuese gente de distinta mirada, obviamente no está todo el espectro ahí, pero es importante ver que hay puntos de encuentro. Como mencioné, esto no es un programa de gobierno, sino que es un análisis para poder crecer. Discutimos y concordamos en que pondríamos solamente cosas en las que estuviésemos a favor y no los puntos, votos o visiones de minoría dentro del grupo. Creo que eso fue clave y ayudó a que todos estuviésemos sentados tratando de encontrar la mayor cantidad de puntos en común.

Al final del día yo me sentí bastante cómodo trabajando, en términos de que sentí que todo el mundo estaba con el mismo espíritu, con esa visión, y de repente uno planteaba temas que no le parecían y era interesante ver que gente del otro lado decía “ok, entiendo, esto no lo pongamos”. Y eso favoreció mucho a la convivencia y a que fuera un documento bastante amplio, en términos de posturas y elementos puestos sobre la mesa. No es necesario plantear cada año o cada dos años una propuesta que sea la “bala de plata”, que nos saque de todos los problemas. El país ha tenido en estos últimos 20 años mucha gente pensando y discutiendo sobre muchos temas y la idea era agruparlos también. En las propuestas no hay nada extremadamente novedoso. El objetivo fue tomar lo que muchos economistas y

“El objetivo fue tomar lo que muchos economistas y mucha gente han planteado en distintos temas y ver hoy día en el Chile del 2025, previo a una elección presidencial, en cuáles existe cierto acuerdo y relevarlas. Fue importante eso, ayudó a mostrar que podemos volver a mirarnos las caras y ver todos los puntos en común. En el país hay posturas distintas, pero creo que todos estamos tratando de remar para que esto mejore”.

mucha gente han planteado en distintos temas y ver hoy día en el Chile del 2025, previo a una elección presidencial, en cuáles existe cierto acuerdo y relevarlas. Fue importante eso, ayudó a mostrar que podemos volver a mirarnos las caras y ver todos los puntos en común. En el país hay posturas distintas, pero creo que todos estamos tratando de remar para que esto mejore.

Más allá de este diagnóstico inicial sobre la importancia de poner el foco en el crecimiento y de tener estos puntos en común y no los votos de minoría, ¿cuáles fueron, en la organización, en la forma de trabajo, los acuerdos más relevantes?

En cuanto a la forma de trabajo, nos separamos en grupos. Obviamente eran un montón de temas y de lo contrario se volvía imposible. Después cuando estos se presentaban había disposición de quien exponía, de escuchar también las otras posturas. Muchas de las propuestas que se ponían sobre la mesa uno ya la había escuchado otras veces, con mayores o menores matices, por lo tanto, se trataba de ver la discusión más acotadamente. Lo otro es que, el hecho de que hubiera mucha gente que había pasado por el Estado, por el gobierno, nos hacía más pragmáticos y reconocer que en algunos planteamientos no llegaríamos a consenso. Eso creo fue muy útil para la forma de trabajar. Estaba esta visión, que era importante el crecimiento, pero también lo analizamos con los pies bien puestos en la tierra.

Si me preguntas qué cosas fueron claves en el proceso: realismo, que no hubiera votos de minoría y siempre considerar la factibilidad técnica y política en la discusión.

De las medidas propuestas, ¿cuál es la prioritaria? Creo que el tema de la modernización del Estado es absolutamente primordial. Hoy día, con todo lo que hemos estado viendo, el tema de las licencias, convenios, el tema de los alcaldes, vemos que la modernización del Estado es un punto clave. Tratar de racionalizar el Estado es súper importante. Si me preguntas, es un “desde”. Si no lo hacemos, cualquier política que se

requiera hacer para un mayor crecimiento, va a tener un problema.

Aquí todos tenían claro que el Estado es fundamental para el crecimiento, porque ordena la cancha donde se juega el partido. Eso es clave para lograr mayor crecimiento.

Y de todos los temas abordados, ¿cuáles fueron los más difíciles de tratar?

Hubo un tema que no sé si fue tan difícil, pero que se discutió bastante, que es el tema tributario; hasta dónde uno podía bajar la tasa, hasta dónde eran prudentes las compensaciones, etc. Y pese a que hubo un componente ideológico importante en la discusión, primaron los puntos de encuentro y eso es lo que más valoro de todo el proceso; el estar sentado con gente que pensaba distinto y aun así poder alcanzar acuerdos.

¿Cuáles de las propuestas cree que son más difíciles de implementar, ya sea por voluntad política o por capacidad técnica?

Políticamente hablando, la modernización del Estado. Hay un grupo importante de gente incumbente, tanto dentro del Estado, como fuera de él, que de alguna forma está “tomada”. En las instituciones siempre hay ganadores y perdedores, por lo tanto, el tema más complejo y que requiere más capital político para hacerlo, es la modernización del Estado. Y técnicamente tampoco es fácil, porque hay quienes dicen que pasa por sacar el estatuto administrativo; sí el estatuto complejiza, pero ese es el “desde”. Hoy en el Estado solo el 40% de los trabajadores son de planta, los otros son a contrata u honorarios, por lo tanto, es un sistema que está sobrepasado también. Hay cosas más de fondo que están haciendo que esto no funcione bien. Es necesario un cambio interno de las instituciones, lo cual es complejo y siempre requiere mucho capital político.

¿Cómo cree que puedan acoger estos planteamientos las autoridades o los grupos que toman las decisiones?

Es importante que, una vez transcurrida la primaria, esto vuelva a la discusión, y que, si alguien tiene posturas contrarias, se puedan conversar. En el documento presentamos elementos, no es que esté la política completamente desarrollada, no era el fin tampoco, pero sí entregar elementos para la discusión. Con algunas cosas ha pasado, por ejemplo, con el tema de la inversión en infraestructura, la gente ya está hablando más y nosotros pusimos harto énfasis en eso, que sea con gasto público o con impulso de las concesiones. En general, espero que haya más discusión, ya sea desde la academia o desde la política. Siempre ayuda.

GIMNASIA POLÍTICA

GONZALO WINTER: POCO DE CONVICCIÓN Y MUCHO DE CONVENIENCIA

En el contexto de la primaria presidencial del oficialismo, Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, presentó su programa económico bajo el título “Hoja de Ruta Programática. Construyendo Futuro: una vía chilena al desarrollo 2050”. En más de 90 páginas, Winter prometió justicia social, desarrollo sostenible y un modelo económico con un Estado protagonista: planteó un royalty portuario, un impuesto al patrimonio, la eliminación del sistema de AFP, el aumento del salario mínimo a $730.000, e inversión en educación técnica y energías limpias.

Sin embargo, a poco andar, su candidatura mostró una tensión fundamental entre el discurso radical que sostuvo como parlamentario –especialmente durante el estallido de violencia de octubre de 2019- y su nuevo traje de presidenciable con ambiciones técnicas y más moderadas.

En agosto de 2024, Winter sostuvo que los hechos violentos del estallido fueron “marginales”. Esta declaración causó indignación en sectores que sufrieron saqueos, destrucción de infraestructura y pérdida de empleos. En su campaña ad portas de las primarias, sin embargo, propuso un modelo de desarrollo que exigía —necesariamente— orden público, inversión privada y estabilidad fiscal. ¿Cómo se podría haber

conciliado ese discurso con la minimización de los daños económicos y sociales que generó aquel momento que aún reivindica como “voz legítima del pueblo”?

Además, durante sus casi ocho años en el Congreso, Winter fue un férreo crítico del modelo neoliberal y defensor de un Estado fuerte, pero poco claro en cuanto a propuestas. Pero Winter candidato echó mano a indicadores macroeconómicos para proponer instrumentos fiscales y estrategias de reindustrialización. ¿Evolución o conveniencia electoral?

Sí, el programa de Gonzalo Winter representó un giro discursivo hacia el pragmatismo económico para atraer inversión y entregar certezas, pero ese viraje —aunque válido— exigía coherencia con su historia política, pues aún son vívidas las imágenes de él y de su sector defendiendo el estallido como un momento refundacional.

Siendo así, es evidente que este viraje tuvo poco de convicción y mucho de conveniencia y, contrario a lo que parezca, lo que proyectó en las primarias no fue seriedad o credibilidad (sobre todo ahora que usa corbata), sino amateurismo político. Afortunadamente, Chile ya no está para ensayos.

TOHÁ Y LA MEMORIA SELECTIVA

“No soy partidaria (de que gobierne el PC) y por eso me estoy presentando en esta primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”, sentenció Carolina Tohá hace apenas unas semanas, descartando públicamente que el Partido Comunista (PC) deba liderar el país. Una declaración curiosa –por decir lo menos- de quien fue ministra de Michelle Bachelet en la Nueva Mayoría, coalición que no solo integró al PC, sino que además le otorgó la conducción de ministerios estratégicos. En ese entonces, hasta hace poco como parte de la administración del Presidente Boric, Tohá no solo compartió gabinete y responsabilidades de gobierno con figuras comunistas como Camila Vallejo, Jeannette Jara y Nicolás Cataldo, sino que defendió públicamente la inclusión del PC en la institucionalidad democrática, argumentando que su presencia fortalecía la pluralidad y la gobernabilidad del sector progresista. Pero en el contexto de las primarias del oficialismo, cuando su principal contendora fue la candidata, Janette Jara, Tohá se desmarcó del PC sin pudor. ¿Cambio de convicción? ¿Maduración política?

Posterior a ello, Tohá fue emplazada por el PC e incluso tildada de anticomunista, lo cual ella negó. Sin embargo, si no es anticomunismo, ¿por qué construir su candidatura sobre la base de diferencias tan sensibles como el mismo significado de la democracia? Este tipo de contradicciones revela algo más profundo: una desconexión entre discurso y acción, entre lo que se predicó durante años y lo que ahora se dice con tal de sumar votos. No se trata de exigir pureza ideológica, sino coherencia básica. Si Tohá creyó durante una década que el PC era un socio legítimo, pluralista y gobernable, ¿qué cambió ahora, más allá del escenario electoral?

Al tensionar públicamente el vínculo con el PC, Tohá debilitó la unidad que tanto pregonaron construir, dificultó el trabajo futuro, erosionó confianzas y dejó heridas abiertas en un sector que, incluso antes de la primaria, ya se mostraba fragmentado. Lo más inquietante es que esta oscilación no es nueva. Durante años, figuras como Carolina Tohá han navegado entre la moderación y la radicalidad según soplen los vientos electorales. Y quizá el punto más frágil de su discurso es que aún no explica con claridad en qué momento el PC pasó de ser un aliado estratégico a un peligro para el país. ¿Fue cuando gobernaron juntos? ¿Cuando compartieron listas parlamentarias? ¿Cuando defendieron juntos una nueva Constitución? ¿O simplemente cuando compitieron en una primaria?

Tohá insistió en que su postura no respondió a anticomunismo. Quizá, pero si algo demostró este episodio es que el progresismo gobernante no solo carece de proyecto común, sino que también de memoria, de lealtad y claridad sobre lo que representa.

PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR A 10 AÑOS DE LA REFORMA

A fines de mayo se cumplieron 10 años desde la promulgación de la reforma educacional que impulsó la ex Presidenta Michelle Bachelet a través de la llamada Ley de Inclusión Escolar (Ley N°20.845). Esta iniciativa, que estableció la prohibición del lucro, la selección y el financiamiento compartido (copago) en establecimientos financiados por el Estado, tuvo como objetivo equiparar el acceso a una educación de calidad y acabar con la segregación socioeconómica del sistema escolar. Transcurrido este periodo, sin embargo, la evidencia acumulada indica que esta no solo incumplió esos propósitos, sino que además introdujo nuevos desafíos a los equipos directivos, debilitando a su vez las herramientas para enfrentarlos y distrayéndolos de su labor pedagógica.

PREMISAS EQUIVOCADAS, OBJETIVOS INCUMPLIDOS

Tal como se desprende de declaraciones de autoridades de la época, así como del mensaje que dio origen a la Ley de InclusiónI, esta respondió a una serie de premisas. Ellas, no obstante, adolecieron de imprecisiones severas, tanto por falta de sustento en la evidencia y en la experiencia de los colegios, como por la omisión de otros aspectos que resultaban fundamentales de considerar. De este modo, a nadie debiera extrañar que, luego de 10 años, la Ley de Inclusión incumpliera sus objetivos. A continuación, revisamos lo que ha ocurrido en cada uno de sus ejes.

1) TÉRMINO DEL FINANCIAMIENTO

COMPARTIDO

En lo relativo al financiamiento compartido, la tesis que se manejó durante la discusión de la ley fue que este segregaba a las familias en función de su capacidad de pago y que su eliminación permitiría equiparar el acceso a una educación de calidad. Dicho planteamiento, no obstante, ignoró la existencia de mecanismos que ya permitían eximir de pago a las familias más desaventajadasII, así como también de otras variables clave para explicar los niveles de segregación del sistema escolarIII

Luego de casi 10 años, Arzola y Troncoso (2024) encuentran que el fin del copago no favoreció un mayor acceso de estudiantes de menores ingresos a colegios que previamente cobraban y que tampoco redujo la segregación socioeconómica, ni a nivel agregado ni entre los colegios que fueron cesando en sus cobros. Así también, a raíz de la nueva ley, hasta el año 2023 un 53% de los colegios que cobraba copago en 2015 lo había abandonado, no obstante, un 13% cerró o pasó a particular pagado, volviéndose -ahora sí- inalcanzable para muchas familias.

Aunque el término del financiamiento no ha implicado una merma de recursos para el sistema -en la medida que se ha ido sustituyendo por un alza en la Subvención Escolar Preferencial y la creación de un Aporte por Gratuidad-, sí ha significado la eliminación de una fuente adicional de ingresos para los colegios, que en 2023 podría haber representado cerca de US$200 millones provenientes de las familias. Esta situación adquiere especial relevancia si se considera que el gasto por alumno en Chile sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDEIV. Además, se suma el

desafío de atender las crecientes demandas en materia de inclusión -establecidas por la misma ley-, así como la mayor incidencia de problemáticas sociales que se han intensificado recientemente y que recaen sobre los equipos escolares, quienes requieren mayores recursos para enfrentarlas adecuadamente.

2) FIN DE LA SELECCIÓN Y CREACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE ADMISIÓN

Respecto a la selección, durante la tramitación de la ley se sostuvo que, al igual que el copago, esta agravaba la segregación socioeconómica, al otorgar discrecionalidad y posibilitar prácticas discriminatorias por parte de los colegios. Sin embargo, nunca se presentó evidencia de que éstas ocurriesen de forma generalizada y sistemática. Pese a ello, la reforma dispuso la creación de un sistema centralizado de admisión, el que impide toda forma de selección por parte de los colegios, inclusive la académicaV.

Tras la introducción de este sistema, el SAE, no se ha cumplido con el propósito de reducir la segregación socioeconómica en el sistema escolar. Es decir, pese a haberse dado término a la selección -y a que la mayoría de los colegios que cobraban copago hoy no lo hacen-, los estudios disponibles no encuentran una caída de

A DIEZ AÑOS DE LA LEY DE INCLUSIÓN SE MANTIENEN LOS NIVELES DE SEGREGACIÓN

Gráfico N°1: Segregación socioeconómica en el sistema escolar*, años 2012 – 2024

Término gradual del Copago Introducción del SAE en primeras regiones y niveles SAE en régimen en prekínder SAE en régimen en todos los niveles

Todos los niveles Prekinder Prekinder (sólo RM)

Fuente: Arzola y Romero (2025). *Medida a partir del Índice de Disimilitud de Duncan con estudiantes prioritarios (SEP), que toma el valor de 0 si la segregación es nula y 1 si es total.

estaVI. Lo anterior se aprecia en el Gráfico N°1, donde se calcula el grado de segregación de los estudiantes prioritarios según la SEP (a través del Índice de Duncan), tanto para el total de los niveles, como para prekínder, curso en que casi la totalidad de las vacantes se llenan mediante el SAE y por lo tanto debería haber sido más impactado por este.

Estos resultados ponen en duda las premisas sobre las cuales se gestó la Ley de Inclusión y sugieren que las causas de la segregación son mucho más complejas de lo que previeron sus autores. En efecto, tal como se hizo ver durante su tramitación, es posible que factores relacionados con la demanda, como la distribución territorial y las propias preferencias de las familias expliquen en gran medida la segmentación del sistema escolar. En esa línea, a partir de información del SAE, Elacqua y Kutscher (2023) encuentran diferencias entre las preferencias que manifiestan las familias de altos y bajos ingresos al postular a través de éste: mientras las primeras eligen colegios de mejor desempeño académico y son menos sensibles a la distancia de estos con el hogar, las segundas optan por colegios más cercanos y priorizan atributos como mejor ambiente escolar, una composición socioeconómica más similar a la suya y que tengan una orientación religiosa.

Además, al excluir a los colegios del proceso, el SAE limitó las atribuciones de los directores, que se ven impedidos de evaluar casos particulares o atender situaciones que requieren de una respuesta oportuna. Adicionalmente, suprimió espacios que permitían reconocer el mérito académico y fortalecer el vínculo de las familias con el proyecto educativo al que acceden sus hijos, y generó de forma abrupta nuevos desafíos para el manejo del aula, sin proveer los apoyos y herramientas adecuadas para abordarlos eficazmente.

3) NUEVA REGULACIÓN PARA IMPEDIR EL LUCRO

El tercer eje de la Ley de Inclusión, la prohibición del lucro, respondió a la sospecha de que los sostenedores escolares desviaban recursos de la subvención para sus fines propios, lo que iba en desmedro de la calidad de sus establecimientos. De este modo, se prometió que su eliminación traería mejoras en calidad. Esta acusación, sin embargo, no fue comprobada y el supuesto lucro nunca pudo ser cuantificado. De hecho, la evidencia de la que se dispuso al momento de tramitar la ley fue la existencia de una alta heterogeneidad en los resultados de los colegios, independiente de su naturaleza jurídica, y que, por lo demás, los colegios organizados como sociedad con fines de lucro obtenían mejores resultados que los establecimientos municipales.

La Ley de Inclusión no cumplió con su promesa de mejorar la calidad y reducir la segregación socioeconómica en el sistema escolar. Es por ello que, a 10 años de su promulgación, hoy se hace necesario enmendar los problemas que ésta ha traído e impulsar cambios que permitan al sistema educativo enfocarse en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

Pero, además, en el debate se pasó por alto lo costosa que podría llegar a ser la regulación asociada a impedir el lucro. Ésta contempló, entre otras cosas: nuevas restricciones relativas al uso de los recursos públicos, una rendición de gastos más burocrática, la obligación de que el sostenedor se constituya como una persona jurídica sin fines de lucro, que además sea dueño del inmueble en que funciona el colegio –o en su defecto, lo arriende bajo los cánones que establece la leyVII-, así como también la prohibición explícita de crear nuevos colegios subvencionados, excepto en los casos que tipifica la leyVIII y cuya evaluación queda al arbitrio de la autoridad regional de turno. Pero no solo esto, la desconfianza que instaló la Ley de Inclusión sobre los colegios dio inicio a una tendencia creciente a introducir exigencias y protocolos para abordar las diversas problemáticas sociales que -aunque tienen un origen anterior- se manifiestan en el espacio escolar, reduciendo con ello los espacios de decisión de los propios equipos y dilatando la resolución de conflictos.

De este modo, la pesada normativa creada, en lugar de acarrear mejores resultados educativos, derivó en una burocracia que sobrecarga a los directores, restringe su autonomía y les impide ejercer su rol como líderes pedagógicos. Asimismo, ha limitado la iniciativa privada en educación y frenado la creación de nuevos colegios y cuposIX, en circunstancias que las familias se muestran disconformes con la calidad de la oferta existenteX. En efecto, desde la entrada en vigor de la ley se redujo la entrada de nuevos colegios subvencionados; hasta antes de ella, estos crecían a una tasa de 3,6% al año (entre 2004 y 2014), mientras que desde 2016 caen a una tasa de -1,2%. Esto, pese a tratarse de los colegios más demandados por las familias (7 de cada 10 postulantes los eligen en primera preferenciaXI).

PROPUESTAS A DIEZ AÑOS DE LA LEY DE INCLUSIÓN

En definitiva, la Ley de Inclusión no cumplió con su promesa de mejorar la calidad y reducir la segregación socioeconómica en el sistema escolar. En cambio, introdujo una serie de restricciones y obligaciones que han implicado nuevos desafíos y exigencias a las escuelas, y que han demandado acciones, tiempo y recursos valiosos por parte de los equipos escolares, los que en su lugar debieran estar destinándose a la mejora de los aprendizajes. Así también, la reforma redujo los espacios para que el sector privado aporte a mejorar la calidad de la educación.

Es por ello que, a 10 años de la promulgación de esta ley, hoy se hace necesario enmendar los problemas que ha traído e impulsar cambios que permitan al sistema educativo enfocarse en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Con ese propósito, a continuación, se formulan tres propuestas.

1. Revisar la normativa vigente y establecer un marco de incentivos que promueva la mejora escolar. Para ello se propone:

I) Eliminar barreras legales a la entrada, que impiden y burocratizan la apertura de nuevos colegios y cursos.

II) Reducir la sobrecarga que aqueja a los directores escolares, permitiéndoles mayor flexibilidad en el uso de los recursos provenientes de las distintas subvenciones, simplificando la rendición de cuentas a la Superintendencia de Educación Escolar y clarificando y unificando los criterios de fiscalización de ésta. De este modo, se busca dotar de más autonomía a los establecimientos y de más certeza respecto a la labor fiscalizadora, así como poner el énfasis en los resultados y no en la fiscalización.

III) Continuar con la ordenación de escuelas e implementar las medidas previstas en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para apoyar a aquellas que presentan bajo desempeño, así como aplicar las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento reiterado del estándar mínimo establecido, incluyendo medidas de última instancia como la pérdida del reconocimiento oficial del Estado.

2. Articular el sistema de subvenciones escalonadas en función de la necesidad del estudiante con los aportes familiares

Se propone pausar el término del copago, articulándolo con la Subvención Escolar Preferencial (SEP), de manera que el Estado pueda focalizar sus recursos en

los estudiantes más vulnerables dentro de los prioritarios, quienes estarían exentos de todo cobro, mientras las familias con sus medios puedan seguir aportando a la educación de sus hijos. Para ello se requeriría:

I) Extender la SEP a todos los colegios y permitir mayor flexibilidad y autonomía en el uso de sus recursosXII

II) Crear un nivel más para la SEP dentro de la categoría de alumnos prioritarios, que se ha ido desfocalizando y actualmente abarca al 69% de los estudiantes matriculados en establecimientos estatales o particulares subvencionados. Para ello podría asociarse dicha clasificación directamente a la ubicación del hogar en la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares u otros instrumentos que permitan llegar con mayor precisión a las familias más desaventajadas. Para financiar este nuevo tramo de la SEP, se podrían redestinar los recursos del Aporte por Gratuidad desde los colegios que hoy cobran copago y que podrían mantenerloXIII.

Se debiera permitir que los colegios que ofrezcan un proyecto educativo cuyas características lo ameriten, puedan realizar sus propios procesos por fuera del SAE, en una etapa previa a este.

I. Mensaje N°131-362 de 2014.

3. Introducir cambios al Sistema de Admisión Escolar para dar mayor flexibilidad

Por último, se debiera permitir que los colegios que ofrezcan un proyecto educativo cuyas características lo ameriten, puedan realizar sus propios procesos por fuera del SAE, en una etapa previa a este. Así también, para los establecimientos que se mantengan en él, se proponeXIV:

I) Restablecer la selección académica sobre la base de pruebas, ranking y otras variables determinadas por el colegio y supervisadas por la Superintendencia.

II) Promover la realización de encuentros informativos para que los colegios den a conocer su proyecto educativo a los postulantes y que la asistencia a estos pueda constituir un requisito para la postulación o bien un criterio de prioridad en la admisión, buscando con ello una mayor identificación de las familias con los proyectos educativos que eligen.

III) Dotar a los directores de mayores atribuciones durante el proceso, para así poder responder de forma oportuna a las dificultades que requieren de su atención directa, inmediata y personalizada, disminuyendo la frustración de las familias con el sistema.

II. En efecto, los colegios que cobran un copago tienen por ley la obligación de becar al 15% de sus estudiantes más vulnerables, mientras que la Subvención Escolar Preferencial (SEP) exige otorgar gratuidad a los alumnos calificados como prioritarios –entre el 50% y 60% de quienes asisten al sector subvencionado-.

III. Para profundizar sobre este tema, ver: El mito del fin del copago: no redujo la segregación socioeconómica. Serie Informe Social 204, Libertad y Desarrollo (2024).

IV. Según el informe Education at a Glance (2024), el gasto anual por alumno en Chile es de US$6.347 en educación básica y US$6.143 en enseñanza media, cifras considerablemente inferiores a los promedios de la OCDE, que alcanzan US$9.923 y US$11.400, respectivamente.

V. Si bien existe una excepción para liceos que acrediten ser de excelencia, los que pueden asignar un 30% de sus vacantes entre estudiantes provenientes del 20% superior de notas de su curso anterior y a través del mismo SAE, en la práctica solo es utilizada por 3 establecimientos.

VI. Ver: Kutscher et al. 2023, Elacqua y Kutscher 2023, Arzola y Troncoso 2024, Eyzaguirre et al. 2024.

VII. La posibilidad de arriendo solo está permitida de forma transitoria y para sostenedores ya existentes, pero no para colegios nuevos. Con todo, a la fecha dicha transitoriedad se ha ido extendiendo debido a la poca factibilidad de cumplir con esta exigencia. Según los datos del MINEDUC, en 2022 el 85% de los sostenedores públicos eran propietarios, 10% comodatarios y el resto usufructuarios u otras figuras; en cambio, entre los particulares subvencionados sólo un 16% era propietario, 73% arrendatario y 10% comodatario.

VIII. La existencia de una demanda insatisfecha en el territorio o tratarse de un proyecto educativo diferente.

IX. Ver más en: Figueroa, R. (2024). Debilitamiento de la diversidad educativa y la iniciativa privada: los costos del fin al lucro. En Arzola (ed.). “Reprobado. Una década perdida en educación”. Santiago: Ediciones LYD.

X. Esto se refrenda en la alta proporción de postulaciones que se concentra en un porcentaje reducido de colegios, según se verifica en los datos del SAE.

XI. Acción Educar 2025.

XII. Ver Boletín 12.979-04 del año 2019, que introduce el proyecto de ley que extiende y moderniza la SEP.

XIII. Dada la gradualidad que establece la ley para el término del copago, el año 2024 había 729 colegios que mantenían sus cobros, los que recibían 546.967 estudiantes. A partir de ahí se calcula que los recursos que se podrían redestinar desde el Aporte por Gratuidad hacia el nuevo nivel de la SEP serían de aproximadamente US$ 115 millones, equivalentes al 10% del presupuesto para dicha subvención (excluyendo los recursos para el pago por concentración).

XIV. Estas y otras propuestas sobre el Sistema de Admisión se desarrollan en: Consideraciones y propuestas para mejorar el Sistema de Admisión Escolar. Serie Informe Social 206, Libertad y Desarrollo (2025).

Francisco Alcorta Investigador del Programa Política y Sociedad Civil Libertad y Desarrollo

Guerra Nuclear. Un escenario

Hay libros que se leen con interés, otros con preocupación y unos pocos nos mantienen al filo del asiento, donde cada página genera más curiosidad por conocer un desenlace que, aunque imaginable desde el inicio, no deja de impactar. Guerra Nuclear. Un escenario, de Annie Jacobsen, editado en español por Debate, pertenece con claridad a esta última categoría.

Escrito con la tensión narrativa de una novela de Tom Clancy y el rigor informativo de un informe del Pentágono o una investigación de RAND Corporation, el libro no especula sobre si podría haber una guerra nuclear, sino que describe con detalles escalofriantes cómo sucedería ese apocalíptico escenario. Y lo hace en tiempo real, minuto a minuto, desde el primer misil hasta el fin del mundo tal como lo conocemos.

Jacobsen, reconocida por su trabajo en temas de defensa y seguridad, hace aquí algo radicalmente efectivo. En vez de analizar “si” habrá una guerra nuclear, decide mostrar “cómo” podría ocurrir. Y no lo plantea en abstracto, sino a través de una cronología detallada de 72 minutos. Eso es lo que dura el libro y, potencialmente, el planeta tras el inicio de un intercambio nuclear a gran escala.

La autora no propone una teoría conspirativa ni una especulación hollywoodense. Basada en entrevistas con más de una veintena de exoficiales militares, funcionarios de inteligencia, expertos en defensa y veteranos de la Guerra Fría, Jacobsen construye un escenario hiperrealista y preocupantemente plausible. Todo comienza con un lanzamiento de misil interconti-

nental desde Corea del Norte hacia California. Estados Unidos responde. Rusia se involucra. El cielo se enciende y la tierra colapsa.

La narrativa avanza en un estilo de “tiempo real”, combinando descripciones técnicas sobre sistemas de comando, protocolos de emergencia, decisiones políticas, errores humanos y estimaciones de daños. Es un recorrido por las entrañas del temido apocalipsis nuclear. Cada escena del libro está cuidadosamente verificada, pero escrita con el ritmo y la tensión de un capítulo de 24 o Homeland

Al final del primer capítulo, como lector, uno no puede evitar hacer una pausa y preguntarse. ¿Quién sostiene el dedo sobre el botón nuclear en este momento? ¿Cuántos de estos sistemas dependen de decisiones automatizadas, sensores fallidos o simplemente de que alguien no haya dormido bien?

Uno de los aspectos más perturbadores y, paradójicamente, más fascinantes del libro es la descripción detallada de la arquitectura de la decisión nuclear. Lo que parece ser un sistema hipercontrolado se revela como un conjunto de engranajes dispersos, personas agotadas y propensas al error, algoritmos opacos, estructuras de comando fragmentadas y estrategias pensadas para un mundo que ya no existe. La “Destrucción Mutua Asegurada” (MAD, por sus siglas en inglés) sigue siendo la doctrina vigente, aunque el escenario global ha cambiado drásticamente. Ya no hay solo dos superpotencias enfrentadas, sino múltiples actores con capacidades nucleares y racionalidades impredecibles.

El riesgo nuclear no es alto porque alguien quiera apretar el botón, sino porque el sistema está estructurado para escalar rápidamente ante una amenaza percibida. El escenario que propone Jacobsen no depende de un vil personaje, como los villanos de James Bond, sino de que nadie alcance a decir “espera un momento” a tiempo.

Jacobsen recuerda que los tiempos de respuesta nuclear son tan cortos, en algunos casos, menos de 10 minutos, que no hay espacio real para deliberación o diálogo. El protocolo sigue siendo detectar, confirmar, decidir y destruir. Todo esto, mientras un Presidente podría estar en medio de una reunión, enfrentando un escándalo político o simplemente revisando sus redes sociales en el teléfono.

Lo más efectivo del libro no es el pánico que genera al imaginar los millones de víctimas de un conflicto de estas características, sino la normalidad con la que se presenta la catástrofe. Un submarino lanza un misil porque recibió un código. Un satélite interpreta una señal térmica como un lanzamiento. Un alto mando duda. Un funcionario no puede comunicarse. Así se acaba el mundo, no por maldad, sino por rutina. Como quien pierde un vuelo por error de calendario.

Esa es, quizás, la lección más inquietante para quienes trabajamos o nos interesan las políticas públicas. El riesgo nuclear no es alto porque alguien quiera apretar el botón, sino porque el sistema está estructurado para escalar rápidamente ante una amenaza percibida. El escenario que propone Jacobsen no depende de un vil personaje, como los villanos de James Bond, sino de que nadie alcance a decir “espera un momento” a tiempo.

El texto no ofrece respuestas fáciles ante preguntas complejas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en estas decisiones? ¿Qué papel cumple la disuasión en un mundo multipolar? ¿Cómo enfrentamos la amenaza de nuevos actores o conflictos híbridos? Pero sí entrega una conclusión rotunda: la guerra nuclear no es un evento “fuera del radar”, sino una posibilidad concreta que exige preparación, vigilancia y, sobre todo, voluntad política para prevenir lo impensable.

A pesar del dramatismo del tema, Jacobsen no cae en el sensacionalismo con el que podría tratarse un asunto de este tipo. Su estilo es sobrio, aunque no por ello carente de ironía. Por ejemplo, cuando describe los protocolos de “continuidad del gobierno”, que incluyen trasladar chefs y panaderos a los bunkers presidenciales subterráneos.

En tiempos donde las amenazas parecen hiperdiversificadas, abarcando desde pandemias hasta inteligencia artificial descontrolada, Jacobsen nos recuerda que el arsenal nuclear sigue allí, dormido, vigente y peligrosamente relevante. Y que no basta con confiar en que nadie “se volverá loco”.

“Guerra Nuclear, un escenario” no busca ser un manual técnico, pero sí debería estar en la biblioteca de cada funcionario de un ministerio de defensa, experto en seguridad, cancillería o comité de crisis. Es un libro para leer con lápiz en mano y una hoja al lado. Porque, como señala la autora, la mejor forma de evitar el apocalipsis es imaginarlo antes de que ocurra. En un país como Chile, sujeto a que muchas veces se piensa a salvo de los grandes conflictos globales, este libro ayuda a comprender que no hay distancia suficiente cuando el cielo se enciende.

DATOS

TÍTULO:

GUERRA NUCLEAR. UN ESCENARIO

AUTOR:

ANNIE JACOBSEN

EDITORIAL: DEBATE

AÑO: 2025

PÁGINAS: 432

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL

VALORACIÓN:

El Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno priorizará, durante el resto de su mandato, la tramitación de diez proyectos de ley que considera claves para impulsar la actividad económica y el crecimiento de largo plazo. Entre estos, se encuentra el proyecto de ley que crea una nueva ley de patrimonio cultural, que tiene su origen en un mensaje del ex Presidente Piñera de 2019, pero respecto del cual el actual Gobierno ingresó indicaciones que vienen a sustituir el texto del proyecto aprobado en primer trámite.

A modo de contexto, existe cierto consenso en la necesidad de actualizar la legislación de patrimonio cultural que data de 1970 y cuyos orígenes se remontan a 1925, pues este marco legal de casi 100 años no ha sido capaz de evolucionar a la par del concepto de patrimonio cultural.

Uno de los principales ejes del proyecto es el reemplazo del Consejo de Monumentos Nacionales por un nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales, ampliando su número de integrantes de 23 a 30. Esta decisión ha generado críticas, ya que podría agudizar la lentitud en la toma de decisiones, dificultar la gestión técnica y reproducir la falta de especialización

que caracteriza al actual órgano. En ese sentido, una mejor alternativa sería reducir el número de miembros y asegurar su nombramiento mediante criterios de idoneidad técnica, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Otro aspecto relevante es el reconocimiento explícito de los patrimonios culturales de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente chileno. Si bien esta incorporación responde a una voluntad de inclusión, se advierte que podría tensionar el principio de igualdad ante la ley, abriendo el debate sobre la conveniencia de establecer categorías patrimoniales diferenciadas según criterios étnicos, sin una justificación suficientemente clara.

En términos conceptuales, el proyecto presenta avances importantes. Amplía la definición de patrimonio cultural, incorporando no solo bienes materiales, sino también manifestaciones inmateriales, identificadas por las propias comunidades. Asimismo, redefine el concepto de patrimonio arqueológico, delimitando mejor su alcance y evitando que cualquier hallazgo detenga proyectos productivos, lo cual representa un paso hacia una mayor certeza jurídica.

En cuanto a la estructura institucional, se busca descentralizar las decisiones y dotar de mayores atribuciones a las Direcciones Regionales del nuevo Servicio de los Patrimonios Culturales. Aunque este enfoque podría acercar la gestión patrimonial a las realidades locales, también plantea desafíos en cuanto a la capacidad técnica y de personal que esto requerirá.

Finalmente, el proyecto contempla mecanismos para aliviar la carga regulatoria, como la exención de autorizaciones en ciertos casos y la implementación de planes de gestión patrimonial. Estas medidas se alinean con otras reformas en curso, como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, lo que sugiere una visión más integral del problema de la “permisología”.

En síntesis, si bien el proyecto representa una oportunidad relevante para modernizar la legislación patrimonial y armonizarla con los estándares internacionales, aún subsisten dudas sobre su eficacia institucional y su compatibilidad con la reactivación económica.

Cinco círculos: digno de aprobación sin modificaciones · Cuatro círculos: digno de aprobación con modificaciones menores · Tres círculos: requiere mejoras sustanciales · Dos círculos: debe ser reformulado íntegramente · Un círculo: no debiera ser aprobado (idea de legislar objetable).

NUEVAS MEDIDAS PARA LA EVASIÓN DEL TRANSPORTE RED

En abril de este año el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer las herramientas de fiscalización y sanción para enfrentar la alta evasión en el transporte público.

La alta evasión tarifaria se ha consolidado como uno de los principales problemas del transporte público en la Región Metropolitana, afectando especialmente al sistema de buses, donde alcanza un 37,5% según datos del segundo semestre de 2024. Esta conducta no solo constituye una infracción grave conforme a la Ley de Tránsito, sino que compromete la viabilidad financiera del sistema y genera inequidades entre usuarios. A pesar de múltiples iniciativas desde 2011, la evasión persiste sin una disminución significativa.

Si bien las modificaciones propuestas a la Ley de Tránsito y al procedimiento ante los Juzgados de Policía Local representan avances positivos para fortalecer el control frente a la evasión, las nuevas medidas de apremio incluidas en el proyecto -como la imposibilidad de acceder a espectáculos de fútbol profesional o las restricciones para obtener pasaporte y permisos de resi-

dencia- presentan una eficacia limitada, ya que dichas sanciones están dirigidas a segmentos muy específicos de la población, lo que reduce significativamente su capacidad disuasiva frente al fenómeno generalizado.

El proyecto propone además una serie de medidas que incluyen la implementación de una tarifa recargada para quienes no paguen al momento de acceder al servicio, la ampliación de facultades fiscalizadoras, la autentificación biométrica en casos de infractores no identificados y el fortalecimiento del Registro de Pasajeros Infractores. En conjunto, estas acciones buscan reducir los altos niveles de evasión registrados, incentivar el cumplimiento de las normas y proteger los recursos públicos destinados al financiamiento del transporte.

Sin embargo, resulta urgente ampliar y rediseñar el conjunto de sanciones, incorporando mecanismos que sean operativos, proporcionales y realmente disuasivos. Entre estas mejoras posibles, se propone: incorporar otras formas de identificación además del RUT para asegurar la trazabilidad del

infractor; impedir el acceso a subsidios estatales directos o bonos sociales, condicionando su otorgamiento a la regularización de multas pendientes; bloquear o postergar la realización de ciertos trámites personales ante organismos públicos y suspender temporalmente la obtención o renovación de documentos personales como la cédula de identidad, como medida extrema frente a infractores reiterados.

Finalmente, junto con reforzar las herramientas sancionatorias, se requiere establecer metas anuales de reducción de la evasión, evaluables públicamente y aumentar significativamente la fiscalización en terreno. También es clave, de ser necesario, ampliar la red de zonas pagas, especialmente en comunas con alta concentración de evasores, para reducir oportunidades de ingreso irregular.

Sin metas claras, sin incentivos institucionales y sin consecuencias proporcionales, cualquier política contra la evasión corre el riesgo de quedar neutralizada por la ineficacia operativa del sistema.

VALORACIÓN:

02

CHARLA SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

01

TALLER SOCIAL SOBRE SIMCE

En junio se llevó a cabo el Taller Social “¿Qué hay detrás de los resultados del SIMCE?”. En la instancia expusieron Susana Claro, Académica de la Escuela de Gobierno UC, y Mónica Luna, Directora de Gestión Pedagógica de Fundación Belén Educa. A partir de los resultados del SIMCE 2024 -que mostraron avances en 4º básico, pero persistente deterioro en 6º básico y IIº medio-, ambas abordaron las múltiples variables que inciden sobre el desempeño escolar y las posibles causas de estas trayectorias.

Bajo el título “Un siglo de impuesto a la renta: lo que debe cambiar”, Cecilia Cifuentes, Académica de ESE Business School de la Universidad Los Andes, y Claudio Agostini, Profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la UAI, propusieron mejoras a nuestro actual sistema tributario para un mayor crecimiento.

Mientras Cifuentes realizó una revisión histórica de la tributación a la renta, destacando su complejidad y señalando las características que debiera tener una reforma en la materia, Agostini abordó los objetivos del sistema tributario, los criterios de la política tributaria y cómo debiera ser un sistema ideal, revisando propuestas de reforma en otros países.

Ambos expertos coincidieron en los elementos a mejorar.

UCRANIA A TRES AÑOS DEL CONFLICTO

BETTINA HORST EN SEMINARIO AMCHAM-WEC

La Directora Ejecutiva de LyD, Bettina Horst, presentó en el seminario “Energía en transición claves para un futuro eléctrico sostenible y seguro”, realizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y el World Energy Council (WEC).

En la instancia, Horst entregó un panorama general de la economía chilena y de las proyecciones de crecimiento del país para los próximos años, analizando en particular los incentivos y modificaciones necesarias para fomentar mayores inversiones, particularmente en la industria energética. Sobre ello sostuvo que “no hay una bala de plata” que solucione todos los problemas, sino una serie de medidas diversas que permitan acelerar la burocracia y entregar certeza jurídica a los inversores.

Posteriormente el evento continuó con un panel integrado por Humberto Verdejo (Usach), Ramón Galaz (Valgesta Energía) y Daniela González (Domo Legal).

El 4 de junio se realizó la charla “¿Y ahora qué? Ucrania, tres años después”, con el objetivo de conversar sobre lo que ha pasado y lo que viene desde una perspectiva internacional, de seguridad y económica.

Expusieron los expertos Paz Zárate, Abogada internacionalista y Profesora de la Academia Diplomática de Chile; Marcelo Masalleras, Investigador Senior de AthenaLab, y Hermann González, Coordinador Macroeconómico de CLAPES UC.

Al análisis geopolítico de Zárate y Masalleras, González sumó información económica a nivel internacional, tanto de Ucrania, como de Rusia. Finalmente, todos concluyeron en el diagnóstico de los devastadores impactos de la guerra.

Actividades

05

CONVERSATORIO A 50 AÑOS: EL LEGADO DE JORGE CAUAS

Para analizar y reflexionar sobre el legado y la trascendencia de la figura de Jorge Cauas y su rol en los procesos de recuperación económica de Chile, se llevó a cabo el conversatorio “Jorge Cauas y la recuperación económica de Chile”, en el cual intervinieron Vittorio Corbo y Carlos F. Cáceres.

En la cita, a la cual asistieron Rosario Montero, viuda de Cuas, y su familia, se abordó la necesidad de retomar la senda del crecimiento y para ello se analizaron las reformas económicas aplicadas en el pasado, en el transcurso en que Cauas encabezó el Ministerio de Hacienda.

07

EXPOSICIÓN EN EL SENADO SOBRE PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL

La economista, Ingrid Jones, y el abogado, Esteban Ávila, presentaron en la Comisión de Trabajo del Senado sobre el proyecto de ley que equipara el derecho a sala cuna para trabajadoras (es) y los independientes, que modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna.

Los investigadores de LyD destacaron la importancia de ampliar el derecho a sala cuna, ya que la principal razón en mujeres para no participar en el mercado laboral corresponde a los cuidados y responsabilidades familiares.

Respecto de la iniciativa en discusión, señalaron que resulta inviable seguir incrementando la carga económica sobre los empleadores mediante un alza de 0,2% de cotización, como propone el Ejecutivo para financiar el beneficio, y criticaron la opción de que las empresas tengan una doble carga, ya que además el empleador deberá asumir la diferencia entre el aporte entregado por el Fondo y el costo real del servicio de sala cuna.

Adicionalmente, indicaron que el monto de los gastos informado en el Informe Financiero se encuentra subestimado.

Como alternativa, Jones y Ávila propusieron que el beneficio se financie con una fracción de la cotización al seguro de cesantía, dependiendo del nivel de cobertura que se quiera garantizar respecto del costo total del beneficio y el grado de focalización que se establezca en su implementación.

David Bravo, Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, expuso en el Taller Macro de

El economista se refirió al tema “Mercado laboral: situación actual y perspectivas”, abordando en detalle la evolución de las tasas de participación y ocupación, así como también la tasa de desocupación y la elevada informalidad del mercado laboral. Finalmente, analizó las perspectivas que se esperan para la evolución del mercado del trabajo.

08

PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO

Jorge Ramírez, Investigador del Programa Política y Sociedad Civil, expuso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión por la reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral.

El Cientista Político señaló que la iniciativa constituye “un valioso esfuerzo por abordar el severo problema de fragmentación y gobernabilidad que se ha enquistado en nuestro Congreso Nacional”, aunque se extrañan algunos aspectos. Se refirió además a los principios rectores para un buen sistema electoral.

06

TALLER MACRO DE JUNIO

junio.

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